La subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansky, disertó ante un plenario de las comisiones de Ambiente y Energía de Diputados en el arranque del debate sobre el proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.

La funcionaria destacó la importancia de reducir las emisiones de metano porque “el sector de petróleo y gas que siga creciendo y crezca más porque no nos sirven de nada los recursos si están enterrados, sino que tenemos que poder utilizarlos. Para el gas natural hay una ventana temporal que es imprescindible tratar de aprovechar al máximo para generar riqueza”.

“Argentina pretende ser un país netamente exportador y la demanda, tanto de hidrocarburos como de otros bienes que la Argentina puede producir y exportar, requiere del cumplimiento de compromisos de gases de efecto invernadero”, señaló y agregó que el país debe “cumplir” con los compromisos como, por ejemplo, no exceder las 349 megatoneladas netas absolutas del inventario del 2030 que es el compromiso “legal vinculante” por Ley en 2016 el Congreso ratificó la suscripción del acuerdo de París.

Beljansky destacó que esta gestión de Gobierno “por primera vez” crea en su estructura que es una subsecretaría de transición en la órbita de Energía bajo el Ministerio de Economía a fin de tener “una mirada y abordaje integral de la transición hacia economías más bajas en carbono. En dicho ministerio están representadas el 90% de las emisiones de efecto invernadero del país. Las emisiones del sector energético nada más representan el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

“Hay que tratar de hacer la transición hacia una economía más baja en carbono, una oportunidad para ser un país netamente exportador porque no hay que olvidarse que es parte de lo que pretendemos para que Argentina tena mucho más nivel de producción económica y exportación y tener confiabilidad para poder acceder a financiamientos”.

La funcionaria explicó que dentro de las misiones de la secretaría “están enfocadas en establecer una asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que resulten compatibles con el cumplimiento del acuerdo de París en la proporción en que, cada quien que emite, tiene que hacerse responsable de sus emisiones, pero a su vez, es libre de cumplir con no superar ese umbral de derechos de emisión como quiera”, y sumó: “También para hacer que la transición sea más costo efectivo, justamente para tratar de poder crecer con la menor cantidad de limitaciones. No auto imponernos más limitaciones que, la demanda de productos y del cumplimiento de los acuerdos que tenemos suscriptos, nos requiera”.

La expositora contó que establecerán un mecanismo de Mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero conocido como “Cap and Trade”. “En eso venimos trabajando desde el 11 de diciembre del año pasado y hemos avanzado bastante en ese sentido en el diseño del esquema de asignación de derechos de emisión y en el esquema de mercado de derechos de emisión”, comentó y explicó que han hecho una presentación de interés para tener la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Hay 38 ‘Cap and Trade’ vigentes operativos en el mundo 14 países que están evaluando implementarlo básicamente porque ha demostrado ser un instrumento que pone un precio al carbono que resulta más efectivo y que aumenta la productividad de las Industrias o de los sujetos obligados”, informó y planteó: “Estamos en un momento donde Argentina justamente quiere crecer y hay que tratar de crecer de la manera más inteligente para poder cumplir también con los requerimientos de nuestros compradores de bienes y productos que queremos exportar”.

Sobre el proyecto de ley, puso el foco en la autoridad de aplicación que establece que sea Ambiente: “En realidad es una ley que está dedicada y enfocada en el sector de exploración, explotación y todo lo que tenga que ver con el gas y, en realidad eso está dentro de las competencias que tiene la Secretaría de Energía”.

Sin embargo, propuso que “puede ser una responsabilidad compartida porque energía y ambiente en muchos casos se interrelacionan”, pero reiteró: “Las misiones y funciones de la Secretaría de Energía está generar todos los instrumentos para ver que ese sector energético sea sustentable en términos económicos, pero también en términos ambientales”

Así, adelantó que el ‘Cap and Trade’ sobre el que están avanzando está enfocado en implementarlo en el sector energético, pero “aspiramos realmente a poder extenderlo a otros sectores de la economía que va a tener sus propias reglas de juego”, y precisó: “Lo que nosotros estamos aspirando es en diseñar de manera muy participativa con las compañías cómo vamos a hacer nuestras ecuaciones para ver cuáles son las emisiones que cada uno de esos sujetos obligados está emitiendo para ver si cumplió o no cumplió con el umbral asignado”.

“La Argentina tiene que reportar su inventario Nacional de gases de efecto invernadero. El inventario tal como se hace en este momento no captura muchas de las implementaciones que son el más costo efectivas para la industria de petróleo y gas a la hora de reducir emisiones básicamente, porque usamos un factor de misiones por defecto para producción de sheil y un factor de misiones por defecto para producción de hidrocarburos convencionales y multiplicamos actividad productiva o volumen de producción por ese factor de emisiones por defecto”, explicó Beljansky, pero señaló: “La verdad es que eso no captura posibles medidas que las compañías pueden implementar. Entonces no hay un incentivo real, eso no se ve reflejado porque simplemente se multiplica un dato de actividad por un factor de emisiones que no lo está capturando”.

“El país tiene el compromiso de no exceder las 349 mega toneladas netas absolutas”

Otro de los puntos del proyecto que le generó preocupación, es si la autoridad de aplicación es Ambiente “puede tener sus reglas de cálculo que, en principio, son las del inventario y, entonces, no se van a ver reflejadas las medidas que las compañías van a estar implementando y, por otro lado, van a tener una manera de reportar cuál es su nivel de emisiones asociados con el ‘Cap and Trade’ que va a estar operativo”, y sugirió: “Lo más razonable es que las reglas de juego y la manera de reportar de las compañías sea única. No dupliquemos esfuerzos, pero me parece que en el ‘Cap and Trade’ vamos a establecer cómo son las reglas para poder implementarlo”.

“Me parece fundamental que la autoridad de aplicación sea la misma autoridad que está implementando el ‘Cap and Trade’ para el sector energético, que al fin y al cabo es la que genera la normativa técnica o la reglamentación de detalle para ver cómo se van a reportar o a declarar o a verificar o a controlar las emisiones de metano en este caso, pero en realidad nosotros lo haríamos para todas las emisiones no solo asociadas a metano”, consideró.

Otro punto que señaló de la iniciativa es la compensación de créditos y explicó: “El que hizo las cosas bien antes, ahora no se le está pidiendo un poco más, sino que justamente, no perjudicamos al que innovó y, por el otro lado, que tenemos sí o sí que dejar derechos de emisión gratuitos para nuevos volúmenes de producción o para nuevos actores para que esto no se convierta en algo que pueda hacer una barrera de ingreso, pero para eso necesitamos una actividad muy comprometida de las empresas para tratar de entender. No se busca perjudicar a nadie, pero saber que tenemos que hacer nuestro desarrollo y tener un crecimiento con estas condiciones de borde”.

Así, celebró que “haya iniciativas como éstas que están alineadas en tratar de tener un desarrollo económico y de un sector que entiendo que va realmente a explotar. Va a ser un sector que va a tener muchísimo crecimiento en los próximos años y es fundamental que hagamos las cosas también para que el mercado esté dispuesto y esperando nuestros productos y no que empecemos a generar algún rechazo de algún tipo”.

“Estamos en el momento correcto y, si hacemos las cosas bien, hay una ventana temporal para valorizar nuestros recursos de hidrocarburos fenomenal y la verdad que insisto en que me parece valioso”, destacó.

Por otro lado, hizo algunas consideraciones respecto de la redacción como por ejemplo las compensaciones: “Acá se habla como de forestar con especies nativas. En realidad, nuestro inventario nacional habla de emisiones netas absolutas. No me gustaría que en nuestro ‘Cap and Trade’ no va a haber una limitación de que alguien compense con especies nativas. Se puede compensar con cualquier cosa que capture porque, insisto, nuestro compromiso país está sobre misiones netas absolutas de no exceder ese 349 en el inventario 2030”.

Beljansky cuestionó que el tema “efectivamente estaba en la Ley Bases que en algún momento de la negociación se quitó. Si me hubieran preguntado yo no le hubiera quitado”.

En tanto, indicó que “ya estaba dentro de las funciones de la secretaría hacer instrumentos sectoriales para cumplir con mitigación o adaptación frente a escenarios climáticos futuros”, y manifestó que la intención era que estuviesen todos los sectores involucrados y no solo el sector de energía.

Así, planteó que uno de los pilares del sector era “encarar la transición energética, no copiando un modelo de otros países, sino haciendo un propio modelo entendiendo que el sector energético tenía que tener un perfil netamente exportador con un crecimiento muy importante. Para eso teníamos que mostrar sustentabilidad económica, pero sustentabilidad ambiental también porque gran parte de nuestros producidos van a mercados que están también mirando”.

La Cámara de Senadores comenzará a darle tratamiento al proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.

La iniciativa recibió la media sanción en Diputados el pasado 14 de agosto con 208 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones. Será puesta a consideración en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, presidida por Luis Juez (Pro) y Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso).

El encuentro tendrá lugar en el Salón Illia del Palacio Legislativo el miércoles 25 de septiembre a las 13 y contará con la presencia del secretario de Asuntos Internacionales para la defensa Juan Battaleme.

Luego, a las 14 la Comisión de RR. EE se reunirá con Presupuesto y Hacienda para poner a consideración un proyecto del Ejecutivo que aprueba el protocolo de enmienda al convenio con el gobierno de la república francesa a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de diciembre de 2019.

El oficialismo en el Senado reflotó este martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales el debate sobre el proyecto de boleta única de papel para las elecciones nacionales, que quedó trabado hace siete meses durante las sesiones extraordinarias, ocasión en la que se habían emitido dos dictámenes.

Uno de ellos es el de mayoría que respalda el Ejecutivo y viene con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2022. El otro, corresponde a la rionegrina Mónica Silva que cuenta con el aval de UP.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, disertaron funcionarios del Poder Ejecutivo Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior; el vicejefe de Gabinete de Ministros, José Rolandi; la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo; y la directora Nacional Electoral, Luz Landívar.

Los invitados respaldaron el proyecto que “mejora la oferta electoral” y resuelve problemáticas tales como robo o rotura de boletas; y explicaron las propuestas de modificaciones al despacho de mayoría. Desde el bloque Unión por la Patria criticaron la reunión y respaldaron el sistema electoral vigente.

Al inicio del encuentro, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Unidad Federal), planteó: “Hemos quedado en claro que este proyecto iba a tener y se iban a aceptar propuestas en el recinto a la hora de su tratamiento”.

Kueider informó que, en el transcurso desde que se emitieron los dictámenes hasta el día de la fecha, han ingresado otros proyectos de ley: uno de su autoría, otro de la radical Carolina Losada, otro del jefe del bloque UP José Mayans. Así, comentó que, en vistas de un eventual tratamiento en el recinto, el Poder Ejecutivo “ha tomado vista del proyecto a sancionar y también ha hecho observaciones”.

El entrerriano sostuvo que, cuando se firmaron los dictámenes, “la idea era tener una ley de BUP y luego íbamos a proponer una modificación posterior”, pero recordó que “había quedado una eventual discusión sobre unos puntos en particular que darían una paridad en la definición del proyecto. Por lo tanto, en esos nuevos aportes que surgieron aparecen cuestiones que no podemos llevarlas al recinto dada su complejidad y comenzar a debatirlos ahí”.

Por eso, Kueider explicó el motivo de la reunión informativa para saldar esas modificaciones “para cuando se haga la convocatoria a sesión estemos en conocimiento de cuáles son las distintas propuestas y arribar a un mayor consenso y en el recinto ir directamente al debate en el tema en sí mismo. La idea es emprolijar el eventual tratamiento que en algún momento se dará”.

“Hagamos un proyecto que salve todas las cuestiones que puedan llegar a ser discutibles, hagamos un buen proyecto de ley. No hagamos proyectos de ley que después tengamos que ir emparchando y démosle a la República Argentina una ley electoral que perdure en el tiempo y que esté fuera de discusión. Ojalá podamos arribar a eso con el mayor consenso”, expresó.

Además, contó que “se han tenido consideraciones hechas por la jueza María Servini de Cubría y esas observaciones están contempladas en estas modificaciones que se van a plantear aprovechando la oportunidad de introducir cambios. Se va a analizar lo de la tilde sí o no en la boleta completa que algunos senadores habían planteado”.

“Se había definido un diseño como el de Córdoba y Santa Fe, pero aparecen otras opciones que le aportan mayor claridad al elector para que tenga facilidad a la hora de emitir el voto y es un modelo nuevo que se aplica en Mendoza”, contó.

A continuación, tomó la palabra el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el libertario Juan Carlos Pagotto, quien planteó la necesidad de “solucionar” el tema para “darle mayor claridad al sistema electoral y profundizar los cimientos de la República”. Así, bregó en “ponernos de acuerdo y mirar para adelante”.

De lado opositor, el rionegrino Martín Doñate (UP) le reprochó al presidente de la comisión cabecera que “todo esto que se dijo es lo que planteamos nosotros oportunamente desde nuestro bloque que no se podía sacar a las apuradas un dictamen con un tema tan estructural para las instituciones de la patria, para la democracia”. En tanto, se diferenció de que “el método hasta ahora haya sido poco transparente, todo lo contrario”.

“Esto es una escenografía que debíamos evitar. Volver a discutir sobre dictámenes ya emitidos que están para el recinto por apurarse y querer jugar en la chiquita sacando una ventaja política o un triunfo legislativo en comisiones que no sucedió. Después de siete meses seguimos discutiendo y manoseando un tema que es trascendental para la Argentina. Lamento profundamente que se tenga que estar debatiendo nuevamente eso y no lo hemos hecho con la seriedad que el caso amerita”, cerró.

La palabra de los funcionarios

El primero en exponer fue Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior, resaltó que es un tema que “se debatió mucho”, pero afirmó que el Ejecutivo hace meses “nos pusimos a trabajar y a ver la viabilidad y la mejor forma de implementar la BUP en el caso de que se apruebe”.

“La boleta única es un requerimiento de la mayoría de la ciudadanía, no porque el sistema actual no sea transparente, sino porque eso significa una simplificación del sistema electoral y, sobre todo, una simplificación de aquellos partidos que tienen menos estructura partidaria. Lo que significa para los partidos más chicos la reposición de boletas, tener fiscales en cada mesa, etc. La boleta única creemos que va a traer aparejado una simplificación del sistema electoral, del sistema de representación más allá de que también trae un ahorro en el costo financiero del Estado”, afirmó.

Catalán planteó algunas “modificaciones que consideramos necesarias desde el punto de vista operativo para tratar de implementar y llevar adelante el proceso de elecciones de la manera más prolija posible”.

“Observamos que en el proyecto que viene de Diputados que tuvo dictamen de mayoría, hay modificaciones que no hacen un planteo político que vaya en perjuicio de algún partido político, sino que hacen a cuestiones operativas como, por ejemplo, los plazos de todo el proceso electoral”, precisó y comparó: “No es lo mismo imprimir las boletas tradicionales de los partidos políticos que la BUP que tiene ciertas características y no todas las imprentas del país tienen la capacidad operativa para hacerlo. No es lo mismo que la CNE apruebe los pdf de las boletas tradicionales que llevar adelante la impresión de las BUP y la logística de distribución a todos los rincones del país”.

Así, manifestó que hay “cuestiones técnicas, operativas, sin trasfondos políticos”, para un sistema “lo más perfectible para todos los partidos políticos”. En respuesta a las críticas de Doñate, el funcionario le respondió: “En la casa de la democracia nunca está demás seguir debatiendo para hacer un mejor sistema. Vamos a respetar lo que diga la mayoría de los senadores y eso no me parece montar un show político, venimos a dar nuestra opinión para mejorar la media sanción de Diputados para que se mejore el sistema electoral argentino”.

A su turno, el vicejefe de Gabinete de Ministros, José Rolandi, ratificó que “hay una demanda ciudadana para mejorar el sistema electoral que tenemos. Es un sistema complejo, pero que funciona y es perfectible”.

“La bondad de la BUP es que asegura la oferta electoral en cada una de las mesas de todo el país”, aseguró poniendo como ejemplo la complejidad de la reposición de boletas, la rotura, robos y remarcó: “La boleta única es una mejora a esa problemática”.

“Este cambio de sistema por primera vez le pasa la responsabilidad de la logística y la impresión del 100% de las boletas al Poder Ejecutivo y entendemos que este proyecto, que se originó en la Cámara de Diputados, desde el legislativo hoy le queremos agregar esa mirada desde los que tenemos la responsabilidad de que las elecciones se lleven a cabo con normalidad, de cuáles son los cambios que nosotros necesitamos para que este cambio se pueda implementar y sea viable operativamente”, cerró Rolandi.

Catalán acotó que un tema “fundamental” que proponen y que “es un impedimento para llevar correctamente todo el proceso electoral desde el inicio del calendario electoral hasta el momento de la elección” son los plazos y de cronograma desde que se aprueban las alianzas hasta el día de la elección, por lo que explicaron cómo se debe reprogramar el calendario.

La encargada de ello fue la directora Nacional Electoral, Luz Landívar, quien explicó: “Cuando estudiamos la media sanción nos encontramos con que existen pocas imprentas están en condiciones de imprimir 50 millones de boletas más, un porcentaje como se establece en la media sanción para tener boletas ante cualquier eventualidad”.

Landívar detalló que hay cinco imprentas en Capital Federal y se necesitan distribuir a todos los juzgados federales las boletas: “Empezamos a mirar el cronograma y a contar plazos de cuánto tiempo le demandaría a una imprenta imprimir estos 50 millones. Indefectiblemente los plazos que teníamos esos más o menos 30 días. Esto era imposible porque tengan en cuenta que las boletas como es el procedimiento se imprimen en las imprentas, de allí hay un traslado hacia los juzgados federales y ahí ahora tienen una nueva competencia que es la de diseñar la boleta y controlar luego esta boleta que se diseñó y se aprobó en una audiencia de boletas. Tienen que hacer este control. Una vez controladas estas boletas son trasladadas a distintos locales de votación o locales intermedios”.

“Hoy con el sistema actual de boletas sábanas los juzgados federales necesitan 20 días para empezar a hacer el envío.  Esto no se puede hacer todo en un mismo día necesitamos un plazo por lo que deben ser extendidos para un sistema donde todavía se requiere de mucho más tiempo y mucho más cuidado”, sugirió y propuso: “Tenemos que adelantar todos los plazos de que estaban en este proyecto. Algunos son fundamentales, pero otros veíamos que no estaban contenidos y por eso consideramos que hay que introducir estos artículos”.

