El proyecto sobre lavado de activos quedó listo para llegar al recinto

El plenario de la Cámara alta dio dictamen favorable a la iniciativa que tiene media sanción de Diputados y que debe ser aprobada antes de la inspección internacional del GAFI.

Se llevó a cabo este miércoles el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, a cargo del riojano Juan Carlos Pagotto, y de Presupuesto y Hacienda, presidida por el jujeño Ezequiel Atauche, del Senado para dictaminar el proyecto de ley que reforma la normativa sobre prevención y represión del lavado de activos.

La iniciativa, impulsada por la gestión de Alberto Fernández, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en abril del año pasado, con un muy bajo número de votos a favor y casi toda la oposición en contra. Los entonces tres diputados libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

Desde el oficialismo apuraron el avance porque está próxima a llegar la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el país, la cual sería entre el 3 y el 23 de marzo.

De este modo, el oficialismo incorporó el tema en extraordinarias y la semana pasada asistieron a reclamar por su aprobación Ignacio Yacobucci, propuesto por el Poder Ejecutivo para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete del organismo.

En el inicio de la reunión plenaria, los presidentes de las comisiones confirmaron el reemplazo del radical pampeano Daniel Kroneberger, en lugar de la santafesina Carolina Losada en ambas comisiones.

Así las cosas, Pagotto explicó: “Tenemos la inspección del GAFI el 3 de marzo”, y agregó que “Argentina tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Esta es la razón por la que pido que seamos breves para poder aprobar y tratarlo en el recinto”.

Brevemente, el senado nacional Juan Carlos Romero (CF – Salta) advirtió que “el artículo 40 me da una entrada en vigencia diferente a la Código Civil”. “Acá le da vigencia a los 30 días de la publicación en el Boletín Oficial, pero sería bueno hacer circular el despacho y acordarlo con todos los bloques”.

También, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires) aclaró que “hicimos modificaciones porque la ley es perfectible”, y señaló que esta iniciativa “es fundamental para la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos”.

Finalmente, el titular de Presupuesto y Hacienda en la Cámara alta, Ezequiel Atauche, cerró: “Es buen momento para escuchar y reafirmar el compromiso de una nueva ley y agradecer a todos los sectores que dan acompañamiento porque entendieron la necesidad que tiene el país de esta ley”.

Los bloques de la oposición acompañaron el dictamen (Foto: Comunicación Senado).

 

Sobre el proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

Ley Bases: el oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría y hubo 4 más de minoría

La intención del oficialismo es poder llevar el texto al recinto el próximo jueves. Hubo rupturas dentro de los bloques opositores a la hora de firmar el despacho de mayoría. Un diputado de UP también lo apoyó.

Fotos: HCDN

A contrarreloj y tras intensas negociaciones hasta última hora, el oficialismo logró un trabajoso éxito este miércoles de madrugada, cuando pasadas las 1.30 anunció que el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ya tenía dictamen. Y que, tal cual buscaba afanosamente, ese dictamen correspondía al oficialismo, con 55 firmas, 34 de ellas en disidencia parcial.

El primer dictamen de minoría fue de Unión por la Patria, con 45 firmas; el segundo es de la Coalición Cívica, con 3; el tercer dictamen de minoría tuvo 2 firmas, de Margarita Stolbizer y Mónica Fein, y por último el de la izquierda, suscripto por Christian Castillo. “Lo presentó a último momento”, le comento a modo de reproche ante la queja que ya estaba formulando, el presidente del plenario, Gabriel Bornoroni.

La reunión se inició justo a las 21 de este martes con los miembros de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, y concluyó 4 horas y media más tarde.

Fue la séptima y última reunión de este plenario, en la que La Libertad Avanza contó con el apoyo del Pro y un sector de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la UCR, aunque estos tres bloques acompañaron en disidencia y buscarán “pulir” artículos en la sesión que sería convocada para este jueves. La sorpresa también estuvo en la firma de un diputado de Unión por la Patria, el tucumano Agustín Fernández que lo hizo por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo.

Como se vio, dentro de las bancadas opositoras hubo divisiones internas. La Coalición Cívica firmó un dictamen propio porque no avalan las facultades delegadas, ni la actualización jubilatoria y tampoco la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.  En tanto, Margarita Stolbizer y la socialista Mónica Fein también prepararon un texto propio. Parte del radicalismo -ligado a Facundo Manes– tampoco firmó el dictamen del oficialismo.

El lunes, el Poder Ejecutivo quitó más de 140 artículos de la redacción original. Sin embargo, las diferencias con la oposición “dialoguista” continuaban respecto a movilidad jubilatoria, retenciones y modificaciones electorales.

Durante este martes, y ante los rumores de suspensión del plenario, la confirmación de “acuerdo” fue manifestada desde el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Posteriormente fue confirmada el retraso del plenario de las 18 a las 20.30, pero luego volvió a postergarse para las 21.

El debate

En defensa del proyecto del Ejecutivo habló el libertario Santiago Santurio destacó el debate en comisión y detalló que han pasado 7 secretarios de Estado, ministros nacionales, el Procurador Nacional del Tesoro.

“En poco más de un mes de gobierno hemos discutido sobre la Ley Bases, hemos respondido sobre el DNU y también hemos pasado una evaluación del Gobierno a solo un mes de haber asumido”, indicó y resaltó que “pocas veces ha habido tanta actividad en el Congreso en el mes de enero y para nosotros es un orgullo el trabajo que tenemos para mostrar hacia adelante”.

El bonaerense planteó: “Nosotros no creemos que la política va a ser la solución, creemos que los ciudadanos son la solución, que la política tiene que empezar a dejar de ocupar espacios para que los ciudadanos, para que el sector privado, familia, empresa pueda hacer lo que tiene y sabe hacer, producir, emprender, innovar, hacer cultura. No creemos que el Estado presente sea la solución”.

Y siguió: “Creemos que la solución es que nosotros dejemos hacer, crear las garantías necesarias para que cada ciudadano decida qué hacer, dónde vivir, elegir cómo vivir, qué comprar, qué vender y cuándo hacerlo”.

“Venimos de un deterioro grande porque durante los últimos 4 años los trabajadores perdieron un 30% del poder adquisitivo, los jubilados igual, todos los argentinos estamos mucho peor. Son décadas de decadencia”, cuestionó y planteó: “Nosotros queremos poner esta Ley de Bases para comenzar una reconstrucción distinta en el país. Hay un montón de cosas que queremos hacer, pero sabemos que la Argentina necesita que es que el Estado le saque el pie de encima a los ciudadanos para que puedan crecer”.

Y cerró: “Necesitamos la sanción de esta ley para comenzar el proceso que deje atrás la decadencia que nos metió la política y empezar un proyecto de crecimiento que sea con los ciudadanos como protagonistas”, al tiempo que solicitó y agradeció el acompañamiento de los bloques opositores.

Durante su intervención en el debate, el diputado Martín Tetaz (UCR) chicaneó al presidente de la Nación porque “en el mes de enero trabajamos más que él durante los dos años que fue diputado”. Así, le manifestó que “la inmensa mayoría tenemos la voluntad de acompañar y ayudar al Gobierno en las reformas necesarias para sacar al país de esta crisis”.

Sin embargo, cuestionó que “esas reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste a los jubilados. Estamos convencidos que no pueden incluir aumentos de impuestos a la producción y mucho menos a las exportaciones porque cuando le ponemos impuestos, entran menos dólares al país y, entonces Argentina tiene cada 5 años una crisis de balanza de pagos y el precio del equilibrio externo es más alto, y por lo tanto los salarios reales de toda la población es más bajo y la pobreza es mayor”.

“Estamos convencidos que no podemos darle al presidente facultades extraordinarias al presidente que le hemos negado a lo largo de los años a otros”, apuntó y sumó: “Muchas de las reformas incluidas en este proyecto de ley son importantes para discutir como la política, pero que no hacen a la situación de emergencia que tiene que resolver ahora y ameritan un debate profundo a lo largo del año en las sesiones ordinarias con la participación de especialistas”.

En esa línea, remarcó que hay áreas que “no están en emergencia y que hacen al financiamiento del Estado” como el área de cultura y planteó que debe tener un debate en la comisión correspondiente porque “hay mucho por mejorar”.

Tetaz coincidió en reducir las burocracias y en que debe “haber muchas reformas”, pero “tenemos que debatirlas con la profundidad que requieren”. “Estamos todos convencidos de apoyar las reformas que necesita el Gobierno, al tiempo que mantenemos la posición en defensa de la jubilación, sectores productivos, división de poderes y el sistema republicano de gobierno”, cerró.

A su turno, el jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, aclaró que habían esperado que el oficialismo se organizara, reconoció que existe una “curva de aprendizaje” que deben cumplir y lamentó que “hasta ahora no han dejado ayudarse por un montón de bloques de la oposición. Porque el país lo necesita y se lo hubiéramos dado a cualquier presidente y a cualquier gobierno”.

“Nosotros no podemos votarla -señaló López sobre la ley-, por eso vamos a tener nuestro propio dictamen, que creemos va a ser una herramienta más seria, más ordenada, pero sobre todo más justa”.

Sostuvo que esta ley “es inabordable en extraordinaria” y destacó que el dictamen que presentarían sería una herramienta “más seria, porque no tiene delegaciones legislativas”. Le recomendó al oficialismo revisar el gasto tributaria y aseguró sobre el paquete fiscal que “es increíble que no se estudie el gasto tributario de Tierra del Fuego, es increíble que no se estudie ese gasto. Es el sector más asistido por el Estado en relación a lo que aporta”.

Respecto de la movilidad jubilatoria, criticó la fórmula que propuso en su momento Alberto Fernández, con la que reemplazó la de Cambiemos de 2017. “Esa fórmula produjo en el último trimestre un ajuste del 53% en el valor de las prestaciones. Y ustedes nos proponen empezar a ajustar a partir de marzo. Los jubilados no dan más y sabemos que se puede hacer un esfuerzo más; el ministro de Economía lo sabe y se puede ir a los valores de diciembre ni bien se sancione la ley”.

