El proyecto de ley de Modernización Laboral enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso incorpora un capítulo específico para regular el trabajo en plataformas tecnológicas, como aplicaciones de reparto y transporte, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para prestadores y empresas.

El texto introduce un régimen especial para los servicios privados de movilidad de personas y reparto que utilizan plataformas digitales, con el objetivo de promover la economía de plataformas y garantizar la independencia de quienes prestan estos servicios.

La norma establece en su artículo 114 que se busca establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, “asegurando la independencia de quienes ofrecen o prestan a través de dichas plataformas, los servicios de movilidad de personas y/o reparto de bienes, productos u objetos”.

El artículo siguiente define las actividades incluidas en este régimen especial:

✔ “Servicio de Reparto a través de plataformas tecnológicas: comprende el retiro, traslado y entrega de bienes, productos u objetos (…) utilizando cualquier medio de transporte, incluyendo la prestación del servicio a pie”.

✔ “Servicio de movilidad de personas a través de plataformas tecnológicas: comprende el traslado de personas, concertado a través de una plataforma que conecta a usuarios y prestadores independientes por un precio de traslado convenido”.

✔ “Prestador independiente de plataformas tecnológicas: persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y/o de movilidad de personas a usuarios a través de las plataformas tecnológicas de forma independiente”.

Libertad de conexión y ámbito de aplicación

El artículo 116 garantiza la autonomía del prestador, al señalar que el “prestador independiente” será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas, ofreciendo sus servicios durante los horarios y en el tiempo que estime convenientes, pudiendo aceptar y/o rechazar solicitudes según su conveniencia y oportunidad.

El artículo 117 establece que el régimen rige en todo el país para las relaciones entre prestadores independientes y plataformas que intermedian en servicios de reparto y transporte. 

Obligaciones de las plataformas y prestadores

El artículo 119 dispone que las plataformas deben “brindar a los prestadores independientes la información necesaria a efectos que pueda decidir aceptar o rechazar la prestación del servicio; respetar la libertad de conexión; ofrecer información sobre seguridad vial; facilitar el acceso a elementos de seguridad; contar con un mecanismo digital de reporte de quejas; y arbitrar medios para que los prestadores tengan instancias de atención”.

Al prestador se refiere el artículo 120, que establece que el mismo debe estar inscripto debidamente ante las autoridades fiscales y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social, notificando cualquier alteración en su situación fiscal. Asimismo, deberán “hacer los pagos de los aportes respectivos a través de los cuales tendrán acceso a la Prestación Básica Universal (PBU), el retiro por invalidez o la pensión por fallecimiento (…) y a las prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud.”

También deberán contar con una cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir pagos y respetar las normas de tránsito.

El artículo 121 enumera derechos fundamentales de los prestadores: “Rechazar cualquiera de los pedidos y/o solicitudes que reciba por la aplicación, sin obligación de brindar justificativo alguno; recibir una explicación de los motivos por los cuales la plataforma suspenda o imposibilite el acceso; solicitar la portabilidad de sus datos; acceder a capacitaciones sobre uso de la plataforma y seguridad vial; acceder a un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas; y recibir una retribución dineraria por la prestación de sus servicios, percibiendo además el CIEN POR CIENTO (100 %) del monto que los usuarios agreguen en concepto de gratificación, recompensa o ‘propina’”.

El proyecto aclara que estos derechos no implican relación laboral ni subordinación.

El crecimiento del empleo en aplicaciones de transporte, delivery y servicios bajo demanda ha instalado un dilema jurídico y político en Argentina: ¿cómo regular a quienes trabajan a través de plataformas digitales? Frente a ese vacío normativo, el diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley que propone un régimen laboral específico para este sector, con fuertes diferencias respecto de la legislación laboral tradicional.

El texto —firmado también por otros legisladores de La Libertad Avanza como Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Carlos Zapata, Álvaro Martínez, José Peluc, María Emilia Orozco y Gabriel Bornoroni— establece un marco que busca despejar las controversias judiciales en torno a si los repartidores o choferes deben considerarse empleados en relación de dependencia o trabajadores autónomos. 

