El proyecto de resolución fue firmado por Bernardo Biella, hombre del gobernador dialoguista Gustavo Sáenz en la Cámara de Diputados. El apagón afectó a casi un millón de usuarios en Salta, Jujuy y Tucumán.
Las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán se vieron afectadas por una serie de cortes masivos en el suministro eléctrico durante los días 22 y 23 de enero y el apagón afectó a casi un millón de usuarios. El diputado nacional Bernardo Biella presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación para conocer los motivos de la falla que se extendió por 48 horas.
En los fundamentos, el integrante de Innovación Federal cuestionó que “la situación lamentablemente no es nueva y constituye una reiteración de cortes que desde hace años se vienen produciendo, siendo la mayoría de ellos atribuibles a inconvenientes con la empresa Transnoa S.A. que tiene a su cargo la operación y mantenimiento de la red de energía eléctrica en el NOA”.
El proyecto de resolución impulsado por el legislador salteño exige conocer el crecimiento del ente regulador de los últimos años atribuidos a la firma Transnoa; el estado actual de la infraestructura, equipamiento y dotación del personal; los controles realizados en el marco de la Ley 24.065; informes del cumplimiento del contrato; conocer las multas aplicadas a la empresa entre 20191 y 2025; los planes de inversión; las medidas adoptadas en virtud de los usuarios afectados; y las operaciones realizadas durante el corte.
“En la provincia de Salta concretamente se vieron afectados los usuarios de los departamentos de Oran, Rivadavia y San Martín, por un espacio prolongado de tiempo, atento a las demoras en las que incurrió la empresa para concurrir a resolver el problema aparentemente por la dotación insuficiente de personal”, cargó Biella.
Asimismo, criticó que “la energía eléctrica constituye un servicio indispensable que permite el desarrollo de la vida cotidiana en todas sus dimensiones y cuya interrupción impacta también en el servicio de agua potable igualmente esencial para la subsistencia y genera pérdidas económicas también”.
Sin embargo, el punto más crítico que relató el salteño en su proyecto de resolución estuvo vinculado a “la afectación del derecho a la salud que se ve comprometido con la interrupción del servicio en los establecimientos de salud y en los domicilios en los que residen pacientes electrodependientes”. En este punto invocó el artículo 42 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y a la Ley 24.065 (Régimen de Energía Eléctrica).
Dirigido al Gobierno nacional, el diputado que responde al gobernador Gustavo Sáenz enfatizó que “el Estado tiene su ineludible obligación de supervisión y control a través del Ente Regulador y esto está expresamente establecido con carácter imperativo en la ley 24.065 y en la normativa complementaria”.
Bernardo Biella integra Innovación Federal y en diciembre votó a favor del Presupuesto 2026.
El reclamo del diputado que responde al gobernador salteño ocurre en la antesala del debate por la baja en la edad de imputabilidad que el oficialismo vuelve a impulsar en la Cámara de Diputados. En paralelo, el Senado abordará la Modernización Laboral donde el Gobierno de Salta está representado por Flavia Royón, quien estuvo en la reunión con Patricia Bullrich para acercar sugerencias a Casa Rosada.
“Resulta indispensable conocer la información que se solicita por esta vía a los fines de evitar que situaciones como estas puedan seguir produciéndose y lograr una respuesta adecuada de carácter permanente para que los habitantes del norte argentino puedan contar con un servicio eléctrico continuo y de calidad”, concluyó.
El Gobierno nacional oficializó un incremento parcial en los tributos que gravan la nafta y el gasoil. La actualización regirá durante febrero y se espera que impacte en los precios de los surtidores.
El Gobierno confirmó un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que comenzará a regir entre el 1 y el 28 de febrero de 2026. La medida fue formalizada mediante el Decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según el texto oficial, se trata de un incremento parcial que forma parte del proceso de actualización impositiva postergado en años anteriores. El Ejecutivo argumentó que la decisión busca sostener un “sendero fiscal sostenible” y, por ese motivo, resolvió diferir parte de los aumentos previstos originalmente.