Cuestionó también que se ratificara el DNU en la ley propuesta. “No podemos”, dijo, pero resaltó que en las cláusulas transitorias del dictamen de su espacio proponían que se pueda ratificar parcialmente, porque tiene cosas buenas el DNU”.

A continuación, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó a las irregularidades que dijo ver en el tratamiento del proyecto, que “no podemos rutinizar”. Negó que fuera la primera vez que hubiera actividad en enero, citando sin ir más lejos al año anterior, cuando el oficialismo de entonces y que él encabezaba impulsó un juicio político a los miembros de la Corte.

Tras advertir que no conocían el dictamen de La Libertad Avanza, le apuntó a los diputados que apoyarían el proyecto advirtiéndoles que “tienen un presidente de la Nación que los trató de idiotas útiles; los amenazó con carpetazos de la AFIP; les echara la culpa del aumento de los dólares financieros, y si embargo están aquí convalidando todos estos agravios, insultos, que se avasallen las facultades del Congreso con estas arbitrariedades”.

“Los aprietan casi por cadena nacional y no dicen nada”, remarcó y sintetizó: “Esta ley es horrible, es invotable”. Luego se preguntó “qué es lo que quieren dictaminar hoy y qué es lo que están avalando. La delegación de facultades más escandalosa que el Congreso está por hacer a un Poder Ejecutivo. Esta ley tiene el impacto de 8 leyes Dromi. Dromi es Heidi respecto a este Congreso”.

Por último, anunció su rechazo porque “este proyecto delega como nunca facultades en el Ejecutivo; porque este proyecto es un trípode de poder construido a la medida de los proyectos hegemónicos de Javier Milei, junto al DNU, que hay que rechazar y la política económica anunciada por Caputo, porque se lleva puesto a los jubilados en la Argentina. Porque este proyecto termina con el FGS y va camino a que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con el sistema previsional; porque este proyecto hace recaer el ajuste en las provincias argentinas y economías regionales de nuestro país. Por todo esto, nuestra posición es muy clara: tenemos que rechazar este proyecto”.

La primera en hablar desde la izquierda fue Myriam Bregman, quien consideró que “cada artículo del DNU y la ley ómnibus tiene nombre y apellido de un grupo empresario. Nosotros nos dirigimos a la población, a las personas que van a padecer las consecuencias de la ley ómibus si no la enfrentamos”.

“La Libertad Avanza no tiene los números para aprobar este mamarracho, este mamotreto; solamente lo puede hacer porque hay quienes colaboran con este desastre al que quieren llevar a nuestro país… Dialoguistas les dicen, me gustaría saber si los votaron para reventar el FGS; si en la campaña dijeron que iban a meterle la mano a los jubilados; si en la campaña dijeron que le iban a dar la suma del poder público al presidente que ganara”, expresó la diputada de izquierda.

Luego aseguró que “nos quieren venir a correr que el país está en una situación grave. Cuando andaban paneleando por televisión imitando a Leonardo Fabio, nosotros ya veníamos denunciándolo. Hace años que estamos en la calle”.

Sobre el final de su discurso denunció que con esa ley estaban dando “licencia para matar”, y arengó por la medida de fuerza prevista para este miércoles, reclamando que haya “paro y movilización” a lo largo de todo el tiempo que dure el debate de esa ley.

Autora de uno de los dictámenes de minoría, Margarita Stolbizer arrancó comentando que esta administración estaba “abriendo caminos que aun los más viejos en esta Cámara no reconocemos”. Y puso como ejemplo que hubieran empezado a sesionar a las 9 de la noche, con un temario de semejantes características. “Así como nos resulta absolutamente novedoso, quiero poner un foco en lo que entiendo es un deterioro enorme, siendo este Congreso absolutamente responsable: Convalidamos un Poder Ejecutivo que ofrece una cada vez más baja calidad democrática, con un DNU cuando no hay urgencia, y la convocatoria a sesiones extraordinarias con un paquetón enorme”.

“Reconocemos que ha habido un choque del oficialismo con la realidad. Hay un menosprecio de las instituciones, del funcionamiento del estado de derecho”, observó Stolbizer, quien advirtió sobre “lo insuficiente que ha sido este debate, no solo porque no fueron consideradas todas las organizaciones que vinieron, sino que no ha habido el tiempo de debate de los diputados, porque entiendo que hoy no va a ser posible tampoco”.

Consideró también insuficiente la competencia de las comisiones que fueron asignadas al tratamiento del tema. “Esto también contribuye a que no pueda ser un buen resultado lo que salga de todo esto. Imposible discutir y dictaminar sobre cuestiones que deberían tener un tratamiento específico y ni siquiera vinieron los funcionarios que deberían venir a explicarlo. Como el ministro de Economía: ni siquiera se dignaron a traerlo”, reprochó.

Le advirtió a La Libertad Avanza que el respaldo ciudadano que obtuvo Javier Milei el 19 de septiembre “no es un cheque en blanco”, y les recordó que “el primer límite está en la Constitución”.

“Este proyecto tiene en gran medida una mirada antiindustrial. Se le impone casi como un castigo a aquellos que agregan valor creando empleo”, dijo tras haber reparado en que no hay en el proyecto un programa de gobierno, ni de desarrollo productivo.

“Creemos que en el inicio de un nuevo gobierno es necesario que el presidente tenga herramientas, pero el proyecto que tiene trata de responder a algunas expresiones que hablan del 50% de pobreza, pero en el mismo proyecto hablan de la toga y el martillo… Hablan sobre la inflación, y también meten lo de la reventa de entradas de fútbol”.

Por último, adelantó que no iban a acompañar el dictamen del oficialismo.

Otro de los oradores fue Sergio Palazzo, quien reclamó al presidente del plenario que les facilitara el dictamen, pues no lo conocían. “Tenemos acceso a un supuesto dictamen, y estamos discutiendo sobre la base de un supuesto cambio. Si lo tienen, les pido lo compartan a los efectos de que todos tengamos el material suficiente para poder opinar con propiedad”, se quejó.

Según Palazzo, “decidieron poner a la Argentina en venta esta noche y lo hacen con el falso argumento de 100 años de decadencia en la Argentina”.

A su turno, Christian Castillo calificó a la ley de Bases como “un eslabón que necesita el gobierno de Milei para seguir con su política de topadora sobre los derechos de los sectores populares”.

“Vean quiénes son los que están permitiéndole a Milei hacer de monarca”, lanzó, denunciando luego que “es un intento de dictadura civil lo que quieren imponer. ¿Qué puede frenar a Milei? El pueblo movilizado, en la calle”.

Promediando la jornada, la socialista Mónica Fein habló de “un cóctel explosivo para la democracia, enfatizando en la delegación de facultades. “No vamos a acompañar ningún proyecto que afecte a la cultura, a la educación. No vamos a acompañar este proyecto porque en el fondo nos viene a plantear que el único camino es el ajuste de los que menos tienen, que hay que ajustar a los jubilados para que cierren los números”, dijo.

Luego advirtió que “no le vamos a dar un cheque en blanco, menos aún un cheque en blanco en privatizaciones. Regalarle nuestro patrimonio con un cheque en blanco al presidente sería una irresponsabilidad”.

El último orador fue Nicolás Del Caño. Y mientras estaba hablando, a la 1.27 fue quien anunció que habían aparecido las firmas que le faltaban al oficialismo, lo que equivalía a decir que ya estaba el dictamen de mayoría. “Queremos saber qué les hizo cambiar de idea a esos diputados”, dijo, entre aplausos de quienes celebraban que el oficialismo había obtenido la victoria que buscaba.

Mientras tanto, Del Caño seguía criticando, hablaba de ña “Ley Savoy”, en referencia al hotel donde a su juicio “se negociaron entre toma y daca los artículos”.

Del Caño terminaría su discurso convocando al paro y movilización de este miércoles, llamando también a seguir la lucha para voltear el DNU. “Quiero convocar a todos los trabajadores y trabajadoras, que en pocas horas van a participar del paro; quiero saber que les costó mucho ese dictamen, vamos a ver si ahora pueden sacar la ley, si la pueden votar en el recinto. Porque cientos de miles en la calle tenemos que rodear este Congreso para derrotar esta política”.

Tras ese discurso, Gabriel Bornoroni anunció a la 1.33 que ya tenían dictamen de mayoría. Y tras detallar cuántas firmas había obtenido cada dictamen, dio por concluida la reunión.

Ley Ómnibus: Hubo acuerdo con la oposición “dialoguista” y el plenario se pasó para las 20.30

Desde la Casa Rosada hubo aceptación en algunas cuestiones planteadas por los gobernadores provinciales. La idea de LLA es sesionar el jueves.

En la previa del plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para avanzar con el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, confirmaron que “hubo acuerdo” con los bloques de la UCR, HCF e Innovación Federal, y el dictamen del oficialismo será acompañado, en disidencia.

Del mismo modo, la reunión plenaria se postergó para las 20.30 cuando originalmente iba a ser a las 18. Esto se debe a que los acuerdos entre el oficialismo y la oposición “dialoguista” deben ser volcados en un texto con el dictamen en común, que igualmente, será firmado en disidencia.

“Habemus acuerdo”, señalaron desde la Presidencia de la Cámara baja. Se sabía que el Pro iba a acompañar el dictamen del oficialismo, pero hasta último momento persistía la duda respecto a que harían la UCR, HCF e Innovación Federal. fue el propio Miguel Ángel Pichetto quien confirmó que “vamos acompañar para que llegue al recinto”, despejando toda duda respecto al dictamen.

Así las cosas, la idea del radicalismo y el bloque del Pichetto es “voltear” los artículos en donde no hubo acuerdo en la sesión del recinto de la Cámara de Diputados. De esta manera, la iniciativa lograría la media sanción, pero con menos artículos que los que posee actualmente.

Tras esto, la posibilidad de que el dictamen de rechazo sea el de mayoría quedaría casi nula, y la idea de La Libertad Avanza es sesionar este jueves, donde se habla de una sesión de más de 48 horas.

