Adorni ratificó que la eliminación del paquete fiscal “fue para darle celeridad a la aprobación de la ley”

El portavoz presidencial anunció que “condenamos estos episodios porque la violencia no nos gusta y la vamos a reprimir”, con relación a los hechos en las afueras del Congreso durante la sesión.

Tras la aprobación en general del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, ratificó este lunes que la eliminación del capítulo fiscal fue “para avanzar con celeridad en la aprobación de la ley”.

“Entendíamos que todas las discusiones de materia económica eran un problema para avanzar, pero el resto de los temas tenían mayor aprobación de todos los sectores”, explicó. Además, remarcó que “lo hicimos para acelerar el proceso”.

No obstante, anticipó que “cuando termine el proceso legislativo empezaremos a discutir el capítulo fiscal porque nuestro compromiso es avanzar con la ley”. También, consideró que “sería injusto decir que sacamos el capítulo fiscal y después lo mechamos. No sería lo correcto”.

Consultado por los incidentes en la Plaza de los Congresos durante los tres primeros días de sesión, Adorni aseveró: “Todos vimos por televisión a los conocidos (en alusión a los diputados nacionales del Frente de Izquierda y Unión por la Patria)”. “El Ministerio de Seguridad de la Nación está tomando cartas en el asunto”, afirmó.

“Condenamos estos episodios porque la violencia no nos gusta y la vamos a reprimir”, enfatizó, y añadió: “No podemos permitir que un grupo de inadaptados rompa y esté en contra del proceso democrático porque nos acusan de ser antidemocráticos y lo que sucedía es una discusión parlamentaria ajena al Poder Ejecutivo”.

 

Por último, el portavoz presidencial anheló que “ojalá vayan todos presos”, y explicó que los “inadaptados hirieron periodistas y policías, y reafirmamos nuestras convicciones de no permitir estos hechos violentos”.

Ley ómnibus: los cambios que el Gobierno concede al texto y le hizo llegar a los bloques dialoguistas

En el documento, al que accedió parlamentario.com, se detalla que la delegación de facultades será por dos años. Además, retrotrae aumentar a 15% las retenciones para economías regionales.

El presidente Javier Milei en Casa Rosada con diputados de La Libertad Avanza (Foto: Archivo)

Luego del regreso del presidente Javier Milei al país este viernes, se conoció un documento con el detalle de los cambios que desde el Poder Ejecutivo están dispuestos a conceder en el proyecto de ley ómnibus, tras las extensas negociaciones que esta semana encararon funcionarios con referentes de la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados.

En el documento, al que tuvo acceso parlamentario.com, se propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años a un año más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (2 en total), y se eliminan las materias de defensa, social y sanitaria.

Además, se fija en 0% las retenciones para economías regionales -que originalmente se llevaban a un 15%- y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.

Respecto a un tema sensible, como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el punteo que se conoció este viernes establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.

En tanto, de la lista de empresas a privatizar, se elimina a YPF, una de las que era requerida por el bloque radical. Desde la UCR también buscaban excluir al Banco Nación.

Por otra parte, se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

Entre los cambios, se establece un beneficio para contribuyentes cumplidores del impuesto a los Bienes Personales, aunque se sugiere que el capítulo sobre este tributo podría enviarse junto “al proyecto de Ganancias”.

“En base a los comentarios recibidos se modificaron/adaptaron más de 100 artículos”, se destaca y se menciona la posibilidad de modificar lo referido a la eliminación de las PASO, a la espera de una “contrapropuesta de Vidal”. Sobre lo electoral, se elimina la propuesta de cambio en la composición de la Cámara de Diputados.

Un tema por el cual habían alertado los mandatarios patagónicos, como fue la reforma en el Régimen Federal de Pesca, se precisa que “se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina; se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional; y se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local”.