Así, explico que proponen, por ejemplo, con el cierre de alianzas “es más necesitado correr el calendario hacia adelante unos 20 días. Entonces hoy tenemos que se cierran las alianzas 60 días antes de las elecciones Esto pasará a ser 80 días y, en consecuencia, si hacemos eso estiramos el registro de candidatos también unos 20 días. Pasa de 50 a 60 y así van a ver que están concatenados algunos plazos”.

“Todo esto tiene que ver simplemente con una cuestión logística de implementación absolutamente necesaria.  Por otra parte, van a ver alguna redistribución de competencias que consideramos que se debe ordenar precisamente para que funcione esta logística. Este modelo de boleta está relacionado con la oferta electoral que tienen en su distrito”, concluyó Landívar.

También disertó la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo, quien expresó: “El proyecto que tiene media sanción tenía algunas mejoras que tienen que ver con esto del acto electoral que lo llevamos adelante desde el Ministerio interior, en la vice jefatura de Gabinete, los juzgados y la Cámara los partidos políticos y, entre todos, tenemos que redistribuir mejor las funciones que tienen”.

Así, propuso uno de los principales cambios que “el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de fijar pautas mínimas en la confección de la boleta porque una licitación llevaba un montón de tiempo para que sea transparente y se haga de la forma que corresponde. Entonces nosotros necesitamos, una vez que esté este proyecto aprobado, poder largar una licitación para que las imprentas tengan tiempo de imprimir y equiparse con todo el material nuevo y distinto que necesitan para poder imprimir como les estamos diciendo de mínima 50 millones de boletas”.

Además, planteó que las dimensiones de la boleta única partidaria y de la boleta única papel son distintas por lo que “las imprentas no están preparadas para eso”. Ante ello, proponen que sea el Ejecutivo quien determine pautas mínimas de tamaño, que la Cámara Nacional sea quien determine el formato base para que “haya una uniformidad en todo el país y que los juzgados electorales, que son quienes tienen la competencia al final del día, sean los que determinen cómo se va a ordenar eso dentro de ese papel de esa boleta única”.

“Es una necesidad mínima poder establecer el tamaño por ejemplo nosotros lo llamamos en el equipo para para diseñar ‘el módulo’. La boleta única va a tener distintos cuadraditos o rectángulos donde están los candidatos. Tratar de establecer ese mínimo para poder determinar un objeto imprimir”, explicó

En tanto, sumó: “Para hacer la obra de la licitación necesitamos determinar cuántos módulos o qué tamaño de hoja vamos a va a ocupar la boleta única. Todo lo que tiene que ver con dónde van los logos, qué foto va, el orden en el que aparecen los candidatos, el orden en que aparecen los partidos, es una discusión que van a tener los partidos con la justicia. El Ejecutivo ahí no va a tener nada que ver”.

Al respecto, Catalán comentó que “no se refiere al diseño, ni al orden de los partidos políticos, simplemente a cuestiones muy operativas y que hacen a las funciones de la Dirección Nacional Electoral como por ejemplo tamaño de las urnas, tamaño de las rendijas donde uno ingresa el voto”.

Así, contó que hicieron pruebas y una urna llena de votos de boleta única pesa aproximadamente 9 kg por lo que “eso cambia la calidad de las urnas que se necesitan. Hay un montón de cuestiones operativas que, uno al momento de diseñar un proyecto de ley, se le pasan este por alto”.

Además, planteó que las dimensiones de la boleta única partidaria y de la boleta única papel son distintas por lo que “las imprentas no están preparadas para eso”. Ante ello, proponen que sea el Ejecutivo quien determine pautas mínimas de tamaño, que la Cámara Nacional sea quien determine el formato base para que “haya una uniformidad en todo el país y que los juzgados electorales, que son quienes tienen la competencia al final del día, sean los que determinen cómo se va a ordenar eso dentro de ese papel de esa boleta única”.

Al respecto, Catalán comentó que “no se refiere al diseño, ni al orden de los partidos políticos, simplemente a cuestiones muy operativas y que hacen a las funciones de la Dirección Nacional Electoral como por ejemplo tamaño de las urnas, tamaño de las rendijas donde uno ingresa el voto”.

Así, contó que hicieron pruebas y una urna llena de votos de boleta única pesa aproximadamente 9 kg por lo que “eso cambia la calidad de las urnas que se necesitan. Hay un montón de cuestiones operativas que, uno al momento de diseñar un proyecto de ley, se le pasan este por alto”.

“Cuando hablamos de transparencia no es que objetamos el sistema actual por la falta de consecuencia de los resultados con los votos, simplemente es simplificar el sistema en el sentido de garantizarle a todos los partidos políticos, sobre todo aquellos partidos políticos que no tienen una estructura tan desarrollada ni que tienen este el abastecimiento de algunas estructuras externas de soporte logístico, para que las boletas de todos estén en el aula. Al momento de votar para que la boleta de todos se reponga en el caso de faltar y para modernizar el sistema electoral argentino. Es perfectible”, aclaró.

También acotó que en Sudamérica solo Uruguay y Argentina usan el mismo sistema y, sobre el costo económica, comentó que se muestra un ahorro entre un 45% y 55% de gastos en impresión de boletas.

La postura de los bloques

De la vereda de enfrente, el neuquino Oscar Parrilli respaldó el sistema actual porque “ha sido muy exitoso, muy transparente y además nos ha permitido a todos ganar y perder”, y resaltó que “la transparencia ya está, la legitimidad ya está, es un sistema que funciona, que ha sido exitoso. Creo que lo más seguro que hay para mantener la democracia es no cambiar las reglas de juego”.

Parrilli señaló que “en el trasfondo de este tema de eliminar la boleta sábana, encuentro que en algunos sectores hay un rasgo antipopular, antiperonista y hay un rasgo de decir ‘se manipula la gente, se le vende a la gente el voto, se cambia, se hace trampa’, todas estas cosas nunca se probaron, de manera que me parece más una cuestión desde el punto de vista más político que electoral. No se está buscando un mejoramiento de la calidad institucional, de un mejor funcionamiento de la Democracia, sino que se intenta utilizarlo políticamente para decir ‘los peronistas son viejos, vetusto, retrasados y no quieren la boleta única y quieren la boleta de papel sábana’”.

Así, criticó que la BUP es “una boleta oculta” porque “se va a estar votando gente que no va a figurar en la boleta. Es un voto oculto porque es imposible poner todos los nombres en la boleta”, y comparó que en la boleta sábana aparecen todos los nombres en la lista al resaltar la cuestión de la transparencia. En tanto, preguntó si “han calculado el costo económico que tiene modificar este sistema. Debería reflexionarse seriamente sobre este tema. No veo cosas positivas en la BUP, sino que hay más problemas”.

Su coterránea y compañera de bloque Silvia Sapag consideró que “cuando se hace una reforma electoral no se tiene que pensar en costos o en tiempos de distribución” sino que el foco tiene que estar puesto en “los votantes puedan votar a quienes quieran. Eso hay que pensar cuando votemos la ley en el recinto”.

“Cada boleta significa una ideología. Eso desaparece con la boleta única de papel donde están todos mezclados, pero tampoco están todos los candidatos. Eso es una burla. Tiene que ser lo más simple y transparente posible para el votante”, cerró.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Por su parte, la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó por algunas modificaciones que propone el Poder Ejecutivo que no fueron debatidas y alertó que “van sobre el sistema electoral” como por ejemplo “los votos nulos, los votos no válidos. Se elimina el financiamiento para la capacitación a la ciudadanía sobre la implementación de BUP; se elimina la boleta para personas ciegas”, y planteó: “Se supone que uno está mejorando la boleta única para hacer algo mejor”. Al respecto, Catalán le aclaró que si habrá capacitación, pero no la van a concentrar en la Cámara Federal Electoral por lo que “debe ser compartida con los juzgados federales. Financiamiento va a haber”.

También señaló que “elimina la posibilidad, en el artículo 27, respecto a lo electrónico. Hoy puede ser que no sea lo mejor, pero estamos haciendo una ley para que quede muchos años, no para que estar modificando las de acuerdo a la realidad o sea tienen el sistema electrónico para un montón de cuestiones, pero específicamente de lo que viene de Diputados en el artículo 27 tiene que ver con el voto electrónico. Me llama la atención porque lo prohíben de movida”.

“No sacaron que se vote lista completa al botón de tilde único, sino que además lo ponen las PASO”, criticó Tagliaferri y agregó: “Se meten también con respecto a la cantidad de alianzas”.

A su turno, la riojana Florencia López (UP) se quejó de que no les han hecho llegar a su bloque las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo. “No podemos debatir ni elaborar preguntas porque nos encontramos en desigualdad. Eso es injusto. Nos merecemos conocer qué estamos debatiendo”, y le solicitó al presidente de la comisión cabecera que levante la reunión hasta tanto no tenga cada uno un borrador con los cambios propuestos. Kueider se defendió alegando que él tampoco contaba con un documento con las modificaciones y disparó: “Esta reunión no requiere quórum, el que no quiera seguir…”.

La rionegrina Mónica Silva respaldó su dictamen de minoría en el que propone “la boleta única por categorías”, y explicó: “Me parece que es muy ordenador y que simplifica el proceso. En ese mismo dictamen propuse que no existiera el tilde de boleta completa. Creo que es muy importante que en este proceso en el que queremos mejorar la boleta y el sistema, o sea para el sistema electoral, una boleta única para mejorar el sistema es muy importante aprovechar la oportunidad para que la ciudadanía  tenga cada vez más poder en sus manos, cada vez más poder en su lápiz, con la que va a tildar las candidaturas que va a votar”.

La experiencia de Santa Fe y Mendoza

La radical Carolina Losada contó la experiencia de Santa Fe que “fue la primera provincia en la Argentina que empezó con el sistema de boleta única en 2011 y tiene excelentes resultados, no solamente ahorro, que sí es importante en el contexto en el que vivimos, sino que se terminan muchos curros de la política como los famosos sellos de goma”.

“Es más barato, es más eficaz, es menos confuso para la gente”, precisó Losada y criticó a UP: “No entiendo las objeciones respecto de este sistema más moderno se evitan un montón de fraudes que se suelen hacer”.

Por su parte, la mendocina Mariana Juri también comentó sobre la implementación de BUP en su provincia: “Venimos hace mucho tiempo intentando empujar la boleta única, así como lo hicimos en Mendoza. Sabemos lo que significa la boleta única en términos de transparencia, de ahorro en materia económica, pero también en materia ambiental. Sin duda la boleta única ayuda también a que haya más participación y que haya mayores posibilidades de elegir y creo que, mientras mejor se elige, se mejora la calidad institucional”.

“El modelo que aplicamos en Mendoza realmente fue muy exitoso y que, a pesar de que había muchos detractores de este sistema que entre las cosas era ‘el ciudadano no va a saber votar’, ‘cuando llegue va a tener dificultad la gente grande’. Nada de eso pasó, no solamente se votó de forma más rápida tuvimos los resultados antes, la gente votó con mucha comodidad aun cuando fue la primera vez que se hizo”, destacó Juri.

En su tercera reunión, el plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará este martes 13 de agosto desde las 17 el debate sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

Tal como lo había anticipado la titular de la Comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado, en este nuevo encuentro continuarán exponiendo los autores de proyectos vinculados a la temática. En esta ocasión se pondrán a consideración las iniciativas impulsadas por Carolina Píparo, Juan Manuel López, Álvaro Martínez, Ana Carla Carrizo, Agustina Propato y Natalia Zaracho.

En la primera reunión estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, punto central en el que los proyectos de los diputados difieren entre sí, hecho que quedó reflejado en la segunda reunión.

Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

En esta segunda reunión, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, expusieron los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. Además, Laura Rodríguez Machado –titular de Legislación General- aclaró que los diputados que presentaron proyectos, pero que no disertaron en el encuentro de este martes serán convocados para la próxima reunión y resaltó: “Serán escuchados todos”.

El primero en defender su iniciativa fue el diputado de UP Ramiro Gutiérrez quien expresó: “Es un tema muy importante porque tiene un reflejo profundo en la sociedad en la determinación de la responsabilidad penal de los menores por la comisión de delitos previstos en el código penal argentino”. El bonaerense explicó que su proyecto establece un criterio “pro minoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas de la comisión de delitos”.

“No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código que tiene dos capítulos, ocho títulos y 62 artículos. Nos llevó más de un año la elaboración donde hemos verificado desde la legislación comparada hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en nuestro país como en la provincia de Buenos Aires o en La Rioja”, detalló.

Así, el diputado opositor recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.

“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.

Al retomar su iniciativa, precisó que tiene “dos grandes capítulos: uno de encuadramiento especial y la especialidad del fuero. Este es un fuero que se rige por tres principios generales: interpretación prominoris, especialidad y especificidad”.

Así, indicó que en el artículo 3 del proyecto de ley tiene en nueve incisos, 21 principios especiales para regular la responsabilidad del joven, 21 normas interpretativas y regulatorias para la mirada de los órganos de persecución, defensa, enjuiciamiento, revisión y ejecución de la pena que deben regirse en forma especial.

Gutiérrez explicó que el artículo 8 contiene cuatro enfoques: género, derechos, interculturalidad y restauración del conflicto. En el artículo 22 se receptan 12 garantías procesales además de las garantías de los adultos, hay 12 garantías en el proceso penal del joven expresamente previsto.

En el artículo 24 se establece un límite temporal de la pena que son los 6 años y explicó: “Antes de los 6 años, el fiscal puede hacer uso de la disposición de la acción penal y, después de los 6 años, son donde se impone las medidas más restrictivas de privación de la libertad para los delitos que tienen pena mayor a los 6 años donde se prevén las medidas alternativas terapéuticas o las medidas de internaciones”.

El artículo 28 prevé el aseguramiento preventivo para los casos de penas mayores de 6 años que “es como la medida cautelar más intensa del proceso está prevista”. El artículo 31 establece la capacitación en principios de especialidad y de prominoris para todos, tanto como el personal que intervenga en el ciclo de prevención y de seguridad, como todo aquel que tenga contacto con un menor en la etapa de la prevención o en la etapa de juicio o en la etapa de ejecución de la pena tiene que ser debidamente formado.

El artículo 32 tiene seis medidas cautelares para los padres o representantes legales; el artículo 46 prevé 10 medidas alternativas a la medida cautelar más intensa; el artículo 48 es la medida cautelar más intensa que es la internación y solo se establece para delitos con pena superior a los 6 años y se prevén sanciones o medidas que son las que el juez va a tener en su haber”.

El diputado opositor destacó las cláusulas transitorias que propone “porque es la implementación y es la gran diferencia con los otros proyectos”, y planteó: “No se puede incrementar en un plazo mínimo de 3 años el fuero de responsabilidad penal juvenil como propone El Ejecutivo”, y remarcó que “debe haber posibilidades de resocialización y reinserción y por ello debemos formar a todos los operadores”.

“Hemos puesto una cláusula de suspensión transitoria por 3 años para la verdadera instrumentación de un fuero que hoy la Argentina no tiene y que es necesaria. Cuando un joven comete delito no nos debemos lavar las manos, debemos intervenir, resolver y solucionar un problema que hoy existe y que la peor manera de abordarlo es no tratarlo”, consideró.

Gutiérrez precisó que “la responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años” y argumentó: “Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño que, en la resolución del año 19, insta los países adoptar una responsabilidad, es decir un grado de esfuerzo de comprensión de la criminalidad del acto que se verifica a partir de los 14 años de edad”. Así ejemplificó que la persona que pone un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo de otra y dispara a los 14 años entiende la gravedad de lo que hace y de las consecuencias que va a causar, pero planteó que “la responsabilidad debe ser diferente a la de los adultos. Comprende, pero el régimen de responsabilidad debe ser diferenciada”, e indicó que hay que regular el proceso penal.

Por último, señaló que prevén medidas cautelares para los padres cuando el menor de edad toma un bien de los padres y produce un daño; se debe poder disponer medidas cautelares como la inhibición general de bienes u otras que van a repercutir sobre el hacer de los padres; si un juez dispone que uno de los chicos debe empezar un tratamiento el padre tiene que supervisar ese tratamiento y es una obligación de hacer que acompañan las medidas cautelares.

Además, explicó que establece más de diez medidas cautelares para que el juez tenga como alternativa frente a un menor porque “no puede dar la misma fórmula para todos”.

“La responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años. Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño”.

El segundo en exponer fue el diputado Martín Yeza (Pro) quien criticó los argumentos de algunos legisladores en la reunión informativa pasada que “realmente me han dado escozor al respecto de la noción de cuál es el rol del Estado sobre los menores”.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó. Yeza planteó que las leyes en la Argentina “no se cumplen” y recordó el caso de Morena, la nena de 11 años asesinada camino al colegio en Lanús por “un pibe de 15 años que había tenido 22 ingresos a la comisaría”.

El diputado del Pro afirmó compartir parte del proyecto de su par preopinante, pero también del proyecto del Gobierno nacional al respecto de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que “las pequeñas y sutiles diferencias entre los distintos proyectos tiene que ver con cuáles son las soluciones que han alcanzado distintos países del mundo”, y remarcó que al día de hoy solo la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba.

Dije que solo iba a hablar en el congreso por instrucción del jefe de bloque: hoy defendí el proyecto de baja de edad de imputabilidad a 14 años. https://t.co/4Ht3fL4jga

— Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2024

“Después hay un grupo de países entre los cuales están Suecia, Noruega y Finlandia que comparten una edad de imputabilidad de 15 años y después el resto de los países de la región comparten un estándar internacional. La mayoría de la democracias liberales y occidentales del mundo deben ser los 14 años”, manifestó, pero señaló que científicamente no está establecido si la conciencia termina de desarrollarse entre los 12 y 13 años, aunque remarcó que “es un estándar internacional que definitivamente es a partir de los 14 años”.

Sin embargo, apeló a los criterios jurídicos y a la experiencia comparada a nivel internacional “se observa una mayor cantidad de casos a partir de los 14 años en un tipo de delito que tiene una complejidad dado que la Argentina”.

“En los últimos 20 años se constituyó en un país sin luchar contra el crimen, sin crecimiento económico, con crecimiento de la pobreza, con consolidación del narcotráfico en el caso de la provincia de Buenos Aires, con un narcotráfico organizado en el caso de todo el conurbano mezclado con la marginalidad, lo que ha generado es que en este Régimen Jurídico Penal de la argentina se utilicen a menores de 16 años por el narcotráfico presos de las adicciones”, cuestionó.

