Tras el contundente rechazo de la Cámara alta a los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar cargos en la Corte Suprema, el senador nacional Francisco Paoltroni celebró lo ocurrido en el recinto y aseguró que se trata de "una victoria de la justicia".

“Lo primero no decir que esto es una derrota del gobierno, esto es una victoria de la justicia”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia, y agregó: “Fue un error del Gobierno el no retirar los pliegos a tiempo, como han hecho otros presidentes, porque nunca estuvieron los acuerdos para que este juez llegue a la Corte Suprema”.

En la misma línea, el legislador afirmó: “Los llevaron hasta este punto, lo que termina de detonar un poco toda la situación es la denominación por decreto, tres días antes de que comenzaran las sesiones ordinarias, pero si hubiesen tenido un poco de reflejos, de cintura, no se hubiese tratado de la manera que se trató”.

“Es la primera vez que esto ocurre desde el inicio de la democracia, y yo creo que es algo positivo. No veo esto como una derrota, sino como que realmente funcionan los resortes, los pesos y contrapesos de un poder independiente del Estado, como es el Congreso”, insistió el exlibertario.

Tras ser acusado de acordar con el kirchnerismo, bancada que se plegó al rechazo de los pliegos, Paoltroni reveló: “Es al revés, el kirchnerismo votó conmigo. Fui el primero que se opuso a la designación de Lijo”.

Para Paoltroni, existió un pacto entre el gobierno de Javier Milei y el bloque que responde a Cristina Kirchner por el pliego de Ariel Lijo, pero hubo un cambio de estrategia con la designación por decreto de ambos magistrados.

“Lo que pasa es que ellos vieron en la denominación por decreto de estos jueces, cambiaron la estrategia política y terminan rechazando, pero Lijo era un número opuesto y era un pacto entre Cristina y el presidente Milei”, sostuvo.

Asimismo, puntualizó: “Lijo era ese pacto. Lo salí a decir el primer día. Es el juez que durmió absolutamente todas las causas de la justicia en los últimos veinte años, además es un juez kirchnerista. No investigó la causa YPF que justamente hoy la estamos denunciando penalmente”.

Por último, Paoltroni sostuvo que el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán: “No quedó contento” con el accionar del senador y jefe del bloque de UP, José Mayans, que votó "como quería Cristina (Kirchner), mientras que Teresa González apoyó al juez federal”.

“Hay un pequeño divorcio de Mayans con Insfrán, en este caso. Mayans votó como quería Cristina y Teresa González, que era otra senadora, votó como quería Gildo”, concluyó.

Luego de la contundente decisión tomada por el Senado en torno a los pliegos para los jueces de la Corte Suprema, distintas voces de la oposición se manifestaron al respecto, con opiniones sobre Ariel Lijo algunos y Manuel García-Mansilla, otros, además de responderle al presidente Javier Milei, quien repudió las votaciones y habló de un nuevo "principio de revelación".

Jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, la kirchnerista Juliana di Tullio habló de una "victoria de la democracia". "En el @SenadoArgentina hoy logramos dar un paso fundamental para la salud institucional y la vida democrática de nuestro país. 43 senadores y senadoras de distintos bloques rechazamos el pliego de Ariel Lijo y 51 el de Manuel García-Mansilla", señaló.

Y le contestó a Milei: "No Presidente, no puede designar jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, por decreto, con el dedo; no son sus funcionarios. Este Senado le pone un límite porque su decisión viola la Constitución Nacional y pone en riesgo los derechos y las garantías de todos los argentinos". "García-Mansilla tiene que renunciar ya mismo al cargo que está usurpando", reclamó la bonaerense.

Uno de los senadores de la UCR que votó en contra de los dos pliegos, el pampeano Daniel Kroneberger reflexionó que "en tiempos en que hablamos del deterioro institucional, más que nunca, debemos respetar la Constitución. Sin entrar a discutir el perfil de ambos postulantes, desde el vamos el método que eligió el oficialismo no es el correcto".

"Es necesario entender que hay un camino a recorrer, que es la construcción de consensos. Lo más sano que le puede pasar a la Argentina es tener una Corte con representación equilibrada y entendemos que las opciones que son públicas hace tiempo, no colaboran en ese sentido", lamentó.

El legislador también mencionó que habían pedido que "debería ser una mujer la que ocupe un lugar, porque hay una cuestión de representación que no se puede, de ninguna manera, dejar de lado". "La Constitución Nacional es muy clara respecto a la división de poderes y ese principio no se está respetando", advirtió.

Finalmente, subrayó que "este sería un antecedente demasiado riesgoso y se debe gobernar con la Constitución en la mano. El nombramiento por decreto de los magistrados es un atropello. El Senado está para prestar acuerdo si así lo considera, pero una avanzada contra la división de poderes, no".

Por su parte, desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López recordó que "el 9 de enero de 2024, en pleno debate de la 'Ley Bases', le preguntamos al ministro de Justicia si era cierto el rumor de que Ariel Lijo iba a ser nominado a la Corte. No nos quiso responder. Desde ahí no descansamos".

Por su parte, desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López recordó que "el 9 de enero de 2024, en pleno debate de la 'Ley Bases', le preguntamos al ministro de Justicia si era cierto el rumor de que Ariel Lijo iba a ser nominado a la Corte. No nos quiso responder. Desde ahí no descansamos".

En respuesta a Milei, quien se preguntó: "¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex presidente doblemente condenada?", López le dijo: "Acá estamos presidente. El pacto no le salió porque usted es un torpe y porque Ricardo Lorenzetti es un impresentable. Mande un mejor candidato la próxima y pídale disculpas al doctor García Mansilla por haberlo sacrificado de esa manera".

"El rechazo de los pliegos de Lijo y García Mansilla es una buena noticia para las instituciones. Argentina no puede seguir en la lógica de que todo da lo mismo; es fundamental dejar atrás la cultura del atajo y la viveza criolla", consideró el diputado Maximiliano Ferraro.

Presidente del partido de la CC, el porteño observó que "Lijo ha demostrado ser moralmente inaceptable para el cargo, y García Mansilla cometió un grave error al aceptar una designación por decreto y en comisión. Con la decisión de ayer del Senado, todo nombramiento carece de la legitimidad democrática que debe sustentar a todas las autoridades públicas".

"LIJO OUT!!! Gracia Dio!!!", celebró también desde la CC la diputada Marcela Campagnoli; mientras que el legislador porteño Hernán Reyes expresó que "cuando todo era miserable especulación, la @ccari_ok y @elisacarrio dijeron fuerte y claro Lijo NO! Valió la pena. No hay cambio sin justicia independiente. Hoy le ganamos a la impunidad y a la prepotencia. #ChauLijo".

Entre los mensajes, el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy escribió: "Ganó la República. El rechazo del pliego de Lijo es un límite necesario: el Senado no debe ser una escribanía del Poder Ejecutivo. La Justicia no puede ser garantía de impunidad para nadie. El kirchnerismo judicial se va a terminar".

"VOLVER A LA CONSTITUCIÓN. El @SenadoArgentina acaba de rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. En el caso de García-Mansilla debe ser removido con URGENCIA y deben quedar sin efecto los fallos que hubiera podido firmar. Son NULOS", enfatizó el diputado socialista Esteban Paulón.

Luego, comentó sobre el comunicado de la Oficina del Presidente, mediante el cual se repudió la decisión del Senado. "DEL TOMATE EL JAVO. A través de su 'house organ' -la falOPRA- el gobierno de @JMilei 'repudia' una decisión autónoma de un poder independiente. Primero desafían la Constitución metiendo jueces de la Corte por la ventana. Ahora la desafían desconociendo la independencia de poderes", señaló.

En un duro revés para el Gobierno, que no buscó evitar el previsible resultado encarando algún tipo de salida alternativa más allá de apostar por la falta de quórum, el Senado rechazó este jueves los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados por decreto "en comisión" por el presidente Javier Milei hasta el próximo 30 de noviembre.

En el caso del juez Lijo, quien no había asumido porque el máximo tribunal no le aceptó su pedido de licencia en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, la votación resultó con 27 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención. Mientras que García-Mansilla, quien sí se incorporó rápidamente a la Corte, su pliego recibió 20 votos positivos y 51 negativos. Al no reunir ninguno los dos tercios de los votos de los presentes necesarios y sí, por el contrario, superar el número que se requería para conformar un tercio que bloqueara las chances, ninguno resultó aprobado.

Con García-Mansilla se abrirá un conflicto de poderes y reclamos judiciales, dado que quienes rechazaron este jueves su pliego aseguran que su nombramiento debe caer de inmediato, ya que es el Senado quien tiene la atribución constitucional de designar a los jueces de la Corte. Del otro lado, el oficialismo y sus aliados defendieron que ya fue designado por decreto del Poder Ejecutivo y es legal que permanezca hasta el próximo 30 de noviembre, fundamento que bajó desde la Casa Rosada en los últimos días ante la pronosticada derrota en el recinto. Además, el catedrático avisó que considera que solo podrá ser removido por juicio político.

Con la resolución de este jueves, la novela de los jueces para la Corte elegidos por Milei tuvo su cierre en el Senado, aunque lo de García-Mansilla continuará en otros capítulos. La postulación de ambos fue realizada por el Gobierno el 20 de marzo de 2024: a Lijo se lo propuso para ocupar la vacante que había dejado Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021, mientras que a García-Mansilla se lo postuló meses antes de la jubilación de Juan Carlos Maqueda, quien cumplió 75 años el 29 de diciembre pasado y dejó la Corte.

Los pliegos finalmente se enviaron dos meses después, el 28 de mayo, a la Cámara alta, donde se les dio ingreso formal en la sesión del 12 de junio. El 21 y 28 de agosto, Lijo y García-Mansilla, respectivamente, asistieron a audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos. Desde ese momento, ningún pliego reunió las firmas necesarias para habilitar el dictamen y ser llevado al recinto.

El dictamen para Lijo recién se consiguió el 12 de febrero de este año, durante el período de sesiones extraordinarias en el que el Poder Ejecutivo puso el tema en agenda. Fue con la última firma de la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner, lo que significó todo un gesto. Aunque se especuló con una sesión para el 20 de ese mes, finalmente el oficialismo no pudo garantizarse los votos. Culminando el mes sin que avance la cuestión, el presidente los nombró por decreto, en una decisión ampliamente criticada.

Al día siguiente de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, en una ceremonia que contó con la reserva previa, los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron tomarle juramento a García-Mansilla, quien dos días después se sentó en la Asamblea Legislativa del Congreso estrenando cargo.

Unión por la Patria, que tuvo entre sus integrantes a algunos que votaron por Lijo, cargó duramente en su totalidad contra García-Mansilla, a quien ya rechazaban por su perfil "conservador". Además, nunca dejaron de reprochar que el Poder Ejecutivo no haya propuesto al menos para uno de los dos lugares a una mujer.

Pero lo que endureció aún más la postura de los detractores de García-Mansilla, viejos y nuevos, éstos últimos que cambiaron de verlo con buenos ojos a oponerse a su pliego, fueron las palabras que el propio catedrático tuvo durante la audiencia pública cuando fue consultado por la camporista Anabel Fernández Sagasti sobre qué pensaría si su designación saldría por decreto, al recordar el antecedente de Rosatti y Rosenkrantz en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri.

"Visto el impacto que tuvo el decreto 83 de 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones, que son discrecionales del presidente", sostuvo García-Mansilla en ese momento, y cuando la legisladora le preguntó si creía que eso podría afectar la independencia de un juez, el ahora cortesano reconoció que “es posible” que un magistrado nombrado de esa forma tenga “falta de independencia” si debe fallar en causas que involucren al Poder Ejecutivo.

A pesar de los pedidos de algunos aliados al Poder Ejecutivo para que retiren los pliegos y eviten la derrota, con un último intento por parte del correntino radical Eduardo Vischi, que estuvo en Casa Rosada con Santigo Caputo este martes, el Gobierno decidió no hacerlo.

La trascendental sesión de este jueves no estuvo presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, ante la ausencia de Milei, por encontrarse una vez más en Estados Unidos. A las 14.13, cuando se alcanzó el quórum con 38 presentes, la vicepresidenta del cuerpo Silvia Sapag, de UP, se sentó en el estrado y abrió la reunión, ante el retraso sugestivo del presidente provisional, el oficialista Bartolomé Abdala, quien luego sí lideró la conducción durante la jornada.

La palabra de los senadores

Con un extenso discurso en su rol de miembro informante, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri explicó por qué no llegó a tiempo para dar quórum en la sesión. La legisladora del Pro confesó que tenía la decisión tomada desde que los pliegos ingresaron a la Cámara alta, pues no cree en una Corte Suprema de Justicia sin mujeres.

Además, hizo un repaso sobre la labor realizada en la Comisión de Acuerdos, la cual ella preside, y le enrostró al oficialismo que la “demora” en la definición “fue por la falta de consensos”, pese a “la cortesía” de darles tiempo. Del mismo modo, la larretista defenestró al catedrático Manuel García-Mansilla: “¿Nos mintió en la cara a los 72 senadores o es fácilmente manipulable por el poder político? En ambos casos no denota idoneidad para ser un juez de la Corte Suprema”.

Por el contrario, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero cuestionó a sus pares de bloque: “Me pregunto para qué algunos del Pro les dieron el quórum. No lo entiendo. Jamás voy a ser funcional al kirchnerismo”. “Esta sesión especial tiene un solo objetivo: desgastar el Gobierno del presidente Milei”, opinó la aliada del oficialismo.

La bullrichista sentó su posición a favor del pliego de García-Mansilla, “porque representa positivamente todo lo que necesitamos; es bueno, es valioso y defiende los valores que necesitamos volver a poner sobre la mesa, como es la defensa de la vida”. “Con la misma claridad digo no al juez Ariel Lijo, porque no merece ni un gramo de mi confianza en nada”, aseveró.

A su turno, el radical Martín Lousteau argumentó su voto en contra de ambos, al sostener que “esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo, del decreto y de nombrar los jueces en comisión; y para que García-Mansilla se vaya a la casa”. “Si se convalida este mecanismo ya no vamos a tener más jueces, lo que vamos a tener es vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo”, advirtió.

Desde Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti aseguró que si García-Mansilla continúa como juez en la Corte Suprema, ante el rechazo del Senado, todos sus fallos “van a ser nulos de nulidad absoluta”.

“La institucionalidad de Argentina está resquebrajada hace años, tampoco miremos para otro lado, pero esto hace que ya se caiga todo. Este resquebrajamiento institucional es culpa de todos, porque la Constitución Nacional establece pesos y contrapesos”, observó la mendocina, quien también denunció una “amenaza” por parte de Ricardo Lorenzetti de acelerar una condena contra Cristina Kirchner si no se rechaza el pliego de Ariel Lijo.

Cada vez más alejado de Mauricio Macri y de la conducción de su bloque, el senador cordobés Luis Juez cargó contra UP y, fiel a su estilo, ironizó: “Nos vino de golpe una nube de sentimiento constitucional”. Reflexivo con el oficialismo, suavizó sus dichos y sugirió “buscar mecanismos” porque “no es forma designar jueces por decreto”. Para terminar su intervención, anunció: “El pliego de Lijo no lo acompaño de ninguna manera, pero García-Mansilla es otra cosa”.

El senador monobloquista Francisco Paoltroni reiteró sus cuestionamientos respecto a Lijo, motivos que provocaron su expulsión del bloque de La Libertad Avanza. Sobre eso, el formoseño recordó: “Me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”.

En un tramo de su breve intervención, se mostró irónico con la oposición más dura y dijo que “estamos asistiendo al nacimiento del kirchnerismo republicano”. Comparó las situaciones económicas de la provincia de Formosa con la República del Paraguay y, según su parecer, la diferencia yace en “la falta de institucionalidad” en la Argentina.

Para terminar, se mostró optimista de que el Gobierno nacional reflexione y envíe nuevos pliegos, para lo que aportó sugerencias: “Espero que se premie a (la fiscal) Cecilia Goyeneche que denunció la corrupción en Entre Ríos”. Así las cosas, agregó: “Elijamos, en lo posible, dos mujeres que tengan los pergaminos”.

Representante de Convicción Federal, el nuevo bloque dentro de UP, la senadora jujeña Carolina Moisés deslindó una de las principales diferencias que tuvo con sus pares de interbloque: primero avaló el rechazo de García-Mansilla, pero confirmó que votaría a favor del pliego de Lijo porque cree “en su idoneidad, porque hizo carrera y porque empezó de abajo”.

Sin dar nombres propios, la legisladora fue crítica de la labor del Senado en el último lustro. “Venimos de años y años con 145 vacantes en los juzgados provinciales”, señaló. Esta observación de Moisés se da en el marco de su postura contraria a la conducción de Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista. Respecto a los pliegos, envió un mensaje general para todas las bancadas: “No pongamos pretexto cuando en realidad buscamos bloquear”.

El jefe de bancada del Pro, Alfredo de Ángeli, utilizó las palabras del referente de su partido político Mauricio Macri al repetir que “el presidente de la Nación está mal asesorado”. Asimismo, alertó que este debate se da en una “situación irregular” y que “no es una sesión más porque Lijo o Mansilla podrían estar por más de 20 años en la CSJN”.

“No es un acuerdo más, estamos decidiendo el futuro de la justicia argentina”, advirtió el senador entrerriano, quien también cargó contra Ariel Lijo: “No debería ser ni siquiera juez federal y el presidente de la Nación quiere que sea miembro de la Corte Suprema”. En el cierre, agregó que “García – Mansilla tenía idoneidad y capacidad, pero lo nombraron por decreto en vez de buscar los acuerdos durante el año pasado” y pidió que se llenen los 5 cupos en la Corte Suprema de Justicia.

Por el radicalismo, el presidente del bloque Eduardo Vischi llamó “fracaso” a la intención del Gobierno nacional por avanzar con los pliegos de Lijo y García – Mansilla. Se mostró crítico, aunque mesurado en sus palabras, pero no dejó pasar la intervención en el recinto para dejarle un mensaje al presidente Milei: “Si yo, Poder Ejecutivo, necesito dos tercios, como mínimo, lo primero que debo hacer es dialogar y tener consensos antes de enviar los pliegos”.

“Ni siquiera los de La Libertad Avanza sabían de los pliegos”, señaló el senador correntino, quien fue convocado a Casa Rosada en la antesala de esta sesión por el asesor presidencial Santiago Caputo. Igualmente, Vischi agregó que “el Gobierno creyó ganar la batalla poniendo a los jueces por decreto y termina perdiendo un montón porque afecta directamente a la economía argentina”.

De cara al futuro, el jefe de bloque radical reiteró que en esta ocasión 0“enviaron los pliegos y se supone que iban a abrir el diálogo, pero tampoco lo hicieron”. Pero, aclaró que “si quiere mejorar la justicia, acá vamos a estar para dialogar”. Para cerrar, confirmó la división dentro de su espacio respecto a los pliegos, pero anunció que la mayoría va a ir por el rechazo.

“¡No puede nombrar jueces por decreto! ¡No puede!”, enfatizó en su intervención el senador José Mayans, quien remarcó que “el señor (Manuel García) Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. Es una mentira que (el presidente) pueda nombrar” jueces en la Corte.

Mayans reflexionó que si el que puede lo más, puede lo menos, entonces el presidente podría nombrar por la vía del decreto jueces d Cámara, jueces de Instancia… “Un verdadero desastre”, resumió, para cargar a continuación contra la Corte Suprema, a la que adjudicó “servilismo”.

Para Mayans, el Tribunal Supremo “incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público” y les advirtió que serán juzgados. “Tarde o temprano, nadie se salva. No es cierto que ellos son los últimos… Los últimos somos nosotros: la política. La antipolítica destrozó el país y la política tiene que arreglarlo”.

Para culminar las intervenciones en el recinto tras más de seis horas de debate, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto remarcó que “los decretos son absolutamente constitucionales”. Asimismo, vaticinó lo que finalizó ocurriendo respecto a ambos pliegos.

En su discurso durante la sesión de este jueves, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti aseguró que si Manuel García-Mansilla continúa como juez en la Corte Suprema, ante el rechazo del Senado, todos sus fallos “van a ser nulos de nulidad absoluta”.

“La institucionalidad de Argentina está resquebrajada hace años, tampoco miremos para otro lado, pero esto hace que ya se caiga todo. Este resquebrajamiento institucional es culpa de todos, porque la Constitución Nacional establece pesos y contrapesos”, observó.

La vicejefa del interbloque Unión por la Patria enfatizó que “hace años que el Congreso de la Nación no está haciendo valer sus derechos para ponerle límites a los Ejecutivos nacionales, sobre todo en materia judicial”.

Además, rechazó lo que consideró una “amenaza” por parte del cortesano Ricardo Lorenzetti de que “si nosotros votamos en contra de (Ariel) Lijo van a sacar rapidito el (artículo) 280 (del Código Procesal Penal) para condenarla” a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En ese sentido, la mendocina criticó la “amenaza” hacia los senadores de UP de que “van a meter presa a la presidenta del PJ”. “No tenemos miedo porque somos peronistas”, desafió.

Por otra parte, la legisladora resaltó que “hoy salió un decreto (en el Boletín Oficial) para impedir el quórum, igual que en la Ley de Bases para designar a los amigos de (Edgardo) Kueider; fue para que la senadora (Lucila) Crexell no diera quórum y no votara”. Sobre esto, habló de que se dispuso el traslado del representante de la Unesco, “porque le prometieron de nuevo la representación de la Unesco a la senadora Crexell”.

“El Poder Ejecutivo tiene que dejar de tratar de doblegar las voluntades de los senadores que pensamos distinto. El problema es de los senadores que se dejan comprar”, lanzó y sostuvo que ella y sus pares estarán “denunciando a cada senador que se deje comprar por este Ejecutivo”.

Fernández Sagasti expresó que “hoy lo que estamos discutiendo en la constitucionalidad del decreto del presidente (Javier) Milei; hoy ya no estamos discutiendo las cualidades de dos pliegos. Estamos resolviendo un conflicto institucional grave que ha depositado el Poder Ejecutivo en contra del avasallamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial también. Lo que estamos discutiendo es un asalto del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes”.

“Los paladines de la seguridad jurídica nos vienen a decir que va a haber inversiones con una Corte puesta a decreto. ¿Qué más inseguridad jurídica que el 40% de la cabeza del Poder Judicial esté compuesta por jueces a tiro de decreto?”, se preguntó.

Además, la senadora reivindicó que “el Senado es la institución federal por excelencia” y que intervenga en el proceso de selección de jueces “tiene que ver con el federalismo”.

También recordó las palabras de García-Mansilla en la audiencia pública, cuando, ante una pregunta suya, dijo que no habría aceptado ser nombrado por decreto. “Hace pensar que es un mamarracho”, manifestó y enfatizó que “es inadmisible, un antecedente espantoso”.

El senador radical Martín Lousteau, uno de los que más alzó la voz contra la designación de jueces de la Corte por decreto, argumentó este jueves su voto en contra: “Esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo, del decreto y de nombrar los jueces en comisión; y para que (Manuel) García-Mansilla se vaya a la casa”.

“Es la votación más fácil que he tenido como senador en términos de lo que hay que hacer; lo que hay que hacer es votar en contra de un mecanismo que le permita a este presidente o a cualquier otro futuro poner jueces a dedo cuando quiera”, resaltó.

El presidente del partido centenario advirtió que “si se convalida este mecanismo ya no vamos a tener más jueces, lo que vamos a tener es vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo”. Y agregó que este mecanismo va “en contra de la independencia de poderes, en contra de la República y en contra de la propia Constitución”.

“No puedo creer que haya un solo senador dispuesto a votar esta aberración”, expresó y reiteró que “acá estamos votando por los mecanismos de designación del presidente, los antecedentes pasan a otro plano”. En ese sentido, afirmó que el nombramiento por decreto “es algo a todas luces inconstitucional”.

Lousteau señaló que los jueces nombrados por decreto -aunque Ariel Lijo no asumió- “están a tiro de decreto hasta fin de noviembre; entonces si al presidente le gusta como fallaron esos jueces, les renueva, y si no le gusta, saca otro decreto y los reemplaza por otros más afines”.

“Tenemos jueces de la Corte Suprema a prueba. ¿Alguien puede pensar que eso da un Poder Judicial independiente?”, remarcó el porteño y consideró que “esto que está haciendo el presidente es exactamente lo contrario a lo que dicta la Constitución del ‘94”.

Además, en su discurso recordó que en la audiencia pública del año pasado, García-Mansilla “como Pedro con Jesús, negó tres veces, no una, que aceptaría ser nombrado en comisión”. “Si mintió está descalificado, le falta a la verdad. Y si no nos mintió, lo puede más su ambición o la presión del Ejecutivo”, lanzó.

El senador rechazó las “excusas” del Poder Ejecutivo sobre haber apelado a un decreto por “la inacción del Senado” -lo que desmintió- o la situación de receso. “Estiran como chicle la Constitución, la editan como (Javier) Milei edita sus entrevistas”, dijo.

En la sesión de este jueves en el Senado se dio ingreso formal al pliego enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se propone designar como embajador en España al empresario Wenceslao Bunge Saravia.

Ahora, la postulación deberá analizarse en la Comisión de Acuerdos, a donde el hijo de quien fue vocero de Alfredo Yabrán (de igual nombre) deberá asistir a audiencia pública para responder consultas de los senadores.

El gobierno de Pedro Sánchez, con quien el presidente Javier Milei no mantiene buena relación, le concedió el plácet a Bunge Saravia hace un mes. No obstante, el candidato debía renunciar a la ciudadanía española que le fue concedida en marzo de 2023 para poder ser embajador en Madrid.

El postulante fue propuesto a acuerdo del Senado, tal como establece la Constitución Nacional, a diferencia del embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, nombrado “en comisión” por el decreto por el Poder Ejecutivo el pasado 26 de febrero, mismo día que en el Boletín Oficial fueron designados por esa vía como jueces de la Corte Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

En la antesala de una sesión clave, culminada la reunión de Labor Parlamentaria este jueves, se esperaba que el quórum para la reunión convocada a tratar los pliegos de los jueces de la Corte fuera más amplio del que finalmente terminó constituyéndose. Con todo, el tablero marcó a las 14.13 unos 38 senadores presentes, uno más del número requerido.

Algunos integrantes del Pro y la UCR se encontraban parados dentro del recinto, más no cerca de sus bancas. Nunca se sabrá si se hubieran sentado al filo del horario o no.

El primero en llegar a las 13.47 fue el fueguino Pablo Blanco, uno de los radicales críticos del Gobierno, que había anticipado su presencia. "Eso es hacer Patria", lo elogió la kirchnerista Juliana Di Tullio cuando ingresó.

A las 13.59 comenzaron a bajar los senadores de Unión por la Patria. El santafesino Marcelo Lewandowski fue el último en llegar. Fueron 33 de los 34 los que dieron quórum. La jujeña Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, ingresó al recinto cuando ya sonaban las estrofas del Himno Nacional.

Además, aportaron al quórum el radical Martín Lousteau; el exlibertario formoseño Francisco Paoltroni; y por el Pro, el jefe del bloque, Alfredo De Angeli, y la pampeana Victoria Huala. Llamativamente, la porteña Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos, quien se esperaba que contribuyera al inicio de la sesión, no lo hizo.

De esta manera, no se sentaron la mencionada Moisés; 11 senadores de la UCR; 6 del Frente Pro; 5 de Provincias Unidas; los bloques provinciales del Frente Renovador de la Concordia Misionero, Por Santa Cruz y Juntos Somos Río Negro. Tampoco, claro está, los 6 senadores de La Libertad Avanza.

El jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, visitó este martes la Casa de Gobierno. Cuando esa información se conoció, a nadie le quedaron dudas del motivo de su concurrencia: la sesión de este jueves para votar finalmente los pliegos de los dos hombres propuestos por el presidente Javier Milei para completar la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Habiendo sido tantas veces funcional a los deseos del Gobierno nacional, en función de la relación que su gobernador Gustavo Valdés quiere mantener con la Rosada, esta vez el correntino fue a Balcarce 50 con un planteo concreto que era el de que el presidente retirara ambos pliegos del Senado. La sugerencia lejos estaba de representar un desafío al Ejecutivo: simplemente buscaba evitarle al Gobierno un traspié en el recinto.

Sucede que si la sesión pedida por Unión por la Patria para este jueves se lleva a cabo, todo indica que ninguno de los dos jueces propuestos pasaría el filtro del Senado, de ahí que el radical insistiera con el retiro de los pliegos para evitarle al Gobierno un traspié. Y hablamos de insistencia por cuanto eso es algo que ya esa parte de la oposición le ha pedido a los emisarios del Gobierno, sin encontrar antes ni ahora una respuesta positiva.

En este caso Vischi llevó también como novedad que el radicalismo está dispuesto a dar quórum este jueves. Así las cosas, todo indica que habrá sesión a partir de las 14 y, en ese caso, la suerte estaría echada para Lijo y García-Mansilla.

Desde la semana pasada que el Gobierno tiene claro que los números no han cambiado desde que en vísperas del cierre del período de sesiones extraordinarias tuvo que postergar una definición, habida cuenta de que se exponía a un rechazo. Ante esa percepción, el oficialismo comenzó a pensar en que lo mejor sería que la sesión se cayera, para mantener viva la esperanza un tiempo más. Pero todas las fuentes oficiales consultadas en la Rosada expresaron que el presidente ya prefiere desentenderse de la situación y dejar de una vez por todas que se defina el tema.

Si se suspende por falta de quórum la sesión, estará muy bien a los ojos libertarios; pero si arranca la misma y se confirma un doble rechazo, abonará las críticas que siempre redobla el Gobierno contra la oposición en su conjunto.

Lo cierto es que el oficialismo mucho no ha hecho hasta ahora para mejorar las chances de uno y otro candidato a la Corte. Lo máximo que hizo -y fue un gesto significativo por cierto- fue la designación de ambos por decreto, algo que quedará marcado en la historia, aunque de alguna manera contribuyó a este desenlace.

Manuel García-Mansilla siempre fue el legislador más afín a las ideas libertarias. Y su trayectoria generó la anuencia de buena parte de la oposición más dialoguista, contrariamente a la postulación del juez federal Ariel Lijo, destinatario de una oposición como nunca ha tenido un candidato propuesto para ese cargo por algún gobierno. Así y todo, Lijo es quien más cerca estuvo -o estaría- de alcanzar la aprobación en la Cámara alta, apalancado en la principal oposición en el Senado.

A esta altura es inocultable que Lijo surgió de una propuesta del expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, máximo interesado en generar una nueva mayoría en el Tribunal Superior que le permita volver a ostentar la presidencia del mismo. Presidente de la Corte Suprema entre los años 2007 y 2018, Lorenzetti llegó a ese tribunal propuesto por Néstor Kirchner para reemplazar al juez Adolfo Vázquez, uno de los jueces de la “mayoría automática” que el kirchnerismo desarmó a través de la vía del juicio político. Fue desbancado de la presidencia por uno de los dos miembros de la Corte designados en tiempos de Cambiemos, Carlos Rosenkrantz, a quien luego sucedió Horacio Rosatti, que preside el cuerpo desde 2021. Y fue quien sugirió a Santiago Caputo la elección de Ariel Lijo para sumar a la Corte Suprema.