El decreto establece que, para la nafta sin plomo de hasta 92 RON y la de más de 92 RON, el impuesto subirá $16,773 por litro. En paralelo, el gravamen correspondiente al dióxido de carbono aumentará $1,027 por litro, lo que también se trasladará al precio final.
En el caso del gasoil, el impuesto específico se incrementará en $14,372 por litro. A esto se suma una alícuota diferencial de $7,782 para regiones como la Patagonia y otras zonas del interior, mientras que el tributo vinculado al dióxido de carbono subirá $1,638 por litro.
La actualización forma parte del esquema que había sido postergado por el Gobierno, que decidió diferir los aumentos correspondientes al año 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025. La nueva fecha de aplicación quedó fijada para el 1° de febrero de 2026, y la siguiente etapa se trasladó del 1° de febrero al 1° de marzo.
La normativa vigente contempla un tratamiento impositivo particular para el gasoil destinado a provincias como Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, además del Partido de Patagones en Buenos Aires y el departamento Malargüe en Mendoza, donde rigen beneficios diferenciales.
De acuerdo con la legislación, los ajustes deben realizarse en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia las variaciones acumuladas desde enero de 2018. Con esta actualización, el Gobierno retoma el cronograma que había quedado suspendido en los últimos períodos.
La exintegrante de La Libertad Avanza publicó un video en X en la que se mostró crítica de la gestión del Gobierno nacional. “No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de derechos básicos y de personas reales”, cuestionó la mendocina.
A un mes del fallo del juez federal Adrián González Charvay, quien ordenó la "inmediata aplicación" de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada, luego insistida por el Congreso y promulgada, pero "en suspenso" para su ejecución, la diputada mendocina Lourdes Arrieta apuntó contra el Poder Ejecutivo y cargó: “Esto no es austeridad, es irresponsabilidad”.
El fallo judicial del 12 de diciembre pasado fue en respuesta al amparo colectivo presentado por familiares de personas con discapacidad contra el Estado Nacional y la Presidencia de la Nación. De todos modos, el Gobierno nacional apeló la medida, pero aún no hubo respuestas. Tras esto, la exintegrante de La Libertad Avanza agregó que “el ajuste no puede caer sobre el que menos tiene”.
“Les hablo con el corazón y respetando la Constitución: la Justicia le puso un freno a la burocracia del Estado. La Ley de Emergencia en Discapacidad se tiene que cumplir”, expresó Lourdes Arrieta a través de un reel publicado en su cuenta de X este viernes. Luego, se refirió a los alcances de esta ley y afirmó que “no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de derechos básicos y de personas reales”.
📌 Esta semana la Justicia hizo lugar al amparo y ordenó cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad.
👉 No hay ideología: hay derechos.
⛓️💥 El ajuste no puede caer sobre quienes más lo necesitan.#lacastatienemiedo pic.twitter.com/dxU2J1lW5J
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) January 9, 2026
Respecto a la Ley insistida por el Congreso de la Nación y promulgada en suspenso por el gobierno de Javier Milei, remarcó que “se garantizan los fondos para las prestaciones básicas para que ningún niño, adulto mayor o persona con discapacidad pueda quedarse sin su tratamiento por mala gestión, burocracia o desidia”. También sostuvo que “se actualizan los aranceles para los prestadores porque defender a los vulnerables no es despilfarrar es priorizar bien”.
“Este fallo dice algo muy concreto: el Congreso legisla, la Constitución está para respetarse y ningún decreto o veto puede estar por encima de la salud de los argentinos”, reiteró Lourdes Arrieta, quien ingresó a la Cámara de Diputados en la boleta de La Libertad Avanza, pero en agosto del 2024 salió del oficialismo en medio de una fuerte discusión con las autoridades del bloque.
Manifestó, además, que “en 2025 se perdió tiempo entre vetos y juegos políticos mientras la gente esperaba”, y reiteró: “Esto no es austeridad, es irresponsabilidad”. Para culminar el video, aseguró que “vamos a seguir defendiendo a los más vulnerables sin relatos y sin excusas porque cuando el Estado falla, la política tiene que dar la cara y como prometimos en 2023, el ajuste lo tiene que pagar la casta”.
