Milei es un presidente con gestualidad autoritaria pero, a la vez, como ha quedado demostrado en el tratamiento parlamentario de la denominada “ley ómnibus”, sus herramientas políticas son muy débiles para lograr la aprobación de sus iniciativas con el solo argumento de pechear a los adversarios. Herramientas políticas son, en este caso, su esmirriado andamiaje parlamentario -enriquecido, por así decir, por aliados sui generis, que dejan de serlo en cualquier momento- y sus colaboradores directos, ministros, secretarios y asesores. Hay en todo ese equipo una notable falta de experiencia que no se suple con tuits y voluntarismo.

Ahora resta ver como procesa el presidente la frustración del naufragio de la ley. Este es un test ácido que en muchos ámbitos institucionales se esperaba, habida cuenta del carácter por lo menos revoltoso que exhibe el mandatario desde que se lo conoció en las tertulias televisivas de la década anterior.

Las alternativas para el presidente, en principio, son tres: 1) Barajar y dar de nuevo en Comisión hasta lograr un proyecto consensuado, lo cual tiene baja probabilidad de ocurrencia; 2) Gobernar, hasta donde pueda, mediante DNUs y leyes que logren consenso. En este caso, parece un tiempo muy temprano del período presidencial para pensar en gestionar con el nivel de confrontación que eso implicaría, y 3) Convocar a la consulta popular que Milei ha venido meneando desde antes de haber asumido la presidencia. Tampoco esto último sería “soplar y hacer botellas”.

La consulta popular está contemplada en el Artículo 40 de la Constitución Nacional que dice que para que el resultado sea “vinculante”, debe ser convocada por iniciativa de la Cámara de Diputados y aprobada por las dos Cámaras. En ese caso, el resultado de la consulta sería “Vox Dei” y la ley se aprobaría ipso facto.

Difícil misión, si se toma en cuenta la debilidad de los mileistas puros en la cámara baja y, en especial, el grado de ofensa que tendrán muchos legisladores a los que el presidente llamó, como poco, “delincuentes” y “traidores”. No se puede andar por la vida insultando gente y después reclamándoles apoyo. No todos son tan misericordiosos como el Papa Francisco.

El presidente puede per se convocar a una consulta popular, pero en ese caso no sería “vinculante”. Así lo establece la Constitución.

Ahora bien, ¿Milei estará dispuesto a afrontar el riesgo de ir a una consulta popular en la que, entre otras cosas, parte del pueblo que lo votó en noviembre pueda darle la espalda con el sólido argumento de que el sentido del cambio votado entonces era distinto del que está impulsando? Hay muchos argumentos para señalar que el esfuerzo para el “cambio” está recayendo, como siempre, en los sectores más débiles de la sociedad, mientras el presidente acomoda a una parte notable de lo que denominó “casta”, ambula por el mundo junto con el alto empresariado y expone diálogos y tuits cuasi cholulos con inversores globales que lo festejan y que, quizá, estarían dispuestos a arriesgar en Argentina siempre que se haga lo que ellos quieren.

La eventual consulta popular puede plantear, desde el mismo día que sea convocada, una súbita reconfiguración del escenario que ni el más imaginativo de los políticos pudo alguna vez soñar. En un ejercicio de esta naturaleza no habría candidaturas, factor que despeja muchas de las vanidades que frustran la constitución de alianzas que en otras circunstancias hubieran sido muy positivas para reconstituir el implosionado territorio de la política nacional.

Milei podrá contar con mayuoría de quienes lo votaron en las PASO (agosto, 7,1 millones / 30,4%) y en la primera vuelta (octubre, 7,8 millones / 29,9%), pero no puede ni soñar con todos los votos que obtuvo en el balotaje (noviembre, 14,4 millones / 55,69%), porque esa diferencia fue lograda precisamente con lo que, al menos en el orden dirigencial, se quebró. De por sí, si a menos de seis meses de haber asumido, Milei obtuviera un voto menos que en noviembre, para la consideración de muchos, ya habría perdido.

Una parte de lo que fue Juntos por el Cambio puede estar dispuesta a desertar e integrarse, en este caso puntual, con un colorido abanico en el que se expresarían fuerzas de centro derecha, de centro y de centro izquierda que no están de acuerdo con gran parte de la “ley ómnibus” ni con los malostratos del presidente. Como las boletas serían dos, una por SI y otra por NO -aunque siempre estaría la opción de votar en blanco o abstenerse- muchos dirigentes tendrían que tragarse sapos de tamaño baño con el objetivo mayor de sumar una cantidad de votos superior a la del SI.

