Un plenario de comisiones del Senado dictaminó un paquete de acuerdos internacionales

Las comisiones de Relaciones y Exteriores y de Presupuesto y Hacienda se reunieron de forma conjunta para darle tratamiento a un acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito. Previamente RR.EE debatió un paquete de iniciativas sobre convenciones y tratados.

FOTO: Comunicación Senado

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), mantuvo una jornada de reuniones este miércoles donde debatió once proyectos con la presencia de especialistas en el área que profundizaron cada proyecto: una decena referidos a materia internacional y el restante que instituye el Día Nacional de la Iglesias Evangélicas y Protestantes, el cual cuenta con media sanción de Diputados.

Minutos después, en el Salón Arturo Illia se reunió de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), y le dieron tratamiento a un acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, suscripto en Buenos Aires en noviembre de 2019.

Al respecto, Luis del Solar Dorrego, de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería, destacó que el proyecto tenía que ver con “el tráfico ilegal de bienes culturales, que es una industria enorme, a tal punto que se habla de 10 mil millones de dólares, compitiendo con el tráfico de drogas y de personas”, el cual apunta a “la cooperación para defender el patrimonio cultural de cada país parte de este convenio”.

“El objetivo principal del acuerdo, es defender el patrimonio cultural de cada país. Se busca impedir el ingreso ilegal de bienes que han sido robados o sustraídos”, explicó.

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Los once proyectos de Relaciones Exteriores

El primer expediente a tratar fue el proyecto que aprueba la convención relativa a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrada en París – Rep. francesa -, el 27 de enero de 2021. Al respecto, Érica Lucero consejera de Cancillería explicó que “este convenio es de larga data la actividad que se viene llevando a cabo y a pesar de ser tareas muy técnicas que consisten en poner balizamiento, faros y ayudar y contribuir a la seguridad de la navegación, esto es muy importante porque tiene un impacto en mejorar la eficiencia del desplazamiento de buques, en términos económicos y evitar accidentes”.

“Este tipo de cuestiones Argentina está involucrada en esta organización que nace en 1957, pero hasta ahora había tenido carácter de informar. Era una asociación internacional que engloba a la mayoría de los Estados, pero no tenía encuadre jurídico de naturaleza de un organismo internacional. Se propone con esta nueva convención es darle un estatus a este trabajo que se viene haciendo hace años y un cuadro normativo más robusto”, explayó Lucero y agregó: “Con la ayuda del Congreso, la Argentina puede ser el país que se convierta y facilite la entrada en vigencia del convenio que es importante para la seguridad de navegación”.

Sobre el proyecto que aprueba el acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros 1977, celebrado en la Ciudad del Cabo – Rep. de Sudáfrica-, el 11 de octubre de 2012, la consejera explicó: “Es en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. El objetivo que persigue es, por un lado, proveer un marco de seguridad y protección a los trabajadores pesqueros que trabajan habitualmente en las embarcaciones y, por otro lado, a través de este convenio se busca contribuir a la lucha contra la pesca ilegal no reglamentada que es uno de los flagelos más sensibles que afectan a los océanos”.

“Se busca a través de este convenido brindar un marco de protección y cobertura para las embarcaciones pesqueras que contribuyan a su seguridad porque son muchos días los que pasan los trabajadores pesqueros a bordo y la responsabilidad principal que le cabe controlar que se respeten las disposiciones le compete al Estado de Pabellón Nacional. También se busca dar un marco de uniformidad a la mayoría de los estados para que cumplan estándares de protección a los empleados pesqueros”, expandió.

A su turno Gabriel Taboada, funcionario del Servicio Exterior de la Nación de Cancillería, explicó los puntos centrales del proyecto que establece el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en la ciudad de Beijing -República Popular China- el 10 de septiembre de 2010- y señaló: “Las penas de estos delitos tienen que ser severas. Esta es una convención de Naciones Unidas que se encuentra dentro de un paquete de 19 convenciones focalizadas en la lucha contra el terrorismo. Es muy importante que, la Argentina que ya ha adherido a 14 de estas 19 convenciones, también adhiera a esta”.

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La directora Asistencia Jurídica Internacional, Aldana Rohr, explicó el proyecto que aprueba el tratado con la República de Serbia sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, suscripto en la Ciudad de Belgrado, el día 14 de octubre de 2019; y el tratado con la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal.

“La regulación en materia penal mutua con Cuba y Serbia se van a regir por nuestra ley nacional de cooperación jurídica internacional que prevé el procedimiento para la tramitación de solicitud de asistencia jurídica”, sostuvo Rohr y afirmó: “La importancia de tener tratados con un país extranjero radica en tener reglas claras que permitan prever cuál es el procedimiento que se le va a asignar al trámite de extradición”.

Al debatirse las iniciativas que aprueban el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad con la República italiana, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; y el tratado con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas, suscripto en Buenos Aires el 6 de agosto de 2018, Rohr destacó: “Es importante recordar, que en el instituto de Traslado de Persona Condenada, siempre es necesario que medie el consentimiento de la persona a ser trasladada”.

Por último, se analizó un proyecto de ley que aprueba el tratado de extradición con la República Popular China, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, el 10 de mayo de 2013; otro con la República de Polonia, suscripto el 5 de diciembre de 2019; y el último con la República de Costa Rica, suscrito el 21 de marzo de 2019.

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Fuerte crítica desde la Asociación de Abogados Laboristas a la ley ómnibus: “Ni la dictadura en 1976 se animó a tanto”

La secretaria general de la institución enumeró las reformas estructurales en materia laboral y planteó que el Congreso Nacional “debe asumir su responsabilidad y efectuar el control de constitucionalidad y convencionalidad de esta norma que no puede correr otra suerte que su total rechazo y rotundo”.

La secretaria general de la Asociación de Abogados Laboristas, Mariana Amartino, lanzó una fuerte crítica a las reformas en materia laboral que propone la ley ómnibus: “Ni la dictadura de 1976 se animó a tanto”. Así, pidió al Congreso Nacional “asumir su responsabilidad, efectuar el control de constitucionalidad y rechazar la norma”.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno en materia laboral. Los intentos de querer reformar la legislación laboral han sido recurrentes en nuestro país”, inició su presentación frente al plenario.

Amartino recordó que “el anterior y último intento sucedió en diciembre de 2017 y fue frenado por la acción de trabajadores y trabajadoras en conjunto con sus organizaciones sindicales, movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil en una manifestación contundente que fue violentamente reprimida a manos de las fuerzas de seguridad”.

“A seis años de esa jornada, nuevamente nos colocan frente al dilema relativo a qué tipo de mundo del trabajo queremos quienes vivimos en este país. Si es un mundo del trabajo inclusivo con derechos o si es uno donde va a imperar la arbitrariedad patronal y las personas trabajadoras tendremos que resignar derechos”, cuestionó.

La secretaria planteó: “En cuanto al contenido de las reformas que se impulsan en este proyecto, que entre sus artículos ratifica el DNU 70/2023, estas implican una afectación de derechos que trascienden todas las esferas de las relaciones laborales”.

“Explicar todos los retrocesos de esta norma en materia laboral me tomaría mucho más que cinco minutos en tanto pone en cuestión la capacidad de acción y organización sindical, criminaliza la huelga y protesta social, posibilita los despidos en el empleo público vulnerando el mandato constitucional de la estabilidad, reduce la indemnización por despido y habilita su reemplazo por un fondo de cese laboral, amplía el periodo de prueba, fomenta el trabajo no registrado a través de la derogación de las leyes antivasión y la eliminación de sus indemnizaciones”, enumeró.

En esa línea, siguió: “En materia de género suprime la indemnización agravada para el caso de despido por el caso de embarazo, modifica los términos de la licencia por maternidad, y las condiciones para la gestión de los cuidados de la jornada laboral, elimina la obligatoriedad de la capacitación en materia de violencia de género para todas las personas que trabajan en el Estado previstas en la Ley Micaela entre muchas otras modificaciones que atentan contra el principio de la progresividad, principio arquitectónico de los derechos humanos que emergen de las disposiciones de la Constitución”.

“La desregulación del DNU del orden laboral hiere de muerte los derechos básicos fundamentales, quiebra la estructura tutelar del artículo 14 bis y los principios vertebrales de progresividad de los derechos y la justicia social incorporados por los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”, alertó.

Amartino señaló que “el título cuatro de trabajo, suspendido recientemente por un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo, vacía de contenido el principio protectorio en tanto en su dimensión individual como en su aspecto colectivo, vulnera los principios de la norma más favorable a la persona trabajadora previsto en el artículo 9 del contrato de trabajo, el de primacía de la realidad y el principio de irrenunciabilidad de los derechos previstos en el artículo 12 de la norma que configuran el orden público laboral”.

A modo de ejemplo, mencionó algunas de las reformas estructurales que “demuestran groseramente la gravedad del proyecto que hoy se debate. El DNU desconoce la presunción de la existencia del contrato de trabajo ante la acreditación de la prestación de servicios. Crea la figura del colaborador estableciendo una relación de no dependencia habilitando que un empleador monotributistas o autónomo pueda contratar hasta cinco trabajadores bajo esta figura, pulverizando la relación de dependencia y legitimando el fraude laboral. Otro aspecto preocupante es el caso de los despidos discriminatorios, si bien se incorpora una indemnización agravada con el artículo 245 bis que se pretende introducir, se establece que la prueba estará a cargo de quien invoca la discriminación subvirtiendo los estándares internacionales y, en caso de que sea aprobada y reconocida por sentencia judicial se prohíbe la aplicación de la Ley 23.592 que penaliza los actos discriminatorios eliminando toda posibilidad de reinstalación en el puesto de trabajo de la persona, es decir, le otorga efectos permanentes al despido discriminatorio convalidando un acto nulo”.

En materia de derechos colectivos, indicó que “el proyecto no pierde gravedad sino por el contrario, limita y restringe el derecho a huelga, al exigir la cobertura del 75% de la actividad a trabajadores de una larga lista a las que califican como servicios esenciales o de importancia trascendental que va en contra de la jurisprudencia de la OIT”.

“Esta modificación es imposible que prospere porque no hay ningún modelo en donde se prohíba el derecho a huelga como propone este proyecto”, manifestó y lanzó: “La real intención es acabar con los pilares fundamentales del derecho del trabajo, estableciendo una serie de liberalidades que solo beneficia a los grupos concentrados de poder económico. Ni la dictadura en 1976 se animó a tanto”.

Por último, enfatizó que “el Congreso Nacional y los legisladores deben asumir su responsabilidad en este tiempo histórico tienen que efectuar el control de constitucionalidad y convencionalidad de esta norma que a tenor de violaciones en materia laboral no puede correr otra suerte que su total rechazo y rotundo”.

Badalamenti: “Es un agravio a la cultura querer derogar la ley que creó el Instituto Nacional del Teatro”

El director de la institución resaltó que se cumplieron 26 años de la promulgación de la Ley 24.800 y describió al teatro como “identidad e idiosincrasia que genera contenido del país y es apertura e intercambio cultural”.

En la sexta jornada del plenario de comisiones informativa en el tratamiento de la ley ómnibus, el director del Instituto Nacional del Teatro, Alfredo Badalamenti, rechazó el proyecto y consideró que “Es un agravio a la cultura querer derogar la Ley 24.800 que creó la institución”, y destacó que el teatro genera “apertura e intercambio cultural”.