Según pudo saber parlamentario.com, desde Casa rosada aceptaron algunas sugerencias de los gobernadores provinciales, y los bloques “dialoguistas” advirtieron que firmarán en disidencia para terminar de “pulir” cuestiones en la votación artículo por artículo.

El oficialismo buscaría el dictamen de la ley ómnibus este martes

Habría tres dictámenes (el del oficialismo, el de rechazo de UP y el FIT y un tercero de la UCR y HCF) y la idea de La Libertad Avanza es de llevarlo al recinto el próximo jueves.

Según fuentes parlamentarias, sería convocado para este martes a las 10 el plenario de comisiones de Legislación General (cabecera), Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para dictaminar el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (ley ómnibus) y poder llevarlo al recinto dos días después.

En principio, habría tres dictámenes: el de la Libertad Avanza, uno de rechazo de la oposición (Unión por la Patria y Frente de Izquierda), y un tercero de la UCR, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal, con modificaciones a algunos puntos del texto.

Sería la séptima reunión para debatir el proyecto enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y la idea del oficialismo es llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados este jueves en una sesión que, a priori, duraría más de 24 horas.

Este viernes, el jefe de Estado prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, ya que de avanzar el proyecto deberá pasar por el Senado para convertirse en ley.

Yacimientos Carboníferos le contestó a Adorni: “No somos casta como dijo, somos solución al problema energético”

Durante el plenario de tratamiento del as ley ómnibus, un representante de YCRT afirmó que “el carbón es viable y rentable para este país, pero si aprueban el DNU van en contra de las cuencas de Rio Turbio”.

En la sexta jornada de debate del proyecto de ley ómnibus en el plenario de comisiones de Legislación General (cabecera), Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, estuvo presente Matías Delgado, de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, quien le respondió al vocero presidencial Manuel Adorni: “No somos casta como él dijo, somos la solución al problema energético”.

“Somos mineros y pobladores que defendemos la soberanía y hablo por los trabajadores y por los pobladores”, afirmó. Del mismo modo, sostuvo que “Yacimientos es viable y rentable para este país, pero si aprueban el DNU van en contra de las cuencas de Rio Turbio”.

También, sostuvo: “Nuestro espacio de trabajo está ubicado a 30 kilómetros de Chile, es una zona fronteriza, y por eso nosotros hacemos patria y defendemos soberanía”.

Con relación a las privatizaciones, remarcó que “hemos perdido 14 vidas cuando la mina se ha privatizado porque se sacan más de 31.000 toneladas de carbón mensual”.

Finalmente, remarcó que el DNU “va en contra de los pueblos de la cuenca”, y cerró: “Las 24 horas del día, los trabajadores sacan carbon y fuimos nosotros quienes le hicimos un ‘carbonazo’ a (Mauricio) Macri en 2018”, en respuesta a una medida similar a la de la ley de Bases.

La UIA propuso que los derechos a la exportación “sean del 6 u 8% y no del 15 como propone el proyecto”

A través de Diego Coatz, la UIA planteó que “el mercado interno los próximos meses va a ser menos dinámico y las exportaciones son claves para generar divisas”.

En la quinta jornada del plenario de las comisiones de Legislación General (cabecera), Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el debate de la ley ómnibus, la Unión Industrial Argentina (UIA), representados por Diego Coatz, propuso que las retenciones estipuladas en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sean del “6 u 8% y no del 15%, por lo menos hasta mitad de año”.

El representante industrial mencionó tres cuestiones que resultaron críticas en el sector: “Los derechos a la exportación al valor agregado, las grandes inversiones y las regulaciones tributarias”. “El proyecto pretende subir al 15% las contribuciones de exportación e impacta de manera negativa al valor agregado de las exportaciones”, explicó.

Además, señaló que “5.000 empresas dejaron de exportar en la última década”, y agregó que “el mercado interno los próximos meses va a ser menos dinámico y las exportaciones son claves para generar divisas”.

Tras ello, consideró: “Proponemos, porque nos subieron hasta un 15% las retenciones, una transición hasta mitad de año de retenciones al 6 u 8% para no seguir perdiendo industrias exportadoras”. De ese modo, planteó que “las políticas de desarrollo de proveedores deben ser claves para generar un ecosistema productivo federal”.

También, propuso un régimen de incentivo a las empresas porque “el proyecto no reconoce a quienes han cumplido con los tributos”, y concluyó que “proponemos incorporar incentivos para los contribuyentes que han cumplido en tiempo y forma”.

Julia Amore sobre el cierre del INADI: “Si se nos reduce a una ventanilla, Argentina desconoce la prevención contra la discriminación”

En la quinta jornada del plenario, la representante del INADI sostuvo que “nuestra existencia responde al plan de acción de Naciones Unidas para combatir el racismo y la xenofobia”.

En representación del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), estuvo presente en el plenario Julia Amore, quien cuestionó al artículo 348 de la ley ómnibus, el cual propone cerrar el organismo: “Si se nos reduce a una mera ventanilla se nos dice para el exterior que la Argentina desconoce la prevención contra la discriminación”.

Brevemente, Amore explicó: “El INADI se creó en 1995 como respuesta a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, pero no es mera corrección política, sino que para algunas personas es de vida o muerte”. A su vez, agregó: “El artículo 348 pretende el cierre del organismo y tirar por la borda una política antidiscriminatoria”.

“Nuestra existencia responde al plan de acción de Naciones Unidas para combatir el racismo y la xenofobia, y el INADI controla a los poderes ejecutivos provinciales y al nacional”, explicó, y añadió: “Ha sido resguardo de defensa para pueblos históricamente discriminados por procedencia geográfica, género y religión”.

Del mismo modo, planteó que “siempre hemos apoyado la aprobación de leyes de vanguardia internacional para la equidad de derechos contra niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres”, y advirtió que “promovemos la política antidiscriminatoria desde cárceles, clubes, deportes e instituciones de todo el país”.

Por último, aseveró que “se intenta legitimar lo ilegítimo que es la desigualdad y el odio porque el INADI trabaja para llegar antes”. “La prevención de la discriminación es un derecho adquirido que facilita otros derechos plenos”, finalizó Amore.

Continúa este martes el debate de la ley ómnibus con las organizaciones de la sociedad civil

La quinta jornada de debate del proyecto de la ley ómnibus tendrá a más expositores que participarán de la reunión en forma presencial y virtual. Desde UP exigen “mayor flexibilidad” en los tiempos de exposición.

La quinta jornada de reunión plenaria entre las comisiones de Legislación General, con Gabriel Bornoroni; de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz, continuará el debate de la ley ómnibus este martes a las 10 al cual concurrirán más organizaciones no gubernamentales.

En la reunión de este lunes expusieron 65 organizaciones de forma virtual y presencial.

Desde la bancada opositora, con Germán Martínez a la cabeza, le exigieron a las autoridades del plenario en la Cámara baja “más flexibilidad” a la hora de cortar los tiempos de la jornada de este lunes. “Ni cuatro, ni cinco, ni siete minutos alcanzan para que los expositores desarrollen todo”, cuestionó el jefe de bancada de UP.

En la cuarta reunión, Espert, Mayoraz y Bornoroni le avisaban a cada expositor cuando llegaba al minuto cuatro (es decir le quedaba un minuto de exposición) y cuando el tiempo llegaba a su limita, automáticamente era finalizado.

Con invitados de la sociedad civil, reanudan el debate de la ley de Bases

Luego de la presentación de 13 funcionarios la semana pasada, este lunes volverá a reunirse el plenario de comisiones para atender un reclamo de la oposición, que se abrieran las puertas a otros sectores. Entre otros, asistirán la CGT y la CTA.

Una nueva etapa se abre este lunes en la Cámara de Diputados donde se desarrolla el debate del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. En el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, se escucharán esta vez las voces de representantes de la sociedad civil.

Será a partir de las 10, y tal como exigió la oposición expondrán como invitados miembros de organizaciones no gubernamentales.

Será una reunión informativa a la que han sido invitadas entidades, empresas, agrupaciones, ONG y demás sectores que han pedido  participar. El modo de participación será con alocuciones de 5 minutos, alternando entre exposiciones virtuales y presenciales, para poder incorporar entidades de todas las provincias de la República Argentina que quieran participar.

A los expositores se les permitirá el ingreso de una persona por entidad, máxima 2 en caso de que la entidad exprese a varios sectores, empresa o agrupación, a la sala de reuniones. Cada entidad, empresa o agrupación tendrá la posibilidad de entregar o enviar documentación respaldatoria a su exposición al finalizar la misma, y después cada bloque va a tener la posibilidad de designar cuáles son las agrupaciones y entidades que vengan a la exposición.

Según el cronograma al que accedió parlamentario.com, participarán representantes de CARBIO (biocombustibles); la Asociación de Emprendedores de Argentina Laboral; Coninagro; la UIPBA; Complejo Nucleoeléctrica; Fresprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina); la Agrupación Pan y Rosas; y CSIRA.

El orden de presentación de las entidades es por orden alfabético y tras la presentación de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, será el turno de PEP Agrupacióin de Pymes, emprendedores y productoras para el crecimiento argentino y Caicha; la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras; Intercámara de la Industria Pesquera de la Argentina; CAPAC (Productores audiovisuales); Coalición por la Educación; Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba; Café Martínez, y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Estarán también la Asociación de Emprendedores; FAEVYT (Federación de Agencias de Viajes y Turismo); Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA); Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe; y CAPEDYME Pymes.

Luego estará la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC); FAIM (Molineros); Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores: Consumidores Libres; la Cámara Argentina de la Alfalfa; el Movimiento Empresarial anti bloqueo (MEAB) Bloqueos sindicales; Red de Bancos de Alimentos.

Hay un espacio reservado para el área Deportes, y luego el turno de un jurista especializado en derecho de familia. Campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro.

Habrá un representante de la ciencia, como así también la Cámara de Libreros Independientes y CEMUPRO; la Asociación Civil Acción Colectiva en Salud Mental comunitaria; el rector de la Universidad de Quilmes; la CGT; CGERA; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; el presidente del Centro Azucarero; CTA Autónoma; SAGAI; Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA); Actrices argentinas; CTA de los Trabajadores.

