El presidente de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara baja, Pablo Yedlin presentará este martes un proyecto de ley de su autoría que promueve cambiar las reglas que rigen al nomenclador único obligatorio de prestaciones de Salud (PMO) en favor de la integración del sistema de Salud.

“Queremos ordenar y optimizar el acceso a la salud de calidad y con equidad, el PMO está desactualizado, hemos consultado a todos los sectores”, explicó Yedlin a quien acompañó en la iniciativa el diputado nacional Daniel Gollán.

La iniciativa será presentada este mediodía en la Cámara de Diputados de la Nación (salón del bloque de Unión Por la Patria) durante un acto donde fueron invitados Hugo Magonza (Unión Argentina de la Salud -UAS); Rubén Torres, del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (Ipegsa), Gabriel Oriolo y Claudio Stivelman (superintendencia de Servicios de Salud); Adolfo Rubinstein (IECS); Claudio Ortiz (ISALUD); Carlos Funes (COSSPRA), Marcelo Kaufman (CEDIM), Mario Koltan (Boreal) y representantes de obras sociales nacionales, provinciales y prepagas de todo el país.  Además participarán legisladores nacionales de la Comisión de Salud de la Cámara baja.

El proyecto procura “redefinir las prestaciones de salud a las que tendrán derecho a acceder todos los ciudadanos argentinos, independientemente de su cobertura sanitaria, sea esta pública exclusiva, de la seguridad social sindical, provincial, de seguros privados o de cualquier tipo”.

Explica además que “el nuevo PMO, deberá ordenarse en líneas de cuidado, que incentivan un modelo de atención basado en la Atención Primaria de Salud (APS) y bajo estrictos protocolos terapéuticos basados en la mejor evidencia disponible”.

Señala que “posterior a la sanción de la vigente ley le corresponde a la autoridad de aplicación y sólo bajo recomendación vinculante de la CONETEC u organismo que en un futuro lo reemplace la exclusión de prestaciones o incorporación de nuevas prestaciones en salud de acuerdo a la mejor evidencia disponible en ese momento con análisis de costo efectividad, calidad y beneficio social”.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley con el objetivo de incluir a la Fibromialgia en el Plan Médico Obligatorio. Esto permitirá otorgar a los profesionales y pacientes todas las herramientas médicas para un acertado diagnóstico y tratamiento, sostiene la legisladora rionegrina.

La Fibromialgia es un síndrome clínico de origen desconocido en el que el principal síntoma es el dolor musculoesquelético crónico y generalizado, que afecta tanto a miembros superiores como a inferiores y al raquis. Su diagnóstico se realiza por descarte de otras enfermedades, y con medicación se logra reducir el dolor.

Actualmente, la fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la OMS en 1992. La prevalencia estimada de la FM en los países desarrollados se sitúa entre el 1 y el 4%, y la aparición de los síntomas comienza con mayor frecuencia en personas de cualquier edad, pero generalmente comienza en la mediana edad, mientras la probabilidad de desarrollarla aumenta a medida que se envejece. El trastorno se presenta en personas de todos los orígenes raciales y étnicos.

La senadora oficialista resaltó que “luego de la pandemia, y como factor predominante del estrés postraumático, los diagnósticos de fibromialgia no sólo se incrementaron sino que además se registraron en niños, adolescentes y aumentó en hombres”.

“Esta propuesta busca incluir la misma al Plan Médico Obligatorio, busca concientizar sobre la enfermedad, a fin que la población pueda reconocer los síntomas y recurrir al sistema de salud”, indicó García Larraburu, que concluyó señalando que “es importante sensibilizar a la comunidad sobre el padecimiento de las personas con Fibromialgia. Para un diagnóstico y detección temprana, necesitamos garantizar herramientas a las personas que la padecen y visibilizar la enfermedad”. 

A casi dos años de su aprobación en la Cámara de Diputados, un plenario de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado dio luz verde este miércoles al dictamen de un proyecto que propone incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT), señaló que "no se trata solamente de acompañar cuando ya se da la violencia de género, sino de tal manera que se pueda prevenir" y "apunta a coordinar los esfuerzos multisectoriales e interdisciplinarios en el ámbito de la salud".