Al inicio de su presentación, manifestó: “Estoy en representación de los 197 trabajadores que andan luchando y peligrando por sus trabajos y de toda la comunidad teatral, que el Instituto Nacional del Teatro es sostén para su actividad”.

Así, recordó que “en el año 2023 se cumplieron 26 años de la promulgación de la Ley 24.800 que creó el Instituto Nacional del Teatro”, y destacó que “la misma fue el resultado de la reflexión, el trabajo y el intercambio de ideas de la generación de diferentes artistas que durante décadas en cada rincón del país sostuvieron la importancia de la actividad teatral”.

“Entendieron que el teatro es mucho más que un resultado espectacular, es vehículo de desarrollo humano, entendieron que la actividad teatral es una actividad productiva que tiene la posibilidad de poner en escena las historias, los sentidos, los problemas de una comunidad garantizando el derecho social de acceder a esta expresión cultural que es formativa y síntesis de obras de arte”, describió Badalamenti.

También describió al teatro como “identidad e idiosincrasia porque genera formas y contenidos que son propios de los territorios del país. Al mismo tiempo es intercambio y apertura cultural con el mundo por ello nuestro sector está conmocionado en este estado de estupor”.

No terminamos de comprender por qué se plantea la derogación de esta herramienta virtuoso. Una ley ejemplar, admirada en el mundo entero que garantiza fomento y la distribución equitativa de recursos en cada rincón del país y una organización de burocratizada que garantiza debate, intercambio, evitando toda discrecionalidad en la asignación de recursos”, planteó.

Para el directo del Instituto del Teatro “la misma ley y la organización interna del organismo garantizan la transparencia, con controles internos y externos con concursos públicos de antecedentes y oposición para desempeñar roles de representación que garantizan idoneidad y transparencia”.

“En este plenario hay representantes de todas las provincias argentinas y en cada pueblo se puede corroborar in situ los beneficios que en este cuarto de siglo el Instituto Nacional del Teatro ayudó a generar, a multiplicar y sostener, modificando de plano el mapa de desarrollo del teatro nacional, permitiendo que haya teatros independientes de calidad fuera de la Ciudad capitales como un concepto de igualdad y libertad creativas”, planteó.

En tanto, indicó: “Se aduce a la cuestión económica y se señala a estos organismos y a la cultura en general como deficitarios y onerosos por una situación de crisis. De la totalidad de los recursos del sector público estos organismos en el 2023 significaron todos los organismos el 0,6% de la inversión nacional sumando a que no le quitan presupuesto a la educación, salud, seguridad, sino que se financian de dos gravámenes accesorios que provienen del ENACOM que tiene una tasa del 10% que representa el 95% del presupuesto total. Los premios ganados en juegos de azahar representan el 5%. El presupuesto del sector cultural es superativo porque la inversión en cultura solo representa el 0,2% del presupuesto nacional el cual ha sido debatido y aprobado en el Congreso de la Nación durante el 2022. Ese mismo sector genera un valor agregado anual del 1,8%”.

En suma, explicó cómo se asignan los aportes en el instituto: “Un jurado nacional de calificación de proyectos integrados por personalidades destacas en el quehacer teatral y elegidas por concursos de antecedentes y oposición y renovables cada 2 años son los encargados de evaluar los proyectos presentados por la comunidad. Son calificados con un puntaje y elevados al Consejo de Dirección”.

“Durante el 2023 se otorgaron como aportes más de 500 para salas de teatro independiente que dejarían de funcionar en el país, más de 60 producciones de obra, 28 asistencias técnicas, más de 500 giras teatrales, más de 250 eventos teatrales”, detalló y cerró: “El registro nacional de teatro independiente cuenta con 47.193 personas habilitadas.  Gracias al fomento de la Ley garantiza de forma federal la distribución de recursos y ayuda a las economías regionales. No entendemos por qué este agravio a la cultura”.

Ferraro sobre la obra pública: “Es mentira que se paralizan por decisión de esta administración, vienen paralizadas hace 9 meses”

El ministro de Infraestructura denunció que se han “encontrado con más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”, y que “se contrataron obras donde no existía ni el presupuesto ni la plata para pagarlas”.

Tras la ronda de preguntas, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, afirmó que “es mentira que las obras se paralizan por decisión de esta administración, vienen paralizadas hace 9 meses”, y denunció que se han “encontrado con más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”.

“No me referí a la obra pública porque no está dentro de lo que estamos hablando en este proyecto de ley y tampoco del régimen. No es que no nos parecen interesantes las cloacas u otras cosas, pero dependen de un nivel de obra pública que dependen de las jurisdicciones”, explicó.

Así, denunció: “Nos hemos encontrado con que la administración anterior ha tenido un enfoque de obra pública que ha generado un parámetro de objetivos de una cantidad de obras pequeñas que son obras que tradicionalmente lo hacen las provincias o municipios porque está en contacto con la comunidad local, conocen mejor el territorio”.

“Nos hemos encontrado con más de 7 mil obras que cuando uno las ve no encuentra ninguna obra importante que son las obras que tiene que encarar el Estado nacional. Nos hemos encontrado con más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”, alertó.

Por último, Ferraro defendió: “Es mentira que las obras se paralizan por decisión de esta administración, vienen paralizadas hace 9 meses porque se contrataron obras donde no existía ni el presupuesto ni la plata para pagarlas, esto es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria”.

Durante el 2024 nosotros vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance. Vamos a seguir ejecutando todo lo que es obra financiada por organismos multilaterales porque están financiadas. Hay vocación de los organismos de ampliar los préstamos para mitad de año. Hay que desmitificar el tema de las obras”, aseguró y sumó que van a “incentivar” al sector privado para proyectos que tienen demanda y “el Estado tiene que impulsarlo y generar un ámbito donde se genere la inversión. Esto nos va a dar la posibilidad de seguir invirtiendo en infraestructura”.

El ministro de Infraestructura defendió la ley ómnibus porque “es un acelerador de la toma de inversiones”

Guillermo Ferraro planteó: “Venimos a cambiar el sistema de estructuras”. También se refirió al IVA: “Como el espíritu es devolver el IVA entonces directamente no lo cobramos”. Además, propuso la “eliminación de todo tipo de restricción a la importación y exportación”.

El titular de la cartera de Infraestructura, Guillermo Ferraro, se presentó este jueves ante el plenario de comisiones de Diputados para explicar los capítulos de la ley ómnibus correspondientes a su área y expresó que “es un acelerador de la toma de inversiones”, y explicó que proponen la eliminación de “todo tipo de restricción a la importación y exportación”.

Al inicio de su presentación, comentó que “estamos tratando un proyecto dentro de lo que consideramos que es una emergencia, una de las situaciones más críticas que ha pasado el país”, y denunció: “Para enumerar algunos temas se ha permitido y autorizado importaciones por varios millones de millones de dólares sin que existan los dólares. Tenemos el problema que, por distintas razones que nos encerramos en distintas políticas desacertadas, nos encerramos en una espiral donde cada vez las restricciones al acceso a la moneda extranjera, la posibilidad de acceder a las divisas del exterior, la posibilidad de poder importar se ha hecho casi nula”.

El funcionario alertó: “Hemos llegado a un estado de situación donde acá en el AMBA el transporte esta estatizado porque el 90% de los costos los paga el Estado nacional, donde el transporte ferroviario el 98% lo paga el Estado. Esto implica una situación, no solo de esfuerzo presupuestario y un estado cultural donde parece que lo que el Estado paga no lo paga nadie. Esto nos llevó a una situación de que todo lo vamos a pagar todo”.

Se hizo un uso y abuso de la emisión de dinero y eso fue generando esa espiral inflacionaria donde llegamos a estar en un nivel de inflación absolutamente insoportable para la población”, cuestionó.

Al respecto, indicó que “en ese marco el clima de inversiones es desalentador, tanto para la inversión extranjera, que es importante, pero también para la de los argentinos. Es muy difícil que venga del exterior una inversión al país si nos ven a que los propios argentinos no invertimos, y esto es así porque se ha generado este clima de restricciones”.

Ferrari aclaró: “No venimos a mejorar o a mejor administrar las estructuras del sistema, venimos a cambiar el sistema de estructuras y esto es importante entenderlo de esa forma porque no se entiende el porqué de la cantidad e intensidad de cambios que el Ejecutivo propone”, y reiteró: “Nosotros queremos cambiar este sistema perverso de estructura, no mejor administrar lo que está y esto implica un cambio cultural que como todo cambio requiere una claridad en el planteo y perseverancia en el tiempo y medidas y reglas que cambien el sistema”.

“El cambio es para volver a ser un país normal, porque tampoco estamos planteando un cambio hacia un modelo novedoso. Lo que queremos es volver a ser un país normal donde el empresario vuelva a ser empresario, en el sentido mejor definido de la palabra porque hay que preservarlo porque organiza el capital y los recursos humanos del empleo y, por lo tanto, cuando un empresario no ocupa ese rol y se le planteó durante mucho tiempo un rol de una negación del riesgo. Este cambio implica que el empresario vuelva a asumir su rol como animador, organizador de la sociedad, un rol creativo para ver oportunidades y donde el Estado poco pueda intervenir porque cuando el Estado interviene lo que hace es alterar, a través de regulaciones, esa creatividad. Si al argentino lo dejamos ser libre nos va a sorprender con su capacidad de creatividad”, explayó.

Así, planteó que “dentro del proyecto en uno de los anexos está el régimen de incentivo a los proyectos de inversión y rigen porque el país normal que avizoramos, debido a las rigideces que hoy tenemos, que hemos heredado, vamos a tener un tiempo como para poder salir de esas rigideces. Un tiempo debido a que escasean las divisas, a que la confianza hay que volver a ganársela, un tiempo para que el sector privado se convenza de volver a ocupar ese rol de emprendedor, de iniciador, de organizador, creador y que el Estado, al mismo tiempo, se retire de todo lo que pueda hacer el sector privado y ocupe un rol orientador, animador y por supuesto retirar todos los obstáculos para que pueda funcionar el sector”.

Como sabemos que va a tardar tiempo todo eso, hemos redactado el proyecto de ley donde queremos adelantar un clima de inversión para inversiones que sabemos que hoy están dispuestas a realizarse en el país, que es rico en recursos naturales y hay mucho interés, no solo en la extracción de recursos, sino que tenemos que pelear por la segunda parte que es la industrialización del recurso, y para eso se necesitan inversiones cuantiosas y necesita, al mismo tiempo, infraestructura de caminos, energética, logística. Todo esto requieren un tiempo de maduración, no es un negocio que genera un ingreso inmediato, sino que son proyectos para que empiecen a madurar necesitan varios años”, profundizó en su argumento.

El presidente de la Cámara de Diputados recibió al ministro de Infraestructura de la Nación.

Ferraro remarcó que “es importante para nosotros y para esos inversores que hoy están viendo, tanto nacionales y extranjeros, que el país tiene oportunidades de invertir, es importante adelantar ese clima de negocios favorables y el marco de lo que nosotros pensamos que debería ser el marco de un país normal”.