Al no estar en los planes de La Libertad Avanza, el proyecto de Ley que establece la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026 fue emplazada en abril para que el 5 de junio la Cámara de Diputados aprobara la media sanción y el 10 de julio sea sancionada definitivamente en el Senado. Luego, a principios de agosto, el presidente Javier Milei vetó totalmente la ley.
Días después, el 20 de agosto del 2025, la Cámara de Diputados logró aprobar la insistencia de la Ley superando los dos tercios que la Constitución Nacional exige en el recinto. El 4 de septiembre en el Senado, la Ley de Emergencia en Discapacidad logró el rechazo al veto, pero el Gobierno nacional publicó el decreto 681/2025 que promulga la ley sin ejecución presupuestaria.
El encuentro duró más de dos horas y contó con la presencia de 20 representantes provinciales. Al término de la reunión, Manuel Adorni presentó los detalles conversados y anunció que el plan de reformas comienza a partir del recambio legislativo. “La voluntad de Milei es trabajar con todos”, consideró.
Casa Rosada fue el escenario de una nueva reunión entre el Gobierno nacional y los representantes provinciales. El encuentro fue encabezado por el presidente Javier Milei con vistas a las nuevas reformas que el Poder Ejecutivo quiere llevar al Congreso de la Nación a partir del recambio parlamentario cuando las bancadas oficialistas crezcan en cantidad tras el arrasador triunfo del domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas.
El encuentro duró más de dos horas y medio, y una vez que culminó el vocero presidencial Manuel Adorni detalló que el Gobierno nacional les propuso a los mandatarios avanzar en una “una modernización laboral, una reforma tributaria y un nuevo Código Penal” a partir del recambio legislativo. “Para que haya trabajo y buenos salarios, tiene que haber inversión y para que haya inversión, tiene que haber baja de impuesto”, expresó el portavoz.
“Agradecemos a todos los gobernantes que comprenden los cambios que la Argentina necesita con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro”, destacó Manuel Adorni. En esa línea, agregó que “se dio un paso importante desde que los argentinos decidieron terminar con el populismo que se va a consolidar a partir del 10 de diciembre con el próximo Congreso que será el más reformista de la historia de nuestro país”.
Luego, consideró que “la reforma tributaria le devolverá al mercado millones de dólares, la reforma laboral mejorará los salarios y la reforma penal será para que los delincuentes paguen por sus derechos y se defienda la propiedad privada”, y afirmó que “el país está en un momento bisagra y el compromiso es no volver al pasado”. “Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores y el Congreso para impulsar cada una de las reformas a las que nos comprometimos”, concluyó.
Por el Ejecutivo Nacional, estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; la de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el de Defensa, Luis Petri; el de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; y de Salud, Mario Lugones.
También acompañaron la reunión en Casa de Gobierno, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular del Banco Central Santiago Bausilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el portavoz presidencial Manuel Adorni.
En representación de las provincias estuvieron los mandatarios que formaron alianzas electorales con La Libertad Avanza el pasado 26 de octubre: Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Claudio Poggi, de San Luis; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y las vicegobernadoras de Chaco, Silvana Schneider, y de
Mendoza, Hebe Casado.
Además, estuvieron los integrantes de Provincias Unidas el cordobés Martín Llaryora; el correntino Gustavo Valdés; el santacruceño Claudio Vidal; el jujeño Carlos Sadir; el santafesino Maximiliano Pullaro; y el chubutense Ignacio Torres. Y también los gobernadores dialoguistas: Gustavo Sáenz de salta; Alberto Weretilneck de Río Negro; Manuel Orrego de San Juan; Hugo Passalacqua de Misiones; y la vicegobernadora neuquina Zulma Reina.
Completaron la nómina de presentes en Balcarce 50, los mandatarios peronistas Raúl Jalil de Catamarca; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Sergio Ziliotto de La Pampa; y el saliente y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, que volverá al Senado de la Nación después de ocho años.