Autora de la iniciativa cuando se trató en la Cámara baja, y actualmente senadora, Alejandra Vigo (Córdoba Federal) explicó el objetivo es "la atención de esta problemática desde la salud" ya que "la relación paciente-médico es una de las principales situaciones donde este flagelo puede ser detectado", porque se presentan "diagnósticos disfrazados" a partir de los cuales "el médico es el agente principal para dar el alerta".

Al recordar que este protocolo existe en el sector público, la legisladora resaltó que alrededor del 60% de los argentinos tienen "cobertura médica asistencial a través de las obras sociales" o prepagas.

"Hoy en Argentina existen 292 obras sociales nacionales que brindan atención de salud a más de 25 millones de personas", detalló, y sostuvo que, ante estos casos, las víctimas "tienen que volcarse al sistema público de salud, y éste colapsa" porque "no hay especialmente una atención desde la obra social".

En su intervención, la presidenta de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio (UC-FdT), mencionó cuando se habla del costo fiscal y llamó a pensar en "qué es lo que evitamos: un gran costo en lo que significa la vida de las mujeres y otros tipos de atenciones. Estamos promocionando salud y prevenir enfermedades que son más graves; en una especie de ahorro para el sistema de salud".

Impulsora de un proyecto similar, la sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT) manifestó: "Con gusto vamos a acompañar este proyecto que va a marcar un antes y un después". Relató que su iniciativa la había elaborado en base a testimonios de víctimas que tenían que hacer "un peregrinaje" con "órdenes judiciales" para lograr la atención.

Por su parte, el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT) recordó que "en general desde las Comisiones de Salud intentamos no forzar aumentos al PMO por ley, porque entendemos que es un sistema financiado en forma compleja y que, en definitiva, es potestad del Ministerio de Salud ir modificando las prestaciones que el PMO brinda".

También advirtió que una "parte importante" de las personas con obras sociales está dentro de "las obras sociales provinciales que no responden al PMO", por lo cual la ley "va a requerir la adhesión de las obras sociales provinciales para tener impacto".

Sin embargo, el senador aseguró que "el proyecto es virtuoso" porque hoy "el sector público tiene la estrategia de atención primaria" y este proyecto "lleva al PMO a forzar esa estrategia de atención primaria". "Es un paso muy interesante y auspicioso para que la seguridad social empiece a tomar esta estrategia. No es el agregado de una prestación o un fármaco al PMO, sino que estamos cambiando la estrategia", agregó.

El diputado nacional Miguel Nanni (UCR) presentó un proyecto de ley por el cual propone incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, la cobertura integral de las pruebas de diagnóstico de Covid-19. El mismo incluye a las obras sociales, entidades de medicina prepaga y toda aquella entidad que brinde un servicio médico asistencial a sus afiliados, cualquiera fuera su figura pública.

“El momento que vive el país con relación a la curva de contagios es muy delicado y testear a la mayor cantidad de personas es una de las soluciones más efectivas. La realidad nos muestra que muchos servicios de salud se niegan a realizar los test de diagnóstico en casos sospechosos y si el paciente no tiene los medios para abonarlo en forma privada le sugieren que se quede en su domicilio para evitar posibles contagios en el caso de ser positivo. La población requiere contar con la información adecuada de su estado de salud”, remarcó el radical.

El legislador salteño remarcó que “son varias las situaciones en las que se niega el acceso al test de diagnóstico, por lo que es fundamental que los mismos sean contemplados dentro del Programa Médico Obligatorio. Es inaceptable que una persona tenga que pagar alrededor de siete mil pesos para realizarse un hisopado”.

En los fundamentos de la iniciativa se explicó que, en cuanto a la necesidad de contar con los test, es que se exigen para el tránsito entre algunas provincias, lo que genera que familias enteras se encuentren en la imposibilidad fáctica de transitar dentro del país ya que deben abonar en forma privada los elevados costos del test diagnóstico.