Por último, señaló que los objetivos que están en el artículo 3 “cuando hablamos de incentivos a proyectos de inversión importantes estamos hablando de una multiplicidad de la actividad. Todos sabemos que tenemos un tejido productivo en un porcentaje muy grande constituido por pequeñas y medianas empresas productivas como de servicios. Estos proyectos multiplican la actividad tanto del empleo como de las PyMes y de alguna manera está orientado hacia eso de facilitar la inversión y por otro lado la capacidad que tienen estos proyectos de generar este tipo de actividad”.

Sobre los sectores involucrados, explicó que “plantea una orientación, pero delega en el Ejecutivo la posibilidad de ampliarlo, estamos planteando los sectores de mayor dinámica de acuerdo a los montos de inversiones que se necesitan como la minería, la energía, el transporte”.

Además, comentó que la “ingeniería del articulado” se encuentra en “aislar el proyecto de inversión cuya decisión se tome en estos próximos dos años, la decisión y la efectivización de la inversión, aislarlos de las múltiples rigideces o regulaciones que hoy tiene en el mundo tributario, espacio cambiario, y en muchos casos no se pueden terminar de generalizar por las rigideces que tiene la economía, pero pensamos que va a ser abstracto el régimen cuando de acá a dos años podamos llevar a toda la macro en la mismas condiciones que planeamos”

Este proyecto es un acelerador de la toma de inversiones de varios de cientos de dólares de muchas empresas que quieren invertir hoy si existe este marco jurídico a nivel del país que planteamos”, afirmó y sumó: “Este régimen es de adhesión y en eso está el compromiso de invertir montos que por sector van a ser mínimos, pero con porcentajes que tienen que cumplir en los primeros dos años. Queremos acelerar la decisión de inversión tanto de empresas nacionales y extranjeras”, y aclaró: “No se trata de inversión de activos financieros, se trata de inversiones en activos computables que son bienes de capital, bienes productivos”.

Por último, describió los incentivos tributarios y aduaneros que se dan por el régimen: “Quien adhiera a este régimen y cumpla los objetivos de inversión porcentuales para este primer año y para el 2025 estamos reduciendo la tasa del impuesto a las ganancias al 25%. Las decisiones de inversión están globalizadas y los países compiten más cuando no se trata solo de la extracción del recurso”.

“Quien toma una decisión de inversión, cuando analiza el proyecto le va cargando costos y muchas de las regulaciones que tiene el país implica el costo argentino y cuando es tan alto no se toma la decisión de invertir. En el régimen de incentivo le vamos quitando a los proyectos que adhieran le vamos a quitar los ítems que hacen al costo argentino”, informó.

Sobre las amortizaciones explicó que “es importante desde el punto de vista impositivo la aceleración de las amortizaciones. Estamos permitiendo que quien maneja el proyecto amortizar en dos cuotas anuales iguales los bienes muebles y, también, considerar en un 60% la amortización de los bienes de capital”.

“Esto se une con el manejo del quebranto impositivo, que el proyecto en los dos primeros años da quebranto impositivo, y desde el punto de vista impositivo es importante solucionar dos temas que se solucionan con el régimen que es mantenerlo actualizado y la posibilidad de ajustar por IPC y si al quinto año no se pudo aplicar, da la posibilidad de transferirlo lo que disminuye el costo financiero de la inversión a fin de generar divisas e ingresos a partir del tercer año”, profundizó y cuestionó: “Esta exigencia de no poder cada vez con mayor intensidad disponer de divisas nos llevó a situaciones donde un inversor extranjero no pueda generar dividendos a su accionista en el exterior. Luego del tercer año permitimos, con este proyecto, generar el 100% de los dividendos y son decisiones que se toman pensando en la inversión productiva dentro del 10 años”-.

El impuesto al valor agregado (IVA)

De forma breve, comentó que el IVA “es otro costo argentino” porque “las políticas de incentivo ya existen en cuando a la devolución del impuesto al valor agregado. Cuando uno analiza el proyecto se da cuenta que la devolución del IVA nunca se sabe cuánto se va a devolver y qué implica nominalmente para el proyecto esa devolución”, y afirmó: “Como el espíritu es devolver el IVA entonces directamente no lo cobramos. Se genera un mecanismo de certificados donde financieramente el inversor no paga el IVA, sino que ese certificado impositivo le sirve para pagar a los proveedores, tiene un efecto cero desde el punto de vista financiero, si lo vamos a devolver directamente no lo cobramos al IVA”.

Impuestos débitos y créditos

“Es un mal impuesto, pero que cuesta modificarlo cada vez que se tiene la necesidad que hay que cubrir al fisco. En el caso los impuestos al crédito y débito se puede aplicar al pago del impuesto a las ganancias, con lo cual no genera costo desde el punto de vista financiero”, explicó Ferraro al respecto.

Derechos de importación y de exportación

Al hablar en materia de derechos de importación y de aranceles contó que “estamos planteando que sea para bienes de capital como parte del capital como insumos directamente ponemos arancel 0 para que no tenga un costo adicional con respecto a otros países con los que estamos compitiendo”.

Por otro lado, sobre los derechos de exportación informó: “Proponemos una excepción a los derechos de exportación a partir del tercer año. Los derechos de exportación no deberían existir en un país normal”.

“Deducción de intereses y diferencias de cambios que en el proyecto de impuesto a las ganancias están topeados que queda corto, nosotros proponemos la totalidad de deducción como gasto de los intereses o diferencias de cambios”, añadió luego.

El funcionario también explicó que plantean “una eliminación de todo tipo de restricción a la importación y exportación porque estamos en un callejón donde llevamos a la macro que desalienta a las inversiones por lo que le cobramos con respecto a otros países sino también a los obstáculos que tienen para importar o exportar son económicos, son registros, son trabas y todo eso encarece un proyecto de inversión”.

Régimen cambiario

Por último, habló sobre el régimen cambiario que “es una salida del corset que estamos en la economía que no debería existir y para lo producido a los proyectos adheridos al régimen planteamos la posibilidad de disponer de las divisas generadas por la exportación por lo que planteamos una liberación paulatina de las divisas en un primer año un 20%, en el segundo año un 40% y a partir del tercer año la disponibilidad de divisas en el exterior producidas por la exportación que genera el proyecto”.

“Tratamos de eliminar toda traba que existe en cuanto a la disponibilidad de lo que se produce, los activos que se invierten no van a haber normas que interrumpan procesos productivos”, concluyó.

Desfile de funcionarios del Ejecutivo en Diputados para respaldar la ley ómnibus

En la segunda reunión maratónica expusieron Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Eduardo Rodríguez Chirillo, Carlos Casares, Juan Paso y Fernando Vilella.

Segunda jornada maratónica tuvo lugar este miércoles en Diputados durante el plenario de comisiones que continuó con el debate por la ley ómnibus a la que asistieron un total de ocho funcionarios del Poder Ejecutivo.

Los primeros en exponer fueron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Promediando la tarde, fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía; Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Pablo Lavigne, secretario de Comercio; Carlos Casares, interventor del Enargas; Juan Paso, secretario de Industria y Desarrollo, y Fernando Vilella, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Quirno y Lavigne no alcanzaron a exponer. A la 1.43, después de más de 16 horas de plenario, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, anunció que tal cual lo acordado con las autoridades de los bloques y los propios funcionarios se había decidido reprogramar la presentación de Pablo Quirno y Pablo Lavignepara exponer a partir de las 17.30 de este jueves. Tenía sentido, pues de lo que iban a hablar ambos secretarios involucraba un centenar de artículos de la ley ómnibus.

Un sistema de energía con riesgo de desabastecimiento

Por segunda vez consecutiva asistió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien puntualizó a explicar la situación actual y el por qué de ciertas medidas. Al iniciar su presentación, Chirillo alertó que “el sistema energético actual está desinvertido, desfinanciado y es altamente ineficiente, con alto riesgo de desabastecimiento. La balanza comercial acumulada de los últimos 10 años en materia energética nos dio una pérdida de 30 mil millones de dólares acumulados”, y lamentó: “Parece mentira que, en un país tan rico en recursos, tengamos una pérdida así en materia energética”.

El funcionario explicó: “La situación actual tiene un debilitamiento institucional del sector donde el ente regulador no funciona como tal. Requiere la necesidad de recuperar la capacidad técnica y la idoneidad y se encuentra con una estructura sobredimensionada”.

“En cuanto al parque de generación, que es muy preocupante, es que al no haber inversiones en generación la potencia disponible, que no es la instalada, esta muy cerca de la demanda máxima por lo que los riesgos de cortes son muy altos y tenemos que apelar a importar electricidad por parte de Brasil”, alertó y detalló que “esa desinversión que hay en generación además viene de la mano de que está disociado del precio que reciben los generadores respecto del precio que pagan los distribuidores y pasan a la tarifa del usuario final. Hay un pago a los generadores cuyo precio no se pasa a la tarifa y por lo tanto es el Estado el que realiza continuos aportes a un parque que está al limite y no se hace nueva inversión”.

En tanto, indicó que “a esto se suma que respecto de los costos que significa generar electricidad la tarifa solo cubre el 40% del costo del suministro. Hemos pasado por tanto durante dos décadas, esto no es de un gobierno o de dos, sino que fue progresivamente pasamos de un mercado competitivo a uno regulado pagando costos medios y requiere de importantes aportes del Tesoro Nacional para poder sostener esa generación”.

Chirillo contó que “el Estado financia en los 2023 7 mil millones de dólares y en el 2022 fueron 10 mil millones de dólares. Además, el Estado decidió que CAMESA que es el organismo que organiza el mercado sea el comprador de combustibles por lo cual se generan sobrecostos, y que el Estado tiene que pagar”.

“Los cuadros tarifarios al estar planchadas y congeladas desde el 2020 las tarifas y solo durante estos últimos años con ajustes parciales han fomentado el crecimiento de la demanda porque cuando la energía esta barata, no cuesta y por tanto se gasta más de lo que se necesita”, planteó.

Por tanto, contó que “en algún momento del tiempo de estas últimas décadas hemos roto con algo fundamental que es que la tarifa refleje el costo del suministro y esto que parece tan básico decirlo lo hemos mezclado, en realidad, con que la tarifa se tiene que asociar a la capacidad adquisitiva de la gente. Ese tema está relacionado con el subsidio, no con la tarifa”.

“El esquema que se viene haciendo con la segmentación, donde algunas personas pagan un precio y otros pagan otro costo por el poder adquisitivo, eso conceptualmente esta mal y es a través de los subsidios que el Estado debe ayudar a las personas de bajos ingresos que no pueden pagar el costo del suministro”, planteó el secretario de Energía.

A su vez, advirtió que “en materia de transporte estamos peor aún, la red no crece y está saturada y esto nos lleva a una situación de total ineficiencia porque no se hacen las redes de transporte. Por tanto, no aprovechamos de nuestro país los lugares donde se pueden obtener las fuentes primarias de energía de forma más económica, no se hacen redes hace muchísimo tiempo. No hemos crecido y tampoco acompañado”.

“Sumado a toda esta situación de déficit, de desfinanciamiento y de desinversión, la situación que tenemos en el sector eléctrico es muy vulnerable y realmente preocupante”, alertó Chirillo y siguió: “Como contrapartida a todo esto, desde el punto de vista económico el sistema no es autosuficiente y tiene que serlo, pero no logramos hace tiempo conseguirlo. Entonces, ocurre que el Estado financia, subsidia a la generación y a todos los usuarios y, por otro lado, las tarifas no logran recaudar lo que las distribuidoras deben pagar y entonces se generan deudas y si eso prospera nos quedamos sin un sistema funcionando”.