Los únicos ausentes (el Gobierno optó por no girarles invitación) de la cumbre en Casa Rosada fueron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el riojano Ricardo Quintela; el formoseño Gildo Insfrán; y el fueguino Gustavo Melella. Todos opositores.
La advertencia fue encabezada por el diputado nacional Esteban Paulón. Otro legislador de Encuentro Federal se pronunció al respecto y responsabilizó al Poder Ejecutivo Nacional de "neutralizar la voluntad popular expresada a través del Parlamento”. Cuándo vence el plazo para la publicación de las leyes insistidas.
Foto: Comunicación Senado
A tres días del vencimiento del plazo de promulgación, el diputado nacional Esteban Paulón intimó a los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo y advirtió que, si el Gobierno nacional no publica el lunes las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y de Financiamiento Universitario, procederá a realizar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes y abuso de la autoridad.
La carta documento estuvo dirigida a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter González. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos creer cómo este gobierno se las ingenia para no cumplir ninguna ley y de la cual dependen miles de familias, profesionales, niños y niñas de todo el país que necesitan atención”, condicionó el santafesino de Encuentro Federal que también aseveró: “Son insensibles y autoritarios”.
“No vamos a tolerar la autocracia de (Javier) Milei. Tienen que cumplir las leyes”, alertó el legislador. En esa línea, lanzó una nueva advertencia dirigida a Balcarce 50: “De no hacerlo el lunes próximo, avanzaremos con las acciones legales en la misma línea que iniciamos las denuncias por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el sector Discapacidad”.
VENCIDO EL PLAZO, PUBLIQUEN LAS LEYES!
Hoy venció el plazo para publicar las leyes Nro. 27.795 y 27.796 de financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (#Garrahan).
Intimamos a la Sec Legal y Técnica y al Director del Boletín Oficinal a su URGENTE publicación.
Caso… pic.twitter.com/9jrsmhbDfR— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) October 17, 2025
Las leyes a las que se refiere son la Emergencia Sanitaria en el área de Pediatría del Hospital Garrahan que rechazó el veto de Milei por 181 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y 62 en el Senado el pasado 2 de octubre en la última sesión ordinaria. Con la misma magnitud de consenso legislativo, se insistió el Financiamiento Universitario: 174 avales en la Cámara baja; y 61 en la alta.
Según corroboró parlamentario.com, el Senado comunicó las dos iniciativas al Poder Ejecutivo el lunes 6 de octubre -la sesión ordinaria había sido el jueves 2- y, teniendo en cuenta el feriado del viernes 10, el último día del plazo para la publicación en el Boletín Oficial, en efecto, es el próximo lunes 20 de octubre.
Así las cosas, si el Gobierno nacional no cumpliese con la norma, el diputado santafesino realizará la tercera denuncia penal contra el presidente Javier Milei. Las dos anteriores fueron, una el verano pasado, en el marco de la difusión de la criptomoneda $LIBRA a través de un posteo en X; y la otra, por la promulgación sin aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, insistida ampliamente por las dos cámaras del Congreso de la Nación.
En sintonía con lo expuesto por Paulón, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, también de Encuentro Federal, explicó que “cuando el Congreso insiste en una ley, el debate político ha terminado. Lo que resta es cumplir el procedimiento constitucional”. Luego, sostuvo que “no puede dejarse en manos del Ejecutivo la posibilidad de neutralizar la voluntad popular expresada a través del Parlamento”.
“Este mismo año, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, y tras la insistencia con más de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, sobre el filo de los diez días, dictó el decreto 681/2025”, mencionó el cordobés, quien cuestionó que “en su primer artículo dispuso la promulgación, pero en el segundo decidió suspender su aplicación”.
Por último, añadió que la maniobra del Gobierno nacional “fue una suerte de ‘promulgación con veto encubierto’”, la catalogó de ser “una decisión que contradice frontalmente la letra y el espíritu del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que exige promulgación plena e inmediata”. Finalmente aseveró que “ese antecedente no solo vulneró derechos concretos — miles de familias aún esperan la efectiva vigencia de esa norma — sino que además desnaturalizó el equilibrio entre poderes”.
