Diputados que responden a Elisa Carrió afirmaron que impugnarán la postulación del juez federal, al asegurar que se trata de “el más grave daño a la República”.
La postulación del Gobierno nacional del juez federal Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla para formar parte de la Corte Suprema de Justicia despertaron críticas en el arco político.
Desde la Coalición Cívica, espacio referenciado en Elisa Carrió, anticiparon que presentarán una impugnación al pliego de Lijo, al considerar que su candidatura constituye “el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial”.
“No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”, subrayaron.
La Mesa Ejecutiva del partido, y diputados nacionales de la CC, recordaron que “a lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”.
“Esta designación demuestra un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo con el kirchnerismo, que amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura durante todos estos años. Su estrecha relación con Ricardo Lorenzetti y el manejo de la oficina de escuchas, revela que no es este el camino del cambio para una sociedad ávida de justicia”, enfatizaron.
VAMOS A IMPUGNAR EL PLIEGO DE ARIEL LIJO PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA
La propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema, es el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial.
No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien…
— maxi ferraro (@maxiferraro) March 20, 2024
En la red social X, el diputado Juan Manuel López sostuvo que “Ariel Lijo es la casta millonaria con haras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos. Es parte del freezer que administra el banco de la impunidad argentina desde Comodoro Py como denunció @elisacarrio. La causa YPF es la mejor prueba de eso. Vergüenza Milei”.
“No puedo creer Pte. @JMilei que postule al Juez Lijo, casta total, NO académico, en la CSJN, que encima está denunciado por su mal desempeño causa YPF. Sería prioritario nombrar en vacantes a jueces y fiscales federales para avanzar en lucha contra el narcotráfico. Será Justicia!”, escribió la legisladora Marcela Campagnoli.
En tanto, también desde la CC, Mónica Frade señaló que “si a la Corte Suprema va el juez Ariel Lijo, la propuesta del Ejecutivo, la Justicia se queda huérfana. Denunciado por la @ccari_ok por enriquecimiento ilícito, con un hermano pobre hasta que comenzó a obrar de su testaferro. Derrapa la Justicia una vez más”.
Otro de los mensajes en contra de Lijo vino por parte del Pro, espacio aliado del oficialismo. El diputado Fernando Iglesias expresó: “En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años”.
En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años.
— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 20, 2024
Quejas por la ausencia de mujeres en las candidaturas
El Poder Ejecutivo afirmó este miércoles que Ariel Lijo será propuesto para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. Desde ese momento, la Corte no sólo tiene cuatro de cinco miembros, sino que no hay mujeres. El decreto 222/2003 establece que en la conformación debe tenerse en cuenta la “diversidad de género”. Sin embargo, en el comunicado de Oficina de Prensa del presidente indicaron que ese decreto se modificará. Se verá en qué aspectos.
Esto fue algo que no cayó para nada bien en varias legisladoras, que se expresaron al respecto. “El presidente eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia. Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia”, manifestó la socialista Mónica Fein.
Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer posteó: “Frente a la divulgación del comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres”.
“Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia”, agregó.
La radical Carla Carrizo repasó que “de los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, sólo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte”.
De los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese… https://t.co/SlFkolmVSp pic.twitter.com/oZ1R5MalJd
— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) March 20, 2024
“Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país”, fue el mensaje de la radical Karina Banfi.
Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país. pic.twitter.com/JeIvzAq77A
— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) March 20, 2024
“Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad”, opinó la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard.
Exministro de Justicia durante el gobierno anterior, el diputado Martín Soria publicó: “Milei anunció que modificará el Decreto 222/03 para poder completar la Corte Suprema más conservadora de la que se tenga memoria, excluyendo la participación de mujeres en el máximo tribunal del país. Esta decisión es un paso más para que la Justicia argentina siga degradándose”.
El Poder Ejecutivo confirmó a sus candidatos para cubrir uno de los cargos que se encuentra vacante y otro para reemplazar a un integrante que cumplirá 75 años en diciembre. Los pliegos deben ser avalados por dos tercios del Senado.
El Gobierno nacional confirmó este miércoles los nombres de dos candidatos que propondrá para la Corte Suprema de Justicia. Los pliegos deberán ser enviados al Senado de la Nación, y allí, tras audiencia pública de los postulados en comisión, las designaciones deben aprobarse por el pleno por dos tercios de los votos de los presentes. Cabe recordar que, en la Cámara alta, La Libertad Avanza cuenta solamente con 7 senadores. Aún reuniendo a todos los bloques de la oposición, menos a Unión por la Patria, llegaría a 39, con lo cual el aporte de la bancada peronista/kirchnerista es indispensable.
En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El quinto lugar vacante es el que quedó en noviembre de 2021 con la salida de Elena Highton de Nolasco. Para cubrirlo, el Poder Ejecutivo impulsará al juez federal Ariel Lijo. En tanto, este año Maqueda cumplirá los 75 años de edad y para su reemplazo el oficialismo postulará al académico Manuel García-Mansilla. El abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los expositores en contra del aborto legal.
Manuel García Mansilla
A través de un comunicado de la Oficina de Prensa del presidente, se informó: “El presidente Javier Milei, cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del decreto 222/2003, que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley”.
El mencionado decreto de 2003 fue firmado por Néstor Kirchner y determina el procedimiento para el nombramiento de los magistrados de la Corte. Entre sus artículos, uno de ellos indica que la composición deberá reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”. Con estas candidaturas no se respetaría, por ejemplo, la representación femenina, algo que también está ausente hace más de dos años con la salida de Highton de Nolasco.
En el comunicado, desde Casa Rosada expresaron su “gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda” y resaltaron “su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años”.
“A su vez, con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo. Ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco”, continúa el texto.
Sobre Lijo, señala que “actualmente ejerce como juez federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”.
“Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande a nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”, finaliza el comunicado.
Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había sido consultado en conferencia de prensa a raíz de la información publicada por el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, quien afirmó que Lijo sería el elegido para completar el puesto que está pendiente desde el 1ro. de noviembre de 2021.
“En las próximas horas se va a emitir un comunicado”, respondió Adorni y agregó: “Los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado y estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito: en las próximas horas estará publicado”. Finalmente, la confirmación llegó muy prontamente a través de la Oficina de Prensa presidencial.
Lijo asumió en 2004 como titular del Juzgado Federal N°4 en lo Criminal y Correccional en Comodoro Py. Tuvo a su cargo la causa Ciccone, por la cual fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou; fue el primer magistrado en atender la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner; e intervino también en la causa por irregularidades en la causa del atentado a la AMIA, entre otros casos. Actualmente tiene a cargo la causa del hombre que atentó contra el presidente Javier Milei el día de su asunción, cuando le arrojó una botella.
Ariel Lijo
También el pedido de acuerdo para la extensión del juez Carlos Manuel Grecco, próximo a cumplir 80 años. Además, hubo retiro de pliegos enviados por Alberto Fernández.
Foto: Comunicación Senado
En la sesión de este jueves en el Senado, tomaron estado parlamentario un conjunto de pliegos enviados por el Gobierno nacional, al tiempo que se retiraron un conjunto de pedidos de acuerdos que habían sido enviados por la gestión de Alberto Fernández.
Entre los expedientes, se dio ingreso formal a la solicitud de designación de Santiago Bausili como presidente del Banco Central, y el resto del directorio; ascensos militares; y la renovación en el cargo del juez Carlos Manuel Grecco.
Éste último caso se trata del magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Capital Federal, Sala III, quien está próximo a cumplir 80 años. Semanas atrás, junto a sus colegas, rechazó amparos contra el DNU 70/23.
Por otro lado, tomó estado parlamentario la propuesta de seis propuestas de embajadores: Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India), Ian Sielecki (Francia), Axel Wahnish (Israel) y Sonia Cavallo (OEA).
Del listado enviado por el Gobierno se quitó la designación de Daniel Scioli para continuar como embajador en Brasil, pues el pasado 30 de enero asumió como secretario de Turismo, Ambiente y Deporte.
Entre los pliegos de la gestión anterior que se retiraron figuraban jueces, fiscales, defensores y diplomáticos, además de la designación de Daniel Rafecas como procurador General de la Nación.
El texto ingresó a la Cámara alta y contiene los pliegos de los representantes argentinos para Estados Unidos, Israel, Francia, Brasil, Paraguay, India y la OEA. El oficialismo buscará aprobarlos lo antes posible.
El presidente de la Nación, Javier Milei, envió este miércoles al Senado los pliegos de siete embajadores que aspira a aprobar cuanto antes, con el objetivo de agilizar las relaciones bilaterales con esos países, entre ellos Estados Unidos, Israel y Francia.
El texto ingresó a mesa de entradas de la Cámara alta en las últimas horas e incluye el pedido de aval para los candidatos a embajadores en EEUU, Gerardo Werthein; en Israel, el rabino Axel Wahnish; en Brasil, Daniel Scioli; en India, Mariano Caucino; en Francia, Ian Sielecki; y en Paraguay, Guillermo Nielsen.
Milei también busca la aprobación de la designación de la hija del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, como embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
El documento enviado tiene fecha de este martes 9 de enero, aunque su ingreso formal debe darse en la primera sesión que realice el Senado. El paso siguiente será girarlo a la Comisión de Acuerdos, que primero deberá constituirse y luego fijar fecha para un proceso de adhesiones a impugnaciones y audiencias públicas para que los postulantes asistan al Senado a defender sus pliegos.
Fuentes parlamentarias dijeron que buscarán cumplir este paso en los próximos días, aunque desde la oposición asumen que será complicado avanzar en ese sentido durante las sesiones extraordinarias.
El ministro de Justicia informó que también van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.
El último ministro en hablar en el plenario de comisiones de Diputados fue el de Justicia, Mario Cúneo Libarona, quien contó que enviarán al Senado los pliegos que reexaminaron para “llenar todas las vacantes” y que van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.
En su exposición, el funcionario manifestó: “Vengo con un ánimo cordial, no tengo problemas con nadie y voy a contestar incluso lo que no está previsto, lo que no conforma el temario. Ustedes son los representantes del pueblo y somos todos argentinos y todos queremos lo mejor para la patria nos podamos entender”.
Al defender la ley ómnibus, sostuvo que “se funda en la situación gravísima en la que está Argentina, años de política que no condujeron a un buen puerto, años de retroceso cultural, educativo, pobreza, inflación, estancamiento y en ese marco se llega a esta situación actual en donde la ciudadanía se expresó en forma mayoritaria en las urnas en un cambio, con un nuevo presidente que busca soluciones, achicar el Estado, ordenar, regular, dejar atrás un modelo económico con muchas regulaciones que no funcionaron”, y en materia de justicia anticipó que tratarán de “delinear un plan novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado y que el país de ejemplo de justicia y de orden”.
“Tenemos un régimen en materia de justicia que ha fracasado, un régimen procesal que ha fracasado y un Código Penal que debe ser reformado. En ese marco se va a trabajar atacando todos los males que nos azotan a todos como la delincuencia, la corrupción, la trata, el narcotráfico, que nos dañan en todo”, planteó el ministro y agregó: “En ese marco y con las mejores intenciones se dictaron distintas medidas amplísimas con el propósito de cambio y de crear un país que se ponga de pie y camine”.
Al referirse a cada punto en materia jurídica que apunta a introducir “modernización”, arrancó con los depósitos judiciales y explicó: “Busca beneficiar al depositante y que no se beneficie el Banco, que no haya esas dicotomías sobre qué bancos intervienen. Se elige el litigante con la conformidad de las partes el Banco donde va a parar el dinero para que no haya disputas legislativas. Se eligen todos los Bancos oficiales que tengan competencia donde incluso las partes pueden sugerirle al juez el Banco y el Banco Central dispone la forma de inversión. Esto es en beneficio de las partes, es elegir un beneficio modernizado para la sociedad argentina”.
El segundo punto que detalló fue el de registros judiciales y universales: “Hay una ley de acceso a las partes que es un formulario verde que admite juicios universales en las quiebras o en las sucesiones. Lo que se pretende es que ese formulario que está en un subsuelo pase a ser electrónico, público, transparente y ágil que todos tengan conocimiento de un juicio universal y abreviado”.
Sobre la publicación de edictos, informó: “Se busca suprimir ese sistema que no existe prácticamente y hoy recurrir al boletín oficial electrónico y cargarlo de forma electrónica. Es la práctica que rige hoy, se busca suprimir este edicto y hacerlo por vía electrónica. Es un éxito indiscutible”.
Al hablar de los archivos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que “se pretende es que no existan más los expedientes en papel y que todo se realice en forma digital. Hoy se impone la carga electrónica, algo que se inició con la pandemia y apresuró a los Tribunales a eso”.
Al referirse a los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales en el Banco Nación detalló: “El retiro de la plata de los bancos antes se hacía por cheques o por oficios según la Ley 9.667 se derogan los artículos 2, 3 y 4 y se impone un orden de un juez de una transferencia bancaria de una cuenta al destinatario para que se acaben las estafas de los cheques. Es entrar en un mundo de modernización”.
“Registro propiedad e inmueble”, fue el siguiente apartado que detalló Cúneo Libarona y precisó: “Se habla de la transferencia a la Ciudad, es natural a la luz de la Constitución y de la deuda que tiene. Se habla del escribano idóneo, fedatario, que pide informes de dominio en forma electrónica, se libera la jurisdicción y se establece un Registro Nacional de Inhibiciones”.
Por otro lado, habló del traspaso de la Justicia Nacional y manifestó que “la Constitución del 94’ habla por sí sola, pero yo no voy a más que remitirme a los fallos de la Corte del 2019 donde habla de la demora inusitada en la transferencia a la Ciudad y es un tema que sin dudas tiene que resolverse”.
“La Corte dijo que ‘han transcurrido décadas y resulta casi nulo el avance de la transferencia, es una de las claras mandas constitucionales. El Estado Nacional y la Ciudad solo habían avanzado en el traspaso de ciertas competencias penales’. Lo que se impone es establecer un plazo determinado para llevar a cabo estas demoradas transferencias de la justicia que no abarca solo la penal sino la laboral, civil, comercial, etc.”, respaldó.
Otro de los puntos que explicó fue sobre la inspección general de justicia: “Ahora se designa de forma distinta en el Poder Ejecutivo con una propuesta del Colegio de Escribanos y dos del colegio de Abogados. Es otra área de transferencia con plazos. El objetivo es mejorar la IGJ, salir del sistema que existía hasta este Gobierno, se tutela la producción, medios digitales, abreviar los plazos, aumentar el capital social, darle vigencia a las SAS, sociedades con objetos múltiples, libre acceso sin cargo a los registros societarios”.
Por el lado de las sucesiones sin controversias, comentó que sean testamentarias o simplificarla porque “al igual que el divorcio ante un escribano con intervención de abogados, con inspecciones y controles. Hay una disputa de trabajo entre los escribanos y los abogados. Lo mejor sería que si hay una sucesión sin controversia es mucho más barato concurrir ante los escribanos que tener que hacer un juicio ante los Tribunales”.
Respecto de las modificaciones a Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, señaló que “no es más que incorporar los fallos de la Cámara y de la Corte a la ley, dotar un proceso justo acorde a las convenciones internacionales, con publicidad, regular el procedimiento, tutela administrativa efectiva, derecho a ser oído, derecho de defensa, de aportar pruebas, plazos razonables, celeridad, economía, sencillez, eficiencia. Es darle las herramientas que la Corte establece que sea legítimo”.
En el tema de los honorarios de profesionales de abogados, brevemente explicó que “se deroga el artículo 5 de la ley 27.423 y se establece que las partes decidan de forma libre”.
Asimismo, las modificaciones al Régimen de Propiedad Intelectual de Gestión Colectiva de Derechos refieren a que “el autor cobra derechos por su trabajo y un organismo se encarga de custodiar esos derechos. Se crea la figura de salir del monopolio de la Ley de Onganía que establecía este organismo que es un gran impuesto a la cultura”.
Al hablar sobre la continuidad del INADI, aclaró que “se suprime el INADI creado por la Ley 24.515, pero no se suprimen las tareas y funciones que hace”, debido a que “el tema discriminación es fundamental, pero tiene que ser tratado, analizado y publicitado y juzgado, porque también es un delito, con la máxima energía”.
“Lo que se hace es tratar de ordenarlo en el sentido de crear un protocolo de actuación frente a las presentaciones que se hagan. Hay que armar un protocolo donde haya plazos y un procedimiento, con todas las garantías del debido proceso”, planteó.
En esa línea, cuestionó: “No se acepta que el INADI, que es un derecho humano, esté en forma independiente, tiene que pasar a ser analizado con la cantidad de derechos humanos que tenemos. Lo que relevo es tener 400 empleados en un edificio de capital federal cuando toda la justicia tiene menos. No puedo entender cómo em encuentro con 114 organismos en el interior del país, inmuebles que alquila el Ministerio de Justicia, 12 en Villa Gesell, 1 en Tafí del Valle”.