El Gobierno se entusiasmó con la posibilidad de cambiar la relación de fuerzas en una Corte que siempre miró con desconfianza, pero desde un primer momento Lijo recibió la instrucción de garantizarse por sí solo los votos necesarios para asumir. Le fue bien en un principio, al punto tal de haber conseguido el dictamen correspondiente, cosa que a García-Mansilla se le hizo muy cuesta arriba y, cuando finalmente estuvo habilitado para ser tratado su pliego en el recinto, el dictamen fue de rechazo.

Como el Gobierno “no movió un dedo” -supuestamente- por uno ni por otro, se desentiende de una eventual derrota en el recinto, como sucedería este jueves. En rigor de verdad, las negociaciones por Lijo sí habrían existido, llevadas adelante por el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el senador camporista Eduardo “Wado” de Pedro. Dicen que las mismas incluían la propuesta de acuerdos para la designación de 140 miembros para juzgados vacantes, y que como gesto oficial incluyeron la falta de quórum para el tratamiento en Diputados de la ley de ficha limpia.

Pero cuando ese tratamiento se reactivó en extraordinarias, las relaciones volvieron a tensarse con el kirchnerismo. Más aún cuando el presidente comenzó a trastabillar en el verano, con su discurso en Davos y, sobre todo, el escándalo $Libra. Los contrapuntos entre Cristina Kirchner y el presidente se hicieron más regulares y el kirchnerismo tomó la determinación de no darle ninguna victoria al mileísmo. El interbloque UP, además, ya había prometido que no votaría nunca a un juez que aceptara ser designado por decreto, como terminó sucediendo con ambos.

Alcanzan 25 votos en el Senado para que un pliego para la Corte sea rechazado. Los números cambian, eso sí, en función de los presentes y las abstenciones. En el caso de García-Mansilla, el rechazo tiene votos de sobra, si se suman los de Unión por la Patria, aun si el nuevo bloque de Convicción Federal se diferenciara aprobando. Además, contará García-Mansilla con el rechazo de Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) que ya firmaron un dictamen de rechazo.

En el caso de Lijo, el rechazo se hace un poco más difuso, pero sigue siendo lo más probable. El kirchnerismo puro no piensa convalidarlo, con lo cual habría que sumar los votos de los 15 miembros de Unidad Ciudadana, a los de otros cristinistas que están en el Frente Nacional y Popular: Lucía Corpacci, María Inés Pilatti Vergara y el camporista Mariano Recalde. Probablemente también la riojana María Florencia López.

Alguno podría sugerir la posibilidad de que José Mayans terminara absteniéndose, habida cuenta de la división que podría darse en su interbloque y que su gobernador, Gildo Insfrán, está a favor de la designación de Lijo. Sin embargo hay que recordar que fue el propio formoseño el que dijo aquello de que UP jamás daría su aprobación a jueces que aceptaran ser designados por decreto. Además, para alinear a la tropa Mayans convocó este miércoles feriado a esa bancada, cuestión de tenerlos alineados y evitar que alguno dijera que no pudo llegar por problemas de vuelos. Fue precisamente lo que sucedió con la jujeña Carolina Moisés, la única ausente este 2 de abril.  Pero este jueves estará.

Por supuesto, también hay que contar con el voto en contra del formoseño exoficialista Francisco Paoltroni, contrario a Lijo desde el minuto cero y que precisamente fue expulsado de La Libertad Avanza por la virulencia con la que rechazó siempre al juez federal.

A esos 20 votos contra Lijo habría que sumar los de Tagliaferri, Lousteau, los también radicales Carolina Losada y Pablo Daniel Blanco, más los del Pro Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, María Victoria Huala y Luis Juez. Habrá que ver si también se suma Martín Göerling Lara. La que ya dijo que no cuenten con ella es la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, que el martes posteó que se abstendrá, lo cual siempre es bueno para ambos jueces, a los que solo les preocupa que no les voten en contra. “Los cordobeses no me votaron para votar con los K y Lousteau -argumentó-. Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lousteau, Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los dos jueces en una misma votación, voy a abstenerme para NO votar a Lijo. En ese caso, voy a explicar el sentido de mi voto: me abstengo porque NO quiero darle el acuerdo a Lijo. Sí se lo daría a García-Mansilla, pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto”, sostuvo.

Más allá de la postura de estos dos últimos senadores más cercanos a Patricia Bullrich, el rechazo de Lijo podría estar sumando -sacando a los 4 senadores de Convicción Federal, que podrían despegarse del resto del interbloque- al menos 27 senadores, suficientes para justificar que haya tomado la precaución de no renunciar al Juzgado Federal N° 4.

¿Pero habrá o no habrá quórum? Todo indica que sí, contando con la mayoría del interbloque UP, que llamó a esta sesión, más buena parte de los radicales, Guadalupe Tagliaferri, y la cordobesa Alejandra Vigo, quien también votará en contra de ambas postulaciones.

Teniendo en cuenta que, en caso de ser rechazada su designación, García-Mansilla tendría resuelto renunciar a la Corte para evitar el deterioro que le significaría el tironeo reglamentario que se daría en torno a la legalidad de sus fallos tras ser rechazado por el pleno, la novela de estos jueces de la Corte podría llegar a su fin este jueves. Eso comenzará a develarse antes de que se cumpla media hora desde el inicio de una sesión clave del Senado que, nuevamente, no podrá ser presidida por Victoria Villarruel, por encontrarse el presidente en el exterior.

El jefe del interbloque Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, anticipó que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla reúnen "más de 30 votos en contra", lo que provocaría su rechazo en la sesión citada para este jueves.

"Vamos a tener sesión pese a todas las maniobras que se están haciendo", aseguró el formoseño, ante la búsqueda por parte del Gobierno nacional de hacer fracasar la reunión por falta de quórum.

El legislador sostuvo que "el Senado tiene que tratar el tema" de una vez y, sobre su bancada, dijo: "En principio, vamos a votar por el rechazo de ambos pliegos". Sin embargo, minutos después admitió que no podía garantizar que "todos" los integrantes de su espacio voten en contra de los dos postulantes, dado que algunos habían adherido al pliego de Lijo.

Con todo, por el rechazo que el juez federal -quien no asumió en la Corte- recoge en sectores de la oposición dialoguista, Mayans consideró que ambos tendrán un tercio de votos negativos que voltee los pliegos.

"Un juez nombrado por decreto puede ser sacado por decreto, no tiene estabilidad ni imparcialidad", señaló el senador, que acusó a García-Mansilla de "jurar por una Constitución que está violando" y estar "usurpando el cargo", al haber jurado como juez de la Corte.

El formoseño expresó que el Gobierno utilizó un esquema propio de "un gobierno de facto". "No se puede nombrar jueces en comisión y tener el país sin presupuesto. Tenemos 101 mil millones dólares más de deuda, que no sabemos quién va a pagar. Por eso, necesitan una Corte adicta, que les diga todo que sí", enfatizó.

"Estamos sin división de poderes. Hay algunos que le están entregando la suma del poder público a (Javier) Milei para que deje el país en bancarrota", agregó.

Finalmente, consultado en radio El Destape sobre la posición de los cuatro senadores que conformaron Convicción Federal dentro del interbloque, Mayans afirmó que éstos "confirmaron su presencia" a la reunión que la bancada mantendrá este miércoles (feriado) en la previa de la sesión. "Estamos todos juntos trabajando en eso", manifestó.

En la antesala de una sesión trascendental, el senador cordobés Luis Juez ratificó este martes su posición en contra del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, mientras que en el caso de Manuel García-Mansilla respaldó la postura del Gobierno sobre que hasta el último día de noviembre el catedrático puede ocupar un lugar en el máximo tribunal.

"El pliego de Lijo no lo voy a votar ni en pedo, porque no creo en los punteros políticos devenidos en magistrados, no creo en los operadores judiciales", enfatizó el legislador en declaraciones a radio La Red.

Y agregó: "Odio los tiempistas. En mi historia de 40 años siempre me peleé con los operadores judiciales. Hay que poner gente que levante la vara".

Por otro lado, el cordobés consideró que en el caso de García-Mansilla hay "una discusión abstracta" porque "te podrá gustar más o menos" pero "es juez de la Corte hasta noviembre, designado en comisión".

Sobre la oposición, el senador aliado del oficialismo les reprochó que "hubiesen negociado, tuvieron todo un año"; y admitió haberle pedido a Casa Rosada que retiren los pliegos, algo que finalmente no sucedió.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que el retiro de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema no es algo que vaya a realizar el Poder Ejecutivo.

"No, no lo evalúa el Gobierno. No los va a retirar", respondió durante una entrevista en radio Futurock sobre la opción de que Casa Rosada pida la salida de los pliegos enviados al Senado, donde fue convocada una sesión para su tratamiento el próximo 3 de abril.

Ante la presión de Unión por la Patria de voltear las designaciones, luego que el presidente Javier Milei nombrara a ambos por decreto -aunque el juez federal Lijo todavía no pudo asumir, pues la Corte no le aceptó la licencia en su cargo-, la Comisión de Acuerdos se reunió para habilitar el dictamen de García-Mansilla, quien sí ya está en funciones en el máximo tribunal. Por su parte, el de Lijo había logrado las adhesiones necesarias en febrero pasado, pero no tuvo garantizados los votos para aprobarse en el recinto y, en la última semana de ese mes, Milei avanzó por decreto.

"Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto en función de las facultades constitucionales y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año cuando finalice el periodo de sesiones", defendió Francos.

La alternativa de retirar los pliegos había sido un pedido/sugerencia de algunos aliados, incómodos con tener que ir al recinto a levantar la mano por una postura u otra. Cabe recordar que, para su aprobación, los pliegos requieren el aval de dos tercios de los presentes; mientras que, en caso de asistencia perfecta, 25 senadores en contra podrían bloquear una designación.

El jefe de Gabinete agregó que en el caso de Lijo, "todavía no ha asumido, pero veremos qué hace; deberían preguntarle a él". "Con respecto a García-Mansilla, él puede seguir en su cargo constitucionalmente" aún si el Senado le rechaza el pliego, consideró el funcionario.

Por otro lado, consultado sobre los distintos proyectos vinculados a dar una respuesta al fin de la moratoria previsional, que comenzarán a debatirse el próximo 9 de abril, Francos aseveró que "el Gobierno no va a aprobar ningún proyecto de estas características, que no tenga claramente establecido cómo se financia".

"Todos estos proyectos de moratoria han generado un caos en el sistema previsional argentino, que ha terminado desfinanciado", sumó y sobre si habría un veto ante una eventual ley, dijo que eso sería "una decisión del presidente". No obstante, reiteró que "el Gobierno no está de acuerdo con el sistema de moratorias".

En la semana en que fue pedida una sesión para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el senador nacional Oscar Parrilli aseguró que el bloque de Unión por la Patria irá en contra de ambos y consideró que ninguno va a reunir los dos tercios de los votos que requieren para su aprobación.

"Esta es otra vergüenza y flagrante violación del derecho. Nosotros vamos a votar por el rechazo de los pliegos. No creo que tengan los dos tercios necesarios como para aprobarlos", expresó este lunes.

Y agregó que "por esa situación de haber aceptado ser nombrados por decreto, no hay consenso en el Senado para estos dos jueces".

Por otra parte, el kirchnerista aseguró que la oposición en la Cámara alta va a "seguir insistiendo" para que "se investigue" el caso $LIBRA, cuyo protagonista fue el presidente Javier Milei, "porque no creemos en la justicia argentina".

En un largo tramo de la entrevista por radio Splendid, el legislador criticó duramente a Patricia Bullrich, de quien consideró: "Es la ministra de la violencia institucional, la mentira y la difamación, y nos avergüenza a todos los argentinos una persona así siga siendo ministra".

"La ONU se ha expresado en más de una oportunidad repudiando y rechazando todas las acciones que esta mujer ha llevado adelante en los últimos tiempos", siguió y recordó que "carga sobre sus espaldas la muerte de (Santiago) Maldonado".

El neuquino señaló que "ella ha sido una dirigente que ha circulado por todas las fuerzas políticas de Argentina, desde la izquierda peronista con Montoneros hasta esta extrema derecha de hoy, y su ADN ha sido siempre la violencia y la traición".

"Cabría preguntarse ahora cuándo va a traicionar a Milei, porque así como ha ido traicionado a todos sus compañeros, el último obviamente fue (Mauricio) Macri y el próximo va a ser Milei, solo hay que esperar a ver cuándo va a ser", lanzó.

Para Parrilli, el Gobierno está utilizando "están utilizando los métodos que usaban los militares, tratar de esconder el conflicto social y económico gravísimo que está sufriendo la sociedad, con represión, con violencia y amenazas para el que piensa distinto".

"Están haciendo espionaje político, tema prohibido expresamente por la Ley de Inteligencia", denunció y lamentó que en este contexto "pareciera que por ser kirchnerista uno ya es susceptible de que lo ataquen, de que lo maten".

Unión por la Patria en el Senado dio un paso fuerte al lograr -junto a otros dos senadores- habilitar el pliego de Manuel García-Mansilla y, posteriormente, pedir una sesión para el próximo jueves 20, con la intención de rechazar esa designación y la de Ariel Lijo (quien a diferencia del primero, todavía no juró en la Corte).

La réplica del oficialismo no se demoró en llegar y cinco de los seis integrantes de La Libertad Avanza presentaron otro pedido de sesión, que incluye como temas el proyecto de ficha limpia y la iniciativa de los tres senadores bonaerenses sobre declaración de emergencia para Bahía Blanca.

La solicitud, que lleva las firmas de Ezequiel Atauche -jefe del bloque-, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia e Ivanna Arrascaeta, tiene la particularidad de que le pide a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque "en día y hora que se estime pertinente".

De no haber un acuerdo en Labor Parlamentaria entre Villarruel y los jefes de bloques, la vicepresidenta podría definir por sí sola para cuándo cita a cada una o si se unifican los temarios en una única sesión.

Con un profundo rechazo a la designación "en comisión" por decreto que realizó el presidente Javier Milei de García-Mansilla y Lijo, el kirchnerismo apunta a que la Cámara alta vote en contra los pliegos de ambos.

En el caso del catedrático, quien ya está en funciones en el máximo tribunal, toda la tropa de UP estaría encaminada a rechazarlo, superando así por bastante el número de un tercio -en caso de asistencia perfecta- que bloquearía la aprobación: la bancada tiene 34 integrantes y con 25 sobre 72 ya quedaría sin posibilidad el aval al pliego.

Sobre Lijo, de quien se ha especulado contaría con una docena de votos de UP a favor, pesa una amplia negativa por el lado de la oposición dialoguista, que también provocaría reunir un tercio para impedir la aprobación.

No obstante, UP salió con fuerza a rechazar ambas designaciones, algo que ya le habían anticipado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Y en la reciente reunión de la Comisión de Acuerdos la mendocina Anabel Fernández Sagasti aclaró: "Ya no estamos hablando de cualidades personales de los postulantes, sino de dos personas que aceptaron violar la Constitución".

Por estas horas, hay aliados que quieren escapar de la incomodidad y esperan que el Poder Ejecutivo retire los pliegos, algo que igualmente debería votarse en el recinto.

Sobre el temario solicitado por los libertarios, el proyecto de ficha limpia, que apunta a que personas con condena doble por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, no puedan presentarse para competir por cargos electivos, recibió media sanción de la Cámara de Diputados durante las extraordinarias y tuvo un dictamen exprés en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado una semana después.

Al tratarse de una ley electoral debe ser aprobada con mayoría absoluta, esto es, 37 votos. Además, en caso de igualdad, Villarruel no puede desempatar. El oficialismo más todos los bloques de la oposición no K suman 38 en total.

Si se observa la votación que hubo en Diputados, legisladores de fuerzas provinciales como Misiones y Río Negro, que también tienen representantes en el Senado, acompañaron. Pero, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, uno de los diputados votó en contra y otro se ausentó. Así, la posición que los dos senadores santacruceños, de relación oscilante con el oficialismo, tengan en la Cámara alta, será clave. El antecedente más cercano de ello es que no dieron quórum y frustraron la sesión preparatoria de elección de autoridades. En el caso que UP sume dos votos más para el rechazo, la iniciativa no vería la luz.

Sobre Bahía Blanca, los senadores emitieron dictamen en comisión a un proyecto que busca crear un fondo de 20 mil millones de pesos para atender los graves daños ocurridos por las trágicas inundaciones en la ciudad y alrededores. Por su parte, Diputados ya dio media sanción por unanimidad a una iniciativa similar, aunque sin monto específico, para que se declare la emergencia y se destinen recursos extraordinarios.

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La oposición logró este jueves en la Comisión de Acuerdos del Senado habilitar, con las nueves firmas necesarias (la mitad más una del total de sus integrantes), el dictamen del pliego de Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto "en comisión" por el presidente Javier Milei y ya se encuentra en funciones, luego que el máximo tribunal le haya tomado juramento.

Uno de los despachos contó con las siete rúbricas de todos los miembros de Unión por la Patria en la comisión: Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Alicia Kirchner y Sergio Uñac. Mientras que el otro fue suscripto por el radical Martín Lousteau y la presidenta de la comisión, la larretista Guadalupe Tagliaferri.

En una reunión que dejó expuesta a cielo abierto la interna radical, con las exposiciones de Lousteau y el bonaerense Maximiliano Abad, quien ingresó cuando ya se había logrado el quórum, el oficialismo y sus aliados decidieron no participar.

Con fuertes críticas por la decisión presidencial de nombrar a dos jueces por decreto en la Corte, la oposición buscará el próximo jueves 20 llevar al recinto del Senado ambos pliegos para su rechazo.

El interbloque de UP cuenta con 34 miembros, a 3 del quórum. Además, en caso de asistencia perfecta al momento de la votación, con 25 integrantes de esa bancada que se pronuncien en contra, cualquiera de las postulaciones quedaría sin chances.

El dictamen de Lousteau y Tagliaferri sí manifesta el rechazo a García-Mansilla, mientras que UP metió una jugada con el fin de que en la sesión no haya objeciones: firmaron un dictamen por la positiva, en el cual aclaran que "es meramente una cuestión formal, que de ninguna manera deberá entenderse como un acompañamiento a la postulación del Dr. García Mansilla, sino que responde exclusivamente a la necesidad de dar cumplimiento al procedimiento reglamentario establecido". "En tal sentido, se busca permitir que el pliego en cuestión sea elevado al pleno de la Cámara, a fin de que pueda ser debidamente debatido y se adopte una decisión definitiva respecto de su aprobación o rechazo", agregan.

A diferencia de Ariel Lijo, el pliego de García-Mansilla nunca había obtenido el dictamen necesario para bajar al recinto sin requerir dos tercios de los votos para ser habilitado. El apoyo cosechado llegaba al de un libertario y tres aliados del oficialismo, que este jueves no se presentaron para plasmar tales avales en un despacho.

El pasado 13 de febrero, incluso con la firma de tres legisladores de UP, el pliego de Lijo sí había quedado formalizado. La intención de La Libertad Avanza era tratarlo en extraordinarias, pero no pudo garantizarse los votos.

Culminado el período de sesiones extraordinarias sin avance en los pliegos, el presidente Milei firmó por decreto las designaciones de Lijo y García-Mansilla “en comisión” hasta el próximo 30 de noviembre.

En el caso de García-Mansilla, la Corte le tomó juramento rápidamente, tan sólo dos días después de la decisión adoptada por Milei, el 27 de febrero; mientras que a Lijo, el máximo tribunal le rechazó el pedido de licencia en su cargo como titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. No dispuesto a renunciar, la suerte de Lijo sigue a cargo del Senado.

Ahora, el caso de García-Mansilla abriría un problema más complejo, con bibliotecas divididas sobre qué podría pasar si la Cámara alta finalmente rechaza su pliego, cuando ya asumió como ministro del máximo tribunal. Un tema que, sin dudas, desataría un conflicto que podría terminar incluso en manos de la Corte.

El debate

Luego de ser ratificada como presidenta de la comisión, Tagliaferri recordó que el pliego de García-Mansilla (al igual que el de Lijo) ingresó formalmente al Senado el 28 de mayo de 2024, tomó estado parlamentario en la sesión del 12 de junio y el candidato se presentó a audiencia pública el 28 de agosto. Sin contar los días de receso invernal, "desde el momento en que ingresó se le pudo dar tratamiento al pliego y se tardó menos de tres meses en hacer todo el proceso correspondiente", destacó.

La porteña resaltó que "no es que el Senado no puso en discusión" la cuestión. Y dejó clara su postura: "Soy una convencida de que la Comisión de Acuerdos y el Senado son los que tienen que decidir los jueces de la Corte Suprema, porque así lo indica la ley y la Constitución".

A su turno, el jefe de UP, José Mayans, apuntó que la selección de los jueces de la Corte "es un acto complejo que lo realiza el Poder Ejecutivo con el Senado, que representa a las provincias". "Es muy clara la Constitución en el artículo 99, inciso 4", dijo y consideró que "tenemos que tener en la Corte personas impecables que garanticen la aplicación de la Constitución".

El formoseño advirtió que "una persona que es nombrada por decreto puede ser sacada por decreto", al tiempo que si el Poder Ejecutivo "nombra miembros de la Corte" puede más adelante llegar a "nombrar miembros en tribunales inferiores, o fiscales, o defensores".

"Están violando la Constitución Nacional con una interpretación rebuscada, hablando de los empleados públicos", señaló sobre los fundamentos del PEN en base al artículo 99, inciso 19. "Hay que poner un límite a esto; el límite es cumplir con la Constitución Nacional. Reclamamos el respeto al Parlamento. El Parlamento en los golpes de Estado es lo primero que desaparece", exclamó.

En alusión a García-Mansilla, expresó: "Hoy tenemos una persona que usurpa el Poder Judicial, está haciendo fallos que son nulos de nulidad absoluta, porque no tiene el acuerdo del Senado".

"Las fuerzas políticas tenemos cosas que decir y esperamos que abran una mesa, que sienten a los líderes de los partidos políticos, y hablemos sobre qué es lo mejor para el país; y establezcamos una conducta de respeto hacia las fuerzas políticas y no este desprecio que cometieron, que no es a nosotros, sino a la voluntad popular que representamos", concluyó.

Después fue el turno de Lousteau, quien remarcó que el Ejecutivo se paró en un artículo que habla de la designación en comisión "cuando se produzca una vacante durante el receso, una vacante de un empleo. ¿Los jueces de la Corte Suprema son empleados del Poder Ejecutivo? Primera pregunta". También indicó que expresa que "si la vacante se produjo en receso" y "en ninguno de los dos casos fue así".

"Nombrar jueces en comisión es una burla enorme a la Constitución", afirmó y opinó que "la excusa" del Gobierno al decir que el Senado no trató los pliegos "es mentirosa". "Cuando el Senado no está de acuerdo con los pliegos lo que hace es no tratarlos (en el recinto)", explicó.

El porteño subrayó que "lo que hace el presidente es poner jueces de la Corte a prueba, porque el próximo 30 de noviembre tiene que decir si los renueva por decreto o no". "¿Cómo tiene independencia la Corte si esa es la situación?", preguntó.

Al mencionar declaraciones de García-Mansilla en la audiencia pública, recordó que el actual juez respondió que no aceptaría ser nombrado por decreto. "Entonces yo tengo que pensar, o el juez propuesto cuando vino a la audiencia nos mintió y no tiene ninguna vocación por sostener la verdad; o es un juez que nos dijo la verdad, pero después no la pudo sostener por dos motivos: o tiene una ambición desmedida por ser juez de la Corte o el Gobierno lo presionó para que aceptara", cerró.

También habló la vicejefa de UP y vice de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, quien aseveró que "el presidente Milei es autoritario, es antidemocrático y este decreto poniendo a dos miembros en la Corte es más que prueba suficiente", pero advirtió que "existen los pesos y contrapesos" entre los poderes del Estado "que no están funcionando".

"Este Senado puede parar esta designación en comisión por decreto, llevando al recinto los dos pliegos y rechazándolos", subrayó la mendocina. A continuación, lamentó que "tenemos un DNU (70/23) que cambia la Constitución y la Cámara de Diputados lo ha dejado vivir; no hablemos de las delegaciones, en las que se funda un DNU para habilitar un futuro acuerdo con el Fondo, nunca antes visto".

En esa línea, la kirchnerista afirmó que "Milei es lo que es, pero este Congreso no está cumpliendo con sus funciones". "Si nosotros el jueves que viene no nos sentamos y miramos la Constitución, y miramos para otro lado, vamos a ser cómplices de este atropello", advirtió y añadió que "ya no estamos hablando de cualidades personales de los postulantes, sino de dos personas que aceptaron violar la Constitución".

En un escenario de fuerte malestar por la decisión del presidente Javier Milei de nombrar "en comisión" por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, la oposición en el Senado buscará habilitar el dictamen del pliego de Manuel García-Mansilla, quien ya se encuentra en funciones en el máximo tribunal.

La reunión de la Comisión de Acuerdos fue convocada para este jueves a las 11 por su presidenta, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, quien junto al radical Martín Lousteau ya presentó un despacho de rechazo a la postulación de García-Mansilla, con la principal crítica por haber aceptado ser designado por decreto, cuando en la audiencia pública a la que asistió el año pasado en la Cámara alta dijo que no lo haría.

Además, desde Unión por la Patria sumarían otro despacho con la firma de todos sus integrantes en esa comisión, un total de 7. De esta manera, con 9 firmas, el dictamen ya estaría en condiciones de ser tratado en el recinto sin la necesidad de reunir dos tercios de los votos para habilitarlo.

A diferencia de Ariel Lijo, el pliego de García-Mansilla nunca había obtenido el dictamen necesario. El apoyo cosechado llegaba al de un libertario y tres aliados del oficialismo, quienes se verá si formalizan la presentación de un dictamen en ese sentido este jueves. Otro rol clave será el de los senadores de la UCR que forman parte de la comisión, en medio de otra de las internas en ese bloque.

El pasado 13 de febrero, incluso con la firma de tres legisladores de UP, el pliego de Lijo quedó formalizado. La intención de La Libertad Avanza era tratarlo una semana después en el recinto, pero esto no se logró: además de que los votos no alcanzaban, pues el juez federal reúne un amplio rechazo en la oposición dialoguista y con tan sólo una docena de votos de UP -como habría reunido- no se garantizaba su aprobación, el clima político por el escándalo cripto echó por tierra la posibilidad.

Culminado el período de sesiones extraordinarias sin avance en los pliegos, el presidente Milei firmó por decreto las designaciones de Lijo y García-Mansilla "en comisión" hasta el próximo 30 de noviembre.

En el caso de García-Mansilla, la Corte le tomó juramento rápidamente, tan sólo dos días después de la decisión adoptada por Milei; mientras que a Lijo, el máximo tribunal le rechazó el pedido de licencia en su cargo como titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. No dispuesto a renunciar, la suerte de Lijo se definirá en el Senado por sí o por no, con altas chances de ser rechazado.

Ahora, el caso de García-Mansilla abrirá un problema más complejo, con bibliotecas divididas sobre qué podría pasar si la Cámara alta rechaza su pliego. Un tema que, sin dudas, entraría en un conflicto judicial que podría terminar (paradójicamente) en manos de la Corte.

Luego de un año en el que la Cámara alta ocupó un rol menor en el andamiaje institucional, el Cuerpo parecería querer recuperar protagonismo y el debate sobre los pliegos para la Corte Suprema podría ser el disparador ideal. En rigor, ya lo intentó en la última sesión, aquella única de extraordinarias, donde algunos intentaron crear una comisión investigadora para el caso $Libra. No les fue bien, y al final la audaz maniobra terminó prácticamente en un blooper.

Con ese antecedente, ahora intentan recuperar fuerzas con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, nombrados por decreto por el presidente Javier Milei. Revitalizado tras haber recuperado un senador que había perdido con la salida de sus huestes del entrerriano Edgardo Kueider -hoy preso en Paraguay; vip, pero preso al fin- Unión por la Patria se propone avanzar con una sesión donde pueda tratar los pliegos que el presidente quiere instalar por decreto y por el término de un año. Tratan de articular la maniobra con sectores del Pro y la UCR que coinciden en pensar que el procedimiento del Ejecutivo vulnera el rol del Senado en el proceso de selección de jueces supremos.

En la previa de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema tomó una decisión rápida, que fue la de tomarle juramento a García-Mansilla, a pesar de no contar con el acuerdo del Senado. Tildando de hecho como “constitucional” la medida implementada por el presidente de la Nación.

La designación de Lijo no pudo avanzar, no por las masivas impugnaciones presentadas en su contra, sino por estar decidido el juez federal a mantener -como reserva- el cargo que ya de por sí le asegura un puesto vitalicio en el seno de la Justicia. No quiere arriesgarse a quedarse sin nada. Por eso y solo por eso la Corte no le tomó juramento. Lo que rechazó el jueves pasado fue concederle la licencia que pidió y que -¿corporativamente?- le había concedido la Cámara Federal. Con el voto de García-Mansilla, que dio una valiosa muestra de autonomía rechazando la licencia de su compañero de decreto, sin que ello fuera suficiente para redimirlo ante los senadores.

“Nos mintió en la cara. Dijo que no aceptaría ser designado por decreto y lo hizo”, señalan desde la oposición dialoguista, teniendo en cuenta la pregunta que durante la audiencia en la Comisión de Acuerdos le hizo la mendocina Anabel Fernández Sagasti al catedrático.

A diferencia de Lijo, García-Mansilla no logró reunir las firmas necesarias para el tratamiento de su pliego en el recinto hasta la semana pasada. En un movimiento inesperado, el kirchnerismo y los sectores opositores críticos del Gobierno presentaron dos dictámenes de rechazo: uno encabezado por los porteños Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR), y otro por los senadores de UP. Quedaron a una firma de estar habilitados para su tratamiento, como el de Lijo.

El oficialismo, por su parte, intentó deslegitimar el procedimiento de Unión por la Patria rechazando la firma de José Mayans, argumentando que el presidente de ese interbloque no estuvo presente en la audiencia de García-Mansilla. No obstante, la oposición sostiene que la firma del formoseño es suficiente para validar el dictamen. Faltaría entonces un radical.

Dentro del radicalismo, la disputa interna respecto de cómo enfrentar las designaciones por decreto de Milei sigue latente. Mientras Lousteau, Pablo Daniel Blanco y Maximiliano Abad lideran el sector más independiente y equidistante (o crítico) del Gobierno, el grupo alineado con los gobernadores busca evitar una confrontación directa. Con el jefe del bloque Eduardo Vischi a la cabeza, esta tensión ya se evidenció en la votación de la comisión investigadora del caso Libra, donde seis radicales boicotearon la iniciativa pese a que fue impulsada por su propio bloque. Hombre del gobernador correntino Gustavo Valdés, Vischi aparece imposibilitado de incomodar a la Casa Rosada, como también sucede con otros legisladores como los mendocinos.