El periodista planteó un análisis del Gobierno a pocos días de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires. Además, criticó la reacción del Gabinete tras el anuncio de la creación de la mesa política nacional.
¿Y ahora de qué nos disfrazamos? La burguesía, palabra demodée, masca en el desayuno del lunes el amargor de las regresadas postales con los dedos felices en V. Mientras popes y operadores mandan likes de "vos sabés que siempre podes contar conmigo" al carro vencedor del AMBA celeste.
Demasiado tarde para lágrimas, relame sus heridas el país violeta después del previsible palizón. Urge concentrarse en el dólar, el IPC, las deudas... Y decidir qué hacemos con estos hermanos peludos, dos tipos audaces que viraron a caras vivientes de dos locos sin carnet.
Qué papelón para las derechas, de la cerril a la moderada. Mama mía el malón del peronismo, ese crisol que se cree de izquierdas. La Libertad ni Avanza ni Garpa, la suma de errores no forzados y lecturas naif e in vitro de La Libertad Avanza ha terminado en una tragicomedia fenomenal. "Cuando me empiece a quedar solo", cantaba Charly. Lo peor es cuando te faltan el respeto en público y te largan aquello de "otra vez este tipo con su rollo". Más groso aún, cuando se prueban las pilchas que vas a dejar.
"Cómo te vas a ir de boca así con la discapacidad, hay otras formas". "Este se la creyó. No se puede ser tan gil". Hierven por lo bajo, medio y alto en los famosos círculos rojos, donde cuentan por millones los fondos y planes para poner sobre rieles a la Argentina decadente, aunque no termine de aparecer toda la tarasca prometida.
Dame otro coffee master. Otra vez los peronistas con una montaña de votos. Esos pícaros sí que la saben hacer, pandemia, plan platita, inflación ¿vos te acordás? yo tampoco.
Hace dos años, la pregunta era sí este pendeviejo rockstar sería Alberto Fujimori, el gran cambiador despechado, o Abdalá Bucaram, el Superman ecuatoriano que duró lo que un pelado en la nieve. ¿Vos qué decís? Votá aquí sin DNI.
Basta de circo y vamos a lo nuestro, hay que estar ágiles en el verde, acciones y bonos. Además hay foros, porque la vida sigue, como el de Oil&Gas y sus US$ 30.000 millones de exportaciones para 2030. Decenas de encuentros, mineros, del agro, industriales. Mejor no hablar de estos, pedazo de tole tole en Córdoba con la silla vacía de los Milei, obvio que así no va.
-Mirá que le metimos pila a la Ley Bases, al RIGI, qué más quieren que hagamos, por ahí con otros fulanos todos quedamos contentos
-"Male, te habla el gerente de imagen, bajá ya mismo esas fotos de las redes. Basta de embromarnos con la jodida motosierra, este pibe por querer quedarse con todo terminó violando las leyes de la gravedad".
-"Y vos Cami, lamale a los abogados, hay que ir pensando en un indulto a Cristina, a ver qué le hace falta a estos ñatos".
Suena y no suena el teléfono satelital para Macri y su dolor de ya no ser. Al final, tanto tirar carne al asador al cuete. Cuando no se sabe a donde ir, no hay viento que te lleve. No todo está perdido, dice la diestra política con la cara llena de dedos.
En los bunkers de enfrente la felicidad es pura sorna, llena de adrenalina rumbo a octubre. Si lo bonaerense es el frente del tsunami se viene el fin de ciclo. Habrá sido un simulacro fallido, la fugaz pesadilla, según quien te lo diga.
-Sigamos online todo el tiempo, mirá que hay fondos que quieren ponerla toda, en oro, cobre, litio, agro, lo que sea. Ya armé aquella reunión con los chinos y esos rusos, todos atenti a lo de Trump. El mundo está loco.
- Entendido jefe, ahora tengo a dos gobernadores en la otra línea, no sabe lo inflados que están.