Yeza manifestó que “no existe nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida valga menos según quien sea la persona que le quite la vida a las personas”, y respaldó que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años.

Así, explicó que su iniciativa desarrollo dos sistemas: un sistema cerrado y un sistema semicerrado en donde se contemplan a la vez dos tipos de casos. “El primero y principal el caso en donde las víctimas tienen que ser encerradas privadas de su libertad, pero después por supuesto en casos más complejos que es cuando tratamos con victimarios que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o algún tipo de adicción y que merecen otro tipo de tratamiento”.

Además, el proyecto contempla penas para los padres de distinta índole y aclaró: “No solamente inhibición de bienes, sino también vinculados a su propiedad y a otro tipo de herramienta jurídicas”, y cerró: “Hay que pasar a un régimen del imperio de la ley de la justicia que además contemple la rehabilitación de estos menores que entre 14 y 18 años”.

Luego expuso la sanjuanina Nancy Picón Martínez sostuvo que el proyecto tiene que ver con los datos que la misma Corte de Justicia lanza “sobre cómo viene siendo el incremento de menores cometiendo delitos y frente a esto una sociedad que está pidiendo hace rato respuesta y que por supuesto son temas complicados de tratar”.

Picón Martínez señaló coincidencias en varios de los puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo, pero aclaró que tiene algunas diferencias. Si bien coincide en que la edad sea de 13 años, su iniciativa “establece que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras que le diga al Poder Judicial por qué debe responder por este acto, entendiendo que serán ellos quienes estén capacitados de decirle si el menor comprende la criminalidad del acto que llevó a cabo”.

“¿Por qué 13 años?”, preguntó y respondió: “A los 13 años si el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, entonces creemos que si tenemos la posibilidad de elegir frente a otro acto”.

La sanjuanina comentó que la Corte brindó datos que reflejan que ha habido un incremento: “El 21% más que el periodo del año anterior. Respecto a los hechos cometidos por menores y justamente la edad en que cometen estos delitos comienzan a los 13 años”. “Para cuidar los derechos de estos chicos tenemos que saber si comprendió la criminalidad del acto. Si la comprendió, entonces debe ser juzgado por esto y es hora de que la sociedad comience a tener respuesta en estos temas”, planteó.

Además, coincide en incentivarlos a estudiar; cuidado de menores en lugares distintos a los adultos a fin de cuidar su integridad. “Nuestro proyecto habla de que los chicos mayores de 14 años y menores de 18 que se han reprimidos por pena privativa de libertad, cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años, serán sometidos a las medidas de coerción seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento”, SUMÓ.

“Entendemos que es hora de que comiencen a responder y porque luego de hablar con muchas familias víctimas del dolor por actos llevados a cabo por menores también nos damos cuenta de que todos tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.

Por último, indicó: “En lo demás coinciden los proyectos, básicamente nuestra diferencia sustancial está dada en esto de que a los 13 años los chicos primero pasen por una auditoría para saber, por personas que estén realmente capacitadas, si el chico comprendía o no el acto que estaba llevando a cabo”.

La última en exponer fue la chubutense Eugenia Alianiello (UP) quien propuso buscar puntos de consenso entre los proyectos, pero criticó: “Es un error caer solamente en la edad de punibilidad creo que tenemos que pensar para poder legislar qué entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar”.

Así, explicó que en su iniciativa establecen la edad de 16 años y propuso: “Cuando dicen a los 13 años baja edad de punibilidad tienen que saber que cumplida la pena esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan con qué herramientas van a salir para poder saber cómo se van a reinsertar en la sociedad. Creo que ese es el punto de inflexión del funcionamiento o no del sistema de protección integral”.

“Tenemos un profundo convencimiento de que nuestro país necesita un Régimen Penal Juvenil ágil, eficiente y especializado, pero sobre todas las cosas tener presente que no alcanza solamente con el Poder Judicial”, consideró Alianiello y precisó que proponen la derogación de la Ley 22.278 “que tiene muchas referencias con el proyecto oficialista y que fue firmada por Videla”.

La chubutense sostuvo que “hay que abordar el tema con un enfoque integral, no solamente punitivo, entendiendo a los jóvenes como lo que son sujetos de derechos porque es necesario contar con un sistema penal juvenil que contemple la justicia restaurativa y, a la vez, la responsabilización de los adolescentes con conductas infractoras”, y afirmó: “La solución no es bajar la edad de punibilidad, ni castigar, sino responsabilizar”.

También destacó que la iniciativa de su autoría plantea que “sin disponibilidad de recursos, sin estructura institucional, sin cumplimiento de las leyes vigentes y los acuerdos internacionales todo esto es un callejón sin salida”.

“El proyecto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, ineficaz, inquisitivo, inconsulto, irresponsable e invotable”, destrozó.

Y cerró: “hay una necesidad de debatir este tema tan sensible con una mirada integral, amplia y seria, apoyada en datos certeros y no en meras especulaciones ideológicas teniendo como eje principal de debate acerca del sistema de protección integral el punto de la edad de punibilidad”.

El proyecto que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años continuará siendo debatido en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El encuentro será este martes a las 12 en el Anexo “C” en el que expondrán los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. En total serán seis los expedientes que se pondrá sobre la mesa, sumado al enviado por el Ejecutivo.

Ésta será la segunda reunión de carácter informativa, ya que en la primera expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto; y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

Los funcionarios defendieron la iniciativa al informar que “en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes”, remarcaron la necesidad de modificar la Ley vigente “para proteger a la víctima y al adolescente” porque el ordenamiento legal “está desactualizado” y alertaron que “los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”.

La Cámara de Diputados iniciará el debate en un plenario de comisiones sobre el proyecto enviado por el Gobierno nacional que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

La iniciativa será puesta a consideración en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda este miércoles a las 12.30 en el segundo piso del Anexo “C”. De la misma, formarán parte el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto.

“La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”, reza uno de los artículos de la iniciativa.

A su vez, aclara que “desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación”.

“El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes”, agrega.

Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.

El proyecto prevé que “si el adolescente careciera de grupo familiar o si éste resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos”. “En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima”, suma.

Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.

Específicamente, se mencionan penas tales como la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad.

Éstas últimas serán: privación de la libertad en domicilio; privación de la libertad en un instituto abierto; privación de la libertad en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. “La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, establece.

Respecto de los adolescentes alcanzados por la ley, quedará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. “La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes”, estima.

Otro párrafo señala que “cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley”.

Sobre la reclusión, se indica que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N°22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social”, expresó el PEN.

Además, consideró que uno de los “problemas” de la legislación actual es “la edad de imputabilidad”. “Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”, manifestó.

Y se resaltó que, respecto a la región, la edad de 16 se encuentra entre las “más bajas”, siendo de 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago.

Por otra parte, en los fundamentos el Gobierno mencionó los antecedentes de ocho proyectos presentados en Diputados por distintos bloques.

Una semana después de haber entrado nuevamente en cuarto intermedio tras ver frustrada la posibilidad de tener dictamen, el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá por séptima vez el próximo miércoles 29 de mayo a las 15 para retomar el tratamiento de la ley Bases. Desde el oficialismo mantienen firme la idea poder dictaminar en esa reunión, y con tal objetivo, hasta entonces seguirán las negociaciones con los senadores que esperan convencer para aportar las firmas necesarias para alzarse con el dictamen de mayoría.

También la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del jujeño Ezequiel Atauche (LLA), se reunirá ese mismo día. Será el cuarto encuentro de la misma por este tema, y la reunión están convocada para el término del plenario con la misma premisa respecto al proyecto de ley sobre medidas fiscales paliativas y relevantes, conocido como paquete fiscal. La idea es que sea a las 17, pero está sujeta a la duración del tratamiento de la ley Bases.

Según anticiparon fuentes libertarias, cuando se reanuden las reuniones tras los cuartos intermedios, se pondrán a circular los respectivos dictámenes.

El presidente de la Comisión de Legislación General (cabecera), Bartolomé Abdala, anunció el pase a un cuarto intermedio en el final de la reunión del último miércoles y rápidamente fue cuestionado por toda la oposición al no establecer una hora y fecha para retomar el debate.

Asimismo, en el último encuentro, los senadores de la oposición dialoguista (Unidad Federal y la Unión Cívica Radical) plantearon una serie de modificaciones que fueron tomadas por el presidente provisional de la Cámara alta, en función de preparar un borrador del despacho que finalmente sea dictaminado.

Ya sin invitados en lista, el oficialismo pretende llegar al miércoles con los acuerdos necesarios de modo tal que el proyecto de ley Bases y el paquete fiscal estén listos para ser llevados al recinto.

Será una semana de actividad intensa en el Senado, donde este martes la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado recibirá por primera vez a la canciller Diana Mondino para que informe los lineamientos del Gobierno en política exterior. Será en un momento muy especial, por la fuerte discordia generada con el gobierno español.

El oficialismo en el Senado no pudo avanzar este miércoles con su intento de dictaminar sobre la ley de Bases y el paquete fiscal, expectativa que echó a correr durante la jornada, a raíz del acercamiento por parte del Poder Ejecutivo de borradores con las modificaciones solicitadas por la oposición dialoguista. Sin embargo, hubo senadores que admitieron -incluso en el plenario- no haber accedido a esos textos.

De este manera, las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales pasaron a un cuarto intermedio para la semana que viene, entre martes o miércoles.

El conductor del debate, el libertario Bartolomé Abdala, luego de escuchar los cambios planteados públicamente por la oposición, anunció que los mismos serían “tomados” y “se irá preparando un borrador del dictamen y se van a hacer devoluciones”.

En medio de los anuncios de las autoridades del plenario, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR) no ocultó su malestar ante Abdala por no especificar una fecha y hora y expresó: “Vamos a pasar a cuarto intermedio. ¿Hasta cuándo? Porque uno tiene que programar”. “¿Será para mañana, para la semana que viene, para el 20 de junio, para el 9 de julio? Y les queda el 17 de agosto también, la muerte de San Martín”, chicaneó sobre la postergación del Pacto de Mayo.

Ante las risas de José Mayans, titular del interbloque de Unión por la Patria, y la senadora Juliana di Tullio, el radical siguió: “¿Vamos a venir otra vez para que expliquen o van a hacer un dictamen con las modificaciones? Porque uno escucha que hay versiones de que anda dando vuelta un dictamen y yo no recibí nada”.

Asimismo, exigió “empezar a trabajar con temas sensibles” y pidió también ordenar la cuestión a partir de las modificaciones. “¿Vamos a analizar esta ley (borrador con los cambios pedidos) o vamos a seguir viniendo a escuchar lo mismo de cuarto intermedio en cuarto intermedio?”, consultó.

Cuando la reunión se dio por cerrada le tocaba continuar a Presupuesto y Hacienda, por el paquete fiscal, pero el jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, quien presiden esa comisión, anunció que se pasaba a un nuevo cuarto intermedio, aunque sin día ni hora. El día anterior, el radical Martín Lousteau había reclamado la presencia de funcionarios.

La oposición planteó la catarata de modificaciones que quiere 

Luego de un cuarto intermedio de dos horas, durante el cual el oficialismo comenzó a circular un borrador de dictamen entre la oposición dialoguista con cambios que fueron solicitados en las negociaciones de los últimos días, el plenario de comisiones se retomó y los senadores plantearon en público la catarata de modificaciones que quieren hacer a la media sanción de la ley de Bases. 

Uno de los legisladores clave, el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) propuso eliminar del texto la facultad al Ejecutivo para la “disolución total o parcial” de organismos públicos, y sumar a las excepciones al INTI, el SENASA, el Banco Nacional de Datos Genéticos -sobre el que hay “amplio consenso”, destacó-, la CONADI y los institutos vinculados a la ciencia y tecnología, a la cultura y la educación (algo que se propuso en la votación en particular en Diputados y el oficialismo no aceptó). 

También se manifestó en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas. “No todos los organismos del Estado necesariamente tienen que dar superávit, porque el Estado no está para ganar plata cuando brinda determinados servicios”, aseveró y desafió: “El Estado, en la lógica de privatizar los organismos que no le generan ganancia, lo único que hace es sumarse a la crítica de que el Estado no sabe administrar. Si el Estado de hoy es un buen administrador, ¿por qué no ponerlo en práctica?”. Y sumó estar “totalmente en desacuerdo” con la privatización de Radio y Televisión Argentina. 

Kueider sugirió que el capítulo de Procedimiento Administrativo “hay que tratarlo en una ley aparte, lo mismo el RIGI” porque “es un tema medular para Argentina”. “Así como está redactado, no lo veo nada factible de votar”, anticipó sobre el cuestionado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. En ese sentido, apuntó que “es para que solo se beneficien empresas extranjeras, que no van a dejar absolutamente nada por acá, o algunos eventuales puestos de trabajo, y cuando se termine el recurso no tenemos nada”. 

El entrerriano agregó observaciones en la reforma de la Ley de Empleo Público, promoción de trabajo registrado, trabajo agrario y el capítulo de energía. Por otro lado, rechazó que se elimine la moratoria previsional y propuso un nuevo esquema de “unidad de cuenta previsional”. 

A su turno, Víctor Zimmermann (UCR) coincidió en proteger a los organismos vinculados a la ciencia y técnica de la posibilidad de disolución; y excluir a los fondos fiduciarios para la infraestructura del transporte eléctrico y para la ganadería ovina (en la media sanción sólo está exceptuado el fondo de subsidios de consumos residenciales de gas). 

Además de pedir por la no privatización de Aerolíneas Argentinas, el chaqueño sumó al Correo Argentino, y dijo que en caso que igualmente esto suceda, se prevea garantizar los servicios que ambas empresas brindan en el interior del país.

Desde la UCR, espacio que logró introducir el tema de la reforma laboral, Zimmermann opinó que este capítulo es “insuficiente”, y solicitó agregar el tema de cuotas sindicales y que el bloqueo de planta sea tomado como motivo para despido. 

Sobre el RIGI, el senador afirmó que “tiene que quedar clara la competencia de las provincias” y a las empresas que inviertan hay que “exigirles que por lo menos un 20% de las ganancias se reinviertan en proyectos estratégicos de nuestras provincias”. Además, expresó que “a partir de los 10 años de implementación, los beneficios empiecen a ser decrecientes”. 

Por último, planteó que a la “Prestación de Retiro Proporcional” -que se crea por la eliminación de la moratoria previsional- se pueda acceder desde los 60 años para las mujeres, y desde los 65 para los hombres. En la media sanción, se prevé 65 años para ambos. 

Al tomar la palabra, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) pidió una modificación sobre el porcentaje obligatorio para el corte de combustibles con bioetanol y biodiesel. Otro cambio que pretende es que “se complete la vigencia de la moratoria actual y a partir de ahí entre en vigencia lo que se propone en la ley, modificando la edad de las mujeres” para que no sea desde los 65, sino desde los 60.

Cerca del final, el senador Martín Lousteau (UCR) resaltó que él plantea modificaciones en 40 artículos. “Hemos planteado qué cosas pueden generar efectos nocivos, que se pueden modificar o eliminar; qué cosas tienen redacción poco feliz, como admitió un funcionario, que pueden producir un efecto no deseado o incertidumbre o tienen orientación en las dos leyes que produzcan un efecto de agravar mas la situación, hundir la actividad económica o generar más pobreza”, repasó.

En esa línea, subrayó los puntos que más critica: “Blanqueo y Bienes Personales benefician a los más ricos; y el RIGI debería ser corregido”. “Si hablamos una ley Bases no podemos no incluir la movilidad de los haberes jubilatorios o la seguridad del financiamiento universitario y la educación”, insistió y añadió que “no podemos no incluir la financiación de la obra pública, que tiene 90% de grado de avance, entonces se va a echar a perder y perder el 90% del dinero”.

“Quiero entender cuál es la dinámica de trabajo -a partir de las modificaciones-”, reclamó y solicitó esclarecer la agenda del plenario.

Por último, el senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) alertó por una serie de modificaciones en la redacción del artículo 219. “Hay que ser precisos en el lenguaje para que las leyes no caigan en interpretaciones de los jueces que no siempre son las adecuadas”, advirtió brevemente.

Cierre de lista de invitados

En el comienzo del plenario, durante la mañana, Abdala destacó que se hizo “una tarea importante escuchando a las distintas voces la semana anterior, que se trabajó con los referentes de los distintos bloques para poder ordenarnos y tener la mejor ley”.

La primera en hacer uso de la palabra fue la bonaerense Juliana di Tullio (UP), quien le consultó al puntano si habría expositores en el día de la fecha, a lo que el titular de Legislación General le aclaró: “Hoy habíamos convocado al debate. En el día de ayer el senador José Mayans se comunicó conmigo y me manifestó que había invitado algunas personas, pero no conozco cuántas son y cuál es la propuesta y, en función de eso, resolvemos. No estaba prevista esta comisión para escuchar expositores”.

Así, Mayans comentó: “Teníamos un listado de personas que nos llamaron que querían participar de la comisión y que querían expresarse. Sólo es el tema de cultura y después vemos si ampliamos. Es un grupo de dos expositores”. Abdala aceptó que sean dos los expositores, pero pidió prudencia con el tiempo de disertación y las preguntas porque “la intención del oficialismo es dictaminar y debatir sobre las modificaciones que se han hecho” -en línea con el deseo que tenían desde LLA-. 

De la vereda de enfrente, salió al cruce el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal), que se quejó porque “es injusto, ayer hubo otras propuestas de convocar y se dijo que ya habían terminado el período de alocución. Salvo que el padrón del PJ es grande trayendo más y más expositores. Los otros bloques no tuvimos la oportunidad de encontrar en sus afiliados alguien venga a hablar. El tema es inicuo porque lo propuso al presidente y no al plenario y hoy resulta que vamos a tener un desbalance en la posibilidad de escuchar versiones distintas”, y planteó: “Ya todo se dijo, se expresaron ciento de personas. Esa injusto que solamente un sector tenga la oportunidad y los demás no”.

A continuación, expusieron en el Salón Azul el actor Jorge Marrale y el director de la multisectorial audiovisual Guillermo Tello, quienes solicitaron al Cuerpo que no deleguen facultades al Poder Ejecutivo y alertaron que el proyecto “pone el peligro todo el entramado cultural argentino”.

La senadora jujeña Carolina Moisés (UP) planteó que la ley Bases es una contradicción y una “amenaza” a la ley de financiamiento a los espacios culturales porque “muchos senadores y diputados que apoyaron esa ley ahora piensan en votar la ley Bases. Este tipo de propuesta destrozan toda una construcción social y la identidad cultural”.