En materia de gas, también indicó que existe “ese debilitamiento institucional” porque “las señales de precios se han perdido. Tenemos Vaca Muerta que es la segunda reserva de gas en el mundo y solo explotamos el 6% de su potencial”.

“El Estado cubre dos tercios del costo del precio de la molécula de gas a través de subsidios pagando parte del Plan Envasar a precios que no paga el usuario, paga el Estado y a las distribuidoras se les pasa una parte y como no viene inversión de nada y viene justa y en momentos de pico necesitamos importar. Compramos a Bolivia a un costo de 10 dólares que luego a las distribuidoras se las pasa a 1,2 dólares y el resto lo paga el Estado”

Sobre el GNL, informó que “es insostenible”, al igual que los cuadros tarifarios porque “hay 90 tipos de tarifas”.

Al referirse a la transición energética, lamentó que “no hemos logrado casi nada, en ningún año se cumplió con los porcentajes de energía renovable previstos en las leyes. No se conocen multas por incumplimientos, tampoco se cumplieron las metas de transición, solo son expresiones de deseo”.

“Esta situación que es preocupante requiere de medidas importantes a tomar que algunas se tomarán por DNU y resoluciones. Nos permitirían recuperar el sector energético que necesitamos, es una cuestión de actualización”, planteó el funcionario y explicó que son 10 las propuestas: “Respetar derechos adquiridos, revisar las funciones del Estado, recuperar confianza en la inversión, indispensable transparencia en la regulación que dictan, en infraestructura estamos escasos y por eso se propone ese régimen de iniciativa privada y tenemos que integrarnos con el exterior, fomentar los contratos a largo plazo, cambios con senderos de precios, incentivas inversiones, dar estabilidad fiscal, aggiornar los tratados de protección de inversiones. Algunas medidas que necesitamos, requieren de una modificación de ley”.

Chirillo explicó que hubo cambios en la redacción porque “se han producido algunos errores” y precisó que “daban a entender que el Estado quería nacionalizar los recursos de las provincias, se ha tomado la modificación de una ley con el texto original y se mantuvo el nombre de Poder Ejecutivo que se usaba en ese momento. Es un error que se está arreglando”.

Sobre los hidrocarburos, contó que proponen un cambio que “es sustancial para la seguridad jurídica y de inversión que es reconocer el derecho de las empresas a la libre comercialización al exterior de petróleo y gas sujeto a la no objeción del Estado, que se puede oponer a ese derecho cuando se produce un sobrecosto en el abastecimiento local. Cambia el régimen de ser un derecho a una autorización que eran parciales y precarias. La misión es bajar el riesgo país”.

También aclaró sobre el tema de los biocombustibles que han “actualizado la versión que ingresó con unos artículos y que ahora van a estar alineados a comentarios de gobernadores y diputados”, y explicó que “el Estado libera el precio y se aumenta el corte obligatorio de 7 al 10 y luego aumentar al 15% hasta el 2026, lo cual permitirá alinearnos con Brasil. En materia de bioetanol se aumenta al 12% y se aumenta en tres años un 18% hasta seguir un sendero del 27%”.

“Los cupos queremos que sean cambiados por licitaciones pero que ninguna empresa pueda tener mas del 14% de la participación de demanda interna, no pueden participar más allá del 100% de la capacidad instalada, tiene que haber elación ente la producción y la capacidad de todas las integradas debe ser iguala  las no integradas, vamos a permitir que tanto empresas chicas y grande participen del mismo modo”, agregó y contó que el cuarto capítulo propone la unificación de los entes reguladores con una buena gobernanza dará mayor seguridad a los inversores y en materia eléctrica los cambios son menores”.

Moreau criticó las exposiciones de los ministros en Diputados: “No han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo”

El diputado opositor le planteó al oficialismo que “busquen consenso y discutamos tema por tema” y adelantó: “No estamos dispuestos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento”. Así, consideró que “esto no es un plan económico, sino de negocios”.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (UP) hizo uso de la palabra en el plenario de comisiones de Diputados en el tratamiento de la ley ómnibus posterior a la exposición breve de los tres funcionarios que asistieron a explicar el texto y cuestionó: “No han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo”.

“No tuvimos un funcionamiento muy ordenado al principio de este plenario. Desde que escuchamos a un funcionario que no sabíamos qué función tenía y ni siquiera su apellido, hasta la introducción de la filosofía del Derecho que poco tiene que ver con el tratamiento específico de lo que vamos a tratar acá”, criticó.

En esa línea, Moreau apuntó: “Algo que no ocurrió jamás en la historia argentina y de este Parlamento que el abordaje de un decreto de necesidad y urgencia y la propia ley ómnibus suman casi mil artículos y reforman artículos constitucionales, códigos de fondo, el código penal, leyes que han formado parte de consensos base que han constituido la democracia”.

“Es un hecho que merece un abordaje de otra naturaleza con participación de todas las comisiones involucradas”, reclamó.

El diputado opositor sostuvo que “en ninguna de las crisis que se vivió se dio una respuesta institucional de esta naturaleza y la verdad es que la democracia tuvo crisis. Cuando el presidente Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta a la verdad porque la verdad es que el Dr. Alfonsín podría decir lo mismo con una violación sistemática de los derechos humanos y, también, recibió un país con una inflación que rondaba el 4 mil por ciento, con una crisis económica terrible. Esa también era una herencia difícil y no se resolvió dándole al presidente Alfonsín la suma del poder público, sino que se resolvió a través del consenso político”.

“Menem también podría decir que recibió una situación de crisis económica, no institucional y se votó, y acá está presente el Dr. Barra que mucho tuvo que ver con la reforma del Estado y él recordará, que esa ley de reforma no tuvo ni de cerca el alcance que se pretende a la que hoy estamos discutiendo”, recordó.

Además, recordó que “después se volvió a otra crisis que también resolvió la política que fue la del 2001 que se desbarrancó del intento de seguir con la convertibilidad, que se prolongó por la tozudez de un gobierno de De la Rúa”, y lanzó: “Que no tuvo el coraje de cambiar esa política y, por el contrario, se dejó asesorar por los mismos que asesoran hoy a Milei”.

“La política le dio libertad, sufragio, democracia a los argentinos y en los momentos graves de crisis le dio las herramientas para resolverlas y ahora nos vienen a plantear una herramienta que esta fuera de las instituciones y quieren imponer un estado de excepción, ponerse por encima de las normas constitucionales porque necesitan los instrumentos para callar la protesta social”, denunció.

En tanto, resaltó: “Nosotros no vamos a tolerar a 40 años de la democracia que en nombre de una crisis que no es tan grande como la que dimensionan para buscar este resultado, nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera que las reformas del Código penal nos lleven al pasado, que se reinstale el estado de sitio”, y exigió saber “quiénes han redactado estas normas porque ahí si están violando gravemente su deber respecto a la constitución están diagramando un estado represivo para sostener una política económica . No hay márgenes para dictaditas militares ni estados policiales como algunos en el Gobierno quieren”.

“¿Cómo se pretende que el Congreso delegue todas estas responsabilidades en las irresponsabilidades de quienes hoy están aquí que no han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo?”, preguntó críticamente.

Por último, solicitó que retiren el DNU porque “es un desatino y esta ley ómnibus es la repetición de este desatino por mil y no tiene ninguna razón de ser”, y reiteró: “Quienes hoy están aquí que no han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo. Busquen consenso y discutamos tema por tema no estamos dispuestos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento argentino”.

“El presidente tiene que elegir si quiere ser virrey de una colonia o presidente de la Argentina y tiene que empezar a respetar el principio de división de poderes. Tiene un programa político que apunta en la dirección de ser colonia. Esto no es un plan económico sino de negocios”, concluyó.

Despacho consensuado al proyecto de ley de fomento a las inversiones productivas provinciales

Fue en el marco de un plenario de comisiones del Senado, donde también se aprobó el alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos; y la creación de un régimen de promoción de la actividad ladrillera artesanal.

Esta tarde tuvieron lugar tres reuniones plenarias de comisiones del Senado, en la que emitieron dictamen favorable a diversos proyectos tales como el de fomento a las inversiones productivas provinciales; el alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos y la creación de un régimen de promoción de la actividad ladrillera artesanal.

Desde el Salón Arturo Illia, abrió la jornada de trabajo la Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador de San Juan, Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) quien pasó a la firma un proyecto de ley, impulsado por el senador de Chaco, Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular) para declarar capital nacional del vidrio al partido bonaerense de Berazategui. También se avalaron varios proyectos de declaración y de comunicación.

Luego, se integraron las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Industria y Comercio, y de Presupuesto y Hacienda, cuyo encuentro fue encabezado por los presidentes de las tres comisiones, la senadora Nora Giménez (Salta-Unidad Ciudadana), el senador Basualdo y el senador de La Rioja, Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), respectivamente y emitieron dictamen sobre tres proyectos de ley.

Se trató en primer término el proyecto del senador por La Rioja, Ricardo Guerra que busca reducir las asimetrías entre las regiones centrales y las periféricas del país. Al presentar su iniciativa, Guerra destacó que el proyecto contempla una serie de herramientas impositivas, crediticias, presupuestarias y financieras para promover la radicación de empresas en las zonas menos desarrolladas del país; y planteó que el objetivo final es intentar disminuir las grandes brechas de desarrollo que tenemos entre la zona central y la periferia de nuestro país.

El legislador riojano señaló que su propuesta “contempla que la inversión llegue no sólo a partir de la inversión privada en la producción primaria, la industria y los servicios; sino también desde el sector público, a través de sociedades para industrialización de producciones que tienen ventajas comparativas”.

En defensa del proyecto, la senadora Clara Vega destacó la importancia de los regímenes de promoción, sobre el que su provincia (La Rioja) tuvo “una muy buena experiencia con la ley 22.021″. Pidió además que el desarrollo que se propone llegue “al interior profundo”.

La senadora bonaerense Juliana Di Tullio expresó su entusiasmo por este proyecto, y defendió “el espíritu del Estado como promotor, no que quiere reemplazar al sector privado, sino que promociona desde su propia idiosincrasia” y recoge experiencias exitosas de otras regiones.

Su par chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) reconoció que “este proyecto tiene un fuerte impacto”, pero cuestionó que se desconoce el costo fiscal que tendría la aplicación de la iniciativa, y apuntó que hay otras legislaciones que promueven beneficios similares. Pidió además que se invite a los gobernadores a participar del debate del proyecto.

En respuesta a sus críticas, la senadora Di Tullio pidió “no detener los procesos en marcha”, y reclamó avanzar rápidamente en la aprobación porque los argentinos le demandan al Estado “generar trabajo”.

Tras anunciar que se iba a pasar a la firma el dictamen del proyecto, Giménez comentó a sus pares que en la Cámara de Diputados se estaba analizando en Comisión un proyecto de ley de Economías Regionales que tiene coincidencias conceptuales con la iniciativa en debate, por lo que invitó a todos los presentes a sumar sus aportes a esa iniciativa.