“No tengo nada en contra del INADI ni el derecho, me agravio de tener una estructura de semejante tamaño y costo para hechos de discriminación. No tiene que haber inmuebles en el interior porque con las comunicaciones que hoy tenemos, podemos estar enlazados a través de un teléfono de forma dinámica. El INADI sigue funcionando, se va a ordenar el monstruo de cantidad de gente para que tenga más dinamismo”, detalló.
Profunda fue la explicación que Cúneo Libarona brindó para referirse al proceso legal: “Para que tengamos una justicia efectiva, rápida, primero tenemos que tener jueces. Si nosotros tenemos la enorme cantidad de vacantes que hay en la justicia, hoy un 33% es imposible que los jueces presten un buen servicio, trabajan a destajo. Hay Tribunales que no tienen jueces, por eso el primer paso va a ser nombrar a los jueces”.
En un paréntesis, adelantó que “en un breve lapso queremos enviar al Senado los pliegos que reexaminamos y apurar al Consejo de la Magistratura para que termine rápido los pliegos que tiene y podamos llenar todas las vacantes. Si no tenemos jueces trabajando es muy difícil”.
“Hay una ley que tiene muchos años y que está en vigencia es el nuevo sistema procesal penal y ya no vale la pena discutir si es buena o no, es el sistema acusatorio consiste en un fiscal que lleva adelante la investigación tiene que producir la prueba, versus una defensa y un juez que tiene facultades decisorias. Es el régimen que está en el mundo y está en Salta y Jujuy. Queremos instalar rápidamente en la mayor cantidad de provincias, lo que no podamos conseguir lo vamos a hacer igual y vamos a tener un sistema acusatorio amplio. El sistema y la celeridad es lo que más me preocupa”, anticipó.
El ministro agregó que “tiene que estar acompañado de otras reformas como la ley de juicio rápido y plazos razonables porque no puede ser que duren una eternidad”, por lo que informó que presentarán una Ley de tiempos para establecer plazos a los jueces para terminar los juicios. “Eso engancha el Código Penal que está trabajándose hoy y tiene que enganchar con el juicio por jurados”, agregó.
Definió al juicio por jurados como “soberanía popular” porque “es ser juzgado por los pares” y se basó en la Asociación de Juicio por Jurados para explicar en profundidad: “Es una deuda desde 1853, artículos 24, 75 inc. 2, 118 y 126, está en el capítulo quinto, rige en el país en 11 provincias. Tenemos que saldar la deuda y respetar las soberanías provinciales”.
“Es una ley y un sistema federal acusatorio, con juicios rápidos, con un Código Penal de naturaleza general y un juicio por jurados en el molde federal. El modelo es el clásico que toman en el país, de 12 personas, conducido por un solo juez, paridad de género con posibilidad de elección de jurados, el juez que da instrucciones y el veredicto es unánime. En caso de absolución no hay apelación y en caso de condena hay apelación, pero si no hay unanimidad se formula un nuevo juicio. Se invita a las provincias a participar y se corresponde con los fallos de los Estados Unidos 2020, promotores del sistema de la toga y el martillo, el fallo Ramos versus Luisiana, donde dan todas las pautas del Tribunal por jurados”, explayó.
El ministro de Justicia precisó que “va para los delitos de naturaleza federal que superan los cinco años: narcotráfico, trata de personas, corrupción, falsificación, contrabando, lavado de dinero, administración fraudulenta, delitos tributarios”.
“Este sistema lo han adoptado en las provincias gobernadores de distintos colores políticos y de los que ustedes pertenecen”, resaltó el funcionario y remarcó que cada gobierno viene planteando el juicio por jurados, pero “nadie lo sacó”.
La comisión presidida por Anabel Fernández Sagasti recibió en audiencia pública las exposiciones de 16 postulantes a ocupar cargos de jueces, fiscales, defensores públicos y vocales de Cámara.
Después de más de 5 meses volvió a sesionar la Cámara alta para tratar proyectos, aprobando pliegos judiciales, una reforma de la Ley de Alquileres, Ganancias y otros temas.
Así lo hicieron saber a través de un comunicado que emitieron luego de que el titular del espacio Guillermo Snopek no fuera invitado al encuentro que mantuvo el jefe del bloque oficialista, José Mayans, con los presidentes de los bloques de JxC para negociar una sesión a fin de mes.
Tras casi cuatro meses sin que las puertas del recinto del Senado se abran, este miércoles oficialismo y oposición se sentaron para avanzar en un acuerdo con el objetivo de sesionar a fin de mes. Pero no fue todo el arco opositor, sino que solo contó con la presencia del jefe del bloque FdT, José Mayans, se reunió solamente con los presidentes de los bloques que conforman JxC, dejando de lado el reciente espacio de Unidad Federal presidido por el jujeño Guillermo Snopek.
Así, horas más tarde desde el flamante bloque emitieron un comunicado convocado a una sesión especial de la Cámara alta para el próximo 29 de marzo con el objetivo de tratar acuerdos de jueces de las provincias de Santa Fe y Córdoba, la Ley Lucio y la reducción del IVA de tarifas eléctricas.
La bancada de cinco -4 ex Frente de Todos Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes), María Eugenia Catalfamo (San Luis) y la cordobesa Alejandra Vigo- sostuvo que “de cara a la grave situación social y económica del país es necesario avanzar en las soluciones que reclama el país”.
“Ante la compleja y urgente situación que atraviesa la ciudad de Rosario como consecuencia del flagelo del narcotráfico es imperativo que el Senado avance en las designaciones de jueces en la provincia de Santa Fe. Por otra parte, también es fundamental hacer lo propio con los juzgados con asiento en la provincia de Córdoba”, plantearon respecto a uno de los temas.
Asimismo, consideraron que “para aliviar la situación económica de todos los argentinos, es de suma importancia avanzar con el proyecto del senador Kueider que promueve una reducción de la tarifa eléctrica en todo el país mediante la eliminación de los cargos extras que cobran las distribuidoras de energía y la reducción del IVA, entre otras medidas”.
“Finalmente, reafirmamos la necesidad de dar tratamiento a otros proyectos que son de especial interés para nuestras provincias y su gente que tienen que ver con el costo del transporte público en el interior de la Argentina y el costo del combustible, que son más caros en relación con lo que se paga en la zona del AMBA”, propusieron.
En el encuentro que mantuvo Mayans con Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de JxC; Luis Naidenoff presidente del bloque radical y Humberto Schiavoni del Pro, habían acordado intentar llevar a cabo una sesión de consenso para el 30 de marzo y, mientras tanto, avanzar con las reuniones de comisión.
La exinterventora de la AFI se presentó en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos y remarcó que “hace más de 7 meses que no hay embajador en Israel y tenemos que profundizar ese diálogo político y jerarquizar la relación”. También pasaron a la firma otros pliegos sobre ascensos en la Armada.
La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la vicejefa del bloque FdT Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), se reunió este martes para tratar una serie de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, uno de ellos el que designa a la exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño como embajadora ante Israel quien remarcó que “hace más de 7 meses no hay embajador y como país tenemos que profundizar el diálogo político y jerarquizar la relación”. Además, brindó detalles sobre las relaciones comerciales y financieras.
Fue precisamente en esa comisión donde nunca avanzó la designación de Caamaño como titular de la AFI. Incluso, a fines de junio del año pasado estaba previsto que asista, pero la audiencia pública se suspendió y nunca más se hizo.
También en junio, pero ya de este año, el Gobierno designó como nuevo interventor de la AFI a Agustín Rossi. En ese momento se le ofreció a Caamaño la embajada de Israel, un lugar que quedó vacante luego de la polémica salida de Sergio Urribarri.
En el temario de la Comisión de Acuerdos también se trataron pliegos de ascensos de personal en la Armada Argentina, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino. Sin embargo, solo 3 pasaron a la firma por pedido del senador oficialista Oscar Parrilli lo que desató un enojo en la oposición que adelantó que irá al recinto con un dictamen de minoría que incluirá los restantes ascensos.
En el inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, la titular de la Comisión invitó a la doctora a que indique las características, objetivos y misiones para “darle” el acuerdo solicitado por el Ejecutivo.
En su defensa, Caamaño agradeció la invitación a los legisladores y al presidente de la Nación porque “me pone nuevamente ante un desafío” y agradeció a la Cancillería “por haber hecho todos los trámites y haberme ayudado un montón para preparar esto”.
Al comienzo, hizo una introducción sobre las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel los cuales “han tenido excelentes relaciones amplias, profundas y diversificadas en un sin número de áreas que se reflejan en múltiples iniciativas”.
“Las relaciones diplomáticas entre nuestros países que establecieron casi en simultaneidad con el establecimiento del Estado de Israel y exceden con amplitud el ámbito gubernamental gracias a las acciones permanentes de organizaciones e individuos que vinculan nuestros pueblos”, explicó.
Sobre las relaciones comerciales entre ambos países, Caamaño sostuvo que “han alcanzado un excelente nivel en los últimos años. Tal como lo pone de manifiesto el nutrido intercambio de viajes y visitas de altas autoridades”, y agregó: “La firma de acuerdos y el incremento de intercambio comercial”. Sin embargo, remarcó que aún “hay mucho potencial para su ampliación” tanto de “productos agropecuarios como de industria pesada, de tecnología y del conocimiento”.
“En los últimos años, el intercambio comercial argentino-israelí ha crecido regularmente, llegando en 2021 a los 518.998.966 dólares”, informó Caamaño y remarcó que el Estado de Israel es el potencialmente “más atractivo” en la región de medio oriente con una economía “madura y diversificada y volcada al exterior”.
Y sumó: “Su elevada renta per cápita, sumadas a sus industrias intensivas de capital y su excelencia como polo tecnológico, lo convierten en un interesante mercado para las exportaciones argentinas y para la integración de las cadenas de valor”.
“Con ese objetivo se han firmado una serie de acuerdos significativos en diversas áreas como servicios aéreos, ciencia y tecnología que se espera que impulsen la transferencia mutua de tecnología y el emprendimiento de proyectos conjuntos entre empresas de ambos países”, describió la doctora.
Además, calificó a la cooperación internacional como una herramienta “central” de la política exterior de nuestros países. “La Argentina tiene la firme convicción que profundizar la relación bilateral y triangular con Israel permitirá incrementar el intercambio técnico en aquellas áreas de mutuo interés como fortalecer los históricos lazos de amistad”, destacó.
Por otro lado, Caamaño sostuvo que Israel es un “país importante” con el Argentina mantiene relaciones desde que se constituyó el Estado en 1948 y contó que “fuimos uno de los primeros países en el mundo en reconocer al Estado de Israel el 14 de febrero de 1949 por un decreto del presidente Perón”. En ese sentido, informó que el primer embajador latinoamericano en Israel fue Pablo Manguel de 1949 a 1954.
“Hace más de 7 meses que no hay embajador en Israel y nosotros como país tenemos que profundizar ese diálogo político y jerarquizar la relación porque siempre hubo un buen vínculo”, remarcó y agregó que “existe un mecanismo de diálogo que se hizo durante el gobierno de Macri, una ronda fue en 2018 y otra en 2019”.
En ese contexto, preguntó: “¿Por qué es necesario una embajadora en Israel?”, a lo que respondió: “Hay que destacar que la balanza comercial con Israel es superavitaria, es importante para nosotros porque ingresan dólares genuinos. Es un país con un alto ingreso per cápita de más de 51 mil dólares y las exportaciones vienen aumentando año tras año”.
“Solo son 4 provincias las que más exportan: Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Santa Fe. La tarea como embajadora es intentar acrecentar las exportaciones haciendo saber a Israel sobre otros productos nativos, es decir, precisamos sumar más productos argentinos en ese país”, defendió su pliego Caamaño. Asimismo, contó que mantuvo relaciones con gobernadores y senadores para que analicen qué productos resultan interesantes en sus provincias.
“Hace más de 7 meses que no hay embajador en Israel y nosotros como país tenemos que profundizar ese diálogo político y jerarquizar la relación porque siempre hubo un buen vínculo“
A su vez, subrayó que la carne “es el corazón del comercio bilateral” y es con lo que “se identifica a la Argentina es la marca país. Se exportaron 30.007 toneladas de carne en el 2021 por un valor de 209.300.000 millones de dólares”.
“En los primeros 8 meses de 2022 crecieron las exportaciones de carne en un 15,7%, en volumen son unas 23.700 toneladas por un valor de 177.500.000 dólares. Se trata del 78% del total de lo exportado a Israel en 2020, el 57% en 2021 y en lo que va en los primeros 8 meses de 2022 el 60%. Lo que se exporta es entre el 65 y el 80% en carne congelada y el 20 o 25% en refrigerada”, detalló Caamaño y contó: “Tenemos un convenio que vence a fin de año que tenemos que renovar por otras 30 mil toneladas anuales”.
Por otro lado, ponderó que “se ha alcanzado un excelente nivel en los últimos años”, al tiempo que destacó que “hay mucho potencial para la expansión, tanto en productos agropecuarios como otra gama de mercaderías”. “El saldo comercial sobre la exportación de carne en 2021 fue superavitario para la Argentina en 213.800.000 dólares. En exportaciones totales en 2020 fue de 288.400.000 dólares lo que implica un crecimiento del 23% respecto a 2019. En 2021 exportamos 366.700.000 dólares lo que representa un incremento del 27% respecto del 2020”, indicó.
“Entre el 2020-2021 las exportaciones a Israel crecieron un 56,7% pasando de 234 millones de dólares a 367 millones de dólares. En los primeros 7 meses del 2022 aumentaron un 18% alcanzando 250.700.000 dólares”, sumó y planteó que el comercio bilateral y en concreto las exportaciones de Argentina a Israel “están creciente a un ritmo considerable”.
En esa sintonía detalló que, además de la carne congelada, los principales productos que se exportan son harinas, soja, maníes, preparados, hortalizas, productos agrobioindustrial de “altísima calidad e inocuidad”. Entre los rubros para incursionar, mencionó las máquinas de industrias, equipamientos, informáticos, productos farmacéuticos, compuestos minerales, productos de caucho.
Por otro lado, señaló que Israel posee tecnología que genera una producción de 60 litros de leche por día y consideró que “sería bueno tener esa tecnología ya que somos un país ganadero, pero nuestras vacas dan entre 20 y 30 litros de leche diario”.
Según los datos que brindó la extinterventora de la AFI, en 2021 se importó por un valor de 152.600.000 dólares un 18,7% más que en 2020 y los principales productos son herbicidas y otros productos para el desarrollo del campo, de la industria, innovaciones tecnológicas y mucho instrumental quirúrgico.
Entre los objetivos comerciales, resumió: “Incluyen garantizar y consolidar el volumen total de las actuales exportaciones, expandir la calidad de rubros, diversificar las exportaciones con especial énfasis en los bienes y servicios con mayores niveles de valor agregado y procurar incrementar las exportaciones de servicios que actualmente están muy reducidas, ya que solamente oscilan entre 4 o 5 millones de dólares”
Respecto a los objetivos financieros manifestó la incrementación del turismo de Israel hacia la Argentina, promover oportunidades de cooperación en investigación y desarrollo, facilitar la concreción de oportunidades y asesoramiento, transferencia de conocimiento y tecnología de intercambio que favorezca a ambos países, promocionar la inversión extranjera directa, impulsar las exportaciones en ganadería, turismo, comunicaciones, tecnología y minería.
“Es necesario tener una persona para impulsar y vender nuestros productos como el dulce de leche o el aceite de oliva. También tenemos que apoyar la parte cultural y promoverla”, remató Caamaño.
El primero en hacer uso de la palabra fue el senador tucumano Pablo Yedlin (FdT) quien sostuvo que se ha tenido “importantes” trabajos en el área comercial y educativa y sanitaria con Israel, al tiempo que bregó por profundizar las relaciones con dicho país.
Luego fue el turno del riojano Julio Martínez (UCR) consideró que estar 7 meses sin embajador es un “problema de mala praxis de este gobierno que insistió en poner una persona multiprocesado, casi condenada, con muchas denuncias de corrupción, con un fallo casi inminente en su contra y que lamentablemente terminan ocurriendo y nos terminamos quedando sin embajador en ese país”.
“Estas cosas, que las marcamos en su momento, hay que decirlas cuando pasan y se tienen que hacer cargo de tener 7 meses sin embajador un país”, acusó Martínez.
Por otro lado, remarcó que Israel es un país “muy importante” para zonas áridas y semiáridas en materia hídrica, productiva, agroindustrial. “Es una referencia muy importante para muchas zonas respecto a lo que se puede hacer que dependen de la tecnología del riego que Israel lo ha resulto y ha logrado resultados importantes que son un espejo para mirarnos como zona”, destacó y sumó: “Es algo bueno todo lo que se puede hacer en intercambio de tecnologías, convenios”.