- Dale ok, y porfa tráeme a New York una camiseta de Lionel Messi y la gorra de Franco Colapinto ¡Somos lo más!.
Un texto consensuado por distintos bloques de la oposición recibió luz verde este jueves. Pasa a Diputados, que el año pasado había intentado avanzar sin éxito en una iniciativa similar. La votación resultó con más de dos tercios.
Foto: Comunicación Senado
En un duro revés para el Gobierno, distintos bloques de la oposición del Senado acordaron una reforma a la norma que regula los decretos del Poder Ejecutivo y aprobaron este jueves una modificación a la Ley 26.122 por 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.
En la votación en particular, los artículos del 1, 2 y 3 lograron los mismos números que la general; y los artículos 4, 5 y 6 alcanzaron 54 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.
Los 8 votos en contra en la general y en la particular fueron de los libertarios Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto; el monobloquista formoseño Francisco Paoltroni; y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. En la votación de los artículos del 4 al 6, se sumó el salteño Juan Carlos Romero.
Por otro lado, se abstuvieron los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y se ausentaron al momento de votar, los radicales Mariana Juri, Carolina Losada, Rodolfo Suárez y Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez; y el chaqueño de Unión por la Patria, Antonio Rodas, quien estuvo ausente en toda la sesión.
La iniciativa, que busca limitar el uso arbitrario de esta herramienta por parte del presidente, deberá tratarse ahora en la Cámara de Diputados, donde el año pasado la oposición también había intentado sin éxito avanzar en una propuesta similar.
Durante un momento de debilidad del Gobierno, que acumula derrotas parlamentarias con pérdida de aliados -en medio de un contexto electoral- y dolores de cabeza a raíz de denuncias por presunta corrupción que pegan de lleno en el corazón en la gestión, el kirchnerismo junto a radicales y bloques provinciales avanzaron con esta media sanción que reforma una ley impulsada por la expresidenta Cristina Kirchner cuando fue senadora.
Tras una reunión exprés de la Comisión de Asuntos Constitucionales días atrás, la oposición arribó a un dictamen firmado por senadores de estos bloques, además de la larretista Guadalupe Tagliaferri.
Uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".
"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Javier Milei inauguró su gestión.
Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".
Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.
El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.
En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".
Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
En el rol de miembro informante, la senadora nacional Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, inició el tratamiento al expresar que "los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la separación de poderes y la necesidad de atenuar el presidencialismo guio la reforma constitucional de 1994. Por ello tratar esta modificación evita la tentación de gobernar con la suma del poder público”.
Crítico del "abuso" de esta facultad en los gobiernos de los últimos años, el senador fueguino Pablo Blanco cargó que "la Constitución Nacional especifica que el DNU es una excepcionalidad y está fundada casi exclusivamente en que el Congreso no pueda funcionar".
En tono de advertencia, la senadora riojana Florencia López de Unión por la Patria señaló: "Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso, queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen legal de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias".
A su turno, el senador bonaerense Maximiliano Abad consideró que “la reforma que impulsamos es un paso esencial para normalizar la relación entre los poderes de la república, porque recupera el carácter excepcional de los DNU, tal como establece el artículo 99 de la Constitución Nacional”. Y sumó que “es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano”.
“Seamos razonables. Apartarse del procedimiento habitual de las leyes debe implicar mayores exigencias. Cuando un Gobierno manda un DNU debe trabajar para mantener su vigencia, dar explicaciones y convencer a todos los sectores”, remarcó el legislador de la Unión Cívica Radical, quien también sostuvo que “la acumulación de poder habilita hegemonías frágiles. Las reglas claras construyen democracias duraderas. Yo no tengo dudas de dónde estoy parado”.
Activo en la sesión ordinaria, el senador porteño Martín Lousteau cuestionó que la norma permita a Poder Ejecutivo modificar leyes y que “con sólo el silencio” de una de las dos cámaras del Congreso un DNU quede vigente. Ejemplificó con el antecedente del DNU 70/2023 rechazado por la Cámara alta y sin tratamiento aún en la Cámara de Diputados.