Libertad de horarios y remuneración

El proyecto consagra la autonomía como eje del vínculo: los prestadores de servicios definirán sus horarios de manera libre, podrán desconectarse en cualquier momento de la aplicación y tendrán derecho a trabajar para varias plataformas de forma simultánea. La remuneración, en tanto, quedará sujeta a lo pactado entre las partes, sin intervención estatal ni obligatoriedad de convenios colectivos.

En los fundamentos, Santurio argumenta que “darle rigidez a esta modalidad laboral sería ir en contra del interés de los trabajadores, que se incorporan a este tipo de empleo en busca de mayor libertad y flexibilidad”.

Derechos y obligaciones

El régimen reconoce derechos específicos como la información previa sobre cada actividad, el resguardo de la integridad física del prestador y la responsabilidad solidaria de la plataforma en casos de daños a usuarios cuando falle en sus deberes de control. También impone al trabajador la obligación de informar su ubicación durante los servicios y de mantener sus medios de trabajo —como motos, bicicletas o automóviles— en condiciones.

Un punto central del proyecto es el artículo 13, que excluye expresamente estas actividades de la relación de dependencia y del encuadre como autónomos, generando así una tercera categoría con reglas propias. En línea con esa definición, el texto no obliga a los prestadores a realizar aportes al sistema de seguridad social, aunque les reconoce la posibilidad de hacerlo en forma voluntaria.

La iniciativa busca evitar que la falta de un marco legal específico derive en fallos judiciales contradictorios que generen inseguridad jurídica tanto para trabajadores como para las empresas. Según cita Santurio, un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo estima que hay más de 412 millones de trabajadores de plataformas en el mundo y que en Argentina ya representan una franja creciente del mercado laboral.

El proyecto, sin embargo, anticipa polémica: mientras los libertarios sostienen que garantiza libertad contractual y seguridad jurídica, desde sectores sindicales y de la oposición podrían cuestionarlo como un intento de consolidar la “uberización” del trabajo, reduciendo derechos laborales básicos como la seguridad social, las vacaciones pagas o la negociación colectiva.

De avanzar en el Congreso, la propuesta obligará a un intenso debate sobre el futuro del trabajo digital en Argentina y los límites entre flexibilidad e informalidad.

Con representantes del sector, las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Cultura de la Cámara de Diputados llevaron a cabo un debate sobre proyectos que promueven una ley de fomento federal para la industria audiovisual y, a su vez, la regulación de las plataformas digitales. 

En el encuentro, la diputada de Unión por la Patria Gabriela Pedrali se refirió a un proyecto de su autoría que busca establecer “una nueva ley federal para la industria y producción audiovisual”. “El INCAA distribuye los fondos muy poco federalmente, donde el 89% de la torta se queda en CABA”, apuntó y también consideró que “se maneja con una ley antigua; necesita actualizaciones”. 

Pablo Carro, quien condujo el debate en su rol de presidente de la Comisión de Comunicaciones, se refirió a su iniciativa para regular las plataformas digitales y explicó: “Cambiaron las formas de producción y de consumo; no se ven películas en los mismos lugares y no se producen de la misma manera. Y esto tiene una afectación muy fuerte sobre los institutos de la cultura en general”. 

En ese sentido, el legislador de Unión por la Patria señaló que “lo que cambió brutalmente es a dónde se dirigen las publicidades”. “Las plataformas transnacionales son dólares que se van del país y además no distribuyen para los organismos de cultura”, agregó. 

En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón mencionó un proyecto recientemente presentado junto a pares de otros bloques, que propone “declarar la emergencia del sector audiovisual por dos años”, para que se debata en lo pronto, mientras se discute un nuevo régimen. “Uno puede entender la necesidad de ordenar las cuentas públicas, pero no puede entender cómo en pro de ordenar las cuentas públicas atacamos una industria que genera mucho empleo y riqueza”, sumó. 

El primer invitado en exponer fue Carlos Pirovano, el presidente del INCAA, a quien también consultaron por el funcionamiento y presupuesto del organismo. 