Posteriormente, se realizó la plenaria de las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

Durante dicha reunión, se aprobaron dos proyectos de ley, uno que modifica el artículo 1 de su similar 23.272, integración de La Pampa a la Región Patagónica, respecto de incluir al departamento de Malargüe en la mencionada región, iniciativa de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) y el segundo proyecto, cuyo autor es el senador Rodas y crea el régimen de promoción de la actividad ladrillera artesanal.

Por último, continuó reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda para brindar dictamen al proyecto de ley del senador por Chaco, Víctor Zimmermann (UCR) y otros que modifica su similar 27.676 y se trata del alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, respecto de los montos de los alquileres devengados anualmente.

El Senado recibió al embajador de Corea del Sur

El funcionario Jang Myung-Soo, brindó detalles de la relación entre su país y la Argentina durante una reunión plenaria de comisiones.

Un plenario de las comisiones de Industria y Comercio y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado, recibió este miércoles al embajador de Corea del Sur, Jang Myung-Soo.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Eva Perón y fue presidido por el senador Roberto Basualdo (San Juan- Alianza Cambiemos San Juan) en su condición de titular de la comisión de Industria y Comercio.

También participaron los senadores Adolfo Rodríguez Saá (San Luis-Frente Unidad Justicialista San Luis), María Clara del Valle Vega (La Rioja-Cambiemos Fuerza Cívica La Rioja), María Inés Pilatti Vergara (Chaco-Frente de Todos), Alfredo De Angeli (Entre Ríos-Juntos por el Cambio) y María Victoria Huala (La Pampa-Juntos para el Cambio).

Al presentar al visitante, Basualdo sostuvo: “Admiramos a Corea por el crecimiento que han tenido en la parte industrial”, y consideró que por el tema de la industria “Argentina debería tomar como ejemplo” al país asiático.

Luego, Rodríguez Saá elogió “el progreso, el conocimiento, la inteligencia y la capacidad del pueblo coreano para superar momentos difíciles y hacer un gran país”.

El embajador coreano realizó una exposición sobre su país y la relación que tiene con Argentina que en lo que respecta a la amistad y al comercio que “comenzó oficialmente hace 60 años, el 15 de febrero de 1962”, pero en los hechos se inició mucho antes “cuando Argentina ayudó con el envío de alimentos tras la guerra muy cruel ocurrida en Corea entre 1950 y 1953”.

Myung-soo destacó que en cuanto a “la relación política de verdad entre ambos países empezó en 1995 cuando el presidente Carlos Menem visitó Corea y tuvo una reunión con el presidente Kim Young-Sam, que en 1996 visitó Argentina”.

También puso de relieve “el acuerdo de cooperación estratégica para el siglo XXI que se firmó en el 2004″ y la reciente visita que en octubre pasado hizo a Buenos Aires el primer ministro coreano Han Duck-soo”.

El diplomático enfatizó que “Argentina es un país muy importante para Corea en términos de alimentos” y subrayó que “Corea y Argentina son socios globales de cooperación”. “El litio es un recurso natural estratégico y para Corea tiene gran importancia en invertir en litio en Argentina y ojalá que tenga gran éxito la inversión”, destacó.

Además, mencionó como fundamentales para Corea en la relación con Argentina “la energía renovable como el hidrógeno, la energía solar y la eólica”, debido a que “Argentina tiene un gran potencial para general energía renovable y es una ventaja grande que tiene para el futuro porque tiene todo en la naturaleza”.

Finalmente remarcó la necesidad de profundizar la relación en lo que respecta a “la agricultura, en especial la soja; la ciencia y la tecnología, la industria farmacéutica, la cooperación entre las bases de ambos países en la Antártida y la cooperación parlamentaria”.

Por último, pidió el apoyo de Argentina a la postulación de la ciudad coreana de Busan para organizar la Expo Mundial 2030 para cuya organización compite con Riad, Roma y una ciudad de Ucrania.

Ley de Humedales: Tras aprobarse el emplazamiento, llegó el apercibimiento a Diputados para tratar la problemática

Será en un plenario de comisiones que se realizará el próximo jueves 22 a las 10. En el temario hay 3 proyectos del FdT, 3 de JxC, 2 del interbloque Federal, 1 corresponde al Frente de Izquierda y 1 al interbloque de Provincias Unidas.

incendios delta del parana

Luego de que la Cámara baja aprobara este jueves un emplazamiento para tratar la protección de humedales, a pedido del diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista), este viernes se confirmó que tres comisiones deberán abocarse a partir del jueves de la semana que viene a analizar todos los proyectos que hay sobre el tema.

Ya lo había adelantado el titular del bloque FdT, Germán Martínez, en la sesión del miércoles al anunciar que había solicitado a las comisiones que intervienen en el debate sobre prevención de humedales a una “ronda de diálogo” para comenzar a analizar los proyectos “la semana siguiente”.

El debate se llevará a cabo en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados Leonardo Grosso (FdT), Ricardo Buryaile (UCR) y Carlos Heller (FdT), respectivamente.

La cita está pautada para el próximo jueves 22 de septiembre a las 10 en el 2º piso, Edificio Anexo “C” a fin de considerar un total de diez proyectos, de los cuales tres corresponden al oficialismo, tres son de JxC, dos del interbloque Federal, uno del Frente de Izquierda y uno del interbloque Provincias Unidas.

Por el lado del Frente de Todos una de las iniciativas lleva las firmas de Leonardo Grosso, Victoria Tolosa Paz, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Florencia Lampreabe, Hugo Yasky, Juan Carlos Alderete, Daniel Arroyo, Verónica Caliva, Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Jimena López, Roberto Mirabella, Natalia Souto y Natalia Zaracho. Las otras dos restantes iniciativas corresponden a Alicia Aparicio y al pampeano Hernán Pérez Araujo.

De la vereda opositora, uno de los proyectos presentados lleva los nombres de Jorge Vara, Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Pablo Torello, Ricardo Buryaile, Gustavo Hein, Juan Martín, Pedro Galimberti, Manuel Aguirre, Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipolini, Fernando Carbajal, Martín Arjol y Federico Angelini.

La otra iniciativa de JxC esta firmada por Ximena García, Maximiliano Ferraro, Martín Berhongaray, Camila Crescimbeni, Karina Banfi, Mónica Frade, Dolores Martínez, Pablo Torello, Facundo Manes, Rubén Manzi, Ana Carla Carrizo, Rogelio Frigerio, Margarita Stolbizer, Mario Barletta y Mariana Stilman. El restante proyecto es de autoría de la diputada Gabriela Lena.

Por el interbloque Federal presentaron proyectos la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y el otro proyecto es de Enrique Estévez, Mónica Fein (Partido Socialista) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

En tanto, en representación del interbloque Provincias Unidas hay un proyecto presentado por el diputado misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero). Mientras que la iniciativa del bloque Frente de Izquierda tiene las firmas de Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina del Plá.

Senado: un plenario de comisiones debatirá sobre minería

Asistirán funcionarios de la provincia de Catamarca y especialistas. La reunión será este miércoles a las 17.

Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presididas por Rubén Uñac (FNyP-FdT) y Gladys González (Pro-JxC), debatirá el próximo miércoles respecto de los procedimientos para un plan de cierre de minas y sobre presupuestos mínimos de protección ambiental ante esos casos.

El encuentro será desde las 17, en el Salón Illia, y se pondrán a la vista proyectos presentados por González, la catamarqueña Lucía Corpacci (FNyP-FdT) y el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT).

Al plenario fueron invitados a exponer Marcelo Murua Palacio, ministro de Minería de Catamarca, y Olga Teresita Regalado, secretaria de Desarrollo Minero de esa provincia.

También están convocados Rodolfo Micone, profesor adjunto de tratamiento mecánico de minerales de la Faculta de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca; Mario Juárez, miembro del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas; y representantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Quiénes son los invitados que asistirán al debate del proyecto de Industria Automotriz

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado y había sido incluida en el temario de extraordinarias que no se realizaron. Por fin comienza su tratamiento este martes con más de una veintena de expositores.

Más de diez meses después de que el Ejecutivo enviara el proyecto al Parlamento, comienza su debate en la Cámara de Diputados. Será en el marco de un plenario de las comisiones de Industria, que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto, y de Presupuesto y Hacienda, del porteño Carlos Heller.

La convocatoria es para este martes a las 13 y han sido invitados a exponer funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, Julieta Lousteau (subsecretaria de Industria); Gastón Grimblat y Pablo Bravo (asesores); Ignacio Bruera (director nacional de Política Industrial); del Ministerio de Economía asistirá María Sol Pasqualini (subsecretaria de Tributación Internacional); del Sindicato de Mecánicos (SMATA) Ricardo Pignanelli / Laura Ávalos; de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán / María Soledad Calle.

También de Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOEYEP) irá Juan Carlos Murúa; y de la Asociación de Supervisores Industria Metalmecánica (ASIMRA) será Jorge Lobo.

Por el lado de los representantes de la Industria Automotriz se presentarán Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA; Santos Doncel Jones, presidente de IVECO; Nicolás Abbate, director de Nissan; María Ángela Stelzer, directora de Asuntos Corporativos de VW; Verónica Niemann, directora de As Ext. Com y RSE de Mercedes Benz; Paula Camogli, jefa de Asuntos Públicos de Renault; Verónica Berkopec, Asuntos Gubernamentales de Toyota; Leonardo Pomeranchik, gerente de Asuntos Gubernamentales de MB; Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA; Carlos Galmarini, director de Relaciones Institucionales de Ford Argentina; Analía Pellegrino, gerenta de Relaciones Institucionales en IVECO Arg SA; Ignacio Traballoni, responsable de Asuntos Gubernamentales de MB; Tomás Cociancich, responsable de As. Públicos de Mercedes Benz Camiones; Diego Kukulanski, gerente de Relaciones Institucionales Stellantis; Patricio Sesti, supervisor de Asuntos Institucionales y Gub. VW; Alicia Ryzewski, responsable de Comunicación de ADEFA.

De la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADMIRA) irán Isabel Martínez, Julio Cordero y Horacio Cepeda. Mientras que de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) asistirán su vicepresidente, Fabio Rozenblum, y el gerente general, Juan Cantarella.

La ley se denomina Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, Autopartista y su Cadena de Valor y el proyecto fue presentado el 18 de agosto de 2021, pero nunca alcanzó a iniciarse su tratamiento.

Tiene por objeto promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales (forja, fundición, mecanizado, pintura, estampado, entre otros).

En los considerandos de la iniciativa, se destaca que “la cadena de valor automotriz es central para la estructura y la dinámica productiva del país”, ya que se trata de una actividad “con gran peso relativo en la producción -10% del PBI industrial-, en las exportaciones -primer exportador de manufacturas de origen industrial (MOI)- y en el empleo del país -6% del empleo industrial registrado-”.

Uno de los objetivos del Gobierno nacional es potenciar el crecimiento de la cadena de valor de manera sustentable, incentivando las inversiones en plataformas de producción eficientes, exclusivas a nivel regional y con escala internacional, que permita tener una alta inserción exportadora y altos niveles de integración nacional de autopartes”, sostienen los fundamentos.

Por tal motivo, los proyectos de inversión alcanzados por los beneficios de este proyecto de ley serán aquellos que incluyan plataformas exclusivas regionalmente (para autos y utilitarios) y niveles mínimos de contenido nacional.