Estarán también  LA Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina; UTEP; farmacéuticos; jubilados, la Cámara Inmobiliaria Argentinas; Bodegas Argentinas; Jóvenes Argentinas; Jóvenes por el Clima; la Federación de Inquilinos Nacional e Inquilinos Agrupados; YMAD; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; el Instituto Nacional de la Yerba Mate; Organizaciones de los Chicos del Pueblo, Abuelas de Plaza de Mayo; CAPGEN (medicamentos genéricos).

También el CIPPEC; la Cámara de malteras y cebadas; FACA; la Cámara Argentina de Fintech; la Cámara Argentina de Empresas

 

Ley de Bases: 13 funcionarios respondieron más de 300 preguntas

Un balance del trabajo realizado durante la primera semana en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expuso el miércoles por la mañana.

Durante 3 días consecutivos de intenso trabajo (9, 10 y 11 de enero) y casi 40 horas, el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto convocó a ministros de las carteras de Interior, Justicia, Seguridad e Infraestructura, al titular de la Procuración del Tesoro, y secretarios de Jefatura de Gabinete, y de los ministerios de Capital Humano, Interior y Economía para analizar los 664 artículos de la iniciativa del PEN.

En el marco de las Sesiones Extraordinarias, comenzó el martes 9 de enero a las 14 en el plenario de las comisiones en el anexo C de la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, el tratamiento del proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los

Argentinos”.

  • Según un minucioso informe desarrollado por la Cámara de Diputados, la Libertad Avanza logró convocar para el debate a 115 legisladores de todos los bloques y a 13 representantes del Poder Ejecutivo Nacional para tratar esta fundamental ley de cambio para el Gobierno actual. Fueron jornadas largas, con enardecidos debates y el compromiso de todos los espacios políticos de discutir la propuesta.
  • Los representantes de las áreas del Gobierno implicadas expusieron ante los diputados y contestaron más de 300 preguntas y otras tantas alocuciones, en respuesta a las dudas sobre los 664 artículos que componen la iniciativa.

El plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, contó con la participación -por orden de aparición- de los siguientes funcionarios:

1) Martes 9 de enero: el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo (por Reforma del Estado); el secretario ejecutivo de Gobierno de Jefatura de Gabinete, José Rolandi; el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona (estuvo 6 horas).

2) Miércoles 10 de enero: ministro del Interior, Guillermo Francos (casi 6 horas); subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas; la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (casi 7 horas); el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo.

3) Jueves 11 de enero: secretario de Educación, Carlos Torrendel; secretario de Cultura Leonardo Cifelli; secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre; el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro (5 horas); el secretario de Comercio Pablo Lavigne, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El ministro Ferraro participó el jueves del plenario de comisiones.

Obtuvo dictamen de mayoría el Régimen de Promoción del GNL

Fue aprobado por un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. Será tratado este martes en el recinto, en una sesión especial convocada a las 12.

Diputados retomará el debate sobre la problemática en relación a la comercialización con tarjetas de crédito

Un plenario de comisiones recibirá a expositores relacionados con el conflicto en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia.

En el marco de una reunión informativa, las Comisiones de Comercio, encabezada por la diputada Gabriela Lena (UCR), y la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Víctor Romero (UCR), mantendrán un encuentro para retomar el debate sobre la problemática existente relacionada con la comercialización con tarjetas de crédito.

La reunión se llevará a cabo el miércoles 31 de mayo a las 10 en l Sala 1 del Anexo de Diputados a la cual asistirán expositores vinculados a la temática.

El debate anterior se realizó el pasado 3 de mayo en el que los representantes de las estaciones de servicio solicitaron cambios en la legislación de las tarjetas de crédito y plantearon la “grave” situación que atraviesan con motivo de la inflación y la demora en los pagos. Además, advirtieron que como consecuencia se “está generando el cierre de numerosas PyMEs”.

El proyecto en el que se está trabajando es el de la diputada nacional Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe), elaborado en base a los reclamos del sector estacionero, sobre el cual se propuso trabajar para buscar una solución.El proyecto de la diputada Tejeda prevé que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las tarjetas de débito bancario, este porcentaje máximo será de 1,5%. La acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

Para el caso de las estaciones de servicio, el emisor de tarjetas en ningún caso ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 0,5% sobre las liquidaciones presentadas.

¿Por qué atiende esta iniciativa particularmente el sector de las estaciones de servicio? Porque en su mayoría son emprendimientos pequeños y medianos que viven una situación financiera compleja, sobre todo en la operatoria con las tarjetas de débitos y créditos. La posición dominante, que ostenta el monopolio u oligopolio que presenta el mercado de emisores de estos medios pago, menoscaba la posibilidad de negociación de establecimientos comerciales que sufren un desmedido impacto en su costo de financiación, lo cual atenta en su ecuación económica y rentabilidad. En algunos casos, a niveles de quebranto, señala el proyecto sobre el que girará la discusión de este miércoles.

Las estaciones de servicio concretamente, están atravesando un mal momento económico, los mínimos márgenes de utilidad, la enorme carga impositiva y “los abusos de las empresas que nuclean las tarjetas de crédito” -según denuncian-, ponen al sector en una situación terminal.

El oficialismo apura el dictamen de un proyecto sobre lavado de activos

Convocó a un plenario de comisiones para el martes, a fin de poder debatir el tema al día siguiente en la sesión convocada. Para el Gobierno, urge su aprobación.

El próximo martes 18 de abril, a las 11 de la mañana, ha sido convocado un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal, con el fin de tratar exclusivamente el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La intención de la convocatoria es sacar el dictamen para que en la sesión prevista para el martes a partir de las 11 pueda tratarse ese proyecto clave.

El oficialismo había intentado alcanzar el dictamen el 20 de diciembre del año pasado, último día para dictaminar luego de la extensión del período ordinario hasta el 30 de diciembre. Pero finalmente esa reunión no se hizo pues el Gobierno decretó feriado para ese día por el regreso de la selección campeona del mundo.

Eran días de controversias entre el oficialismo y la oposición, relación que estalló por los aires por rispideces surgidas por el Consejo de la Magistratura. Pero antes del quiebre en las relaciones entre los bloques, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio avanzaban encaminados hacia un texto de consenso de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que resulta clave para el país pues es una exigencia del FMI y, además, Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en septiembre del año próximo.

Así, en la previa de lo que debía ser una posible sesión antes de fin de año, el tema volvió a ser instalada en la agenda, tal vez como uno de los proyectos acordados que podrían ser llevados al recinto para el cierre del 2022. Finalmente no hubo dictamen, como dijimos, ni sesión, por falta de quórum.

La iniciativa busca reformar la legislación vigente sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

En los considerandos, el Poder Ejecutivo mencionó que GAFI se encarga de elaborar recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.

Entre las modificaciones, se busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.

Presente en las dos reuniones informativas que se realizaron durante el mes de noviembre de 2022, el titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, anunció el 30 de noviembre una serie de cambios que se iban a incorporar “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”, dijo.

Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.

También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.

Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.

Diputados reanuda la búsqueda de una solución para los créditos UVA

Las distintas iniciativas presentadas se debatirán en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas este miércoles a partir del mediodía.

Luego de un año en el que se intentó sin éxito avanzar en Diputados con el tema de los créditos UVA en comisión, legisladores de todos los sectores habían solicitado una sesión especial para este miércoles a fin de abordar la problemática en el recinto. El viernes pasado se conoció la convocatoria de plenario de comisiones para ese mismo día y finalmente este martes se suspendió esa sesión especial que había sido convocada por diputados de todos los sectores encabezados por el radical Julio César Cobos.

La reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, y de Finanzas, presidida por Alicia Aparicio, se realizará a partir de las 12 en la sala de reunión del 2do piso del edificio “Anexo C”.

El pedido a sesión especial, realizado el pasado 28 de febrero, fue suscripto por 41 legisladores, entre ellos de la UCR, del Pro, socialistas y cuatro del Frente de Todos. Al respecto, el radical Julio Cobos –impulsor de una de las iniciativas- señaló que “durante todo el año pasado intentamos lograr una solución a la problemática de los créditos UVA; hicimos un acuerdo con las autoridades de la Cámara, logramos que se realizaran las reuniones de comisiones, escuchamos a las distintas partes y, aun así, no logramos tener un dictamen y que baje al recinto”.

Una de esas reuniones se llevó a cabo el 1ro de septiembre, precisamente el mismo plenario que se sentará a debatir la próxima semana.

En esa ocasión, escucharon las opiniones de representantes de entidades bancarias, funcionarios, exfuncionarios y tomadores de créditos con el fin de alcanzar acuerdos tendientes a solucionar los reclamos de los deudores. La última vez que el tema fue puesto a consideración fue el 16 de noviembre de 2022 en una reunión de la Comisión de Finanzas.

A pedido de Massa, Diputados avanzaría en el debate del proyecto de fomento de la agroindustria

Así lo adelantó a parlamentario.com el legislador oficialista Marcelo Casaretto: “La idea es hacer una reunión informativa más que sería este miércoles o el siguiente”.

agroindustria campo

A pedido del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados avanzaría la próxima semana en la discusión del proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción agropecuaria y agroindustrial de las 24 cadenas de valor del país.

Si bien no hay de manera oficial una fecha ni horario pautado para la reunión, el diputado nacional y titular de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), dijo a parlamentario.com: “Estamos tratando de acordar con la oposición cuándo tratar la medida. La idea es hacer una reunión informativa más que sería este miércoles o el siguiente. Luego se hará una para emitir dictamen”.

La discusión del proyecto se inició el pasado 6 de julio cuando expusieron ante el plenario de comisiones -que fue conducido por el titular de Industria; de Agricultura, a cargo del formoseño Ricardo Buryaile (UCR); y de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FDT)- el entonces secretario de Agricultura, Matías Lestani, y de representantes del sector, así como de los referentes de la Mesa de Enlace.