Sobre las plataformas digitales, el funcionario manifestó que “si uno piensa cómo viene evolucionando la tecnología y cómo influye en el entretenimiento y la cultura en general, yo creo que debe haber pocos ejemplos paradigmáticos como la irrupción de las plataformas” que “se encuentran sustituyendo ya a los canales de cable, a la televisión, de manera muy llamativa y de manera altamente competitiva entre ellas”. 

“El entretenimiento se adapta a estos mecanismos y las alternativas que se presentan, o también se adaptan o desaparecen. El cine en pantalla claramente se ha adaptado. La cantidad de gente que sigue yendo al cine nacional tradicional sigue en los mismos niveles que en 2010, 2014, que en Argentina son aproximadamente 45 millones de espectadores. Pero en el mundo también se sostienen estos mismos números”, aseguró Pirovano. “La interacción entre la tecnología y la cultura, siempre que exista la libertad, es algo virtuoso y bueno para la gente”, concluyó. 

A su turno, Leandro González, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, apuntó que “Argentina es un exportador audiovisual, es uno de los exportadores más relevantes de nuestra región. Estamos cerca de los 600 millones de dólares por año. La balanza comercial del sector es deficitaria, porque es deficitaria en casi todo el mundo. El abrumador dominio de Estados Unidos en la cadena de valor del sector audiovisual hace que los países sean deficitarios en casi todo el planeta”. Y dijo luego que ese déficit “ha ido aumentando” en relación con el crecimiento de las plataformas.

En nuestro país, “los servicios tradicionales se mantienen estables en materia de importación”, mientras que las suscripciones a plataformas “aumentan constantemente”.  “Nuestra industria audiovisual perdió competitividad frente a Uruguay, Colombia y Chile”, advirtió. 

González remarcó que “esto se puede solucionar por medio de una regulación inteligente. Tenemos que pensar una estrategia sobre el ecosistema actual y además crear organismos que sean capaces de actualizar constantemente, cada cinco o diez años, la normativa”. 

“No estamos en contra de las empresas, queremos un mercado fuerte y con empresas capaces de competir a nivel internacional”, afirmó y puso como ejemplo la normativa de la Unión Europea, aprobada en 2010 y revisada en 2018, que establece cuota de catálogo, prominencia y contribuciones financieras. 

Finalmente, el investigador recordó que “este año se están cumpliendo 30 años de la reforma de la Ley de Cine, se están cumpliendo 15 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y desde entonces no hemos tenido modificaciones sustantivas”. “La regulación no es contraria al mercado, lo que busca es atraer inversiones”, cerró. 

La actriz Alejandra Flechner, en representación de la Coordinación de la Multisectorial Audiovisual y la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, enfatizó: “Hoy se cumplen 292 días sin ficción de producción nacional de estreno en la televisión de cable y aire. Un hecho inédito. Parecería que lo que no logró la censura de la dictadura cívico-militar lo está logrando esta tiranía del monopolio de mercado. Para peor y casi como una burla, la intervención de Radio y Televisión Argentina acaba de programar dos telenovelas de producción mexicana, justamente LS82 Canal 7, la Televisión Pública, que debería ser garante de nuestra representación audiovisual nacional y federal en la emisión de contenidos, no sólo no produce, sino aún peor, promueve la cultura extranjera por sobre la argentina. Muy gravoso, realmente”. 

A su vez, “la crisis económica, inflacionaria y recesiva pone a todo el sector cultural audiovisual, cinematográfico, televisivo, radial, teatral, musical, la danza y también el espectáculo público-recreativo en una situación terminal”, aseveró. 

Flechner alertó que “si los organismos están en modo ‘no hay plata’, sin asistencia del Poder Ejecutivo y con la caída de la recaudación de las asignaciones específicas difícilmente el sector pueda ser competitivo”. Además de la ayuda para el sector, reclamó por la regulación de la Inteligencia Artificial, que “ya comenzó a desplazar trabajadores, actores y actrices, locutores, intérpretes de la voz”, entre otros. 