Asimismo, el proyecto apunta, por un lado, a facilitar desde lo fiscal a la formación de capital en el sector, bajo instrumentos orientados a mejorar la performance financiera de los proyectos de inversión, como la amortización acelerada y el tratamiento previsto a los saldos generados por créditos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por otro, potenciar las exportaciones.

“En ese sentido, la devolución anticipada del IVA, permitiendo ser utilizado para el pago de otros impuestos nacionales, viene a reducir ese costo y a hacer viables más inversiones. Asimismo, el beneficio no implica un costo fiscal neto para el Estado Nacional, dado que lo que se devuelve de IVA en un momento implica un mayor pago de IVA en el futuro, aunque sí el Estado Nacional absorbe el costo financiero que se ahorra la empresa”, argumenta la iniciativa.

En cuanto a permitir la amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, se señaló que “también mejora el resultado financiero de la inversión, debido a que les reduce el monto a pagar por el Impuesto a las Ganancias en los primeros años, desde la puesta en marcha del proyecto”.

Por otra parte, se establece que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los proyectos de inversión deberán necesariamente involucrar la producción de: nuevas autopartes o autopartes ya producidas al momento de la inscripción al régimen, que involucren una mejora sustantiva en la capacidad de producción.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión aprobados deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

Además, se establecen cuáles serán las faltas leves y graves, al tiempo de una serie de sanciones a quienes no cumplan con la ley, tales como “la suspensión en el goce del beneficio por el período que dure el incumplimiento; la revocación total o parcial del beneficio usufructuado con su correspondiente restitución al fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, del impuesto a las Ganancias ingresado en defecto; ingreso de los derechos de exportación no abonados, con más los respectivos intereses resarcitorios; multas, cuyos montos no podrán exceder del 50% de los beneficios usufructuados; e inhabilitación para volver a gozar de los beneficios del régimen por el mismo u otro proyecto.

En otro artículo del proyecto, se dispone la creación del Instituto de la Movilidad “como ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable a través de la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras y las instituciones de apoyo científico y tecnológico”.

La iniciativa determina que el gobierno y la administración del Instituto de la Movilidad estarán a cargo de un directorio integrado por 8 vocales, que se desempeñarán con carácter “ad honorem”. De ellos, dos serán designados por la autoridad de aplicación; uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; tres por las asociaciones empresarias representativas del sector automotriz (AFAC y ADIMRA) dos por los sindicatos SMATA y UOM. Asimismo, cada entidad deberá designar a su respectivo o respectiva suplente.

Con invitados, analizan el tema boleta única de papel este martes

Para las 10 de la mañana ha sido convocado un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda.

Será la primera reunión convocada para este martes en el que han sido convocadas en la Cámara de Diputados una o dos reuniones por hora. Hablamos del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa), Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) y Carlos Heller (FdT-CABA), respectivamente. Analizarán los proyectos presentados sobre boleta única de papel.

Para esta ocasión han sido citados invitados que expondrán sobre el tema. Todavía no fue difundido el listado de los mismos, cuya presentación tuvo como fecha límite este viernes al mediodía.

Recordemos que en la primera reunión de este plenario realizada el jueves pasado se armó una gran polémica para establecer si se permitía que la reunión se realizara de manera mixta, cosa que fue resistida por el oficialismo, basándose en el reglamento de la Cámara, lo cual que fue rebatido desde la oposición, que finalmente decidió aceptar las condiciones impuestas y todos los asistentes deberán estar de manera presencial.

Una veintena de proyectos sobre el tema han sido puestos a consideración, siendo sus autores representantes del oficialismo y la oposición. Puntualmente son proyectos de María Graciela Ocaña, Graciela Caselles, Pablo Tonelli, Silvia Lospennato, Alejandro “Topo” Rodríguez, Jorge Enríquez, Dina Rezinovsky, Claudio Poggi, Enrique Estévez, Soledad Carrizo, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Francisco Sánchez, Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Alberto Asseff, Martín Maquieyra, Carolina Piparo y Dolores Martínez, entre otros.

Con referentes en materia económica, el Senado debatió el proyecto para pagarle al FMI con dólares fugados

El proyecto kirchnerista fue debatido este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores. En la reunión expusieron los directores del Banco Nación Argentina y otros economistas, quienes respaldaron la iniciativa.

En una reunión, que se extendió por más de dos horas este miércoles en el Salón Azul, un plenario de comisiones de la Cámara alta debatió el proyecto presentado días pasados por el oficialismo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados. En la reunión expusieron Guillermo Wierzba, director del Banco Nación Argentina; Julia Strada, directora del Banco Nación Argentina; Horacio Rovelli y Ricardo Aronskind licenciados en economía; y Noemi Brenta doctora en Economía.

En un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, analizaron sendos proyectos de senadores kirchneristas que prevén la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, como así también una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras.

Antes de iniciar el debate, el chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) opinó que “la Cámara de origen del proyecto debía ser la Cámara de Diputados porque la Constitución en el artículo 52 así lo determina y que es una facultad exclusiva de Diputados todo lo concerniente a contribuciones”.

Además, informó que se presentó un giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que allí también se debata el proyecto. En tanto, propuso a otros invitados como Jimena de la Torre, exfuncionaria de AFIP, y al tributarista Andrés Edelstein.

Tras cederle la palabra, el senador salteño Juan Carlos Romero planteó: “Dado el trámite exprés de esta idea, resulta que la comisión no pudo tratar los invitados”, tras lo que solicitó que se pusiera en consideración la propuesta de la oposición de enriquecer el debate con el aporte de otros invitados como el ministro de Economía, Martín Guzmán, que es alguien que está al tanto de la deuda; también el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, que está ligado al tema de la deuda y a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, para explicar los alcances de esa posible manera extraña de recuperar recursos; y al doctor Daniel Sabsay para tener una visión amplia de las opiniones y técnicas”.

Foto: Comunicación Senado

El primero en exponer fue Guillermo Wierzba, quien consideró al proyecto como “trascendental en Argentina”, y apuntó contra la gestión anterior porque “la cifra fugada es idéntica a la deuda” provocando procesos de “desvalorización financiera” que generan “desconfianza y una huida de capitales”.

En ese sentido, remarcó que “esto debe resolverse mediante la responsabilización, el pago y el aporte de divisas por parte de los que se beneficiaron por la fuga”, y lo calificó como “un acto de justicia“.

“La fuga se dejó correr hasta tener un endeudamiento exorbitante con el FMI, que tiene la característica de construir deuda y condicionamiento y sesión de la soberanía porque implica la intervención del Fondo en políticas internas”, criticó el director del Banco Nación y ratificó: “La responsabilización de los sectores que han fugado es el acto de justicia, si la tienen que la retornen y evitar políticas de ajuste internos que en general operan sobre la política fiscal llevando a políticas monetarias y contractivas que son limitadoras del crecimiento económico que afectan el empleo, los salarios y las condiciones d vida del pueblo, en si el derecho al desarrollo y el derecho de adoptar políticas para mejorar las condiciones”.

En relación al proyecto sostuvo que “dispone a actuar sobre donde hay que actuar, sobre las causalidad y responsabilidad respecto de la crisis generada en el sector externo, no sobre la fiscalidad argentina, sino sobre el sector externo. Es un fondo destinado a resolver el problema creado por un aspecto de la política económica de la cual política que se favorecieron quienes utilizaron los fondos prestados para fugar”.

Por su parte, en su breve intervención el economista Horacio Rovelli remarcó que “es un hallazgo el proyecto que propone levantar el secreto fiscal que había sido puesta con la dictadura”, y cerró: “Esto es un proyecto importantísimo para que la deuda la paguen quienes fugaron y no el pueblo argentino, que se investigue eso”.

Otra de las expositoras fue la directora del Banco Nación Julia Strada, quien ponderó la “política que lleva adelante el Gobierno del Frente de Todos”, y señaló que el país tiene un endeudamiento del 82,2% del PBI que un 74% está en moneda extranjera y “para pagar eso necesitamos dólares y por eso necesitamos dólares”.

“Desde el 2015 al 2019 el endeudamiento externo fue la forma de pagar los activos externos que se dolarizaron. Hoy tenemos políticas de sabana corta que nos lleva a eso, porque tenemos una situación de dólares limitados. Una fuente es ir a buscar los dólares que están en el exterior, argentina es un acreedor neto frente al mundo”, explicó Strada y cuestionó: “La deuda no fue para pagar una deuda anterior, sino para financiar fuga de capitales. Argentina tiene una economía bimonetario porque atesorar en dólares es un negocio”.

Por último, la economista Noemi Brenta celebró ambos proyectos y sugirió nombrarlo “Fondos de reparación o resarcimiento al pueblo argentino por el daño de 46 años de sobrendeudamiento que nos han ocasionado porque todos somos el pueblo”, y concluyó: “Es imprescindible para un país libre de los condicionamientos del Fondo Monetario y con una base contributiva”.

El debate

Al inicio del debate, el senador neuquino Oscar Parrilli cuestionó a la oposición por calificar de “exprés” el tratamiento de los proyectos y apuntó: “Lo único exprés que vi fue la reacción de algunos senadores de la posición que apenas dos horas ya se habían salido a oponer, pero de ninguna manera estamos frente a un tratamiento exprés”.

“Es un proyecto de ley que trata un tema que ya fue ingresado en el Senado, trata las relaciones del Poder Ejecutivo con el FMI. Tiene que ver con algo importante que es defender la democracia, significa que las decisiones políticas en materia economía la tomen los funcionarios que fueron votados por el pueblo. Estamos convencidos que la presencia del FMI, a lo largo de la historia, ha condicionado la democracia argentina en muchas oportunidades ha hecho caer a gobiernos”, explicó y remarcó que el objetivo es la cancelación de la deuda con la entidad financiera.

Además, el legislador neuquino reconoció que “si bien nuestro bloque votó de forma dividida el acuerdo con el Fondo, estamos convencidos de que no se puede gobernar un país teniendo el FMI encima como dejó esta pesada herencia. La política económica que llevó adelante el presidente Mauricio Macri fue decidida por él y sus colaboradores, pero la actitud que se tomó en el 2018 de volver al Fondo condicionó el futuro”.

“Se suponía que el préstamo que se tomó de 44 mil millones de dólares se iba a pagar en tres años, no se sabe qué tenían en la cabeza cuando hicieron eso, la intención era poner nuevamente las exigencias sobre la política argentina. Este proyecto busca la cancelación total de la deuda y para eso creamos una cuenta especial en dólares porque así hay que pagarle al fondo y prevemos que los aportes que se realicen sean en dólares que se fugaron. También creamos la figura del colaborar sobre la que tuvimos mucha precaución, tomamos el modelo del denunciante de Estados Unidos y la adaptamos a la legislación argentina”, explayó Parrilli.

El senador neuquino Oscar Parrilli. Foto: Comunicación Senado.

A su turno, el radical Martín Lousteau (CABA) criticó los dichos de Wierzba: “El expositor se refirió al tema de la fuga y por ende la falta de dólares en un país que necesita dólares. Estoy de acuerdo con eso, pero este proyecto no se refiere a la fuga, sino a los bienes no declarados en el exterior, no estamos tratando de corregir la fuga, por eso digo las cifras de Cristina, no había un modelo neoliberal y había fuga”, y reiteró: “Es un proyecto que busca los bienes no registrados en el exterior, son dos cosas distintas y les cobran menos a los que tienen bienes no declarados en el exterior, es un blanqueo eso”, y preguntó: “Este proyecto ¿resuelve el tema de la fuga o busca quienes tienen plata no declarada en el exterior?”.