Por último, el riojano criticó la “indefensión que tiene Argentina en materia de Ejército y Fuerzas Armadas por un capricho ideológico de este gobierno y del anterior kirchnerista porque han vuelto con la reglamentación anterior de la Ley de Defensa Nacional”.
De la vereda de enfrente le respondió el neuquino Oscar Parrilli (FdT): “Nos obligan a hablar ante estos agravios gratuitos e innecesarios y falso e hipócrita. El senador preopinante también fue denunciado por la compra de armas. Hay un dirigente político muy importante que está prófugo de la justicia argentina que perteneció a la mesa judicial del gobierno anterior”.
Con artillería pesada, Parrilli le pidió a la futura embajadora que le exprese “al gobierno de Israel el rechazo a lo manifestado por Macri que habló de la raza superior alemana por todo lo que significó el Holocausto”.
Al respecto y ante la consulta de la vicepresidenta de la Comisión, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), Fernández Sagasti aclaró que “estamos tratando los 9 ascensos que quedaron pendientes para dictaminar”.
Sin embargo, Parrilli pidió aprobar solo tres de ellos y se emita un dictamen negativo de los restantes cuyos motivos no dio por “respeto a la integridad de cada uno de ellos”. Quien le retrucó fue el radical Martínez al precisar que los ascensos son “títulos, como un diploma, son la coronación parcial de su carrera y lo más esperado. Cada paso es un logro y un mérito”.
En ese sentido, el riojano pidió que digan por qué se rechazan esos pliegos y denunció que “es por portación de apellido que se hizo en el anterior gobierno kirchnerista”, y advirtió que es algo “muy grave”.
“Nos vamos a reservar a hacer un dictamen de minoría de los seis ascensos que son rechazos porque no están dando los motivos”, remató Tagliaferri.
La Cámara alta suspendió este jueves el tratamiento de tres pliegos emitidos por la Comisión de Acuerdos para una cámara santacruceña.
Antes de abordar el proyecto único al que estaba dedicada la sesión de este jueves en el Senado, estaba prevista la votación de tres acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo. La medida había levantado cierta polémica pues establecía la creación de la Cámara Federal de Apelaciones Comandante Luis Piedra Buena, de la provincia de Santa Cruz, para la cual estaba prevista la aprobación de estos tres vocales: Nelson Andrés Sánchez, Carlos Augusto Borges y Marcelo Hugo Bersanelli.
Sin embargo en el inicio de la sesión tomó la palabra el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, quien anunció la decisión de devolver esos expedientes a comisión.
En cambio se dio ingreso a los pliegos de Miguel Angel Pesce como presidente del Banco Central de la República Argentina, el vicepresidente y otros directores, como así también el ingreso de pliegos para ascender al grado superior del personal militar superior del Ejército argentino.
En el mismo trámite dio curso a medio centenar de pliegos judiciales, entre ellos jueces, fiscales y camaristas.
Los senadores dieron el aval en la sesión de este jueves al pliego de Daniel Osvaldo Scioli como embajador en Brasil, como así también dieron curso a más de cincuenta pliegos judiciales.
La primera oradora fue la vicejefe del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien resumió: “Hoy vamos a votar 40 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo que tiene que ver con el Poder Judicial y el Ministerio Publico Fiscal y también acuerdos en materia de conjueces y por supuesto el correspondiente acuerdo para el propuesto embajador de la República Federativa de Brasil, Daniel Scioli”.
“Se han realizado el procedimiento para audiencias públicas según el reglamento de la Comisión de Acuerdos, se publicó en el Boletín Oficial durante los días 17 y 23 de junio, se han registrado observaciones, se han dado los traslados a los postulantes y se remitieron las respuestas correspondientes”, explicó Fernández Sagasti.
En ese sentido, sumó: “Recibimos los postulantes de las distintas provincias en la Comisión de Acuerdos los días 5,6 y 7 de julio donde se realizaron las audiencias del Poder Judicial y del Ministerio Público para las provincias de Santa Cruz, Rio Negro, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy”.
“Son muy importantes estas audiencias porque es la manera que tienen los ciudadanos de conocer quiénes son los postulantes que van a impartir justicia en sus provincias y en sus jurisdicciones. Es la única instancia donde la ciudadanía puede conocer a jueces y fiscales”, destacó la senadora oficialista.
Por último, sobre la representación argentina en Brasil sostuvo: “Nuevamente se ha hecho presente a quien ha postulado el Ejecutivo, Daniel Scioli, tuvimos una audiencia muy rica donde pudimos expresar nuestras preocupaciones y visiones sobre nuestro principal socio comercial y donde las provincias estamos, en cuanto a las exportaciones principalmente interesadas en que esa embajada siga creciendo. También pudo dar cuenta de lo que fue su función y pudo decirnos cómo veía el panorama en las próximas elecciones de Brasil y los objetivos de su gestión”.
A continuación, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri coincidió con su predecesora porque “se trabajó de forma exhaustiva en la Comisión”, y reiteró que “es el proceso por el cual en estos 40 años de democracia se han elegido jueces y fiscales”.
“Estos pliegos estaban desde diciembre y finalmente pudimos empezar a trabajarlos en junio. Fueron muchos meses”, recordó la senadora y celebró el envío de los pliegos y recalcó el proceso de selección que explicó Fernández Sagasti.
En esa línea, comentó que “en los últimos 40 años, el 70% de esos años ha gobernado el peronismo y de esos años 16 lleva casi el kirchnerismo, casi nunca una fuerza que no sea peronista ha tenido maría en el Senado y ha podido dar acuerdo por sobre lo que opinaba el gobierno, incluso cuadro fuimos gobierno nosotros y necesitábamos mayoría”, y remató: “Con esto quiero decir que no existe la justicia macrista, porque el Senado brinda las audiencias. El pliego de Luciani fue enviado en 2013 cuando era presidenta Cristina y este Senado era presidido por Amado Boudou, es un fiscal que siguió los procesos correspondientes”.
Cabe consignar que en el inicio de la reunión se dio ingreso al pliego de Lisandro Pablo Cleri como director del Banco Central de la República Argentina.
Los pliegos judiciales aprobados fueron los siguientes:
Juan Pablo Quiñones, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 de la Capital Federal; María Romina Becchi, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del trabajo N° 1 de Capital Federal; José Manuel Díaz Vélez, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Tucumán; María Verónica Jorgelina Moreno, como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 67 de la Capital Federal; Sergio Raúl Micheloud, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 10 de la Capital Federal; Leandro Gabriel Bloise, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24 de la Capital Federal; Mónica Alicia Copani, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 62 de la Capital Federal; y Juan Carlos Cerutti, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 67 de la Capital Federal.
También aprobaron los pliegos de Jorge Gamal Abdel Chamia, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; Marcela Moltini, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Guillermo Mario Pesaresi, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24 de la Capital Federal; María Soledad Valente, defensora Pública de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del trabajo N° 5 de la Capital Federal; Martín Galliano, defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tucumán; Horacio Santiago Nager, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; Marina Salmain, defensora Pública Oficial ante los Juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal; y Horacio Juan Azzolín, como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Asimismo se aprobaron los pliegos de Valeria Alejandra Rico, como jueza de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal; Fabián Gustavo Cardozo, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones; Juan Manuel Grangeat, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal; Analía Silvia Monferrer, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal; Mario Osvaldo Boldú, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas; Jorge Horacio Campitelli, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas; Julio Eduardo López Casariego, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Capital Federal; Cinthia Raquel Oberlander, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Capital Federal; José Carlos Pérez Arias, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de la Capital Federal; Marcelo Gastón Bartumeu Romero, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal; Santiago Carlos Bignone, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal; y María Elisa Gaeta, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15, de la Capital Federal.
También se prestó acuerdo para Patricia Nélida Santoni como conjueza de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza; y Ramiro Javier Salinas y Fernando Gastón Peñaloza, conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. En este caso esos pliegos recibieron el rechazo de los senadores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Guadalupe Tagliaferri.
Asimismo se nombra conjueza de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata Karina Mabel Yabor; y Maximiliano Alberto Leandro Callizo y Marcos Alberto Frezzini, como conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Diego Martín Matteucci y Amelia Pilar Parra, tuvieron el visto bueno como conjueces de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta, aunque recibieron el rechazo de los senadores de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo, Mario Fiad y Guadalupe Tagliaferri.
Nominaron a José Nicolás Celestino Chumbita conjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; Ana Carina Farías como conjueza de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; y Guillermo Omar Caballero y Martín Miguel Innocente como conjueces de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Resistencia.
También se aprobaron los pliegos de Tomás Eugenio Malaponte, como conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario; Eleonora Pelozzi, conjueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; y Virginia Daniela Cassinese, Natalia Analía Martínez, Gastón Alberto Salmain y Luciano Cruz Savignano, conjueces de los juzgados federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Jorge García Davini, nominado como conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de General Roca, tuvo el rechazo de los senadores de JxC Edith Terenzi, Ignacio Torres y Guadalupe Tagliaferri.
En cambio el propio oficialismo resolvió devolver a comisión los pliegos de Carlos Fabián Cuesta, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata; Jésica Yael Sircovich, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata y Marcelo Alejandro Peluzzi, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal.
Luego de estar menos de dos meses al frente de la cartera de Desarrollo Productivo, el exgobernador bonaerense volverá a ese destino y el trámite de su re-designación corresponde al Senado.
En el comienzo de la sesión de este miércoles, se dio ingreso formal en el Senado al pliego de Daniel Scioli, propuesto como embajador en Brasil por el Poder Ejecutivo. Se trata de la segunda vez que la Cámara alta tratará el nombramiento del exgobernador bonaerense.
En junio pasado, Scioli abandonó su tarea diplomática en el país vecino para venir a hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, luego que el presidente Alberto Fernández echara a Matías Kulfas.
Pero su paso por esa cartera no llegó a cumplir los dos meses, luego que en los primeros días de agosto el área fuera absorbida por el Ministerio de Economía, que ahora comanda Sergio Massa.
Durante ese lapso, el Gobierno no había propuesto a ningún reemplazante de Scioli en la embajada de Brasil.
Ahora, el exministro deberá presentarse en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que preside la mendocina y vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.
Además, en la sesión tomaron estado parlamentario pliegos que proponen ascensos militares y el que solicita la designación de Pablo Manuel Carreras Mayer como director del Banco Central de la República Argentina.
Asimismo, el Ejecutivo pidió el retiro de un pliego que nunca se trató y había sido enviado en febrero del 2020: el que proponía a la exdiputada Alicia Castro como embajadora en Rusia.
Al comienzo de la sesión de este jueves, el Senado dio entrada formal al mensaje del Poder Ejecutivo para la designación del santafesino como director de Agencia Federal de Inteligencia.
En el comienzo de la sesión de este jueves en el Senado, se dio ingreso formal al pliego del Poder Ejecutivo que propone la designación del exministro de Defensa y exlegislador Agustín Rossi como director de la Agencia Federal de Inteligencia.
El 8 de junio pasado, el dirigente santafesino asumió como interventor del organismo, cuya intervención el Gobierno prorrogó por cuatro meses mediante el decreto 295/22.
Rossi, que había renunciado como ministro de Defensa en 2021 para competir como candidato en la interna oficialista en su provincia, ingresó en reemplazo de Cristina Caamaño, a quien nunca se le aprobó el pliego en la Cámara alta.
Además, el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, dio lectura del ingreso de una treintena de pliegos, entre ellos ascensos militares y nombramientos de fiscales, jueces y defensores públicos.
También tomó estado parlamentario el mensaje solicitando la designación del licenciado en Economía Juan Agustín D’Attellis Noguera como director del Banco Central.
Mediante una breve reunión, que se realizó de manera remota, oficialismo y oposición avalaron un paquete de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.
En una reunión que duró menos de media hora, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), avaló un paquete de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que solicitan el acuerdo para una serie de ascensos militares.
Durante el encuentro, realizado por videoconferencia, el senador Oscar Parrilli (FdT) sostuvo: “Hemos analizado detalladamente todas y cada una de las propuestas elevadas, en su momento por el ministro anterior (Agustín Rossi) y ratificadas” por el actual titular de la cartera de Defensa, Jorge Taiana.
El oficialista asintió la “conformidad a los ascensos”, por lo que “es oportuno tratarlos, analizarlos y sobre todo dar tranquilidad a todas las fuerzas armadas”. “Todos los pliegos que han sido remitidos merecen nuestra aprobación y acuerdo”, cerró.
En tanto, el vicepresidente de la comisión, Ernesto Martínez (Pro), anticipó que desde Juntos por el Cambio “vamos a propiciar en conjunto la aprobación de todos los ascensos”. “Si hay algún reparo individual, eso será motivo del debate parlamentario en el recinto”, aclaró, pero subrayó que “a los fines de acelerar las cosas y que estos pliegos vayan rápidamente ante el pleno, el interbloque va a acompañar la propuesta”.
También expresó su acompañamiento la aliada del oficialismo, la misionera Magdalena Solari Quintana.
El listado incluye los acuerdos para promover al grado inmediato superior a la Capitán de Fragata Mónica Graciela García y al Capitán de Fragata Patricio Martín Garrahan; al grado inmediato superior al General de División Juan Martín Paleo; y al grado inmediato superior al Brigadier Mayor Xavier Julián Isaac.
También, el pliego que promueve al grado inmediato superior al General de División Agustín Humberto Cejas; y el que busca promover al grado inmediato superior al Vicealmirante Julio Horacio Guardia.
Además, se contemplan ascensos al grado inmediato superior de personal militar superior en el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina.
El cuerpo que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti se reunirá este jueves, a las 10, para avalar un conjunto de pliegos enviados por el Gobierno.
Pese a la reciente resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado que establece las reuniones de comisiones presenciales, aunque también mixtas o remotas, la Comisión de Acuerdos mantendrá este jueves desde las 10 un encuentro por videoconferencia.
La comisión, presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), buscará aprobar un conjunto de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para avalar ascensos militares.
El listado incluye los acuerdos para promover al grado inmediato superior a la Capitán de Fragata Mónica Graciela García y al Capitán de Fragata Patricio Martín Garrahan; al grado inmediato superior al General de División Juan Martín Paleo; y al grado inmediato superior al Brigadier Mayor Xavier Julián Isaac.
También, se tratará el pliego que promueve al grado inmediato superior al General de División Agustín Humberto Cejas; y el que busca promover al grado inmediato superior al Vicealmirante Julio Horacio Guardia.
Además, se contemplan ascensos al grado inmediato superior de personal militar superior en el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina.
El gobernador Axel Kicillof remitió el primer envío de pliego con candidatos para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.
El gobernador Axel Kicillof envió al Senado la primera tanda de pliegos de funcionarios judiciales de su gestión, en un movimiento que lleva un mensaje implícito para la oposición, que domina en el ámbito donde se deben producir los acuerdos, el Senado.
El año pasado se produjo una fuerte controversia por este tema, también con la Suprema Corte, que había reclamado al gobierno por el retraso en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.
El resultado, hay 41 pliegos acordados por los senadores, de forma mayoritaria, que esperan la designación por debe hacer el Ejecutivo vía decreto y que hasta el momento no se ha producido. Eso espera la oposición.
Pero como “quien no quiere la cosa”, el Poder Ejecutivo remite una nueva remesa de pliego, son en total 40 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales con los que Kicillof quiere dar una señal de disposición para avanzar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, luego de que la Suprema Corte advirtiera, el año pasado, sobre un récord histórico de oficinas judiciales que están sin su titular en la provincia.
Pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo deja en suspenso la resolución de aquellos 41 pliego ya acordados por el Senado por el voto de la oposición y la ausencia de los senadores oficialista en el recinto.
Pera intenta, por otra vía, que estos nuevos pliegos sean bien recibidos en el Senado, Cámara que debe prestar acuerdo y donde la oposición de JxC tiene mayoría.
Así, el gobernador incluyó dentro del total d 40 pliegos, a 20 candidatos surgidos de ternas conformadas por el Consejo de la Magistratura de la provincia en 2017, 2018 y 2019, años en que gobernaba María Eugenia Vidal.
No obstante, el procedimiento constitucional previsto, indica que el Ejecutivo selecciona de las ternas aprobadas en el Consejo de la Magistratura un candidato de cada una y lo eleva al Senado para su acuerdo formal, por lo que se infiere que de los 20 postulantes seleccionados de ternas de la era Vidal pueden no ser necesariamente los que prefiera la oposición.
E incluso se aporta que los concursos pueden tener diversos contratiempos y pueden pasar hasta dos o tres años para que el Consejo conforme la terna, por lo que una terna de 2018 puede ser un concurso que se abrió en 2015, cuando gobernaba Daniel Scioli.