La iniciativa, que fue destacada por el exministro Julián Domínguez en su visita a la Cámara baja el 22 de junio pasado, fue enviada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo promover las inversiones de modo de incrementar la producción y las exportaciones del sector.

El proyecto del Poder Ejecutivo, enviado al Congreso en noviembre pasado, apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

El objetivo que plantea la iniciativa es alcanzar en 2030 exportaciones por 100.000 millones de dólares y la generación de 700 mil nuevos puestos de trabajo. La iniciativa también propone otorgar un bono de crédito fiscal computable para el impuesto a las Ganancias por las compras incrementales en fertilizantes, semillas, bioinsumos, y genética y sanidad animal

De acuerdo con el proyecto, máquinas y equipos se podrán amortizar ganancias en tres cuotas en adelante-lo habitual son 10- y será para bienes de producción nacional y en cuanto al IVA se reduce de 6 a 3 meses el plazo para pedir su devolución.

Pasó a la firma la prórroga al régimen de incentivo a la construcción en el Senado

La iniciativa viene con media sanción de la Cámara baja establece una prórroga sobre los plazos de la Ley 27.613 que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios mediante incentivos a la construcción.

Un plenario de las comisiones de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, presidida por la formoseña María Teresa Margarita González (Frente Nacional y Popular); y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) pasaron a la firma este miércoles el dictamen del proyecto que prorroga la vigencia de la Ley 27.613, de Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda.

Desde el Salón Arturo Illia, la titular de la Comisión de Infraestructura anunció, previo al debate, que el senador Carlos Linares integrará la comisión en reemplazo del misionero Maurice Closs.

A continuación, González contó: “Este proyecto de ley convendría hacer un poco de historia al respecto, ya que precisamente es un proyecto que viene a instaurar nuevamente el título segundo de la Ley 27.613 que ya había sido aprobada tanto por Diputados como por el Senado. Viene nuevamente esta iniciativa a ponerse a consideración precisamente porque ha vencido su plazo”.

“Este plazo, con respecto al título de incentivos, era por 360 días y ya fueron cumplidos y finalizados, por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley es poner nuevamente en vigencia con este accionar legislativo esta instancia porque, a pesar de las dificultades y demoras iniciales para su reglamentación, la Ley tuvo muy buena acogida en el sector de la construcción. Como ya sabemos este proyecto fue sancionado en plena pandemia”, explayó.

En tanto, destacó que “hubo más de 6 mil aperturas de cuentas según datos de la Cámara de la Construcción. Este sector prevé que se aumente el interés por acogerse a los beneficios fiscales de la norma cuando el Congreso la prorrogue”.

“El sector de la construcción ha tenido un repunte muy importante que es de conocimiento público, no solamente a las obras públicas y a los diferentes programas tantos nacionales como provinciales que se desarrollaron en el basto sector, sino también esto ha devenido en una gran y amplia movilización del sector privado y es precisamente a este sector al que hoy estamos tratando”, informó la formoseña.

Asimismo, se basó en datos del INDEC que arrojaron que “en abril del 2022 el indicador de la actividad de la construcción muestra una suba de 8.8% respecto al igual del año 2021. El acumulado del primer cuatrimestre presente un incremento del 3.1% respecto al interanual. Si miramos la información sobre los puestos de trabajo registrados en el área de la construcción en el sector privado, aquellos sobre los que efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional, en marzo del 2022 el indicador registró una suba de un 18.4%, mientras el acumulado de enero a marzo de 2022 presentó una suba del 17.9%”.

“En encuestas realizadas a empresas del sector se muestran expectativas buenas con respecto a nivel de actividad esperado en el periodo tanto en obras públicas como privadas. El 51% de las empresas que hacen obras privadas se prevé que el nivel de actividad se mantendrá durante los próximos meses, mientras que el 41% estima que aumentará que loa tribuyen a la obra pública, pero hay que apalancarlo con medidas fiscales para asegurar el cumplimiento del pronóstico”, sumó a su explicación.

Foto: Comunicación Senado

En esa línea, la senadora por Formosa señaló que “con esta prórroga, los inversores pueden llegar hasta un 7.5% de ahorro en sus impuestos y aquellos que exterioricen sus activos tendrían un costo muy bajo que afrontar para regularizar su situación y, además, evitando las penalidades”.

“Lo importante es lograr soluciones a los problemas que enfrenta nuestra economía a causa de la pandemia como recuperar 110 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción o incrementar la producción o consumo de materiales o lograr el reingreso de divisas”, consideró.

Y cerró: “Esto va a incentivar a un sin número de personas y grupos a volcarse a la construcción de emprendimientos de carácter colectivo, individuales o teniendo en cuenta grandes complejos. Estamos tratando con urgencia este proyecto para que ayude a que puedan aportar al mercado de la construcción teniendo en cuenta que es una fuente generadora de empleo y funciona como efecto dominó en todo el campo de la producción”.

A su turno, el presidente de Presupuesto el riojano Ricardo Guerra detalló los aspectos centrales del proyecto y precisó que “incentiva la construcción de vivienda a ser llevada a cabo por sector privado a través de franquicias tributarias a los contribuyentes que se encuentran al día. Sobre los plazos plantea un blanqueo de dinero, pero que tengan destino específico la construcción de vivienda. Otro de los capítulos hace un pase de planes sociales al trabajo formal siempre que esté afectado a la construcción”.

También habló el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) quien le pidió a González contar con la información de los avances en la recuperación de la inversión en el maco de la obra pública porque “Es muy sustancial e importante más allá que dio cifras, pero esto de alguna manera suma al debate para tener información fehaciente con un proyecto de esta característica”.

“Tiene cinco artículos de los cuales los dos primeros son los más importantes, los restantes responden a normas complementarias. Esto es una prórroga el título primero que versa sobre título segundo de la Ley 27.613 que crea alícuotas especiales, está claro que es un blanqueo”, señaló y consultó si “no es necesario agregar el título primero de la Ley que habla de hacer una deducción como incentivo fiscal del 1% de los bienes personales y de ganancia que vencen el 31 de diciembre de este año y no está incluido en la media sanción, es importante que se incluya”.

Respecto al artículo 2 sobre la reconversión de los planes sociales en trabajo formal, recordó que “nosotros en agosto presentamos un proyecto que lleva la firma de 17 senadores de todo el país”, y solicitó: “Es una cuestión a estudiar y tenemos que analizar con todas las actividades en su conjunto y no solamente desde el punto de vista de la construcción. Es necesario darle una fuerte capacitación, articularlo lo público y privado, es necesario luchar con una cuestión cultural para recuperar la reconversión de los planes en trabajo formal. No debiera tratarse esto de forma aislada y discutir un programa de estas características para lograr una reconversión de los planes”.

En el uso de la palabra, el senador santafecino Marcelo Lewandoski (Frente Nacional y Popular) manifestó: “Entiendo que muchas cosas están distorsionadas en la Argentina, pero por mucho tiempo que se vienen modificando y venimos emparchando. Cada uno arma y desarma de acuerdo a su criterio y si tiramos todo lo que tenemos en la mesa y empezamos de cero es mejor a veces. Es probable que esta ley sea perfectible, todas las leyes lo son, pero indudablemente detrás de este proyecto estuvieron los sectores de las construcciones de viviendas”.

“Hoy tenemos un problema que, no digo que esta ley lo vaya a solucionar, son las viviendas sociales, costos de alquileres, lo difícil de no poder acceder a un crédito hipotecario para poder tener su vivienda gene de clase media y baja”, indicó y remarcó que “hoy lo que tenemos es esto”.

En su intervención, el catamarqueño Flavio Fama (UCR) aclaró que “no es el único proyecto que está a disposición”, y retomó las palabras de su par Zimmermann y consultó: “¿Cuál es el impacto que esta Ley tuvo? ¿Cuál es el monto que se logró blanquear como resultado de esta Ley?”.

González le contestó del otro lado y le explicó que “el impacto que se tuvo en la primera instancia de la ejecución de la Ley fueron 887 las presentaciones de personas físicas y jurídicas que implicaron un monto de 26 mil millones con una recaudación fiscal de 1700 millones de pesos”.

¿Qué establece el proyecto?

La iniciativa -que fue aprobada con 145 votos a favor y 20 en contra y 45 abstenciones en Diputados- busca prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados.

El proyecto aprobado y girado al Senado fue impulsado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo. Lo que plantea es extender por 360 días el capítulo II de la Ley 27.613, titulado “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, más precisamente lo referido al blanqueo para quienes inviertan en los proyectos de construcción.

Así, la iniciativa estima que se reestablezca ese capítulo de la norma, que fue sancionada en febrero de 2021 y planteaba un plazo de 120 días para el blanqueo.

Los 360 días serán corridos, desde la vigencia de esta nueva ley, y se plantea que el impuesto especial que establece el artículo 9 de la 27.613 “se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial”.

En ese sentido, las alícuotas serán las siguientes: del 5% para los ingresos declarados desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurridos los 90 días; del 10% para los ingresados desde el día 90 al 180 de entrada en vigencia de la ley; y del 20% desde el día 180 al 360 de entrada en vigencia la ley.

El Senado seguirá debatiendo la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales

El proyecto que extiende hasta 2072 las asignaciones específicas de distintos tributos, viene con media sanción de Diputados. Será debatido en el marco de un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.

Luego de haberse aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 15 de junio con 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones, el proyecto que prorroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales comenzará a ser debatido en el Senado.

Será en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda presidida por el riojano Ricardo Antonio Guerra; y de Educación y Cultura, a cargo de la sanjuanina Cristina del Carmen López Valverde. La reunión se realizará este miércoles a las 16 en el Salón Arturo Illia.

Luego, la Comisión de Educación y Cultura se mantendrá en reunión para analizar proyectos de ley y de declaración.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto propone que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

Se realizará un plenario sobre gestión menstrual

El evento está organizado por la diputada oficialista Jimena López y se realizará este viernes a las 17 en el Anexo C. Participarán legisladores, organizaciones Y diferentes especialistas en la temática.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos – Buenos Aires) junto a la organización socioambiental juvenil Consciente Colectivo realizarán un plenario sobre gestión menstrual este viernes 27 de mayo a las 17 en la Sala del Anexo “C”, segundo piso de la Cámara de Diputados de la Nación.