“Con la ley 26.122 por ejemplo se puede dictar un decreto delegado como el de Patricia Bullrich, el 383, que crea la posibilidad para la Policía Federal de hacer inteligencia y se autoexcluye del control democrático o se puede eliminar la Ley Nacional de Educación, o la Ley de Educación Superior, o la de Protección contra la Violencia de Género, o la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, advirtió.
Del lado del oficialismo, el senador riojano Juan Carlos Pagotto expresó: “Este es un tema recurrente con una arraigarme histórica complicada. De la noche a la mañana hubo un baño de constitucionalidad nunca antes visto la constitución es el marco regulatorio de la vida”.
“Tenemos que vivir en un Estado constitucional en serio y no de acuerdo a la coyuntura”, criticó el riojano y sumó: “12 años de después dictada la Constitución se hace la Ley 26122 al solo efecto de garantizar una presunta gobernanza ay darle Facultades al Ejecutivo. No solo fue un fracaso y un malísimo antecedente esa ley”.
Luego, cuestionó: “En la bicameral pusimos al día todos los DNU atrasados. Hoy en día nos damos con que los DNU molestan, pero se ha hecho un abuso de su uso, pero es un derecho de los Gobiernos con minoría parlamentaria. Me hubiera gustado tratar esta ley con más consultas a constitucionalistas. Todos los presidentes usaron DNU y ahora les molesta”.
Por su parte, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, argumentó que “se trata de organizar el poder de la República y la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo”.
"Gobernar a través de decretos no debería ser más fácil que aprobar leyes, nuestra democracia merece que podamos tener una discusión adulta, un diálogo permanente y que las cuestiones se definan por consenso ", manifestó. Como puntos salientes, el proyecto aprobado fija que los decretos aborden solo un tema, establece que si no son tratados por el Congreso en un plazo de 90 días pierden su validez, e instituye que su rechazo por parte de una sola de las cámaras del Congreso será suficiente para derogarlos, entre otros.
“No se trata de atar la mano de ningún presidente, es para ahora y para el futuro. Necesitamos devolver al Congreso las facultades que tiene y que verdaderamente se pueda recuperar el federalismo y la división de poderes”, finalizó Vischi.
En representación de Unión por la Patria, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti llamó al Gobierno nacional de hacer uso de una “degradación institucional inusitada”. Luego, vinculó: “El DNU 70/30 duerme el ‘sueño de los justos’ en la Cámara de Diputados es una reforma de la Constitución y modificó más de 300 leyes”.
“Lisa y llanamente el Poder Ejecutivo de Javier Milei se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho”, cargó, y concluyó: “Desde ese 21 de diciembre la Argentina de Milei cayó por un tobogán que parece no tener piso”.
La extensión fue oficializada mediante el Decreto 495/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial. La empresa había solicitado la prórroga en 2023, argumentando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y regulatorias.
El Gobierno nacional prorrogó por 20 años la licencia de Transportadora de Gas del Sur Sociedad Anónima (TGS) para la prestación del servicio público de transporte de gas. La nueva vigencia se extenderá hasta el 28 de diciembre de 2047, según lo establece el Decreto N° 495/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La licencia original había sido otorgada mediante el Decreto N° 2458/92, con una duración de 35 años, y su vencimiento estaba previsto para el 28 de diciembre de 2027.
La solicitud de prórroga fue presentada por TGS el 8 de septiembre de 2023, en la que la empresa argumentó haber cumplido con las condiciones establecidas en las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte (RBLT). Entre los puntos destacados, se mencionan:
El acuerdo de prórroga fue suscripto entre el Ministerio de Economía y TGS el pasado 11 de julio de 2025.
A través de un proyecto de ley, la ex diputada de La Libertad Avanza le exigió al Poder Ejecutivo Nacional el giro de los fondos presupuestarios para 2026 y 2027. En los fundamentos, se dirigió al Gobierno y señaló que “desacreditar el servicio patriótico es desvalorizar el trabajo de quienes realizan tareas de alto riesgo en condiciones extremas”.