Ahora, los sectores más críticos confían en sumar más votos para rechazar el pliego de Lijo y garantizar el quórum necesario para la sesión. La vicepresidenta Victoria Villarruel será clave en este escenario, ya que su rol como presidenta del Senado le otorga la potestad de habilitar o bloquear el debate. La “descabezada” titular del Senado ha sido decididamente soslayada en sus funciones por el Gobierno y ya dijo oportunamente que no le gusta la designación de Ariel Lijo.

El destino de Lijo

El pliego del juez federal que se aferra a sus dos cargos ya cuenta con dictamen y podría ser tratado sin necesidad de una votación sobre tablas. No obstante, el peronismo enfrenta una disyuntiva: mientras el kirchnerismo impulsa su rechazo, algunos gobernadores peronistas buscan mantener su candidatura. “Lijo no, que es amigo”, argumentan algunos mandatarios provinciales, intentando frenar la ofensiva opositora.

La estrategia del ala dura de Unión por la Patria -porque allí también tallan los gobernadores más cercanos a la Rosada- es sesionar cuanto antes para rechazar ambos pliegos y dejar sin efecto las designaciones en comisión. Según interpretan, si el Senado se pronuncia en contra, los jueces perderían automáticamente su legitimidad y el Gobierno debería proponer nuevos candidatos.

Sobre el tema la consultaron este viernes a Guadalupe Tagliaferri, quien es nada menos que la presidenta de la Comisión de Acuerdos, y esto dijo: “Un decreto simple firmado por el presidente no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución”.

Pese a los dichos de la senadora del Pro, si la Cámara alta finalmente rechaza las nominaciones, se abrirá un conflicto institucional con el Ejecutivo. Mientras Milei sostiene que, según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, los jueces designados en comisión pueden permanecer en sus cargos hasta noviembre, la oposición argumenta que el proceso de nombramiento solo se completa con el acuerdo del Senado. Esta discrepancia podría derivar en una nueva crisis política y, eventualmente, en presentaciones judiciales. Que recaerían en la propia Corte…

El vocero presidencial, Manuel Adorni, desestimó este miércoles la denuncia por amenazas que le hizo el diputado radical Facundo Manes al asesor estrella del presidente, Santiago Caputo, tras el fuerte cruce del sábado en el Congreso.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el portavoz apuntó: “Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes”.

Adorni señaló que Manes “se la pasó toda la sesión hablando sobre las palabras del presidente de la Nación lo cual es, de por sí, una enorme falta de respeto a la envestidura presidencial y a todos los que estábamos escuchando al presidente que eligió la gran mayoría de los argentinos con su voto”.

“Lo del diputado Manes es absolutamente lamentable, pero este año hay elecciones y en ese caso se validan los lugares y cargos así que es muy triste la actitud del neurólogo”, advirtió y cerró: “¿Por qué debería ratificar el presidente a una de las personas de su máxima confianza?”.

El nuevo acuerdo con el FMI

Por otro lado, el vocero fue consultado por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que adelantó Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias y le reclamó al Congreso que vote: “Se apunta a que el acuerdo esté cerrado para el primer cuatrimestre del año. Cuando haya detalles los daremos. Aún no está cerrado”.

“El posible acuerdo con el Fondo va a implicar la recapitalización del Banco Central. No va a inferir que aumente la deuda y es una de las patas que siempre especifica el presidente que tienen que darse, o que tienen que estar para que se pueda levantar el cepo cambiario”, explicó.

Adorni desmintió que el Gobierno vaya a enviar al Congreso el acuerdo con el FMI sin el detalle técnico. “No tenemos dudas de que el nuevo acuerdo no va a tener ningún tipo de inconvenientes en términos legislativos porque nunca en la historia lo tuvo, menos aun cuando es un acuerdo que no va a implicar aumento de deuda. No tenemos los detalles definidos, pero no es algo que nos preocupe porque ningún gobierno tuvo problemas cuando incrementaban la deuda”, planteó.

Pliegos de jueces

Mientras un sector de la oposición junta firmas para avanzar con una sesión que tenga como finalidad voltear los dos pliegos, otros senadores más cercanos a la Casa Rosada buscarán insistir con la posibilidad de ir hacia una ampliación de la Corte.

Al ser consultado por esos rumores, Adorni reiteró: “Se cumplieron todo lo que creímos desde que el presidente nominó a ambos jueces a ambas vacantes de la Corte. El Poder Legislativo tuvo su tiempo para la evaluación de los pliegos. No habiéndose avanzado en un tema tan crítico como es la Corte y, como lo habíamos anticipado, el presidente iba a nombrarlos en Comisión en tanto en cuanto lo considere necesario”.

“Lo cierto es que la Corte no podía seguir funcionando con tres miembros, bueno ahora con cuatro, y entendemos que todo va a seguir el mismo camino de normalidad que siguió el caso de García Mansilla. Así que no debería haber ningún tipo de inconveniente en virtud de que todo se ha hecho de acuerdo a la Constitución y a la reglamentación vigente... el kirchnerismo dice cualquier cosa no me pregunten lo que van a hacer porque me parecen absolutamente irrelevantes”, cerró.

Dentro del paquete de leyes sobre los que está trabajando el Gobierno, el presidente de la Nación, Javier Milei, prometió este sábado que enviará al Congreso los pliegos del Procurador General de la Nación, del Defensor Oficial, del Defensor del Pueblo y de unos 400 jueces, fiscales y defensores oficiales y le exigió al Senado que “no politice” la aprobación de los mismos.

“No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una Justicia independiente, pero efectiva”, manifestó Milei y criticó: “La Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”.

El mandatario aseguró: “Tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, incluidos el Procurador General, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia Federal”.

“Esto tiene que ser obvio para todos. Es imposible que la Justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad”, planteó.

“Esperamos que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos, a diferencia de lo que ocurrió este año con los candidatos a conformar la Corte Suprema”, exigió en su discurso ante la Asamblea Legislativa al referirse a lo que sucedió con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla que no fueron aprobados en el Senado y debió nombrarlos por decreto y en comisión.

Quien le salió a responder a través de las redes fue el presidente de la UCR y senador nacional Martín Lousteau que le enrostró que “demoraron 15 meses en enviar los pliegos del 40% de la justicia, pero acusan al Senado de haber demorado 6 meses en el tratamiento de los pliegos de la Corte Suprema”.

En un tramo de su discurso inaugural de un nuevo período ordinario, el presidente de la Nación, Javier Milei, anticipó qué proyectos llevarán al Congreso que “atacan desde cuestiones económicas hasta cuestiones administrativas del Estado” que “hacen del diseño institucional de un país que debe pensar en grande”, y resaltó que “será el año de la reconstrucción de la Argentina”.

El jefe de Estado planteó que “lo hecho hasta ahora es apenas una pequeña muestra de lo que el país necesita para curarse de forma definitiva”, y planteó que “para lograr ese objetivo necesitamos tener un modelo sustentable en el tiempo, un ordenamiento jurídico que proteja el fruto del esfuerzo de cada argentino, y un modelo institucional acorde al país con ambición de grandeza”. En ese sentido, remarcó que necesitan seguir llevando a cabo “innumerable cantidad de reformas de fondo” porque “es el único camino para reconstruir la Argentina”.

Milei definió el 2025 como “el Año de la Reconstrucción de la Argentina”, pero indicó: “Nada de todo eso será posible si no avanzamos en atacar los problemas estructurales del país”.

Así, contó que sus equipos están trabajando en más de una docena de leyes de fondo y explicó que los proyectos “atacan desde cuestiones económicas hasta cuestiones administrativas del Estado: financiera, penales, civiles, cuestiones vinculadas a la seguridad nacional, nuestro sistema de inteligencia, cuestiones vinculadas al comercio, a la propiedad privada y una serie de temas estructurales que hacen del diseño institucional de un país que debe pensar en grande”.

“En función de la predisposición de este Congreso, de la dinámica de la campaña electoral que comienza en breve y de la secuencialidad económica necesaria, estas reformas podrán ser abordadas o bien durante este periodo legislativo, o las abordaremos a partir del 11 de diciembre de este mismo año”, exigió.

ECONÓMICA

En materia económica, Milei pidió “avanzar en desterrar la inflación para siempre” para ser “verdaderamente una potencia”.  “Convertir en ley una verdad incuestionable de la economía argentina: el déficit fiscal es la madre de todos los males de la historia del país. De las 22 crisis que se registraron desde el inicio del siglo XX, 20 tienen origen fiscal. Eso se ha traducido en endeudamiento con su posterior default, en financiamiento con emisión monetaria que derivó en inflación e hiperinflación, o aumentos de impuestos que ahogaron el crecimiento mientras cercenaban la libertad económica e individual”, explicó.

Así, pidió transformar en obligatorio el equilibrio fiscal para cualquier presupuesto estatal, sea nacional o subnacional, pero advirtió que “no alcanza con el equilibrio fiscal; es necesario acompañarlo con una reducción severa del gasto público”.

Además, solicitó “establecer una meta fiscal para que en el 2027 el gasto público consolidado de Argentina sea de 25 puntos del PBI como máximo, donde tanto el Estado nacional como las provincias y los municipios tendrán que cumplir su parte. Porque cuanto menor sea el tamaño del Estado, habrá mayor libertad económica, mayor crecimiento económico, mayor ingreso per cápita y, por ende, menos pobres en la Argentina”.

PRIVATIZACIONES

Milei ratificó su deseo de privatizar las empresas públicas para lo cual propuso “revisar área por área el Estado” porque “no dejan de ser una carga para el sector privado”.

“Si bien la Ley Bases y el DNU 70/23 incluyeron elementos fundamentales para dar los primeros pasos en reformar el mundo del trabajo, necesitamos profundizar este camino”, manifestó. En ese sentido, señaló: “El régimen laboral que impera desde hace 50 años quedó completamente obsoleto y hoy lo único que hace es proteger con beneficios a las pocas personas que van quedando en el sector formal, mientras expulsa cada año a millones a la informalidad. Este es el principal motivo por el que el empleo privado formal no crece desde hace casi quince años”.

Así, consideró que “solo con un mercado laboral dinámico, que genere empleo formal, podremos aspirar a tener el sistema previsional sustentable que décadas de desmanejo arruinaron. También es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural, para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente seis impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina”.

“Sumado a eso, el espíritu de la reforma en la que estamos trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre”, contó.

SEGURIDAD

A las leyes que logró aprobar el oficialismo sobre juicio en ausencia, ley antimafias, reiterancia y reincidencia, y en medio de una ola de inseguridad el presidente exigió al Congreso aprobar la ley de la baja de edad de imputabilidad "para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen”.

“Necesitamos bajar la edad de imputabilidad, y no solo eso. Necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal. Emprendiendo así la reforma del Código Penal más importante de los últimos cien años, algo que tiene que ocurrir en carácter de urgente. Pero el problema no se limita al crimen ordinario. El narcotráfico y el terrorismo representan un peligro claro y presente para los argentinos”, propuso.

Además, informó que están trabajando en una ley de seguridad nacional que “le provea herramientas al Estado nacional, a nuestro servicio de inteligencia y a nuestras Fuerzas para perseguir a quienes quieren atentar contra la vida de los argentinos”.

REFORMA MIGRATORIA

El presidente de la Nación adelantó que llevarán a cabo una reforma migratoria “si queremos ser un país serio”, y explicó: “Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”.

Así, planteó: “Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan”.

En ese sentido, volvió a proponer el cobro de aranceles a extranjeros en las universidades “a quienes no son residentes permanentes”. Además, sostuvo que también es necesario endurecer “severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen”.

“Es lo que hace cualquier país que se hace valer. Y si esto necesita algún tipo de justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos”, aseguró.

IGUALDAD ANTE LA LEY

Milei volvió a referirse a la Ley de Cupos y adelantó que insistirá con “recuperar el imperio de la igualdad ante la ley, terminando con este sistema de cupos de distinto tipo que impone desde a quién emplear hasta a quién votar”, tal como lo había anunciado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que despertó un gran rechazo opositor.

“Hemos llegado al punto en el que hay cupos hasta para emplear gente en medios de comunicación o para la programación de artistas en un festival. Con la supuesta justificación de proteger a ciertos grupos percibidos como oprimidos, hemos perjudicado injustamente a los demás, vulnerando la igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución”, apuntó en una línea similar a sus dichos en el Foro de Davos.

El mandatario afirmó: “Tenemos que recuperar una verdad básica de la democracia liberal, que es que el límite de los derechos de uno son los derechos del prójimo”.

“Estos son unos pocos de los tantos proyectos de reformas de fondo en lo que estamos trabajando, y en los que avanzaremos en la medida que la dinámica política y la secuencialidad económica lo requieran”, concluyó.

Además, afirmó que enviarán los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal y le exigió al Senado que "no politice su aprobación" como pasó el año pasado con los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y García-Mansilla, que terminó nombrando por decreto y en comisión.

El diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, criticó el decreto de Javier Milei para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla: “Se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del Gobierno”, y aclaró que “no es que el Senado no trató los pliegos, es que no cuenta con las mayorías para su aprobación”.

“La decisión del presidente de mantenerse es una herida casi mortal a la institucionalidad y al Sistema Republicano de división e independencia de los poderes”, aseguró el diputado de CC ARI al referirse al decreto que firmó Javier Milei para designar a los reemplazantes de la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Ferraro remarcó que “no podemos dejar pasar por alto que, en nombre de la lucha contra la inflación, el ordenamiento de las cuentas fiscales y el déficit cero, se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del gobierno, que es esta decisión de nominar por decreto a dos jueces a la Corte Suprema".

En cuanto a la oposición de la designación del juez federal Ariel Lijo, el diputado aseguró que este “se ha caracterizado por cajonear causas en Comodoro Py y en la justicia federal, donde demuestra claramente una connivencia con varios sectores políticos y de la justicia federal donde no hay ningún tipo de idoneidad”.

Según indicó el diputado Ferraro, el rechazo de la Coalición Cívica ARI está vinculado a este decreto. “Que los senadores dejen de jugar a las escondidas y que claramente tengan una oposición a la designación de Ariel Lijo y a este procedimiento”, exigió.

Tras indicar que coincide con las palabras del ex juez de la corte Maqueda, Ferraro indicó: “Estamos frente a algo que es horroroso y que es un escándalo desde el punto de vista constitucional, institucional y republicano”, y sumó: “Amenaza a otro poder del Estado como puede ser la justicia, de que, si no le presta juramento la Corte Suprema, el presidente al estilo de un emperador estaría dispuesto a tomarle juramento a estos jueces”, concluyó Ferraro.

Respecto de la asistencia de su bloque a la Asamblea Legislativa, afirmó: “La CC va a tener como siempre una presencia institucional, pero alertamos como gravedad las restricciones que dispusieron las presidencias y la secretaria general a la prensa en algo que no sucedió en 40 años de democracia”.

“El Ejecutivo pretende con la imposición de este DNU que otro poder del Estado se arrodille. No es que el Senado no trató el pliego, en el Senado no cuenta con las mayorías para su aprobación”, planteó.

Luego de que el presidente Javier Milei nombrara por decreto como jueces de la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla cuyos sendos pliegos quedaron en stand by en el Senado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, acusó a dicha Cámara de “dilatar” el tratamiento.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni señaló: “La instancia de nombras jueces en comisión iba a estar siempre sujeta a que entendamos que la justicia pueda tener algún tipo de inconvenientes en su funcionamiento”, y planteó: “Entendemos también que ha pasado más de un año desde su presentación de los pliegos y, habiendo pasado todas las instancias necesarias, no se ha logrado que el Senado apruebe los pliegos”.

“Entendemos que efectivamente era momento de nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto dure el periodo legislativo ordinario”, aclaró y sumó: “El resto del proceso que tenga que seguir en la Cámara de Senadores es un tema que sigue siendo responsabilidad de esa Cámara. No entendiendo bien las razones, habiendo cumplido con los requisitos de idoneidad y técnicos, que haya ocurrido lo que ocurrió porque, en definitiva, no estamos hablando de cuestiones partidarias, estamos hablando de cuestiones técnicas. Es la decisión del presidente y de que la justicia tenga a todos sus miembros de casi un año que esto no avance en el Senado”.

El portavoz agregó: “Se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así después de un año que el Senado teniendo el pliego de dos personas que cumplían con los requisitos no han logrado avanzar, solo se firmó dictamen de uno de ellos. Es una de las atribuciones del presidente”.

“La dilatación en la resolución no tenía sentido y que lo único que hacían era complicar una decisión del presidente en post de que la justicia siga trabajando de forma eficiente”, manifestó.

Sobre el comunicado de UP, Adorni apuntó: “En general el kirchnerismo o la izquierda cuando no están en el poder, todo lo que está en el poder es dictadura es antidemocrático, pero es una práctica habitual donde ellos no eran parte. Poco importa que nos traten de antidemocrático o que atentamos contra la Constitución”.

“Un año estuvo el Senado en posición de resolver el tema y no lo hizo, no hay nada más Republicano que el Senado. Los jueces los propone el presidente, no el Senado ni sus miembros, no debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión técnica o de idoneidad ambas cuestiones que cumplen con creces ambos jueces”, criticó y enrostró: “Es difícil comprender que tomamos una medida o atribución anticonstitucional cuando este mecanismo ha sido utilizado por todo el espectro político incluso peronistas y el mecanismo fue convalidado por la propia Corte”.

“Son cuestiones que solo esgrimen la necesidad de confundir a la gente y de complejizar aún más un tema que no hay nada más republicano que la Corte Suprema de la Nación tenga sus funciones plenas en virtud de que sus miembros estén todos en función. Todo fue dentro de la ley, de la Constitución y son mecanismos utilizados, son más cuestiones políticas que de los pliegos de los jueces”, ratificó.

Al ser consultado por Alec Oxenford que ha sido nombrado como el nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos, el vocero aclaró: “Entiendo que ya había tenido reuniones con senadores y que el presidente, en búsqueda de celeridad y que en extraordinarias no se trató, cumple con todos los requisitos de capacidad y trabajo y es una excelente persona, se optó por no dilatar más los tiempos y acelerar el proceso”.

Sobre la posibilidad de restringir la cantidad de fotógrafos y prensa en la apertura del periodo ordinario que se llevará a cabo el 1ero de marzo en la Asamblea Legislativa, Adorni afirmó: “No es así, pero lo cierto es que estamos haciendo las avanzadas que es el procedimiento habitual que se hace en todas las presencias del presidente. El año pasado nos acusaron de antidemocráticos y de estar en contra de la prensa y simplemente los movimos de lugar por una cuestión de seguridad. Solo sabemos que será a las 21 horas y saldrán desde Casa Rosada a Congreso. No va a haber ningún cambio más allá de posiciones o esquema de organización”.

Por último, ante el asesinato de una niña de siete años a mano de delincuentes menores de edad el vocero aseguró que “la baja de imputabilidad es un tema en agenda que la propia ministra Bullrich y vamos a trabajar. Lo que pasó en La Plata es una aberración de asesinos independientemente de su edad y no puede seguir conviviendo en sociedad matando gente”.

Aclaración inicial: entre la serie de pliegos que tratará la Cámara alta este jueves en la primera parte de la sesión no figura el del juez federal Ariel Lijo. Ese tema amerita una sesión especial para ese tema, en lo especial de manera exclusiva. Y se hará, tal vez, el viernes. Se verá.

Lo que sí se pondrán a consideración son otros ocho pliegos que pasamos a detallar a continuación:

Entre los ascensos militares figura el del vicealmirante Carlos María Allievi, promovido para el grado inmediato superior. También están los del general de División Carlos Alberto Presti; la teniente coronel Elizabeth Ovando; los tenientes coroneles Walter Fernando Rovira y Jean Pierre Claisse; el coronel Pablo Francisco Depalo; el coronel Héctor César Tornero; y el contraalmirante Juan Carlos Coré.

Por último, se pondrá a votación los acuerdos para promover a la Categoría “B” ministro Plenipotenciario de Primera “Clase” a los funcionarios de la Categoría “C” Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate y Mariana Edith Plaza.

Tras la media sanción del proyecto de ficha limpia en Diputados, se avecina un panorama complicado para el oficialismo en el Senado a la hora de conseguir los votos necesarios para su aprobación definitiva. En ese sentido, la diputada nacional Danya Tavela (UCR) advirtió que La Libertad Avanza “va a cambiar ficha limpia por la designación de García - Mansilla”.

“Es importante que hayamos hecho un avance, es muy pequeño endeble porque vamos a pasar al Senado en plena discusión de los jueces de la Corte, lo cual con las pocas garantías de que vaya a salir finalmente ficha limpia, pero bueno era algo que se venía demandando, que hacía muchos años que la ciudadanía reclamaba”, alertó la radical en declaraciones radiales.

Así, criticó: “Creo que hay un poco de egoísmo o de falta de reconocimiento a tantos diputados y diputadas por parte del Gobierno que durante muchos años hicieron este trabajo”. En ese sentido, consideró que el proyecto “tiene muchas falencias y debilidades y era lo mejor que se pudo consensuar y después hubo parte de circo romano a lo que ya nos tienen acostumbrados lo decía la diputada (Mónica) Frade y revolearon casusas de una punta a la otra del recinto”.

“El proyecto tiene muchas cosas que faltan, no alcanza solo con algunos delitos de corrupción como están incorporados. El tema de participar en lavado de dinero, activos debía incorporarse. Todas aquellas condenas por delitos como narcotráfico, pedofilia, crímenes contra integridad sexual deberían estar incorporados”, opinó y sumó: “Faltó, y es algo que habíamos puesto en nuestro dictamen de minoría con la diputada Carrizo, el tema de establecer plazos para que fueran más rápidas las causas de corrupción. Yo mencioné que el expresidente Menem murió siendo senador y condenado y esto no puede pasar porque no te alcanza con ficha limpia. Tenes que tener procesos más agiles, tenemos elecciones cada dos años para dar un ejemplo y un proceso de corrupción puede llevar entre 10 y 12 años. En el medio esa persona puede ser hasta tres veces diputada o senadora dos veces”.

Sobre la situación en el Senado que se aproxima, Tavela planteó: “El oficialismo en diciembre no dio quórum o parte del Gobierno porque nunca se sabe si fue una parte o no, bueno el Gobierno levantó a sus diputados y no dieron quórum y a la gente le cayó muy mal. Entonces midieron que eso era un impacto negativo para el Gobierno e hicieron el proyecto para que entrara en extraordinarias”.

“Yo insisto habrá quienes tienen la mejor voluntad y la mejor buena fe de que este proyecto se hace para salir, pero yo tengo mis dudas porque no es casual que ayer se haya firmado el dictamen de Lijo en el senado y que no se haya firmado García- Mansilla”, puso en duda.

Y sumó: “Yo pienso que la semana que viene ficha limpia no va a pasar y se va a firmar García Mansilla tengo esa impresión, ojalá esté equivocada, pero no se condicen las conductas porque nadie se levanta en diciembre y no da quórum presenta el proyecto diez días después y en dos semanas lo saca del Congreso. Es muy inconsistente la conducta”.

“Es un proyecto de avance y por eso lo apoyé y acompañé. Es saludable y muy bueno que estén incorporados los funcionarios públicos no solamente los candidatos, sirve y suma para sanear un poco la democracia. Es un avance positivo, pero no alcanza y tiene un montón de falencias, podría haber sido mejor, pero para eso hay que construir acuerdos políticos, generar diálogo algo que no pasa, no le sale a este Gobierno y no lo va a hacer”, resumió.

Así, cerró: “Tengo mis dudas de cuál es el fin último cuando llegue al Senado. Lo van a canjear por la designación de García Mansilla porque a UP no le conviene que salga el proyecto y el Gobierno necesita que le firmen el pliego”.

El Congreso de la Nación reabre sus puertas a partir de este lunes 20 de enero hasta el viernes 21 de febrero para que se lleven a cabo el período de sesiones extraordinarias convocado por el Gobierno nacional a fin de tratar un temario compuesto por siete proyectos de interés del oficialismo.

La convocatoria fue oficializada el pasado 13 de enero con la publicación del Decreto 23/2025 en el Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que ingresó al Congreso a través del Senado de la Nación.

Francos, al igual que en 2024, junto al vicejefe José Rolandi tendrán la ardua tarea de buscar los consensos durante los siguientes días. Por ello, como adelantó parlamentario.com a partir de este martes 21 se llevará a cabo la primera reunión en Casa Rosada con los bloques aliados y dialoguistas para ir definiendo el cronograma de trabajo de cara a las siguientes cinco semanas de verano que tienen por delante en el Parlamento.

Así, convocarían a representantes del Pro encabezados por Cristian Ritondo; Oscar Zago por el MID; Rodrigo de Loredo por la UCR y Miguel Ángel Pichetto, por Encuentro Federal. Sin embargo, este último ya anticipó que no asistirá, según trascendió. Prefiere que cualquier diálogo se lleve adelante en el ámbito del Congreso.

Precisamente sobre ese tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha mantenido reuniones con los jefes de bloque de Unión por la Patria y Encuentro Federal, Germán Martínez y Miguel Pichetto, más los diputados nacionales Ricardo López Murphy, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño.

Desde la oposición se conocen reparos porque en esta convocatoria de extraordinarias no fue incluido para su tratamiento el Presupuesto 2025, como ya hizo saber a través de un comunicado que levantó polvareda el Pro.

Ficha Limpia

La gran novedad tuvo lugar promediando la tarde del viernes cuando el presidente firmó, previo a su viaje a Estados Unidos, el proyecto de ficha limpia que será uno de los patos fuertes del debate.

La iniciativa, que fue elaborado para reemplazar el dictamen que no se alcanzó a debatir en noviembre del año pasado en Diputados, consta de siete artículos y, el dato saliente, es que esta iniciativa no pondrá a resguardo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en el caso de que sea aprobado no podrá presentarse como candidata, ya que modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos estableciendo la incorporación de un inciso en el artículo 33.

El mismo inhibe de poder ser candidatas a las personas condenadas por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, abarcando los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento, y todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

“El supuesto previsto en el presente inciso se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”, expresa el proyecto.

En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral, agrega el texto, que establece además que “la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

No solo no podrán ser candidatas a cargos elegidos en elecciones, sino que aquellas personas alcanzadas por esta ley tampoco podrán estar habilitadas para ser jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco serán autoridades de entes, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social.

Eliminación de las PASO

Otro de los proyectos que integran el temario y será eje de una gran discusión la “Reforma para el fortalecimiento electoral” y es aquel que deroga las PASO que el Gobierno buscará ir a fondo y ya anticipó que no quiere saber nada con una posible suspensión, pero para eso deberá consensuar con los espacios dialoguistas debido a que las reformas electorales requieren de una mayoría absoluta en el recinto, es decir, 129 votos afirmativos. Tal número, excede a la composición de La Libertad Avanza y los aliados.

En línea con el recorte a los gastos del Estado, el oficialismo hace énfasis en que la eliminación de las elecciones primarias dejaría un ahorro superior a los 150 millones de dólares. Esto fue explicado por el Gobierno nacional en el contenido del proyecto enviado al Congreso el pasado 21 de noviembre.

Por otro lado, también están, los regímenes de reiterancia y reincidencia, que consiguió dictamen el 25 de septiembre y busca terminar con “la puerta giratoria” en las comisarías para los presos.

Además, el proyecto de juicio en ausencia, que el 19 de noviembre tuvo dictamen en un plenario de Legislación Penal y de Justicia. De hecho, hay varios dictámenes (UP presentó dos). Esta iniciativa propone una modificación al Código en el artículo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”. El proyecto de ley sobre compensación e índice de actualización de quebrantos que es la mayor novedad de este temario, pues nunca se había hablado de su tratamiento hasta ahora.

Las iniciativas que solo debe atravesar el recinto del Senado son el proyecto de ley antimafias, que tiene media sanción de Diputados y el 13 de noviembre consiguió dictamen en el seno de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico. Esta iniciativa remarca a la figura de la asociación ilícita con carácter especial, para determinados delitos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo, secuestros, homicidios o trata de personas, y propone penas de prisión que van de los 8 a los 20 años por la mera pertenencia a una organización delictiva.

El otro tema que pasará solo por el senado es el de pliegos para designaciones y promociones. Fundamentalmente se buscará la aprobación por dos tercios del pliego de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Como solo el juez federal consiguió los 9 avales en la Comisión de Acuerdos, García Mansilla necesitaría un tratamiento sobre tablas, que se afirma el oficialismo intentará darle, en la misma sesión en la que discutirán la habilitación de Lijo.

Sin embargo y pese a haber un acuerdo con la oposición para aprobar que Lijo ocupe el máximo tribunal de justicia, desde Unión por la Patria, en el tratamiento en comisiones al que no asistieron, adelantaron que propondrán modificaciones al texto penal en el recinto. Cabe recordar, también, que la principal bancada opositora en el Senado pasará a tener 34 integrantes cuando Stefanía Cora jure en la banca que dejó el expulsado Edgardo Kueider.

Las comisiones que trabajarán

Del temario de 7 cuestiones, cuatro están listas para llegar al recinto, mientras que otras tres deben hacer todo el recorrido correspondiente a cualquier ley. En ambas cámaras, lo que puede hacer más engorroso y hasta escueto el tiempo de cinco semanas dispuesto para debatirlos.

Juicio en ausencia y el proyecto sobre reincidencia y reiterancia están listos para el recinto de Diputados. De aprobarse, deberán pasar por la Comisión de Justicia y la de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado. En cuanto al segundo, solo tendrá tratamiento por la Comisión de Justicia en el Senado.

Los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones del Senado. Son los propuestos por el Ejecutivo para completar la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Pero también pueden ser incluidos ascensos militares y pliegos judiciales, en cuyo caso debería ser convocada la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, aunque no pareciera ser este el caso.  Todo indica que el Senado abrirá el recinto para debatir si aprueba o no a Lijo, y a continuación trataría sobre tablas el caso del jurista García-Mansilla.

Eliminación de las PASO arrancará su camino en Diputados y deberá ser tratado antes de llegar al recinto por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz; la de Justicia, encabezada por Manuel Quintar, y Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert. Una vez aprobado, si eso sucede, debería pasar por las mismas comisiones del Senado. La reforma electoral debería pasar por Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el riojano Juan Carlos Pagotto, y Presupuesto y Hacienda, presidida por Ezequiel Atauche.

En cuanto a ficha limpia las comisiones que deberán encargarse de tratar el proyecto son Asuntos Constitucionales y Justicia de Diputados. En tanto que el tercero de los proyectos que deberán hacer todo el recorrido legislativo por ambas cámaras es el de compensación e índice de actualización de quebrantos, también del Ejecutivo, que necesita dictamen de Presupuesto y Hacienda.

Pese a que no se ha confirmado desde la Cámara alta que el dictamen del pliego de Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte Suprema ha reunido las firmas necesarias, el tema se coló entre las preguntas que los senadores le hicieron este miércoles al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras su informe de gestión en el Senado.

Fue la rionegrina Mónica Silva la primera en consultar si desde el Gobierno han pensado en que las bancas deben ser ocupadas por una jueza mujer. En el mismo sentido, el formoseño y ex libertario Francisco Paoltroni sumó: “El pliego de Lijo hace 7 meses está en el Senado y si lo sacan por DNU se estaría burlando la autoridad de la Cámara cuando se resiste a tener dictamen. Es una de las peores señales de autoritarismo y un gravísimo error para la institucionalidad y división de poderes y atenta contra los intereses de todos los argentinos”.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos –Lijo y García Mansilla- y tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de mujer en la Corte”, afirmó Francos.