Ese abanico podría convivir y transformarse en una importante fuerza horizontal si figuras de la vieja política argentina que tienen mucho más rechazo que aceptación en la ciudadanía, se abstuvieran de intentar ponerse al frente o de hacer campaña. Seguro que el primer acuerdo que alcanzarían es sobre la necesidad de un cambio con más libertades -¡claro que está bien!, en el que la justicia social no sea “una aberración”, y que los esfuerzos para lograrlo, desde un principio, deben ser mejor repartidos, estibando las mayores cargas sobre los que más pueden.

A sabiendas de que en el hipotético caso de ganar tendría una exigua cantidad de legisladores, ya en campaña el hoy presidente Javier Milei anticipaba que seguramente recurriría al método del plebiscito o la consulta popular para impulsar las iniciativas que despertaran resistencia entre los legisladores.

Tras el fracaso del proyecto de ley de Bases, volvió a sonar fuerte la posibilidad de que el Gobierno busque esa vía para avanzar con iniciativas que se le puedan complicar. El propio vocero Manuel Adorni admitió este miércoles que el Gobierno está evaluando todas las herramientas constitucionales que puedan ser útiles en ese sentido.

No sería tan sencillo, a juzgar por lo expresado por el constitucionalista Félix Lonigro, quien recordó que los mecanismos de consulta e iniciativa popular fueron incorporados en la reforma constitucional del 94. Pero advirtió que si bien el presidente está habilitado para convocar a consulta popular, siempre debe ser sobre temas que correspondan a sus atribuciones y competencias. “Ya sabemos que la Constitución dice qué cosas puede hacer el presidente y qué cosas puede hacer el Congreso”, precisó el constitucionalista en diálogo con Radio Rivadavia.

Ante la pregunta de si el presidente Milei puede pedir una consulta popular para impulsar la reforma del Estado o cosas que estaban previstas en la ley ómnibus, Lonigro respondió de manera rotunda: “No, porque son temas que no le corresponde a él. Justamente por eso envía un proyecto de ley al Congreso. Porque son temas que le corresponden al Congreso. Como son temas legislativos, o de tratamiento legislativo, según la Constitución, Milei no está habilitado para convocar a consulta popular sobre eso. Lo tiene que hacer el Congreso, a través de una ley de convocatoria”.

“El presidente sí está habilitado para convocar a consulta popular cuando se trate de un decreto, en el que el presidente ejerce una potestad de su competencia”, explicó Lonigro, que puso como ejemplo la aprobación de un tratado.

¿Puede llamar a una consulta popular por el mega DNU, o preguntar en la consulta popular si la gente está a favor o no de la ley ómnibus? No, porque no son temas de su área. Tampoco el DNU, porque los decretos de necesidad y urgencia también son ejercicio de facultades legislativas por el presidente.

No pasa lo mismo con un decreto común y corriente, que sí pueden ser objeto de consulta popular.

Así las cosas, no hay margen de consulta popular para la ley ómnibus, a menos que lo impulsara el Congreso. Pero el presidente de la Nación no tiene margen para ello.

A la hora de analizar alternativas, Lonigro dijo que podría recomendársele al presidente podría convocar a consulta popular dictando un DNU. Pero correría el riesgo de que se lo declaren inconstitucional, porque para poder ejercer atribuciones del Congreso, por ejemplo convocar a consulta popular sobre un tema que no le corresponde, es necesario que haya una necesidad y urgencia que le impida convocar al Congreso. Y en este caso, el presidente ya convocó al Congreso. “Lo que pasa es que no le resultó -observó el especialista-. Entonces está usando este DNU, esta convocatoria, como  un plan B, y para eso no hay necesidad y urgencia”.

Por el contrario, suena a que “no me gusta que el Congreso no me aprobó, le pregunto a la gente. Ese DNU que estaría usando, seguramente va a ser declarado inconstitucional, y además en este caso concreto, seguramente la Justicia Electoral que tiene que intervenir en un proceso eleccionario, también le va a hacer una observación”.

“Le dirá: señor presidente, usted quiere preguntarle a la gente por sí o por no sobre 600 artículos, o los que hayan quedado, sobre temas tan diversos… Seguro que la Justicia Electoral le va a decir que no”, auguró.

Ante la postergación del avance del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y su regreso a foja cero, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) informó en X que “presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder ejecutivo que convoque a una consulta popular” y buscar aprobar la iniciativa del presidente Javier Milei con el voto del pueblo de la Nación.

De esta manera, Milman remarcó su pedido basado en el artículo 40 de la Constitución Nacional, a la espera de conocer lo que sucederá con la ley ómnibus durante el período de sesiones extraordinarias, el cual culmina este 15 de febrero, y aun no hay certezas de que sea prorrogado.