Otra de las cuestiones que alertaron los gobernadores de provincias productoras fue la de los cambios en la Ley de Hidrocarburos, algo que se lleva varias modificaciones en el documento que fue enviado a los diputados de los bloques dialoguistas. Entre esas, se incluirá “la aclaración ‘Nacional o Provincial’, según corresponda, para evitar cualquier duda sobre competencias de las provincias en la materia, en todo el articulado” y se mantendrá la facultad de las provincias de controlar el plan de inversiones, con lo cual no se derogan los artículos 32 y 33 de la Ley 17.319.

Algo que ya había anticipado en las comisiones la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el capítulo de “organización de las manifestaciones” es que se elimina el artículo que hacia referencia a la manifestación de tres personas. Sin embargo, se agregará “pena en el Código Penal para bloqueos a comercio o industrias”.

La eliminación de todo el capítulo de reforma a la Ley de Sociedades y todo el capitulo referido a salud pública son otras de las modificaciones al texto original que impulsa el Poder Ejecutivo.

Sobre legislación en materia ambiental, el Ejecutivo acepta cambiar en su redacción original: desechar la nueva definición de “quema” en la Ley 26.562 y establecer un plazo de 90 días para la autorización de quema; se elimina la inclusión de las zonas de categoría I y II como sujetas a proyectos de desmonte y se agrega un artículo “para garantizarle los fondos a la Ley de Bosques en 2024”; finalmente introduce cambios sobre las modificaciones a la Ley de Glaciares “para dar más claridad”.

Algunos puntos de educación señalan que “se aclara que los estudios a distancia son solo para el ciclo orientado de la secundaria. A su vez, los estudios híbridos se limitan a las materias extraprogramáticas o situaciones excepcionales que impidan el desarrollo curricular normal”. También, se eliminan las entidades gremiales del acuerdo de los aspectos laborales como el salario mínimo; y se mejoran los criterios para el financiamiento de universidades en base a comentarios y sugerencia de la oposición, entre otros.

Respecto al capítulo cultura, “se establece una garantía para que los recursos del INCAA, INAMU y CONABIP se mantengan. Los recursos no podrán destinarse en más de un 20% a gastos generales y de funcionamiento interno”.

Se vuelve a incluir el mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica; se eliminan todos los cambios propuestos para el INAMU -solo se elimina la asignación específica-; se trasladan todas las funciones del Instituto del Teatro a la Secretaría de Cultura; se mantiene el Fondo Nacional de las Artes, pero se le pone un tope de gastos generales y funcionamiento interno; y se eliminan los cambios del CONABIP, salvo lo relacionado a financiamiento.

Además, “se amplía el alcance con respecto al articulado enviado al Congreso” de la Ley Micaela.

 

 

Cerca del final del proyecto de “ley ómnibus”, el Ejecutivo pide ratificar el mega DNU

En el proyecto de 664 artículos que envió el Poder Ejecutivo, hay uno que pretende clausurar la discusión del mega DNU en el Congreso y en la Justicia.

Este miércoles fue presentado en la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, más conocida como “ley ómnibis”, donde el Gobierno pide -en el artículo 654- por la ratificación del megadecreto que publicó la semana pasada.

Así las cosas, el mencionado artículo, plantea: “Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23”. De este modo, busca elaborar una maniobra inédita en el trámite legislativo para evitar la discusión en el Congreso, y también en la Justicia, sobre el mega DNU que desregula amplios sectores de la economía.

En los últimos días se presentaron al menos cinco denuncias en la Justicia que pretenden dejar sin efecto el DNU, que entrará en vigencia este viernes.

El DNU corre un trámite legislativo distinto al del proyecto de ley. Deberá ser tratado en la Bicameral de Trámite Legislativo y luego en el recinto de ambas cámaras, donde se acepta su validez o se lo rechaza por inválido, en su totalidad.

Además, en el proyecto de ley, si se tratara tal cual lo envió el Gobierno -lo que es muy difícil de pensar-, el oficialismo necesitará un amplio apoyo de legisladores de la oposición para mantener ese artículo en la votación en particular.

