Los senadores bonaerenses se preparan para la prestación de acuerdos y así avanzar en la designación de 31 funcionarios judiciales, son los primeros expedientes remitidos al Cuerpo por la gestión de Axel Kicillof.
Los expedientes ya fueron considerados en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo, que movió 31 expedientes de los 41 que remitiera el Poder Ejecutivo y serían tratados en la sesión programada para este miércoles.
Con movimientos sincronizados, al mismo tiempo que los senadores avanzaban en los acuerdos por los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, el gobierno firmó idéntico número de decretos para designar los primeros funcionarios judiciales de la gestión que encabeza el gobernador Axel Kicillof.
Tal como se ha venido informando, en la provincia de Buenos Aires el actual gobierno frenó la designación de 41 pliegos de funcionarios judiciales que consiguieron acuerdo del Senado y que fueran propuesto por el PE durante el mandato de María Eugenia Vidal.
Pero mientras el gobierno que encabeza Kicillof si negó a promulgar los decretos de designación de los 41 funcionarios “acordados”, remitió un paquete de idéntico número de funcionarios judiciales para el Senado preste acuerdo.
Ahora, Kicillof revisó nombres y firmó el decreto para nombrar a 31 funcionarios “acordados” en la era Vidal, del total de 41. Y al mismo tiempo la oposición en el Senado posibilitó avanzar en el trámite formal para acordar 31 funcionarios que recientemente remitiera el gobierno de Kicillof, de un total de 41 remitidos.
No obstante, tras la firma de los decretos la oposición esperó la publicación de los mismo para que se vuelva efectiva la designación de los 31 funcionarios judiciales que quedaron envueltos en una polémica que se inició en los finales del gobierno de María Eugenia Vidal y el comienzo del de Kicillof.
Una vez publicadas los decretos de las designaciones, los senadores avanzarían con los 31 despachos en la Comisión de ACA, que serán tratados en el plenario de los senadores en sesión ordinaria. Finalizado ese trámite legislativo el PE podrá proceder a la designación de los mismo, vía decreto de designación debidamente publicado.
Así mientras senadores avanzaban con el acuerdo de 31 pliego de funcionarios judiciales el Poder Ejecutivo firmó los decretos para nombrar 13 fiscales, 8 Jueces de Tribunal Oral en lo Criminal, 5 Defensores/as, 1 Asesora de Incapaces, 1 Defensora Civil Comercial y Familia, 1 Juez de Cámara Civil y Comercial, 1 Juez de Familia, 1 Juez de Garantías.
Se trata de funcionarios que se desempeñaran en los Departamentos Judiciales de Avellaneda-Lanús, La Matanza, San Isidro, Bahía Blanca, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, Moreno- General Rodríguez, Zarate-Campana, Azul y Mercedes.
Otros 10 pliegos que Juntos por el Cambio prestó acuerdo en ausencia de la bancada del FdT, con su propia mayoría en el Senado, que habían sido propuestos durante la gestión de María Eugenia Vidal, siguieron quedando en estudio del gobernador Axel Kicillof.
Los acuerdos aprobados por el Senado de la gestión Vidal, pero que seguirán esperando el decreto de designación, corresponden a Patricio Guillermo Arrieta como Juez de Garantías de Mercedes, de Leandro Vaccaro como agente fiscal Morón, Ignacio Torrigino, agente fiscal Lomas de Zamora; Mariano Aguilar y Lucia Marta Leiro, como integrantes del Tribunal Criminal de Zárate Campana; Silvia Andrea Gómez como Defensor Oficial en Lomas de Zamora; y Juan Pablo D’Onofrio como fiscal San Isidro.
Pero, sobre todo, los acuerdos de la polémica que más interés suscitan y que el Poder Ejecutivo se resiste a designar son los correspondientes a dos nuevos integrantes del Tribunal de Casación Penal en las personas de Francisco Pont Verges y Ana Julia Biasotti.
De la misma forma, en la Comisión de ACA del Senado provincial 10 expedientes remitidos por el gobierno de Axel Kicillof permanecerán sin movimiento hasta nuevo aviso, o eventualmente a la espera del recambio legislativo donde el oficialismo espera contar con mejor número e incluso con mayoría propia para poder cumplimentar con el trámite de rigor.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos está conducida por el senador del FdT Emmanuel González Santalla, que está acompañado por su par de bancada Gustavo Soos y los legisladores de Juntos Nidia Moirano y Juan Pablo Allan. También integran la comisión el vicepresidente I de la Cámara, el senador del FdT Alfredo Fisher, sus colegas de espacio político Agustina Propato, Gabriela Demaría y Omar Plaini; mientras que por Juntos participaron Elisa Carca, Claudia Rucci, Felicitas Beccar Varela y Gabino Tapia.
En esta primera sesión de agosto, los senadores darán el paso final y prestarán los acuerdos formales, en sesión ordinaria, para la designación de los nuevos 31 funcionarios Judiciales que insistentemente viene reclamando la Suprema Corte desde, prácticamente, la asunción de la actual gestión provincial. Se apunta que son más de 200 vacantes que la Justicia está reclamando.
Para la senadora opositora la acción del oficialismo es “un atropello a la independencia de poderes y a los procesos constitucionalmente establecidos para la designación de los jueces”.
Así se expresó la senadora de JxC Nidia Moirano, al referirse al decreto 773/2020 del gobernador Axel Kicillof a través del cual pidió el retiro de 42 pliegos judiciales que habían sido enviados el año pasado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.
Durante su discurso en la sesión de la Cámara alta, la senadora bahiense, detalló punto por punto, y calificó los “groseros errores conceptuales” de los fundamentos de la solicitud del Poder Ejecutivo.
“De la lectura del art. 175 de la constitución provincial que se cita en los fundamentos del decreto y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires sobre la materia sentada en el fallo “Decastelli” también citada por el decreto surge claramente que, contrariamente a lo afirmado, el proceso de selección de los jueces en nuestra provincia es un acto jurídico complejo que entrelaza a diversos poderes y organismos”, dijo la senadora bahiense.
Y detalló “precisamente, uno de los principales objetivos de la reforma constitucional del año 1994, al incorporar al Consejo de la Magistratura como órgano de selección técnica por idoneidad fue la de limitar la anterior amplitud y discrecionalidad que tenía el Poder Ejecutivo en la selección de los jueces, que claramente terminaba siendo una elección”.
“Es inadmisible que el Poder Ejecutivo quiere rever el procedimiento por el simple hecho de que en el ínterin se produjo un cambio de gobierno; sostener esto es entender que los candidatos no fueron legítima y objetivamente elegidos siendo por ello susceptibles de revisión lo cual, desde ya, es absolutamente descabellado e inédito”, dijo la senadora opositora.
Para Moirano, que presidió durante los cuatro años del gobierno de María Eugenia Vidal la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, “hay que ser claros, los jueces deben ser designados por su idoneidad, no por su cercanía o afinidad con el poder de turno”.
