Nuestra patria se forjó con el anhelo central de ser un país libre. La libertad que cantamos en nuestro Himno, repitiéndola tres veces, es un grandioso valor. No es la libertad únicamente del país, sino la de todos sus habitantes. Y no es una libertad acotada a los derechos individuales y políticos. Es una integralidad que incluye la libertad de trabajar, hacer negocios lícitos, prosperar materialmente. Es la libertad de nuestro espíritu y también es la que garantiza nuestro hacer y obrar.

Desde la restauración de la democracia en 1983 hemos visto pasivamente –durante por lo menos más de la mitad del lapso transcurrido– cómo la Argentina se empobrecía y correlativamente cómo se iba desplomando la cultura del trabajo.

Los movimientos sindicales organizados fueron paulatinamente desplazados –no en estructura y poderío material, pero sí en activismo y movilización– por los denominados “sociales”. Empero, sean gremios tradicionales o nuevas organizaciones, ambos comparten un común denominador: rara vez de manifiestan reclamando más trabajo, más oportunidades laborales, más inversiones. Sus peticiones –muchas veces incurriendo en el delito de impedir la circulación– el derecho constitucional de transitar –y asimismo el derecho de trabajar y ejercer industria (o comercio) lícito, con igual rango en la ley suprema– son por más ayuda. E implícitamente por “más Estado”. Exigen recibir más sin ofrecer dar, ni siquiera solicitar entrenamiento laboral ¿A quién deberían dar?

El horizonte peor que sombrío es que la Argentina sea cada vez más desventurada, crecientemente paupérrima.

Principalmente darse a sí mismos. Proveerse de dignidad, de libertad. Por este mal camino pasamos a padecer una anomalía que torna inviable a la Argentina: son menos los habitantes económicamente activos que trabajan que los que son asistidos. Siete millones y medio los que laboran, casi 9 millones los que reciben el auxilio estatal. Esto último sin contar a, como mínimo, un millón de empleados estatales –en los tres estamentos, nacional y organismos, provinciales y municipales– que son asistidos bajo la modalidad de un cargo en las administraciones. Una asistencia disimulada de empleo. Un millón de personas que cumplen una función casi nula, mayoritariamente parasitaria, con escasísimas proyecciones de ascenso laboral e intelectual para sí y sus familias. Y ¡ni hablar para la sociedad! Creatividad, innovación, emprendimiento, cero. Producir con valor agregado, ¡ni por asomo!

¿Se puede revertir la ruta hacia el pobrismo si persistimos en este contexto de más asistidos que trabajadores? Absolutamente imposible. El horizonte peor que sombrío es que la Argentina sea cada vez más desventurada, crecientemente paupérrima.

Las propuestas desde alta esferas gubernamentales son desanimantes, penosas. Nos dicen que “se empieza a mover el trabajo de changas” y que “el Estado tiene un rol absolutamente central para impulsar la recuperación económica”. Simultáneamente, propagan la cultura antiempresaria, asimilando a los emprendedores con la avidez, el egoísmo y hasta la explotación. Sin decirlo abiertamente, se inspiran en el pensamiento de Marx respecto de la “inmoralidad de la plusvalía”. El lucro es un pecado imperdonable en la Argentina empobrecida. El Estado es la única solidaridad que pervive, nos dicen. Mientras, por doquier ese Estado –sus ocupantes temporales, con aspiraciones de eternizarse– no se cansa de pagar sobreprecios,  practicar una variopinta cantidad de cohechos, de ahuyentar a las inversiones y de estrechar el horizonte para la escuálida y decadente economía.

Se impone con perentoriedad una estrategia pro-trabajo que en un quinquenio reduzca los asistidos a un millón de indigentes, rehabilitando para la actividad productiva o de servicios a 8 millones de personas ¿Cómo? Hay que estimular la ampliación de las pymes actuales y la creación sin burocracia ni corrupción de nuevas, provenientes de inversiones primeramente del ahorro local que se halla fuera del circuito y, después, de las foráneas. Éstas se asocian rápidamente cuando detectan climas amigables para los negocios. Cuando comprueban que la venenosa asociación de emprendedor con explotador trueca por la de socio natural de la recuperación económica del país.

En ese quinquenio, el Estado seguirá abonando la ayuda, pero no en tal carácter sino como parte del salario laboral. No es un ‘milagro’, sino un plan: de subsidiados a trabajadores, que es lo mismo que decir de sometidos a dignos, de esclavizados políticamente a ciudadanos.

¿Qué se requiere? Voluntad política. Para que sea una realidad, hay que anunciarlo como parte sustancial del programa de cambio. Así, el voto le dará legitimidad y sustento.

No abrigo duda de que la inmensa mayoría quiere la dignidad del trabajo y no la dádiva propia del siervo.

*Diputado nacional (partido UNIR, Juntos por el Cambio)