Por otro lado, antes de someterse a una intervención quirúrgica o un parto, o inclusive realizarse algún estudio médico (ej. colonoscopía, endoscopía, etc.), se le requiere al paciente realizarse el test de coronavirus y, en estos casos, en atención a que no se presenta la sospecha por síntomas asociados al virus de ser positivo, en la mayoría de las situaciones, no es cubierto por las obras sociales.

El proyecto fue acompañado por los diputados radicales Martín Grande y Virginia Cornejo.

El diputado nacional Miguel Nanni presentó un proyecto de ley para incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente la cobertura integral de las pruebas de diagnóstico de Covid 19. El mismo incluye a las obras sociales, entidades de medicina prepaga y toda aquella entidad que brinde un servicio médico asistencial a sus afiliados, cualquiera fuera su figura pública. 

“El momento que vive el país y nuestra provincia en específico con relación a la curva de contagios es muy delicado y testear a la mayor cantidad de personas es una de las soluciones más efectivas. La realidad nos muestra que muchos servicios de salud se niegan a realizar los test de diagnóstico en casos sospechosos y si el paciente no tiene los medios para abonarlo en forma privada le sugieren que se quede en su domicilio para evitar posibles contagios en el caso de ser positivo. La población requiere contar con la información adecuada de su estado de salud”, remarcó el legislador radical Nanni. 

“Son varias las situaciones en las que se niega el acceso al test de diagnóstico por lo que es fundamental que los mismos sean contemplados dentro del Programa Médico Obligatorio. Es inaceptable que una persona tenga que pagar alrededor de 7 mil pesos para realizarse un hisopado”, agregó el legislador, que se mostró expectante del tratamiento del proyecto lo antes posible.  

En cuanto a la necesidad de contar con los test, la iniciativa señala que se exigen para el tránsito entre algunas provincias, lo que genera que familias enteras se encuentren en la imposibilidad fáctica de transitar dentro del país ya que deben abonar en forma privada los elevados costos del test diagnóstico. 

Por otro lado, advierte además que antes de someterse a una intervención quirúrgica o un parto o inclusive realizarse algún estudio médico (ej. colonoscopía, endoscopía, etc.) se le requiere al paciente realizarse el test de coronavirus y en estos casos, en atención a que no se presenta la sospecha por síntomas asociados al virus de ser positivo, en la mayoría de las situaciones, no es cubierto por las obras sociales. 

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dictaminó este jueves a favor de un proyecto de ley de Alejandra Vigo (Córdoba Federal) para incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género.

La iniciativa fue avalada tras un arduo debate técnico, interrumpido en varias oportunidades por fallas en la conexión.

Según el texto final, fruto de un consenso entre los bloques, la ley tendrá como objetivo “incorporar al PMO el protocolo para el abordaje integral de las personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas”.

Esto incluye “todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente”.

El proyecto original incluía a las obras sociales y mutuales provinciales, pero a sugerencia del presidente de la comisión, Pablo Yedlin, eso se eliminó, dado que la vía para no invadir facultades consiste en invitar a las provincias a adherir a la ley.

“La pandemia pone a las mujeres en una situación de gran carga psicológica, emocional y física”, sostuvo Vigo al argumentar el proyecto.

“Ley Silvio”

Durante la reunión, en la que se aprobaron varios proyectos de resolución y declaración, hubo un reclamo al Poder Ejecutivo para que reglamente la “Ley Silvio” (27.548), que busca proteger al personal de salud de mayores contagios de coronavirus.

“Cada vez hay más infectados en el sistema de salud, están con problemas psicológicos por la sobrecarga que hay de trabajo. Tenemos que darles todas las herramientas que necesitan para trabajar”, advirtió Claudia Najul (UCR).

Yedlin aclaró que la reglamentación “ya pasó” de la instancia del Ministerio de Salud y ahora solo la falta la firma de la Secretaría Legal y Técnica.

De todos modos, dijo, “hay que reconocer que la reglamentación de la Ley Silvio de ninguna manera en forma mágica va a evitar los contagios del personal de salud. No pongamos la fantasía de que una vez reglamentada la 'Ley Silvio' va a solucionar un problema enorme como es el contagio del personal de salud”.