“Todos sabemos la importancia que tiene la industria cultural”, manifestó Mayans y ponderó los festivales que se realizan en las provincias que “son fuentes de trabajo para las PyMEs porque son fundamentales para la economía”. El formoseño precisó que los entes autárquicos descentralizados “no influyen en el presupuesto”, y denunció que “quieren hacer desaparecer estos entes por una cuestión ideológica más que económica”.

“Esto de delegar facultades es decir que no vamos a cumplir con nuestro trabajo como legisladores para que haga lo que quiera de la administración central, de los entes descentralizados, del sistema previsional argentino, de las empresas públicas, de los fondos fiduciarios. Todo hace a la cuestión del desarrollo nacional y todo fue conquistado con años de lucha”, advirtió y señaló que “en el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 se altera el sistema republicano de Gobierno porque se le faculta al presidente”.

Mayans insistió que con la delegación de facultades el Ejecutivo “va a hacer lo que quiera con el sistema nacional, va a destruir todo”, y ratificó: “Nuestro bloque no acepta darle facultades al presidente. Queremos tratar ley por ley”. “Vamos a trabajar para que la ley Bases sea rechazada porque no aceptamos las facultades especiales, no coincidimos con el RIGI salvo que haya cambios”, agregó.

Al hacer uso de la palabra, el pampeano Daniel Bensusán (UP) consultó sobre la existencia de algún borrador de dictamen con las modificaciones planteadas y cuestionó la delegación de facultades que plantea el proyecto porque “el expositor Andrés Gil Domínguez fue muy claro cuando planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 y 2 porque tienen que tener una clara y precisa definición de las bases de lo que se quiere delegar y tiene que ser limitado en la materia porque el proyecto tiene bases amplias y genéricas”. “Le vamos a delegar facultades a un presidente que denosta a los gobernadores, intendentes, provincias”, cuestionó.

Bensusán indicó que “con los primeros tres artículos, el presidente puede hacer lo que quiere con el resto de la ley por más modificaciones que tenga. Es una gravedad importante la delegación de facultades al igual que los contratos intraseccionales de obra pública”.

Romero volvió a pedir la palabra para solicitar un cuarto intermedio hasta las 14 para que vengan funcionarios a explicar las modificaciones y luego debatir entre los senadores un “texto final” y poder dictaminar para “tener algo más nuevo de lo que vino de Diputados”. “Los funcionarios nos están trayendo los cambios propuestos por los distintos bloques”, afirmó Abdala. Sin embargo, retomado el cuarto intermedio, eso no sucedió y los despachos de ambas leyes volvieron a postergarse.

 

Al retomar el cuarto intermedio por el debate del proyecto de ley Bases en el Senado, el oficialismo aceptó -a propuesta del jefe del bloque UP, José Mayans- la disertación de dos representantes del sector cultural: el actor Jorge Marrale y el director de la multisectorial audiovisual Guillermo Tello, quienes solicitaron al Cuerpo que no deleguen facultades al Poder Ejecutivo y alertaron que el proyecto “pone el peligro todo el entramado cultural argentino”.

Ante el plenario de comisiones que se reunió en el Salón Azul, el primer expositor fue el actor Marrale en representación de la SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) quien lamentó “profundamente que se nos haga costumbre tener que defender lo que logramos en más de 100 años de industria audiovisual argentina. Ser referentes en la región una industria de enorme valor agregado de creatividad y tecnología de punta, de empleos que mueven la economía en cada rincón del país. Una industria que nos da prestigio en el mundo entero y es generadora de divisas que ingresan al país y mueven la economía”.

“El proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos que tiene media sanción en Diputados pone en peligro, no solo al sector audiovisual, sino a todo el entramado cultural argentino. Lo que hace más de 40 años con gobiernos de muy diversos signos políticos fue una política de Estado, hoy parece ser moneda de cambio”, alertó.

Marrale advirtió: “Todos sabemos lo que se perdería, nuestra historia, identidad y futuro”, y señaló que la cultura nunca estuvo en contra de ningún desarrollo nacional. Todos queremos una Argentina más justa, más sólida y más pujante”, y preguntó: ¿A caso pensamos hacerla con menos cine, menos literatura, con menos bibliotecas populares, con menos teatro independiente?”.

Así, les preguntó a los senadores presentes: “¿Estamos de acuerdo en aceptar que la cultura es un bien estratégico para nuestro país? Quiero creer que sí”, y les sugirió mirar a los países del mundo y el valor estratégico que le dan a su cultura.

“Es en este Congreso donde fueron consensuados democráticamente organismos tan importantes de la cultura como el Instituto Nacional de Teatro, Instituto Nacional de la Música, Instituto Nacional del Cine, Fondo Nacional de las Artes, entre otros”, precisó Marrale y planteó: “¿Por qué tiene que quedar atados a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo? ¿desfinanciar estos institutos no es lo mismo que cerrarlos?”.

El acto expresó: “Las personas que hacemos esta industria sabemos lo que estamos hablando y venimos explicando que con este proyecto de ley van a romper algo que funciona que seguramente puede ser perfectible, pero no destruido. Pusimos a disposición datos e información precisa y, aun así, no entendemos cómo este proyecto sigue avanzando”.

“Todos los sectores culturales estamos aunados en el mismo reclamo. Si es un problema ideológico, debemos decir que la cultura se construyó gracias a voluntades políticas que, pese a sus diferencias, comprendieron que hay un bien común y ese bien común es la patria”, manifestó.

Marrale indicó que la patria también se construye con actores, actrices, bailarines, músicos, directores de cine, montajistas de teatro, productores, escultores, editores, guionistas y escritores. “Jamás nos va a faltar el aliento para defender la cultura argentina”, cerró y solicitó al Cuerpo que no deleguen facultades al Ejecutivo Nacional y que queden en sus manos el tratamiento de ley por ley de cada asunto que resulte necesario para mejorar la cultura nacional.

Por su parte, expuso también Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual, que explicó que es una organización de segundo grado y “la red más grande de televisoras públicas argentinas y la más importante de Latinoamérica”.

Tello expresó su solidaridad con los legisladores por “el atropello que han sido llevado adelante porque la Bicameral de Comunicación tendría que haber elegido el directorio de la ENACOM. Vemos un atropello a los representantes de ambas cámaras cuando se define que se intervienen los ámbitos de comunicación empezando un camino de censura”.

También se solidarizó con los trabajadores de la agencia Télam y de medios públicos porque “vemos avanzar la dificultad de la toma de decisiones del Ejecutivo como parte de una censura sistemática al trabajo de la libertad de expresión que debe ser garantizada por la bicameral”.

Sobre el proyecto de ley Bases expresó: “Nos parece muy gravoso los artículos 3,4,5 y 6 del capítulo 1 sobre reorganización administrativa porque entrega en la potestad del Ejecutivo la posibilidad de hacer prácticamente lo que se quiera con los organismos centralizados de cultura y comunicación”.

Tello resaltó que el trabajo en comunicación y cultura le implicó en el Presupuesto Nacional de 2023 el 0,2% y remarcó que “representamos el 1,8% del valor agregado bruto”.

“A la hora de pensar la modificación que se está planteando con el RIGI allí hay una serie de beneficios para las inversiones que en el área de la producción cultural serían gravosas. Hace años venimos pidiendo que se atienda al sector cultural como industria”, apuntó y cuestionó que “no se puede plantear la incorporación de inversión dentro del territorio si beneficios dentro del territorio”.

El director de la multisectorial abogó para que haya políticas públicas que “impulsen la producción industrial y que garanticen la diversidad cultural en todo el territorio”, y manifestó que sin el Instituto Nacional del Teatro sería “imposible garantizar la diversidad cultural teatral en los pueblos más distantes”.

Así, reclamó que ambas cámaras deben ser las “responsables de garantizar esa diversidad cultural y de legislar para que efectivamente haya una identidad cultural argentina que sea sostenida y garantizada por el pueblo argentino”, y les solicitó que revean la posibilidad de no entregar facultades delegadas que “tiren por la borda más de 40 años ininterrumpidas de democracia y de consenso para lograr las leyes”.

Ante la pregunta del senador puntano Fernando Salino (UP), Tello informó que “los organismos descentralizados tienen una gran representación en las provincias y su fondo de fomento lo desarrollan las provincias. Sobre el Instituto del Teatro tiene más del 70% de sus fondos de distribución a las provincias”.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), mantuvo una jornada de reuniones este miércoles donde debatió once proyectos con la presencia de especialistas en el área que profundizaron cada proyecto: una decena referidos a materia internacional y el restante que instituye el Día Nacional de la Iglesias Evangélicas y Protestantes, el cual cuenta con media sanción de Diputados.

Minutos después, en el Salón Arturo Illia se reunió de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), y le dieron tratamiento a un acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, suscripto en Buenos Aires en noviembre de 2019.

Al respecto, Luis del Solar Dorrego, de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería, destacó que el proyecto tenía que ver con “el tráfico ilegal de bienes culturales, que es una industria enorme, a tal punto que se habla de 10 mil millones de dólares, compitiendo con el tráfico de drogas y de personas”, el cual apunta a “la cooperación para defender el patrimonio cultural de cada país parte de este convenio”.

“El objetivo principal del acuerdo, es defender el patrimonio cultural de cada país. Se busca impedir el ingreso ilegal de bienes que han sido robados o sustraídos”, explicó.

Los once proyectos de Relaciones Exteriores

El primer expediente a tratar fue el proyecto que aprueba la convención relativa a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrada en París – Rep. francesa -, el 27 de enero de 2021. Al respecto, Érica Lucero consejera de Cancillería explicó que “este convenio es de larga data la actividad que se viene llevando a cabo y a pesar de ser tareas muy técnicas que consisten en poner balizamiento, faros y ayudar y contribuir a la seguridad de la navegación, esto es muy importante porque tiene un impacto en mejorar la eficiencia del desplazamiento de buques, en términos económicos y evitar accidentes”.

“Este tipo de cuestiones Argentina está involucrada en esta organización que nace en 1957, pero hasta ahora había tenido carácter de informar. Era una asociación internacional que engloba a la mayoría de los Estados, pero no tenía encuadre jurídico de naturaleza de un organismo internacional. Se propone con esta nueva convención es darle un estatus a este trabajo que se viene haciendo hace años y un cuadro normativo más robusto”, explayó Lucero y agregó: “Con la ayuda del Congreso, la Argentina puede ser el país que se convierta y facilite la entrada en vigencia del convenio que es importante para la seguridad de navegación”.

Sobre el proyecto que aprueba el acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros 1977, celebrado en la Ciudad del Cabo – Rep. de Sudáfrica-, el 11 de octubre de 2012, la consejera explicó: “Es en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. El objetivo que persigue es, por un lado, proveer un marco de seguridad y protección a los trabajadores pesqueros que trabajan habitualmente en las embarcaciones y, por otro lado, a través de este convenio se busca contribuir a la lucha contra la pesca ilegal no reglamentada que es uno de los flagelos más sensibles que afectan a los océanos”.

“Se busca a través de este convenido brindar un marco de protección y cobertura para las embarcaciones pesqueras que contribuyan a su seguridad porque son muchos días los que pasan los trabajadores pesqueros a bordo y la responsabilidad principal que le cabe controlar que se respeten las disposiciones le compete al Estado de Pabellón Nacional. También se busca dar un marco de uniformidad a la mayoría de los estados para que cumplan estándares de protección a los empleados pesqueros”, expandió.

A su turno Gabriel Taboada, funcionario del Servicio Exterior de la Nación de Cancillería, explicó los puntos centrales del proyecto que establece el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en la ciudad de Beijing -República Popular China- el 10 de septiembre de 2010- y señaló: “Las penas de estos delitos tienen que ser severas. Esta es una convención de Naciones Unidas que se encuentra dentro de un paquete de 19 convenciones focalizadas en la lucha contra el terrorismo. Es muy importante que, la Argentina que ya ha adherido a 14 de estas 19 convenciones, también adhiera a esta”.

La directora Asistencia Jurídica Internacional, Aldana Rohr, explicó el proyecto que aprueba el tratado con la República de Serbia sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, suscripto en la Ciudad de Belgrado, el día 14 de octubre de 2019; y el tratado con la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal.

“La regulación en materia penal mutua con Cuba y Serbia se van a regir por nuestra ley nacional de cooperación jurídica internacional que prevé el procedimiento para la tramitación de solicitud de asistencia jurídica”, sostuvo Rohr y afirmó: “La importancia de tener tratados con un país extranjero radica en tener reglas claras que permitan prever cuál es el procedimiento que se le va a asignar al trámite de extradición”.

Al debatirse las iniciativas que aprueban el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad con la República italiana, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; y el tratado con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas, suscripto en Buenos Aires el 6 de agosto de 2018, Rohr destacó: “Es importante recordar, que en el instituto de Traslado de Persona Condenada, siempre es necesario que medie el consentimiento de la persona a ser trasladada”.

Por último, se analizó un proyecto de ley que aprueba el tratado de extradición con la República Popular China, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, el 10 de mayo de 2013; otro con la República de Polonia, suscripto el 5 de diciembre de 2019; y el último con la República de Costa Rica, suscrito el 21 de marzo de 2019.

La secretaria general de la Asociación de Abogados Laboristas, Mariana Amartino, lanzó una fuerte crítica a las reformas en materia laboral que propone la ley ómnibus: “Ni la dictadura de 1976 se animó a tanto”. Así, pidió al Congreso Nacional “asumir su responsabilidad, efectuar el control de constitucionalidad y rechazar la norma”.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno en materia laboral. Los intentos de querer reformar la legislación laboral han sido recurrentes en nuestro país”, inició su presentación frente al plenario.

Amartino recordó que “el anterior y último intento sucedió en diciembre de 2017 y fue frenado por la acción de trabajadores y trabajadoras en conjunto con sus organizaciones sindicales, movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil en una manifestación contundente que fue violentamente reprimida a manos de las fuerzas de seguridad”.

“A seis años de esa jornada, nuevamente nos colocan frente al dilema relativo a qué tipo de mundo del trabajo queremos quienes vivimos en este país. Si es un mundo del trabajo inclusivo con derechos o si es uno donde va a imperar la arbitrariedad patronal y las personas trabajadoras tendremos que resignar derechos”, cuestionó.

La secretaria planteó: “En cuanto al contenido de las reformas que se impulsan en este proyecto, que entre sus artículos ratifica el DNU 70/2023, estas implican una afectación de derechos que trascienden todas las esferas de las relaciones laborales”.

“Explicar todos los retrocesos de esta norma en materia laboral me tomaría mucho más que cinco minutos en tanto pone en cuestión la capacidad de acción y organización sindical, criminaliza la huelga y protesta social, posibilita los despidos en el empleo público vulnerando el mandato constitucional de la estabilidad, reduce la indemnización por despido y habilita su reemplazo por un fondo de cese laboral, amplía el periodo de prueba, fomenta el trabajo no registrado a través de la derogación de las leyes antivasión y la eliminación de sus indemnizaciones”, enumeró.

En esa línea, siguió: “En materia de género suprime la indemnización agravada para el caso de despido por el caso de embarazo, modifica los términos de la licencia por maternidad, y las condiciones para la gestión de los cuidados de la jornada laboral, elimina la obligatoriedad de la capacitación en materia de violencia de género para todas las personas que trabajan en el Estado previstas en la Ley Micaela entre muchas otras modificaciones que atentan contra el principio de la progresividad, principio arquitectónico de los derechos humanos que emergen de las disposiciones de la Constitución”.

“La desregulación del DNU del orden laboral hiere de muerte los derechos básicos fundamentales, quiebra la estructura tutelar del artículo 14 bis y los principios vertebrales de progresividad de los derechos y la justicia social incorporados por los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”, alertó.

Amartino señaló que “el título cuatro de trabajo, suspendido recientemente por un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo, vacía de contenido el principio protectorio en tanto en su dimensión individual como en su aspecto colectivo, vulnera los principios de la norma más favorable a la persona trabajadora previsto en el artículo 9 del contrato de trabajo, el de primacía de la realidad y el principio de irrenunciabilidad de los derechos previstos en el artículo 12 de la norma que configuran el orden público laboral”.

A modo de ejemplo, mencionó algunas de las reformas estructurales que “demuestran groseramente la gravedad del proyecto que hoy se debate. El DNU desconoce la presunción de la existencia del contrato de trabajo ante la acreditación de la prestación de servicios. Crea la figura del colaborador estableciendo una relación de no dependencia habilitando que un empleador monotributistas o autónomo pueda contratar hasta cinco trabajadores bajo esta figura, pulverizando la relación de dependencia y legitimando el fraude laboral. Otro aspecto preocupante es el caso de los despidos discriminatorios, si bien se incorpora una indemnización agravada con el artículo 245 bis que se pretende introducir, se establece que la prueba estará a cargo de quien invoca la discriminación subvirtiendo los estándares internacionales y, en caso de que sea aprobada y reconocida por sentencia judicial se prohíbe la aplicación de la Ley 23.592 que penaliza los actos discriminatorios eliminando toda posibilidad de reinstalación en el puesto de trabajo de la persona, es decir, le otorga efectos permanentes al despido discriminatorio convalidando un acto nulo”.

En materia de derechos colectivos, indicó que “el proyecto no pierde gravedad sino por el contrario, limita y restringe el derecho a huelga, al exigir la cobertura del 75% de la actividad a trabajadores de una larga lista a las que califican como servicios esenciales o de importancia trascendental que va en contra de la jurisprudencia de la OIT”.

“Esta modificación es imposible que prospere porque no hay ningún modelo en donde se prohíba el derecho a huelga como propone este proyecto”, manifestó y lanzó: “La real intención es acabar con los pilares fundamentales del derecho del trabajo, estableciendo una serie de liberalidades que solo beneficia a los grupos concentrados de poder económico. Ni la dictadura en 1976 se animó a tanto”.

Por último, enfatizó que “el Congreso Nacional y los legisladores deben asumir su responsabilidad en este tiempo histórico tienen que efectuar el control de constitucionalidad y convencionalidad de esta norma que a tenor de violaciones en materia laboral no puede correr otra suerte que su total rechazo y rotundo”.

En la sexta jornada del plenario de comisiones informativa en el tratamiento de la ley ómnibus, el director del Instituto Nacional del Teatro, Alfredo Badalamenti, rechazó el proyecto y consideró que “Es un agravio a la cultura querer derogar la Ley 24.800 que creó la institución”, y destacó que el teatro genera “apertura e intercambio cultural”.