Pero el hecho de incluir postulantes de esas ternas es un gesto a JxC, sumado a que “se trata de candidatos idóneos, profesionalmente calificados y ninguno identificado con posiciones políticas extremas”, aclararon desde el Ejecutivo, que de todos modos negaron un pre acuerdo con la oposición en la selección final de los nombres.
De este modo, Kicillof busca avanzar con los nombramientos y parecería que preparar el terreno para comenzar a dejar atrás la polémica que se generó el año pasado, cuando quedaron trabados 41 nombramiento.
Pliegos que habían sido remitidos al Senado por Vidal en 2019, en vísperas de las elecciones primarias y que obtuvieron despacho de la comisión de ACA cuando ya había sido derrotada en las PASO, y que no fueron tratados durante ese año.
Kicillof pidió el año pasado formalmente el retiro de esos pliegos, pero JxC impuso la mayoría en el Senado y prestó el acuerdo reglamentario para su designación.
Los nombramientos, de todos modos, siguen sin efectivizarse porque el Gobernador no firmó nunca los 41 decretos para realizar las designaciones, y por ende la cobertura de los cargos, entre ellos dos titulares del Tribunal de Casación.
Ahora, en el Ejecutivo dicen que reactivaron el análisis de esos pliegos, que los mirarán uno por uno, y que podrían comenzar a designarlos antes de fin de año.
En su primera sesión del período ordinario, la Cámara alta dio acuerdo a jueces, camaristas y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del exbogado de Cristina Kirchner Roberto Boico.
En un breve pero encendido debate donde el Frente de Todos renovó sus críticas hacia el lawfare, el Senado avaló este jueves 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del exbogado de Cristina Kirchner Roberto Boico en la Cámara Federal.
El oficialismo contó con el apoyo extra de la neuquina Lucila Crexell, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, mientras que en Juntos por el Cambio la mayoría de los senadores acompañaron todos los pliegos con la única excepción de Boico.
Sin embargo, algunos integrantes del interbloque presidido por Luis Naidenoff se abstuvieron en todo el paquete: fueron Martín Lousteau, Esteban Bullrich, Gladys González, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay. “Con la salida de (Marcela) Losardo y esta embestida contra la Justicia no podemos acompañar los pliegos, pero tampoco podemos votar negativamente cuando en el paquete puede haber buenos jueces”, argumentaron fuentes de ese grupo.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, señaló que el Senado cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente para atender esos pliegos, destacando que “desde que asumió la presidencia Alberto Fernández se acabaron los artilugios que cubrían vacantes con jueces amigos a través de las diferentes formas, evadiendo el mandato popular”.
“Hemos tenido una semana bastante movida en términos de cuestionamientos a la administración de justicia en la Argentina. Hemos podido ver cómo se lleva adelante un juicio oral y público en nuestro país y cómo se han comenzado a caer varios velos respecto de lo que nosotros decimos que es una persecución judicial para aquellos que intentaron, a través de un gobierno popular, defender los intereses de la Nación argentina”, aseguró.
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En otro pasaje de su discurso, Fernández Sagasti reclamó “reglas que exijan a la Justicia comprometerse con la perspectiva de género”, ante lo cual anunció la presentación de un proyecto “para aquellos casos de jueces o juezas que hayan demostrado mediante declaraciones públicas o mediante sentencias una falta de perspectiva de género”.
“Debemos pensar entre todos cómo vamos a hacer para que nunca más haya un caso Micaela en la Argentina”, expresó.
Luego señaló que “cada vez que se habla de nuevas normas para el Poder Judicial, todo es teñido por los medios de comunicación” con la sensación de que se busca “tratar de evadir la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos con la Justicia” cuando en realidad es “todo lo contrario”.
Otra oficialista, María de los Ángeles Sacnun, recordó que “en la campaña presidencial de 2019 el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de llevar adelante una profunda transformación de la Justicia, el poder menos democrático de los tres poderes del Estado” porque no es sometido al voto popular.
Sacnun habló del proyecto de reforma judicial que se encuentra trabado en la Cámara de Diputados y cuestionó la actitud de la oposición por haberlo criticado “sin antes conocer los términos”. “Están muy cómodos con esta Justicia que no le da respuesta a los ciudadanos”, lanzó.
La santafesina también se refirió al caso del juez de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani, quien -según se conoció- envió un mensaje ofensivo a un chat judicial en el marco del Día de la Mujer, situación que fue puesta en evidencia por la propia vicepresidenta Cristina Kirchner.
Para Sacnun, “es una vergüenza que un juez de Casación haya hecho lo que hizo y que no haya ningún planteo de sus pares” salvo el de otras dos integrantes de Casación, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, quienes pidieron al presidente del tribunal, Gustavo Hornos, que ordene certificar el contenido del chat.
La legisladora se preguntó, a su vez, “qué hizo el juez Hornos visitando a (Mauricio) Macri en seis oportunidades previo al dictado de resoluciones en sus causas”.
Advirtió que además de “la persecución a opositores”, también se busca “disciplinar a la política” e “interferir sobre los procesos electorales para tratar de llevar agua a su molino”, y por último reclamó un Poder Judicial “independiente no solo del poder político, sino también del económico, el mediático y los demás poderes”.
Luego fue el turno de Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien redobló la carga contra la gestión anterior. En primer lugar, recordó los casos de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, Eduardo Freiler y Carlos Rosanski, “jueces a los cuales persiguieron y amedrentaron”.
También se refirió al caso de “la familia Mahiques: uno era representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, otro era fiscal acusador de Cristina Kirchner y otro era juez, y todos entraron por la ventana”.
Finalmente, José Mayans, jefe del bloque oficialista, habló de la causa denominada “dólar futuro” y resaltó que “la vicepresidenta destruyó todos los argumentos de una causa absolutamente armada que están viendo si llevar a juicio oral, algo que no tiene ni un milímetro de sustento”.
Con el acompañamiento de aliados, el oficialismo avanzó con el nombramiento del abogado, que ocupará un lugar clave en la Justicia. Juntos por el Cambio se dividió entre el rechazo y la abstención. La defensa de Parrilli.
El Frente de Todos logró avalar este jueves en el Senado la designación de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que actúa en casos de corrupción.
Con el apoyo de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), el oficialismo aprobó el pliego enviado por el Poder Ejecutivo, con lo cual Boico pasará a integrar la Cámara junto con Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Juntos por el Cambio se dividió entre el rechazo y la abstención. Quienes se opusieron al nombramiento fueron Luis Naidenoff -jefe del interbloque-, Roberto Basualdo, Pablo Blanco, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Julio Martínez, Stella Maris Olalla, Belén Tapia y Víctor Zimmermann.
En cambio, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Alfredo De Angeli, Esteban Bullrich, Gladys González, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay se abstuvieron, al igual que Carlos Reutemann (Interbloque Federal) y llamativamente un oficialista, Claudio Poggi.
Boico, quien defendió a la expresidenta y al actual senador Oscar Parrilli en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, ocupará un lugar clave en la Sala II de la Cámara Federal, donde días atrás el Gobierno repuso además al juez Farah.
Al presentarse en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, el abogado consideró que “la característica fundamental que tiene que tener una Cámara Federal, que tiene las causas de la envergadura que tiene, es la celeridad y el compromiso por el respeto a las garantías constitucionales de todas las partes en pugna y en litigio”.
Quien se puso al hombro el rechazo al pliego fue la cordobesa Rodríguez Machado, que explicó que “nada hay que decir de la cuestión técnica ni los conocimientos jurídicos del doctor Boico, pero este Senado también analiza la cuestión de la imparcialidad de los jueces”.
La senadora recordó que en su presentación ante la comisión, Boico “no mencionó en ningún caso el ejercicio de la abogacía. Sabemos que este abogado no solo fue abogado defensor de Cristina Kirchner en la cuestión del memorándum con Irán, sino también lo fue del doctor Parrilli. Y habló siempre de un Poder Judicial disciplinado a la voluntad popular. Y habló insistentemente de la rendición de cuentas de los jueces frente al pueblo… pero la rendición de cuentas de los jueces es ante el Consejo de la Magistratura, no ante el pueblo”.
Alertó entonces que el doctor Boico “decididamente elige la voluntad popular y no la Constitución; y a mi entender un juez tiene que fallar en relación a las leyes, porque lo otro le compete a un organismo político”.
Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, defendió la designación de Boico y criticó a Juntos por el cambio por no acompañarla.
“Fue abogado mio, sí, claro, fue abogado mio y me siento orgulloso, hizo una gran defensa, y también fue abogado de la presidenta del Senado. ¿Por qué no lo votan? ¿Porque no pasó el examen? ¿Porque no rindió bien? No, solamente por cuestiones dogmáticas, por persecución ideológica: no lo votan porque supuestamente es kirchnerista”, lanzó Parrilli.
El senador destacó que en su presentación ante la Comisión de Acuerdos, Boico “dio clase de Derecho Constitucional porque es un gran profesional, además de haber sido abogado mio. Ese es un detalle nada más”.
Parrilli insistió en que “el único motivo que tienen para no votarlo es porque fue abogado de Cristina y mio. Pero quédense tranquilos: no va a tratar ninguna causa de Cristina ni mia”.
Además, recordó que el nuevo juez “de 2015 a 2019 participó en nueve concursos; en los nueve salió ternado, en todos ganó, y no fue porque era abogado de Cristina o de Parrilli, sino porque profesionalmente es muy capaz”, pese a lo cual el gobierno anterior no impulsó su candidatura.
Será la primera sesión del período ordinario. Entre los pedidos de acuerdo de jueves, camaristas y defensores se encuentra el de Roberto Boico, exabogado de Cristina Kirchner. También se renovarán las sesiones virtuales por otros dos meses.
El Senado realizará este jueves desde las 14 su primera sesión del período ordinario, en la que se renovará por otros dos meses el sistema de funcionamiento virtual y se votarán 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores, entre ellos el de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En primer término, los senadores aprobarán el decreto 5/21, que lleva la firma de la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, y que prorroga por 60 días “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional” por la pandemia del Covid-19.
El esquema seguirá como hasta ahora, es decir, la mayoría de los legisladores podrán participar de las sesiones y reuniones de comisión desde sus domicilios particulares, sus oficinas o bien desde dependencias oficiales.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al Interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.
En la sesión también se votarán 22 pedidos de acuerdo para ocupar vacantes en el Poder Judicial, que obtuvieron dictamen favorable en la comisión presidida por Anabel Fernández Sagasti en las jornadas que se realizaron los días 25 y 26 de febrero.
Entre los pliegos figura el de Boico, exabogado de Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán, y ahora propuesto como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.
A continuación, el listado completo de pliegos que votará el Senado:
La Cámara alta aprobó en la sesión de este miércoles las designaciones de Luis Ilarregui, Ariel Basteiro y Sabino Vaca Narvaja. Fue por 68 votos afirmativos y una sola abstención.
En la última sesión extraordinaria antes del comienzo de un nuevo período legislativo, el Senado dio aval a los pliegos de tres nuevos embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo.
Se trata de las designaciones de Luis Ilarregui, quien irá como diplomático a Cuba; Ariel Basteiro, con destino a la sede argentina en Bolivia; y Sabino Vaca Narvaja, que será el representante en la embajada de China.
La votación resultó con 68 votos positivos y una sola abstención, del salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal).
“Los tres embajadores estuvieron en la Comisión de Acuerdos, fueron consultados por los senadores, y todos han recibido las respuestas correctas y suficientes como para dar acuerdo”, consideró la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti.
La oficialista señaló que “tanto Cuba como Bolivia y China son lugares estratégicos no solo en materia comercial, sino también en materia tecnología y de recursos naturales”.
En ese sentido, precisó que los tres candidatos “fueron consultados no solo sobre las estrategias comerciales sino también sobre la vinculación política y social” con esos países, particularmente en Bolivia “después del golpe de Estado y luego de haber restaurado la democracia con elecciones libres”.
Por su parte, Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se refirió a la relación con los tres países, y en cuanto a Bolivia destacó la explotación de litio y el apoyo a la soberanía argentina de las Islas Malvinas.
También señaló que esperan “la plena incorporación de Bolivia al Mercosur, que ha estado parada por mucho tiempo”. “Confío en que ahora se pueda convencer a las autoridades de Brasil y a su Congreso para que finalmente se le dé el ingreso de Bolivia al Mercosur”, expresó.
Sobre China, Taiana destacó que “es el segundo socio comercial de Argentina”, que “exporta 16.000 millones de dólares por año”.
En el mismo sentido, y tras adelantar el acompañamiento de Juntos por el Cambio, el senador Humberto Schiavoni (Pro) subrayó que “más allá de la importancia estratégica de China como potencia mundial y por el intercambio comercial, se abren posibilidades muy concretas como la ‘Ruta de la seda’”.
Schiavoni también elogió la tarea Diego Guelar, quien se desempeñó como embajador entre 2015 y 2019 y como tal “intensificó y profundizó la relación estratégica con China”.
Por su parte, Romero explicó la razón de su abstención: dijo “no tener elementos” para votar en contra de las designaciones, pero tampoco para acompañarlas.
“No sé de qué manera estas personas van a representar el interés nacional en los países para los que son designados”, dijo, y tras desearle suerte a los nuevos diplomáticos aseguró que “los resultados se van a ver con el tiempo”.
larregui, exintendente del partido bonaerense de Ayacucho, fue cercano al expresidente Néstor Kirchner y se desempeñó en los cargos como diputado y senador provincial.
Por su parte, Basteiro, de origen sindical, ya fue embajador en Bolivia desde julio de 2012 hasta diciembre de 2015, durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner. Hasta el momento se desempeñaba como titular del Astillero Río Santiago.
En tanto, Vaca Narvaja se desempeña en la embajada argentina en China como representante especial para la Promoción del Comercio y de las Inversiones. Con formación en las relaciones bilaterales entre el gigante asiático y Argentina, sabe hablar mandarín y ya cuenta con el placet del gobierno de Xi Jinping.
También tomó estado parlamentario la postulación de Sabino Vaca Narvaja para ocupar la embajada en China, entre otros.
En la primera sesión del año, el Senado dio ingreso formal a un conjunto de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del abogado Roberto Boico, quien defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al senador Oscar Parrilli durante la causa del Memorándum con Irán.
Boico fue propuesto para ocupar un lugar clave en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala II, que actúa en los casos de corrupción, donde el Poder Ejecutivo la semana pasada por decreto repuso a Eduardo Farah.
Tras tomar estado parlamentario se abre un plazo para que la postulación reciba apoyos e impugnaciones, antes que el candidato se presente en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti y donde el Frente de Todos tiene mayoría para lograr el dictamen y votarlo en el recinto.
Además, en la sesión tuvieron ingreso formal los pliegos para embajadores de Sabino Vaca Narvaja (China), Luis Ilarregui (Cuba) y Ariel Basteiro (Bolivia).
También, el Poder Ejecutivo envió un paquete de designaciones para el Poder Judicial, ascensos militares y solicitó acuerdo para nombrar a Diego Alberto Bastourre como director del Banco Central de la República Argentina.
El Poder Ejecutivo propuso al juez, a cargo del caso D’Alessio, para cubrir el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral.
En la sesión de este lunes tomó estado parlamentario el pliego de Alejo Ramos Padilla, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral.
La postulación se trata de uno de los más de 200 pliegos que el Gobierno retiró en el verano para su revisión, ya que la gestión anterior había impulsado a Laureano Durán. La nueva candidatura fue girada a la Cámara alta el viernes pasado.
Ramos Padilla es actualmente juez federal de Dolores y tiene a su cargo la causa sobre una presunta red de espionaje ilegal, que estalló el año pasado con el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio, y por la cual está imputado, entre otros, el fiscal Carlos Stornelli.
Ante el Consejo de la Magistratura, el gobierno de Cambiemos había denunciado al magistrado por mal desempeño y rechazó, pese a estar primero en la terna, enviar su pliego para ocupar el cargo que se encuentra vacante desde 2014, tras la muerte de Manuel Blanco.
Ahora, el trámite continuará en el ámbito de la Comisión de Acuerdos que, tras recibir eventuales adhesiones o impugnaciones al pliego, convocará a una audiencia pública para que Ramos Padilla pueda exponer y responder preguntas de los senadores. Con mayoría asegurada, se prevé que su designación avance sin mayores dificultades.
Se trata de Pedro Martín Fernández, cuyo pliego fue votado por unanimidad en la sesión de este lunes.
El Senado aprobó por unanimidad (69 votos positivos) el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para promover al grado de inmediato superior al capitán de fragata Pedro Martín Fernández, con fecha 15 de noviembre de 2017.