Privatizaciones, suspensión de la movilidad jubilatoria y eliminación de las PASO: el proyecto de “ley ómnibus” contiene más de 600 artículos

La iniciativa enviada por el Gobierno contiene numerosas y complejas modificaciones a normas vigentes. Blanqueo de capitales, cambios tributarios, penas para la protesta social y hasta modificación de la composición de la Cámara de Diputados son otros de los temas. 

El Gobierno nacional envió este miércoles a la Cámara de Diputados su ambicioso proyecto de “ley ómnibus”, que contiene numerosas y complejas modificaciones a normas vigentes, a través de 664 artículos plasmados en 183 páginas que, con los anexos, se extienden a más de 300. 

La intención del oficialismo es avanzar “lo más rápido posible”, pero la extensión -podría decirse sin precedentes- de la iniciativa hace suponer que no tendrá nada fácil la realización de un trámite parlamentario exprés. Mucho menos al tener en cuenta la minoría con la que cuenta La Libertad Avanza en el Congreso.

La próxima semana se buscará poner en marcha cuatro comisiones en Diputados pero, por el tenor de los distintos temas que se tocan dentro del texto, hay competencias que ameritan el tratamiento en otras comisiones que, por ahora, no planeaban conformar durante el verano. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien recibió a Guillermo Francos, aseguró este miércoles ante la prensa acreditada que el proyecto representa “el comienzo de una nueva Argentina” y que pretenden avanzar “lo más rápido posible”. La próxima semana convocarían a funcionarios para que expliquen ante los legisladores la ambiciosa ley. 

En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”. 

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.

Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF. 

Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega. 

Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique. 

Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso. 

Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%. 

Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (retenciones). 

También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles. 

Capítulo electoral

En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.

Penas para la protesta social

En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”. 

A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”. 

Otros aspectos

Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”. 

En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.

El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. 

También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito. 

Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.

 

Tras la reunión de Milei con los gobernadores, el ministro Francos anunció que esta semana se enviará el paquete de leyes al Congreso

En conferencia de prensa, el ministro del Interior se refirió al tema Ganancias y devolución del IVA. Los 24 mandatarios debieron dejar sus teléfonos celulares antes de ingresar al salón de la Casa Rosada.

Al término de la reunión entre los gobernadores provinciales y el presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció que el paquete de leyes que prepara el Poder Ejecutivo se enviará esta semana para que sean tratadas en sesiones extraordinarias “para llevar a cabo las transformaciones que Argentina necesita”.

Francos estuvo acompañado en la conferencia de prensa por los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Catamarca, Raúl Jalil. Allí, el ministro destacó que “hablamos de todos los temas que hacen a la problemática nacional” y anticipó que “el presidente conoce las pérdidas de las provincias por la coparticipación de Ganancias e IVA y se comprometió a dar una solución con las leyes que va a plantear en el Parlamento esta semana”.

La reunión comenzó después del mediodía y contó con la presencia de los 23 mandatarios provinciales y le jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la asesora presidencial, Karina Milei. A llegar al salón Eva Perón de la Casa Rosada, debieron dejar sus teléfonos celulares y recibieron una carpeta azul para realizar anotaciones.

El presidente Milei al frente de la reunión con los gobernadores.

En tal sentido, el gobernador Sáenz señaló que “vamos a acompañar lo que tengamos que acompañar porque son momentos difíciles”. Asimismo, Llaryora agregó que “tenemos que estar unidos a pesar de nuestras diferencias partidarias y debemos resolver el déficit fiscal, atraer inversiones y generar más empleo”.

El paquete de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo va a enviar al Congreso tiene entre sus filas, eliminar las elecciones primarias PASO -creadas en 2009 por la expresidenta Cristina Kirchner– con el fin de reducir el gasto público.