Del evento participarán legisladores, organizaciones y diferentes especialistas en la temática y se abordará el tema con los siguientes ejes: género, social, económico, ambiental, educación y ciencia.

La diputada López es autora del proyecto “PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL REUTILIZABLES”, cuyo objetivo es asegurar el acceso a productos de gestión menstrual esenciales para la población sin cobertura de salud y en situación de pobreza.

También busca promover desde el Estado opciones sostenibles y respetuosas del medioambiente tales como reutilizables y garantizar el acceso a la información de manera clara, didáctica y respetuosa de las opciones de gestión menstrual.

“En Argentina, más de 12 millones de niñas, adolescentes, mujeres, varones trans y no binaries menstrúan. Existen tabúes – que reducen el tema a una cuestión íntima o vergonzosa- y obstáculos en el acceso a los productos de gestión menstrual. La menstruación entonces resulta un factor de desigualdad”, explicaron.

En una nueva reunión con expositores, se retomó el debate por reformar el Consejo de la Magistratura

Fue en un plenario de comisiones de Diputados, donde los invitados por las distintas fuerzas políticas participaron del debate sobre los proyectos para modificar la composición del órgano judicial, entre ellos, el que ya cuenta con media sanción del Senado.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade recibieron a casi una veintena de expositores, en su mayoría abogados, que plantearon sus argumentos en favor o en contra de las distintas iniciativas, puntualmente la que ya cuenta con media sanción del Senado, que proponen modificar la composición del Consejo de la Magistratura. 

El abogado penalista Francisco Marull abrió la ronda de expositores para compartir una reflexión con el fin de que “ayuden a construir una ley trascendente y necesario. Trascendente porque puede que se trata de una de las reformas vinculadas a la Justicia más importante de los últimos años, y necesaria porque nos encontramos en una coyuntura ante la vigencia de una ley, que todos coincidiremos, no refleja ni las representaciones ni las realidades, ni mucho menos de las necesidades de nuestros tiempos si no aquellas de hace más de 25 años”.

“Vengo a hablar de la representación de los ámbitos académicos en el Consejo. Necesitamos un Consejo que se estructura de una forma efectivamente federal. Esto es importante no solo porque la Justicia Federal tiene juzgados y Cámaras en todos los rincones del país y es importante atender a las necesidades de funcionamiento de estos organismos; pero hay otra razón más importante que tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía toda. Los asuntos que trata la Justicia Federal son asuntos que interesan y afectan a todos los habitantes de nuestro país”, resaltó Marull.

Y cerró: “Entiendo que el proyecto que ya cuenta con media sanción, considera esta perspectiva federal y resuelve satisfactoriamente la cuestión. El camino que la ley puede y debe confirmar es el camino de una representación federal real, y no formal”.

A su turno, María Elena Barbagelata, dirigente socialista, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y titular de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, manifestó que “hay un tema que debemos profundizar y es el tema de género”, y destacó: “El proyecto que viene con media sanción me parece clara en la composición de paridad, es una positiva propuesta de integración paritaria. Y tal como está redactada, señala que esta paridad es un piso y no un techo”.

“Pero analizando las posibilidades que puede tener esta reforma creo que hay que profundizar este tema”, cuestionó y propuso “contemplar en la ley diversas acciones positivas como en el proceso de selección de magistrados para que se presentan las ternas conformadas por lo menos por una mujer. Además, propongo que cuando la vacante a cubrir correspondiera a un fuero en el cual las magistradas mujeres estén subrepresentadas, las vacantes sean cubiertas por candidatas mujeres”, entre otros.

Por otro lado, Pablo Hunger, politólogo y consultor en administración judicial, adelantó: “Lo que vengo a exponer son los resultados de mi investigación respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura en las últimas dos décadas”.

“Cuando en el 2006 el oficialismo explicaba los objetivos de su reforma, estos no se cumplieron. Porque el Consejo no fue más ágil, no fue más eficaz en los procesos de selección, de sanción y de remoción de los jueces. A partir la Ley 26.080 se da un escenario de mayor participación de los estamentos partidarios, y del oficialismo en particular”, relató.

En ese contexto, opinó: “Creo que se puede hablar de equilibrio cuando no hay un poder hegemónico. Y creo que después de 25 años aproximadamente, podríamos coincidir en que la reforma constitucional y la redacción del artículo 114 tal vez se quedaron cortos en algunos aspectos, que podrían habernos evitado al menos 15 años donde esta cuestión de fondo que atañe al Consejo de la Magistratura fue judicializada y no tuvo respuesta”.

En tanto, recomendó que “hay consejos en el mundo que cuando entran en situación de parálisis tienen mecanismos para destrabarlos”, por lo que hay que “dotar de opinión no vinculante en los temas de modificación del Poder Judicial y administración de Justicia. Es muy importante establecer los criterios de gestión”.

En su intervención, el abogado Joaquín Da Rocha ponderó: “De la lectura que he hecho del texto del proyecto, diría que satisface las características mínimas que yo creo que debe tener una reforma para ser adecuada, y sobre todo útil. De estudios pasados yo creo que muchos de los defectos de otras reformas tienen que ver con los números. Yo creo que en este proyecto están bien en la integración”.

“Me adelanto a decir que cuando el presidente de la Corte era el presidente del Consejo no fue una buena experiencia”, cuestionó y sumó: “Si bien facilitó el encuentro con el más alto tribunal del país, por otra parte, también se sintió la presencia del presidente que ejercía ambos cargos en ambas entidades. Cuando salió el presidente de la Corte nos manejábamos con mayor igualdad”.

Su par Andrés Gil Domínguez celebró que “sea el ámbito del Congreso mediante la sanción de una nueva ley el órgano que dé respuesta a la exportación dictada por la Corte Suprema de Justicia”, porque “es la respuesta más racional, democrática y adecuada al fallo, y bajo ningún punto de vista puede serlo el restablecimiento permanente de una ley que fue derogada en 2006 por los severos y graves problemas que trajo esa ley para un funcionamiento eficaz del Consejo de la Magistratura”.

“En segundo lugar, la Corte Suprema estableció un estándar muy claro al interpretar por equilibrio entre los cuatro estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura se entendía la imposibilidad que, en el número determinado por la ley, un estamento tuviera una posición hegemónica formal con respecto a los otros estamentos”, enumeró.

En tanto, precisó que, para evitar futuros planteos de inconstitucional, “hay dos posibilidades de desarrollar este estándar: una primera, el equilibrio por igualdad. Esto es que todos los estamentos tengan la misma cantidad de integrantes. Y la otra forma, es el equilibrio por imposibilidad de hegemonía estamental”, y siguió: “Desde mi punto de vista, la que tiene mayor intensidad democrática es aquella a la que otorga a todos los estamentos la misma cantidad de miembros”.

En suma, consideró: “El proyecto que ha recibido la sanción por la Cámara de Senadores responde al estándar establecido por la Corte Suprema. En términos que el número 17 y como está distribuido desde mi punto de vista impide que ningún estamento tenga una postura hegemónica respecto al resto de los estamentos”.

“Finalmente, desde mi punto de vista la situación de que el presidente de la Corte presida al Consejo de la Magistratura por imposición legal, esta situación es inconstitucional. Establecer en una ley que el presidente de la Corte es a priori y para siempre el presidente del Consejo sin ser electo por sus pares parlamentarios del plenario implica una quiebre del equilibrio de los estamentos que establece la Constitución y que la Corte ha impuesto para declarar la inconstitucionalidad de una ley”, criticó.

A su turno, César Antonio Grau, abogado e integrante del Ministerio Público Fiscal, señaló que “la finalidad mínima que tiene que tener esta ley es que sea constitucional, es decir que pase el filtro posterior del Poder Judicial. Y la segunda finalidad es que sea una mejora de la ley actual”.

“El tema esencial que divide las aguas en los trece proyectos presentados, aparte del que ya tiene media sanción, es la incorporación o no del miembro de la Corte”, indicó.

Respecto a este tema, manifestó que “la Constitución no previó el carácter contra mayoritario del Consejo como órgano porque previó precisamente un equilibrio estamentario. Y lo segundo es que la Constitución lo que quiso es garantizar la independencia de los jueces, y esta independencia tiene un doble sentido, horizontal, respecto al Ejecutivo, y vertical, de la Corte”. 

Por otro lado, Grau precisó que “más de la mitad de los proyectos presentados contemplan la incorporación de la Corte en el Consejo”, y se preguntó: “¿Es posible esta incorporación? Sí, en el mundo hay modelos repartidos en este aspecto”.

“Podrían incorporarse ciertos contrapesos que hagan al equilibrio constitucional. En primer lugar, la duración del miembro de la Corte Suprema sea de un año, que sea rotativo. Por otra parte, podría retrotraerse la participación de los jueces a tres, más el de la Corte. Esto es un principio básico”, consideró.

En su exposición, el abogado constitucionalista Alfredo Vítolo sostuvo:Hoy estamos acá porque una ley de 2006 fue controvertida y dictada inconstitucional”, pero señaló que “además de inconstitucional, era una ley débil porque había sido aprobada en el Congreso por estrictas mayorías partidarias, y no es un dato menor que una ley de esta naturaleza deba tener consenso fuerte”.

En ese sentido, subrayó que “en un tema como este se necesita una ley que tenga fuertes consensos democráticos que superen las limitaciones partidarias”, y opinó: “Creo que es una gran oportunidad para que nos tomemos el tiempo para que la ley sea la mejor ley posible, que tenga los fuertes consensos democráticos y supere cualquier cambio de gobierno”.

“La propuesta que viene del Senado solamente se acomodó a un legislador para incorporar algunos temas y conseguir el voto que faltaba, pero no es producto de un consenso. Ustedes tienen la posibilidad hoy de salir a buscar consensos fuertes”, cuestionó Vítolo.

Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales de Catamarca, destacó la importancia que en el ámbito del Congreso “se analiza y se resuelva la determinación de la configuración y funcionamiento de un órgano de origen constitucional”.  

“En mi provincia funciona la comisión evaluadora, con competencia para sustanciar los procesos de selección de los magistrados del Poder Judicial que requieren acuerdo del Senado. El nuestro es un diseño académico, jurídico y técnico más que político. Ya que queda mayormente el espacio de la política reservado para la etapa del gobernador y el Senado que decidirán si aprueban o no el pliego en cada caso”, contó.

Por otro lado, se refirió a la cuestión de género: “Con relación a la perspectiva de género, en nuestro reglamento se incluyen normas que contemplan expresamente en el proceso de selección de jurados se hacen preguntas de género y derechos humanos. Y existe una norma que dispone expresamente que se observara a lo largo de todo el proceso de selección el principio de equidad entre el hombre y la mujer, asegurando en todas sus etapas la efectiva aplicación de este paradigma rector”.

Por consiguiente, ponderó el proyecto porque “tiene un gran avance en materia de género, donde se reconoce el importante rol de las mujeres en la construcción de nuestras instituciones. Es una medida de acción positiva que asegura un piso mínimo de participación”.

Al tener la palabra la abogada y profesora de Derecho, Natalia Volosin, sobre el proyecto que tiene media sanción del Senado señaló como aspectos positivos que “la integración que plantea supera el estándar que planteó la Corte y que no haya ningún estamento, ningún sector que tenga predominio uno sobre el otro. Esto no ocurre con la integración que se propone, sobre todo si pensamos en el quórum”.

“Si veo un problema en la eliminación de la segunda minoría, que ya se había hecho en el 2006, y en el 2003 e insiste de nuevo en esto que es inaceptable”, cuestionó y solicitó volver a la ley del 1997 que planteaba “que haya un Consejo de la Magistratura integrado por el sector político de una manera más plural. Tal vez les puede servir en el futuro, piénsenlo de esa manera”.

Otro de los aspectos que destacó es la paridad de género, pero señaló: “La integración en el caso del Poder Ejecutivo porque hay una mala concepción en lo que es en materia de género respecto a que sea por mandatos. Las acciones afirmativas tienen por objetivo reparar o corregir una situación de desigualdad histórica y estructural que tenemos las mujeres para acceder al Poder Judicial”, señaló que esto debe avanzar en la integración de los jurados, de las comisiones.

“Sería inaceptable que si sale esta ley nueva no establece al menos un cupo femenino con la integración de las ternas algo que no se respeta dentro del Consejo y que se tuvo que judicializar”, precisó y, en tercer lugar, ponderó la federalización que plantea el proyecto.

Respecto a las cuestiones negativas, enumeró: “La cuestión de la escuela judicial que son jueces y juezas que dan clases y cobran un segundo salario. Sostener esto es un papelón; eliminamos el principio de igualdad de trato y no de discriminación a los efectos de los concursos de quienes hicieron carrera judicial o en otro lado; la eliminación de los diputados del jurado de enjuiciamiento, no los pueden borrar de un plumazo; el tema del procedimiento de remoción porque se elimina el proceso de remoción por mal desempeño a quienes sean integrantes del sector político, parece un chiste”.

A su turno, el profesor de derecho constitucional e integrante de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, Pedro Caminos, señaló que lo importante cuando pensamos reformas institucionales es que “estamos, precisamente diseñando instituciones. Estamos tratando de crear, o de reformar instituciones para que perduren en el tiempo”.  

Respecto a la necesidad de construcción de consenso consideró que hay que agregarle una perspectiva adicional: “Que es que en una democracia que funciona razonablemente bien, mayorías y minorías se alternan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos que tratar de pensar la mejor reforma institucional posible para cualquiera de los lugares del mostrador que nos toque estar. Este tiene que ser el baremo para pensar una reforma institucional”. 

Finalmente, sobre la discusión sobre la presencia de la Corte en el Consejo sostuvo que “debemos pensarla pragmáticamente, si no queremos que la ley sea nuevamente judicializada de forma predecible, entonces debemos incluir a la Corte Suprema de alguna manera en el Concejo”. 

José Luis Lasalle, presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás, y actual presidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, destacó que, efectivamente, la intención de los convencionales del 94’ “fue de pasar de la partidización de un proceso de elección de magistrados, para pasar a un proceso de selección sobre la base de concursos públicos”. 

Por esto, manifestó estar convencido “de que todo el tiempo que perdamos en debatir y en generar un consenso tan necesario para lograr una ley perdurable en el tiempo, se va a ganar en el futuro evitándose cuestionamientos, judicializaciones y diferencias que en nada contribuirán en ese objetivo fundamntal que es garantizar la independencia de la Justicia y fundamentalmente generar ante la sociedad civil una credibilidad hoy perdida en un gran porcentaje”. 

A continuación, Gustavo Arballo, profesor de derecho en la Universidad Nacional de La Pampa advirtió la urgencia de resolver la situación en la que la Corte Suprema resolvió “resucitar una ley”; y respecto a la nueva composición propuesta por el proyecto del oficialismo consideró “que está balanceada, y que tiene un uso razonable de las mayorías agravadas, bien calibradas para que no haya sorpresa y no haya predominio. E incorpora una demanda que no puede ser soslayada, que es tomarse muy en serio la participación de igualdad de género”. 

Leandro Halperín, abogado y docente se refirió a las funciones originales del Consejo: “La Justicia es el sistema que debiera resolver conflictos cuando requieren del arbitraje estatal de manera eficaz. Interpretar si la Justicia funciona o no de esa manera es lo que motivó al constituyente en 1994 a crear el Consejo de la Magistratura, porque lo se consideraba era que la Justicia era ineficaz, lenta, cara, que su lenguaje era incomprensible, etc. y que los resultados eran escasos y frágiles. Varios años más tarde el diagnóstico de entonces no se aleja mucho en la actualidad”. 

Respecto al proyecto con media sanción, lo primero que señaló es que “se distorsiona la representación popular. Porque si efectivamente se aprobase la nueva composición, el oficialismo pasaría a tener un 71% de la representación política, cuando en realidad la voluntad popular le da apenas por encima del 40, y en el Congreso también. Creo que debiera revisarse esta política”. 

Y el segundo aspecto que cuestionó es “la politización del estamento de los académicos. Considero que no corresponde que sean los decanos quienes elijan los representantes de los profesores. Creo que la interpretación correcta de la representación de sus pares es si ellos elijen”. 

Seguidamente, la politóloga y directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Aldana Romano, señaló que para ellos es especialmente importante este debate: “Es uno de los pocos proyectos que nos entusiasma. Y creemos que estamos ahora sí ante un proyecto que puede realmente tener impacto en la calidad del sistema de Justicia penal, algo que nos preocupa y ocupa hace más de 30 años en la Argentina”. 

En este sentido, profundizó: “Creemos que estamos ante una posibilidad única de mejorar la media sanción que viene del Senado, y encontrar un proyecto posible que pueda converger en una reforma que tenga impacto real en la calidad institucional. Si nos quedamos solamente en la conformación, para nosotros es una reforma insuficiente. El Congreso tiene que dar un mensaje claro para evitar tergiversaciones a la norma sobre dos aspectos claves: uno los concursos. Y el otro el tema de la administración”. 

Martín Hevia, decano y profesor de derecho en la Universidad Torcuato Di Tella, remarcó que el fallo de la Corte Suprema “hizo que el debate público se concentrara en lo que hace a la integración del Consejo. Pero creo que también es una gran oportunidad para debatir sobre otras dimensiones relevantes”. 

Y señaló que “uno de los grandes avances ha sido el sistema de concursos. En términos de la transparencia para el funcionamiento de la Justicia. Con el sistema de concursos disminuyó la discrecionalidad en la selección de magistrados, y eso creo que ha sido un gran avance” 

“La Constitución cuando hace referencia al Consejo de la Magistratura menciona las funciones, entre otras cosas centrales es la selección de magistrados. Un siguiente salto de calidad podría ser un acuerdo o un consenso acerca de la discrecionalidad y del mérito basado en antecedentes de los candidatos. Creo que esta es una pregunta muy importante, cómo organizamos los concursos, y cuál es el papel que le vamos a dar en esa evaluación a la entrevista con candidatos, y cuánto pesa el examen”, concluyó 

Finalmente, Martín Casares, magíster en Derecho Penal y consultor en Política Criminal y Justicia Penal, señaló que, en primer lugar, es “muy importante destacar la necesidad de una ley que sea con amplio consenso, para tener una ley duradera y que no estemos discutiendo una de las leyes institucionales más importantes del Poder Judicial cada cinco o seis años”. 

“El fallo de la Corte destacó el equilibrio como tema central en el Consejo de la Magistratura por las funciones de seleccionar jueces, de administrar el Poder Judicial, y también de aplicar sanciones y de impulsar los procesos de remoción”, agregó, al tiempo que advitió que el Consejo de la Magistratura “es clave en la función de garantizar la independencia judicial, y volver un poco al objetivo que tuvo el constituyente a la ahora de incorporar a la Constitución esta figura”. 

“En cuanto al proyecto, si bien puede ser que sea equilibrado en la cantidad de integrantes en los términos que definió el fallo de la Corte, me parece que el estamento político sigue siendo el de mayor tamaño, a su vez esto tiene la debilidad que deja de lado la tercera posición, la tercera mayoría. Yo me inclino por un modelo donde los tres estamentos tengan la misma cantidad de integrantes”, cerró el expositor. 

Diputados emitió dictamen para el proyecto de sostenibilidad de la deuda

En la que representó la primera reunión de una comisión este año en esa Cámara, los legisladores dejaron listo para debatir en el recinto un proyecto en el que hay coincidencias entre el oficialismo y la oposición.

Una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas marcó este miércoles el inicio del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados. Y fue para tratar un proyecto de singular importancia como es el de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y en el cual oficialismo y oposición están de acuerdo. Lo cual se vio reflejado en la firma del dictamen del proyecto que se debatirá este jueves en el recinto.