En el día de hoy he presentado un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo convoque una Consulta Popular en los términos del Artículo 40 de la CN.
Así mismo presente un proyecto de Ley en el mismo sentido regulado por el segundo párrafo del Artículo 40 @JMilei

— Gerardo Milman (@gmilman) February 7, 2024

El texto que Milman relató presentar en la Cámara de Diputados propone que la iniciativa del Poder Ejecutivo sea sometida a una votación en las urnas, la cual será aprobada o rechazada a partir del resultado del sufragio de la ciudadanía. Es decir, el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

También, está la convocatoria a consulta popular no vinculante donde el voto no es obligatorio y puede ser solicitada por el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias.

El único antecedente del plebiscito en Argentina fue en 1984 cuando el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, sometió a voluntad popular el parecer de la ciudadanía respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle, luego de la mediación del papa Juan Pablo II.

La propuesta fue aprobada por el 82% de los votos, frente al 17% que optaron por la negativa y menos de un 2% de votos en blanco o nulos.

Imponer ciertos temas en la agenda mediática, a la fuerza, resulta más que conveniente como cortina de humo cuando no se está cumpliendo con el mandato que se tiene para gobernar. En el caso de Alberto Fernández, recomponer la economía. Todavía mejor, si esos temas despiertan fuertes pasiones y tocan fibras sensibles de la ciudadanía.

¿Quién va a pensar en la recesión económica que no se detiene, en los dolorosos datos de pobreza infantil recientemente publicados, si se está hablando sobre el aborto en el Congreso?

Mientras tanto, el Senado de la Nación votó un zarpazo a los bolsillos de todos los jubilados y le quitaron recursos a la Ciudad de Buenos Aires.

Hay grandes desigualdades que este gobierno ha decidido no ver, inequidades estructurales y profundas.

Esta discusión es oportunista.

Siempre estuve convencido de la necesidad de afrontar una transformación cultural profunda, de un cambio de paradigma para todos. No obstante, creo que todo se queda en palabrerío insensato y en intenciones inútiles, si no se trabaja desde un Estado inteligente, que actúe eficaz y eficientemente, que no se quede en los discursos huecos, pero llenos de sensiblería; políticamente correctos, pero vacíos de acciones concretas a la hora de combatir el abuso y el delito, en todas sus formas.

Cuando llegué al gobierno de Mendoza, en 2015, no había ni un solo albergue para mujeres víctimas de violencia de género. En 2019, ya teníamos 11 financiados por el Estado provincial.

Durante mi gestión como gobernador redujimos drásticamente el número de embarazos adolescentes. Y lo logramos con la misma inversión en salud, administrando mejor los recursos del Estado. Con políticas de promoción y prevención de salud sexual y reproductiva, con la decisión política de nuestro gobierno de crear un “Plan de cuidado integral de la mujer”. Así, la tasa de embarazo adolescente se redujo a niveles históricos en la provincia, alcanzando el 12% en 2017. Hechos, no relato.

En este debate entran en juego muchos factores más allá de las opiniones personales. Mi parecer sobre el tema no es lo que cuenta aquí. Todos tendremos, desde nuestra esfera íntima, opiniones más o menos formadas acerca de esto. Tiene que ver con nuestras creencias religiosas, con nuestras experiencias personales o familiares, con la realidad social que nos atraviesa, entre otros motivos. Creo que es respetable que cada quien tenga libertad de consciencia y pueda expresarse si así lo desea. Estamos en democracia, tenemos derecho a militar nuestras ideas.

Nuestro partido, desde que se abrió la posibilidad de debatir sobre la legalización del aborto en el Congreso, dio la libertad absoluta a quienes pertenecemos a él para tener una postura u otra, o no, y hacerla pública.

Creo que esta discusión debe ser tratada con una participación de la sociedad mucho más amplia. Eso se logrará, desde mi punto de vista, con la realización de una consulta popular, a partir de la cual cada ciudadano pueda expresar su opinión.

En Irlanda, por ejemplo, se realizaron dos referéndums para la legalización del aborto. El primero, en 1983, resultó negativo. Unos años después, en 2018, los ciudadanos irlandeses votaron a favor de legalizarlo. Este es un ejemplo de madurez y eso es lo que necesitamos, no una bomba de humo para ocultar los problemas. Nos urge una muestra de sensatez a la hora de tomar decisiones.

Ante el rechazo del oficialismo a esta propuesta, como presidente de la UCR y teniendo en cuenta que la mayoría de los diputados y diputadas nacionales de mi partido han votado a favor de la ley, en tanto, la mayoría de los senadores y senadoras nacionales lo harán en contra, debo estar más posicionado en el lugar de escuchar que en el de hablar, en garantizar que todos los representantes de la UCR puedan expresar sus posiciones a favor o en contra con absoluta libertad. Por ello me abstuve en la votación de hoy.