Por su parte, Miguel Diani, presidente de Argentores, dijo que hace cuatro años comenzaron a impulsar el proyecto de ley para la industria audiovisual, el cual es transversal federalmente. “Las plataformas no existían en 1994 (año de la reforma de la Ley de Cine) y por eso tienen que estar” en una nueva normativa, señaló. 

También expusieron este martes Oscar “Tato” Tabernise, autor y secretario General del Sindicato Argentino de Autores y Autoras (SADA); Vanesa Pagani, presidenta de la Asociación Argentina de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA); Diego Boris Macciocco, integrante de la Mesa de la Industria y Actividad Musical; Ezequiel Radusky, presidente de la Asociación de Directores PCI; Horacio Grinberg, integrante de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica; Pablo Storino, en representación del Sindicato Argentino de Televisión y Servicios Audiovisuales (SATSAID); Laura Fortini, del Sindicato de la Industria Cinematográfica; Juan Delú, de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC); Julio Raffo, asesor de Espacio Audiovisual Nacional; y Virna Molina, presidenta de Realizadores Integrales de Cine Documental.

Desde hace casi veinte años, sostengo la opinión acerca que los Estados nacionales debe equilibrar poder con las grandes plataformas digitales/algorítmicas. 

Siento, al ver que la cuestión cobró importancia y privilegio en las opiniones de políticos, gobernantes y periodistas, cierta satisfacción en haber planteado el tema, cuando éste era poco conocido. 

Un primer cosquilleo de agrado lo tuve, hace tiempo, cuando los Ceos de GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) fueron interpelados por el Congreso de EEUU y se vieron nerviosos, vacilantes y con respuestas dudosas sobre su condición de dominantes y casi monopólicos en espacios de la economía virtual y la real. 

Hoy, en el mundo, avanzan acciones regulatorias importantes para que ese equilibrio, entre sociedades democráticas expresadas en sus Estados y los negocios del algoritmo, sea posible y los países no se vean sometidos a la presión del inmenso poder de los GAFA. 

Gran cantidad de países y sobre todo los de la Unión Europea ponen en debate desde lo normativo y lo político al mundo digital y a la IA/Inteligencia artificial. 

En 2016 China propuso un documento que hablaba de la necesidad de “regulación global” en el tema. En EEUU existe desde 2019 impulsada por el gobierno una “Guía para la Regulación de las Aplicaciones de la Inteligencia Artificial” 

La regulación en este campo se considera imprescindible para que prospere con moderación, pero también para proteger ciudadanos de sus riesgos vinculados ya que no son escasas las preocupaciones que surgen en cuanto a la calidad, la transparencia y la ética en los usos digitales y del algoritmo. 

Desde 2016 la canadiense Joy Buolmwini (becaria de Rhodes, Fullbright, Stamps, Astronaut y la del Instituto Anita Borg) brega con su Liga de Justicia Algorítmica en el desafío de confrontar al software en su carácter de decisor artificial. 

No se puede dejar librado al mercado y sus intereses privados, ni la transparencia algorítmica (conocer las entradas al algoritmo y su uso, sin juzgar la justicia del mismo) ni la responsabilidad algorítmica (quienes usan algoritmos deben ser responsables de las decisiones tomadas por la IA, aunque esto sea elaborado por una máquina). Sutiles diferencias que deben, ambas, ser objeto de regulación pública. 

Va terminando una época en que la tecnología, más veloz en su desarrollo que el derecho, vivía un inviable e irresponsable “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar). 

Vienen regulaciones y legislaciones atinentes. Necesarias. Que no se sostienen en censuras ni burda presencia estatal, sino en claras y democráticas armonías y que deben buscar sinergia creativa y positiva con los sectores privados del universo digital. 

El capitalismo de red, al igual que todas las formas de este sistema económico y social, también deberá limitar su accionar mediante la aplicación de normas inteligentes y factibles. 

Argentina, sus instituciones, tal vez ocupada en asuntos de urgencia y de dramática cotidianeidad no avanza en el sentido que muchos países del mundo lo hacen respecto a crear espacios de gobierno que se ocupen del tema. “Lo mejor es enemigo de lo bueno” dice la veteranía popular. 