Alejada completamente de La Libertad Avanza, la diputada mendocina Lourdes Arrieta (Transformación)n presentó un proyecto de ley para proponer que el Congreso derogue el DNU 461 que disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. Además, propone declarar la emergencia en seguridad vial hasta el 31 de diciembre de 2027.
La novedad del texto recayó en que la legisladora monobloquista redactó un artículo que contempla el blindaje de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para que se deje sin efecto cualquier resolución administrativa o jurídica anterior al 7 de julio.
Asimismo, Lourdes Arrieta exigió que el Poder Ejecutivo Nacional destine la totalidad de los fondos previstos para los ejercicios 2026 y 2027. En los fundamentos, manifestó preocupación por “la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, el bajo presupuesto para la ejecución de tareas y la violencia institucional que sufre la planta de empleados de los organismos al fomentar el desfinanciamiento”.
La diputada reivindicó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como “garante del federalismo y la inclusión territorial”. Además, afirmó que “pensar en Vialidad significa pensar en pueblos que actualmente tienen conexión eléctrica y fibra óptica, gracias a una política pública de mejora de las rutas”.
L. Arrieta se reunió con empleados de Vialidad Nacional.
En otro tramo de los fundamentos, criticó la visión “centroporteña” que “minimiza el valor de tareas como el mantenimiento de banquinas o el despeje de rutas en zonas de alta montaña, y defiende que este organismo atiende necesidades que el sector privado no puede suplir por falta de rentabilidad”.
En el final, se refirió a la presentación del decreto que comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni: “Desacreditar el servicio patriótico que realizan sus empleados es desvalorizar el trabajo de quienes día a día realizan tareas de alto riesgo en condiciones extremas”.
3900-D-2025Oscar Agost Carreño destacó el aumento en la venta de autos cero kilómetros, pero advirtió que “si la gente no puede usarlos por falta de patentes por problemas de gestión de chapas es muy grave”.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal - Córdoba) presentó un proyecto de resolución dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, en el cual exige respuestas por la falta de placas de identificación vehicular. Según el texto, hace más de seis meses que la problemática afecta a quienes adquieren un auto cero kilómetros.
A pesar del reclamo, el cordobés diferenció que “es positivo que haya más ventas de autos, pero si la gente no puede usarlos por falta de patentes por problemas de gestión de chapas es muy grave”. La iniciativa solicita información sobre las razones del desabastecimiento, las licitaciones realizadas y los plazos estimados para la normalización de la producción.
Hiciste el esfuerzo, juntaste el dinero, cambiaste el auto o compraste tu primer 0km. ¡Lo lograste! 🎉
Pero ahora… el verdadero desafío: patentarlo 🙄 Más difícil que pagarlo.
Por eso le pedí al Gobierno que explique qué está pasando con esta situación que, después de meses,… pic.twitter.com/IDkODodkCF
— Oscar Agost Carreño (@oagost) March 6, 2025
Así las cosas, el diputado nacional afirmó que0 “el problema no solo no fue resuelto, sino que se agravó con el tiempo”. También, alertó sobre la distribución desigual de las pocas chapas disponibles, lo que profundiza el problema en ciertas provincias. También cuestionó la implementación del nuevo Registro Único Nacional del Automotor (RUNA)
Y señaló: “Parece poco probable llevar adelante un sistema moderno cuando ni siquiera se puede garantizar algo tan básico como la provisión de patentes”. “La falta de patentes no solo afecta a los compradores, sino que también compromete la seguridad vial y la identificación de vehículos en casos de infracciones o delitos”, cargó.
En el final, relató: “Con solo caminar por cualquier ciudad del país vemos autos sin patente o con un papelito en el vidrio. ¿Cómo se identifica a un vehículo que comete una infracción o un delito? Esto atenta contra la seguridad pública”.
El texto presentado por Oscar Agost Carreño exige que el Gobierno informe qué medidas ha adoptado para solucionar el problema y garantice que la provisión de chapas no vuelva a ser interrumpida en el futuro. “Los ciudadanos merecen soluciones, no excusas”, concluyó.