Sobre la designación de jueces por DNU, el funcionario resaltó que “el bloque de La Libertad Avanza es un bloque muy reducido que no tiene la posibilidad de poder. Le resulta muy dificultosa la negociación para obtener acuerdos de esta envergadura”.

“Así como el presidente Mauricio Macri, en una situación diferente al actual, había efectuado una designación en comisión que rápidamente fue ratificada, yo no descarto y no es que el presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía el presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte. Vi hay muchísimos antecedentes tanto en la historia argentina”, explicó.

Así, ejemplificó: “En la Argentina hubo varios presidentes que designaron ministro de la Corte en comisión. Incluso hubo presidentes que tomaron juramento porque la Constitución establece que los presidentes pueden tomar juramento”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó contra la oposición por el dictamen de reforma a la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los DNU del Ejecutivo: “Son movimientos estrictamente políticos que buscan complicarle el Gobierno a Milei”.

Desde Casa Rosada en su habitual conferencia de prensa fue consultado por los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla que aún no tiene dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado. En caso de que no prosperen, aseguró que “no hay ninguna determinación de que el Gobierno los termine designando por DNU en comisión, al menos por ahora”.

Por otro lado, fue interrogado por el dictamen que impulsa la oposición que regula los DNU y disparó: “Entendemos la absoluta minoría que tenemos en ambas cámaras. Con el 10% del Senado y el 15% de Diputados uno está expuesto a que ocurran este tipo de cosas, pero en muchos casos hemos logrado el entendimiento de una parte de la oposición para frenar este tipo de cuestiones que, entendemos, son movimientos estrictamente políticos que no buscan el fin real que tiene o debería tener cualquier norma en su texto, sino que lo que buscan es complicarle el Gobierno a Milei. Veremos cómo avanza y cuáles son las herramientas legislativas que tenemos para evitar un cambio que no se hizo nunca”.

En esa línea, criticó: “Incluso en momentos donde los DNU nos encerraban o eran prohibitivos de nuestras libertades a nadie se le hubiese ocurrido hacer esto. Veremos cómo se desarrollan los hechos en materia legislativa”.

Sobre la reunión entre el Gabinete y gobernadores, sostuvo: “Está en línea con otras que ha tenido el presidente. Son habituales donde Milei explica cuál es la marcha del gobierno y hacia dónde vamos yendo y los próximos pasos que se van a dar y el porqué de algunas decisiones como por ejemplo del Presupuesto 2025”.

Al cierre, se refirió al pedido de rectificación que le hizo el diputado de UP Eduardo Valdés al presidente contra los diplomáticos tras la expulsión de la ex canciller Diana Mondino: “Es un tema de él y creo que puede dar una explicación, pero el presidente en ningún momento agravió a nadie. Solo dijo que, si encuentra a los responsables de lo que él considera una traición a la patria, serán separados de sus lugares. Esto va en línea con la carta que mandó el presidente de que la política exterior tenía que alinearse con lo que él diga. Estamos para empujar la agenda del presidente no otra”.

El Gobierno nacional ultima detalles para enviar al Congreso de la Nación un total de 150 pliegos de candidatos a jueces y fiscales de todo el país que deberán conseguir su aprobación en la Cámara de Senadores para acceder a sus respectivos cargos.

Se trata de la primera tanda de candidatos desde que asumió Javier Milei a la presidencia y se estima que ingresen formalmente la próxima semana.

La magnitud de la propuesta, si pasa el filtro del Senado, permitiría cubrir la mitad de las vacantes en el Poder Judicial. Actualmente, en los tribunales hay 283 juzgados sin titular, los que configuran casi el 30% del total. Si la administración de Milei concretara el envío de estos pliegos, y la Cámara alta los aprobara, las vacantes caerían a la mitad.

Desde el Poder Ejecutivo admitían este martes que la cobertura de vacantes de los juzgados, en especial los federales, fue un pedido que recibieron Cúneo Libarona y el viceministro, Sebastián Amerio, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sin embargo, el Senado tiene pendiente el dictamen de los dos candidatos para la Corte Suprema que envió Milei al asumir: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y para extender por cinco años más los nombramientos de dos camaristas, que aún no consiguieron dictamen en la Comisión de Acuerdos y tampoco cuentan con los votos para su aprobación.

El Salón Azul del Senado será escenario este miércoles de una nueva audiencia pública, cuando le toque el turno al académico Manuel García-Mansilla de defender su postulación a juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsada desde el Gobierno.

Tras el paso de juez federal Ariel Lijo, quien expuso por casi ocho horas, el otro candidato del Poder Ejecutivo asistirá desde las 10 a la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri.

García-Mansilla fue propuesto por el Gobierno para reemplazar en el máximo tribunal a Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años el próximo 29 de diciembre.

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores que se manifestaron contra el aborto legal.

Al enviar su pliego, el Poder Ejecutivo lo calificó como "un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional" y, respecto de las opiniones a favor de su postulación, señaló que las mismas “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.

"Ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”, agregó el PEN.

Sobre García-Mansilla se presentaron una veintena de impugnaciones y cinco adhesiones ante la Comisión de Acuerdos. El académico rechazó las críticas referidas a su postura sobre el aborto legal, al considerar que "omiten o directamente tergiversan las opiniones doctrinales que expresé".

"Se derivan escenarios imaginarios a todas luces infundados sobre cómo podría decidir casos a futuro (algo que jamás adelanté)”, indicó en su descargo.

El juez federal Ariel Lijo rechazó de manera “categórica” la “supuesta falta de idoneidad moral” que le fue infundada durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado y aseguró que tiene “un manto de sospecha falaz sobre mi integridad moral”.

Durante la tanda de respuestas, Lijo fue consultado por las causas en la que fue denunciado: “Fui denunciado de forma sistemática. Cuando uno recibe una denuncia injusta que versa sobre cuestiones que desconoce o son de prueba negativa son situaciones en la que uno pone en juego sus propias convicciones. ¿Qué debe hacer un juez frente a faltas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active todo el sistema de justicia y todos los recursos que el Estado tiene de investigación porque los jueces están sometidos al escrutinio constante”.

“El Consejo de la Magistratura se arrobó facultades amplias y pidió todo tipo de informe sobre mi persona. Toda esa instancia de investigación estuvo a cargo del entonces diputado Pablo Tonelli que luego de dos años de una profunda investigación presentó un dictamen en el que aconsejaba el cierre de todas las imputaciones”, se defendió.

También recordó que fue “investigado por la UIF, por la AFIP y por el Ministerio Público y el Juzgado Federal durante tres años. En los que me abstuve de intervenir. Las imputaciones originales fueron falsas y Mario Cúneo Libarona nunca fue mi abogado, no tuve abogado defensor porque no tuve imputación”.

“Lo vivo como un episodio de injusticia sobre todo porque tengo un manto de sospecha falaz. Es absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral y lo rechazo de manera categórica”, cerró.

"Tanto la opinión de mi idoneidad técnica como la de mi experiencia en el juzgado o mi desarrollo no son como son presentadas", remató.

El juez federal Ariel Lijo defenderá su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, ante la Comisión de Acuerdos del Senado este miércoles. Será a partir de las 10, en el Salón Azul, donde el magistrado se someterá al interrogatorio de los legisladores.

Luego de que su pliego tomara estado parlamentario y se formalizara la fecha de audiencia, su postulación recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares.

Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Al responder a los cuestionamientos en su contra, Lijo rechazó acusaciones sobre su idoneidad moral, incremento patrimonial, falta de formación académica y desempeño como juez.

Por otra parte, el magistrado recibió una serie de adhesiones, entre ellas de rectores de universidades, el gremio de los judiciales -liderado por Julio Piumato- y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, a la que él mismo pertenece.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia una semana después- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Sin dudas, la falta de una candidata mujer a la Corte se anticipa como una de las discusiones que podría poner reparos en uno de los dos postulantes.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Pero el rechazo también llega desde adentro del oficialismo: el formoseño Francisco Paoltroni ha anticipado y ratificado más de una vez que no acompañará el pliego. Y, como si fuera poco, en la previa encabezará una especie de audiencia paralela bajo el nombre de "Encuentro sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación", donde se esperan críticas a Lijo.

El evento, que se llevará a cabo este lunes a las 17 en el Salón Azul, estará moderado por la socia fundadora de Será Justicia, María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Cambiemos. En la jornada expondrán Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; Edgardo Buscaglia, académico senior en la Universidad de Columbia; María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Mendoza; Alfredo Vítolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y presidente de Fores; y Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la CABA.

Se confirmaron las fechas en que se realizarán las audiencias públicas para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, candidatos propuestos por el Gobierno nacional para ocupar la Corte Suprema de Justicia, se presenten a defender sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro). Serán el próximo 21 y 28 de agosto, respectivamente.

Como paso previo, este 19 y 22 de julio deberán publicarse los edictos correspondientes en el Boletín Oficial, y también en dos diarios de circulación nacional. A partir de allí se abrirá un plazo de siete días para la presentación de impugnaciones y/o adhesiones; seguido por tres días de análisis por parte de la comisión sobre qué impugnaciones considera válidas y tres días más para que los postulantes respondan al respecto.

En una primera etapa de presentaciones, el juez federal Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, el académico García Mansilla recogió 3.129 avales y 110 observaciones.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció a Lijo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, la postulación de García Mansilla es para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Los pliegos fueron enviados a la Cámara alta el 28 de mayo, y tomaron estado parlamentario en la sesión del 12 de junio.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Incluso el libertario Francisco Paoltroni ya anticipó que se opone. Sin embargo, desde el entorno del juez confían en tener los votos, pues contaría con aval del kirchnerismo, que ha evitado pronunciarse hasta ahora.

El panorama aparece más complicado en el caso de García Mansilla, resistido por su perfil conservador (opositor al aborto legal, rasgo reivindicado por el Ejecutivo en su postulación). Además, la falta de una candidata mujer será otro de los ejes de la discusión.

Como primer punto del temario de la sesión de este jueves, el Senado aprobó un paquete de pliegos con una extensa nómina de ascensos militares y diplomáticos. La votación resultó por unanimidad, con 59 votos afirmativos. Previamente, se dio ingreso formal al pliego que propone como director del Banco Central de la República Argentina a Federico Matías Furiase.

Antes de la votación de los ascensos, se votó a mano alzada la vuelta a comisión de tres de ellos. Dos habían sido pedidos por el senador José Mayans (UP), quien hizo esa solicitud para un mejor estudio de los expedientes correspondientes a Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate y Mariana Edith Plaza.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) incluyó la vuelta a comisión del pliego del vicecomodoro Rubén Daniel Algieri, un ascenso que viene de años anteriores y que tenía una denuncia vigente que no había sido cerrada.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Acuerdos detalló que se trataron “19 mensajes del Poder Ejecutivo Nacional enviados entre los años 2022, 2023 y 2024” que disponen “309 ascensos en las Fuerzas Armadas” y “120 ascensos a embajadores de carrera y ministros plenipotenciarios”. “Estos dos organismos cuentan con sistemas de carrera, con sistemas de mucha jerarquía y muy claros sobre ascensos, con juntas evaluadoras”, resaltó. 

Tagliaferri apuntó que la aprobación de los pliegos “es algo que tiene que hacerse con cierta celeridad, porque lo que entorpece de alguna manera es el funcionamiento de estas dos instituciones”, más allá de que “celeridad que no significa hacerlo con impericia”. “Celebro que podamos estar poniéndonos al día”, dijo. 

La Cámara alta prestó acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato superior a los actuales jefes de las tres Fuerzas Armadas: el contraalmirante de la Armada Argentina Carlos María Allievi, designado jefe del Estado Mayor general de la Armada; el general de Brigada del Ejército Argentino Carlos Alberto Presti, quien fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército; y el brigadier mayor de la Fuerza Aérea Argentina Fernando Luis Mengo, designado jefe del Estado Mayor general de la Fuerza Aérea.

Asimismo, el Senado avaló promover al grado inmediato superior al contraalmirante Pablo Luis Fal; capitán de Navío Juan Alberto Mercatelli; el vicecomodoro Gustavo Daniel Otero; el general de Brigada Sergio Javier Pucheta; el coronel Roberto Casares; y los tenientes coroneles Guillermo Darío Gomar, María Alejandra Freytes y Andrea Cristina De Marco.

También fueron promovidos al grado inmediato superior los coroneles Sergio Jurczyszyn, Guillermo Hipólito Martínez, Jorge Luis Díaz, Cristian Pablo Pafundi y Sebastián Ignacio Ibáñez; los tenientes coroneles Matías Jorge Mones Ruiz, Alejandro Oscar Ratti, Pedro Andrés Figueira Tibiletti, Gustavo Osvaldo Ferrari, Gabriel Andrés Surraco, Bernardo Ariel Cecchini, Juan Martín Barbosa Larronde, Leonardo Javier Suppa, Pedro Lisandro Saiach, Jorge Gustavo Frías Barrera, Christian Laschera, José Antonio Martínez, Néstor Gabriel Delgado, Martín César Bianchi, Pablo Martín Jáuregui, Diego Mariano Margarián, Martín Urqueta, Gustavo Ariel Garrido, Jorge Angel Di Feo Paolini, Cristian Enrique Gerbaudo, Andrés Horacio Revetría, José Manuel Acevedo, Edgardo Ariel Suigo, Maximiliano Alexis Hilger, Walter Fabio Allende, Juan Carlos Ramón Palacios, Marcelo Carlos Regueira Tejedor, Pablo Alberto Fernández, Pablo Antuña, Marcelo Gustavo Amare, Federico Martín Ludueño, Diego Alejo Fernández, Guillermo Raúl Alfredo Larreyna, Fernando Gabriel García Laiun, Hugo Daniel Kannemann, Osvaldo Gentile, Pablo José Molina, Guillermo Manuel Estol, Rubén Gastón Patera, César Diego Altamirano, Fernando Carlos Feijoo, Erick Enzo Giacosa, José Carlos Taffarel y Mariano Jorge Luccón.

Por su parte, ascienden los tenientes coroneles René Gustavo Esteban Cordero Sancolo, Alfio Roberto Basile, Víctor Hugo Den Dauw, Christian Ariel Matías Quinteros, Juan Manuel Pereira Gomes, Carlos Ramón Alonso, Adrián Eduardo Simioni, Hugo Carlos Gorostizu, Paulo Fabián Locastro, Raúl Alfredo Pérez, Sergio Roberto Pallini, Gustavo Christian Casado, Esteban Pedro Mikulic, Sergio Edario Gelman, Ana María del Rosario Nigro, María Mónica Elizabeth Rodríguez, Ricardo Omar Matonti, Luc Antonie Louis Pozo, Emilio Alejandro Lucero, Fabián Eduardo Villegas Zorita, Rosana Zulema Contreras y Marina del Carmen Sánchez.

Al grado superior ascienden el contraalmirante Diego Eduardo Suárez del Solar; los capitanes de Navío Alberto María Cohen Lernoud, Hernán Jorge Montero, Fabián Eduardo Ramallo, Carlos Gabriel Funes, Leonardo Natán Gómez y Cristian Emilio Suárez; los capitanes de Fragata Oscar Retamoso, Esteban Hugo García Moreno, Sebastián Orlando Larocca, Alejandra María Cantero, Lisandro Núñez, Carlos Alfredo Bustos, Ernesto Rubén Chaile, José Alejandro Godoy, Servando Gabriel Jesús Leal Fuentes, Leandro Andrés Mezquita, Claudio Fabián Brillaud Mc Queen, María Paula Beatriz López Narvaja y Luis Marcelo Flores.

Mientras que al grado superior el brigadier Marcelo Guerrero; los comodoros Marcelo Abel Ramadori, Fabián Enrique Capellino, Aníbal Hernán Leiva, Ricardo Gabriel Cappabianca, Rodolfo Ricardo Etchegaray y Héctor Fernando Gutik; los vicecomodoros Mariano Sebastián Triulzi, Carlos Diego Bravo Reta, Marcelo Alejandro Pulenta, Mariano Rubén Garbini, Néstor Fabián Brunetta, Cristian Andrés Galimberti, Juan Manuel Cimatti, Jerónimo Martín Rodríguez Senes, Jorge Alejandro Mac Gaul, Ezequiel Hernán Rodríguez Cisneros, Eber José Chanquía, Gonzalo Díaz Tagle, Christian Lins, Fernando Javier Ymfeld, Eliodoro Ives Pinto Taborda, Miguel Alejandro Marudes, Nicoloás Nelson Despres, Oscar Alejandro Yablanseck, César Oscar Lencina, Matías Eduardo Valdata, Esteban Adrián Alonso, Mariano Leonel Gnesutta, Carlos Gustavo Godino, Jerónimo Javier Cecchetto, Andrés Mario Oliva, José Luis Altamirano, Eduardo Javier Lesiw, Leonardo Robinson Bompadre, Eduardo Juan Riquelme, Juan Carlos Cristian Vitali, José Américo Alvarez, Fabio Adrián Lamas, Sebastián Juan Manuel Menéndez, Adriana del Valle Sánchez, María Alejandra Agosto, Ernesto Hugo Ardini, Patricia Cristina Tarletta, Ana Lucrecia Domingo, María Elena Rossi, María Fernanda Garaboa, Elizabeth Patricia Roberti, María Fernanda Bernasconi, Edgardo Gustavo Quinteros, Roque Alejandro Benavides, Santiago Llabres, Carlos Oscar Aguirre, María Belén Zovich; y el comodoro Rubén Angel Morado.

También fueron promovidos los contraalmirantes Marcelo Riardo Flamini y Marcelo Alejandro Dalle Nogare; los capitanes de Navío Jorge Alberto Marti Garro, Rodrigo Martín Arriegues, Gustavo Adolfo Principi, Daniel Francisco Finardi, Rodolfo Eduardo Berrazay Martínez, Carlos Manuel Falcone, Marcelo Paternostro, Pablo Germán Basso, Javier Pedro López, Rodrigo Fabián Ataun, Gerardo Fabio Dieguez, Alberto Hugo Croci, Daniel Eduardo Giudici, Claudio Alberto Otero, Luis Matías Arbini, Sebastián Alejandro Musa, Patricio Gastón Vega, Rubén Walter Pérez Rochiro, Gustavo Enrique Sagreras, Roberto Ariel Gestoso, Sergio Ernesto Navarro, Ramón Gustavo Bravo, Sergio Fabián Ciminari, Elvio José Hugo Flores, Carlos Manuel Reynoso, Flavio Ariel Olivieri, Mariano Andrés Rivolta, Juan Manuel Rivera, Anselmo Omar Herrera, Manuel Alejandro Lazarte, Marcos Alberto Rodríguez, Rubén Héctor Silva, Andrés Lucas Seidel, José Marcelo Ruiz, Jorge Eduardo Roscoe, Hernán Osvaldo rubio, Armando Martín Verdaguer, Sebastián Mariano Carrasco, Alfredo Antonio Banegas, Diego César Manzor, Jorge Daniel Ventimiglia, Hernán José Cantelmi, Julio César Martín Franco, Juan Carlos Rodríguez Bertinat, Walter Jesús Villafañe y Rubén Alexis Obed.

Otro de los pliegos proponía el ascenso del general de Brigada Guillermo Alberto Canosa; los coroneles Gabriel Rolando Senmartin, Héctor Darío Ochoa, Alejandro Guillermo Liberatori, Gustavo Walter Re, José María Protti, Luis Paolo Guimpel, Gonzalo Roberto César Herrera, Gustavo Fabián García, César Guillermo Mander, Pablo Guillermo Plaza, Eduardo Maldonado, Roberto Oscar Dello Russo y Horacio Luis Ramón Alonso; los tenientes coroneles Martín Eduardo Stella, Raúl Andrés Otero, Marcelo Daniel Pitrella, Damián Leonardo D’Angelo, Antonio Valentín María, Carlos Alvaro Bazán, Néstor Ignacio García Solórzano, Pablo Antonio Restelli, Gabriel Pablo Abello, Juan Pablo Queiruga, Juan Carlos Guerra, Pablo Andrés Meneclier, Eduardo Federico Amado Perondi, Walter Alexander Parszyk, Gastón Daniel Vallejos, Mauricio Gerardo Silvestre, Hernán Pablo Alfonzo, José María Sponer, Gustavo Insaurralde, Marcelo Eduardo Ramos Castañera, Javier Julián Rojo, Alejandro Félix Bazán Güemes Nazar, Gustavo Daniel Barroso, Marcelo Alberto García, Fernando Angel Bartrons, Diego Hernán Vázquez Gil, Sebastián Jesús Díaz, Humberto Pablo Trinchieri, Claudio Alejandro Silva, Juan Cruz Maderna Vélez, Francisco Javier Comezaña, Maximiliano Leonardo Piccolo, Alejandro Angel Soldaini, Gabriel Alberto Roveda, Osvaldo Martín Spena, Cristian Javier Díaz Fraga, Fabián Alejandro Dascola, Mariano Ignacio Gatti, José Orlando Calderón, Andrés Pablo Aguirre, Víctor Hugo González, María del Carmen Martínez, Nelson Fabián Moyano, Carmen Viviana Gamarra y Adriana Mara Angeletti.

La lisa continúa con los brigadieres Néstor Arnoldo Guajardo, Diego Fabián García y Carlos Héctor Valdés; comodoros Plinio Guillermo Poma, Hugo Marcelo Fiocca, Martín Miguel Gómez, Carlos Adrián Pesante, Alvaro José Daniele, Francisco Edgardo Leguiza, Armando Chialvo y Sergio Gustavo Páez Guillén; los vicecomodoros Franco Gabriel Paglione, Juan Manuel Sosa, Hernán Dayde, Adrián Gustavo Del Río, Maximiliano Ismael Videla, Pablo Javier Gómez, Daniel Alberto Falcinelli, Armando Luna Rambaut, Pablo Gabriel Muñoz de Toro, Edgar Walter Durán, Reinaldo Esteban Parra Rodríguez, Pablo Roberto Díaz, Roberto Eduardo Adaro, José César Gaspar Vildoza, Alejandro Darío Rocha, Pedro Rolando Largel, Jorge Alberto Fernández, Gustavo Sergio Gaspar Medrano Costa, María Paola Cudos, Luis Ramiro Carranza Torres, Sandra Mónica Videla, Pablo David Días Gundin, Daniela Del Valle Ibarra y Federico Boolsen Oliver.  Por último, fue ascendido el vicecomodoro Pedro Antonio Orgambide.

Pliegos diplomáticos

El Senado prestó acuerdo para promover a la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario a los funcionarios de la categoría “B” ministro plenipotenciario de Primera Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a Gustavo Nereo Lunazzi, Leopoldo Francisco Sahores, Claudio Ricardo Gutiérrez, Carlos Luis Roque Carbonari, Marcelo Heriberto Buffetti, Gabriel Arturo Martínez, Nora Elizabeth Capello, Roxana Cecilia Sánchez, María Alejandra Pecoraro, Ricardo Luis Bocalandro y Pablo Martín Piñeiro Aramburu. 

También fueron promovidos Elena Leticia Teresa Mikusinski, Eduardo Alejandro Acevedo Díaz, Federico Alejandro Barttfeld, Mateo Estrémé, Ernesto Pablo de la Guardia, Rubén Javier Ruffi, Roberto Sebastián Bosch Estévez, Leonardo Federico Fernández Suárez, Alejandro Guillermo Verdier, Conrado Solari Yrigoyen y Horacio Honorio Fernández Palacio.

Asimismo, se prestó acuerdo para promover a la categoría “B”, ministro plenipotenciario de Primera Clase a los funcionarios de la categoría “C” ministro plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a Marcia Rosa Levaggi, Ramiro Hernán Velloso, Julio César Mercado, Rosa Delia Gómez Durán, Sebastián David Molteni, María Inés Rodríguez, José Luis Fernández Valoni, Sergio Leonardo Servín, Marta Laura Gabrieloni, Jorge Luis López Menardi, Carlos Benjamín Sánchez Vargas, Claudia Corti, Pedro Ezequiel Marotta, Mariano Enrico, Gustavo Alfredo Arambarri, Marcelo Pablo Di Pace, Ana del Carmen Peñaloza, Silvia Elena Warckmeister, Adrián Daniel Serra y Silvia Andrea Cerrato.

Otros funcionarios que ascendieron son Luis Ariel Castillo, Andrea Rita Rovelli, María de los Angeles Arrieta, Pablo José Rodríguez Brizuela, Marcelo Carlos Cesa, Nicolás Sergioi Rebok, Raúl Santiago Allan, Andrea Silvina Repetti, Pablo Exequiel Virasoro, Eduardo Adrián Almirantearena, Pablo Agustín Obregón, Daniel Jorge Pepa, Juan José Beretervide, Victorio Tomás Carpintieri, María Constanza Crespo, Ana Cristina Saino, Eduardo Miguel Bustamante, Eduardo Luis Fuhr, María Sandra Winkler, Cynthia Liliana Hotton, Luis Hernán Albero y Fabián Enrique Aouad.

Para promover a la categoría “C”, ministro plenipotenciario de Segunda Clase a los funcionarios de la categoría “D” consejero de Embajada y cónsul general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto figuran Estela Alejandra Bursese, Gustavo Héctor Méndez, Azul Ximena Molina, Karina Vanesa Gelman, Francisco López Achával, Gustavo Javier Fernández Briozzo, Guillermo Valentín Rodolico, Alejandro Gabriel Nervegna, Diego Horacio González Massenio, Mariana Valeria Bramano, Silvia Laura Zerillo, Juan Luciano Battaglia, Noelia Dutrey, Valeria Drocco Rabaglia, Santiago Andrés Muñoz Martínez, Nicolás Rantica, Alejandro Horacio Luppino, Jorge Maximiliano Alaniz Rodríguez, Luis Agustín Costas, Verónica Gabriela López Gilli, Ricardo Alberto Di Lelle, Juan Guzik, Victoria Gobbi, Nicolás Mariá Perazzo Naón, Analía Verónica Carreras, Julieta Natalia Tabares y Tomás Pico.

Por último, el Senado prestó acuerdo a Gonzalo Entenza, Juan Antonio Barreto, Eliana Ester Saissac, Julián Alberto Canessa, Lucía Isabel Viera, Sebastián Lucas Nicolino, Natalia Lorena Acevedo, Cecilia Mónica Risolo, Darío Javier Helbert, María Valeria Iglesias, José Sebastián Laino, Erica Silvina Lucero, Pedro Fabián Negueloaetcheverry, Santiago Sinopoli, Sebastián Ballina, Carolina Eymann, Sebastián D’Alessio, Matías José Piris, María Florencia Riveros Abraham, Marina Ripari, Yanina Alejandra Berra Rocca, Daniela Fernández, Lucía Provenzano Castro, María Emilia Cortés, Ricardo Adrián Lachterman y Sebastián Di Luca.

Desde las 11.26, el Senado realiza su quinta sesión del año, conducida en el arranque por el presidente provisional Bartolomé Abdala, con un temario que incluye pliegos con ascensos militares y diplomáticos, la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado contra la AMIA y un proyecto que busca aumentar penas para el delito de compra y venta de niños, tema instalado en el centro de la agenda mediática a partir del caso de Loan Peña.

Además del tramo habitual de homenajes y cuestiones de privilegio, el interbloque de Unión por la Patria ya adelantó que intentará incorporar sobre tablas el proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria -que prevé una recomposición del 8,1% para los haberes previsionales-, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue votado a favor por toda la oposición, excepto el Pro, aliado del oficialismo. En caso de eventualmente ser ley, el presidente Javier Milei ya anticipó que lo vetará, al considerar que atenta contra el equilibrio fiscal.

La iniciativa comenzó a tratarse en comisiones este miércoles, con la decisión de La Libertad Avanza de estirar la discusión. A ello se sumó que desde la UCR y el peronismo federal presentaron proyectos alternativos. Para sumarlo al temario en la sesión se requiere contar con dos tercios de los presentes. A UP le faltarían 15 senadores más si hay asistencia perfecta. El radicalismo ya adelantó que esperará a que haya dictamen, con lo cual forzar el tratamiento fracasaría.

En el caso del proyecto que modifica el Código Penal para agravar penas por el robo de menores, cuyo tratamiento coincide con la conmoción que ha generado en todo el país la desaparición del niño de 5 años Loan Danilo Peña, se trata de un iniciativa impulsada por la senadora radical Carolina Losada.

A través del mismo se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Asimismo incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

En vísperas del 30° aniversario del atentado a la AMIA, se convertirá en ley un proyecto venido de Diputados que declara al 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las 85 víctimas del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía. El texto agrega que ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos, además de actividades conmemorativas que deberán realizarse en las escuelas.

En la que será la quinta reunión del presente período ordinario, la Cámara de Senadores sesionará este jueves a partir de las 11  para tratar pliegos militares y diplomáticos, la declaración de duelo nacional por el atentado contra la AMIA y un tema muy caliente como la comercialización de menores de edad.

El temario previsto para este jueves incluye la aprobación de una serie de pliegos miliares y diplomáticos, tras lo cual se abocarán a proyectos de ley sobre la modificación del Código Penal en lo que respecta a sustracción y/o comercialización de menores de edad y sobre la declaración de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la AMIA.

En el caso del proyecto que modifica el Código Penal para agravar penas por el robo de menores, cuyo tratamiento coincide con la conmoción que ha generado en todo el país la desaparición del chico de 5 años Loan Peña, se trata de un proyecto de la senadora radical Carolina Losada.

A través del mismo se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Asimismo incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

En el caso de la declaración de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la AMIA, el proyecto cuenta con media sanción de diputados y por el mismo se declara el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina.

Asimismo se dispone que todos los 18 de julio la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos.

Para el inicio de la sesión se esperan los habituales homenajes y cuestiones de privilegio, pero también una movida que el interbloque Unión por la Patria ya adelantó que llevará a cabo: el intento de provocar el tratamiento del proyecto de ley proveniente de Diputados para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria.

El tema comenzó este miércoles a ser tratado en comisiones y no tiene dictamen, pero desde Unión por la Patria anticiparon la intención de tratarlo este jueves en el recinto, para lo cual necesitarían contar con dos tercios de los presentes. Si bien el tema consiguió los dos tercios al ser votado en Diputados, no se espera que la oposición pueda conseguir ese porcentaje, dado que el radicalismo ya adelantó que no están de acuerdo con acelerar tanto el tratamiento.

En la antesala al debate por la ley Bases, el Senado de la Nación dio ingreso este miércoles a los pliegos de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla –que el presidente envió el pasado 28 de mayo- para ser designados en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se le abre otra batalla al oficialismo en esa cámara. En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El expediente fue girado a la comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro), que deberá fijar la fecha para la Audiencia Pública y enviar una copia del pliego y de los antecedentes a todos los senadores. En la reglamentación no se precisa el tiempo que tiene para la convocatoria de la audiencia, lo que puede generar alguna especulación política. Luego deberán ser aprobados por la cámara por dos tercios.