No veo porque no unir “lo mejor con lo bueno” y que nuestro país dedique esfuerzo humano, económico y estratégico a poner en valor un sistema legal y regulatorio moderno para los usos de lo digital, la inteligencia artificial, la comunicación cuántica y la comercialización de usos sostenidos en algoritmos. 

Se debe hacer. 

Se puede hacer. 

En consonancia con el enfoque que brindó en las últimas horas Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, el senado Alfredo Luenzo manifestó que "el modelo de la autorregulación de las redes y plataformas digitales ha fracasado". En ese sentido, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación recordó que "este es el planteo que vengo sosteniendo y que he ratificado durante toda mi gestión al frente de esta comisión, incluso más allá de los ríos de tinta de algunos con agravios y descalificaciones al que he sido sujeto por el mero hecho de poner el tema arriba de la mesa".

El senador nacional por Chubut celebró que se están "sumando cada vez más voces" con "conceptos semejantes" a los suyos, tras las acusaciones vertidas por la exempleada Frances Haugen quien aseguró que la empresa “financia sus beneficios con nuestra seguridad” y planteó que está priorizando la rentabilidad económica por encima, incluso, del combate a las fake news y la desinformación o del discurso del odio y de discriminación de toda índole que prolifera en sus plataformas.

En ese marco, Luenzo planteó: "¿Qué dirán ahora las espadas mediáticas y políticas que defienden este modelo de concentración, basado en la monetización de datos personales?".

Al respecto, Luenzo afirmó que "las plataformas están desvirtuando el modelo que motivó a internet, que era un concepto basado en una red inclusiva, democrática, equitativa y principalmente plural". Por el contrario, el legislador nacional sostuvo que "el esquema actual es hoy de un mercado concentrado en pocos jugadores, que son grandes corporaciones globales, que por su tamaño y su posición terminan absorbiendo a cada nuevo emprendimiento que amenaza con plantearles competencia. Por lo tanto, el modelo vigente es el de corporaciones que fijan las condiciones a los usuarios, muy polémicas, sin respeto por su privacidad y a sus datos personales y lo están haciendo sin ningún control, con Estados nacionales casi como meros observadores del proceso".

También enfatizó que "no es cierto que el servicio que brindan es gratuito" ya que "el modelo de negocios actual está basado, fundamentalmente, en monetizando nuestros datos personales, que se ofrecen como herramientas del marketing para segmentar los mensajes publicitarios y la oferta de productos en base a nuestro perfil de usuario". "Los consumidores están claramente en una situación de desprotección. Porque aceptan estas condiciones de uso o prácticamente se ven obligados a vivir offline y no solo en términos de recreación, fundamentalmente en términos del proceso productivo, del intercambio cultural para sus emprendimientos y del proceso de intercambio cultural", añadió.

Asimismo, Luenzo recordó los planteos que están realizando ADEPA en la Argentina y medios de comunicación en todo el mundo por el uso comercial de sus propiedades intelectuales.

"Por ello, necesitamos una respuesta regional y global que garantice los derechos de los usuarios", completó.

En el Día Internacional de las actrices y los actores el senador nacional Alfredo Luenzo envió un “especial acompañamiento” para todos los artistas, trabajadores y productores de las industrias culturales, ya que “esta fecha se conmemora en un contexto muy difícil para toda la producción nacional cultural”. 

En ese marco, el presidente de la de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión de la Cámara alta remarcó que “el de las industrias culturas es, junto al turismo y la gastronomía, uno de los sectores más afectados por la pandemia y que se le suma una política de desaliento al sector de parte del gobierno anterior y los 3 años de recesión”. 

Por eso, el senador nacional por Chubut consideró que “en esta coyuntura tan crítica, hay en el mundo digital una potencialidad enorme para generar empleo y recuperar la dinámica de la producción”. 

Luenzo indicó que “ese es el espíritu del trabajo legislativo que venimos llevando adelante desde la Comisión de Medios del Senado”, en el debate sobre la agenda digital y que “estamos buscando consensos para introducir el concepto de cuota de pantalla para las industrias culturales nacionales”, ya que es “una propuesta que nos ha dejado también la multisectorial audiovisual, de los actores y los sectores del trabajo de las industrias culturales”. 