Cabe considerar que en el caso de los diputados de Juntos por el Cambio,  votaron “con reservas” en el artículo 3ro. el proyecto.

Dicha iniciativa establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también deban aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro se desarrolló a partir de las 13.30 de manera semipresencial, con numerosos integrantes de ambas comisiones de cuerpo presente en la sala de reuniones, pero todos conectados por VPN. De hecho, los presidentes de ambas comisiones, Carlos Heller (Presupuesto) y Fernanda Vallejos (Finanzas), estuvieron conectados de manera remota. Esta última fue la primera en tomar la palabra, que anunció la obvia intención de dictaminar esa iniciativa de modo tal de dejarla habilitada para debatirla este jueves en el recinto.

“No tengo dudas que para todos y todas es muy importante (el  proyecto de sostenibilidad de la deuda), porque implica la participación del Congreso de la Nación en decisiones que son estratégicas y vitales y que comprometen el futuro del país”, precisó.

A su turno, Carlos Heller destacó que se trata de un proyecto con media sanción del Senado, que en esa Cámara no tuvo votos en contra, “lo cual es una importante señal en esos temas estratégicos del país”, y destacó a continuación el éxito de las negociaciones de la deuda, e hizo mención a lo que se está tratando actualmente con el Fondo Monetario. En ese marco destacó “la decisión de que debe ser el Congreso el que avale todas estas tratativas y que no pueda haber endeudamiento para gastos corrientes, esas cosas que trae este proyecto me parece que son muy saldables”, enfatizó.

Desde Consenso Federal, el diputado y economista Jorge Sarghini anticipó el apoyo de su bancada a la iniciativa, apuntando que ellos veían “con buenos ojos este proyecto”, aunque se quejó porque no hubiera sido tratado nunca un proyecto propio presentado en febrero del año pasado, que apuntaba a ordenar el tema de la deuda y darle sustentabilidad y que “no fue tenido en cuenta”.

“No se trata de defender un proyecto en particular”, aclaró Sarghini, quien destacó que entre otras cosas esa iniciativa “limita mucho más el uso del endeudamiento externo”, y si bien adelantó su apoyo, confesó que le quedaba “el sabor con gusto a poco”.

Desde Juntos por el Cambio intervino luego el radical misionero Luis Pastori, quien si bien aclaró que los fundamentos del interbloque serían brindados por el diputado del Pro Luciano Laspina, él haría unas consideraciones personales respecto del artículo 3°, que habla de la emisión de títulos públicos y programas de financiamiento, referidos a los gastos primarios corrientes. “Me parece que este artículo en vez de mejorar y ampliar conceptos, los restringe y genera algunas dudas”, señaló en referencia al artículo 56 de la Ley de Administración Financiera. Por lo tanto, señaló, “podríamos estar modificando este artículo y acá lo estaríamos limitando, lo que implicaría un retroceso evidente. Como no queda claro, podríamos estar aprobando algo que significaría un retroceso en ese sentido”.

Si bien luego Laspina abundó en las observaciones técnicas al proyecto puesto en consideración, las reservas de Pastori fueron las citadas por JxC a la hora de la emisión del dictamen.

A su turno, el diputado Luciano Laspina expresó el apoyo de su sector “porque el proyecto devuelve facultades al Congreso, o intenta aclarar la forma en la cual el Congreso delega en el Poder Ejecutivo el manejo de la deuda en cada ejercicio”. Sin embargo, aclaró, el proyecto “tiene a nuestro juicio severos errores técnicos y de técnica legislativa, porque lo que hace de alguna manera genera superposiciones con la Ley de Administración Financiera”.

“Es llamativo que el proyecto no haga referencia al artículo 60 de la Ley 24.156, que es lo que estamos reformando”, precisó, agregando que ese artículo es reformado a partir del proyecto que se convertiría en ley este jueves. “Desde el punto de vista de la técnica legislativa vamos a quedar con dos artículos que dicen más o menos lo mismo. Con lo cual, es muy pobre desde el punto de vista de la técnica legislativa”, estimó.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto se refirió luego a la prórroga de jurisdicción. Dijo que “el espíritu del oficialismo es intentar limitar no la emisión de moneda extranjera, sino más bien la prórroga de jurisdicción, la emisión de deuda en moneda extranjera en jurisdicciones internacionales. Me parece que a eso apunta el proyecto y que habría que haberlo establecido de manera más taxativa”, detalló.

Sobre el final, señaló que “deberíamos aclarar, si alguna vez queremos recuperar el crédito externo, es que obviamente los compromisos se cumplen y que ese porcentaje (de endeudamiento) que tiene que autorizar el Congreso excluye a los vencimientos de deuda comprometidos por la Nación; en todo caso, si se decide no cumplir, habrá una ley que lo diga, es el caso del default, que hasta ahora nunca se ha hecho por ley”.

A continuación, se refirió al acuerdo con el FMI, y con relación a las críticas durante la gestión anterior respecto de que el acuerdo con el Fondo esa vez no fue al Congreso, Laspina señaló que “el autor de este proyecto no leyó el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, sino lo hubiese citado al menos. Esto está delegado: no hay ningún acuerdo con el Fondo que haya pasado por el Congreso, y esto inicia una nueva tradición. Me parece bien, lo que no queda claro es si se refiere a la aprobación del crédito o a refrendar el acuerdo que implica el acuerdo con el FMI, que son dos cosas distintas”.

“Con todas esas observaciones técnicas, acompañamos, más allá de que diferimos muchísimo en cuanto a cómo está redactado y puede generar ruidos a futuro”, concluyó.

Desde Unidad Federal para el Desarrollo, el presidente de ese interbloque, José Luis Ramón, hizo algunas consideraciones políticas y celebró el hecho de que “en el Congreso estamos recuperando un rol”, y luego le dio la razón a Laspina: “Técnicamente este es un sistema legislativo que ha ido a contramano de entender un país serio, por eso ningún default pasó por el Congreso”.

El último en intervenir fue el oficialista Itai Hagman, quien reconoció que este proyecto se da en un contexto de crisis de endeudamiento que la Argentina pasó varias veces en las últimas décadas. “Este proyecto es una de las iniciativas para cumplir con uno de los mandatos electorales de 2019, que era no solo resolver el problema de la deuda,, sino también construir lo que el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía han denominado un ‘nunca más a los endeudamientos y sobreendeudamientos en la República Argentina’”.

Luego hizo referencia a que “bajar el peso de la deuda en moneda extranjera en su  producto le llevó al país más de una década, y el proceso para revertirlo fue mucho más corto”. Por eso, agregó, “necesitamos instrumentos para evitar que cualquier Gobierno de cualquier signo político pueda hacerlo otra vez”.

Con relación a la gestión anterior, Hagman señaló que el principal argumento era la tasa de interés, y “por privilegiar una tasa aparentemente más atractiva, se llevó a la Argentina a una situación insostenible”.

Diputados debate en comisión el proyecto de sostenibilidad de la deuda

En la que representa la primera reunión de una comisión este año en esa Cámara, los legisladores analizan un proyecto en el que hay coincidencias entre el oficialismo y la oposición.

Una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas marcó este miércoles el inicio del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados. Y fue para tratar un proyecto de singular importancia como es el de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y en el cual oficialismo y oposición están de acuerdo.

Dicha iniciativa establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también deban aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro se desarrolló a partir de las 13.30 de manera semipresencial, con numerosos integrantes de ambas comisiones de cuerpo presente en la sala de reuniones, pero todos conectados por VPN. De hecho, los presidentes de ambas comisiones, Carlos Heller (Presupuesto) y Fernanda Vallejos (Finanzas), estuvieron conectados de manera remota. Esta última fue la primera en tomar la palabra, que anunció la obvia intención de dictaminar esa iniciativa de modo tal de dejarla habilitada para debatirla este jueves en el recinto.

“No tengo dudas que para todos y todas es muy importante (el  proyecto de sostenibilidad de la deuda), porque implica la participación del Congreso de la Nación en decisiones que son estratégicas y vitales y que comprometen el futuro del país”, precisó.

A su turno, Carlos Heller destacó que se trata de un proyecto con media sanción del Senado, que en esa Cámara no tuvo votos en contra, “lo cual es una importante señal en esos temas estratégicos del país”, y destacó a continuación el éxito de las negociaciones de la deuda, e hizo mención a lo que se está tratando actualmente con el Fondo Monetario. En ese marco destacó “la decisión de que debe ser el Congreso el que avale todas estas tratativas y que no pueda haber endeudamiento para gastos corrientes, esas cosas que trae este proyecto me parece que son muy saldables”, enfatizó.

NOTA EN DESARROLLO

Frederic y Pietragalla se presentan en Diputados

Finalmente participarán este viernes de una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías. La oposición venía reclamando la presencia de ambos.

sabina frederic comision seguridad senado 16 julio 2020

Luego de varios reclamos de parte de la oposición y numerosos faltazos a algunas de las convocatorias, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, asistirán este viernes a una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja.

La Comisión de Libertad de Expresión invitó a Frederic numerosas veces y en su última reunión su titular, el diputado del Pro Waldo Wolff, contó que el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, le había anticipado que vendría este mes a un plenario de comisiones. “No sabemos si estaremos incluidos” en ese plenario, deslizó Wolff imaginando que esa comisión no participaría de esta convocatoria.

En efecto, Paula Penacca (Seguridad Interior) y Hugo Yasky (Derechos Humanos) son los presidentes de las comisiones convocantes y ambos pertenecen al oficialismo. La cita tiene como título “Hacia una Ley nacional contra la Violencia Institucional”, y entre otras cosas la oposición quiere que los funcionarios respondan preguntas relacionadas con la desaparición de Facundo Astudillo Castro, y otros hechos de violencia institucional registrados en el interior del país. También habrá preguntas relacionadas con el ciberpatrullaje, del que precisamente Frederic habló en su visita a Diputados el 7 de abril pasado.