Dicha tarea no le será sencilla al oficialismo, debido a que La Libertad Avanza cuenta solamente con 7 senadores. Aun reuniendo a todos los bloques de la oposición, menos a Unión por la Patria, llegaría a 39, con lo cual el aporte de la bancada peronista/kirchnerista es indispensable.

Los pliegos llevan las firmas del primer mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. En el caso del juez federal Lijo, es para ocupar el cargo dejado por Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021, y en el del catedrático, para reemplazar a partir del 29 de diciembre al juez Maqueda que cumple 75 años y no ha presentado ningún pedido para permanecer en el cargo.

En la presentación de los pliegos, el Gobierno destacó la importancia de “contar con un tribunal completo, especialmente en un contexto donde cada decisión requiere el consenso de al menos tres miembros”. En este sentido, el Ejecutivo calificó como "crucial" avanzar con ambas designaciones "para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial argentino”.

En el pliego se explica también que en el proceso de selección de Lijo ha recibido el “respaldo por parte de instituciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y la ciudadanía en general”. Y se subraya que la base del apoyo es la “idoneidad, la extensa trayectoria en el Poder Judicial de la Nación y su labor como docente universitario”.

Sobre la postulación de ambos candidatos, realizada el pasado 20 de marzo, el Gobierno señaló que “Lijo actualmente ejerce como juez federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”.

Un momento de tensión se vivió este miércoles en el recinto del Senado bonaerense, que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, al ponerse en duda la supuesta unanimidad del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) para la prestación de acuerdo de funcionarios judiciales.

En un acto que podría tener “consecuencias jurídicas” inesperadas, el Senado bonaerense reinterpretó el reglamento interno de Cuerpo para así avanzar en la prestación de acuerdo de 46 funcionarios judiciales.

La parte central de la discusión se dio sobre la supuesta unanimidad que deben conseguir los despachos de los pliegos de los funcionarios judiciales en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Si esos despachos consiguen unanimidad, pueden ser tratados en la sesión inmediata posterior. Si son aprobados por mayoría, deberán ser informado al Cuerpo en la próxima sesión y tratados en la subsiguiente.

Sucede que a los despachos de ACA de estos 46 pliegos les faltaba una firma, la del senador de Unión por la Patria Sergio Berni, quien afirmó en el recinto el error que tiene el Orden del Día, donde se consignaba que se aconsejaba su aprobación de acuerdo con el despacho por “unanimidad” de la comisión de ACA.

Según Berni, y así lo dijo en el recinto, al despacho le faltaba “una firma”, la del propio Berni. Por lo tanto, entendía que no había “unanimidad” en la Comisión de ACA, he ahí el error que señalaba.

La respuesta corrió por cuenta de la presidente de la bancada de UP Teresa García, que estimó que si no había despacho de minoría y la firma faltante se interpretaba como en línea con el bloque político al que pertenece el legislador y que estaba dada la unanimidad, tal como se había interpretado.

Para resolver la cuestión se puso en consideración el reglamento del Cuerpo en el recinto y se interpretó como que efectivamente no habiendo despacho de minoría la "no firma" se interpreta como apoyo a la posición del bloque al que pertenece el senador. Esa interpretación no tuvo unanimidad en el recinto, pero sí mayoría.

El senador Berni eludió dar precisiones a la salida del recinto sobre su postura y solo dijo que “es una vergüenza, estamos tratando 46 pliegos que son del 2022”, pues efectivamente los pliegos fueron ingrasados ese año.

La postulación del Gobierno nacional del juez federal Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla para formar parte de la Corte Suprema de Justicia despertaron críticas en el arco político.

Desde la Coalición Cívica, espacio referenciado en Elisa Carrió, anticiparon que presentarán una impugnación al pliego de Lijo, al considerar que su candidatura constituye "el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial".

“No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”, subrayaron.

La Mesa Ejecutiva del partido, y diputados nacionales de la CC, recordaron que "a lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”.

“Esta designación demuestra un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo con el kirchnerismo, que amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura durante todos estos años. Su estrecha relación con Ricardo Lorenzetti y el manejo de la oficina de escuchas, revela que no es este el camino del cambio para una sociedad ávida de justicia”, enfatizaron.

VAMOS A IMPUGNAR EL PLIEGO DE ARIEL LIJO PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA

La propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema, es el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial.

No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien…

— maxi ferraro (@maxiferraro) March 20, 2024

En la red social X, el diputado Juan Manuel López sostuvo que "Ariel Lijo es la casta millonaria con haras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos. Es parte del freezer que administra el banco de la impunidad argentina desde Comodoro Py como denunció @elisacarrio. La causa YPF es la mejor prueba de eso. Vergüenza Milei".

"No puedo creer Pte. @JMilei que postule al Juez Lijo, casta total, NO académico, en la CSJN, que encima está denunciado por su mal desempeño causa YPF. Sería prioritario nombrar en vacantes a jueces y fiscales federales para avanzar en lucha contra el narcotráfico. Será Justicia!", escribió la legisladora Marcela Campagnoli.

En tanto, también desde la CC, Mónica Frade señaló que "si a la Corte Suprema va el juez Ariel Lijo, la propuesta del Ejecutivo, la Justicia se queda huérfana. Denunciado por la @ccari_ok por enriquecimiento ilícito, con un hermano pobre hasta que comenzó a obrar de su testaferro. Derrapa la Justicia una vez más".

Otro de los mensajes en contra de Lijo vino por parte del Pro, espacio aliado del oficialismo. El diputado Fernando Iglesias expresó: "En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años".

En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años.

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 20, 2024

Quejas por la ausencia de mujeres en las candidaturas

El Poder Ejecutivo afirmó este miércoles que Ariel Lijo será propuesto para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. Desde ese momento, la Corte no sólo tiene cuatro de cinco miembros, sino que no hay mujeres. El decreto 222/2003 establece que en la conformación debe tenerse en cuenta la "diversidad de género". Sin embargo, en el comunicado de Oficina de Prensa del presidente indicaron que ese decreto se modificará. Se verá en qué aspectos.

Esto fue algo que no cayó para nada bien en varias legisladoras, que se expresaron al respecto. "El presidente eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia. Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia", manifestó la socialista Mónica Fein.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer posteó: "Frente a la divulgación del comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres".

"Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia", agregó.

La radical Carla Carrizo repasó que "de los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, sólo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte".

De los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese… https://t.co/SlFkolmVSp pic.twitter.com/oZ1R5MalJd

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) March 20, 2024

"Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país", fue el mensaje de la radical Karina Banfi.

Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país. pic.twitter.com/JeIvzAq77A

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) March 20, 2024

"Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad", opinó la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard.

Exministro de Justicia durante el gobierno anterior, el diputado Martín Soria publicó: "Milei anunció que modificará el Decreto 222/03 para poder completar la Corte Suprema más conservadora de la que se tenga memoria, excluyendo la participación de mujeres en el máximo tribunal del país. Esta decisión es un paso más para que la Justicia argentina siga degradándose".

 

 

El Gobierno nacional confirmó este miércoles los nombres de dos candidatos que propondrá para la Corte Suprema de Justicia. Los pliegos deberán ser enviados al Senado de la Nación, y allí, tras audiencia pública de los postulados en comisión, las designaciones deben aprobarse por el pleno por dos tercios de los votos de los presentes. Cabe recordar que, en la Cámara alta, La Libertad Avanza cuenta solamente con 7 senadores. Aún reuniendo a todos los bloques de la oposición, menos a Unión por la Patria, llegaría a 39, con lo cual el aporte de la bancada peronista/kirchnerista es indispensable. 

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

El quinto lugar vacante es el que quedó en noviembre de 2021 con la salida de Elena Highton de Nolasco. Para cubrirlo, el Poder Ejecutivo impulsará al juez federal Ariel Lijo. En tanto, este año Maqueda cumplirá los 75 años de edad y para su reemplazo el oficialismo postulará al académico Manuel García-Mansilla. El abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores en contra del aborto legal. 

Manuel García Mansilla

A través de un comunicado de la Oficina de Prensa del presidente, se informó: “El presidente Javier Milei, cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del decreto 222/2003, que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley”. 

El mencionado decreto de 2003 fue firmado por Néstor Kirchner y determina el procedimiento para el nombramiento de los magistrados de la Corte. Entre sus artículos, uno de ellos indica que la composición deberá reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”. Con estas candidaturas no se respetaría, por ejemplo, la representación femenina, algo que también está ausente hace más de dos años con la salida de Highton de Nolasco. 

En el comunicado, desde Casa Rosada expresaron su “gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda” y resaltaron “su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años”. 

“A su vez, con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo. Ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco”, continúa el texto. 

Sobre Lijo, señala que “actualmente ejerce como juez federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”. 

“Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande a nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”, finaliza el comunicado. 

Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había sido consultado en conferencia de prensa a raíz de la información publicada por el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, quien afirmó que Lijo sería el elegido para completar el puesto que está pendiente desde el 1ro. de noviembre de 2021.

“En las próximas horas se va a emitir un comunicado”, respondió Adorni y agregó: “Los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado y estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito: en las próximas horas estará publicado”. Finalmente, la confirmación llegó muy prontamente a través de la Oficina de Prensa presidencial. 

Lijo asumió en 2004 como titular del Juzgado Federal N°4 en lo Criminal y Correccional en Comodoro Py. Tuvo a su cargo la causa Ciccone, por la cual fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou; fue el primer magistrado en atender la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner; e intervino también en la causa por irregularidades en la causa del atentado a la AMIA, entre otros casos. Actualmente tiene a cargo la causa del hombre que atentó contra el presidente Javier Milei el día de su asunción, cuando le arrojó una botella. 

Ariel Lijo

En la sesión de este jueves en el Senado, tomaron estado parlamentario un conjunto de pliegos enviados por el Gobierno nacional, al tiempo que se retiraron un conjunto de pedidos de acuerdos que habían sido enviados por la gestión de Alberto Fernández.

Entre los expedientes, se dio ingreso formal a la solicitud de designación de Santiago Bausili como presidente del Banco Central, y el resto del directorio; ascensos militares; y la renovación en el cargo del juez Carlos Manuel Grecco.

Éste último caso se trata del magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Capital Federal, Sala III, quien está próximo a cumplir 80 años. Semanas atrás, junto a sus colegas, rechazó amparos contra el DNU 70/23.

Por otro lado, tomó estado parlamentario la propuesta de seis propuestas de embajadores: Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India), Ian Sielecki (Francia), Axel Wahnish (Israel) y Sonia Cavallo (OEA).

Del listado enviado por el Gobierno se quitó la designación de Daniel Scioli para continuar como embajador en Brasil, pues el pasado 30 de enero asumió como secretario de Turismo, Ambiente y Deporte.

Entre los pliegos de la gestión anterior que se retiraron figuraban jueces, fiscales, defensores y diplomáticos, además de la designación de Daniel Rafecas como procurador General de la Nación.

El presidente de la Nación, Javier Milei, envió este miércoles al Senado los pliegos de siete embajadores que aspira a aprobar cuanto antes, con el objetivo de agilizar las relaciones bilaterales con esos países, entre ellos Estados Unidos, Israel y Francia.

El texto ingresó a mesa de entradas de la Cámara alta en las últimas horas e incluye el pedido de aval para los candidatos a embajadores en EEUU, Gerardo Werthein; en Israel, el rabino Axel Wahnish; en Brasil, Daniel Scioli; en India, Mariano Caucino; en Francia, Ian Sielecki; y en Paraguay, Guillermo Nielsen.

Milei también busca la aprobación de la designación de la hija del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, como embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento enviado tiene fecha de este martes 9 de enero, aunque su ingreso formal debe darse en la primera sesión que realice el Senado. El paso siguiente será girarlo a la Comisión de Acuerdos, que primero deberá constituirse y luego fijar fecha para un proceso de adhesiones a impugnaciones y audiencias públicas para que los postulantes asistan al Senado a defender sus pliegos.

Fuentes parlamentarias dijeron que buscarán cumplir este paso en los próximos días, aunque desde la oposición asumen que será complicado avanzar en ese sentido durante las sesiones extraordinarias.

El último ministro en hablar en el plenario de comisiones de Diputados fue el de Justicia, Mario Cúneo Libarona, quien contó que enviarán al Senado los pliegos que reexaminaron para “llenar todas las vacantes” y que van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.

En su exposición, el funcionario manifestó: “Vengo con un ánimo cordial, no tengo problemas con nadie y voy a contestar incluso lo que no está previsto, lo que no conforma el temario. Ustedes son los representantes del pueblo y somos todos argentinos y todos queremos lo mejor para la patria nos podamos entender”.

Al defender la ley ómnibus, sostuvo que “se funda en la situación gravísima en la que está Argentina, años de política que no condujeron a un buen puerto, años de retroceso cultural, educativo, pobreza, inflación, estancamiento y en ese marco se llega a esta situación actual en donde la ciudadanía se expresó en forma mayoritaria en las urnas en un cambio, con un nuevo presidente que busca soluciones, achicar el Estado, ordenar, regular, dejar atrás un modelo económico con muchas regulaciones que no funcionaron”, y en materia de justicia anticipó que tratarán de “delinear un plan novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado y que el país de ejemplo de justicia y de orden”.

“Tenemos un régimen en materia de justicia que ha fracasado, un régimen procesal que ha fracasado y un Código Penal que debe ser reformado. En ese marco se va a trabajar atacando todos los males que nos azotan a todos como la delincuencia, la corrupción, la trata, el narcotráfico, que nos dañan en todo”, planteó el ministro y agregó: “En ese marco y con las mejores intenciones se dictaron distintas medidas amplísimas con el propósito de cambio y de crear un país que se ponga de pie y camine”.

Al referirse a cada punto en materia jurídica que apunta a introducir “modernización”, arrancó con los depósitos judiciales y explicó: “Busca beneficiar al depositante y que no se beneficie el Banco, que no haya esas dicotomías sobre qué bancos intervienen. Se elige el litigante con la conformidad de las partes el Banco donde va a parar el dinero para que no haya disputas legislativas. Se eligen todos los Bancos oficiales que tengan competencia donde incluso las partes pueden sugerirle al juez el Banco y el Banco Central dispone la forma de inversión. Esto es en beneficio de las partes, es elegir un beneficio modernizado para la sociedad argentina”.

El segundo punto que detalló fue el de registros judiciales y universales: “Hay una ley de acceso a las partes que es un formulario verde que admite juicios universales en las quiebras o en las sucesiones. Lo que se pretende es que ese formulario que está en un subsuelo pase a ser electrónico, público, transparente y ágil que todos tengan conocimiento de un juicio universal y abreviado”.

Sobre la publicación de edictos, informó: “Se busca suprimir ese sistema que no existe prácticamente y hoy recurrir al boletín oficial electrónico y cargarlo de forma electrónica. Es la práctica que rige hoy, se busca suprimir este edicto y hacerlo por vía electrónica. Es un éxito indiscutible”.

Al hablar de los archivos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que “se pretende es que no existan más los expedientes en papel y que todo se realice en forma digital. Hoy se impone la carga electrónica, algo que se inició con la pandemia y apresuró a los Tribunales a eso”.

Al referirse a los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales en el Banco Nación detalló: “El retiro de la plata de los bancos antes se hacía por cheques o por oficios según la Ley 9.667 se derogan los artículos 2, 3 y 4 y se impone un orden de un juez de una transferencia bancaria de una cuenta al destinatario para que se acaben las estafas de los cheques. Es entrar en un mundo de modernización”.

“Registro propiedad e inmueble”, fue el siguiente apartado que detalló Cúneo Libarona y precisó: “Se habla de la transferencia a la Ciudad, es natural a la luz de la Constitución y de la deuda que tiene. Se habla del escribano idóneo, fedatario, que pide informes de dominio en forma electrónica, se libera la jurisdicción y se establece un Registro Nacional de Inhibiciones”.

Por otro lado, habló del traspaso de la Justicia Nacional y manifestó que “la Constitución del 94’ habla por sí sola, pero yo no voy a más que remitirme a los fallos de la Corte del 2019 donde habla de la demora inusitada en la transferencia a la Ciudad y es un tema que sin dudas tiene que resolverse”.

“La Corte dijo que ‘han transcurrido décadas y resulta casi nulo el avance de la transferencia, es una de las claras mandas constitucionales. El Estado Nacional y la Ciudad solo habían avanzado en el traspaso de ciertas competencias penales’. Lo que se impone es establecer un plazo determinado para llevar a cabo estas demoradas transferencias de la justicia que no abarca solo la penal sino la laboral, civil, comercial, etc.”, respaldó.

Otro de los puntos que explicó fue sobre la inspección general de justicia: “Ahora se designa de forma distinta en el Poder Ejecutivo con una propuesta del Colegio de Escribanos y dos del colegio de Abogados. Es otra área de transferencia con plazos. El objetivo es mejorar la IGJ, salir del sistema que existía hasta este Gobierno, se tutela la producción, medios digitales, abreviar los plazos, aumentar el capital social, darle vigencia a las SAS, sociedades con objetos múltiples, libre acceso sin cargo a los registros societarios”.

Por el lado de las sucesiones sin controversias, comentó que sean testamentarias o simplificarla porque “al igual que el divorcio ante un escribano con intervención de abogados, con inspecciones y controles. Hay una disputa de trabajo entre los escribanos y los abogados. Lo mejor sería que si hay una sucesión sin controversia es mucho más barato concurrir ante los escribanos que tener que hacer un juicio ante los Tribunales”.

Respecto de las modificaciones a Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, señaló que “no es más que incorporar los fallos de la Cámara y de la Corte a la ley, dotar un proceso justo acorde a las convenciones internacionales, con publicidad, regular el procedimiento, tutela administrativa efectiva, derecho a ser oído, derecho de defensa, de aportar pruebas, plazos razonables, celeridad, economía, sencillez, eficiencia. Es darle las herramientas que la Corte establece que sea legítimo”.

En el tema de los honorarios de profesionales de abogados, brevemente explicó que “se deroga el artículo 5 de la ley 27.423 y se establece que las partes decidan de forma libre”.

Asimismo, las modificaciones al Régimen de Propiedad Intelectual de Gestión Colectiva de Derechos refieren a que “el autor cobra derechos por su trabajo y un organismo se encarga de custodiar esos derechos. Se crea la figura de salir del monopolio de la Ley de Onganía que establecía este organismo que es un gran impuesto a la cultura”.

INADI

Al hablar sobre la continuidad del INADI, aclaró que “se suprime el INADI creado por la Ley 24.515, pero no se suprimen las tareas y funciones que hace”, debido a que “el tema discriminación es fundamental, pero tiene que ser tratado, analizado y publicitado y juzgado, porque también es un delito, con la máxima energía”.

“Lo que se hace es tratar de ordenarlo en el sentido de crear un protocolo de actuación frente a las presentaciones que se hagan. Hay que armar un protocolo donde haya plazos y un procedimiento, con todas las garantías del debido proceso”, planteó.

En esa línea, cuestionó: “No se acepta que el INADI, que es un derecho humano, esté en forma independiente, tiene que pasar a ser analizado con la cantidad de derechos humanos que tenemos. Lo que relevo es tener 400 empleados en un edificio de capital federal cuando toda la justicia tiene menos. No puedo entender cómo em encuentro con 114 organismos en el interior del país, inmuebles que alquila el Ministerio de Justicia, 12 en Villa Gesell, 1 en Tafí del Valle”.

“No tengo nada en contra del INADI ni el derecho, me agravio de tener una estructura de semejante tamaño y costo para hechos de discriminación. No tiene que haber inmuebles en el interior porque con las comunicaciones que hoy tenemos, podemos estar enlazados a través de un teléfono de forma dinámica. El INADI sigue funcionando, se va a ordenar el monstruo de cantidad de gente para que tenga más dinamismo”, detalló.

Juicio por jurados

Profunda fue la explicación que Cúneo Libarona brindó para referirse al proceso legal: “Para que tengamos una justicia efectiva, rápida, primero tenemos que tener jueces. Si nosotros tenemos la enorme cantidad de vacantes que hay en la justicia, hoy un 33% es imposible que los jueces presten un buen servicio, trabajan a destajo. Hay Tribunales que no tienen jueces, por eso el primer paso va a ser nombrar a los jueces”.

En un paréntesis, adelantó que “en un breve lapso queremos enviar al Senado los pliegos que reexaminamos y apurar al Consejo de la Magistratura para que termine rápido los pliegos que tiene y podamos llenar todas las vacantes. Si no tenemos jueces trabajando es muy difícil”.

“Hay una ley que tiene muchos años y que está en vigencia es el nuevo sistema procesal penal y ya no vale la pena discutir si es buena o no, es el sistema acusatorio consiste en un fiscal que lleva adelante la investigación tiene que producir la prueba, versus una defensa y un juez que tiene facultades decisorias. Es el régimen que está en el mundo y está en Salta y Jujuy. Queremos instalar rápidamente en la mayor cantidad de provincias, lo que no podamos conseguir lo vamos a hacer igual y vamos a tener un sistema acusatorio amplio. El sistema y la celeridad es lo que más me preocupa”, anticipó.

El ministro agregó que “tiene que estar acompañado de otras reformas como la ley de juicio rápido y plazos razonables porque no puede ser que duren una eternidad”, por lo que informó que presentarán una Ley de tiempos para establecer plazos a los jueces para terminar los juicios. “Eso engancha el Código Penal que está trabajándose hoy y tiene que enganchar con el juicio por jurados”, agregó.

Definió al juicio por jurados como “soberanía popular” porque “es ser juzgado por los pares” y se basó en la Asociación de Juicio por Jurados para explicar en profundidad: “Es una deuda desde 1853, artículos 24, 75 inc. 2, 118 y 126, está en el capítulo quinto, rige en el país en 11 provincias. Tenemos que saldar la deuda y respetar las soberanías provinciales”.

“Es una ley y un sistema federal acusatorio, con juicios rápidos, con un Código Penal de naturaleza general y un juicio por jurados en el molde federal. El modelo es el clásico que toman en el país, de 12 personas, conducido por un solo juez, paridad de género con posibilidad de elección de jurados, el juez que da instrucciones y el veredicto es unánime. En caso de absolución no hay apelación y en caso de condena hay apelación, pero si no hay unanimidad se formula un nuevo juicio. Se invita a las provincias a  participar y se corresponde con los fallos de los Estados Unidos 2020, promotores del sistema de la toga y el martillo, el fallo Ramos versus Luisiana, donde dan todas las pautas del Tribunal por jurados”, explayó.

El ministro de Justicia precisó que “va para los delitos de naturaleza federal que superan los cinco años: narcotráfico, trata de personas, corrupción, falsificación, contrabando, lavado de dinero, administración fraudulenta, delitos tributarios”.

“Este sistema lo han adoptado en las provincias gobernadores de distintos colores políticos y de los que ustedes pertenecen”, resaltó el funcionario y remarcó que cada gobierno viene planteando el juicio por jurados, pero “nadie lo sacó”.

Tras casi cuatro meses sin que las puertas del recinto del Senado se abran, este miércoles oficialismo y oposición se sentaron para avanzar en un acuerdo con el objetivo de sesionar a fin de mes. Pero no fue todo el arco opositor, sino que solo contó con la presencia del jefe del bloque FdT, José Mayans, se reunió solamente con los presidentes de los bloques que conforman JxC, dejando de lado el reciente espacio de Unidad Federal presidido por el jujeño Guillermo Snopek.

Así, horas más tarde desde el flamante bloque emitieron un comunicado convocado a una sesión especial de la Cámara alta para el próximo 29 de marzo con el objetivo de tratar acuerdos de jueces de las provincias de Santa Fe y Córdoba, la Ley Lucio y la reducción del IVA de tarifas eléctricas.

La bancada de cinco -4 ex Frente de Todos Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes), María Eugenia Catalfamo (San Luis) y la cordobesa Alejandra Vigo- sostuvo que “de cara a la grave situación social y económica del país es necesario avanzar en las soluciones que reclama el país”.

“Ante la compleja y urgente situación que atraviesa la ciudad de Rosario como consecuencia del flagelo del narcotráfico es imperativo que el Senado avance en las designaciones de jueces en la provincia de Santa Fe. Por otra parte, también es fundamental hacer lo propio con los juzgados con asiento en la provincia de Córdoba”, plantearon respecto a uno de los temas.

Asimismo, consideraron que “para aliviar la situación económica de todos los argentinos, es de suma importancia avanzar con el proyecto del senador Kueider que promueve una reducción de la tarifa eléctrica en todo el país mediante la eliminación de los cargos extras que cobran las distribuidoras de energía y la reducción del IVA, entre otras medidas”.

“Finalmente, reafirmamos la necesidad de dar tratamiento a otros proyectos que son de especial interés para nuestras provincias y su gente que tienen que ver con el costo del transporte público en el interior de la Argentina y el costo del combustible, que son más caros en relación con lo que se paga en la zona del AMBA”, propusieron.

En el encuentro que mantuvo Mayans con Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de JxC; Luis Naidenoff presidente del bloque radical y Humberto Schiavoni del Pro, habían acordado intentar llevar a cabo una sesión de consenso para el 30 de marzo y, mientras tanto, avanzar con las reuniones de comisión.

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la vicejefa del bloque FdT Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), se reunió este martes para tratar una serie de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, uno de ellos el que designa a la exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño como embajadora ante Israel quien remarcó que “hace más de 7 meses no hay embajador y como país tenemos que profundizar el diálogo político y jerarquizar la relación”. Además, brindó detalles sobre las relaciones comerciales y financieras.

Fue precisamente en esa comisión donde nunca avanzó la designación de Caamaño como titular de la AFI. Incluso, a fines de junio del año pasado estaba previsto que asista, pero la audiencia pública se suspendió y nunca más se hizo.

También en junio, pero ya de este año, el Gobierno designó como nuevo interventor de la AFI a Agustín Rossi. En ese momento se le ofreció a Caamaño la embajada de Israel, un lugar que quedó vacante luego de la polémica salida de Sergio Urribarri.

En el temario de la Comisión de Acuerdos también se trataron pliegos de ascensos de personal en la Armada Argentina, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino. Sin embargo, solo 3 pasaron a la firma por pedido del senador oficialista Oscar Parrilli lo que desató un enojo en la oposición que adelantó que irá al recinto con un dictamen de minoría que incluirá los restantes ascensos.

La defensa de Caamaño

En el inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, la titular de la Comisión invitó a la doctora a que indique las características, objetivos y misiones para “darle” el acuerdo solicitado por el Ejecutivo.

En su defensa, Caamaño agradeció la invitación a los legisladores y al presidente de la Nación porque “me pone nuevamente ante un desafío” y agradeció a la Cancillería “por haber hecho todos los trámites y haberme ayudado un montón para preparar esto”.

Al comienzo, hizo una introducción sobre las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel los cuales “han tenido excelentes relaciones amplias, profundas y diversificadas en un sin número de áreas que se reflejan en múltiples iniciativas”.

“Las relaciones diplomáticas entre nuestros países que establecieron casi en simultaneidad con el establecimiento del Estado de Israel y exceden con amplitud el ámbito gubernamental gracias a las acciones permanentes de organizaciones e individuos que vinculan nuestros pueblos”, explicó.

El comercio con Israel

Sobre las relaciones comerciales entre ambos países, Caamaño sostuvo que “han alcanzado un excelente nivel en los últimos años. Tal como lo pone de manifiesto el nutrido intercambio de viajes y visitas de altas autoridades”, y agregó: “La firma de acuerdos y el incremento de intercambio comercial”. Sin embargo, remarcó que aún “hay mucho potencial para su ampliación” tanto de “productos agropecuarios como de industria pesada, de tecnología y del conocimiento”.

“En los últimos años, el intercambio comercial argentino-israelí ha crecido regularmente, llegando en 2021 a los 518.998.966 dólares”, informó Caamaño y remarcó que el Estado de Israel es el potencialmente “más atractivo” en la región de medio oriente con una economía “madura y diversificada y volcada al exterior”.

Y sumó: “Su elevada renta per cápita, sumadas a sus industrias intensivas de capital y su excelencia como polo tecnológico, lo convierten en un interesante mercado para las exportaciones argentinas y para la integración de las cadenas de valor”.

“Con ese objetivo se han firmado una serie de acuerdos significativos en diversas áreas como servicios aéreos, ciencia y tecnología que se espera que impulsen la transferencia mutua de tecnología y el emprendimiento de proyectos conjuntos entre empresas de ambos países”, describió la doctora.

Además, calificó a la cooperación internacional como una herramienta “central” de la política exterior de nuestros países. “La Argentina tiene la firme convicción que profundizar la relación bilateral y triangular con Israel permitirá incrementar el intercambio técnico en aquellas áreas de mutuo interés como fortalecer los históricos lazos de amistad”, destacó.

Por otro lado, Caamaño sostuvo que Israel es un “país importante” con el Argentina mantiene relaciones desde que se constituyó el Estado en 1948 y contó que “fuimos uno de los primeros países en el mundo en reconocer al Estado de Israel el 14 de febrero de 1949 por un decreto del presidente Perón”. En ese sentido, informó que el primer embajador latinoamericano en Israel fue Pablo Manguel de 1949 a 1954.

“Hace más de 7 meses que no hay embajador en Israel y nosotros como país tenemos que profundizar ese diálogo político y jerarquizar la relación porque siempre hubo un buen vínculo”, remarcó y agregó que “existe un mecanismo de diálogo que se hizo durante el gobierno de Macri, una ronda fue en 2018 y otra en 2019”.

Las exportaciones

En ese contexto, preguntó: “¿Por qué es necesario una embajadora en Israel?”, a lo que respondió: “Hay que destacar que la balanza comercial con Israel es superavitaria, es importante para nosotros porque ingresan dólares genuinos. Es un país con un alto ingreso per cápita de más de 51 mil dólares y las exportaciones vienen aumentando año tras año”.

“Solo son 4 provincias las que más exportan: Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Santa Fe. La tarea como embajadora es intentar acrecentar las exportaciones haciendo saber a Israel sobre otros productos nativos, es decir, precisamos sumar más productos argentinos en ese país”, defendió su pliego Caamaño. Asimismo, contó que mantuvo relaciones con gobernadores y senadores para que analicen qué productos resultan interesantes en sus provincias.

“Hace más de 7 meses que no hay embajador en Israel y nosotros como país tenemos que profundizar ese diálogo político y jerarquizar la relación porque siempre hubo un buen vínculo"

A su vez, subrayó que la carne “es el corazón del comercio bilateral” y es con lo que “se identifica a la Argentina es la marca país. Se exportaron 30.007 toneladas de carne en el 2021 por un valor de 209.300.000 millones de dólares”.

“En los primeros 8 meses de 2022 crecieron las exportaciones de carne en un 15,7%, en volumen son unas 23.700 toneladas por un valor de 177.500.000 dólares. Se trata del 78% del total de lo exportado a Israel en 2020, el 57% en 2021 y en lo que va en los primeros 8 meses de 2022 el 60%. Lo que se exporta es entre el 65 y el 80% en carne congelada y el 20 o 25% en refrigerada”, detalló Caamaño y contó: “Tenemos un convenio que vence a fin de año que tenemos que renovar por otras 30 mil toneladas anuales”.