Del mismo modo, está el proyecto de ley que instala la Boleta Única de Papel para votar -que también impulsa el oficialismo a través del ministro del Interior, Guillermo Francos-, aprobado por la Cámara de Diputados el año pasado pero que nunca fue tratado por el Senado (por lo tanto tiene un año más de estado parlamentario).

Esa iniciativa hace mención en su texto a las elecciones PASO, de modo tal que si el Cámara alta vota la Boleta Única de Papel debe considerar ese tema, es decir si siguen las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

El proyecto de Boleta Única de Papel fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2022, por 132 votos a favor reunidos en un arco político que comprendió al radicalismo, al Pro, al peronismo disidente, a la Coalición Cívica y a La Libertad Avanza, además de bloques provinciales.

En contra del proyecto votaron 104 diputados, en su mayoría del interbloque del Frente de Todos, el entonces oficialismo.

Respecto del tema económico, tema central de la cumbre entre Milei y los gobernadores, desde las provincias advierten que el gobierno saliente no les dejó los fondos suficientes para pagar los salarios estatales ni los aguilandos y en paralelo, adjudican eso a la pérdida de ingresos por la eliminación del impuesto a la cuarta categoría en Ganancias, que es coparticipable con las provincias.

Con ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, habría propuesto volver al pago de Ganancias, pero los gobernadores no estarían convencidos porque esa situación los enfrentaría a la CGT, quien dio apoyo explícito a la aprobación de la eliminación del exministro Sergio Massa.

Diputados ratificó su repudio a los actos terroristas de Hamas y exigió la liberación de los rehenes

A través de un documento, los jefes de bancada acordaron solicitar al Poder Ejecutivo que se intensifiquen y profundicen los esfuerzos en curso para lograr la inmediata e incondicional liberación de todos los argentinos secuestrados”. El FIT fue el espacio que no se adhirió a la declaración conjunta.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se reunión con todos los jefes de bloques para firmar una declaración conjunta (dónde se acordó levantar la sesión de este miércoles) con el apoyo de la mayoría de los presidentes de bancadas para repudiar los actos terroristas de Hamas, pedir el cese del fuego y solicitarle al Gobierno nacional que actúe de forma rápida para liberar a los rehenes argentinos.

El documento firmado por los presidentes de bancada expresa que “a un mes del ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamas contra el Estado de Israel, según la declaración conjunta, la Honorable Cámara ratifica su enérgica condena y repudio a los hechos y su solidaridad con las víctimas y familiares, en continuidad con lo expresado el pasado 10 de octubre”. 

A su vez, se manifiesta en el mismo sentido, y ratifica “su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y su respaldo al derecho a defensa del Estado de Israel en el marco del derecho internacional humanitario”.

Por otra parte, Diputados, mediante este escrito, le solicita al Poder Ejecutivo que “se intensifiquen y profundicen los esfuerzos en curso para lograr la inmediata e incondicional liberación de todos los argentinos y argentinas que fueron secuestrados y retenidos ilegalmente por el grupo Hamas, al que se considera directamente responsable por su supervivencia y bienestar, recurriendo para ello a todas las herramientas institucionales que provee nuestro sistema republicano y democrático”.

Asimismo, se adhirió a la solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 26 de octubre que insta a una tregua humanitaria.

La reunión contó con la presencia de: Germán Martínez y Paula Penacca  (Frente de Todos); Javier Milei y Carolina Píparo (La Libertad Avanza); Cristian Ritondo y Silvia Lospennatto (PRO); Mario Negri (UCR); Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Mónica Fein (Socialista), Juan Manuel López (Coalición Cívica); Dolores Martínez (Evolución Radical); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) y Carlos Fernández (Frente de la Concordia Misionero).

También estuvieron presentes los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, quienes no adhirieron a la declaración conjunta.

El Gobierno promulgó el Plan de Ciencia 2030

La ley fue sancionada el 10 de octubre pasado y plantea 10 desafíos nacionales y distintas agendas que serán trabajadas en conjunto con todas las jurisdicciones.