Al inicio de su presentación, manifestó: “Estoy en representación de los 197 trabajadores que andan luchando y peligrando por sus trabajos y de toda la comunidad teatral, que el Instituto Nacional del Teatro es sostén para su actividad”.

Así, recordó que “en el año 2023 se cumplieron 26 años de la promulgación de la Ley 24.800 que creó el Instituto Nacional del Teatro”, y destacó que “la misma fue el resultado de la reflexión, el trabajo y el intercambio de ideas de la generación de diferentes artistas que durante décadas en cada rincón del país sostuvieron la importancia de la actividad teatral”.

“Entendieron que el teatro es mucho más que un resultado espectacular, es vehículo de desarrollo humano, entendieron que la actividad teatral es una actividad productiva que tiene la posibilidad de poner en escena las historias, los sentidos, los problemas de una comunidad garantizando el derecho social de acceder a esta expresión cultural que es formativa y síntesis de obras de arte”, describió Badalamenti.

También describió al teatro como “identidad e idiosincrasia porque genera formas y contenidos que son propios de los territorios del país. Al mismo tiempo es intercambio y apertura cultural con el mundo por ello nuestro sector está conmocionado en este estado de estupor”.

“No terminamos de comprender por qué se plantea la derogación de esta herramienta virtuoso. Una ley ejemplar, admirada en el mundo entero que garantiza fomento y la distribución equitativa de recursos en cada rincón del país y una organización de burocratizada que garantiza debate, intercambio, evitando toda discrecionalidad en la asignación de recursos”, planteó.

Para el directo del Instituto del Teatro “la misma ley y la organización interna del organismo garantizan la transparencia, con controles internos y externos con concursos públicos de antecedentes y oposición para desempeñar roles de representación que garantizan idoneidad y transparencia”.

“En este plenario hay representantes de todas las provincias argentinas y en cada pueblo se puede corroborar in situ los beneficios que en este cuarto de siglo el Instituto Nacional del Teatro ayudó a generar, a multiplicar y sostener, modificando de plano el mapa de desarrollo del teatro nacional, permitiendo que haya teatros independientes de calidad fuera de la Ciudad capitales como un concepto de igualdad y libertad creativas”, planteó.

En tanto, indicó: “Se aduce a la cuestión económica y se señala a estos organismos y a la cultura en general como deficitarios y onerosos por una situación de crisis. De la totalidad de los recursos del sector público estos organismos en el 2023 significaron todos los organismos el 0,6% de la inversión nacional sumando a que no le quitan presupuesto a la educación, salud, seguridad, sino que se financian de dos gravámenes accesorios que provienen del ENACOM que tiene una tasa del 10% que representa el 95% del presupuesto total. Los premios ganados en juegos de azahar representan el 5%. El presupuesto del sector cultural es superativo porque la inversión en cultura solo representa el 0,2% del presupuesto nacional el cual ha sido debatido y aprobado en el Congreso de la Nación durante el 2022. Ese mismo sector genera un valor agregado anual del 1,8%”.

En suma, explicó cómo se asignan los aportes en el instituto: “Un jurado nacional de calificación de proyectos integrados por personalidades destacas en el quehacer teatral y elegidas por concursos de antecedentes y oposición y renovables cada 2 años son los encargados de evaluar los proyectos presentados por la comunidad. Son calificados con un puntaje y elevados al Consejo de Dirección”.

“Durante el 2023 se otorgaron como aportes más de 500 para salas de teatro independiente que dejarían de funcionar en el país, más de 60 producciones de obra, 28 asistencias técnicas, más de 500 giras teatrales, más de 250 eventos teatrales”, detalló y cerró: “El registro nacional de teatro independiente cuenta con 47.193 personas habilitadas.  Gracias al fomento de la Ley garantiza de forma federal la distribución de recursos y ayuda a las economías regionales. No entendemos por qué este agravio a la cultura”.

Tras la ronda de preguntas, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, afirmó que “es mentira que las obras se paralizan por decisión de esta administración, vienen paralizadas hace 9 meses”, y denunció que se han “encontrado con más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”.

“No me referí a la obra pública porque no está dentro de lo que estamos hablando en este proyecto de ley y tampoco del régimen. No es que no nos parecen interesantes las cloacas u otras cosas, pero dependen de un nivel de obra pública que dependen de las jurisdicciones”, explicó.

Así, denunció: “Nos hemos encontrado con que la administración anterior ha tenido un enfoque de obra pública que ha generado un parámetro de objetivos de una cantidad de obras pequeñas que son obras que tradicionalmente lo hacen las provincias o municipios porque está en contacto con la comunidad local, conocen mejor el territorio”.

“Nos hemos encontrado con más de 7 mil obras que cuando uno las ve no encuentra ninguna obra importante que son las obras que tiene que encarar el Estado nacional. Nos hemos encontrado con más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”, alertó.

Por último, Ferraro defendió: “Es mentira que las obras se paralizan por decisión de esta administración, vienen paralizadas hace 9 meses porque se contrataron obras donde no existía ni el presupuesto ni la plata para pagarlas, esto es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria”.

“Durante el 2024 nosotros vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance. Vamos a seguir ejecutando todo lo que es obra financiada por organismos multilaterales porque están financiadas. Hay vocación de los organismos de ampliar los préstamos para mitad de año. Hay que desmitificar el tema de las obras”, aseguró y sumó que van a “incentivar” al sector privado para proyectos que tienen demanda y “el Estado tiene que impulsarlo y generar un ámbito donde se genere la inversión. Esto nos va a dar la posibilidad de seguir invirtiendo en infraestructura”.

El titular de la cartera de Infraestructura, Guillermo Ferraro, se presentó este jueves ante el plenario de comisiones de Diputados para explicar los capítulos de la ley ómnibus correspondientes a su área y expresó que “es un acelerador de la toma de inversiones”, y explicó que proponen la eliminación de “todo tipo de restricción a la importación y exportación”.

Al inicio de su presentación, comentó que “estamos tratando un proyecto dentro de lo que consideramos que es una emergencia, una de las situaciones más críticas que ha pasado el país”, y denunció: “Para enumerar algunos temas se ha permitido y autorizado importaciones por varios millones de millones de dólares sin que existan los dólares. Tenemos el problema que, por distintas razones que nos encerramos en distintas políticas desacertadas, nos encerramos en una espiral donde cada vez las restricciones al acceso a la moneda extranjera, la posibilidad de acceder a las divisas del exterior, la posibilidad de poder importar se ha hecho casi nula”.

El funcionario alertó: “Hemos llegado a un estado de situación donde acá en el AMBA el transporte esta estatizado porque el 90% de los costos los paga el Estado nacional, donde el transporte ferroviario el 98% lo paga el Estado. Esto implica una situación, no solo de esfuerzo presupuestario y un estado cultural donde parece que lo que el Estado paga no lo paga nadie. Esto nos llevó a una situación de que todo lo vamos a pagar todo”.

“Se hizo un uso y abuso de la emisión de dinero y eso fue generando esa espiral inflacionaria donde llegamos a estar en un nivel de inflación absolutamente insoportable para la población”, cuestionó.

Al respecto, indicó que “en ese marco el clima de inversiones es desalentador, tanto para la inversión extranjera, que es importante, pero también para la de los argentinos. Es muy difícil que venga del exterior una inversión al país si nos ven a que los propios argentinos no invertimos, y esto es así porque se ha generado este clima de restricciones”.

Ferrari aclaró: “No venimos a mejorar o a mejor administrar las estructuras del sistema, venimos a cambiar el sistema de estructuras y esto es importante entenderlo de esa forma porque no se entiende el porqué de la cantidad e intensidad de cambios que el Ejecutivo propone”, y reiteró: “Nosotros queremos cambiar este sistema perverso de estructura, no mejor administrar lo que está y esto implica un cambio cultural que como todo cambio requiere una claridad en el planteo y perseverancia en el tiempo y medidas y reglas que cambien el sistema”.

“El cambio es para volver a ser un país normal, porque tampoco estamos planteando un cambio hacia un modelo novedoso. Lo que queremos es volver a ser un país normal donde el empresario vuelva a ser empresario, en el sentido mejor definido de la palabra porque hay que preservarlo porque organiza el capital y los recursos humanos del empleo y, por lo tanto, cuando un empresario no ocupa ese rol y se le planteó durante mucho tiempo un rol de una negación del riesgo. Este cambio implica que el empresario vuelva a asumir su rol como animador, organizador de la sociedad, un rol creativo para ver oportunidades y donde el Estado poco pueda intervenir porque cuando el Estado interviene lo que hace es alterar, a través de regulaciones, esa creatividad. Si al argentino lo dejamos ser libre nos va a sorprender con su capacidad de creatividad”, explayó.

Así, planteó que “dentro del proyecto en uno de los anexos está el régimen de incentivo a los proyectos de inversión y rigen porque el país normal que avizoramos, debido a las rigideces que hoy tenemos, que hemos heredado, vamos a tener un tiempo como para poder salir de esas rigideces. Un tiempo debido a que escasean las divisas, a que la confianza hay que volver a ganársela, un tiempo para que el sector privado se convenza de volver a ocupar ese rol de emprendedor, de iniciador, de organizador, creador y que el Estado, al mismo tiempo, se retire de todo lo que pueda hacer el sector privado y ocupe un rol orientador, animador y por supuesto retirar todos los obstáculos para que pueda funcionar el sector”.

“Como sabemos que va a tardar tiempo todo eso, hemos redactado el proyecto de ley donde queremos adelantar un clima de inversión para inversiones que sabemos que hoy están dispuestas a realizarse en el país, que es rico en recursos naturales y hay mucho interés, no solo en la extracción de recursos, sino que tenemos que pelear por la segunda parte que es la industrialización del recurso, y para eso se necesitan inversiones cuantiosas y necesita, al mismo tiempo, infraestructura de caminos, energética, logística. Todo esto requieren un tiempo de maduración, no es un negocio que genera un ingreso inmediato, sino que son proyectos para que empiecen a madurar necesitan varios años”, profundizó en su argumento.

Ferraro remarcó que “es importante para nosotros y para esos inversores que hoy están viendo, tanto nacionales y extranjeros, que el país tiene oportunidades de invertir, es importante adelantar ese clima de negocios favorables y el marco de lo que nosotros pensamos que debería ser el marco de un país normal”.

Por último, señaló que los objetivos que están en el artículo 3 “cuando hablamos de incentivos a proyectos de inversión importantes estamos hablando de una multiplicidad de la actividad. Todos sabemos que tenemos un tejido productivo en un porcentaje muy grande constituido por pequeñas y medianas empresas productivas como de servicios. Estos proyectos multiplican la actividad tanto del empleo como de las PyMes y de alguna manera está orientado hacia eso de facilitar la inversión y por otro lado la capacidad que tienen estos proyectos de generar este tipo de actividad”.

Sobre los sectores involucrados, explicó que “plantea una orientación, pero delega en el Ejecutivo la posibilidad de ampliarlo, estamos planteando los sectores de mayor dinámica de acuerdo a los montos de inversiones que se necesitan como la minería, la energía, el transporte”.

Además, comentó que la “ingeniería del articulado” se encuentra en “aislar el proyecto de inversión cuya decisión se tome en estos próximos dos años, la decisión y la efectivización de la inversión, aislarlos de las múltiples rigideces o regulaciones que hoy tiene en el mundo tributario, espacio cambiario, y en muchos casos no se pueden terminar de generalizar por las rigideces que tiene la economía, pero pensamos que va a ser abstracto el régimen cuando de acá a dos años podamos llevar a toda la macro en la mismas condiciones que planeamos”

“Este proyecto es un acelerador de la toma de inversiones de varios de cientos de dólares de muchas empresas que quieren invertir hoy si existe este marco jurídico a nivel del país que planteamos”, afirmó y sumó: “Este régimen es de adhesión y en eso está el compromiso de invertir montos que por sector van a ser mínimos, pero con porcentajes que tienen que cumplir en los primeros dos años. Queremos acelerar la decisión de inversión tanto de empresas nacionales y extranjeras”, y aclaró: “No se trata de inversión de activos financieros, se trata de inversiones en activos computables que son bienes de capital, bienes productivos”.

Por último, describió los incentivos tributarios y aduaneros que se dan por el régimen: “Quien adhiera a este régimen y cumpla los objetivos de inversión porcentuales para este primer año y para el 2025 estamos reduciendo la tasa del impuesto a las ganancias al 25%. Las decisiones de inversión están globalizadas y los países compiten más cuando no se trata solo de la extracción del recurso”.

“Quien toma una decisión de inversión, cuando analiza el proyecto le va cargando costos y muchas de las regulaciones que tiene el país implica el costo argentino y cuando es tan alto no se toma la decisión de invertir. En el régimen de incentivo le vamos quitando a los proyectos que adhieran le vamos a quitar los ítems que hacen al costo argentino”, informó.

Sobre las amortizaciones explicó que “es importante desde el punto de vista impositivo la aceleración de las amortizaciones. Estamos permitiendo que quien maneja el proyecto amortizar en dos cuotas anuales iguales los bienes muebles y, también, considerar en un 60% la amortización de los bienes de capital”.

“Esto se une con el manejo del quebranto impositivo, que el proyecto en los dos primeros años da quebranto impositivo, y desde el punto de vista impositivo es importante solucionar dos temas que se solucionan con el régimen que es mantenerlo actualizado y la posibilidad de ajustar por IPC y si al quinto año no se pudo aplicar, da la posibilidad de transferirlo lo que disminuye el costo financiero de la inversión a fin de generar divisas e ingresos a partir del tercer año”, profundizó y cuestionó: “Esta exigencia de no poder cada vez con mayor intensidad disponer de divisas nos llevó a situaciones donde un inversor extranjero no pueda generar dividendos a su accionista en el exterior. Luego del tercer año permitimos, con este proyecto, generar el 100% de los dividendos y son decisiones que se toman pensando en la inversión productiva dentro del 10 años”-.

El impuesto al valor agregado (IVA)

De forma breve, comentó que el IVA “es otro costo argentino” porque “las políticas de incentivo ya existen en cuando a la devolución del impuesto al valor agregado. Cuando uno analiza el proyecto se da cuenta que la devolución del IVA nunca se sabe cuánto se va a devolver y qué implica nominalmente para el proyecto esa devolución”, y afirmó: “Como el espíritu es devolver el IVA entonces directamente no lo cobramos. Se genera un mecanismo de certificados donde financieramente el inversor no paga el IVA, sino que ese certificado impositivo le sirve para pagar a los proveedores, tiene un efecto cero desde el punto de vista financiero, si lo vamos a devolver directamente no lo cobramos al IVA”.

Impuestos débitos y créditos

“Es un mal impuesto, pero que cuesta modificarlo cada vez que se tiene la necesidad que hay que cubrir al fisco. En el caso los impuestos al crédito y débito se puede aplicar al pago del impuesto a las ganancias, con lo cual no genera costo desde el punto de vista financiero”, explicó Ferraro al respecto.

Derechos de importación y de exportación

Al hablar en materia de derechos de importación y de aranceles contó que “estamos planteando que sea para bienes de capital como parte del capital como insumos directamente ponemos arancel 0 para que no tenga un costo adicional con respecto a otros países con los que estamos compitiendo”.

Por otro lado, sobre los derechos de exportación informó: “Proponemos una excepción a los derechos de exportación a partir del tercer año. Los derechos de exportación no deberían existir en un país normal”.

“Deducción de intereses y diferencias de cambios que en el proyecto de impuesto a las ganancias están topeados que queda corto, nosotros proponemos la totalidad de deducción como gasto de los intereses o diferencias de cambios”, añadió luego.

El funcionario también explicó que plantean “una eliminación de todo tipo de restricción a la importación y exportación porque estamos en un callejón donde llevamos a la macro que desalienta a las inversiones por lo que le cobramos con respecto a otros países sino también a los obstáculos que tienen para importar o exportar son económicos, son registros, son trabas y todo eso encarece un proyecto de inversión”.

Régimen cambiario

Por último, habló sobre el régimen cambiario que “es una salida del corset que estamos en la economía que no debería existir y para lo producido a los proyectos adheridos al régimen planteamos la posibilidad de disponer de las divisas generadas por la exportación por lo que planteamos una liberación paulatina de las divisas en un primer año un 20%, en el segundo año un 40% y a partir del tercer año la disponibilidad de divisas en el exterior producidas por la exportación que genera el proyecto”.

“Tratamos de eliminar toda traba que existe en cuanto a la disponibilidad de lo que se produce, los activos que se invierten no van a haber normas que interrumpan procesos productivos”, concluyó.

Segunda jornada maratónica tuvo lugar este miércoles en Diputados durante el plenario de comisiones que continuó con el debate por la ley ómnibus a la que asistieron un total de ocho funcionarios del Poder Ejecutivo.

Los primeros en exponer fueron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Promediando la tarde, fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía; Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Pablo Lavigne, secretario de Comercio; Carlos Casares, interventor del Enargas; Juan Paso, secretario de Industria y Desarrollo, y Fernando Vilella, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Quirno y Lavigne no alcanzaron a exponer. A la 1.43, después de más de 16 horas de plenario, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, anunció que tal cual lo acordado con las autoridades de los bloques y los propios funcionarios se había decidido reprogramar la presentación de Pablo Quirno y Pablo Lavigne, para exponer a partir de las 17.30 de este jueves. Tenía sentido, pues de lo que iban a hablar ambos secretarios involucraba un centenar de artículos de la ley ómnibus.

Un sistema de energía con riesgo de desabastecimiento

Por segunda vez consecutiva asistió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien puntualizó a explicar la situación actual y el por qué de ciertas medidas. Al iniciar su presentación, Chirillo alertó que “el sistema energético actual está desinvertido, desfinanciado y es altamente ineficiente, con alto riesgo de desabastecimiento. La balanza comercial acumulada de los últimos 10 años en materia energética nos dio una pérdida de 30 mil millones de dólares acumulados”, y lamentó: “Parece mentira que, en un país tan rico en recursos, tengamos una pérdida así en materia energética”.

El funcionario explicó: “La situación actual tiene un debilitamiento institucional del sector donde el ente regulador no funciona como tal. Requiere la necesidad de recuperar la capacidad técnica y la idoneidad y se encuentra con una estructura sobredimensionada”.