Se trata del capitán del submarino ARA San Juan, que se hundió hace un poco más de tres años atrás. Precisamente, en el acto aniversario de hace dos semanas, realizado en la Base Naval de Mar del Plata, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó el homenaje en el que se otorgó el ascenso post mortem a los 44 submarinistas.
Miembro informante del oficialismo, la senadora Anabel Fernández Sagasti destacó a Fernández como un “héroe de la Patria”, al igual que el resto de los tripulantes. Asimismo, recordó la labor de la bicameral investigadora del hundimiento y la “peregrinación” que tuvieron que realizar -y continúan- las familias por “verdad y justicia”.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos señaló que la desaparición y el hundimiento de la nave fue “la catástrofe más importante de la Armada en tiempos de paz”, y consideró a este ascenso como un paso más en “la reparación que las familias necesitan”.
“Desde el 5 de diciembre de 2017 el Estado sabía qué había pasado con el ARA San Juan”, remarcó la mendocina y agregó que “recién un año después” las familias “pudieron saber qué había pasado y dónde se hallaba el submarino”.
Fernández Sagasti cargó contra el gobierno anterior por “las denuncias de hostigamiento y también de espionaje a los familiares” de los submarinistas. “Hoy está saliendo a la luz todo lo que se denunció y que la comisión investigadora plasmó” en su informe, sostuvo. Y llamó a “hacer todo lo que tengamos que hacer para que nunca más una tragedia como esta vuelva a ocurrir”.
Por su parte, el senador del Pro Ernesto Martínez se refirió a un listado de ascensos militares en el cual se excluyeron a dos oficiales: Walter Rovira y Jean Pierre Claisse. El vicepresidente de la Comisión de Acuerdos recordó que el dictamen salió tal como lo propuso el Poder Ejecutivo, pero en la orden del día se retiraron esos nombres, algo que calificó como “un acto de profundísima injusticia por parte de la mayoría del Senado”.
“No están por haber sido testigos, uno en un caso donde se investigaba a Milagro Sala, y en otro donde se investigaba a Amado Boudou”, advirtió y enfatizó que sus declaraciones ante la Justicia “obedecieron a respuestas objetivas, sin ninguna subjetividad de ninguno de los militares, sin ninguna valoración, ni agregado”, pero “por odio, por rencor, por revancha, ninguno de los dos militares van a ser ascendidos”.
La Cámara alta también aprobó un paquete de ascensos militares, y la designación de Néstor Pablo Barral como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, Sala II
En la sesión, también recibió acuerdo el nombramiento de José Carlos “Conde” Ramos como cónsul en Asunción, y más de 50 ascensos de diplomáticos.
El Senado aprobó este jueves, por 65 votos afirmativos y uno negativo -del salteño Juan Carlos Romero-, la designación Roberto Carlés como embajador en Italia.
Se trata del abogado de 39 años, quien realizó su doctorado en Derecho en ese país, había sido propuesto en 2015 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para reemplazar en la Corte Suprema a Raúl Zaffaroni, pero finalmente su postulación fue retirada.
En la sesión, el pleno también avaló el nombramiento del exdiputado José Carlos “Conde” Ramos como cónsul en Asunción, Paraguay, país donde actualmente se desempeña como embajador el exgobernador chaqueño Domingo Peppo.
Por otra parte, recibieron aprobación un total de 58 ascensos en Cancillería. Se trata de una nómina que había quedado retrasada en su tratamiento por el recambio de gobierno en diciembre pasado.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, recordó que tanto Carlés como Ramos asistieron a audiencia pública y respondieron preguntas de los senadores.
Por otro lado, la miembro informante destacó “la integración con un criterio de equidad” de género en las listas de ascensos de diplomáticos, algo que “hemos observado con mucha alegría”.
“A pesar de estar en un contexto inusitado la República Argentina y la humanidad, estamos trabajando desde el Senado de la Nación para garantizar el funcionamiento de los distintos poderes del Estado”, agregó.
La Cámara alta se reúne desde las 14.17 en una nueva sesión ordinaria. Recibirá media sanción una iniciativa sobre etiquetado frontal de alimentos. Además, tratarán pliegos y un conjunto de transferencias de inmuebles.
En su segunda sesión ordinaria del año, el Senado se reúne desde las 14.17. Este jueves se convertirá en ley el proyecto requerido desde el Ministerio de Salud para establecer las condiciones en los contratos que el Estado Nacional firmará con la industria farmacéutica para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Se trata de una norma que otorga protección jurídica a los laboratorios productores al establecer cláusulas de prórroga de jurisdicción, confidencialidad e indemnidad patrimonial.
Además, se exime de impuestos a las vacunas importadas, las cuales pasarán por “aprobación de emergencia” en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y deberán ser analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).
En tanto, los contratos celebrados tendrán que ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.
Por otra parte se dará media sanción a un proyecto de ley consensuado sobre la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos que contengan exceso de sodio, azúcares o grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.
La iniciativa prevé la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas que contengan nutrientes críticos y estén dirigidos principalmente a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, estos productos no se podrán vender en los kioscos de las escuelas.
También indica que las sanciones a las empresas serán las contempladas en la normativa de Lealtad Comercial; y encomienda al Poder Ejecutivo a reformular el Código Alimentario como sea necesario, entre otros puntos.
Al comienzo de la sesión habrá un homenaje a Néstor Kirchner, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento; se tratarán un conjunto de pliegos y un paquete de proyectos sobre transferencias de inmuebles desde el Estado Nacional hacia distintas localidades de las provincias de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Misiones.
En una nueva jornada, 11 postulantes asistieron a defender sus pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.
En una nueva audiencia pública realizada este martes, la Comisión de Acuerdos recibió a un grupo de candidatos a cubrir vacantes en juzgados de primera instancia del Trabajo, todos con asiento en la Capital Federal.
Los postulantes están dentro de un paquete de pliegos que el Poder Ejecutivo envió el pasado 30 de septiembre a la Cámara alta.
Al igual que este lunes, al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, informó el pase a la firma de los dictámenes, para que puedan ser tratados la semana próxima en el pleno.
Propuesta para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°21, Viviana Dobarro sostuvo: “Es un honor esta postulación y poder acceder a este cargo para el cual me he preparado durante 30 años, es un inmenso desafío mantener y mejorar el servicio, voy darle mi impronta con el compromiso de vocación, dedicación y pasión”.
Por su parte, Fabiana Rodríguez, candidata al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°50, se refirió a la perspectiva de género y señaló que “es fundamental que nosotros, como operadores del sistema, eliminemos de nuestras prácticas cotidianas aquellas que reproducen desigualdades y discriminaciones. Es importante un ambiente de trabajo libre de estereotipos y prejuicios”.
A su turno, Andrea Urretavizcaya, quien irá al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°12, recordó que en caso de ser designada será “la cuarta titular efectiva” que tenga el juzgado “desde su creación”, el cual actualmente y desde 2016 está siendo cubierto por subrogancias. “El juzgado mantuvo un adecuado funcionamiento aún en etapa de pandemia”, dijo y detalló que posee “100 expedientes por resolver”.
Otro de los expositores durante el encuentro fue Alejandro Musa, propuesto para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°78, quien al igual que todos los candidatos coincidió en la cuestión del impuesto a las Ganancias. “No tengo objeción a que los jueces paguemos impuesto a las Ganancias, no sólo porque es una ley vigente sino, también, por una cuestión relativa a los principios de igualdad constitucional”.
En tanto, Héctor Karpiuk, postulado para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°22, reveló que trabaja en el fuero desde 1981 y pasó por todos los cargos. Sobre su destino, contó que se trata de un juzgado “que estuvo muchos años sin juez designado, se han cumplido subrogancias y hay alrededor de 150 expedientes de sentencia. El juzgado funciona correctamente, no es un juzgado que tenga malos comentarios”.
También defendió su pliego Ana Clara Alfie, quien será designada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°37, que expresó su conformidad con que “estas vacantes vayan a ser resueltas”, ya que manifestó que hace 19 años es “abogada laboralista y litigante ante este fuero”. Alfie, quien relató que se desempeño como asesora técnica del diputado nacional Hugo Yasky, indicó que el juzgado “está hace casi una década sin juez titular” y actualmente tiene “2.500 causas en trámite”.
Además, concurrieron a audiencia pública Carlos Nagata, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°59; María Eugenia Plaza, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°44; Lucas Malm Green, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°6; y Santiago Docampo Miño, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°18. También lo hizo, Juan Bernardo Candia, propuesto como defensor público de menores e incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo N°1 de Capital Federal.
Fue la primera de las tres que llevará a cabo esta semana la Comisión de Acuerdos del Senado. Los pliegos se pasaron a la firma, entre ellos el del postulante para defensor público de Tucumán, donde una mujer reclama ese lugar.
Por más de cuatro horas, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, realizó este lunes una audiencia pública a 11 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en la Justicia.
Tras la reunión se pasaron a la firma los pliegos, entre ellos el de Mariano Galletta, postulado para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, un cargo que reclama una mujer -presentó un amparo- que había salido primera en la terna del concurso realizado en 2018.
Se trata de Vanessa Lucero, cuyo pliego en 2019 no llegó a ser tratado y, a principio de este año, el Gobierno lo retiró para su revisión. Finalmente, en septiembre pasado se envió la candidatura de Galletta.
Último orador de la jornada, Galletta repasó su trayectoria, destacando que “hace 27 años” trabaja en el Ministerio Público de la Defensa y pasó “por todos y cada uno de los cargos de escalafón”. “Desde 2007 vengo cumpliendo funciones como defensor ad hoc”, relató, y precisó que incluso fue destinado a diferentes defensorías en “Tucumán, Chubut, San Juan” y actualmente en la N°5 de la Ciudad de Buenos Aires.
El candidato aseveró que la dependencia de Tucumán le es “conocida”, y afirmó que buscará “promover y fomentar” la implementación del Código Procesal Penal; mejorar el acceso a la justicia para las mujeres en prisión; armar equipos interdisciplinarios; y capacitar al personal en cuestiones de género y discapacidad, entre otras acciones. “Conozco la jurisdicción, la materia penal y el trabajo de la defensoría”, ratificó.
Aunque no integra la comisión, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) participó de la reunión y cuestionó la respuesta de Galletta a una de las impugnaciones que recibió. “Para mí ha buscado un camino que me da pena”, lanzó la legisladora, quien resaltó que “ha faltado a la verdad” al “justificar la propuesta de su pliego, a pesar de que ha salido tercero en el concurso, y las dos primeras han sido mujeres”.
En ese sentido, la radical le reprochó haber “confundido” la situación de la provincia respecto a la participación de mujeres en los cargos con la jurisdicción toda, que abarca Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
“En mi provincia todos los defensores son hombres, todos los fiscales son hombres, todos los jueces federales son hombres, tenemos que irnos hasta la Cámara para encontrar alguna mujer”, enfatizó Elías de Pérez que, no obstante, aclaró: “No tengo nada para objetarle; no tengo ninguna intención de mancharlo en lo más mínimo”. Sin embargo, cuestionó al oficialismo por “llenarse la boca hablando de género”.
Más tarde, la opositora volvió a insistir con la situación de la Justicia en su provincia y expresó: “Siento que hay un desprecio absoluto a la mujer tucumana”. “Yo hablo en castellano porque el idioma no es lo que incluye, incluyen otras cosas, romper el techo de cristal es una de esas”, completó.
Al cruce le salió otra tucumana, la oficialista Beatriz Mirkin, quien consideró que Elías de Pérez tenía “una opinión subjetiva sobre lo que plantea”. “Si el doctor Galletta hubiera salido primero, ¿a quién hubiera defendido la senadora? Evidentemente ya tenía tomada una posición”, añadió. Aunque coincidió en que a la justicia de su provincia “le hacen falta más mujeres”.
El resto de los candidatos
Propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Formosa, María Belén López Mace señaló que se trata de “un juzgado multifuero que tiene jurisdicción en toda la provincia”, el cual posee “una secretaría penal” que tiene “el mayor caudal de causas narcotráfico y contrabando”.
La candidata recordó que la provincia absorbió años atrás “la competencia en tenencia simple, tenencia para consumo, y venta y compra de estupefacientes en pequeña escala”, lo que “permitió descomprimir la cantidad de causas que se tramitaban en el juzgado federal; y que la justicia federal se dedique exclusivamente a la persecución de las grandes organizaciones criminales”.
Actualmente, detalló que “las incautaciones son en su mayoría de marihuana, ya que viene directamente de Paraguay” e “ingresa con destino a distintos lugares del país, pero también como tránsito hacia el país vecino de Chile”.
Por otro lado, Mace destacó: “En caso que el Senado me otorgue el acuerdo sería la primera vez que en la justicia federal de Formosa se designe a una mujer como titular en el cargo, lo cual redundaría en una representación del género y también, por supuesto, en el cupo femenino, que es tan necesario en los cargos de mayor jerarquía del Poder Judicial de la Nación”.
A su turno, Guillermo Díaz Martínez, postulado para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Catamarca (Catamarca), dijo que ese juzgado fue creado por ley en el 2015 y “esta creación fue de una larga espera para la provincia”.
“Entre sus rasgos principales viene a descomprimir las competencias del Juzgado Federal N°1”, indicó y subrayó que “Catamarca ha crecido en su población” y, por ende, “en su conflictividad judicial”.
Al ponerse en marcha, el Juzgado Federal N°2 tendría competencia en toda la provincia sobre lo “civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social”, mientras que el Juzgado Federal N°1 quedaría con los fueros “penal, electoral y de ejecución fiscal”.
“Viene a brindar mayor servicio de justicia para todos los catamarqueños”, insistió Díaz Martínez, quien aseguró que su aspiración “no solo versará en el enfoque en la perspectiva de género, sino que será con independencia, imparcialidad, dedicación y responsabilidad; y volcaré mi experiencia para la resolución de manera eficiente y rápida”.
Por su parte, Federico Martín, aspirante al cargo de juez federal de primera instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, informó que el juzgado tiene “competencia en cuatro de los 17 departamentos de la provincia” que “representan más del 25% de la superficie de la provincia”, aunque “no es un sector densamente poblado”.
“(El juzgado) es una deuda pendiente de implementación”, sostuvo, y remarcó que más allá de su competencia para atender el tema del narcotráfico, también es necesario por “la reciente problemática ambiental” que se vio con los incendios en las islas de Victoria.
Otro de los candidatos que expuso este lunes fue Claudio Vázquez, propuesto para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos (Santa Cruz), quien afirmó que buscará “dar agilidad, celeridad y transparencia a la gestión y, también, dar participación activa de todos los integrantes del juzgado mediante la motivación, el trabajo en equipo y la capacitación”.
“En cuestión de género propongo acciones positivas para que las empleadas estén en igualdad de condiciones con los varones”, agregó, al tiempo que abogó por “realizar estadísticas actualizadas de las causas de las distintas secretarías que componen el juzgado; controlar los recursos económicos y bienes del juzgado; y dar a las víctimas mayor participación de los procesos judiciales para que su opinión sea tenida en cuenta. Mi intención es acercar la Justicia a la gente”.
También se presentaron en audiencia pública los candidatos a jueces Ricardo Mianovich, para el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Resistencia (Chaco); Gabriel Di Giulio, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Azul (provincia de Buenos Aires); y Guillermo Quadrini, para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego.
Además, expusieron María Virginia Jalil Colomé, candidata a defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes (San Luis); Celia Delgado, propuesta como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca (Río Negro); y Carlos Escandar, postulado como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Salta.
Oficialismo y oposición avanzaron con el dictamen de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. También, la Comisión de Acuerdos dio luz verde a la designación de José Carlos Ramos como cónsul en Asunción.
La Comisión de Acuerdos del Senado avanzó este miércoles con el dictamen favorable del pliego de Roberto Carlés, propuesto por el Gobierno como embajador en Italia.
Durante la audiencia pública, Carlés repasó su trayectoria y aseguró que Italia es un país al que está “muy unido”. “En el plano académico hice un doctorado en Derecho en Italia, donde viví más de tres años”, relató y agregó que ha regresado “prácticamente todos los años para brindar clases, conferencias y asistir a congresos”.
El abogado consideró que en la actualidad existe una “evaluación errónea” de “la proximidad que tenemos con ese país”, anclada en el pasado migratorio. “Es tiempo de conjugar la relación en tiempo presente”, opinó y, en ese sentido, remarcó que eso “implica diversificar y ampliar la agenda bilateral y diplomática, reposicionar a Argentina como un actor relevante, y trabajar en el plano comercial”.
“En ese plano, quiero ser el embajador de las 24 provincias argentinas para Italia”, afirmó Carlés, al tiempo que habló de la “misión de promover el desarrollo de las industrias culturales” a través de “la exportación de contenido audiovisual”, entre otros puntos.
El senador Jorge Taiana (FdT) lo valoró como “una muy buena designación” y coincidió en que “es central” entender la relación actual con ese país, sobre el cual “hemos tenido una visión que se ha ido distorsionando” en el tiempo.