Por otro lado, ponderó que “se ha alcanzado un excelente nivel en los últimos años”, al tiempo que destacó que “hay mucho potencial para la expansión, tanto en productos agropecuarios como otra gama de mercaderías”. “El saldo comercial sobre la exportación de carne en 2021 fue superavitario para la Argentina en 213.800.000 dólares. En exportaciones totales en 2020 fue de 288.400.000 dólares lo que implica un crecimiento del 23% respecto a 2019. En 2021 exportamos 366.700.000 dólares lo que representa un incremento del 27% respecto del 2020”, indicó.

“Entre el 2020-2021 las exportaciones a Israel crecieron un 56,7% pasando de 234 millones de dólares a 367 millones de dólares. En los primeros 7 meses del 2022 aumentaron un 18% alcanzando 250.700.000 dólares”, sumó y planteó que el comercio bilateral y en concreto las exportaciones de Argentina a Israel “están creciente a un ritmo considerable”.

En esa sintonía detalló que, además de la carne congelada, los principales productos que se exportan son harinas, soja, maníes, preparados, hortalizas, productos agrobioindustrial de “altísima calidad e inocuidad”. Entre los rubros para incursionar, mencionó las máquinas de industrias, equipamientos, informáticos, productos farmacéuticos, compuestos minerales, productos de caucho.

Por otro lado, señaló que Israel posee tecnología que genera una producción de 60 litros de leche por día y consideró que “sería bueno tener esa tecnología ya que somos un país ganadero, pero nuestras vacas dan entre 20 y 30 litros de leche diario”.

Las importaciones

Según los datos que brindó la extinterventora de la AFI, en 2021 se importó por un valor de 152.600.000 dólares un 18,7% más que en 2020 y los principales productos son herbicidas y otros productos para el desarrollo del campo, de la industria, innovaciones tecnológicas y mucho instrumental quirúrgico.

Entre los objetivos comerciales, resumió: “Incluyen garantizar y consolidar el volumen total de las actuales exportaciones, expandir la calidad de rubros, diversificar las exportaciones con especial énfasis en los bienes y servicios con mayores niveles de valor agregado y procurar incrementar las exportaciones de servicios que actualmente están muy reducidas, ya que solamente oscilan entre 4 o 5 millones de dólares”

Respecto a los objetivos financieros manifestó la incrementación del turismo de Israel hacia la Argentina, promover oportunidades de cooperación en investigación y desarrollo, facilitar la concreción de oportunidades y asesoramiento, transferencia de conocimiento y tecnología de intercambio que favorezca a ambos países, promocionar la inversión extranjera directa, impulsar las exportaciones en ganadería, turismo, comunicaciones, tecnología y minería.

“Es necesario tener una persona para impulsar y vender nuestros productos como el dulce de leche o el aceite de oliva. También tenemos que apoyar la parte cultural y promoverla”, remató Caamaño.

La palabra de los senadores

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador tucumano Pablo Yedlin (FdT) quien sostuvo que se ha tenido “importantes” trabajos en el área comercial y educativa y sanitaria con Israel, al tiempo que bregó por profundizar las relaciones con dicho país.

Luego fue el turno del riojano Julio Martínez (UCR) consideró que estar 7 meses sin embajador es un “problema de mala praxis de este gobierno que insistió en poner una persona multiprocesado, casi condenada, con muchas denuncias de corrupción, con un fallo casi inminente en su contra y que lamentablemente terminan ocurriendo y nos terminamos quedando sin embajador en ese país”.

“Estas cosas, que las marcamos en su momento, hay que decirlas cuando pasan y se tienen que hacer cargo de tener 7 meses sin embajador un país”, acusó Martínez.

Por otro lado, remarcó que Israel es un país “muy importante” para zonas áridas y semiáridas en materia hídrica, productiva, agroindustrial. “Es una referencia muy importante para muchas zonas respecto a lo que se puede hacer que dependen de la tecnología del riego que Israel lo ha resulto y ha logrado resultados importantes que son un espejo para mirarnos como zona”, destacó y sumó: “Es algo bueno todo lo que se puede hacer en intercambio de tecnologías, convenios”.

Por último, el riojano criticó la “indefensión que tiene Argentina en materia de Ejército y Fuerzas Armadas por un capricho ideológico de este gobierno y del anterior kirchnerista porque han vuelto con la reglamentación anterior de la Ley de Defensa Nacional”.

De la vereda de enfrente le respondió el neuquino Oscar Parrilli (FdT): “Nos obligan a hablar ante estos agravios gratuitos e innecesarios y falso e hipócrita. El senador preopinante también fue denunciado por la compra de armas. Hay un dirigente político muy importante que está prófugo de la justicia argentina que perteneció a la mesa judicial del gobierno anterior”.

Con artillería pesada, Parrilli le pidió a la futura embajadora que le exprese “al gobierno de Israel el rechazo a lo manifestado por Macri que habló de la raza superior alemana por todo lo que significó el Holocausto”.

Pliegos sobre ascensos en las Fuerzas Armadas

Al respecto y ante la consulta de la vicepresidenta de la Comisión, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), Fernández Sagasti aclaró que “estamos tratando los 9 ascensos que quedaron pendientes para dictaminar”.

Sin embargo, Parrilli pidió aprobar solo tres de ellos y se emita un dictamen negativo de los restantes cuyos motivos no dio por “respeto a la integridad de cada uno de ellos”. Quien le retrucó fue el radical Martínez al precisar que los ascensos son “títulos, como un diploma, son la coronación parcial de su carrera y lo más esperado. Cada paso es un logro y un mérito”.

En ese sentido, el riojano pidió que digan por qué se rechazan esos pliegos y denunció que “es por portación de apellido que se hizo en el anterior gobierno kirchnerista”, y advirtió que es algo “muy grave”.

“Nos vamos a reservar a hacer un dictamen de minoría de los seis ascensos que son rechazos porque no están dando los motivos”, remató Tagliaferri.

Antes de abordar el proyecto único al que estaba dedicada la sesión de este jueves en el Senado, estaba prevista la votación de tres acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo. La medida había levantado cierta polémica pues establecía la creación de la Cámara Federal de Apelaciones Comandante Luis Piedra Buena, de la provincia de Santa Cruz, para la cual estaba prevista la aprobación de estos tres vocales: Nelson Andrés Sánchez, Carlos Augusto Borges y Marcelo Hugo Bersanelli.

Sin embargo en el inicio de la sesión tomó la palabra el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, quien anunció la decisión de devolver esos expedientes a comisión.

En cambio se dio ingreso a los pliegos de Miguel Angel Pesce como presidente del Banco Central de la República Argentina, el vicepresidente y otros directores, como así también el ingreso de pliegos para ascender al grado superior del personal militar superior del Ejército argentino.

Los senadores dieron el aval en la sesión de este jueves al pliego de Daniel Osvaldo Scioli como embajador en Brasil, como así también dieron curso a más de cincuenta pliegos judiciales.

La primera oradora fue la vicejefe del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien resumió: “Hoy vamos a votar 40 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo que tiene que ver con el Poder Judicial y el Ministerio Publico Fiscal y también acuerdos en materia de conjueces y por supuesto el correspondiente acuerdo para el propuesto embajador de la República Federativa de Brasil, Daniel Scioli”.

“Se han realizado el procedimiento para audiencias públicas según el reglamento de la Comisión de Acuerdos, se publicó en el Boletín Oficial durante los días 17 y 23 de junio, se han registrado observaciones, se han dado los traslados a los postulantes y se remitieron las respuestas correspondientes”, explicó Fernández Sagasti.

En ese sentido, sumó: “Recibimos los postulantes de las distintas provincias en la Comisión de Acuerdos los días 5,6 y 7 de julio donde se realizaron las audiencias del Poder Judicial y del Ministerio Público para las provincias de Santa Cruz, Rio Negro, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy”.

“Son muy importantes estas audiencias porque es la manera que tienen los ciudadanos de conocer quiénes son los postulantes que van a impartir justicia en sus provincias y en sus jurisdicciones. Es la única instancia donde la ciudadanía puede conocer a jueces y fiscales”, destacó la senadora oficialista.

Por último, sobre la representación argentina en Brasil sostuvo: “Nuevamente se ha hecho presente a quien ha postulado el Ejecutivo, Daniel Scioli, tuvimos una audiencia muy rica donde pudimos expresar nuestras preocupaciones y visiones sobre nuestro principal socio comercial y donde las provincias estamos, en cuanto a las exportaciones principalmente interesadas en que esa embajada siga creciendo. También pudo dar cuenta de lo que fue su función y pudo decirnos cómo veía el panorama en las próximas elecciones de Brasil y los objetivos de su gestión”.

A continuación, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri coincidió con su predecesora porque “se trabajó de forma exhaustiva en la Comisión”, y reiteró que “es el proceso por el cual en estos 40 años de democracia se han elegido jueces y fiscales”.

“Estos pliegos estaban desde diciembre y finalmente pudimos empezar a trabajarlos en junio. Fueron muchos meses”, recordó la senadora y celebró el envío de los pliegos y recalcó el proceso de selección que explicó Fernández Sagasti.

En esa línea, comentó que “en los últimos 40 años, el 70% de esos años ha gobernado el peronismo y de esos años 16 lleva casi el kirchnerismo, casi nunca una fuerza que no sea peronista ha tenido maría en el Senado y ha podido dar acuerdo por sobre lo que opinaba el gobierno, incluso cuadro fuimos gobierno nosotros y necesitábamos mayoría”, y remató: “Con esto quiero decir que no existe la justicia macrista, porque el Senado brinda las audiencias. El pliego de Luciani fue enviado en 2013 cuando era presidenta Cristina y este Senado era presidido por Amado Boudou, es un fiscal que siguió los procesos correspondientes”.

Cabe consignar que en el inicio de la reunión se dio ingreso al pliego de Lisandro Pablo Cleri como director del Banco Central de la República Argentina.

Los pliegos judiciales aprobados fueron los siguientes:

Juan Pablo Quiñones, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 de la Capital Federal; María Romina Becchi, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del trabajo N° 1 de Capital Federal; José Manuel Díaz Vélez, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Tucumán; María Verónica Jorgelina Moreno, como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 67 de la Capital Federal; Sergio Raúl Micheloud, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 10 de la Capital Federal; Leandro Gabriel Bloise, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24 de la Capital Federal; Mónica Alicia Copani, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 62 de la Capital Federal; y Juan Carlos Cerutti, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 67 de la Capital Federal.

También aprobaron los pliegos de Jorge Gamal Abdel Chamia, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; Marcela Moltini, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Guillermo Mario Pesaresi, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24 de la Capital Federal; María Soledad Valente, defensora Pública de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del trabajo N° 5 de la Capital Federal; Martín Galliano, defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tucumán; Horacio Santiago Nager, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; Marina Salmain, defensora Pública Oficial ante los Juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal; y Horacio Juan Azzolín, como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Asimismo se aprobaron los pliegos de Valeria Alejandra Rico, como jueza de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal; Fabián Gustavo Cardozo, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones; Juan Manuel Grangeat, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal; Analía Silvia Monferrer, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal; Mario Osvaldo Boldú, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas; Jorge Horacio Campitelli, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas; Julio Eduardo López Casariego, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Capital Federal; Cinthia Raquel Oberlander, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Capital Federal; José Carlos Pérez Arias, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de la Capital Federal; Marcelo Gastón Bartumeu Romero, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal; Santiago Carlos Bignone, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal; y María Elisa Gaeta, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15, de la Capital Federal.

También se prestó acuerdo para Patricia Nélida Santoni como conjueza de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza; y Ramiro Javier Salinas y Fernando Gastón Peñaloza, conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. En este caso esos pliegos recibieron el rechazo de los senadores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Guadalupe Tagliaferri.

Asimismo se nombra conjueza de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata Karina Mabel Yabor; y Maximiliano Alberto Leandro Callizo y Marcos Alberto Frezzini, como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Diego Martín Matteucci y Amelia Pilar Parra, tuvieron el visto bueno como conjueces de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta, aunque recibieron el rechazo de los senadores de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo, Mario Fiad y Guadalupe Tagliaferri.

Nominaron a José Nicolás Celestino Chumbita conjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; Ana Carina Farías como conjueza de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; y Guillermo Omar Caballero y Martín Miguel Innocente como conjueces de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Resistencia.

También se aprobaron los pliegos de Tomás Eugenio Malaponte, como conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario; Eleonora Pelozzi, conjueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; y Virginia Daniela Cassinese, Natalia Analía Martínez, Gastón Alberto Salmain y Luciano Cruz Savignano, conjueces de los juzgados federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Jorge García Davini, nominado como conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de General Roca, tuvo el rechazo de los senadores de JxC Edith Terenzi, Ignacio Torres y Guadalupe Tagliaferri.

En cambio el propio oficialismo resolvió devolver a comisión los pliegos de Carlos Fabián Cuesta, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata; Jésica Yael Sircovich, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata y Marcelo Alejandro Peluzzi, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal.

En el comienzo de la sesión de este miércoles, se dio ingreso formal en el Senado al pliego de Daniel Scioli, propuesto como embajador en Brasil por el Poder Ejecutivo. Se trata de la segunda vez que la Cámara alta tratará el nombramiento del exgobernador bonaerense.

En junio pasado, Scioli abandonó su tarea diplomática en el país vecino para venir a hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, luego que el presidente Alberto Fernández echara a Matías Kulfas.

Pero su paso por esa cartera no llegó a cumplir los dos meses, luego que en los primeros días de agosto el área fuera absorbida por el Ministerio de Economía, que ahora comanda Sergio Massa.

Durante ese lapso, el Gobierno no había propuesto a ningún reemplazante de Scioli en la embajada de Brasil.

Ahora, el exministro deberá presentarse en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que preside la mendocina y vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.

Además, en la sesión tomaron estado parlamentario pliegos que proponen ascensos militares y el que solicita la designación de Pablo Manuel Carreras Mayer como director del Banco Central de la República Argentina.

Asimismo, el Ejecutivo pidió el retiro de un pliego que nunca se trató y había sido enviado en febrero del 2020: el que proponía a la exdiputada Alicia Castro como embajadora en Rusia.

En el comienzo de la sesión de este jueves en el Senado, se dio ingreso formal al pliego del Poder Ejecutivo que propone la designación del exministro de Defensa y exlegislador Agustín Rossi como director de la Agencia Federal de Inteligencia.

El 8 de junio pasado, el dirigente santafesino asumió como interventor del organismo, cuya intervención el Gobierno prorrogó por cuatro meses mediante el decreto 295/22.

Rossi, que había renunciado como ministro de Defensa en 2021 para competir como candidato en la interna oficialista en su provincia, ingresó en reemplazo de Cristina Caamaño, a quien nunca se le aprobó el pliego en la Cámara alta.

Además, el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, dio lectura del ingreso de una treintena de pliegos, entre ellos ascensos militares y nombramientos de fiscales, jueces y defensores públicos.

También tomó estado parlamentario el mensaje solicitando la designación del licenciado en Economía Juan Agustín D'Attellis Noguera como director del Banco Central.

En una reunión que duró menos de media hora, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), avaló un paquete de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que solicitan el acuerdo para una serie de ascensos militares.

Durante el encuentro, realizado por videoconferencia, el senador Oscar Parrilli (FdT) sostuvo: "Hemos analizado detalladamente todas y cada una de las propuestas elevadas, en su momento por el ministro anterior (Agustín Rossi) y ratificadas" por el actual titular de la cartera de Defensa, Jorge Taiana.

El oficialista asintió la "conformidad a los ascensos", por lo que "es oportuno tratarlos, analizarlos y sobre todo dar tranquilidad a todas las fuerzas armadas". "Todos los pliegos que han sido remitidos merecen nuestra aprobación y acuerdo", cerró.

En tanto, el vicepresidente de la comisión, Ernesto Martínez (Pro), anticipó que desde Juntos por el Cambio "vamos a propiciar en conjunto la aprobación de todos los ascensos". "Si hay algún reparo individual, eso será motivo del debate parlamentario en el recinto", aclaró, pero subrayó que "a los fines de acelerar las cosas y que estos pliegos vayan rápidamente ante el pleno, el interbloque va a acompañar la propuesta".

También expresó su acompañamiento la aliada del oficialismo, la misionera Magdalena Solari Quintana.

El listado incluye los acuerdos para promover al grado inmediato superior a la Capitán de Fragata Mónica Graciela García y al Capitán de Fragata Patricio Martín Garrahan; al grado inmediato superior al General de División Juan Martín Paleo; y al grado inmediato superior al Brigadier Mayor Xavier Julián Isaac.

También, el pliego que promueve al grado inmediato superior al General de División Agustín Humberto Cejas; y el que busca promover al grado inmediato superior al Vicealmirante Julio Horacio Guardia.

Además, se contemplan ascensos al grado inmediato superior de personal militar superior en el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina.

Pese a la reciente resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado que establece las reuniones de comisiones presenciales, aunque también mixtas o remotas, la Comisión de Acuerdos mantendrá este jueves desde las 10 un encuentro por videoconferencia.

La comisión, presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), buscará aprobar un conjunto de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para avalar ascensos militares.

El listado incluye los acuerdos para promover al grado inmediato superior a la Capitán de Fragata Mónica Graciela García y al Capitán de Fragata Patricio Martín Garrahan; al grado inmediato superior al General de División Juan Martín Paleo; y al grado inmediato superior al Brigadier Mayor Xavier Julián Isaac.

También, se tratará el pliego que promueve al grado inmediato superior al General de División Agustín Humberto Cejas; y el que busca promover al grado inmediato superior al Vicealmirante Julio Horacio Guardia.

Además, se contemplan ascensos al grado inmediato superior de personal militar superior en el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina.

El gobernador Axel Kicillof envió al Senado la primera tanda de pliegos de funcionarios judiciales de su gestión, en un movimiento que lleva un mensaje implícito para la oposición, que domina en el ámbito donde se deben producir los acuerdos, el Senado.

El año pasado se produjo una fuerte controversia por este tema, también con la Suprema Corte, que había reclamado al gobierno por el retraso en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.

El resultado, hay 41 pliegos acordados por los senadores, de forma mayoritaria, que esperan la designación por debe hacer el Ejecutivo vía decreto y que hasta el momento no se ha producido. Eso espera la oposición.  

Pero como “quien no quiere la cosa”, el Poder Ejecutivo remite una nueva remesa de pliego, son en total 40 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales con los que Kicillof quiere dar una señal de disposición para avanzar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, luego de que la Suprema Corte advirtiera, el año pasado, sobre un récord histórico de oficinas judiciales que están sin su titular en la provincia.

Pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo deja en suspenso la resolución de aquellos 41 pliego ya acordados por el Senado por el voto de la oposición y la ausencia de los senadores oficialista en el recinto.

Pera intenta, por otra vía, que estos nuevos pliegos sean bien recibidos en el Senado, Cámara que debe prestar acuerdo y donde la oposición de JxC tiene mayoría.

Así, el gobernador incluyó dentro del total d 40 pliegos, a 20 candidatos surgidos de ternas conformadas por el Consejo de la Magistratura de la provincia en 2017, 2018 y 2019, años en que gobernaba María Eugenia Vidal.

No obstante, el procedimiento constitucional previsto, indica que el Ejecutivo selecciona de las ternas aprobadas en el Consejo de la Magistratura un candidato de cada una y lo eleva al Senado para su acuerdo formal, por lo que se infiere que de los 20 postulantes seleccionados de ternas de la era Vidal pueden no ser necesariamente los que prefiera la oposición.

E incluso se aporta que los concursos pueden tener diversos contratiempos y pueden pasar hasta dos o tres años para que el Consejo conforme la terna, por lo que una terna de 2018 puede ser un concurso que se abrió en 2015, cuando gobernaba Daniel Scioli.

Pero el hecho de incluir postulantes de esas ternas es un gesto a JxC, sumado a que “se trata de candidatos idóneos, profesionalmente calificados y ninguno identificado con posiciones políticas extremas”, aclararon desde el Ejecutivo, que de todos modos negaron un pre acuerdo con la oposición en la selección final de los nombres.

De este modo, Kicillof busca avanzar con los nombramientos y parecería que preparar el terreno para comenzar a dejar atrás la polémica que se generó el año pasado, cuando quedaron trabados 41 nombramiento.

Pliegos que habían sido remitidos al Senado por Vidal en 2019, en vísperas de las elecciones primarias y que obtuvieron despacho de la comisión de ACA cuando ya había sido derrotada en las PASO, y que no fueron tratados durante ese año.

Kicillof pidió el año pasado formalmente el retiro de esos pliegos, pero JxC impuso la mayoría en el Senado y prestó el acuerdo reglamentario para su designación.

Los nombramientos, de todos modos, siguen sin efectivizarse porque el Gobernador no firmó nunca los 41 decretos para realizar las designaciones, y por ende la cobertura de los cargos, entre ellos dos titulares del Tribunal de Casación.

Ahora, en el Ejecutivo dicen que reactivaron el análisis de esos pliegos, que los mirarán uno por uno, y que podrían comenzar a designarlos antes de fin de año.

En un breve pero encendido debate donde el Frente de Todos renovó sus críticas hacia el lawfare, el Senado avaló este jueves 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del exbogado de Cristina Kirchner Roberto Boico en la Cámara Federal.

El oficialismo contó con el apoyo extra de la neuquina Lucila Crexell, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, mientras que en Juntos por el Cambio la mayoría de los senadores acompañaron todos los pliegos con la única excepción de Boico.

Sin embargo, algunos integrantes del interbloque presidido por Luis Naidenoff se abstuvieron en todo el paquete: fueron Martín Lousteau, Esteban Bullrich, Gladys González, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay. “Con la salida de (Marcela) Losardo y esta embestida contra la Justicia no podemos acompañar los pliegos, pero tampoco podemos votar negativamente cuando en el paquete puede haber buenos jueces”, argumentaron fuentes de ese grupo.

Contra el Poder Judicial

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, señaló que el Senado cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente para atender esos pliegos, destacando que “desde que asumió la presidencia Alberto Fernández se acabaron los artilugios que cubrían vacantes con jueces amigos a través de las diferentes formas, evadiendo el mandato popular”.

“Hemos tenido una semana bastante movida en términos de cuestionamientos a la administración de justicia en la Argentina. Hemos podido ver cómo se lleva adelante un juicio oral y público en nuestro país y cómo se han comenzado a caer varios velos respecto de lo que nosotros decimos que es una persecución judicial para aquellos que intentaron, a través de un gobierno popular, defender los intereses de la Nación argentina”, aseguró.

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En otro pasaje de su discurso, Fernández Sagasti reclamó “reglas que exijan a la Justicia comprometerse con la perspectiva de género”, ante lo cual anunció la presentación de un proyecto “para aquellos casos de jueces o juezas que hayan demostrado mediante declaraciones públicas o mediante sentencias una falta de perspectiva de género”.

“Debemos pensar entre todos cómo vamos a hacer para que nunca más haya un caso Micaela en la Argentina”, expresó.

Luego señaló que “cada vez que se habla de nuevas normas para el Poder Judicial, todo es teñido por los medios de comunicación” con la sensación de que se busca “tratar de evadir la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos con la Justicia” cuando en realidad es “todo lo contrario”.

Otra oficialista, María de los Ángeles Sacnun, recordó que “en la campaña presidencial de 2019 el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de llevar adelante una profunda transformación de la Justicia, el poder menos democrático de los tres poderes del Estado” porque no es sometido al voto popular.

Sacnun habló del proyecto de reforma judicial que se encuentra trabado en la Cámara de Diputados y cuestionó la actitud de la oposición por haberlo criticado “sin antes conocer los términos”. “Están muy cómodos con esta Justicia que no le da respuesta a los ciudadanos”, lanzó.

La santafesina también se refirió al caso del juez de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani, quien -según se conoció- envió un mensaje ofensivo a un chat judicial en el marco del Día de la Mujer, situación que fue puesta en evidencia por la propia vicepresidenta Cristina Kirchner.

Para Sacnun, “es una vergüenza que un juez de Casación haya hecho lo que hizo y que no haya ningún planteo de sus pares” salvo el de otras dos integrantes de Casación, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, quienes pidieron al presidente del tribunal, Gustavo Hornos, que ordene certificar el contenido del chat.

La legisladora se preguntó, a su vez, “qué hizo el juez Hornos visitando a (Mauricio) Macri en seis oportunidades previo al dictado de resoluciones en sus causas”.

Advirtió que además de “la persecución a opositores”, también se busca “disciplinar a la política” e “interferir sobre los procesos electorales para tratar de llevar agua a su molino”, y por último reclamó un Poder Judicial “independiente no solo del poder político, sino también del económico, el mediático y los demás poderes”.

Luego fue el turno de Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien redobló la carga contra la gestión anterior. En primer lugar, recordó los casos de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, Eduardo Freiler y Carlos Rosanski, “jueces a los cuales persiguieron y amedrentaron”.

También se refirió al caso de “la familia Mahiques: uno era representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, otro era fiscal acusador de Cristina Kirchner y otro era juez, y todos entraron por la ventana”.

Finalmente, José Mayans, jefe del bloque oficialista, habló de la causa denominada “dólar futuro” y resaltó que “la vicepresidenta destruyó todos los argumentos de una causa absolutamente armada que están viendo si llevar a juicio oral, algo que no tiene ni un milímetro de sustento”.

Los pliegos aprobados

• Jorge Eduardo Di Lorenzo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II
• Juan Rafael Stinco como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 de Capital Federal
• Mercedes Maquieira como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 9 de Capital Federal
• Roberto José Boico como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal
• María Soledad Casazza como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 5 de Capital Federal
• Pablo Daniel Frick como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 de Capital Federal
• Gustavo Adolfo Vargas como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Chaco
• Natalia Eloísa Castro como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata
• Guillermo Dante González Zurro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala M
• Lorena Fernanda Maggio como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala B
• Martín Miguel García Ongaro como defensor público de víctima con asiento en la provincia de La Pampa
• Andrea Fabiana Centonze como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 70 de Capital Federal
• Moira Alicia Fullana como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 3 de Capital Federal
• Matías Sebastián Moreno Espeja como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 71 de Capital Federal
• Juan Pablo Lorenzini como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 47 de Capital Federal
• Eugenio Ricardo Labeau como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 54 de Capital Federal
• Damián Esteban Ventura como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 53 de Capital Federal
• Diego Hernán Tachella como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 20 de Capital Federal
• Vanesa Susana Moreno como defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nro. 6
• Gabriel Gerardo Rolleri como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala D
• Maximiliano Luis Caia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala J
• Macarena Marra Giménez como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 12 de Capital Federal

El Frente de Todos logró avalar este jueves en el Senado la designación de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que actúa en casos de corrupción.

Con el apoyo de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), el oficialismo aprobó el pliego enviado por el Poder Ejecutivo, con lo cual Boico pasará a integrar la Cámara junto con Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Juntos por el Cambio se dividió entre el rechazo y la abstención. Quienes se opusieron al nombramiento fueron Luis Naidenoff -jefe del interbloque-, Roberto Basualdo, Pablo Blanco, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Julio Martínez, Stella Maris Olalla, Belén Tapia y Víctor Zimmermann.

En cambio, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Alfredo De Angeli, Esteban Bullrich, Gladys González, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay se abstuvieron, al igual que Carlos Reutemann (Interbloque Federal) y llamativamente un oficialista, Claudio Poggi.

Boico, quien defendió a la expresidenta y al actual senador Oscar Parrilli en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, ocupará un lugar clave en la Sala II de la Cámara Federal, donde días atrás el Gobierno repuso además al juez Farah.

Al presentarse en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, el abogado consideró que “la característica fundamental que tiene que tener una Cámara Federal, que tiene las causas de la envergadura que tiene, es la celeridad y el compromiso por el respeto a las garantías constitucionales de todas las partes en pugna y en litigio”.

El motivo del rechazo

Quien se puso al hombro el rechazo al pliego fue la cordobesa Rodríguez Machado, que explicó que “nada hay que decir de la cuestión técnica ni los conocimientos jurídicos del doctor Boico, pero este Senado también analiza la cuestión de la imparcialidad de los jueces”.

La senadora recordó que en su presentación ante la comisión, Boico “no mencionó en ningún caso el ejercicio de la abogacía. Sabemos que este abogado no solo fue abogado defensor de Cristina Kirchner en la cuestión del memorándum con Irán, sino también lo fue del doctor Parrilli. Y habló siempre de un Poder Judicial disciplinado a la voluntad popular. Y habló insistentemente de la rendición de cuentas de los jueces frente al pueblo… pero la rendición de cuentas de los jueces es ante el Consejo de la Magistratura, no ante el pueblo”.

Alertó entonces que el doctor Boico “decididamente elige la voluntad popular y no la Constitución; y a mi entender un juez tiene que fallar en relación a las leyes, porque lo otro le compete a un organismo político”.

La defensa de Parrilli

Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, defendió la designación de Boico y criticó a Juntos por el cambio por no acompañarla.

“Fue abogado mio, sí, claro, fue abogado mio y me siento orgulloso, hizo una gran defensa, y también fue abogado de la presidenta del Senado. ¿Por qué no lo votan? ¿Porque no pasó el examen? ¿Porque no rindió bien? No, solamente por cuestiones dogmáticas, por persecución ideológica: no lo votan porque supuestamente es kirchnerista”, lanzó Parrilli.

El senador destacó que en su presentación ante la Comisión de Acuerdos, Boico “dio clase de Derecho Constitucional porque es un gran profesional, además de haber sido abogado mio. Ese es un detalle nada más”.

Parrilli insistió en que “el único motivo que tienen para no votarlo es porque fue abogado de Cristina y mio. Pero quédense tranquilos: no va a tratar ninguna causa de Cristina ni mia”.

Además, recordó que el nuevo juez “de 2015 a 2019 participó en nueve concursos; en los nueve salió ternado, en todos ganó, y no fue porque era abogado de Cristina o de Parrilli, sino porque profesionalmente es muy capaz”, pese a lo cual el gobierno anterior no impulsó su candidatura.

El Senado realizará este jueves desde las 14 su primera sesión del período ordinario, en la que se renovará por otros dos meses el sistema de funcionamiento virtual y se votarán 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores, entre ellos el de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En primer término, los senadores aprobarán el decreto 5/21, que lleva la firma de la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, y que prorroga por 60 días “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional” por la pandemia del Covid-19.

El esquema seguirá como hasta ahora, es decir, la mayoría de los legisladores podrán participar de las sesiones y reuniones de comisión desde sus domicilios particulares, sus oficinas o bien desde dependencias oficiales.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al Interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.

En la sesión también se votarán 22 pedidos de acuerdo para ocupar vacantes en el Poder Judicial, que obtuvieron dictamen favorable en la comisión presidida por Anabel Fernández Sagasti en las jornadas que se realizaron los días 25 y 26 de febrero.

Entre los pliegos figura el de Boico, exabogado de Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán, y ahora propuesto como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.