Plataformas y sector audiovisual 

La Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión se convocó el lunes para recibir a Horacio Arreceygor, secretario general de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos); a Rolando Conte, secretario de SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público); a Sergio Vainman, vicepresidente de Argentores; a representantes de la Multisectorial Audiovisual; y a delegados en la empresa POLKA, en donde se refirieron a la situación de la compañía y plantearon la necesidad de impulsar “una estrategia productiva que incorpore a las plataformas digitales”. 

Al respecto, Luenzo afirmó que “el sector audiovisual argentino está en una situación crítica. El caso Polka es emblemático, pero hay toda una crisis en productoras de todo el país”. 

En ese sentido, explicó que “tanto el modelo importador de contenidos de los últimos 4 años en los principales medios de comunicación argentino que reemplazó la producción y el trabajo argentino como luego por la pandemia, las productoras están hoy muy golpeadas y necesitan acompañamiento con una política de Estado”. 

Por eso, el legislador explicó que “desde la Comisión que tengo el orgullo de presidir, le estamos dando un espacio a todo el sector audiovisual para trabajar en conjunto con ellos en una nueva legislación que impulse el trabajo argentino y a nuestras PyMEs en forma federal”. 

La crisis sanitaria en tiempos de pandemia, además de afectar directamente la salud de los argentinos, puso al descubierto las dificultades que un vasto sector de la sociedad padeció para acceder a sus trámites vía internet, lo que dio lugar a una iniciativa legislativa que busca facilitar el uso de las plataformas digitales “esenciales” de los bancos, obras sociales, medicina prepaga, servicios públicos y el sistema educativo nacional.

En ese contexto, el senador Adolfo Rodriguez Saá, propuso la creación del “Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales” que tendrá como objetivo principal “instrumentar medidas que faciliten el acceso y el uso de las plataformas digitales “esenciales” para la población.

El legislador por San Luis, al fundamentar su propuesta consideró que “la falta de dominio de dichas plataformas ha tenido una gran influencia en situación sociales que han puesto en peligro no sólo la salud de los individuos, sino que también han entorpecido la eficacia de las medidas de aislamiento en sí mismas”.

Al respecto, el legislador del bloque Frente de Todos se remitió a las “aglomeraciones de personas en las puertas de los bancos” que se dieron al principio de la puesta en marcha del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, precisando que “son justamente las personas mayores las que simultáneamente tienen menos habilidades digitales y más factores de riesgo de cara a la pandemia”.

La “homogeneización de plataformas digitales y capacitación para el dominio” de las mismas son los dos ejes principales del proyecto de ley, que incluye los sitios de internet, páginas web y aplicaciones, donde se almacenan la información de empresas, instituciones u organismos y a través de las cuales los usuarios pueden ejecutar diversas tareas.

Las empresas, instituciones y organismos, cuyas plataformas digitales sean consideradas como “esenciales” tendrán que “adaptar dichas plataformas a lo establecido en la planilla de homogeneización” que establecerá la uniformidad de criterios para ayudar a los usuarios.

El listado de las plataformas digitales que se consideran esenciales, en el contexto de dicha propuesta deberá incluir las plataformas digitales de Obras sociales y medicina prepaga, Bancos, Servicios públicos, Reparticiones gubernamentales con atención al público, Sistema Educativo Nacional, Comercio electrónico y servicios de pago, las empresas, instituciones y organismos, cuyas plataformas digitales se harán responsables de “informar y capacitar a sus usuarios o clientes” en el manejo de las sus plataformas.

Por otra parte, el Ministerio de Educación de la Nación “en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá contenidos curriculares comunes que promuevan el desarrollo de habilidades digitales en todas las escuelas del país, permitiendo a los y las estudiantes desempeñarse satisfactoriamente en el manejo y dominio de las funcionalidades de las plataformas digitales”.

El proyecto establece que dicho programa será difundido mediante una campaña de comunicación para “informar a toda la población sobre el Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales”.