“En cuanto al parque de generación, que es muy preocupante, es que al no haber inversiones en generación la potencia disponible, que no es la instalada, esta muy cerca de la demanda máxima por lo que los riesgos de cortes son muy altos y tenemos que apelar a importar electricidad por parte de Brasil”, alertó y detalló que “esa desinversión que hay en generación además viene de la mano de que está disociado del precio que reciben los generadores respecto del precio que pagan los distribuidores y pasan a la tarifa del usuario final. Hay un pago a los generadores cuyo precio no se pasa a la tarifa y por lo tanto es el Estado el que realiza continuos aportes a un parque que está al limite y no se hace nueva inversión”.

En tanto, indicó que “a esto se suma que respecto de los costos que significa generar electricidad la tarifa solo cubre el 40% del costo del suministro. Hemos pasado por tanto durante dos décadas, esto no es de un gobierno o de dos, sino que fue progresivamente pasamos de un mercado competitivo a uno regulado pagando costos medios y requiere de importantes aportes del Tesoro Nacional para poder sostener esa generación”.

Chirillo contó que “el Estado financia en los 2023 7 mil millones de dólares y en el 2022 fueron 10 mil millones de dólares. Además, el Estado decidió que CAMESA que es el organismo que organiza el mercado sea el comprador de combustibles por lo cual se generan sobrecostos, y que el Estado tiene que pagar”.

“Los cuadros tarifarios al estar planchadas y congeladas desde el 2020 las tarifas y solo durante estos últimos años con ajustes parciales han fomentado el crecimiento de la demanda porque cuando la energía esta barata, no cuesta y por tanto se gasta más de lo que se necesita”, planteó.

Por tanto, contó que “en algún momento del tiempo de estas últimas décadas hemos roto con algo fundamental que es que la tarifa refleje el costo del suministro y esto que parece tan básico decirlo lo hemos mezclado, en realidad, con que la tarifa se tiene que asociar a la capacidad adquisitiva de la gente. Ese tema está relacionado con el subsidio, no con la tarifa”.

“El esquema que se viene haciendo con la segmentación, donde algunas personas pagan un precio y otros pagan otro costo por el poder adquisitivo, eso conceptualmente esta mal y es a través de los subsidios que el Estado debe ayudar a las personas de bajos ingresos que no pueden pagar el costo del suministro”, planteó el secretario de Energía.

A su vez, advirtió que “en materia de transporte estamos peor aún, la red no crece y está saturada y esto nos lleva a una situación de total ineficiencia porque no se hacen las redes de transporte. Por tanto, no aprovechamos de nuestro país los lugares donde se pueden obtener las fuentes primarias de energía de forma más económica, no se hacen redes hace muchísimo tiempo. No hemos crecido y tampoco acompañado”.

“Sumado a toda esta situación de déficit, de desfinanciamiento y de desinversión, la situación que tenemos en el sector eléctrico es muy vulnerable y realmente preocupante”, alertó Chirillo y siguió: “Como contrapartida a todo esto, desde el punto de vista económico el sistema no es autosuficiente y tiene que serlo, pero no logramos hace tiempo conseguirlo. Entonces, ocurre que el Estado financia, subsidia a la generación y a todos los usuarios y, por otro lado, las tarifas no logran recaudar lo que las distribuidoras deben pagar y entonces se generan deudas y si eso prospera nos quedamos sin un sistema funcionando”.

En materia de gas, también indicó que existe “ese debilitamiento institucional” porque “las señales de precios se han perdido. Tenemos Vaca Muerta que es la segunda reserva de gas en el mundo y solo explotamos el 6% de su potencial”.

“El Estado cubre dos tercios del costo del precio de la molécula de gas a través de subsidios pagando parte del Plan Envasar a precios que no paga el usuario, paga el Estado y a las distribuidoras se les pasa una parte y como no viene inversión de nada y viene justa y en momentos de pico necesitamos importar. Compramos a Bolivia a un costo de 10 dólares que luego a las distribuidoras se las pasa a 1,2 dólares y el resto lo paga el Estado”

Sobre el GNL, informó que “es insostenible”, al igual que los cuadros tarifarios porque “hay 90 tipos de tarifas”.

Al referirse a la transición energética, lamentó que “no hemos logrado casi nada, en ningún año se cumplió con los porcentajes de energía renovable previstos en las leyes. No se conocen multas por incumplimientos, tampoco se cumplieron las metas de transición, solo son expresiones de deseo”.

“Esta situación que es preocupante requiere de medidas importantes a tomar que algunas se tomarán por DNU y resoluciones. Nos permitirían recuperar el sector energético que necesitamos, es una cuestión de actualización”, planteó el funcionario y explicó que son 10 las propuestas: “Respetar derechos adquiridos, revisar las funciones del Estado, recuperar confianza en la inversión, indispensable transparencia en la regulación que dictan, en infraestructura estamos escasos y por eso se propone ese régimen de iniciativa privada y tenemos que integrarnos con el exterior, fomentar los contratos a largo plazo, cambios con senderos de precios, incentivas inversiones, dar estabilidad fiscal, aggiornar los tratados de protección de inversiones. Algunas medidas que necesitamos, requieren de una modificación de ley”.

Chirillo explicó que hubo cambios en la redacción porque “se han producido algunos errores” y precisó que “daban a entender que el Estado quería nacionalizar los recursos de las provincias, se ha tomado la modificación de una ley con el texto original y se mantuvo el nombre de Poder Ejecutivo que se usaba en ese momento. Es un error que se está arreglando”.

Sobre los hidrocarburos, contó que proponen un cambio que “es sustancial para la seguridad jurídica y de inversión que es reconocer el derecho de las empresas a la libre comercialización al exterior de petróleo y gas sujeto a la no objeción del Estado, que se puede oponer a ese derecho cuando se produce un sobrecosto en el abastecimiento local. Cambia el régimen de ser un derecho a una autorización que eran parciales y precarias. La misión es bajar el riesgo país”.

También aclaró sobre el tema de los biocombustibles que han “actualizado la versión que ingresó con unos artículos y que ahora van a estar alineados a comentarios de gobernadores y diputados”, y explicó que “el Estado libera el precio y se aumenta el corte obligatorio de 7 al 10 y luego aumentar al 15% hasta el 2026, lo cual permitirá alinearnos con Brasil. En materia de bioetanol se aumenta al 12% y se aumenta en tres años un 18% hasta seguir un sendero del 27%”.

“Los cupos queremos que sean cambiados por licitaciones pero que ninguna empresa pueda tener mas del 14% de la participación de demanda interna, no pueden participar más allá del 100% de la capacidad instalada, tiene que haber elación ente la producción y la capacidad de todas las integradas debe ser iguala  las no integradas, vamos a permitir que tanto empresas chicas y grande participen del mismo modo”, agregó y contó que el cuarto capítulo propone la unificación de los entes reguladores con una buena gobernanza dará mayor seguridad a los inversores y en materia eléctrica los cambios son menores”.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (UP) hizo uso de la palabra en el plenario de comisiones de Diputados en el tratamiento de la ley ómnibus posterior a la exposición breve de los tres funcionarios que asistieron a explicar el texto y cuestionó: “No han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo”.

“No tuvimos un funcionamiento muy ordenado al principio de este plenario. Desde que escuchamos a un funcionario que no sabíamos qué función tenía y ni siquiera su apellido, hasta la introducción de la filosofía del Derecho que poco tiene que ver con el tratamiento específico de lo que vamos a tratar acá”, criticó.

En esa línea, Moreau apuntó: “Algo que no ocurrió jamás en la historia argentina y de este Parlamento que el abordaje de un decreto de necesidad y urgencia y la propia ley ómnibus suman casi mil artículos y reforman artículos constitucionales, códigos de fondo, el código penal, leyes que han formado parte de consensos base que han constituido la democracia”.

“Es un hecho que merece un abordaje de otra naturaleza con participación de todas las comisiones involucradas”, reclamó.

El diputado opositor sostuvo que “en ninguna de las crisis que se vivió se dio una respuesta institucional de esta naturaleza y la verdad es que la democracia tuvo crisis. Cuando el presidente Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta a la verdad porque la verdad es que el Dr. Alfonsín podría decir lo mismo con una violación sistemática de los derechos humanos y, también, recibió un país con una inflación que rondaba el 4 mil por ciento, con una crisis económica terrible. Esa también era una herencia difícil y no se resolvió dándole al presidente Alfonsín la suma del poder público, sino que se resolvió a través del consenso político”.

“Menem también podría decir que recibió una situación de crisis económica, no institucional y se votó, y acá está presente el Dr. Barra que mucho tuvo que ver con la reforma del Estado y él recordará, que esa ley de reforma no tuvo ni de cerca el alcance que se pretende a la que hoy estamos discutiendo”, recordó.

Además, recordó que “después se volvió a otra crisis que también resolvió la política que fue la del 2001 que se desbarrancó del intento de seguir con la convertibilidad, que se prolongó por la tozudez de un gobierno de De la Rúa”, y lanzó: “Que no tuvo el coraje de cambiar esa política y, por el contrario, se dejó asesorar por los mismos que asesoran hoy a Milei”.

“La política le dio libertad, sufragio, democracia a los argentinos y en los momentos graves de crisis le dio las herramientas para resolverlas y ahora nos vienen a plantear una herramienta que esta fuera de las instituciones y quieren imponer un estado de excepción, ponerse por encima de las normas constitucionales porque necesitan los instrumentos para callar la protesta social”, denunció.

En tanto, resaltó: “Nosotros no vamos a tolerar a 40 años de la democracia que en nombre de una crisis que no es tan grande como la que dimensionan para buscar este resultado, nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera que las reformas del Código penal nos lleven al pasado, que se reinstale el estado de sitio”, y exigió saber “quiénes han redactado estas normas porque ahí si están violando gravemente su deber respecto a la constitución están diagramando un estado represivo para sostener una política económica . No hay márgenes para dictaditas militares ni estados policiales como algunos en el Gobierno quieren”.

“¿Cómo se pretende que el Congreso delegue todas estas responsabilidades en las irresponsabilidades de quienes hoy están aquí que no han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo?”, preguntó críticamente.

Por último, solicitó que retiren el DNU porque “es un desatino y esta ley ómnibus es la repetición de este desatino por mil y no tiene ninguna razón de ser”, y reiteró: “Quienes hoy están aquí que no han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo. Busquen consenso y discutamos tema por tema no estamos dispuestos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento argentino”.

“El presidente tiene que elegir si quiere ser virrey de una colonia o presidente de la Argentina y tiene que empezar a respetar el principio de división de poderes. Tiene un programa político que apunta en la dirección de ser colonia. Esto no es un plan económico sino de negocios”, concluyó.

Esta tarde tuvieron lugar tres reuniones plenarias de comisiones del Senado, en la que emitieron dictamen favorable a diversos proyectos tales como el de fomento a las inversiones productivas provinciales; el alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos y la creación de un régimen de promoción de la actividad ladrillera artesanal.

Desde el Salón Arturo Illia, abrió la jornada de trabajo la Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador de San Juan, Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) quien pasó a la firma un proyecto de ley, impulsado por el senador de Chaco, Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular) para declarar capital nacional del vidrio al partido bonaerense de Berazategui. También se avalaron varios proyectos de declaración y de comunicación.

Luego, se integraron las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Industria y Comercio, y de Presupuesto y Hacienda, cuyo encuentro fue encabezado por los presidentes de las tres comisiones, la senadora Nora Giménez (Salta-Unidad Ciudadana), el senador Basualdo y el senador de La Rioja, Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), respectivamente y emitieron dictamen sobre tres proyectos de ley.

Se trató en primer término el proyecto del senador por La Rioja, Ricardo Guerra que busca reducir las asimetrías entre las regiones centrales y las periféricas del país. Al presentar su iniciativa, Guerra destacó que el proyecto contempla una serie de herramientas impositivas, crediticias, presupuestarias y financieras para promover la radicación de empresas en las zonas menos desarrolladas del país; y planteó que el objetivo final es intentar disminuir las grandes brechas de desarrollo que tenemos entre la zona central y la periferia de nuestro país.

AHORA @SenadoArgentina
🏛Se trata proyecto de Ley de mi autoria para la creación del Programa de Fomento a las Inversiones Productivas y de Servicios, para lograr equidad entre las provincias mediante industrialización y desarrollo.
♻️Preservando el medioambiente

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— Ricardo Guerra (@RicardoGuerraLR) December 1, 2022

El legislador riojano señaló que su propuesta “contempla que la inversión llegue no sólo a partir de la inversión privada en la producción primaria, la industria y los servicios; sino también desde el sector público, a través de sociedades para industrialización de producciones que tienen ventajas comparativas”.

En defensa del proyecto, la senadora Clara Vega destacó la importancia de los regímenes de promoción, sobre el que su provincia (La Rioja) tuvo “una muy buena experiencia con la ley 22.021″. Pidió además que el desarrollo que se propone llegue “al interior profundo”.

La senadora bonaerense Juliana Di Tullio expresó su entusiasmo por este proyecto, y defendió “el espíritu del Estado como promotor, no que quiere reemplazar al sector privado, sino que promociona desde su propia idiosincrasia” y recoge experiencias exitosas de otras regiones.

Su par chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) reconoció que “este proyecto tiene un fuerte impacto”, pero cuestionó que se desconoce el costo fiscal que tendría la aplicación de la iniciativa, y apuntó que hay otras legislaciones que promueven beneficios similares. Pidió además que se invite a los gobernadores a participar del debate del proyecto.

En respuesta a sus críticas, la senadora Di Tullio pidió “no detener los procesos en marcha”, y reclamó avanzar rápidamente en la aprobación porque los argentinos le demandan al Estado “generar trabajo”.

Tras anunciar que se iba a pasar a la firma el dictamen del proyecto, Giménez comentó a sus pares que en la Cámara de Diputados se estaba analizando en Comisión un proyecto de ley de Economías Regionales que tiene coincidencias conceptuales con la iniciativa en debate, por lo que invitó a todos los presentes a sumar sus aportes a esa iniciativa.

Posteriormente, se realizó la plenaria de las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

Durante dicha reunión, se aprobaron dos proyectos de ley, uno que modifica el artículo 1 de su similar 23.272, integración de La Pampa a la Región Patagónica, respecto de incluir al departamento de Malargüe en la mencionada región, iniciativa de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) y el segundo proyecto, cuyo autor es el senador Rodas y crea el régimen de promoción de la actividad ladrillera artesanal.

Por último, continuó reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda para brindar dictamen al proyecto de ley del senador por Chaco, Víctor Zimmermann (UCR) y otros que modifica su similar 27.676 y se trata del alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, respecto de los montos de los alquileres devengados anualmente.

Un plenario de las comisiones de Industria y Comercio y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado, recibió este miércoles al embajador de Corea del Sur, Jang Myung-Soo.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Eva Perón y fue presidido por el senador Roberto Basualdo (San Juan- Alianza Cambiemos San Juan) en su condición de titular de la comisión de Industria y Comercio.

También participaron los senadores Adolfo Rodríguez Saá (San Luis-Frente Unidad Justicialista San Luis), María Clara del Valle Vega (La Rioja-Cambiemos Fuerza Cívica La Rioja), María Inés Pilatti Vergara (Chaco-Frente de Todos), Alfredo De Angeli (Entre Ríos-Juntos por el Cambio) y María Victoria Huala (La Pampa-Juntos para el Cambio).

Al presentar al visitante, Basualdo sostuvo: “Admiramos a Corea por el crecimiento que han tenido en la parte industrial”, y consideró que por el tema de la industria “Argentina debería tomar como ejemplo” al país asiático.

Luego, Rodríguez Saá elogió “el progreso, el conocimiento, la inteligencia y la capacidad del pueblo coreano para superar momentos difíciles y hacer un gran país”.

El embajador coreano realizó una exposición sobre su país y la relación que tiene con Argentina que en lo que respecta a la amistad y al comercio que “comenzó oficialmente hace 60 años, el 15 de febrero de 1962”, pero en los hechos se inició mucho antes “cuando Argentina ayudó con el envío de alimentos tras la guerra muy cruel ocurrida en Corea entre 1950 y 1953”.

Myung-soo destacó que en cuanto a “la relación política de verdad entre ambos países empezó en 1995 cuando el presidente Carlos Menem visitó Corea y tuvo una reunión con el presidente Kim Young-Sam, que en 1996 visitó Argentina”.

También puso de relieve “el acuerdo de cooperación estratégica para el siglo XXI que se firmó en el 2004″ y la reciente visita que en octubre pasado hizo a Buenos Aires el primer ministro coreano Han Duck-soo”.

El diplomático enfatizó que “Argentina es un país muy importante para Corea en términos de alimentos” y subrayó que “Corea y Argentina son socios globales de cooperación”. “El litio es un recurso natural estratégico y para Corea tiene gran importancia en invertir en litio en Argentina y ojalá que tenga gran éxito la inversión”, destacó.

Además, mencionó como fundamentales para Corea en la relación con Argentina “la energía renovable como el hidrógeno, la energía solar y la eólica”, debido a que “Argentina tiene un gran potencial para general energía renovable y es una ventaja grande que tiene para el futuro porque tiene todo en la naturaleza”.

Finalmente remarcó la necesidad de profundizar la relación en lo que respecta a “la agricultura, en especial la soja; la ciencia y la tecnología, la industria farmacéutica, la cooperación entre las bases de ambos países en la Antártida y la cooperación parlamentaria”.

Por último, pidió el apoyo de Argentina a la postulación de la ciudad coreana de Busan para organizar la Expo Mundial 2030 para cuya organización compite con Riad, Roma y una ciudad de Ucrania.

Luego de que la Cámara baja aprobara este jueves un emplazamiento para tratar la protección de humedales, a pedido del diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista), este viernes se confirmó que tres comisiones deberán abocarse a partir del jueves de la semana que viene a analizar todos los proyectos que hay sobre el tema.

Ya lo había adelantado el titular del bloque FdT, Germán Martínez, en la sesión del miércoles al anunciar que había solicitado a las comisiones que intervienen en el debate sobre prevención de humedales a una “ronda de diálogo” para comenzar a analizar los proyectos “la semana siguiente”.

El debate se llevará a cabo en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados Leonardo Grosso (FdT), Ricardo Buryaile (UCR) y Carlos Heller (FdT), respectivamente.

La cita está pautada para el próximo jueves 22 de septiembre a las 10 en el 2º piso, Edificio Anexo “C” a fin de considerar un total de diez proyectos, de los cuales tres corresponden al oficialismo, tres son de JxC, dos del interbloque Federal, uno del Frente de Izquierda y uno del interbloque Provincias Unidas.