El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.738 que establece el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que plantea 10 desafíos nacionales y distintas agendas que serán trabajadas en conjunto con todas las jurisdicciones.

Esta ley elaborada por el Poder Ejecutivo fue sancionada por la Cámara de Diputados en la sesión del 10 de octubre pasado. A su vez, el decreto 541/2023 lleva las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

“Desde hoy, y por primera vez en la historia, Argentina cuenta con una Ley votada por consenso en ambas cámaras que define las prioridades de la Ciencia y Tecnología para la próxima década. Es una poderosa herramienta para el desarrollo nacional, el bienestar del pueblo y nuestra soberanía”, expresó Filmus en su cuenta de Twitter.

Puntos principales del proyecto

A través de la iniciativa se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y se define que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que coordinará las acciones necesarias para el cumplimiento de dicho plan con las jurisdicciones y entidades involucradas.

El Plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

El Plan desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

El Gobierno promulgó un paquete de leyes aprobadas en la última sesión del Senado

Se encuentran entre las mismas el Régimen de Promoción de la Producción Orgánica, la Ley Johanna (muerte perinatal) y nuevas universidades nacionales.

alberto fernandez firmando promulgacion alivio fiscal

El Poder Ejecutivo promulgó un paquete de leyes que fueron sancionadas en la última sesión del Senado, el pasado 28 de septiembre. Con sus respectivos decretos, las normas fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

La Ley 27.734 de Promoción de la Producción Orgánica para Economías Regionales establece una serie de beneficios fiscales por 10 años para productores y la creación de un Fondo a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por otra parte, se oficializaron la Ley 27.726 que jerarquiza el Programa de Becas Progresar; la Ley 27.773 sobre Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal (conocida como “Ley Johanna”); y la Ley 27.732 que crea el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz.

A la lista de leyes promulgadas se suma la creación de cinco universidades nacionales: Pilar (Ley 27.728); Delta (Ley 27.727); Madres de Plaza de Mayo (Ley 27.731); Ezeiza (Ley 27.729); y Río Tercero (Ley 27.730).

Piden explicaciones al Gobierno por las incorporaciones a planta permanente al Sector Público Nacional

El proyecto fue presentado por la diputada Mercedes Joury quien criticó que “igual que hicieron en 2015, el kirchnerismo en retirada quiere llenar de militantes el Estado”.

La diputada nacional Mercedes Joury (Pro) presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que brinde información acerca de diversas cuestiones vinculadas a contrataciones y designaciones en el ámbito de las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional.

Al respecto, pide que especifique el número total de agentes incorporados en las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional desde el 22 de julio de 2022 a la fecha, especificando cargo y categoría, desagregado por mes y área.

Además, sobre el personal designado desde el 22 de julio de 2022 hasta la fecha, informe las razones que justificaron la decisión de incorporarlos a la planta permanente y si, en cada caso, se dio cumplimiento a la normativa vigente para la efectivización del pase a planta permanente del personal y las disposiciones previstas en el Decreto N° 426/2022.

“Especifique el total de Unidades Ejecutoras Especiales vigentes, temporarias o permanentes, en todas aquellas jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional”, agrega y detalla: “Organismo y objeto de creación; fecha de creación y, en caso de corresponder, fecha de disolución; funcionarios a cargo, especificando rango y sueldo; total de personal afectado, especificando cargo y categoría; personal designado desde el 22 de julio de 2022 hasta la fecha”.

En otro artículo, solicita que se indique si la totalidad de los pases a planta permanente desde el 22 de julio de 2022 hasta la fecha contaron con el financiamiento presupuestario correspondiente, e informe en cuánto se ha incrementado el gasto público como consecuencia de estos ingresos.

“Informe el impacto fiscal que implica la cobertura de todas las vacantes de planta permanente por medio de los concursos abiertos durante el año 2023.  Asimismo, indique si ello se encuentra en línea con las metas de déficit fiscal acordadas por el Poder Ejecutivo Nacional con organismos multilaterales de crédito”, suma.