La dirigente oficialista Carmela Moreau promueve la presentación en el Congreso de la Nación de un proyecto de ley que elaboró a fin de incluir la gestión menstrual en el Plan Médico Obligatorio (PMO), y que apunta a que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga provean elementos de gestión menstrual que sean ecológicamente sustentables.

En este sentido, sugiere el uso de las toallitas reutilizables y de la copa menstrual. También estarán contemplados en la provisión obligatoria, los antinflamatorios.

En el Congreso ya hay varios proyectos presentados para que la gestión menstrual se declare como política de salud pública, reconoce Carmela Moreau, que sin embarco piensa que “es indispensable que también se incluya la obligatoriedad de la prestación por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga, para que llegue efectivamente a todo el universo de personas menstruantes”.

“Estoy convencida de que la libertad económica de las mujeres es una condición fundamental para generar equidad. Y para muchas de ellas, la gestión de la menstruación representa un gasto significativo”, puntualizó la dirigente que, además de querer alivianar esa carga, considera que así se estaría contribuyendo a la erradicación de toallitas descartables y tampones que, una vez utilizados, constituyen residuos patógenos (una sola toallita tarda 500 años en desintegrarse).

“Hoy más que nunca hay que profundizar el feminismo popular y el desarrollo sustentable”, concluyó Moreau.

El jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, solicitó este viernes al Poder Ejecutivo que “restituya dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) el medicamento Nusinersen, necesario para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal III A”, que fue removido por el Ministerio de Salud de la Nación. “Esta decisión del Ministerio de Salud es un ajuste que agrava la situación de quienes padecen esta enfermedad”, sostuvo.

“En el pasado mes de junio, el Ministerio de Salud de la Nación, por medio de las resoluciones 1114/2020 y 1115/2020, bajo la firma del ministro Ginés González García, removió del PMO al Nusinersen, destinado al tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal; garantizando sólo la continuidad del tratamiento de aquellos que padezcan AME tipo I y II, excluyendo a aquellos de tipo IIIa y futuros pacientes”, indicó Ferraro. Según aseguró el diputado de la CC ARI, la decisión de remover ese medicamento fue “por motivos económicos y es concebida como una variable de ajuste”.

“El precio máximo de U$S27.000 fijado para el mismo por la resolución 202/2020 de la Secretaría de Comercio Interior no deja de resultar inalcanzable para la economía familiar de quienes padecen AME”, remarcó en los fundamentos del proyecto de tesolución presentado este viernes ante la Cámara baja.

“La Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad de naturaleza progresiva que afecta gravemente la salud y calidad de vida de quienes la padecen. El costo de los medicamentos y tratamientos destinados a paliar con la misma, reducir los padecimientos y mejorar la calidad de vida de quienes padecen AME son tan elevados que se vuelven prohibitivos para la virtual totalidad de los afectados y sus familias”, manifestó.

El legislador de la CC ARI recordó que “el Nusinersen, único medicamento aprobado en el país destinado a tratar la AME, había sido incorporado al Programa Médico Obligatorio en agosto del año pasado por medio de la resolución 1452/2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud, a cargo de Adolfo Rubinstein”, subrayó.

Por tal motivo, Ferraro presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud “revierta la decisión dispuesta en las resoluciones 1114/2020 y 1115/2020 del mencionado ministerio; y restituya dentro del Programa Médico Obligatorio al medicamento Nusinersen, necesario para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal, removido del mismo por las resoluciones en cuestión y que se garantice el tratamiento con dicho medicamento a aquellas personas que padezcan AME tipo IIIA”.

“En un contexto de emergencia de materia pública y económica en nuestro país que afecta transversalmente a quienes padecen la enfermedad, sus familiares y a los prestadores de servicio de salud las medidas en cuestión, y la falta de pericia con la que fueron implementadas, dejan a miles, que ya enfrentan una enfermedad que les produce profundo malestar, librados a su suerte”, finalizó.