Por el lado del Frente de Todos una de las iniciativas lleva las firmas de Leonardo Grosso, Victoria Tolosa Paz, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Florencia Lampreabe, Hugo Yasky, Juan Carlos Alderete, Daniel Arroyo, Verónica Caliva, Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Jimena López, Roberto Mirabella, Natalia Souto y Natalia Zaracho. Las otras dos restantes iniciativas corresponden a Alicia Aparicio y al pampeano Hernán Pérez Araujo.

De la vereda opositora, uno de los proyectos presentados lleva los nombres de Jorge Vara, Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Pablo Torello, Ricardo Buryaile, Gustavo Hein, Juan Martín, Pedro Galimberti, Manuel Aguirre, Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipolini, Fernando Carbajal, Martín Arjol y Federico Angelini.

La otra iniciativa de JxC esta firmada por Ximena García, Maximiliano Ferraro, Martín Berhongaray, Camila Crescimbeni, Karina Banfi, Mónica Frade, Dolores Martínez, Pablo Torello, Facundo Manes, Rubén Manzi, Ana Carla Carrizo, Rogelio Frigerio, Margarita Stolbizer, Mario Barletta y Mariana Stilman. El restante proyecto es de autoría de la diputada Gabriela Lena.

Por el interbloque Federal presentaron proyectos la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y el otro proyecto es de Enrique Estévez, Mónica Fein (Partido Socialista) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

En tanto, en representación del interbloque Provincias Unidas hay un proyecto presentado por el diputado misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero). Mientras que la iniciativa del bloque Frente de Izquierda tiene las firmas de Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina del Plá.

Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presididas por Rubén Uñac (FNyP-FdT) y Gladys González (Pro-JxC), debatirá el próximo miércoles respecto de los procedimientos para un plan de cierre de minas y sobre presupuestos mínimos de protección ambiental ante esos casos.

El encuentro será desde las 17, en el Salón Illia, y se pondrán a la vista proyectos presentados por González, la catamarqueña Lucía Corpacci (FNyP-FdT) y el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT).

Al plenario fueron invitados a exponer Marcelo Murua Palacio, ministro de Minería de Catamarca, y Olga Teresita Regalado, secretaria de Desarrollo Minero de esa provincia.

También están convocados Rodolfo Micone, profesor adjunto de tratamiento mecánico de minerales de la Faculta de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca; Mario Juárez, miembro del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas; y representantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Más de diez meses después de que el Ejecutivo enviara el proyecto al Parlamento, comienza su debate en la Cámara de Diputados. Será en el marco de un plenario de las comisiones de Industria, que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto, y de Presupuesto y Hacienda, del porteño Carlos Heller.

La convocatoria es para este martes a las 13 y han sido invitados a exponer funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, Julieta Lousteau (subsecretaria de Industria); Gastón Grimblat y Pablo Bravo (asesores); Ignacio Bruera (director nacional de Política Industrial); del Ministerio de Economía asistirá María Sol Pasqualini (subsecretaria de Tributación Internacional); del Sindicato de Mecánicos (SMATA) Ricardo Pignanelli / Laura Ávalos; de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán / María Soledad Calle.

También de Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOEYEP) irá Juan Carlos Murúa; y de la Asociación de Supervisores Industria Metalmecánica (ASIMRA) será Jorge Lobo.

Por el lado de los representantes de la Industria Automotriz se presentarán Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA; Santos Doncel Jones, presidente de IVECO; Nicolás Abbate, director de Nissan; María Ángela Stelzer, directora de Asuntos Corporativos de VW; Verónica Niemann, directora de As Ext. Com y RSE de Mercedes Benz; Paula Camogli, jefa de Asuntos Públicos de Renault; Verónica Berkopec, Asuntos Gubernamentales de Toyota; Leonardo Pomeranchik, gerente de Asuntos Gubernamentales de MB; Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA; Carlos Galmarini, director de Relaciones Institucionales de Ford Argentina; Analía Pellegrino, gerenta de Relaciones Institucionales en IVECO Arg SA; Ignacio Traballoni, responsable de Asuntos Gubernamentales de MB; Tomás Cociancich, responsable de As. Públicos de Mercedes Benz Camiones; Diego Kukulanski, gerente de Relaciones Institucionales Stellantis; Patricio Sesti, supervisor de Asuntos Institucionales y Gub. VW; Alicia Ryzewski, responsable de Comunicación de ADEFA.

De la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADMIRA) irán Isabel Martínez, Julio Cordero y Horacio Cepeda. Mientras que de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) asistirán su vicepresidente, Fabio Rozenblum, y el gerente general, Juan Cantarella.

La ley se denomina Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, Autopartista y su Cadena de Valor y el proyecto fue presentado el 18 de agosto de 2021, pero nunca alcanzó a iniciarse su tratamiento.

Tiene por objeto promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales (forja, fundición, mecanizado, pintura, estampado, entre otros).

En los considerandos de la iniciativa, se destaca que “la cadena de valor automotriz es central para la estructura y la dinámica productiva del país”, ya que se trata de una actividad “con gran peso relativo en la producción -10% del PBI industrial-, en las exportaciones -primer exportador de manufacturas de origen industrial (MOI)- y en el empleo del país -6% del empleo industrial registrado-”.

Uno de los objetivos del Gobierno nacional es potenciar el crecimiento de la cadena de valor de manera sustentable, incentivando las inversiones en plataformas de producción eficientes, exclusivas a nivel regional y con escala internacional, que permita tener una alta inserción exportadora y altos niveles de integración nacional de autopartes”, sostienen los fundamentos.

Por tal motivo, los proyectos de inversión alcanzados por los beneficios de este proyecto de ley serán aquellos que incluyan plataformas exclusivas regionalmente (para autos y utilitarios) y niveles mínimos de contenido nacional.

Asimismo, el proyecto apunta, por un lado, a facilitar desde lo fiscal a la formación de capital en el sector, bajo instrumentos orientados a mejorar la performance financiera de los proyectos de inversión, como la amortización acelerada y el tratamiento previsto a los saldos generados por créditos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por otro, potenciar las exportaciones.

“En ese sentido, la devolución anticipada del IVA, permitiendo ser utilizado para el pago de otros impuestos nacionales, viene a reducir ese costo y a hacer viables más inversiones. Asimismo, el beneficio no implica un costo fiscal neto para el Estado Nacional, dado que lo que se devuelve de IVA en un momento implica un mayor pago de IVA en el futuro, aunque sí el Estado Nacional absorbe el costo financiero que se ahorra la empresa”, argumenta la iniciativa.

En cuanto a permitir la amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, se señaló que “también mejora el resultado financiero de la inversión, debido a que les reduce el monto a pagar por el Impuesto a las Ganancias en los primeros años, desde la puesta en marcha del proyecto”.

Por otra parte, se establece que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los proyectos de inversión deberán necesariamente involucrar la producción de: nuevas autopartes o autopartes ya producidas al momento de la inscripción al régimen, que involucren una mejora sustantiva en la capacidad de producción.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión aprobados deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

Además, se establecen cuáles serán las faltas leves y graves, al tiempo de una serie de sanciones a quienes no cumplan con la ley, tales como “la suspensión en el goce del beneficio por el período que dure el incumplimiento; la revocación total o parcial del beneficio usufructuado con su correspondiente restitución al fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, del impuesto a las Ganancias ingresado en defecto; ingreso de los derechos de exportación no abonados, con más los respectivos intereses resarcitorios; multas, cuyos montos no podrán exceder del 50% de los beneficios usufructuados; e inhabilitación para volver a gozar de los beneficios del régimen por el mismo u otro proyecto.

En otro artículo del proyecto, se dispone la creación del Instituto de la Movilidad “como ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable a través de la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras y las instituciones de apoyo científico y tecnológico”.

La iniciativa determina que el gobierno y la administración del Instituto de la Movilidad estarán a cargo de un directorio integrado por 8 vocales, que se desempeñarán con carácter “ad honorem”. De ellos, dos serán designados por la autoridad de aplicación; uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; tres por las asociaciones empresarias representativas del sector automotriz (AFAC y ADIMRA) dos por los sindicatos SMATA y UOM. Asimismo, cada entidad deberá designar a su respectivo o respectiva suplente.

Será la primera reunión convocada para este martes en el que han sido convocadas en la Cámara de Diputados una o dos reuniones por hora. Hablamos del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa), Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) y Carlos Heller (FdT-CABA), respectivamente. Analizarán los proyectos presentados sobre boleta única de papel.

Para esta ocasión han sido citados invitados que expondrán sobre el tema. Todavía no fue difundido el listado de los mismos, cuya presentación tuvo como fecha límite este viernes al mediodía.

Recordemos que en la primera reunión de este plenario realizada el jueves pasado se armó una gran polémica para establecer si se permitía que la reunión se realizara de manera mixta, cosa que fue resistida por el oficialismo, basándose en el reglamento de la Cámara, lo cual que fue rebatido desde la oposición, que finalmente decidió aceptar las condiciones impuestas y todos los asistentes deberán estar de manera presencial.

Una veintena de proyectos sobre el tema han sido puestos a consideración, siendo sus autores representantes del oficialismo y la oposición. Puntualmente son proyectos de María Graciela Ocaña, Graciela Caselles, Pablo Tonelli, Silvia Lospennato, Alejandro “Topo” Rodríguez, Jorge Enríquez, Dina Rezinovsky, Claudio Poggi, Enrique Estévez, Soledad Carrizo, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Francisco Sánchez, Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Alberto Asseff, Martín Maquieyra, Carolina Piparo y Dolores Martínez, entre otros.

En una reunión, que se extendió por más de dos horas este miércoles en el Salón Azul, un plenario de comisiones de la Cámara alta debatió el proyecto presentado días pasados por el oficialismo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados. En la reunión expusieron Guillermo Wierzba, director del Banco Nación Argentina; Julia Strada, directora del Banco Nación Argentina; Horacio Rovelli y Ricardo Aronskind licenciados en economía; y Noemi Brenta doctora en Economía.

En un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, analizaron sendos proyectos de senadores kirchneristas que prevén la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, como así también una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras.

Antes de iniciar el debate, el chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) opinó que “la Cámara de origen del proyecto debía ser la Cámara de Diputados porque la Constitución en el artículo 52 así lo determina y que es una facultad exclusiva de Diputados todo lo concerniente a contribuciones”.

Además, informó que se presentó un giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que allí también se debata el proyecto. En tanto, propuso a otros invitados como Jimena de la Torre, exfuncionaria de AFIP, y al tributarista Andrés Edelstein.

Tras cederle la palabra, el senador salteño Juan Carlos Romero planteó: “Dado el trámite exprés de esta idea, resulta que la comisión no pudo tratar los invitados”, tras lo que solicitó que se pusiera en consideración la propuesta de la oposición de enriquecer el debate con el aporte de otros invitados como el ministro de Economía, Martín Guzmán, que es alguien que está al tanto de la deuda; también el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, que está ligado al tema de la deuda y a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, para explicar los alcances de esa posible manera extraña de recuperar recursos; y al doctor Daniel Sabsay para tener una visión amplia de las opiniones y técnicas”.

El primero en exponer fue Guillermo Wierzba, quien consideró al proyecto como “trascendental en Argentina”, y apuntó contra la gestión anterior porque “la cifra fugada es idéntica a la deuda” provocando procesos de “desvalorización financiera” que generan “desconfianza y una huida de capitales”.

En ese sentido, remarcó que “esto debe resolverse mediante la responsabilización, el pago y el aporte de divisas por parte de los que se beneficiaron por la fuga”, y lo calificó como “un acto de justicia“.

“La fuga se dejó correr hasta tener un endeudamiento exorbitante con el FMI, que tiene la característica de construir deuda y condicionamiento y sesión de la soberanía porque implica la intervención del Fondo en políticas internas”, criticó el director del Banco Nación y ratificó: “La responsabilización de los sectores que han fugado es el acto de justicia, si la tienen que la retornen y evitar políticas de ajuste internos que en general operan sobre la política fiscal llevando a políticas monetarias y contractivas que son limitadoras del crecimiento económico que afectan el empleo, los salarios y las condiciones d vida del pueblo, en si el derecho al desarrollo y el derecho de adoptar políticas para mejorar las condiciones”.

En relación al proyecto sostuvo que “dispone a actuar sobre donde hay que actuar, sobre las causalidad y responsabilidad respecto de la crisis generada en el sector externo, no sobre la fiscalidad argentina, sino sobre el sector externo. Es un fondo destinado a resolver el problema creado por un aspecto de la política económica de la cual política que se favorecieron quienes utilizaron los fondos prestados para fugar”.

Por su parte, en su breve intervención el economista Horacio Rovelli remarcó que “es un hallazgo el proyecto que propone levantar el secreto fiscal que había sido puesta con la dictadura”, y cerró: “Esto es un proyecto importantísimo para que la deuda la paguen quienes fugaron y no el pueblo argentino, que se investigue eso”.

Otra de las expositoras fue la directora del Banco Nación Julia Strada, quien ponderó la “política que lleva adelante el Gobierno del Frente de Todos”, y señaló que el país tiene un endeudamiento del 82,2% del PBI que un 74% está en moneda extranjera y “para pagar eso necesitamos dólares y por eso necesitamos dólares”.

“Desde el 2015 al 2019 el endeudamiento externo fue la forma de pagar los activos externos que se dolarizaron. Hoy tenemos políticas de sabana corta que nos lleva a eso, porque tenemos una situación de dólares limitados. Una fuente es ir a buscar los dólares que están en el exterior, argentina es un acreedor neto frente al mundo”, explicó Strada y cuestionó: “La deuda no fue para pagar una deuda anterior, sino para financiar fuga de capitales. Argentina tiene una economía bimonetario porque atesorar en dólares es un negocio”.

Por último, la economista Noemi Brenta celebró ambos proyectos y sugirió nombrarlo “Fondos de reparación o resarcimiento al pueblo argentino por el daño de 46 años de sobrendeudamiento que nos han ocasionado porque todos somos el pueblo”, y concluyó: “Es imprescindible para un país libre de los condicionamientos del Fondo Monetario y con una base contributiva”.

El debate

Al inicio del debate, el senador neuquino Oscar Parrilli cuestionó a la oposición por calificar de “exprés” el tratamiento de los proyectos y apuntó: “Lo único exprés que vi fue la reacción de algunos senadores de la posición que apenas dos horas ya se habían salido a oponer, pero de ninguna manera estamos frente a un tratamiento exprés”.

“Es un proyecto de ley que trata un tema que ya fue ingresado en el Senado, trata las relaciones del Poder Ejecutivo con el FMI. Tiene que ver con algo importante que es defender la democracia, significa que las decisiones políticas en materia economía la tomen los funcionarios que fueron votados por el pueblo. Estamos convencidos que la presencia del FMI, a lo largo de la historia, ha condicionado la democracia argentina en muchas oportunidades ha hecho caer a gobiernos”, explicó y remarcó que el objetivo es la cancelación de la deuda con la entidad financiera.

Además, el legislador neuquino reconoció que “si bien nuestro bloque votó de forma dividida el acuerdo con el Fondo, estamos convencidos de que no se puede gobernar un país teniendo el FMI encima como dejó esta pesada herencia. La política económica que llevó adelante el presidente Mauricio Macri fue decidida por él y sus colaboradores, pero la actitud que se tomó en el 2018 de volver al Fondo condicionó el futuro”.

“Se suponía que el préstamo que se tomó de 44 mil millones de dólares se iba a pagar en tres años, no se sabe qué tenían en la cabeza cuando hicieron eso, la intención era poner nuevamente las exigencias sobre la política argentina. Este proyecto busca la cancelación total de la deuda y para eso creamos una cuenta especial en dólares porque así hay que pagarle al fondo y prevemos que los aportes que se realicen sean en dólares que se fugaron. También creamos la figura del colaborar sobre la que tuvimos mucha precaución, tomamos el modelo del denunciante de Estados Unidos y la adaptamos a la legislación argentina”, explayó Parrilli.

A su turno, el radical Martín Lousteau (CABA) criticó los dichos de Wierzba: “El expositor se refirió al tema de la fuga y por ende la falta de dólares en un país que necesita dólares. Estoy de acuerdo con eso, pero este proyecto no se refiere a la fuga, sino a los bienes no declarados en el exterior, no estamos tratando de corregir la fuga, por eso digo las cifras de Cristina, no había un modelo neoliberal y había fuga”, y reiteró: “Es un proyecto que busca los bienes no registrados en el exterior, son dos cosas distintas y les cobran menos a los que tienen bienes no declarados en el exterior, es un blanqueo eso”, y preguntó: “Este proyecto ¿resuelve el tema de la fuga o busca quienes tienen plata no declarada en el exterior?”.

Ante ello, tomó la palabra Parrilli quien le aclaró que “fuga hubo siempre, pero no la fomentábamos. Otro problema es la economía bimonetaria”, y bregó por poder “resolver ese problema”. En cuanto a la consulta del radical, el senador neuquino remarcó: “Este proyecto no soluciona la fuga, eso se soluciona con otros medios como Macri que tomó cepo. Queremos crear un fondo para cancelar la deuda que contrajeron ustedes”.

“Durante los procesos de liberalización las aperturas de cuentas de capitales de carácter indiscriminado, unidas con otras políticas, generó un problema de crisis externa y de agudo crecimiento de activos externos, de la salida de capitales. No hubo crisis por fuga, hubo un proceso de pocos años en los cuales el endeudamiento creció sustancialmente”, respondió el director del Banco Nación y resaltó: “Me parece justo que se constituya un fondo con dólares que están en el exterior y tiene que ver con el proceso de fuga para pagar la deuda que se origina por proyectos de apertura de la económica que entrelazan temas de fuga y evasión fiscal”.

La senadora Lucila Crexell (Neuquén) consultó por la diferencia entre “los fondos fugados al exterior y quienes tienen fondos fugados fronteras al interior”, ante lo que Wierzba explicó que “los grandes fondos concentrados y los fenómenos internacionales se relacionan con guaridas fiscales y diversificación de firmas, es el centro de las políticas de fuga están construidas sobre la base de la salida de fondos del país”.

A su turno, Zimmermann celebró el intercambio y la presencia de los invitados para enriquecer el proyecto y preguntó si no sería un “acto de justicia” que se amplié y se cobre sobre bienes que no están declarados dentro del país.