Ante ello, tomó la palabra Parrilli quien le aclaró que “fuga hubo siempre, pero no la fomentábamos. Otro problema es la economía bimonetaria”, y bregó por poder “resolver ese problema”. En cuanto a la consulta del radical, el senador neuquino remarcó: “Este proyecto no soluciona la fuga, eso se soluciona con otros medios como Macri que tomó cepo. Queremos crear un fondo para cancelar la deuda que contrajeron ustedes”.

“Durante los procesos de liberalización las aperturas de cuentas de capitales de carácter indiscriminado, unidas con otras políticas, generó un problema de crisis externa y de agudo crecimiento de activos externos, de la salida de capitales. No hubo crisis por fuga, hubo un proceso de pocos años en los cuales el endeudamiento creció sustancialmente”, respondió el director del Banco Nación y resaltó: “Me parece justo que se constituya un fondo con dólares que están en el exterior y tiene que ver con el proceso de fuga para pagar la deuda que se origina por proyectos de apertura de la económica que entrelazan temas de fuga y evasión fiscal”.

La senadora Lucila Crexell (Neuquén) consultó por la diferencia entre “los fondos fugados al exterior y quienes tienen fondos fugados fronteras al interior”, ante lo que Wierzba explicó que “los grandes fondos concentrados y los fenómenos internacionales se relacionan con guaridas fiscales y diversificación de firmas, es el centro de las políticas de fuga están construidas sobre la base de la salida de fondos del país”.

A su turno, Zimmermann celebró el intercambio y la presencia de los invitados para enriquecer el proyecto y preguntó si no sería un “acto de justicia” que se amplié y se cobre sobre bienes que no están declarados dentro del país.

“Este proyecto responde a una situación creada por una política que abrió la cuenta de capitales y que por lo tanto facilitó la huida de fondos al exterior, no es una cuestión de orden abstracto es una cuestión de recuperación de fondos”, precisó el funcionario y cuestionó: “El Fondo Monetario a su vez facilitó un préstamo que fue utilizado íntegramente en la salida de capitales al exterior y no en la constitución de depósitos. Hay una diferencia sustancial”.

En otro pasaje de la reunión, el riojano Julio Martínez (UCR) contextualizó el proyecto y cuestionó que “se han dicho verdades a media porque estamos tratando un proyecto que pretende pagar la deuda que es del 12% total, no es cierto que el gobierno anterior es el único responsable de la deuda argentina, el responsable es que hay gobiernos con déficit que no lo resuelven y van generando pobreza, inflación, esto no es de derecha ni de izquierda. Néstor Kirchner tuvo la posibilidad por la devaluación que hizo Eduardo Duhalde y la rifó porque pronto entramos en déficit”.

“Los 44 mil millones de dólares que entraron por el crédito del fondo fueron fugados por amigos del expresidente, ¿tiene datos? Porque lo que vi es que cada ingreso de fondos de datos de la realidad es que cada ingreso del crédito ha sido para pagar vencimientos del gobierno anterior que fueron encajados y lo demás fue para pagar el gas que se importaba por mala praxis del otro gobierno que no abasteció al país”, cuestionó el legislador por La Rioja.

Y cerró: “No me banco más eso de que uno son los pagadores y otros endeudadores, durante el gobierno de Cristina se tomaron 130 mil millones de dólares, en este gobierno 65 mil millones, este gobierno en dos años endeudaron más que el gobierno de Macri”, y preguntó si “considera poner los fondos de Santa Cruz en el exterior fue un movimiento de lavado no vamos a dejar verdades que son mentiras”.

Por su parte Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA) le pidió la opinión Wierzba respecto de que “el ministro Guzmán volvió al Fondo y el Gobierno va a seguir recibiendo desembolsos del Fondo”. “El que recurrió al Fondo y que dejaron un cronograma inabordable de pagos es el gobierno anterior. El proyecto fue refinanciar un cronograma de pagos imposibles de abordar que heredo. Para mí la negociación debió haber terminado de otra manera”, respondió el funcionario.

El presidente del bloque del FdT, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti. (Foto: Comunicación Senado)

La vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), destacó el debate y las opiniones, tanto de los expositores como de la oposición, y se mostró predispuesta a aceptar sugerencias o modificaciones para mejorar el proyecto en post de beneficiar a la sociedad argentina.

“Nosotros entendemos que con esta ley primero se va a constituir un fono en dólares para pagar la deuda, segundo sumamos herramientas a la AFIP y a la justicia porque habilitamos a la procuración general a que puedan flexibilizar el secreto fiscal, bancario, bursátil y le damos e poder a la bicameral de deuda para que puedan colaborar en el proceso de encontrar los dólares que ha producido, en el mejor de los casos, el trabajo de los argentinos y con las riquezas naturales y sobre todo queremos que sea una política de estado que trascienda. Necesitamos políticas de estado que culturalmente con el país de los años las riquezas tienen que quedarse en el país y tributar para que podamos crecer a lo ancho y a lo largo”, expresó.

Y ratificó la bienvenida de cualquier idea del arco opositor que brinde herramientas para “sacarnos de encima al Fondo y a la deuda”.

El jefe del bloque del FdT, el formoseño José Mayans, explicó: “La deuda está en 365 mil millones de dólares, hubo que renegociar la deuda. Estamos sin presupuesto, no nos olvidemos de eso y uno de los temas que tiene es el endeudamiento público y el Congreso tiene que asumir esa responsabilidad”.

“Tenemos una deuda internar, que es son la pobreza, la indigencia, con la seguridad, la educación, con la inversión pública, con el empleo, con la salud; y una deuda externa que nos dejaron. Es un problema grave y la situación empeora. También reconocemos errores que no se pueden volver que después terminan pagando el laburante, el pobre, no podemos permitir eso”, sostuvo Mayans y cerró: “No podemos volver a permitir la instalación de una bicicleta financiera”.

Los proyectos

En el primero de los casos, se trata de un proyecto de un grupo de senadores encabezados por Oscar Parrilli, que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, a través del cual se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.

“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, fundamenta el proyecto, que anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente.

La ley también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

Los senadores proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

El otro proyecto también es de Parrilli y compañía, que prevé la modificación de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco. Se busca con ello que los fiscales a cargo de la investigación de la causa por evasión no estén obligados a esperar la autorización de un juez para acceder a la información sobre las cuentas no declaradas en el extranjero.

El Senado comenzará el debate sobre el Consejo de la Magistratura

Tras el tratamiento del acuerdo con el FMI, la Cámara alta iniciará este martes el análisis del proyecto enviado por el Ejecutivo para modificar ese organismo clave del Poder Judicial. Será en un plenario de comisiones.

Luego de que en el fallido período de sesiones extraordinarias no se avanzara con la reforma al Consejo de la Magistratura, finalmente el Congreso de la Nación abordará a partir de este martes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Superada la instancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que acaparó toda la atención de ambas cámaras durante todo este tiempo, a contrarreloj el Senado se propone dar inicio al tratamiento de la reforma al Consejo de la Magistratura que tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo de la Magistratura de 20 miembros.

El Tribunal Supremo de la Nación dispuso un plazo de 120 días corridos la resolución del tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

El tratamiento comenzará este martes a las 16 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta en el marco de un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que se constituyeron recientemente a los efectos de tratar este tema con celeridad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que será la cabecera, está presidida por el jujeño Guillermo Snopek, mientras que el kirchnerista Oscar Parrilli continúa al frente de la Comisión de Justicia, como durante los dos últimos años.

Según trascendió, se espera que al plenario asistan el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro, Juan Martín Mena, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

El proyecto del Ejecutivo

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque en este proyecto no se contempla la presencia de un miembro del Consejo presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

Por ser un tema de Justicia, no hay acuerdo entre el oficialismo y la principal bancada opositora. Incluso, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio presentarían un contraproyecto unificando las distintas iniciativas que presentaron desde el espacio político respecto al tema, en las cuales le dan participación a la Corte Suprema de Justica.

Entre los senadores que han presentado sus propios proyectos se encuentran Alfredo Cornejo y Mariana Juri, Silvia Giacoppo, Eduardo Vischi, Alberto Weretilneck y Nora del Valle Giménez.

Jetter: “No me hablen del Estado presente porque en Corrientes no estuvo”

Eso expresó la diputada correntina al señalar que en el memorando con el Fondo no se menciona la reducción de gasto público. También, apuntó fuerte contra el oficialismo y les sugirió que “vayan a buscar los votos a su bloque”.

En su exposición durante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja en el tratamiento del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la diputada nacional Ingrid Jetter (Pro – Corrientes) reiteró el rechazo al acuerdo y apuntó duro contra el oficialismo porque “no les gusta reducirse los gatos políticos” y mencionó: “Aerolíneas Argentinas, el nuevo contrato que le hicieron al entrenador de Dylan, los gastos en picadas de Alberto (Fernández) y Fabiola (Yáñez)”. Además, recordó la situación de incendios en su provincia: “El Estado no estuvo presente”.

Al comienzo de su exposición, Jetter le sugirió al bloque del Frente de Todos que le cuenten a “Máximo (Kirchner) y a todos sus amigos de las consecuencias del default, que no están acá y no se hacen cargo de la catástrofe”. A su vez, reiteró: “Es imposible que acompañemos el proyecto cuyo mensaje no coincidimos porque dejan en claro que no refinancian, piden otro crédito, tienen otra concepción entonces no nos pidan que apoyemos el programa”.

“Tampoco compartimos los alabes que se hacen a la política de salud pública, no se hacen cargo de los 128 mil muertos, del vacunatorio vip, no se hacen cargo de nada. Tampoco compartimos lo que dicen sobre el endeudamiento hablan exclusivamente d e l deuda que se tomó desde el 2015 al 2019, la deuda la generaron ustedes a través de tantos gobiernos nefastos y del déficit fiscal del cual no se hacen cargo”, detalló.

En suma, señaló cuestionó: “El ajuste que no les gusta, no les gusta reducirse los gastos políticos, no hablo de gastos sociales. Hablo de Aerolíneas Argentinas que gasta 12 millones por día, hablo del nuevo contrato que le hicieron al entrenador de Dylan, hablo de los gastos espurios que no se pueden justificar, hablo de los gastos que Alberto y Fabiola se gastaron en picadas, eso la gente no come vidrio, el ajuste no se trata de reducir gastos necesarios, se trata de reducir gastos espurios y de corrupción”.

“Pretenden hacer ajustes y no se trata de reducir gastos necesarios, plantea la reducción del déficit a través de tarifas”, indicó la diputada del Pro y acotó sobre el tema tarifas y subsidios: “En realidad nosotros recibimos un país que gastaba el 4% del PBI en subsidios, les devolvimos un país que redujo al 1,1% del PBI en subsidios y ustedes lo llevaron al 2,5% y en el 2019 pretendieron que en una ley de emergencia le devolvieron el subsidio al AMBA, lo cuestiono porque nosotros no pagamos la luz que pagan y no tenemos gas subsidiado, tenemos garrafas. Ustedes en dos años subsidiaron el gas y la luz a los que más tienen”.