A continuación, el listado completo de pliegos que votará el Senado:

• Jorge Eduardo Di Lorenzo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II
• Juan Rafael Stinco como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 de Capital Federal
• Mercedes Maquieira como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 9 de Capital Federal
• Roberto José Boico como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal
• María Soledad Casazza como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 5 de Capital Federal
• Pablo Daniel Frick como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 de Capital Federal
• Gustavo Adolfo Vargas como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Chaco
• Natalia Eloísa Castro como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata
• Guillermo Dante González Zurro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala M
• Lorena Fernanda Maggio como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala B
• Martín Miguel García Ongaro como defensor público de víctima con asiento en la provincia de La Pampa
• Andrea Fabiana Centonze como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 70 de Capital Federal
• Moira Alicia Fullana como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 3 de Capital Federal
• Matías Sebastián Moreno Espeja como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 71 de Capital Federal
• Juan Pablo Lorenzini como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 47 de Capital Federal
• Eugenio Ricardo Labeau como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 54 de Capital Federal
• Damián Esteban Ventura como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 53 de Capital Federal
• Diego Hernán Tachella como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 20 de Capital Federal
• Vanesa Susana Moreno como defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nro. 6
• Gabriel Gerardo Rolleri como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala D
• Maximiliano Luis Caia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala J
• Macarena Marra Giménez como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 12 de Capital Federal

En la última sesión extraordinaria antes del comienzo de un nuevo período legislativo, el Senado dio aval a los pliegos de tres nuevos embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo.

Se trata de las designaciones de Luis Ilarregui, quien irá como diplomático a Cuba; Ariel Basteiro, con destino a la sede argentina en Bolivia; y Sabino Vaca Narvaja, que será el representante en la embajada de China.

La votación resultó con 68 votos positivos y una sola abstención, del salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal).

“Los tres embajadores estuvieron en la Comisión de Acuerdos, fueron consultados por los senadores, y todos han recibido las respuestas correctas y suficientes como para dar acuerdo”, consideró la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti.

La oficialista señaló que “tanto Cuba como Bolivia y China son lugares estratégicos no solo en materia comercial, sino también en materia tecnología y de recursos naturales”.

En ese sentido, precisó que los tres candidatos “fueron consultados no solo sobre las estrategias comerciales sino también sobre la vinculación política y social” con esos países, particularmente en Bolivia “después del golpe de Estado y luego de haber restaurado la democracia con elecciones libres”.

Por su parte, Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se refirió a la relación con los tres países, y en cuanto a Bolivia destacó la explotación de litio y el apoyo a la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

También señaló que esperan “la plena incorporación de Bolivia al Mercosur, que ha estado parada por mucho tiempo”. “Confío en que ahora se pueda convencer a las autoridades de Brasil y a su Congreso para que finalmente se le dé el ingreso de Bolivia al Mercosur”, expresó.

Sobre China, Taiana  destacó que “es el segundo socio comercial de Argentina”, que “exporta 16.000 millones de dólares por año”.

En el mismo sentido, y tras adelantar el acompañamiento de Juntos por el Cambio, el senador Humberto Schiavoni (Pro) subrayó que “más allá de la importancia estratégica de China como potencia mundial y por el intercambio comercial, se abren posibilidades muy concretas como la ‘Ruta de la seda’”.

Schiavoni también elogió la tarea Diego Guelar, quien se desempeñó como embajador entre 2015 y 2019 y como tal “intensificó y profundizó la relación estratégica con China”.

Por su parte, Romero explicó la razón de su abstención: dijo “no tener elementos” para votar en contra de las designaciones, pero tampoco para acompañarlas.

“No sé de qué manera estas personas van a representar el interés nacional en los países para los que son designados”, dijo, y tras desearle suerte a los nuevos diplomáticos aseguró que “los resultados se van a ver con el tiempo”.

Los nuevos embajadores

larregui, exintendente del partido bonaerense de Ayacucho, fue cercano al expresidente Néstor Kirchner y se desempeñó en los cargos como diputado y senador provincial.

Por su parte, Basteiro, de origen sindical, ya fue embajador en Bolivia desde julio de 2012 hasta diciembre de 2015, durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner. Hasta el momento se desempeñaba como titular del Astillero Río Santiago.

En tanto, Vaca Narvaja se desempeña en la embajada argentina en China como representante especial para la Promoción del Comercio y de las Inversiones. Con formación en las relaciones bilaterales entre el gigante asiático y Argentina, sabe hablar mandarín y ya cuenta con el placet del gobierno de Xi Jinping.

En la primera sesión del año, el Senado dio ingreso formal a un conjunto de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del abogado Roberto Boico, quien defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al senador Oscar Parrilli durante la causa del Memorándum con Irán.

Boico fue propuesto para ocupar un lugar clave en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala II, que actúa en los casos de corrupción, donde el Poder Ejecutivo la semana pasada por decreto repuso a Eduardo Farah.

Tras tomar estado parlamentario se abre un plazo para que la postulación reciba apoyos e impugnaciones, antes que el candidato se presente en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti y donde el Frente de Todos tiene mayoría para lograr el dictamen y votarlo en el recinto.

Además, en la sesión tuvieron ingreso formal los pliegos para embajadores de Sabino Vaca Narvaja (China), Luis Ilarregui (Cuba) y Ariel Basteiro (Bolivia).

También, el Poder Ejecutivo envió un paquete de designaciones para el Poder Judicial, ascensos militares y solicitó acuerdo para nombrar a Diego Alberto Bastourre como director del Banco Central de la República Argentina.

En la sesión de este lunes tomó estado parlamentario el pliego de Alejo Ramos Padilla, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral.

La postulación se trata de uno de los más de 200 pliegos que el Gobierno retiró en el verano para su revisión, ya que la gestión anterior había impulsado a Laureano Durán. La nueva candidatura fue girada a la Cámara alta el viernes pasado.

Ramos Padilla es actualmente juez federal de Dolores y tiene a su cargo la causa sobre una presunta red de espionaje ilegal, que estalló el año pasado con el caso del falso abogado Marcelo D'Alessio, y por la cual está imputado, entre otros, el fiscal Carlos Stornelli.

Ante el Consejo de la Magistratura, el gobierno de Cambiemos había denunciado al magistrado por mal desempeño y rechazó, pese a estar primero en la terna, enviar su pliego para ocupar el cargo que se encuentra vacante desde 2014, tras la muerte de Manuel Blanco.

Ahora, el trámite continuará en el ámbito de la Comisión de Acuerdos que, tras recibir eventuales adhesiones o impugnaciones al pliego, convocará a una audiencia pública para que Ramos Padilla pueda exponer y responder preguntas de los senadores. Con mayoría asegurada, se prevé que su designación avance sin mayores dificultades.

El Senado aprobó por unanimidad (69 votos positivos) el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para promover al grado de inmediato superior al capitán de fragata Pedro Martín Fernández, con fecha 15 de noviembre de 2017.

Se trata del capitán del submarino ARA San Juan, que se hundió hace un poco más de tres años atrás. Precisamente, en el acto aniversario de hace dos semanas, realizado en la Base Naval de Mar del Plata, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó el homenaje en el que se otorgó el ascenso post mortem a los 44 submarinistas.

Miembro informante del oficialismo, la senadora Anabel Fernández Sagasti destacó a Fernández como un "héroe de la Patria", al igual que el resto de los tripulantes. Asimismo, recordó la labor de la bicameral investigadora del hundimiento y la "peregrinación" que tuvieron que realizar -y continúan- las familias por "verdad y justicia".

La presidenta de la Comisión de Acuerdos señaló que la desaparición y el hundimiento de la nave fue "la catástrofe más importante de la Armada en tiempos de paz", y consideró a este ascenso como un paso más en "la reparación que las familias necesitan".

"Desde el 5 de diciembre de 2017 el Estado sabía qué había pasado con el ARA San Juan", remarcó la mendocina y agregó que "recién un año después" las familias "pudieron saber qué había pasado y dónde se hallaba el submarino".

Fernández Sagasti cargó contra el gobierno anterior por "las denuncias de hostigamiento y también de espionaje a los familiares" de los submarinistas. "Hoy está saliendo a la luz todo lo que se denunció y que la comisión investigadora plasmó" en su informe, sostuvo. Y llamó a "hacer todo lo que tengamos que hacer para que nunca más una tragedia como esta vuelva a ocurrir".

Por su parte, el senador del Pro Ernesto Martínez se refirió a un listado de ascensos militares en el cual se excluyeron a dos oficiales: Walter Rovira y Jean Pierre Claisse. El vicepresidente de la Comisión de Acuerdos recordó que el dictamen salió tal como lo propuso el Poder Ejecutivo, pero en la orden del día se retiraron esos nombres, algo que calificó como "un acto de profundísima injusticia por parte de la mayoría del Senado".

"No están por haber sido testigos, uno en un caso donde se investigaba a Milagro Sala, y en otro donde se investigaba a Amado Boudou", advirtió y enfatizó que sus declaraciones ante la Justicia "obedecieron a respuestas objetivas, sin ninguna subjetividad de ninguno de los militares, sin ninguna valoración, ni agregado", pero "por odio, por rencor, por revancha, ninguno de los dos militares van a ser ascendidos".

La Cámara alta también aprobó un paquete de ascensos militares, y la designación de Néstor Pablo Barral como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, Sala II

El Senado aprobó este jueves, por 65 votos afirmativos y uno negativo -del salteño Juan Carlos Romero-, la designación Roberto Carlés como embajador en Italia.

Se trata del abogado de 39 años, quien realizó su doctorado en Derecho en ese país, había sido propuesto en 2015 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para reemplazar en la Corte Suprema a Raúl Zaffaroni, pero finalmente su postulación fue retirada.

En la sesión, el pleno también avaló el nombramiento del exdiputado José Carlos "Conde" Ramos como cónsul en Asunción, Paraguay, país donde actualmente se desempeña como embajador el exgobernador chaqueño Domingo Peppo.

Por otra parte, recibieron aprobación un total de 58 ascensos en Cancillería. Se trata de una nómina que había quedado retrasada en su tratamiento por el recambio de gobierno en diciembre pasado.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, recordó que tanto Carlés como Ramos asistieron a audiencia pública y respondieron preguntas de los senadores.

Por otro lado, la miembro informante destacó "la integración con un criterio de equidad" de género en las listas de ascensos de diplomáticos, algo que "hemos observado con mucha alegría".

"A pesar de estar en un contexto inusitado la República Argentina y la humanidad, estamos trabajando desde el Senado de la Nación para garantizar el funcionamiento de los distintos poderes del Estado", agregó.

En su segunda sesión ordinaria del año, el Senado se reúne desde las 14.17. Este jueves se convertirá en ley el proyecto requerido desde el Ministerio de Salud para establecer las condiciones en los contratos que el Estado Nacional firmará con la industria farmacéutica para la compra de vacunas contra el Covid-19.

Se trata de una norma que otorga protección jurídica a los laboratorios productores al establecer cláusulas de prórroga de jurisdicción, confidencialidad e indemnidad patrimonial.

Además, se exime de impuestos a las vacunas importadas, las cuales pasarán por "aprobación de emergencia" en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y deberán ser analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

En tanto, los contratos celebrados tendrán que ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.

Por otra parte se dará media sanción a un proyecto de ley consensuado sobre la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos que contengan exceso de sodio, azúcares o grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.

La iniciativa prevé la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas que contengan nutrientes críticos y estén dirigidos principalmente a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, estos productos no se podrán vender en los kioscos de las escuelas.

También indica que las sanciones a las empresas serán las contempladas en la normativa de Lealtad Comercial; y encomienda al Poder Ejecutivo a reformular el Código Alimentario como sea necesario, entre otros puntos.

Al comienzo de la sesión habrá un homenaje a Néstor Kirchner, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento; se tratarán un conjunto de pliegos y un paquete de proyectos sobre transferencias de inmuebles desde el Estado Nacional hacia distintas localidades de las provincias de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Misiones.

En una nueva audiencia pública realizada este martes, la Comisión de Acuerdos recibió a un grupo de candidatos a cubrir vacantes en juzgados de primera instancia del Trabajo, todos con asiento en la Capital Federal.

Los postulantes están dentro de un paquete de pliegos que el Poder Ejecutivo envió el pasado 30 de septiembre a la Cámara alta.

Al igual que este lunes, al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, informó el pase a la firma de los dictámenes, para que puedan ser tratados la semana próxima en el pleno.

Propuesta para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°21, Viviana Dobarro sostuvo: "Es un honor esta postulación y poder acceder a este cargo para el cual me he preparado durante 30 años, es un inmenso desafío mantener y mejorar el servicio, voy darle mi impronta con el compromiso de vocación, dedicación y pasión".

Por su parte, Fabiana Rodríguez, candidata al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°50, se refirió a la perspectiva de género y señaló que "es fundamental que nosotros, como operadores del sistema, eliminemos de nuestras prácticas cotidianas aquellas que reproducen desigualdades y discriminaciones. Es importante un ambiente de trabajo libre de estereotipos y prejuicios".

A su turno, Andrea Urretavizcaya, quien irá al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°12, recordó que en caso de ser designada será "la cuarta titular efectiva" que tenga el juzgado "desde su creación", el cual actualmente y desde 2016 está siendo cubierto por subrogancias. "El juzgado mantuvo un adecuado funcionamiento aún en etapa de pandemia", dijo y detalló que posee "100 expedientes por resolver".

Otro de los expositores durante el encuentro fue Alejandro Musa, propuesto para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°78, quien al igual que todos los candidatos coincidió en la cuestión del impuesto a las Ganancias. "No tengo objeción a que los jueces paguemos impuesto a las Ganancias, no sólo porque es una ley vigente sino, también, por una cuestión relativa a los principios de igualdad constitucional".

En tanto, Héctor Karpiuk, postulado para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°22, reveló que trabaja en el fuero desde 1981 y pasó por todos los cargos. Sobre su destino, contó que se trata de un juzgado "que estuvo muchos años sin juez designado, se han cumplido subrogancias y hay alrededor de 150 expedientes de sentencia. El juzgado funciona correctamente, no es un juzgado que tenga malos comentarios".

También defendió su pliego Ana Clara Alfie, quien será designada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°37, que expresó su conformidad con que "estas vacantes vayan a ser resueltas", ya que manifestó que hace 19 años es "abogada laboralista y litigante ante este fuero". Alfie, quien relató que se desempeño como asesora técnica del diputado nacional Hugo Yasky, indicó que el juzgado "está hace casi una década sin juez titular" y actualmente tiene "2.500 causas en trámite".

Además, concurrieron a audiencia pública Carlos Nagata, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°59; María Eugenia Plaza, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°44; Lucas Malm Green, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°6; y Santiago Docampo Miño, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°18. También lo hizo, Juan Bernardo Candia, propuesto como defensor público de menores e incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo N°1 de Capital Federal.

Por más de cuatro horas, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, realizó este lunes una audiencia pública a 11 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en la Justicia.

Tras la reunión se pasaron a la firma los pliegos, entre ellos el de Mariano Galletta, postulado para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, un cargo que reclama una mujer -presentó un amparo- que había salido primera en la terna del concurso realizado en 2018.

Se trata de Vanessa Lucero, cuyo pliego en 2019 no llegó a ser tratado y, a principio de este año, el Gobierno lo retiró para su revisión. Finalmente, en septiembre pasado se envió la candidatura de Galletta.

Último orador de la jornada, Galletta repasó su trayectoria, destacando que "hace 27 años" trabaja en el Ministerio Público de la Defensa y pasó "por todos y cada uno de los cargos de escalafón". "Desde 2007 vengo cumpliendo funciones como defensor ad hoc", relató, y precisó que incluso fue destinado a diferentes defensorías en "Tucumán, Chubut, San Juan" y actualmente en la N°5 de la Ciudad de Buenos Aires.

El candidato aseveró que la dependencia de Tucumán le es "conocida", y afirmó que buscará "promover y fomentar" la implementación del Código Procesal Penal; mejorar el acceso a la justicia para las mujeres en prisión; armar equipos interdisciplinarios; y capacitar al personal en cuestiones de género y discapacidad, entre otras acciones. "Conozco la jurisdicción, la materia penal y el trabajo de la defensoría", ratificó.

Aunque no integra la comisión, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) participó de la reunión y cuestionó la respuesta de Galletta a una de las impugnaciones que recibió. "Para mí ha buscado un camino que me da pena", lanzó la legisladora, quien resaltó que "ha faltado a la verdad" al "justificar la propuesta de su pliego, a pesar de que ha salido tercero en el concurso, y las dos primeras han sido mujeres".

En ese sentido, la radical le reprochó haber "confundido" la situación de la provincia respecto a la participación de mujeres en los cargos con la jurisdicción toda, que abarca Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

"En mi provincia todos los defensores son hombres, todos los fiscales son hombres, todos los jueces federales son hombres, tenemos que irnos hasta la Cámara para encontrar alguna mujer", enfatizó Elías de Pérez que, no obstante, aclaró: "No tengo nada para objetarle; no tengo ninguna intención de mancharlo en lo más mínimo". Sin embargo, cuestionó al oficialismo por "llenarse la boca hablando de género".

Más tarde, la opositora volvió a insistir con la situación de la Justicia en su provincia y expresó: "Siento que hay un desprecio absoluto a la mujer tucumana". "Yo hablo en castellano porque el idioma no es lo que incluye, incluyen otras cosas, romper el techo de cristal es una de esas", completó.

Al cruce le salió otra tucumana, la oficialista Beatriz Mirkin, quien consideró que Elías de Pérez tenía "una opinión subjetiva sobre lo que plantea". "Si el doctor Galletta hubiera salido primero, ¿a quién hubiera defendido la senadora? Evidentemente ya tenía tomada una posición", añadió. Aunque coincidió en que a la justicia de su provincia "le hacen falta más mujeres".

El resto de los candidatos

Propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Formosa, María Belén López Mace señaló que se trata de "un juzgado multifuero que tiene jurisdicción en toda la provincia", el cual posee "una secretaría penal" que tiene "el mayor caudal de causas narcotráfico y contrabando".

La candidata recordó que la provincia absorbió años atrás "la competencia en tenencia simple, tenencia para consumo, y venta y compra de estupefacientes en pequeña escala", lo que "permitió descomprimir la cantidad de causas que se tramitaban en el juzgado federal; y que la justicia federal se dedique exclusivamente a la persecución de las grandes organizaciones criminales".

Actualmente, detalló que "las incautaciones son en su mayoría de marihuana, ya que viene directamente de Paraguay" e "ingresa con destino a distintos lugares del país, pero también como tránsito hacia el país vecino de Chile".

Por otro lado, Mace destacó: "En caso que el Senado me otorgue el acuerdo sería la primera vez que en la justicia federal de Formosa se designe a una mujer como titular en el cargo, lo cual redundaría en una representación del género y también, por supuesto, en el cupo femenino, que es tan necesario en los cargos de mayor jerarquía del Poder Judicial de la Nación".

A su turno, Guillermo Díaz Martínez, postulado para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Catamarca (Catamarca), dijo que ese juzgado fue creado por ley en el 2015 y "esta creación fue de una larga espera para la provincia".

"Entre sus rasgos principales viene a descomprimir las competencias del Juzgado Federal N°1", indicó y subrayó que "Catamarca ha crecido en su población" y, por ende, "en su conflictividad judicial".

Al ponerse en marcha, el Juzgado Federal N°2 tendría competencia en toda la provincia sobre lo "civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social", mientras que el Juzgado Federal N°1 quedaría con los fueros "penal, electoral y de ejecución fiscal".

"Viene a brindar mayor servicio de justicia para todos los catamarqueños", insistió Díaz Martínez, quien aseguró que su aspiración "no solo versará en el enfoque en la perspectiva de género, sino que será con independencia, imparcialidad, dedicación y responsabilidad; y volcaré mi experiencia para la resolución de manera eficiente y rápida".

Por su parte, Federico Martín, aspirante al cargo de juez federal de primera instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, informó que el juzgado tiene "competencia en cuatro de los 17 departamentos de la provincia" que "representan más del 25% de la superficie de la provincia", aunque "no es un sector densamente poblado".

"(El juzgado) es una deuda pendiente de implementación", sostuvo, y remarcó que más allá de su competencia para atender el tema del narcotráfico, también es necesario por "la reciente problemática ambiental" que se vio con los incendios en las islas de Victoria.

Otro de los candidatos que expuso este lunes fue Claudio Vázquez, propuesto para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos (Santa Cruz), quien afirmó que buscará "dar agilidad, celeridad y transparencia a la gestión y, también, dar participación activa de todos los integrantes del juzgado mediante la motivación, el trabajo en equipo y la capacitación".

"En cuestión de género propongo acciones positivas para que las empleadas estén en igualdad de condiciones con los varones", agregó, al tiempo que abogó por "realizar estadísticas actualizadas de las causas de las distintas secretarías que componen el juzgado; controlar los recursos económicos y bienes del juzgado; y dar a las víctimas mayor participación de los procesos judiciales para que su opinión sea tenida en cuenta. Mi intención es acercar la Justicia a la gente".

También se presentaron en audiencia pública los candidatos a jueces Ricardo Mianovich, para el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Resistencia (Chaco); Gabriel Di Giulio, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Azul (provincia de Buenos Aires); y Guillermo Quadrini, para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego.

Además, expusieron María Virginia Jalil Colomé, candidata a defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes (San Luis); Celia Delgado, propuesta como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca (Río Negro); y Carlos Escandar, postulado como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Salta.

La Comisión de Acuerdos del Senado avanzó este miércoles con el dictamen favorable del pliego de Roberto Carlés, propuesto por el Gobierno como embajador en Italia.

Durante la audiencia pública, Carlés repasó su trayectoria y aseguró que Italia es un país al que está "muy unido". "En el plano académico hice un doctorado en Derecho en Italia, donde viví más de tres años", relató y agregó que ha regresado "prácticamente todos los años para brindar clases, conferencias y asistir a congresos".

El abogado consideró que en la actualidad existe una "evaluación errónea" de "la proximidad que tenemos con ese país", anclada en el pasado migratorio. "Es tiempo de conjugar la relación en tiempo presente", opinó y, en ese sentido, remarcó que eso "implica diversificar y ampliar la agenda bilateral y diplomática, reposicionar a Argentina como un actor relevante, y trabajar en el plano comercial".

"En ese plano, quiero ser el embajador de las 24 provincias argentinas para Italia", afirmó Carlés, al tiempo que habló de la "misión de promover el desarrollo de las industrias culturales" a través de "la exportación de contenido audiovisual", entre otros puntos.

El senador Jorge Taiana (FdT) lo valoró como "una muy buena designación" y coincidió en que "es central" entender la relación actual con ese país, sobre el cual "hemos tenido una visión que se ha ido distorsionando" en el tiempo.

Consultado por el senador fueguino Matías Rodríguez (FdT) sobre la cuestión Malvinas, Carlés expresó que buscará "la creación del foro Malvinas, que sea un espacio al que puedan asistir personalidades destacadas italianas" que estén a favor de la posición de Argentina y, así, promover el reclamo nacional por Europa.

En tanto, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, señaló que Italia "es la séptima economía del mundo" y "en este momento necesitamos tener visiones contemplativas por parte de los países que han tenido desarrollo de sus economías hacia los países de Latinoamérica".

Por lo tanto, "es un país sumamente importante", manifestó el formoseño y llamó a realizar "los esfuerzos para mejorar la relación en todos sentidos". "Creemos que (Carlés) es la persona que está preparada para eso", agregó.

Por otra parte, asistió a audiencia pública José Carlos Romero, propuesto como cónsul en Asunción. Al repasar su trayectoria y destacar su "trabajo siempre desde la militancia", el exdiputado nacional sostuvo que "siempre he trabajado con la democracia" y tuvo "una relación muy estrecha con los países vecinos", entre ellos Paraguay.

Los senadores Humberto Schiavoni (Pro) y José Mayans (FdT) elogiaron su figura, al igual que Jorge Taiana, quien lo calificó como "un hombre constructor de puentes" y "buen conocedor de Paraguay". Además, el bonaerense aseveró que su condición política será importante en "el fortalecimiento de la relación bilateral" con ese país, que en los últimos tiempos "ha tenido una tendencia a ir más para atrás".

En el temario de la reunión también se aprobaron un conjunto de pliegos de ascensos diplomáticos. Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, explicó que se trata de "ascensos que están atrasados" por el recambio de gobierno que hubo en diciembre y abogó que "antes de fin de año debiera llegar la (nómina) que corresponde a este año".

El Senado aprobó este jueves, con votos del oficialismo y aliados, un total de 28 pliegos que habían sido enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Entre los expedientes, se votó a favor de dos traslados que habían sido girados para ser revisados.

Se trata de las juezas Zunilda Niremperger, a cargo Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Resistencia, Chaco; y Verónica Skanata, al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones.

Ambas asistieron a audiencia pública realizada el pasado 4 de septiembre, ocasión en la que se ausentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron suspendidos por el Senado.

Anabel Fernández Sagasti, titular de la Comisión de Acuerdos, aprovechó para recordar que a diferencia de esos tres jueces, Niremperger y Skanata no solo asistieron, sino que “se explayaron largamente sobre su trayectoria profesional”.

“Hay una notoria diferencia con tres magistrados de la Nación que decidieron no asistir a la audiencia pública para considerar sus traslados”, criticó la oficialista, y sostuvo que “la comparecencia a la audiencia pública es un requisito ineludible para que el Senado preste acuerdo”.

Laura Rodríguez Machado (Pro) salió al cruce de Fernández Sagasti y enfatizó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “no vinieron a las audiencias públicas porque las audiencias públicas solo se manifiestan para los casos de aprobar o rechazar un pliego, no de revisar un traslado”.

“Jamás se puede convocar a un juez para explicar si su traslado, que lo dispuso el Poder Ejecutivo, fue hecho de forma correcta”, consideró la cordobesa, y dijo que en ese caso el magistrado debería comparecer ante el Consejo de la Magistratura.

En tanto, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) añadió que “aunque los jueces hubieran venido de rodillas, ya estaban condenados a que se anularan sus traslados”, y “por su dignidad no se presentaron al escarnio de algo que no corresponde”.

Romero denunció una “manipulación evidente del Poder Judicial”, basada en que “aquellos jueces que no dictan sentencias favorables” sufren “amenazas, desplantes y acusaciones”, y puso el ejemplo del procurador interino Eduardo Casal, a quien “quieren alejar para que el segundo o tercero (del Ministerio Público Fiscal), afiliado a la agrupación Justicia Legítima, asuma el cargo”.

Otros pliegos aprobados

En la votación, el paquete de pliegos recibió 40 votos a favor, cuatro en contra y 16 abstenciones, en su mayoría de Juntos por el Cambio.

Entre las postulaciones aprobadas figura María Isabel Caccioppoli, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; Pablo Gabriel Salinas, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza; Pablo Oscar Quirós, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Mendoza; e Ivana Soledad Hernández, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, La Pampa.

También María Carolina Pereira, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; Susana Beatriz Pravata, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Mendoza; Edgardo Walter Lara Correa y Diego Martín Cormick, jueces del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 y N°11 de la Capital Federal, respectivamente.

En tanto, David Perelmuter fue designado juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°1 de la Capital Federal; Enrique Manuel Alonso Regueira, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Capital Federal; María Belén Puebla, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°108 de la Capital Federal; y María Constanza Caeiro, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°30 de la Capital Federal.

La nómina de jueces se completa con Héctor Andrés Heim a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, Buenos Aires; y Martín Miguel Innocente en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

Por su parte, Viviana Patricia Piñero fue avalada como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I; y Juan Alberto Fantini Albarenque como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II.

En la sesión se aprobaron además los pliegos de Iara Jesica Silvestre para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, La Pampa; y de Eduardo José Villalba para fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

En otro orden, fueron avalados Alejo Amuchástegui, defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza; Gema Raquel Guillen Correa, defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan; Ivana Verónica Mezzelani, defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de La Plata, Buenos Aires; Inés Jaureguiberry, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires; Guillermo Ariel Todarello, defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Martina Gómez Romero y Ramiro Javier Rúa, defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación.

El Senado dio ingreso formal este viernes a una treintena de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo -el pasado 30 de septiembre-, con el objetivo de cubrir cargos de jueces, vocales de cámara y defensores públicos.

Los 31 candidatos a ocupar vacantes en el Poder Judicial deberán próximamente pasar por audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Dentro del paquete de pliegos se encuentra el del juez federal de Tucumán Raúl Daniel Bejas, propuesto para la Cámara Nacional Electoral (CNE), actualmente conformada por los magistrados Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. El tercer cargo en el tribunal está vacante desde 2016, cuando falleció a los 87 años el juez Rodolfo Munné.

Además, fueron propuestos para cubrir las vacantes en juzgados de primera instancia de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires Andrea Urretavizcaya, Fabiana Rodríguez, María Eugenia Plaza, Carlos Nagata, María Luján Garay, Laura Darruda, Santiago Docampo Miño, Lucas Malm Green, Ana Alfie, Alejandro Musa, Héctor Karpiuk y Viviana Dobarro.

Por otra parte, se postuló a Federico Martín, como juez federal de primera instancia de Victoria (Entre Ríos); Guillermo Díaz Martínez, como juez federal de primera instancia N°2 de Catamarca; y María Belén López Mace, como jueza federal de primera instancia N°2 de Formosa.

Integran la nómina Gabriel Di Giulio, para juez federal de primera instancia de la ciudad bonaerense de Azul; Ricardo Mianovich, para el juzgado de primera instancia N°2 de Resistencia (Chaco); Guillermo Guadrini, para juez de cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Tierra del Fuego; y Claudio Vázquez, para juez federal de primera instancia de Río Gallegos (Santa Cruz).

Entre los defensores públicos propuestos están Mercedes Robba, Celia Delgado, María Virginia Jalil Colome, Mariano Galletta, Carlos Escandar y Juan Candia.

En tanto, Adriana Cammarata y Sebastián Russo fueron sugeridos como vocales de la Sala 1 y Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, respectivamente; Javier Cosentino y Héctor Chomer como vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires; y Alejandra Quinteiro, como jueza ante el Tribunal Oral de Menores N°2 de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego que la Comisión de Acuerdos avanzara esta semana con el análisis de un conjunto de pliegos, el Poder Ejecutivo envió este miércoles un nuevo paquete de mensajes en los que solicita prestar acuerdo a 31 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.

Dentro de los expedientes se encuentra el pedido para la designación del juez federal de Tucumán Raúl Daniel Bejas en la Cámara Nacional Electoral (CNE), actualmente conformada por los magistrados Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera.

El tercer cargo en la CNE está vacante desde 2016, cuando falleció a los 87 años el juez Rodolfo Munné.

El tribunal en cuestión posee competencia electoral en todo el país y tiene entre sus atribuciones el Registro Nacional de Electores y el Registro Nacional de Partidos Políticos, a la vez que sus fallos son obligatorios para los jueces de primera instancia y para las juntas electorales nacionales.

El Consejo de la Magistratura había elevado en 2018 al Poder Ejecutivo una terna para cubrir esta vacante, donde además del juez Bejas estaba Alejandra Lázzaro, secretaria de la Cámara Nacional Electoral, quien era impulsada en la gestión anterior por el sector de la UCR; y Hernán Golçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Electoral.

Bejas actualmente se desempeña en el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que tiene competencia electoral en esa provincia.

La Comisión de Acuerdos del Senado, a cargo de la oficialista Anabel Fernández Sagasti, completó este miércoles las audiencias públicas con 29 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en el Poder Judicial.