Consultado por el senador fueguino Matías Rodríguez (FdT) sobre la cuestión Malvinas, Carlés expresó que buscará “la creación del foro Malvinas, que sea un espacio al que puedan asistir personalidades destacadas italianas” que estén a favor de la posición de Argentina y, así, promover el reclamo nacional por Europa.
En tanto, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, señaló que Italia “es la séptima economía del mundo” y “en este momento necesitamos tener visiones contemplativas por parte de los países que han tenido desarrollo de sus economías hacia los países de Latinoamérica”.
Por lo tanto, “es un país sumamente importante”, manifestó el formoseño y llamó a realizar “los esfuerzos para mejorar la relación en todos sentidos”. “Creemos que (Carlés) es la persona que está preparada para eso”, agregó.
Por otra parte, asistió a audiencia pública José Carlos Romero, propuesto como cónsul en Asunción. Al repasar su trayectoria y destacar su “trabajo siempre desde la militancia”, el exdiputado nacional sostuvo que “siempre he trabajado con la democracia” y tuvo “una relación muy estrecha con los países vecinos”, entre ellos Paraguay.
Los senadores Humberto Schiavoni (Pro) y José Mayans (FdT) elogiaron su figura, al igual que Jorge Taiana, quien lo calificó como “un hombre constructor de puentes” y “buen conocedor de Paraguay”. Además, el bonaerense aseveró que su condición política será importante en “el fortalecimiento de la relación bilateral” con ese país, que en los últimos tiempos “ha tenido una tendencia a ir más para atrás”.
En el temario de la reunión también se aprobaron un conjunto de pliegos de ascensos diplomáticos. Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, explicó que se trata de “ascensos que están atrasados” por el recambio de gobierno que hubo en diciembre y abogó que “antes de fin de año debiera llegar la (nómina) que corresponde a este año”.
La Cámara alta aprobó un paquete de designaciones de jueces, fiscales y defensores. Se renovó la discusión sobre los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
El Senado aprobó este jueves, con votos del oficialismo y aliados, un total de 28 pliegos que habían sido enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Entre los expedientes, se votó a favor de dos traslados que habían sido girados para ser revisados.
Se trata de las juezas Zunilda Niremperger, a cargo Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Resistencia, Chaco; y Verónica Skanata, al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones.
Ambas asistieron a audiencia pública realizada el pasado 4 de septiembre, ocasión en la que se ausentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron suspendidos por el Senado.
Anabel Fernández Sagasti, titular de la Comisión de Acuerdos, aprovechó para recordar que a diferencia de esos tres jueces, Niremperger y Skanata no solo asistieron, sino que “se explayaron largamente sobre su trayectoria profesional”.
“Hay una notoria diferencia con tres magistrados de la Nación que decidieron no asistir a la audiencia pública para considerar sus traslados”, criticó la oficialista, y sostuvo que “la comparecencia a la audiencia pública es un requisito ineludible para que el Senado preste acuerdo”.
Laura Rodríguez Machado (Pro) salió al cruce de Fernández Sagasti y enfatizó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “no vinieron a las audiencias públicas porque las audiencias públicas solo se manifiestan para los casos de aprobar o rechazar un pliego, no de revisar un traslado”.
“Jamás se puede convocar a un juez para explicar si su traslado, que lo dispuso el Poder Ejecutivo, fue hecho de forma correcta”, consideró la cordobesa, y dijo que en ese caso el magistrado debería comparecer ante el Consejo de la Magistratura.
En tanto, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) añadió que “aunque los jueces hubieran venido de rodillas, ya estaban condenados a que se anularan sus traslados”, y “por su dignidad no se presentaron al escarnio de algo que no corresponde”.
Romero denunció una “manipulación evidente del Poder Judicial”, basada en que “aquellos jueces que no dictan sentencias favorables” sufren “amenazas, desplantes y acusaciones”, y puso el ejemplo del procurador interino Eduardo Casal, a quien “quieren alejar para que el segundo o tercero (del Ministerio Público Fiscal), afiliado a la agrupación Justicia Legítima, asuma el cargo”.
En la votación, el paquete de pliegos recibió 40 votos a favor, cuatro en contra y 16 abstenciones, en su mayoría de Juntos por el Cambio.
Entre las postulaciones aprobadas figura María Isabel Caccioppoli, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; Pablo Gabriel Salinas, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza; Pablo Oscar Quirós, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Mendoza; e Ivana Soledad Hernández, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, La Pampa.
También María Carolina Pereira, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; Susana Beatriz Pravata, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Mendoza; Edgardo Walter Lara Correa y Diego Martín Cormick, jueces del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 y N°11 de la Capital Federal, respectivamente.
En tanto, David Perelmuter fue designado juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°1 de la Capital Federal; Enrique Manuel Alonso Regueira, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Capital Federal; María Belén Puebla, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°108 de la Capital Federal; y María Constanza Caeiro, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°30 de la Capital Federal.
La nómina de jueces se completa con Héctor Andrés Heim a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, Buenos Aires; y Martín Miguel Innocente en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
Por su parte, Viviana Patricia Piñero fue avalada como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I; y Juan Alberto Fantini Albarenque como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II.
En la sesión se aprobaron además los pliegos de Iara Jesica Silvestre para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, La Pampa; y de Eduardo José Villalba para fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
En otro orden, fueron avalados Alejo Amuchástegui, defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza; Gema Raquel Guillen Correa, defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan; Ivana Verónica Mezzelani, defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de La Plata, Buenos Aires; Inés Jaureguiberry, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires; Guillermo Ariel Todarello, defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Martina Gómez Romero y Ramiro Javier Rúa, defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación.
En la sesión de este viernes, tomaron estado parlamentario 31 expedientes que proponen candidatos a jueces, vocales de cámara y defensores públicos.
El Senado dio ingreso formal este viernes a una treintena de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo -el pasado 30 de septiembre-, con el objetivo de cubrir cargos de jueces, vocales de cámara y defensores públicos.
Los 31 candidatos a ocupar vacantes en el Poder Judicial deberán próximamente pasar por audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti.
Dentro del paquete de pliegos se encuentra el del juez federal de Tucumán Raúl Daniel Bejas, propuesto para la Cámara Nacional Electoral (CNE), actualmente conformada por los magistrados Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. El tercer cargo en el tribunal está vacante desde 2016, cuando falleció a los 87 años el juez Rodolfo Munné.
Además, fueron propuestos para cubrir las vacantes en juzgados de primera instancia de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires Andrea Urretavizcaya, Fabiana Rodríguez, María Eugenia Plaza, Carlos Nagata, María Luján Garay, Laura Darruda, Santiago Docampo Miño, Lucas Malm Green, Ana Alfie, Alejandro Musa, Héctor Karpiuk y Viviana Dobarro.
Por otra parte, se postuló a Federico Martín, como juez federal de primera instancia de Victoria (Entre Ríos); Guillermo Díaz Martínez, como juez federal de primera instancia N°2 de Catamarca; y María Belén López Mace, como jueza federal de primera instancia N°2 de Formosa.
Integran la nómina Gabriel Di Giulio, para juez federal de primera instancia de la ciudad bonaerense de Azul; Ricardo Mianovich, para el juzgado de primera instancia N°2 de Resistencia (Chaco); Guillermo Guadrini, para juez de cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Tierra del Fuego; y Claudio Vázquez, para juez federal de primera instancia de Río Gallegos (Santa Cruz).
Entre los defensores públicos propuestos están Mercedes Robba, Celia Delgado, María Virginia Jalil Colome, Mariano Galletta, Carlos Escandar y Juan Candia.
En tanto, Adriana Cammarata y Sebastián Russo fueron sugeridos como vocales de la Sala 1 y Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, respectivamente; Javier Cosentino y Héctor Chomer como vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires; y Alejandra Quinteiro, como jueza ante el Tribunal Oral de Menores N°2 de la Ciudad de Buenos Aires.
Un total de 31 mensajes fueron girados a la Cámara alta para prestar acuerdo. El juez federal de Tucumán Raúl Daniel Bejas fue postulado para completar el tribunal con competencia electoral.
Luego que la Comisión de Acuerdos avanzara esta semana con el análisis de un conjunto de pliegos, el Poder Ejecutivo envió este miércoles un nuevo paquete de mensajes en los que solicita prestar acuerdo a 31 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.
Dentro de los expedientes se encuentra el pedido para la designación del juez federal de Tucumán Raúl Daniel Bejas en la Cámara Nacional Electoral (CNE), actualmente conformada por los magistrados Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera.
El tercer cargo en la CNE está vacante desde 2016, cuando falleció a los 87 años el juez Rodolfo Munné.
El tribunal en cuestión posee competencia electoral en todo el país y tiene entre sus atribuciones el Registro Nacional de Electores y el Registro Nacional de Partidos Políticos, a la vez que sus fallos son obligatorios para los jueces de primera instancia y para las juntas electorales nacionales.
El Consejo de la Magistratura había elevado en 2018 al Poder Ejecutivo una terna para cubrir esta vacante, donde además del juez Bejas estaba Alejandra Lázzaro, secretaria de la Cámara Nacional Electoral, quien era impulsada en la gestión anterior por el sector de la UCR; y Hernán Golçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Electoral.
Bejas actualmente se desempeña en el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que tiene competencia electoral en esa provincia.
La Comisión de Acuerdos completó este miércoles las exposiciones de 29 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.
La Comisión de Acuerdos del Senado, a cargo de la oficialista Anabel Fernández Sagasti, completó este miércoles las audiencias públicas con 29 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en el Poder Judicial.
En una nueva reunión, los senadores del oficialismo y la misionera Magdalena Solari Quintana -Juntos por el Cambio estuvo ausente- escucharon en esta ocasión a ocho de los postulantes.
Propuesto para juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°1 de la Capital Federal, David Perelmuter, aseguró que en la justicia juvenil encontró su “vocación” y manifestó su “compromiso y pasión por la justicia especializada” en este tema. Además, detalló que en ese tribunal, ubicado en el 7mo. piso de Comodoro Py, “se tramitan unas 2.000 causas aproximadamente”.
“Voy a ejercer mi cargo de juez con compromiso, profesionalismo, pasión y aplicando la ley”, afirmó. En tanto, al ser consultado por la baja de la edad de imputabilidad, dijo que “a todo ciudadano que comete un delito, no importa la franja etaria en la que se encuentra, deben garantizársele sus derechos”.
Perelmuter mencionó que desde el Comité de los Derechos del Niño se hace referencia a que no se retroceda en la baja de la edad de imputabilidad y confirmó: “No es favorable la baja de la edad de punibilidad actualmente”.
Por su parte, María Belén Puebla, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°108 de la Capital Federal, señaló que el fuero civil “es un fuero silencioso del que no se habla mucho, sin embargo es un fuero que está continuamente al lado de los ciudadanos y ciudadanas. Está presente cuando las personas nacen, cuando crecen, cuando la persona ingresa a la mayoría de edad, cuando las personas forman pareja, cuando las rompen, cuando tienen descendencia, cuando adquieren su primera vivienda, cuando alquilan su primera vivienda, muchas veces cuando se enferman, e incluso cuando fallecen”. “Nuestra tarea y nuestra misión es resolver el problema diario y cotidiano de la gente”, agregó.
A continuación, María Constanza Caeiro, quien aspira al cargo de jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°30 de la Capital Federal, destacó que posee una trayectoria de “30 años en el fuero”, en el cual “los procesos suelen ser largos y los expedientes voluminosos”, con lo cual “un juez no puede trabajar solo, es imposible; es fundamental conocer al personal y tener mucha capacitación”.
“Me interesa lograr que a la gente le llegue una sentencia razonablemente fundada y en tiempo oportuno y que la sentencia sea para la gente”, enfatizó.
Defendió también su postulación a juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de la Capital Federal, Hugo Daniel Navarro, quien sostuvo: “Pienso aportar toda mi experiencia para resolver de la mejor manera posible los casos que se presentan ante el tribunal. Conozco los problemas que existen en el fuero penal de menores, sé cómo resolverlos. Tengo vocación por llegar a la magistratura, mi idea siempre fue llegar a juez desde que inicié mis estudios”.
“Quiero brindar todo de mí para poder hacer una justicia de mayor calidad. Voy a hacer aplicación de los tratados de derechos humanos y garantías y, en especial, de la Convención de los Derechos del Niño”, aseguró, al tiempo que abogó por “tratar de acercar a las partes, lograr la paz social y que el conflicto se resuelva”.
Además, en la reunión expusieron los candidatos a defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación, Martina Gómez Romero y Ramiro Javier Rúa; a defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N°2, Guillermo Ariel Todarello; y a vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, Juan Alberto Fantini Albarenque.
Luego que se conociera la voluntad del Poder Ejecutivo de retirar los pliegos, los senadores opositores reaccionaron.
Malestar legislativo generó la solicitud del gobernador Axel Kicillof, incluida hoy en el Boletín Oficial, que busca alterar el destino de los pliegos para la designación de jueces en la Provincia.
“El Senado se expedirá sobre el tema y nuestro Bloque desestima la solicitud del gobernador”, sostuvieron los senadores de Juntos por el Cambio.
“El artículo 204 inciso g del Reglamento Interno del Senado es muy claro y refiere que la Vicegobernadora debe representar al Cuerpo y hablar en nombre de él, no pudiendo sin su acuerdo contestar ni dirigir por escrito comunicaciones que no sean de trámite”, remarcaron los senadores.
En ese sentido, los legisladores detallaron que “los pliegos fueron repuestos al orden del día en la última sesión del Senado porque las autoridades de este Cuerpo los habían retirado equivocadamente ya que los mismos tenían despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos”.
Por su parte, Roberto Costa, titular de la bancada de JxC en el Senado manifestó que “la solicitud del gobernador es improcedente, inconstitucional y desconoce el trabajo que se viene llevando adelante por cuatro senadores, dos del oficialismo y dos de la oposición”, y agregó: “desconoce también las conversaciones con el presidente del bloque oficialista, con distintos ministros de su gabinete y con la propia vicegobernadora”.
“Kicillof no entiende la división de poderes. Hemos perdido capacidad de asombro, no es la primera vez que el gobernador desconoce el funcionamiento y las normas de la Provincia. Su actitud es temeraria”, remarcó Costa y argumentó: “el Poder Legislativo tiene la facultad en este momento de aprobar o no dichos pliegos”.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires solicitó al Senado provincial la devolución de 42 pliegos para cubrir cargos judiciales.
El envío de los pliegos para la “prestación de acuerdo” había sido realizado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal entre junio y agosto de 2019.
El ministro de Justicia y DD.HH., Julio Alak, explicó que “dado el tiempo transcurrido y la existencia de numerosos hechos sobrevinientes desde su envío —algunos de notoria gravedad–, corresponde que el Senado devuelva los pliegos para que el Ejecutivo reevalúe pormenorizadamente cada uno”.
Alak sostuvo que el art. 175 de la Constitución Provincial habilita la devolución de los pliegos requeridos, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a designar a los jueces y miembros del Ministerio Público de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura.
Subrayó, asimismo, que la posibilidad del Ejecutivo de reexaminar los pliegos enviados al Senado ante hechos sobrevinientes ha sido expresamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en el fallo “Decastelli”.
En la misma línea, el ministro de Justicia recordó que “existen numerosos antecedentes de devoluciones de pliegos del Senado al Ejecutivo”; el más reciente, según recordó, “es el pedido efectuado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal a poco de asumir, a través del responsable de la cartera de Justicia, Carlos Mahiques”. Como consecuencia de ese requerimiento, el 18 de marzo de 2016, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida entonces por la senadora de JxC Nidia Moirano, y el vicegobernador Daniel Salvador remitieron en devolución al Poder Ejecutivo los 126 pliegos de jueces y miembros del Ministerio Público que el ex gobernador Daniel Scioli había girado en agosto de 2015.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo, según informó Alak, “se comprometió a realizar la tarea de reevaluación” de los pliegos, en el marco de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, “en un plazo perentorio de sesenta días corridos desde el momento en que el Senado proceda a su devolución”.
El senador oficialista recordó que las designaciones de los camaristas “no tuvieron acuerdo del Senado”. “No se presentaron y no cumplieron el trámite”, remarcó.
El senador oficialista Mario Pais defendió este lunes el rechazo a los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, luego de la audiencia pública realizada el viernes pasado.
El chubutense indicó que “la Constitución prevé el acuerdo (de la Cámara alta) para la Corte Suprema y para los jueces federales inferiores”.
“El Consejo de la Magistratura observó que a estas designaciones les faltaba ser completadas”, recordó y explicó que “los traslados tuvieron dictamen favorable del Consejo de la Magistratura y por decreto del Poder Ejecutivo, pero no tuvieron acuerdo del Senado”.