“Este proyecto responde a una situación creada por una política que abrió la cuenta de capitales y que por lo tanto facilitó la huida de fondos al exterior, no es una cuestión de orden abstracto es una cuestión de recuperación de fondos”, precisó el funcionario y cuestionó: “El Fondo Monetario a su vez facilitó un préstamo que fue utilizado íntegramente en la salida de capitales al exterior y no en la constitución de depósitos. Hay una diferencia sustancial”.

En otro pasaje de la reunión, el riojano Julio Martínez (UCR) contextualizó el proyecto y cuestionó que “se han dicho verdades a media porque estamos tratando un proyecto que pretende pagar la deuda que es del 12% total, no es cierto que el gobierno anterior es el único responsable de la deuda argentina, el responsable es que hay gobiernos con déficit que no lo resuelven y van generando pobreza, inflación, esto no es de derecha ni de izquierda. Néstor Kirchner tuvo la posibilidad por la devaluación que hizo Eduardo Duhalde y la rifó porque pronto entramos en déficit”.

“Los 44 mil millones de dólares que entraron por el crédito del fondo fueron fugados por amigos del expresidente, ¿tiene datos? Porque lo que vi es que cada ingreso de fondos de datos de la realidad es que cada ingreso del crédito ha sido para pagar vencimientos del gobierno anterior que fueron encajados y lo demás fue para pagar el gas que se importaba por mala praxis del otro gobierno que no abasteció al país”, cuestionó el legislador por La Rioja.

Y cerró: “No me banco más eso de que uno son los pagadores y otros endeudadores, durante el gobierno de Cristina se tomaron 130 mil millones de dólares, en este gobierno 65 mil millones, este gobierno en dos años endeudaron más que el gobierno de Macri”, y preguntó si “considera poner los fondos de Santa Cruz en el exterior fue un movimiento de lavado no vamos a dejar verdades que son mentiras”.

Por su parte Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA) le pidió la opinión Wierzba respecto de que “el ministro Guzmán volvió al Fondo y el Gobierno va a seguir recibiendo desembolsos del Fondo”. “El que recurrió al Fondo y que dejaron un cronograma inabordable de pagos es el gobierno anterior. El proyecto fue refinanciar un cronograma de pagos imposibles de abordar que heredo. Para mí la negociación debió haber terminado de otra manera”, respondió el funcionario.

La vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), destacó el debate y las opiniones, tanto de los expositores como de la oposición, y se mostró predispuesta a aceptar sugerencias o modificaciones para mejorar el proyecto en post de beneficiar a la sociedad argentina.

“Nosotros entendemos que con esta ley primero se va a constituir un fono en dólares para pagar la deuda, segundo sumamos herramientas a la AFIP y a la justicia porque habilitamos a la procuración general a que puedan flexibilizar el secreto fiscal, bancario, bursátil y le damos e poder a la bicameral de deuda para que puedan colaborar en el proceso de encontrar los dólares que ha producido, en el mejor de los casos, el trabajo de los argentinos y con las riquezas naturales y sobre todo queremos que sea una política de estado que trascienda. Necesitamos políticas de estado que culturalmente con el país de los años las riquezas tienen que quedarse en el país y tributar para que podamos crecer a lo ancho y a lo largo”, expresó.

Y ratificó la bienvenida de cualquier idea del arco opositor que brinde herramientas para “sacarnos de encima al Fondo y a la deuda”.

El jefe del bloque del FdT, el formoseño José Mayans, explicó: “La deuda está en 365 mil millones de dólares, hubo que renegociar la deuda. Estamos sin presupuesto, no nos olvidemos de eso y uno de los temas que tiene es el endeudamiento público y el Congreso tiene que asumir esa responsabilidad”.

“Tenemos una deuda internar, que es son la pobreza, la indigencia, con la seguridad, la educación, con la inversión pública, con el empleo, con la salud; y una deuda externa que nos dejaron. Es un problema grave y la situación empeora. También reconocemos errores que no se pueden volver que después terminan pagando el laburante, el pobre, no podemos permitir eso”, sostuvo Mayans y cerró: “No podemos volver a permitir la instalación de una bicicleta financiera”.

Los proyectos

En el primero de los casos, se trata de un proyecto de un grupo de senadores encabezados por Oscar Parrilli, que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, a través del cual se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.

“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, fundamenta el proyecto, que anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente.

La ley también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

Los senadores proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

El otro proyecto también es de Parrilli y compañía, que prevé la modificación de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco. Se busca con ello que los fiscales a cargo de la investigación de la causa por evasión no estén obligados a esperar la autorización de un juez para acceder a la información sobre las cuentas no declaradas en el extranjero.

Luego de que en el fallido período de sesiones extraordinarias no se avanzara con la reforma al Consejo de la Magistratura, finalmente el Congreso de la Nación abordará a partir de este martes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Superada la instancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que acaparó toda la atención de ambas cámaras durante todo este tiempo, a contrarreloj el Senado se propone dar inicio al tratamiento de la reforma al Consejo de la Magistratura que tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo de la Magistratura de 20 miembros.

El Tribunal Supremo de la Nación dispuso un plazo de 120 días corridos la resolución del tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

El tratamiento comenzará este martes a las 16 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta en el marco de un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que se constituyeron recientemente a los efectos de tratar este tema con celeridad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que será la cabecera, está presidida por el jujeño Guillermo Snopek, mientras que el kirchnerista Oscar Parrilli continúa al frente de la Comisión de Justicia, como durante los dos últimos años.

Según trascendió, se espera que al plenario asistan el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro, Juan Martín Mena, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

El proyecto del Ejecutivo

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque en este proyecto no se contempla la presencia de un miembro del Consejo presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

Por ser un tema de Justicia, no hay acuerdo entre el oficialismo y la principal bancada opositora. Incluso, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio presentarían un contraproyecto unificando las distintas iniciativas que presentaron desde el espacio político respecto al tema, en las cuales le dan participación a la Corte Suprema de Justica.

Entre los senadores que han presentado sus propios proyectos se encuentran Alfredo Cornejo y Mariana Juri, Silvia Giacoppo, Eduardo Vischi, Alberto Weretilneck y Nora del Valle Giménez.

En su exposición durante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja en el tratamiento del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la diputada nacional Ingrid Jetter (Pro – Corrientes) reiteró el rechazo al acuerdo y apuntó duro contra el oficialismo porque “no les gusta reducirse los gatos políticos” y mencionó: “Aerolíneas Argentinas, el nuevo contrato que le hicieron al entrenador de Dylan, los gastos en picadas de Alberto (Fernández) y Fabiola (Yáñez)”. Además, recordó la situación de incendios en su provincia: “El Estado no estuvo presente”.

Al comienzo de su exposición, Jetter le sugirió al bloque del Frente de Todos que le cuenten a “Máximo (Kirchner) y a todos sus amigos de las consecuencias del default, que no están acá y no se hacen cargo de la catástrofe”. A su vez, reiteró: “Es imposible que acompañemos el proyecto cuyo mensaje no coincidimos porque dejan en claro que no refinancian, piden otro crédito, tienen otra concepción entonces no nos pidan que apoyemos el programa”.

“Tampoco compartimos los alabes que se hacen a la política de salud pública, no se hacen cargo de los 128 mil muertos, del vacunatorio vip, no se hacen cargo de nada. Tampoco compartimos lo que dicen sobre el endeudamiento hablan exclusivamente d e l deuda que se tomó desde el 2015 al 2019, la deuda la generaron ustedes a través de tantos gobiernos nefastos y del déficit fiscal del cual no se hacen cargo”, detalló.

En suma, señaló cuestionó: “El ajuste que no les gusta, no les gusta reducirse los gastos políticos, no hablo de gastos sociales. Hablo de Aerolíneas Argentinas que gasta 12 millones por día, hablo del nuevo contrato que le hicieron al entrenador de Dylan, hablo de los gastos espurios que no se pueden justificar, hablo de los gastos que Alberto y Fabiola se gastaron en picadas, eso la gente no come vidrio, el ajuste no se trata de reducir gastos necesarios, se trata de reducir gastos espurios y de corrupción”.

“Pretenden hacer ajustes y no se trata de reducir gastos necesarios, plantea la reducción del déficit a través de tarifas”, indicó la diputada del Pro y acotó sobre el tema tarifas y subsidios: “En realidad nosotros recibimos un país que gastaba el 4% del PBI en subsidios, les devolvimos un país que redujo al 1,1% del PBI en subsidios y ustedes lo llevaron al 2,5% y en el 2019 pretendieron que en una ley de emergencia le devolvieron el subsidio al AMBA, lo cuestiono porque nosotros no pagamos la luz que pagan y no tenemos gas subsidiado, tenemos garrafas. Ustedes en dos años subsidiaron el gas y la luz a los que más tienen”.

Y siguió: “Nada dicen de que le van a sacar los subsidios a los que producen, a los que generan trabajo. Hacen el ajuste a través del revaluó fiscal una forma fácil de seguir sumando impuestos de forma escondida, el ajuste más grave es la inflación, pretenden que el programa se financie con inflación y es el impuesto más regresivo que existe en el mundo y lo va a pagar el que menos tiene”.

“¿Por qué no plantean una reducción al gasto público?”, preguntó Jetter y recordó: “En el 2003 recibieron un Estado con 480 mil empleados públicos y nos dieron un estado en el 2015 con 764 mil empleados públicos”.

En ese momento, recordó los incendios en su provincia y cuestionó: “No me hablen del Estado presente porque en Corrientes no estuvo, el Ministerio de Ambiente no estuvo, nos aumentaron los impuestos y sin embargo el programa de Manejo del Fuego no existió, ahora se acordaron de Corrientes el estado presente de ustedes no existe”.

Por último, recordó la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso: “El presidente se jactó te en su discurso inaugural de que no iba a hacer reforma laborar mirando a Pablo Moyano y a sindicalistas, ustedes avalan a sindicalistas millonarios mientras tenemos un 40% de empleo informal”, y cerró: “También se jactó de que no iba a haber reforma previsional, es fácil decirlo cuando al lado tenía a una persona sentada – Cristina Kirchner– que cobra 3 millones por mes cuando la mayoría de jubilados a penas supera 30 mil pesos por mes, es fácil decir que no habrá reforma previsional”.

Previo a la ronda de oradores en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas para analizar el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Carlos Heller se tomó unos minutos para hacer un recorrido histórico de cómo se contrajo la deuda externa.

“Hay un debate recurrente de quién contrajo la deuda, cómo se generó. Traté de armar un breve resumen de la historia de la deuda externa Argentina porque me parece un buen pilar para comenzar a debatir. Me fui a un punto que es la dictadura militar cuando interrumpe el proceso constitucional la deuda externa no alcanzaba los 5 mil millones de dólares era irrelevante”, relató Heller.

Y continuó: “Cuando se fue la dictadura la deuda había crecido y se acercaba a 40 mil millones, de los cuales 23 mil millones provinieron de la estatización de la deuda externa privada. Efectivamente en una decisión política de la dictadura por las cuales deudas que las empresas tenían con el exterior, en dólares, el Banco Central se hizo cargo y esas empresas quedaron con deudas en pesos a bajas tasas de interés reguladas, que significó una importante licuación de esas deudas”.

En tanto procedió a leer quiénes se beneficiaron: “COGASCO S.A 1.348 millones de dólares, Autopistas Urbanas 950 millones, Celulosa Argentina 836 millones, Banco Rio 520 millones, Alto Paraná 450 millones, entre otros. Fueron 70 empresas que tuvieron el beneficio de esa estatización que fue asumida por el conjunto de la sociedad porque se convirtió en deuda pública”.

“En octubre de 1983 el FMI suspendió el crédito stand by que le había dado al momento que asumió el gobierno de Raúl Alfonsín que tuvo que asumir una herencia pesada de esa deuda que había sido contraída por la dictadura. El gobierno obtuvo algunas refinanciaciones hasta 1988 no pudo pagar los intereses, entro en mora lo cual se mantuvo y tuvo que adelantar el traspaso presidencial en el marco de un proceso hiperinflacionario que vivía la Argentina”, detalló el diputado.

Em ese marco, prosiguió: “Asumió Carlos Menem que llevó adelante el Plan Brady por el cual, la deuda con los bancos que tenia el Estado, pasó a ser deudas públicas que se atomizaron en el mercado y eso generó un proceso de altísima volatilidad y por aquella época apareció el riesgo país”.

En tanto, contó que “toda la deuda comenzó a emitirse en títulos públicos, esos bonos fueron la incubadora que luego finalizó con el proceso de los denominados fondos buitres que, como todos sabemos, no son tenedores originales de bonos de los países, sino que son comprados de bonos en situaciones de default”.

“Hubo en esa época durante ese gobierno un proceso de gran endeudamiento y ahí la deuda externa ascendió a los 85 mil millones de dólares. Luego el gobierno de la alianza también recurrió a diversos procedimientos de ajuste con el estado nacional y las provincias, el blindaje, el mega canje, aparecieron las cuasi monedas, la deuda externa se incrementó y llego a los casi 90 mil millones de dólares”, sumó Heller.

En otro tramo, precisó que “el gobierno de la alianza, de De La Rúa tuvo que implantar el corralito producto de la corrida del sistema financiero, producto de la anormalidad de la dolarización difícil de soportar. Al corralito, le siguió el corralón, vino la devaluación, vino una enorme caída del PBI y entonces el indicador pasó al 139%”.

“Asume el gobierno de Néstor Kirchner que inicia una política de desendeudamiento que incluye un canje agresivo en el 2005 que incluye quitas del 66, 6% del valor nominal, aceptado por el 76,15 de los montos elegibles y también el pago anticipado con el Fondo anunciado en diciembre del 2005 en torno a los 10 mil millones de dólares que se cancelaron”, expresó.

A su vez, relató que “el gobierno posterior de Cristina Fernández de Kirchner reabrió el canje en el 2010 llevando la aceptación del 76, 15 que se había logrado al 92,4 del monto impago del 2002, es decir concretando esa quita del 66 % del valor nominal. Encaró un proceso de regularización de la deuda con el Club de París y quedó un 7% con los Fondos Buitres, resuelto en el inicio del gobierno de Mauricio Macri en el 2016”.

“Los indicadores de la deuda externa se habían revertido a fines de 2015 representaban alrededor del 15 % del PBI. El gobierno que presidió al de Macri, inició un nuevo proceso de endeudamiento para que los números queden de la siguiente manera: al cuarto trimestre del 2015 la deuda estaba en el 15 y pasó al 42, 8 % a fines del 2019, estos datos son oficiales”, señaló el presidente del plenario.

Acto seguido, retomó las declaraciones de Nicolás Dujovne cuando aún no era ministro donde dijo: “Dentro de este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, se refería al gobierno de Cristina, también nos dejó una bendición porque el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo que nadie le prestaba plata. Entonces la argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos”.

Y cerró: “No podemos entrar en el análisis sin mirar un poquito de dónde venimos”.

Tal cual lo acordado oportunamente al elaborar el cronograma para el tratamiento del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara baja se reunirá este miércoles.

Será a partir de las 13.30, en la Sala 2 Anexo C, y serán ahora los propios legisladores los que expondrán ante sus pares. El presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, adelantó que en caso de extenderse la lista de oradores se procederá a un cuarto intermedio y se retomará la reunión al día siguiente, fecha en la que el oficialismo quiere llevar al recinto el proyecto.

En esta oportunidad, los diputados nacionales analizarán el entendimiento y brindarán sus argumentos a favor o en contra del mismo. El oficialismo buscará elaborar dictamen con el texto original que envió el Poder Ejecutivo, mientras que la oposición de Juntos por el Cambio buscará emitir su propio dictamen, tal cual adelantaron este martes al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con solo un artículo avalando el refinanciamiento de la deuda.

En efecto, los referentes de JxC plantearon la posibilidad de abstenerse en la votación en general si no hay cambios al dictamen en el artículo 2 -el referido al programa económico-; y aprobar el primer artículo, pero abstenerse o rechazar el segundo, según el criterio de cada bloque.

El tratamiento del acuerdo comenzó este lunes con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce (a pedido de Juntos por el Cambio); el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

El cronograma de debate siguió este martes con la exposición de miembros de la CGT, la CTA y los movimientos sociales. Tras un cuarto intermedio, se hicieron presente gobernadores, representantes de cámaras empresarias como ADEBA, CGERA, APYME, y el Grupo de los 6.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados continuará este martes con una serie de invitados.

Según confirmaron autoridades legislativas, en la Sala del Anexo C se presentarán gobernadores invitados a exponer sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

También escucharán a representantes de la CGT, la CTA Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores y la CTA Autónoma.

También asistirán representantes del Conicet, y miembros de cámaras empresarias. Habrá representantes de la Unión Industrial Argentina, el Grupo de los 6, CAME y la Confederación General Empresaria.

También visitarán el plenario industriales Pymes Argentinos, la Fundación Pro Tejer, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y Empresarios Nacionales por el Desarrollo.

A poco más de un mes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el Senado realizará el próximo lunes 9 a las 16, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social en forma virtual, con el objeto de tratar dos proyectos de ley de convenios de seguridad social con otros países firmados en el gobierno anterior.

Uno de ellos, data de 2019 y es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aprueba el convenio de seguridad social con la República de Corea, suscripto el 27 de noviembre de 2018, por el expresidente Mauricio Macri.

La otra iniciativa de ley prevé la aprobación del convenio con el Estado de Israel sobre seguridad social, firmado el 12 de septiembre de 2017, también durante el macrismo.

Si bien estos temas no son conflictivos, la política internacional será el tema principal que puede generar cruces entre los legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que hace tiempo piden la visita del canciller Felipe Solá por la postura adoptada por el Gobierno nacional respecto a la situación en Cuba y en Nicaragua.

Las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocaron este viernes a una reunión conjunta de forma presencial para tratar la media sanción del Senado que prevé modificaciones a la Ley del Ministerio Público Fiscal, por lo que se podría firmar dictamen.

La citación, a la que tuvo acceso Parlamentario.com, es para el próximo martes 18 a las 19 en la sala del segundo piso del Anexo C de la Cámara baja.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos).

Horas antes de la citación se llevó a cabo una reunión informativa por Zoom en la que expusieron académicos y funcionarios judiciales, pero hubo un condimento político ya que Juntos por el Cambio dijo que era “una farsa” y se retiró mientras que el oficialismo acusó a JxC de ser “infantiles” y de “poner excusas para no debatir”.

La iniciativa a tratar en dicho plenario en forma presencial fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.

La media sanción del Senado

El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.

Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.

Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.

El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.

En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.