Y siguió: “Nada dicen de que le van a sacar los subsidios a los que producen, a los que generan trabajo. Hacen el ajuste a través del revaluó fiscal una forma fácil de seguir sumando impuestos de forma escondida, el ajuste más grave es la inflación, pretenden que el programa se financie con inflación y es el impuesto más regresivo que existe en el mundo y lo va a pagar el que menos tiene”.

“¿Por qué no plantean una reducción al gasto público?”, preguntó Jetter y recordó: “En el 2003 recibieron un Estado con 480 mil empleados públicos y nos dieron un estado en el 2015 con 764 mil empleados públicos”.

En ese momento, recordó los incendios en su provincia y cuestionó: “No me hablen del Estado presente porque en Corrientes no estuvo, el Ministerio de Ambiente no estuvo, nos aumentaron los impuestos y sin embargo el programa de Manejo del Fuego no existió, ahora se acordaron de Corrientes el estado presente de ustedes no existe”.

Por último, recordó la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso: “El presidente se jactó te en su discurso inaugural de que no iba a hacer reforma laborar mirando a Pablo Moyano y a sindicalistas, ustedes avalan a sindicalistas millonarios mientras tenemos un 40% de empleo informal”, y cerró: “También se jactó de que no iba a haber reforma previsional, es fácil decirlo cuando al lado tenía a una persona sentada – Cristina Kirchner– que cobra 3 millones por mes cuando la mayoría de jubilados a penas supera 30 mil pesos por mes, es fácil decir que no habrá reforma previsional”.

Heller hizo un recorrido histórico de cómo se contrajo la deuda externa

En el plenario, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja partió desde la dictadura militar hasta el gobierno de Mauricio Macri. “No podemos entrar en el análisis sin mirar un poquito de dónde venimos”, sostuvo.

Previo a la ronda de oradores en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas para analizar el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Carlos Heller se tomó unos minutos para hacer un recorrido histórico de cómo se contrajo la deuda externa.

“Hay un debate recurrente de quién contrajo la deuda, cómo se generó. Traté de armar un breve resumen de la historia de la deuda externa Argentina porque me parece un buen pilar para comenzar a debatir. Me fui a un punto que es la dictadura militar cuando interrumpe el proceso constitucional la deuda externa no alcanzaba los 5 mil millones de dólares era irrelevante”, relató Heller.

Y continuó: “Cuando se fue la dictadura la deuda había crecido y se acercaba a 40 mil millones, de los cuales 23 mil millones provinieron de la estatización de la deuda externa privada. Efectivamente en una decisión política de la dictadura por las cuales deudas que las empresas tenían con el exterior, en dólares, el Banco Central se hizo cargo y esas empresas quedaron con deudas en pesos a bajas tasas de interés reguladas, que significó una importante licuación de esas deudas”.

En tanto procedió a leer quiénes se beneficiaron: “COGASCO S.A 1.348 millones de dólares, Autopistas Urbanas 950 millones, Celulosa Argentina 836 millones, Banco Rio 520 millones, Alto Paraná 450 millones, entre otros. Fueron 70 empresas que tuvieron el beneficio de esa estatización que fue asumida por el conjunto de la sociedad porque se convirtió en deuda pública”.

“En octubre de 1983 el FMI suspendió el crédito stand by que le había dado al momento que asumió el gobierno de Raúl Alfonsín que tuvo que asumir una herencia pesada de esa deuda que había sido contraída por la dictadura. El gobierno obtuvo algunas refinanciaciones hasta 1988 no pudo pagar los intereses, entro en mora lo cual se mantuvo y tuvo que adelantar el traspaso presidencial en el marco de un proceso hiperinflacionario que vivía la Argentina”, detalló el diputado.

Em ese marco, prosiguió: “Asumió Carlos Menem que llevó adelante el Plan Brady por el cual, la deuda con los bancos que tenia el Estado, pasó a ser deudas públicas que se atomizaron en el mercado y eso generó un proceso de altísima volatilidad y por aquella época apareció el riesgo país”.

En tanto, contó que “toda la deuda comenzó a emitirse en títulos públicos, esos bonos fueron la incubadora que luego finalizó con el proceso de los denominados fondos buitres que, como todos sabemos, no son tenedores originales de bonos de los países, sino que son comprados de bonos en situaciones de default”.

“Hubo en esa época durante ese gobierno un proceso de gran endeudamiento y ahí la deuda externa ascendió a los 85 mil millones de dólares. Luego el gobierno de la alianza también recurrió a diversos procedimientos de ajuste con el estado nacional y las provincias, el blindaje, el mega canje, aparecieron las cuasi monedas, la deuda externa se incrementó y llego a los casi 90 mil millones de dólares”, sumó Heller.

En otro tramo, precisó que “el gobierno de la alianza, de De La Rúa tuvo que implantar el corralito producto de la corrida del sistema financiero, producto de la anormalidad de la dolarización difícil de soportar. Al corralito, le siguió el corralón, vino la devaluación, vino una enorme caída del PBI y entonces el indicador pasó al 139%”.

“Asume el gobierno de Néstor Kirchner que inicia una política de desendeudamiento que incluye un canje agresivo en el 2005 que incluye quitas del 66, 6% del valor nominal, aceptado por el 76,15 de los montos elegibles y también el pago anticipado con el Fondo anunciado en diciembre del 2005 en torno a los 10 mil millones de dólares que se cancelaron”, expresó.

A su vez, relató que “el gobierno posterior de Cristina Fernández de Kirchner reabrió el canje en el 2010 llevando la aceptación del 76, 15 que se había logrado al 92,4 del monto impago del 2002, es decir concretando esa quita del 66 % del valor nominal. Encaró un proceso de regularización de la deuda con el Club de París y quedó un 7% con los Fondos Buitres, resuelto en el inicio del gobierno de Mauricio Macri en el 2016”.

“Los indicadores de la deuda externa se habían revertido a fines de 2015 representaban alrededor del 15 % del PBI. El gobierno que presidió al de Macri, inició un nuevo proceso de endeudamiento para que los números queden de la siguiente manera: al cuarto trimestre del 2015 la deuda estaba en el 15 y pasó al 42, 8 % a fines del 2019, estos datos son oficiales”, señaló el presidente del plenario.

Acto seguido, retomó las declaraciones de Nicolás Dujovne cuando aún no era ministro donde dijo: “Dentro de este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, se refería al gobierno de Cristina, también nos dejó una bendición porque el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo que nadie le prestaba plata. Entonces la argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos”.

Y cerró: “No podemos entrar en el análisis sin mirar un poquito de dónde venimos”.

Diputados van por el dictamen para el acuerdo con el Fondo

El plenario se reunirá este miércoles a partir de las 13.30, ya sin invitados: los diputados discutirán el proyecto para habilitarlo para llevarlo al recinto.

Tal cual lo acordado oportunamente al elaborar el cronograma para el tratamiento del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara baja se reunirá este miércoles.

Será a partir de las 13.30, en la Sala 2 Anexo C, y serán ahora los propios legisladores los que expondrán ante sus pares. El presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, adelantó que en caso de extenderse la lista de oradores se procederá a un cuarto intermedio y se retomará la reunión al día siguiente, fecha en la que el oficialismo quiere llevar al recinto el proyecto.

En esta oportunidad, los diputados nacionales analizarán el entendimiento y brindarán sus argumentos a favor o en contra del mismo. El oficialismo buscará elaborar dictamen con el texto original que envió el Poder Ejecutivo, mientras que la oposición de Juntos por el Cambio buscará emitir su propio dictamen, tal cual adelantaron este martes al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con solo un artículo avalando el refinanciamiento de la deuda.

En efecto, los referentes de JxC plantearon la posibilidad de abstenerse en la votación en general si no hay cambios al dictamen en el artículo 2 -el referido al programa económico-; y aprobar el primer artículo, pero abstenerse o rechazar el segundo, según el criterio de cada bloque.

El tratamiento del acuerdo comenzó este lunes con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce (a pedido de Juntos por el Cambio); el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

El cronograma de debate siguió este martes con la exposición de miembros de la CGT, la CTA y los movimientos sociales. Tras un cuarto intermedio, se hicieron presente gobernadores, representantes de cámaras empresarias como ADEBA, CGERA, APYME, y el Grupo de los 6.

FMI: cómo sigue el debate en el plenario

Este martes continuará con la visita de gobernadores, centrales sindicales y empresarios.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados continuará este martes con una serie de invitados.

Según confirmaron autoridades legislativas, en la Sala del Anexo C se presentarán gobernadores invitados a exponer sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

También escucharán a representantes de la CGT, la CTA Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores y la CTA Autónoma.

También asistirán representantes del Conicet, y miembros de cámaras empresarias. Habrá representantes de la Unión Industrial Argentina, el Grupo de los 6, CAME y la Confederación General Empresaria.

También visitarán el plenario industriales Pymes Argentinos, la Fundación Pro Tejer, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y Empresarios Nacionales por el Desarrollo.

En plena campaña, se viene un plenario de Relaciones Exteriores y de Trabajo del Senado

Los temas en agenda del plenario en la Cámara alta no son conflictivos pero la política internacional será uno de los puntos de mayor tensión.

comision relaciones exteriores senado septiembre 2020

A poco más de un mes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el Senado realizará el próximo lunes 9 a las 16, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social en forma virtual, con el objeto de tratar dos proyectos de ley de convenios de seguridad social con otros países firmados en el gobierno anterior.

Uno de ellos, data de 2019 y es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aprueba el convenio de seguridad social con la República de Corea, suscripto el 27 de noviembre de 2018, por el expresidente Mauricio Macri.

La otra iniciativa de ley prevé la aprobación del convenio con el Estado de Israel sobre seguridad social, firmado el 12 de septiembre de 2017, también durante el macrismo.

Si bien estos temas no son conflictivos, la política internacional será el tema principal que puede generar cruces entre los legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que hace tiempo piden la visita del canciller Felipe Solá por la postura adoptada por el Gobierno nacional respecto a la situación en Cuba y en Nicaragua.

Convocan de forma presencial a plenario de comisiones para avanzar en la reforma del Ministerio Público en Diputados

Tras el el cruce con la oposición en la reunión informativa por Zoom, el oficialismo citó a una reunión conjunta para el próximo martes 18 a las 19. Habría dictamen.

Las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocaron este viernes a una reunión conjunta de forma presencial para tratar la media sanción del Senado que prevé modificaciones a la Ley del Ministerio Público Fiscal, por lo que se podría firmar dictamen.

La citación, a la que tuvo acceso Parlamentario.com, es para el próximo martes 18 a las 19 en la sala del segundo piso del Anexo C de la Cámara baja.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos).

Horas antes de la citación se llevó a cabo una reunión informativa por Zoom en la que expusieron académicos y funcionarios judiciales, pero hubo un condimento político ya que Juntos por el Cambio dijo que era “una farsa” y se retiró mientras que el oficialismo acusó a JxC de ser “infantiles” y de “poner excusas para no debatir”.

La iniciativa a tratar en dicho plenario en forma presencial fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.

La media sanción del Senado

El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.

Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.

Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.

El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.

En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.