En ese sentido, el legislador del Frente de Todos señaló que una acordada de la Corte estableció que “en el cambio de jurisdicción y naturaleza de competencia de un magistrado, todo magistrado para acceder al cargo que tiene debe pasar por el sistema que prevé la Constitución”.
“Todo traslado de un magistrado a un nuevo cargo debe cumplimentar el proceso constitucional”, insistió en diálogo con Radio 10.
Pais consideró que ante el faltazo, Bruglia y Bertuzzi “nos han impedido que podamos ejercer este derecho”. “De los diez pliegos, a los tres que no se presentaron, que no cumplieron el trámite, se les debe rechazar el pliego”, remarcó.
El Frente de Todos, con apoyo de la misionera Magdalena Solari Quintana, firmó los pliegos enviados por el Gobierno. Los camaristas, que intervienen en la causa de los cuadernos, no concurrieron a la reunión. Juntos por el Cambio tampoco asistió y pidió la impugnación de la audiencia.
Por Melisa Jofré
El oficialismo en el Senado avanzó con el rechazo de los traslados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal, Sala I, de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes intervienen en analizar cada paso de la denominada causa de los cuadernos.
Con el acompañamiento de la misionera Magdalena Solari Quintana, y con la ausencia de los senadores de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos se opuso a los pliegos de ambos, remitidos por el Poder Ejecutivo. Asimismo, firmarán en contra del traslado del magistrado Germán Castelli al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal, que tampoco se presentó.
Hacia el final de la reunión, que duró casi cuatro horas, la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, hizo mención a las notas enviadas por los jueces informando que no asistirían a la audiencia pública.
“Es una lástima que el doctor Bruglia haya decidido no asistir a completar una manda constitucional al Senado”, afirmó Fernández Sagasti, al referirse a la primera nota.
En tanto, el jujeño Guillermo Snopek cargó: “Quería dejar en claro cómo el gobierno de Macri arma una compleja estructura para usar las funciones y los procedimientos judiciales para alcanzar sus objetivos tanto políticos como económicos”.
Para el legislador, hubo “armado de causas” por parte de estos jueces, y acusó a la gestión anterior de “hacer renunciar a (Eduardo) Freiler, a (Jorge) Ballestero por jubilación y al propio (Eduardo) Farah por la presión mediática que recibió”. “Está clara la composición y el esquema de utilización de la justicia”, agregó.
También apuntó contra Bruglia el senador Oscar Parrilli, al sostener que “se ve que tiene una gran capacidad” porque “subroga y tiene un traslado, reemplaza a dos jueces”.
Contra el gobierno anterior, criticó “la manipulación por parte del Poder Ejecutivo, la justicia y la complicidad de estos jueces”, por lo que “no es casualidad que se niegue a concurrir”. “Está claramente demostrando por su desprecio a las normas constitucionales y al Senado”, añadió.
Mientras que el fueguino Matías Rodríguez propuso pasar directamente a la firma del rechazo, por “el claro desprecio a todo este proceso y a la Constitución Nacional”. En el mismo sentido, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, remarcó que la decisión de los magistrados lo que hace es “sentar un precedente muy malo”. “Obviamente no podemos dar el acuerdo. Esta falta es grave”, expresó el formoseño.
Nuevamente tomó la palabra Parrilli, para recordar que Bruglia y Bertuzzi presentaron un amparo que fue rechazado por la jueza Alejandra Biotti y “fueron a la Corte Suprema”. “Independientemente de que estamos rechazando el traslado, estos jueces van a seguir actuando en los juzgados en que estaban antes”, advirtió y opinó que “esta actitud debe ser considerada por el Consejo de la Magistratura porque van a seguir siendo funcionarios”.
El resto de los jueces
El primero en exponer fue Juan Manuel Iglesias, quien en 2016 fue trasladado de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia (Chaco).
El magistrado aseguró que el cambio “tuvo que ver con cuestiones meramente familiares” y señaló que ese tribunal “era un tribunal que estaba parado, con muchas dificultades”, en el que “había muy pocas sentencias y juicios”.
Por eso, Iglesias destacó que con su presencia “cien por ciento en la intervención de las causas” se logró “llevarlo a un nivel en donde pasaron de haber 50, 40 sentencias a 130, 140 sentencias”, además de haberse realizado “cuatro, cinco juicios de lesa humanidad”. “Me gustaría continuar en el tribunal para llevarlo al nivel que quiero, que tenga un atraso mínimo”, agregó.
Luego fue el turno de Zunilda Niremperger, quien pasó del juzgado federal de primera instancia N°2 de Resistencia (Chaco) al juzgado federal de primera instancia N°1 de la misma localidad. La magistrada enfatizó que cuando pidió el traslado lo hizo porque “estaba convencida de que las condiciones estaban dadas para ello”.
Al repasar su trayectoria, la jueza recordó que en agosto de 2015 se hizo cargo por subrogancia del juzgado N°1, donde “había una situación de postergación importante y se necesitaba trabajar mucho”. “El juzgado sigue teniendo unas 40 mil causas en trámite y tiene además la competencia electoral”, precisó Niremperger, quien tiene a su cargo causas que involucran a la diputada radical Aída Ayala.
Finalmente, afirmó que su traslado fue “absolutamente regular, legítimo” y añadió: “No creo que en ningún momento haya violado ningún tipo de ley ni que haya sido puesta por un favor”.
A su turno, Federico Villena, trasladado del juzgado federal de primera instancia de Moreno (provincia de Buenos Aires) al juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, se mostró a favor de la revisión: “Este procedimiento resulta necesario, más allá de las opiniones que cada magistrado tenga sobre la legitimidad de sus traslados”.
Para el magistrado -primer juez de la causa de presunto espionaje ilegal durante el macrismo- consideró que con este paso podrán “tener la certidumbre de seguir ejerciendo nuestra magistratura con todas las garantías que necesitamos para ello”.
Villena admitió que en su caso fue designado “con dos excepciones”, referidas a que “no llegaba a los cuatro años y se trataba de un cambio de cámara”. Sobre el juzgado que tiene a cargo, reveló que tiene “aproximadamente 2.500 causas en trámite, sobre narcotráfico, trata de personas, contaminación ambiental y secuestros extorsivos”.
Otro de los jueces que expuso este viernes fue Eduardo Farah, trasladado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de Capital Federal y luego al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
El magistrado, quien fue uno de los que dispuso la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, recordó: “Durante dos meses los medios de comunicación, prácticamente durante las 24 horas del día, criticaron ese fallo” y “pusieron en tela de juicio mi honestidad”.
“Fui denunciado por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y por cohecho”, señaló y argumentó que decidió su traslado, entre otros aspectos, para “ser investigado de un modo en que la función que yo ejercía no se interpretara como un obstáculo”.
Al momento de las preguntas, Parrilli analizó que se rató de “una maniobra perfecta” el hecho de que “Bruglia entró en lugar de Farah”.
Además se presentaron Verónica Skanata, con traslado del juzgado federal de primera instancia de Oberá al juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas; Gustavo Velázquez, trasladado del juzgado fderal nacional en lo Criminal y Correccional N°36 de Capital Federal al juzgado nacional de Menores N°7 de la Capital Federal; y Esteban Hansen, con traslado del juzgado federal de primera instancia de Libertador General San Martín al juzgado federal de primera instancia N°1 de Jujuy.
Los argumentos de Juntos por el Cambio para impugnar la audiencia
En la nota enviada a la comisión, los senadores aseguraron que la audiencia es “nula de nulidad absoluta”, porque “en la situación actual de los jueces sometidos a acuerdo, el Senado no tiene competencia para considerarlos”.
“No puede soslayarse que los pliegos incluidos en la audiencia pública en cuestión, consisten todos en jueces federales que han sido trasladados por decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento de cada traslado (Resolución del Consejo de la Magistratura 155/2000) y al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 4 y 7 del año 2018. Estos decretos del PEN se encuentran vigentes”, indicaron.
Los legisladores de la oposición remarcaron entonces que “siendo que los decretos” se “encuentran firmes y consentidos y, además, no fueron impugnados ni administrativa ni judicialmente, resulta evidente que, en el hipotético caso que tuviesen un vicio -lo cual, no ocurre-, solo podrían ser revisados -y, eventualmente, anulados- por el Poder Judicial”.
Por otra parte, cuestionaron la resolución del Consejo de la Magistratura, al considerarla también “nula de nulidad absoluta e insanable puesto que contradice palmariamente la normativa vigente en tanto, al pretender revisar lo dispuesto por un decreto del Poder Ejecutivo, se arroga facultades jurisdiccionales”.
“Además, esta revisión de los traslados efectuados, sin recurrir al procedimiento judicial pertinente, devienen en un mecanismo encubierto de remoción de magistrados, contrario a lo establecido por la Constitución Nación”, advirtieron y adelantaron que todos los actos que se realicen como consecuencia directa de esa resolución “se encuentran viciados de nulidad absoluta”.
Asimismo, los senadores de JxC cuestionaron la “celeridad” de este trámite, algo que “no se advierte en otros asuntos más relevantes para la actualidad nacional”. “Resulta evidente que, este conjunto de actos disparados a partir de lo actuado por el representante del PEN en el Consejo de la Magistratura, son un manifiesto avance sobre la estabilidad de los jueces federales que tienen a su cargo la tarea de investigar al poder político, afectando así de manera directa la independencia del Poder Judicial”, apuntaron.
En la misiva subrayaron que “de admitirse este procedimiento ilegítimo, se está poniendo en cuestión a su vez, a decenas de jueces que alguna vez han sido trasladados por el procedimiento vigente al momento del traslado”.
“Claramente, esta práctica de poner en cuestión permanente la estabilidad de los jueces federales, afecta la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la garantía del juez natural y se proyecta como un ataque al sistema político establecido en nuestra Constitución Nacional”, evaluaron.
También criticaron la modalidad virtual de la audiencia pública, puesto que “no se encuentra prevista en el Reglamento de este Honorable Senado de la Nación”, con lo cual es “improcedente y legalmente nula”. Además, manifestaron que la convocatoria no respetó “el plazo de al menos 15 días corridos” y afirmaron que recibieron “numerosos reclamos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que no han podido hacer llegar sus observaciones” a los correos oficiales.
La nota fue firmada por Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Oscar Castillo y Ernesto Martínez.
La respuesta del oficialismo
Luego que la secretaria de la comisión leyera rápidamente la nota, la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “parece que la oposición se está acostumbrando a impugnar el procedimiento de comisiones”.
Al informar que la nota entró por mail a las 10.05 y no había tenido “la posibilidad de hacer una contestación por escrito”, la mendocina contestó que “más allá de las valoraciones jurídicas sobre si corresponde o no otorgar acuerdo por parte de este Senado” lo que se hizo es aplicar “el trámite reglamentario correspondiente para dar aprobación o no a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo”.
“No es la primera vez que esta comisión funciona a través de la vía remota, es más, está en curso en el Senado la vía remota hace meses”, destacó y, respecto a la imposibilidad de ciudadanos y organizaciones para enviar sus observaciones, detalló: “Hemos recibido más de 240 impugnaciones, procesadas día por día por esta comisión y enviadas por correo a cada senador”.
Asimismo, la oficialista ratificó que “los correos oficiales funcionaron” porque “de hecho la carta de Juntos por el Cambio ingresó por esa vía”. “La no presencia ha sido una decisión dispuesta por Juntos por el Cambio que nos hemos anoticiado esta mañana”, completó.
En tanto, el chubutense Mario Pais resaltó que “ya con participación activa de la oposición se han realizado audiencias con los propuestos por el Poder Ejecutivo” para cubrir cargo de embajadores, que incluso fueron “ratificados por unanimidad” en el pleno, lo cual “deslegitima parte de esa nota”.
Fue al comienzo de la sesión de este jueves. Las candidaturas de jueces, fiscales y defensores deberán analizarse ahora en la Comisión de Acuerdos.
Al comienzo de la sesión de este jueves, el Senado dio ingreso formal a un conjunto de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Ahora, las candidaturas deberán analizarse en la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti.
La lista está integrada por Edgardo Correa, Enrique Alonso Regueira y Diego Cormick, postulados como jueces de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, como juez federal de primera instancia de Mercedes (Buenos Aires); Susana Pravata, como jueza de primera instancia de Mendoza; y Hugo Navarro, para juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de la Ciudad de Buenos Aires.
También figuran María Carolina Pereira, como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; Martín Innocente, como juez federal de primera instancia de Roque Sáenz Peña (Chaco); María Belén Puebla, como jueza nacional de primera instancia en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires; Pablo Quiros, para juez federal de primera instancia N°2 de Mendoza; Pablo Salinas, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza; y David Perelmuter, como juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°1 de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los pliegos se postula a María Constanza Caeiro, como jueza nacional de primera instancia en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires; Iara Silvestre, fiscal en Santa Rosa (La Pampa); Héctor Heim, como juez federal de Pehuajó (Buenos Aires); Ivana Hernández, como jueza federal de General Pico (La Pampa); y María Caccioppoli, para jueza federal N°2 en Concepción del Uruguay.
La nómina continúa con Néstor Barral, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; Juan Fantini Albarenque, como vocal de la sala II de la Cámara Federal de Seguridad Social; Viviana Piñeiro, vocal de la sala I de la Cámara Federal de Seguridad Social; y Daniel Alonso, vocal de la sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
También son candidatos Guillermo Todarello, como defensor oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Gema Guillen Correa, como defensora ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan; Inés Jaureguiberry, como defensora pública en la provincia de Buenos Aires; Ivana Mezzelani, como defensora ante tribunales de La Plata; Ramiro Rúa, como defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación; y Alejo Amuchastegui, como defensor en tribunales de Mendoza.
El paquete se completa con el pliego de Eduardo Villalba, como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Martina Gómez Romero, en la Defensoría General de la Nación.
Se trata de 29 funcionarios judiciales que fueron girados a la Comisión de Acuerdos que conduce la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Veintinueve pliegos de jueces y defensores fueron remitidos por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos del Senado, con el fin de llenar vacantes en distintos distritos del país.
La lista está integrada por Edgardo Correa, Enrique Alonso Regueira y Diego Cormick postulados como jueces de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, como juez federal de primera instancia de Mercedes (Buenos Aires); Susana Pravata, como jueza de primera instancia N° 4 de Mendoza; Hugo Navarro, para jueza de cámara del Tribunal Oral de menores 3 de CABA; María Carolina Pereira, como jueza de Cámara del tribunal Oran en lo Criminal Federal de San Luis; Martín Innocente como juez federal de primera instancia de Roque Sáenz Peña, Chaco; María Belén Puebla como jueza nacional de primera instancia en lo Civil 108 de CABA; Pablo Quiros, juez federal de primera instancia número dos de Mendoza; y a Pablo Salinas, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza; y David Perelmuter, como juez de cámara del Tribunal Oral de Menores 1 de la ciudad de Buenos Aires.
Están también María Constanza Caeiro, como jueza nacional de primera instancia en lo Civil 30 de CABA; Iara Silvestre, como jueza federal de Santa Rosa (La Pampa); Héctor Heim, como juez federal de Pehuajó (provincia de Buenos Aires); Ivana Hernánez, como jueza federal de General Pico (La Pampa); y María Caccioppoli, jueza federal 2 en Concepción del Uruguay.
La lista incluye a Néstor Barral, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; Juan Fantini Albarenque, como vocal de la sala dos de la Cámara Federal de Seguridad Social; Viviana Piñeiro, vocal de la sala 1 de la Cámara Federal de Seguridad Social; y Daniel Alonso, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
También figuran Guillermo Todarello, defensor oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Gema Guillen Correa, como defensora ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan, e Inés Jaureguiberry como defensora pública en la provincia de Buenos Aires; a Ivana Mezzelani, como defensora ante tribunales de La Plata; Ramiro Rúa, como defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación; y Alejo Amuchastegui, como defensor en tribunales de Mendoza.
Figura también el pliego de Eduardo Villalba, como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Martina Gómez Romero, en la Defensoría General de la Nación.
A través de un aviso oficial publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se informó que el próximo 4 de septiembre se realizará la reunión virtual de la Comisión de Acuerdos.
A través de un aviso oficial publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría Parlamentaria del Senado informó que el próximo 4 de septiembre a las 10.30 se realizará de manera virtual la audiencia pública para revisar los traslados de diez jueces federales, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La convocatoria se conoce luego que este martes el Frente de Todos avanzara contra la orden judicial enviada por la magistrada Alejandra Biotti, quien solicitó que no se dé tratamiento al pedido del Poder Ejecutivo al hacer lugar a un amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi.
Antes de la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti, se abrirá a partir de este viernes 21 y hasta el jueves 27 de agosto el plazo para presentar y formular eventuales observaciones.