En una nueva reunión, los senadores del oficialismo y la misionera Magdalena Solari Quintana -Juntos por el Cambio estuvo ausente- escucharon en esta ocasión a ocho de los postulantes.

Propuesto para juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°1 de la Capital Federal, David Perelmuter, aseguró que en la justicia juvenil encontró su "vocación" y manifestó su "compromiso y pasión por la justicia especializada" en este tema. Además, detalló que en ese tribunal, ubicado en el 7mo. piso de Comodoro Py, "se tramitan unas 2.000 causas aproximadamente".

"Voy a ejercer mi cargo de juez con compromiso, profesionalismo, pasión y aplicando la ley", afirmó. En tanto, al ser consultado por la baja de la edad de imputabilidad, dijo que "a todo ciudadano que comete un delito, no importa la franja etaria en la que se encuentra, deben garantizársele sus derechos".

Perelmuter mencionó que desde el Comité de los Derechos del Niño se hace referencia a que no se retroceda en la baja de la edad de imputabilidad y confirmó: "No es favorable la baja de la edad de punibilidad actualmente".

Por su parte, María Belén Puebla, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°108 de la Capital Federal, señaló que el fuero civil "es un fuero silencioso del que no se habla mucho, sin embargo es un fuero que está continuamente al lado de los ciudadanos y ciudadanas. Está presente cuando las personas nacen, cuando crecen, cuando la persona ingresa a la mayoría de edad, cuando las personas forman pareja, cuando las rompen, cuando tienen descendencia, cuando adquieren su primera vivienda, cuando alquilan su primera vivienda, muchas veces cuando se enferman, e incluso cuando fallecen". "Nuestra tarea y nuestra misión es resolver el problema diario y cotidiano de la gente", agregó.

A continuación, María Constanza Caeiro, quien aspira al cargo de jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°30 de la Capital Federal, destacó que posee una trayectoria de "30 años en el fuero", en el cual "los procesos suelen ser largos y los expedientes voluminosos", con lo cual "un juez no puede trabajar solo, es imposible; es fundamental conocer al personal y tener mucha capacitación".

"Me interesa lograr que a la gente le llegue una sentencia razonablemente fundada y en tiempo oportuno y que la sentencia sea para la gente", enfatizó.

Defendió también su postulación a juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de la Capital Federal, Hugo Daniel Navarro, quien sostuvo: "Pienso aportar toda mi experiencia para resolver de la mejor manera posible los casos que se presentan ante el tribunal. Conozco los problemas que existen en el fuero penal de menores, sé cómo resolverlos. Tengo vocación por llegar a la magistratura, mi idea siempre fue llegar a juez desde que inicié mis estudios".

"Quiero brindar todo de mí para poder hacer una justicia de mayor calidad. Voy a hacer aplicación de los tratados de derechos humanos y garantías y, en especial, de la Convención de los Derechos del Niño", aseguró, al tiempo que abogó por "tratar de acercar a las partes, lograr la paz social y que el conflicto se resuelva".

Además, en la reunión expusieron los candidatos a defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación, Martina Gómez Romero y Ramiro Javier Rúa; a defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N°2, Guillermo Ariel Todarello; y a vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, Juan Alberto Fantini Albarenque.

Malestar legislativo generó la solicitud del gobernador Axel Kicillof, incluida hoy en el Boletín Oficial, que busca alterar el destino de los pliegos para la designación de jueces en la Provincia.

“El Senado se expedirá sobre el tema y nuestro Bloque desestima la solicitud del gobernador”, sostuvieron los senadores de Juntos por el Cambio.

“El artículo 204 inciso g del Reglamento Interno del Senado es muy claro y refiere que la Vicegobernadora debe representar al Cuerpo y hablar en nombre de él, no pudiendo sin su acuerdo contestar ni dirigir por escrito comunicaciones que no sean de trámite”, remarcaron los senadores.

En ese sentido, los legisladores detallaron que “los pliegos fueron repuestos al orden del día en la última sesión del Senado porque las autoridades de este Cuerpo los habían retirado equivocadamente ya que los mismos tenían despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos”.

Por su parte, Roberto Costa, titular de la bancada de JxC en el Senado manifestó que “la solicitud del gobernador es improcedente, inconstitucional y desconoce el trabajo que se viene llevando adelante por cuatro senadores, dos del oficialismo y dos de la oposición”, y agregó: “desconoce también las conversaciones con el presidente del bloque oficialista, con distintos ministros de su gabinete y con la propia vicegobernadora”.

“Kicillof no entiende la división de poderes. Hemos perdido capacidad de asombro, no es la primera vez que el gobernador desconoce el funcionamiento y las normas de la Provincia. Su actitud es temeraria”, remarcó Costa y argumentó: “el Poder Legislativo tiene la facultad en este momento de aprobar o no dichos pliegos”.

El envío de los pliegos para la "prestación de acuerdo" había sido realizado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal entre junio y agosto de 2019.

El ministro de Justicia y DD.HH., Julio Alak, explicó que “dado el tiempo transcurrido y la existencia de numerosos hechos sobrevinientes desde su envío —algunos de notoria gravedad–, corresponde que el Senado devuelva los pliegos para que el Ejecutivo reevalúe pormenorizadamente cada uno”.

Alak sostuvo que el art. 175 de la Constitución Provincial habilita la devolución de los pliegos requeridos, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a designar a los jueces y miembros del Ministerio Público de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura.

Subrayó, asimismo, que la posibilidad del Ejecutivo de reexaminar los pliegos enviados al Senado ante hechos sobrevinientes ha sido expresamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en el fallo “Decastelli”.

En la misma línea, el ministro de Justicia recordó que “existen numerosos antecedentes de devoluciones de pliegos del Senado al Ejecutivo”; el más reciente, según recordó, “es el pedido efectuado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal a poco de asumir, a través del responsable de la cartera de Justicia, Carlos Mahiques”. Como consecuencia de ese requerimiento, el 18 de marzo de 2016, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida entonces por la senadora de JxC Nidia Moirano, y el vicegobernador Daniel Salvador remitieron en devolución al Poder Ejecutivo los 126 pliegos de jueces y miembros del Ministerio Público que el ex gobernador Daniel Scioli había girado en agosto de 2015.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo, según informó Alak, “se comprometió a realizar la tarea de reevaluación” de los pliegos, en el marco de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, “en un plazo perentorio de sesenta días corridos desde el momento en que el Senado proceda a su devolución”.

El senador oficialista Mario Pais defendió este lunes el rechazo a los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, luego de la audiencia pública realizada el viernes pasado.

El chubutense indicó que "la Constitución prevé el acuerdo (de la Cámara alta) para la Corte Suprema y para los jueces federales inferiores".

"El Consejo de la Magistratura observó que a estas designaciones les faltaba ser completadas", recordó y explicó que "los traslados tuvieron dictamen favorable del Consejo de la Magistratura y por decreto del Poder Ejecutivo, pero no tuvieron acuerdo del Senado".

En ese sentido, el legislador del Frente de Todos señaló que una acordada de la Corte estableció que "en el cambio de jurisdicción y naturaleza de competencia de un magistrado, todo magistrado para acceder al cargo que tiene debe pasar por el sistema que prevé la Constitución".

"Todo traslado de un magistrado a un nuevo cargo debe cumplimentar el proceso constitucional", insistió en diálogo con Radio 10.

Pais consideró que ante el faltazo, Bruglia y Bertuzzi "nos han impedido que podamos ejercer este derecho". "De los diez pliegos, a los tres que no se presentaron, que no cumplieron el trámite, se les debe rechazar el pliego", remarcó.

Por Melisa Jofré

El oficialismo en el Senado avanzó con el rechazo de los traslados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal, Sala I, de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes intervienen en analizar cada paso de la denominada causa de los cuadernos.

Con el acompañamiento de la misionera Magdalena Solari Quintana, y con la ausencia de los senadores de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos se opuso a los pliegos de ambos, remitidos por el Poder Ejecutivo. Asimismo, firmarán en contra del traslado del magistrado Germán Castelli al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal, que tampoco se presentó.

Hacia el final de la reunión, que duró casi cuatro horas, la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, hizo mención a las notas enviadas por los jueces informando que no asistirían a la audiencia pública.
"Es una lástima que el doctor Bruglia haya decidido no asistir a completar una manda constitucional al Senado", afirmó Fernández Sagasti, al referirse a la primera nota.

En tanto, el jujeño Guillermo Snopek cargó: "Quería dejar en claro cómo el gobierno de Macri arma una compleja estructura para usar las funciones y los procedimientos judiciales para alcanzar sus objetivos tanto políticos como económicos".

Para el legislador, hubo "armado de causas" por parte de estos jueces, y acusó a la gestión anterior de "hacer renunciar a (Eduardo) Freiler, a (Jorge) Ballestero por jubilación y al propio (Eduardo) Farah por la presión mediática que recibió". "Está clara la composición y el esquema de utilización de la justicia", agregó.

También apuntó contra Bruglia el senador Oscar Parrilli, al sostener que "se ve que tiene una gran capacidad" porque "subroga y tiene un traslado, reemplaza a dos jueces".

Contra el gobierno anterior, criticó "la manipulación por parte del Poder Ejecutivo, la justicia y la complicidad de estos jueces", por lo que "no es casualidad que se niegue a concurrir". "Está claramente demostrando por su desprecio a las normas constitucionales y al Senado", añadió.

Mientras que el fueguino Matías Rodríguez propuso pasar directamente a la firma del rechazo, por "el claro desprecio a todo este proceso y a la Constitución Nacional". En el mismo sentido, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, remarcó que la decisión de los magistrados lo que hace es "sentar un precedente muy malo". "Obviamente no podemos dar el acuerdo. Esta falta es grave", expresó el formoseño.

Nuevamente tomó la palabra Parrilli, para recordar que Bruglia y Bertuzzi presentaron un amparo que fue rechazado por la jueza Alejandra Biotti y "fueron a la Corte Suprema". "Independientemente de que estamos rechazando el traslado, estos jueces van a seguir actuando en los juzgados en que estaban antes", advirtió y opinó que "esta actitud debe ser considerada por el Consejo de la Magistratura porque van a seguir siendo funcionarios".

El resto de los jueces

El primero en exponer fue Juan Manuel Iglesias, quien en 2016 fue trasladado de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia (Chaco).

El magistrado aseguró que el cambio "tuvo que ver con cuestiones meramente familiares" y señaló que ese tribunal "era un tribunal que estaba parado, con muchas dificultades", en el que "había muy pocas sentencias y juicios".

Por eso, Iglesias destacó que con su presencia "cien por ciento en la intervención de las causas" se logró "llevarlo a un nivel en donde pasaron de haber 50, 40 sentencias a 130, 140 sentencias", además de haberse realizado "cuatro, cinco juicios de lesa humanidad". "Me gustaría continuar en el tribunal para llevarlo al nivel que quiero, que tenga un atraso mínimo", agregó.

Luego fue el turno de Zunilda Niremperger, quien pasó del juzgado federal de primera instancia N°2 de Resistencia (Chaco) al juzgado federal de primera instancia N°1 de la misma localidad. La magistrada enfatizó que cuando pidió el traslado lo hizo porque "estaba convencida de que las condiciones estaban dadas para ello".

Al repasar su trayectoria, la jueza recordó que en agosto de 2015 se hizo cargo por subrogancia del juzgado N°1, donde "había una situación de postergación importante y se necesitaba trabajar mucho". "El juzgado sigue teniendo unas 40 mil causas en trámite y tiene además la competencia electoral", precisó Niremperger, quien tiene a su cargo causas que involucran a la diputada radical Aída Ayala.

Finalmente, afirmó que su traslado fue "absolutamente regular, legítimo" y añadió: "No creo que en ningún momento haya violado ningún tipo de ley ni que haya sido puesta por un favor".

A su turno, Federico Villena, trasladado del juzgado federal de primera instancia de Moreno (provincia de Buenos Aires) al juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, se mostró a favor de la revisión: "Este procedimiento resulta necesario, más allá de las opiniones que cada magistrado tenga sobre la legitimidad de sus traslados".

Para el magistrado -primer juez de la causa de presunto espionaje ilegal durante el macrismo- consideró que con este paso podrán "tener la certidumbre de seguir ejerciendo nuestra magistratura con todas las garantías que necesitamos para ello".

Villena admitió que en su caso fue designado "con dos excepciones", referidas a que "no llegaba a los cuatro años y se trataba de un cambio de cámara". Sobre el juzgado que tiene a cargo, reveló que tiene "aproximadamente 2.500 causas en trámite, sobre narcotráfico, trata de personas, contaminación ambiental y secuestros extorsivos".

Otro de los jueces que expuso este viernes fue Eduardo Farah, trasladado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de Capital Federal y luego al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, provincia de Buenos Aires.

El magistrado, quien fue uno de los que dispuso la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, recordó: "Durante dos meses los medios de comunicación, prácticamente durante las 24 horas del día, criticaron ese fallo" y "pusieron en tela de juicio mi honestidad".

"Fui denunciado por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y por cohecho", señaló y argumentó que decidió su traslado, entre otros aspectos, para "ser investigado de un modo en que la función que yo ejercía no se interpretara como un obstáculo".

Al momento de las preguntas, Parrilli analizó que se rató de "una maniobra perfecta" el hecho de que "Bruglia entró en lugar de Farah".

Además se presentaron Verónica Skanata, con traslado del juzgado federal de primera instancia de Oberá al juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas; Gustavo Velázquez, trasladado del juzgado fderal nacional en lo Criminal y Correccional N°36 de Capital Federal al juzgado nacional de Menores N°7 de la Capital Federal; y Esteban Hansen, con traslado del juzgado federal de primera instancia de Libertador General San Martín al juzgado federal de primera instancia N°1 de Jujuy.

Los argumentos de Juntos por el Cambio para impugnar la audiencia

En la nota enviada a la comisión, los senadores aseguraron que la audiencia es "nula de nulidad absoluta", porque "en la situación actual de los jueces sometidos a acuerdo, el Senado no tiene competencia para considerarlos".

"No puede soslayarse que los pliegos incluidos en la audiencia pública en cuestión, consisten todos en jueces federales que han sido trasladados por decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento de cada traslado (Resolución del Consejo de la Magistratura 155/2000) y al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 4 y 7 del año 2018. Estos decretos del PEN se encuentran vigentes", indicaron.

Los legisladores de la oposición remarcaron entonces que "siendo que los decretos" se "encuentran firmes y consentidos y, además, no fueron impugnados ni administrativa ni judicialmente, resulta evidente que, en el hipotético caso que tuviesen un vicio -lo cual, no ocurre-, solo podrían ser revisados -y, eventualmente, anulados- por el Poder Judicial".

El kirchnerismo fiel a su estilo arremete con fuerza, redobla la apuesta e impone sus números, llevandose por delante las acordadas de la corte, los decretos y el estado de derecho.👇Explicó en hilo👇

— Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) September 5, 2020

Por otra parte, cuestionaron la resolución del Consejo de la Magistratura, al considerarla también "nula de nulidad absoluta e insanable puesto que contradice palmariamente la normativa vigente en tanto, al pretender revisar lo dispuesto por un decreto del Poder Ejecutivo, se arroga facultades jurisdiccionales".

"Además, esta revisión de los traslados efectuados, sin recurrir al procedimiento judicial pertinente, devienen en un mecanismo encubierto de remoción de magistrados, contrario a lo establecido por la Constitución Nación", advirtieron y adelantaron que todos los actos que se realicen como consecuencia directa de esa resolución "se encuentran viciados de nulidad absoluta".

Asimismo, los senadores de JxC cuestionaron la "celeridad" de este trámite, algo que "no se advierte en otros asuntos más relevantes para la actualidad nacional". "Resulta evidente que, este conjunto de actos disparados a partir de lo actuado por el representante del PEN en el Consejo de la Magistratura, son un manifiesto avance sobre la estabilidad de los jueces federales que tienen a su cargo la tarea de investigar al poder político, afectando así de manera directa la independencia del Poder Judicial", apuntaron.

En la misiva subrayaron que "de admitirse este procedimiento ilegítimo, se está poniendo en cuestión a su vez, a decenas de jueces que alguna vez han sido trasladados por el procedimiento vigente al momento del traslado".

"Claramente, esta práctica de poner en cuestión permanente la estabilidad de los jueces federales, afecta la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la garantía del juez natural y se proyecta como un ataque al sistema político establecido en nuestra Constitución Nacional", evaluaron.

También criticaron la modalidad virtual de la audiencia pública, puesto que "no se encuentra prevista en el Reglamento de este Honorable Senado de la Nación", con lo cual es "improcedente y legalmente nula". Además, manifestaron que la convocatoria no respetó "el plazo de al menos 15 días corridos" y afirmaron que recibieron "numerosos reclamos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que no han podido hacer llegar sus observaciones" a los correos oficiales.

La nota fue firmada por Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Oscar Castillo y Ernesto Martínez.

La respuesta del oficialismo

Luego que la secretaria de la comisión leyera rápidamente la nota, la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, dijo que "parece que la oposición se está acostumbrando a impugnar el procedimiento de comisiones".

Al informar que la nota entró por mail a las 10.05 y no había tenido "la posibilidad de hacer una contestación por escrito", la mendocina contestó que "más allá de las valoraciones jurídicas sobre si corresponde o no otorgar acuerdo por parte de este Senado" lo que se hizo es aplicar "el trámite reglamentario correspondiente para dar aprobación o no a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo".

"No es la primera vez que esta comisión funciona a través de la vía remota, es más, está en curso en el Senado la vía remota hace meses", destacó y, respecto a la imposibilidad de ciudadanos y organizaciones para enviar sus observaciones, detalló: "Hemos recibido más de 240 impugnaciones, procesadas día por día por esta comisión y enviadas por correo a cada senador".

Asimismo, la oficialista ratificó que "los correos oficiales funcionaron" porque "de hecho la carta de Juntos por el Cambio ingresó por esa vía". "La no presencia ha sido una decisión dispuesta por Juntos por el Cambio que nos hemos anoticiado esta mañana", completó.

En tanto, el chubutense Mario Pais resaltó que "ya con participación activa de la oposición se han realizado audiencias con los propuestos por el Poder Ejecutivo" para cubrir cargo de embajadores, que incluso fueron "ratificados por unanimidad" en el pleno, lo cual "deslegitima parte de esa nota".

Al comienzo de la sesión de este jueves, el Senado dio ingreso formal a un conjunto de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Ahora, las candidaturas deberán analizarse en la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

La lista está integrada por Edgardo Correa, Enrique Alonso Regueira y Diego Cormick, postulados como jueces de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, como juez federal de primera instancia de Mercedes (Buenos Aires); Susana Pravata, como jueza de primera instancia de Mendoza; y Hugo Navarro, para juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de la Ciudad de Buenos Aires.

También figuran María Carolina Pereira, como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; Martín Innocente, como juez federal de primera instancia de Roque Sáenz Peña (Chaco); María Belén Puebla, como jueza nacional de primera instancia en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires; Pablo Quiros, para juez federal de primera instancia N°2 de Mendoza; Pablo Salinas, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza; y David Perelmuter, como juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los pliegos se postula a María Constanza Caeiro, como jueza nacional de primera instancia en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires; Iara Silvestre, fiscal en Santa Rosa (La Pampa); Héctor Heim, como juez federal de Pehuajó (Buenos Aires); Ivana Hernández, como jueza federal de General Pico (La Pampa); y María Caccioppoli, para jueza federal N°2 en Concepción del Uruguay.

La nómina continúa con Néstor Barral, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; Juan Fantini Albarenque, como vocal de la sala II de la Cámara Federal de Seguridad Social; Viviana Piñeiro, vocal de la sala I de la Cámara Federal de Seguridad Social; y Daniel Alonso, vocal de la sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

También son candidatos Guillermo Todarello, como defensor oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Gema Guillen Correa, como defensora ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan; Inés Jaureguiberry, como defensora pública en la provincia de Buenos Aires; Ivana Mezzelani, como defensora ante tribunales de La Plata; Ramiro Rúa, como defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación; y Alejo Amuchastegui, como defensor en tribunales de Mendoza.

El paquete se completa con el pliego de Eduardo Villalba, como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Martina Gómez Romero, en la Defensoría General de la Nación.

Veintinueve pliegos de jueces y defensores fueron remitidos por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos del Senado, con el fin de llenar vacantes en distintos distritos del país.

La lista está integrada por Edgardo Correa, Enrique Alonso Regueira y Diego Cormick postulados como jueces de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, como juez federal de primera instancia de Mercedes (Buenos Aires); Susana Pravata, como jueza de primera instancia N° 4 de Mendoza; Hugo Navarro, para jueza de cámara del Tribunal Oral de menores 3 de CABA; María Carolina Pereira, como jueza de Cámara del tribunal Oran en lo Criminal Federal de San Luis; Martín Innocente como juez federal de primera instancia de Roque Sáenz Peña, Chaco; María Belén Puebla como jueza nacional de primera instancia en lo Civil 108 de CABA; Pablo Quiros, juez federal de primera instancia número dos de Mendoza; y a Pablo Salinas, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza; y David Perelmuter, como juez de cámara del Tribunal Oral de Menores 1 de la ciudad de Buenos Aires.

Están también María Constanza Caeiro, como jueza nacional de primera instancia en lo Civil 30 de CABA; Iara Silvestre, como jueza federal de Santa Rosa (La Pampa); Héctor Heim, como juez federal de Pehuajó (provincia de Buenos Aires); Ivana Hernánez, como jueza federal de General Pico (La Pampa); y María Caccioppoli, jueza federal 2 en Concepción del Uruguay.

La lista incluye a Néstor Barral, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; Juan Fantini Albarenque, como vocal de la sala dos de la Cámara Federal de Seguridad Social; Viviana Piñeiro, vocal de la sala 1 de la Cámara Federal de Seguridad Social; y Daniel Alonso, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

También figuran Guillermo Todarello, defensor oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Gema Guillen Correa, como defensora ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan, e Inés Jaureguiberry como defensora pública en la provincia de Buenos Aires; a Ivana Mezzelani, como defensora ante tribunales de La Plata; Ramiro Rúa, como defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación; y Alejo Amuchastegui, como defensor en tribunales de Mendoza.

Figura también el pliego de Eduardo Villalba, como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Martina Gómez Romero, en la Defensoría General de la Nación.

A través de un aviso oficial publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría Parlamentaria del Senado informó que el próximo 4 de septiembre a las 10.30 se realizará de manera virtual la audiencia pública para revisar los traslados de diez jueces federales, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La convocatoria se conoce luego que este martes el Frente de Todos avanzara contra la orden judicial enviada por la magistrada Alejandra Biotti, quien solicitó que no se dé tratamiento al pedido del Poder Ejecutivo al hacer lugar a un amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi.

Antes de la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti, se abrirá a partir de este viernes 21 y hasta el jueves 27 de agosto el plazo para presentar y formular eventuales observaciones.

Además de Bruglia y Bertuzzi, los otros jueces objetados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. El Poder Ejecutivo cuestiona cómo se realizaron estos traslados, durante el gobierno anterior de Mauricio Macri.

En la Comisión de Acuerdos el oficialismo tiene número para imponer su dictamen, y con la mayoría en el pleno podrá avanzar con los pliegos que quiera.

Luego de que trascendieran versiones acerca de que el Gobierno estaría “revisando” la designación de Alicia Castro como embajadora en Rusia, la Comisión de Acuerdos del Senado explicó por qué el pliego de la exfuncionaria no fue tratado en la reunión de este miércoles, junto con otros tres.

Según indica el comunicado, que lleva la firma de la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, el nombramiento no fue incluido en el temario “por expreso pedido de la propia candidata”.

#Comunicado de la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación. pic.twitter.com/pq62klJATT

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 5, 2020

“Prueba de ello son las recientes declaraciones de Castro a medios de comunicación, donde explicó los motivos de esta inquietud”, se indicó.

Lo que argumentó la diplomática fue que “la misión en la Federación Rusa y cinco países concurrentes precisa de una gran movilidad. Por mi edad pertenezco a un grupo de población en riesgo, razón por la cual permanezco sin salir de mi casa desde marzo”.

Castro aclaró que “son infundados los contenidos de medios que especulan con que el gobierno de Alberto Fernández habría congelado la designación como embajadora en Rusia”.

Tras esta aclaración, la senadora Fernández Sagasti rechazó “de manera categórica la publicación del diario La Nación, que se efectuó sin consultar a las fuentes, es decir, a esta comisión”.

En una nota publicada hace dos semanas, el matutino mencionado informó que la designación de Castro estaba paralizada por los cuestionamientos de la exembajadora hacia el canciller Felipe Solá, puntualmente por la situación en Venezuela.

Al comienzo de la sesión de este jueves se dio ingreso formal en el Senado al pliego que propone a Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es actualmente interventora.

El pedido de acuerdo fue enviado por el Poder Ejecutivo hace un mes. Ahora, el pliego deberá tratarse en la Comisión de Acuerdos, presidida por Anabel Fernández Sagasti (FdT), y, antes de la firma del dictamen, Caamaño deberá ser convocada a una audiencia pública.

También tomó estado parlamentario el pliego de Mateo Daniel Capitanich, hermano del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, a quien se lo propone como embajador en Nicaragua.

Además, tuvieron ingreso formal una serie de expedientes sobre ascensos en las Fuerzas Armadas y la Cancillería.

En una extensa audiencia pública realizada en el Salón Illia del Senado, doce candidatos a embajadores propuestos por el Gobierno obtuvieron el aval a sus pliegos en la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti. El paquete de nombramientos se votará este jueves, a partir de las 12, en una sesión extraordinaria.

La única designación que rechazó Juntos por el Cambio fue la de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA. El jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, confirmó ante la prensa acreditada que no están de acuerdo debido a las “improvisaciones” que mostró el postulante en torno al tema Venezuela. “Hay un acompañamiento expreso del Gobierno a la dictadura de (Nicolás) Maduro”, consideró el formoseño.

Al finalizar la reunión, Ernesto Martínez (Pro) confirmó a este medio que pese a la polémica por Sergio Urribarri -con cuestionamientos por parte de los senadores entrerrianos de JxC-, el exgobernador entrerriano tendrá respaldo de la oposición.

El primero en realizar su presentación este martes fue Alberto Iribarne, quien tendrá destino a la embajada de Uruguay. El exministro de Justicia aseguró que existe un “desafío de seguir trabajando para que la historia en común -de ambos países- se transforme en un proyecto en común”.

El candidato hizo hincapié en la necesidad de la integración regional para lograr la inserción en el mundo, ya que “somos conscientes, y el presidente también, que es un mundo difícil, un mundo complejo. Es muy difícil la salida individual como país”.

Iribarne señaló que hay un reclamo de las autoridades argentinas por vuelos británicos que se realizaron desde Uruguay a Malvinas, pero destacó que el país vecino “siempre ha apoyado en todos los foros internacionales” el reclamo argentino sobre Malvinas y que desde su lugar buscará “reactivar los grupos” de personalidades, políticos y académicos “que son amigos de la soberanía argentina en Malvinas”.

Luego fue el turno de Carlos Raimundi, postulado como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien fue acorralado por la oposición por el tema de Venezuela. El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, lo consultó por su posición sobre la decisión de la Asamblea Nacional de designar un embajador en la OEA, “mientras que el régimen de Nicolás Maduro ha optado por no ser parte”.

Además, el radical le preguntó si “Venezuela es miembro de la OEA” y qué pensaba respecto de que “la Corte Interamericana retomó competencia para juzgar las violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

Raimundi sostuvo: “No negamos en absoluto una situación crítica en Venezuela, pero sí hay que plantear la multicausalidad de esta situación, que no responde únicamente a falencias en el actual gobierno, sino a un contexto mucho más amplio que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales y sus riquezas”.  

“Hay una situación humanitaria delicada, pero que la solución no va a venir de la mano de la intervención externa”, aseguró y enfatizó que apoya “la no injerencia externa, sino que los países hermanos tenemos que favorecer todos los canales de diálogo entre las partes” y “preservar a la región como zona de paz”.

El exlegislador ratificó que, a partir del nuevo gobierno, “Argentina no está entre los países que reconocen a (Juan) Guaidó como presidente”, ya que al presidente “lo tiene que designar legítimamente el pueblo” de ese país.

Por el oficialismo, recogió el guante el chubutense Mario Pais, que aclaró que “no todos los países que integran la OEA han aceptado la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana, uno es Estados Unidos y otro es Venezuela, desde antes, no de ahora”. Y subrayó que no conoce “el caso de algún Parlamento que pueda designar embajadores. Es una buena pregunta que se le podría hacer a Cancillería, no al doctor Raimundi”.

Con apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, Jorge Argüello, que será enviado a Washington, ponderó que ya ha tenido reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y ha encontrado “una buena disposición para los intereses argentinos que me va a tocar representar”.

“Me fui con una sensación epidérmica de que es buena la predisposición que encuentro para escuchar cuál es la posición de Argentina y una solución a nuestros problemas”, expresó en relación a la situación económica.

Además, Argüello recordó que este año será “particularmente movido” por las elecciones en Estados Unidos, y que estará trabajando en todo lo que tenga que ver “con las repercusiones en la relación bilateral”. También destacó como “bueno” el breve contacto que mantuvo en el despacho del presidente Donald Trump durante la presentación de sus cartas credenciales el pasado 6 de febrero.

En la audiencia, que se extendió por más de cuatro horas, el más elogiado por todo el arco político fue Daniel Scioli, propuesto como embajador en Brasil. El todavía diputado nacional manifestó que tiene “mucha confianza de poder llevar adelante un gran trabajo, a partir del sentido común y de la profunda relación histórica” entre ambas naciones.

El exgobernador bonaerense expresó que tiene expectativa de que la situación tensa entre ambos gobiernos se irá “descomprimiendo”, y dijo que durante los recientes intercambios con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro y sus funcionarios vio “buena disposición” para “dejar atrás la pirotecnia verbal”.

Scioli remarcó que recibió por parte de Alberto Fernández “una instrucción muy clara de volver a encauzar el vínculo en el cual volvamos a recuperar niveles de intercambio comercial”. En ese sentido sostuvo que buscará “conectar las economías regionales con las oportunidades que se dan en cada uno de los estados brasileños”.

Varios senadores hicieron uso de la palabra luego para destacar la candidatura de Scioli. El catamarqueño Oscar Castillo, aliado de Juntos por el Cambio, resaltó que “de su trayectoria no hay nada que hablar: amplia, larga, fructífera y con conocimiento de Estado”.

Y agregó que es “muy acertada la decisión” del presidente de “tener un hombre que es de la política, pero que siempre ha tenido relaciones y responsabilidad con el sector privado y las empresas, lo que hace que las relaciones seguramente sean las mejores”.

También lo ponderó el radical Martín Lousteau, que apuntó a sus “cualidades personales de moderación, de diálogo y siempre acercar a las partes”, las cuales “son sumamente importantes” para “distender la tensión” entre ambos gobiernos.

Expusieron además ante los senadores Domingo Peppo (Paraguay), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú) y Carlos Tomada (México); Fernando “Pino” Solanas, que irá a la Unesco y Mariano Kestelboim, a la Asociación Latinoamericana de Integración.