Además de Bruglia y Bertuzzi, los otros jueces objetados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. El Poder Ejecutivo cuestiona cómo se realizaron estos traslados, durante el gobierno anterior de Mauricio Macri.
En la Comisión de Acuerdos el oficialismo tiene número para imponer su dictamen, y con la mayoría en el pleno podrá avanzar con los pliegos que quiera.
En un comunicado de la Comisión de Acuerdos firmado por Anabel Fernández Sagasti, el Frente de Todos aclaró que no se debatió el nombramiento este miércoles “por expreso pedido de la propia candidata”.
Luego de que trascendieran versiones acerca de que el Gobierno estaría “revisando” la designación de Alicia Castro como embajadora en Rusia, la Comisión de Acuerdos del Senado explicó por qué el pliego de la exfuncionaria no fue tratado en la reunión de este miércoles, junto con otros tres.
Según indica el comunicado, que lleva la firma de la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, el nombramiento no fue incluido en el temario “por expreso pedido de la propia candidata”.
“Prueba de ello son las recientes declaraciones de Castro a medios de comunicación, donde explicó los motivos de esta inquietud”, se indicó.
Lo que argumentó la diplomática fue que “la misión en la Federación Rusa y cinco países concurrentes precisa de una gran movilidad. Por mi edad pertenezco a un grupo de población en riesgo, razón por la cual permanezco sin salir de mi casa desde marzo”.
Castro aclaró que “son infundados los contenidos de medios que especulan con que el gobierno de Alberto Fernández habría congelado la designación como embajadora en Rusia”.
Tras esta aclaración, la senadora Fernández Sagasti rechazó “de manera categórica la publicación del diario La Nación, que se efectuó sin consultar a las fuentes, es decir, a esta comisión”.
En una nota publicada hace dos semanas, el matutino mencionado informó que la designación de Castro estaba paralizada por los cuestionamientos de la exembajadora hacia el canciller Felipe Solá, puntualmente por la situación en Venezuela.
Fue al comienzo de la sesión de este jueves en el Senado, donde también tomó estado parlamentario la postulación de Mateo Capitanich como embajador en Nicaragua.
Al comienzo de la sesión de este jueves se dio ingreso formal en el Senado al pliego que propone a Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es actualmente interventora.
El pedido de acuerdo fue enviado por el Poder Ejecutivo hace un mes. Ahora, el pliego deberá tratarse en la Comisión de Acuerdos, presidida por Anabel Fernández Sagasti (FdT), y, antes de la firma del dictamen, Caamaño deberá ser convocada a una audiencia pública.
También tomó estado parlamentario el pliego de Mateo Daniel Capitanich, hermano del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, a quien se lo propone como embajador en Nicaragua.
Además, tuvieron ingreso formal una serie de expedientes sobre ascensos en las Fuerzas Armadas y la Cancillería.
Doce postulantes se presentaron en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos. A la única designación que se opuso Juntos por el Cambio fue a la de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA.
En una extensa audiencia pública realizada en el Salón Illia del Senado, doce candidatos a embajadores propuestos por el Gobierno obtuvieron el aval a sus pliegos en la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti. El paquete de nombramientos se votará este jueves, a partir de las 12, en una sesión extraordinaria.
La única designación que rechazó Juntos por el Cambio fue la de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA. El jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, confirmó ante la prensa acreditada que no están de acuerdo debido a las “improvisaciones” que mostró el postulante en torno al tema Venezuela. “Hay un acompañamiento expreso del Gobierno a la dictadura de (Nicolás) Maduro”, consideró el formoseño.
Al finalizar la reunión, Ernesto Martínez (Pro) confirmó a este medio que pese a la polémica por Sergio Urribarri -con cuestionamientos por parte de los senadores entrerrianos de JxC-, el exgobernador entrerriano tendrá respaldo de la oposición.
El primero en realizar su presentación este martes fue Alberto Iribarne, quien tendrá destino a la embajada de Uruguay. El exministro de Justicia aseguró que existe un “desafío de seguir trabajando para que la historia en común -de ambos países- se transforme en un proyecto en común”.
El candidato hizo hincapié en la necesidad de la integración regional para lograr la inserción en el mundo, ya que “somos conscientes, y el presidente también, que es un mundo difícil, un mundo complejo. Es muy difícil la salida individual como país”.
Iribarne señaló que hay un reclamo de las autoridades argentinas por vuelos británicos que se realizaron desde Uruguay a Malvinas, pero destacó que el país vecino “siempre ha apoyado en todos los foros internacionales” el reclamo argentino sobre Malvinas y que desde su lugar buscará “reactivar los grupos” de personalidades, políticos y académicos “que son amigos de la soberanía argentina en Malvinas”.
Luego fue el turno de Carlos Raimundi, postulado como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien fue acorralado por la oposición por el tema de Venezuela. El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, lo consultó por su posición sobre la decisión de la Asamblea Nacional de designar un embajador en la OEA, “mientras que el régimen de Nicolás Maduro ha optado por no ser parte”.
Además, el radical le preguntó si “Venezuela es miembro de la OEA” y qué pensaba respecto de que “la Corte Interamericana retomó competencia para juzgar las violaciones de derechos humanos en Venezuela”.
Raimundi sostuvo: “No negamos en absoluto una situación crítica en Venezuela, pero sí hay que plantear la multicausalidad de esta situación, que no responde únicamente a falencias en el actual gobierno, sino a un contexto mucho más amplio que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales y sus riquezas”.
“Hay una situación humanitaria delicada, pero que la solución no va a venir de la mano de la intervención externa”, aseguró y enfatizó que apoya “la no injerencia externa, sino que los países hermanos tenemos que favorecer todos los canales de diálogo entre las partes” y “preservar a la región como zona de paz”.
El exlegislador ratificó que, a partir del nuevo gobierno, “Argentina no está entre los países que reconocen a (Juan) Guaidó como presidente”, ya que al presidente “lo tiene que designar legítimamente el pueblo” de ese país.
Por el oficialismo, recogió el guante el chubutense Mario Pais, que aclaró que “no todos los países que integran la OEA han aceptado la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana, uno es Estados Unidos y otro es Venezuela, desde antes, no de ahora”. Y subrayó que no conoce “el caso de algún Parlamento que pueda designar embajadores. Es una buena pregunta que se le podría hacer a Cancillería, no al doctor Raimundi”.
Con apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, Jorge Argüello, que será enviado a Washington, ponderó que ya ha tenido reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y ha encontrado “una buena disposición para los intereses argentinos que me va a tocar representar”.
“Me fui con una sensación epidérmica de que es buena la predisposición que encuentro para escuchar cuál es la posición de Argentina y una solución a nuestros problemas”, expresó en relación a la situación económica.
Además, Argüello recordó que este año será “particularmente movido” por las elecciones en Estados Unidos, y que estará trabajando en todo lo que tenga que ver “con las repercusiones en la relación bilateral”. También destacó como “bueno” el breve contacto que mantuvo en el despacho del presidente Donald Trump durante la presentación de sus cartas credenciales el pasado 6 de febrero.
En la audiencia, que se extendió por más de cuatro horas, el más elogiado por todo el arco político fue Daniel Scioli, propuesto como embajador en Brasil. El todavía diputado nacional manifestó que tiene “mucha confianza de poder llevar adelante un gran trabajo, a partir del sentido común y de la profunda relación histórica” entre ambas naciones.
El exgobernador bonaerense expresó que tiene expectativa de que la situación tensa entre ambos gobiernos se irá “descomprimiendo”, y dijo que durante los recientes intercambios con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro y sus funcionarios vio “buena disposición” para “dejar atrás la pirotecnia verbal”.
Scioli remarcó que recibió por parte de Alberto Fernández “una instrucción muy clara de volver a encauzar el vínculo en el cual volvamos a recuperar niveles de intercambio comercial”. En ese sentido sostuvo que buscará “conectar las economías regionales con las oportunidades que se dan en cada uno de los estados brasileños”.
Varios senadores hicieron uso de la palabra luego para destacar la candidatura de Scioli. El catamarqueño Oscar Castillo, aliado de Juntos por el Cambio, resaltó que “de su trayectoria no hay nada que hablar: amplia, larga, fructífera y con conocimiento de Estado”.
Y agregó que es “muy acertada la decisión” del presidente de “tener un hombre que es de la política, pero que siempre ha tenido relaciones y responsabilidad con el sector privado y las empresas, lo que hace que las relaciones seguramente sean las mejores”.
También lo ponderó el radical Martín Lousteau, que apuntó a sus “cualidades personales de moderación, de diálogo y siempre acercar a las partes”, las cuales “son sumamente importantes” para “distender la tensión” entre ambos gobiernos.
Expusieron además ante los senadores Domingo Peppo (Paraguay), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú) y Carlos Tomada (México); Fernando “Pino” Solanas, que irá a la Unesco y Mariano Kestelboim, a la Asociación Latinoamericana de Integración.
El exgobernador entrerriano, candidato a embajador en Israel, fue cuestionado por la oposición a raíz de las causas de corrupción que pesan en su contra.
El exgobernador entrerriano Sergio Urribarri, candidato a embajador en Israel, se presentó este martes en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado y fue cuestionado por la oposición debido a las causas por presunta corrupción que pesan en su contra.
Luego de su exposición, la senadora entrerriana Stella Maris Olalla (UCR) recordó que en el pliego enviado por el Poder Ejecutivo no se detallaban los “aspectos de carácter judicial” sobre el postulante y consideró que todos los integrantes de la comisión “deberían tener conocimiento” de esas investigaciones, más allá de que “el señor Urribarri tenga el derecho de acogerse al principio de inocencia”.
Tomó la palabra entonces la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti (FdT), para afirmar que las tres impugnaciones recibidas sobre el candidato fueron “debidamente contestadas en tiempo y forma por escrito” por Urribarri. “Están todos debidamente informados”, afirmó.
Pero el momento más fuerte llegó después con la intervención de Alfredo De Angeli. “La justicia lo está convocando a usted para un juicio oral (por malversación de fondos) en abril. Usted va a tener que enfrentar a la justicia. ¿Piensa viajar desde Israel a presentarse cuando la justicia lo requiera? Y supongamos que la justicia lo halle culpable, ¿usted está dispuesto a renunciar al cargo de embajador?”.
Llamándolo “Alfredito”, Urribarri lo mandó a leer las contestaciones que envió por escrito y, haciendo referencia a sus antecedentes, señaló que “aun siendo diputado provincial con fueros, fui a los tribunales cada vez que fui requerido” y también se presentó “espontáneamente”.
“No existe impedimento alguno para que el candidato que manda el Poder Ejecutivo vaya como embajador a Israel”, sentenció el jefe del bloque oficialista, José Mayans, y retrucó: “Hay presidentes que asumieron procesados”. “La presunción de inocencia rige para todos los ciudadanos argentinos”, completó.
Durante su alocución, Urribarri señaló que Israel es “un destino especial y sensible” y aseguró que para él “tiene una significación especial”. El exgobernador subrayó que su postulación contó con “el apoyo público de instituciones judías” y lo relacionó con su tarea con la comunidad durante su gestión en la provincia.
Foto: Comunicación del Senado
La Cámara alta realizará su sesión preparatoria a las 11. En tanto, a partir de las 12, el pleno tratará pliegos de embajadores.
En la previa del fin de semana largo, el Senado tendrá este jueves doble sesión. La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó para las 11 a la sesión preparatoria en la que se ratificarán las autoridades y se acordarán los días y horarios de sesión.
En tanto, a partir de las 12, el pleno se reunirá en sesión extraordinaria para tratar el retiro de un paquete de pliegos enviados por la gestión anterior y, además votar las postulaciones de embajadores propuestos por el gobierno de Alberto Fernández.
Los candidatos pasarán este martes por audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, donde se espera que las designaciones reciban aval de la mayoría.
El decreto que cita a la reunión no contiene entre los temas el proyecto de ley de góndolas, pero el oficialismo tiene la intención de dictaminar la iniciativa este martes en la Comisión de Legislación General -que se constituirá y quedará a manos de la correntina Ana Almirón (FdT)-.
Para debatirla en el recinto dos días después, se necesitarán dos tercios de los votos para habilitar su tratamiento, con lo cual el Frente de Todos dependerá del acuerdo que alcance con Juntos por el Cambio.
Los pliegos que el oficialismo buscará aprobar en la sesión del jueves son, entre otros, los de Jorge Argüello como embajador en Estados Unidos; y el exsenador nacional Fernando “Pino” Solanas, propuesto para la UNESCO.
También las postulaciones de tres exgobernadores: el bonaerense Daniel Scioli, futuro representante en Brasil; el entrerriano Sergi Urribarri, que irá a Israel; y el chaqueño Domingo Peppo, destinado a Paraguay.
Otros de los nombres propuestos son el exministro de Justicia Alberto Iribarne (Uruguay); Carlos Tomada (México); el exvicepresidente de la Nación Carlos “Chacho” Alvarez, impulsado como embajador en Perú; y Alfredo Atanasof (Bulgaria).
Los pliegos restantes son los de Rodolfo Gil (Portugal); el exdiputado nacional del ARI Carlos Raimundi (OEA); y Mariano Kestelboim, para la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).
Los postulantes expondrán este martes, desde las 10, en la Comisión de Acuerdos que conduce la mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Los candidatos a embajadores impulsados por el gobierno de Alberto Fernández se presentarán este martes, desde las 10, en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos que conduce la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).
Una vez que los postulantes expongan, el oficialismo -con mayoría en la comisión- tiene la intención de avanzar con el dictamen de los pliegos, para tratarlos este jueves en la sesión extraordinaria que fue convocada a las 12.
En el Salón Illia pasarán por audiencia Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Sergio Urribarri (Israel), Domingo Peppo (Paraguay), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Carlos “Chacho” Álvarez (Perú) y Alberto Iribarne (Uruguay).
Según informaron fuentes parlamentarias, todavía resta la confirmación de asistencia de Rodolfo Gil (Portugal) y Carlos Tomada (México).
También se presentarán Fernando “Pino” Solanas, enviado en representación de Argentina a la Unesco; Mariano Kestelboim, para la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración); y Carlos Raimundi para la OEA (Organización de Estados Americanos).
Se trata de postulaciones realizadas, en su mayoría, entre octubre y los primeros días de diciembre del año pasado. Entre ellos se encontraba una candidatura de Daniel Rafecas.
El Poder Ejecutivo envió al Senado una nota en la que solicita el retiro de 198 pliegos para la cobertura de cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, que habían sido girados por el gobierno anterior -en su mayoría- entre octubre y los primeros días de diciembre del año pasado.
En el listado del documento, que lleva las firmas de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se encuentra una postulación de Daniel Rafecas para cubrir una vacante en la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional porteña.
Tal como explicó parlamentario.com, para que pueda ingresar formalmente el pliego de Rafecas como procurador general de la Nación, cargo para el cual fue elegido por el presidente Alberto Fernández, era necesario cumplir primero con este trámite.
Dentro de la numerosa lista se encuentra también un pliego que impulsaba el ascenso de Gustavo Fresneda desde el juzgado federal de Pasos de los Libres al juzgado federal de Corrientes. El magistrado había sido muy cuestionado, por las acusaciones en su contra sobre trata y tráfico de influencias, cuando en diciembre de 2018 se aprobó su designación en la Cámara alta.
Además, se solicita retirar un pliego de Germán Moldes, hijo del fiscal del mismo nombre, que había sido propuesto para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, y el de Ignacio Mahiques, a quien se había postulado como juez federal de Mercedes.
Los candidatos del Ejecutivo deberán presentarse en audiencia pública el próximo 18 de febrero.
Al comienzo de la sesión de este miércoles, se dio ingreso formal a un conjunto de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de embajadores y representantes argentinos en distintos organismos internacionales.
Tomaron estado parlamentario los pliegos del exministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el exvicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, candidato para Perú; Rodolfo Gil, impulsado para Portugal; y Alberto Iribarne, postulado para Uruguay.
También ingresaron las designaciones del Gobierno para Jorge Argüello, como embajador en Estados Unidos; Alfredo Atanasof, propuesto para Bulgaria; y tres exgobernadores, el bonaerense Daniel Scioli (Brasil), el entrerriano Sergio Urribarri (Israel), y el chaqueño Domingo Peppo (Paraguay).
Como diplomáticos fueron propuestos el exlegislador Fernando “Pino” Solanas para la Unesco; Mariano Kestelboim para la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y el exlegislador Carlos Raimundi para la OEA (Organización de Estados Americanos).
Además, se dio entrada a los pliegos de Sergio Adrián Woyecheszen, como vicepresidente del Banco Central; y Jorge Eduardo Carrera, Arnaldo Máximo Bocco, Guillermo Hang y Carlos Martín Hourbeigt, como directores de la entidad bancaria, todos con mandato hasta el 23 de septiembre de 2022.