Por último, pide que indique la cantidad de personas que fueron desafectadas de la planta permanente de la Administración Pública Nacional desde diciembre de 2022 a la fecha.

“Igual que hicieron en 2015, el kirchnerismo en retirada quiere llenar de militantes el Estado. Todos los días el Boletín Oficial es un festival de designaciones. No lo vamos a permitir.  Presentamos un pedido de informes para que el gobierno rinda cuentas de esta situación”, expresó la diputada en redes.

Expte-3360-D-2023

IDEA cuestionó las nuevas medidas del Gobierno

La entidad empresarial comunicó que las medidas del Poder Ejecutivo “contribuyen a agravar las inconsistencias macroeconómicas, sin atacar la raíz del problema”.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) emitió un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación por las nuevas medidas económicas a las que consideraron con “impacto negativo en la actividad empresarial”.

“Las medidas anunciadas, oficializadas en la RG 5393 de AFIP, sientan un mal precedente donde el Poder Ejecutivo toma una decisión discrecional, eludiendo la discusión de los temas impositivos en el Congreso de la Nación, según lo dispuesto por la Constitución Nacional”, continuó el escrito.

Desde IDEA sostuvieron que “celebramos la búsqueda de alternativas para evitar un nuevo incumplimiento de nuestros compromisos con los acreedores”, pero advirtieron que “los cambios de alícuotas y la imposición de nuevos gravámenes atentan contra dos de los principales problemas que condicionan el crecimiento de la economía argentina desde hace tiempo”.

Por otro lado, la entidad empresarial expresó: “La escasez de reservas internacionales permanecerá mientras no se genere confianza. El punto de arranque de este largo proceso es el diseño y comunicación de un plan económico integral, que aborde la reducción de un gasto público alto, ineficiente, y hoy, infinanciable”.

Por último, manifestaron que “medidas como las tomadas por el Gobierno en el día de ayer sólo contribuyen a agravar las inconsistencias macroeconómicas, sin atacar la raíz del problema”.

El Gobierno busca promover por ley el uso racional y eficiente de la energía

La iniciativa enviada a la Cámara baja pretende contribuir a la seguridad energética, a la competitividad de la economía nacional, a la descarbonización y a la transición energética.

El Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional el uso racional y eficiente de la energía. El objetivo de la norma es contribuir a la seguridad energética, a la competitividad de la economía nacional, a la descarbonización y a la transición energética.

El proyecto, que lleva las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete y el ministro de Economía -en definitiva la fórmula presidencial: Sergio Massa y Agustín Rossi-, refiere a la optimización de la relación entre la cantidad de energía final demandada y de energía útil en su fin previsto, o medidas que permitan mejorar el rendimiento en la producción, el transporte, la distribución o la transformación de la energía, a través de la reducción de pérdidas de dicha energía.

Estas acciones se implementarán por medio de diversas medidas de gestión, cambios de hábitos de uso de la energía en la comunidad e inversiones en tecnologías más eficientes, sin afectar el confort y la calidad de vida de las y los habitantes. Las mejoras sistémicas generadas a partir de la eficiencia energética impactan directamente en la reducción de costos de la matriz energética, en los incrementos de productividad, en la seguridad energética y en la reducción de gases de efecto invernadero. Es por eso que, inevitablemente, el desarrollo de la eficiencia energética debe incorporarse como un elemento característico del desarrollo económico de un país.

El proyecto de ley nacional de Eficiencia Energética busca crear condiciones institucionales que favorezcan el desarrollo de las políticas de eficiencia energética en todo el país. La necesidad de contar con una ley nacional en esa materia radica en la relevancia que ha tomado para el futuro del sistema energético y la transición energética. “Se requiere un marco de  políticas que abarque la temática de manera integral y potencie con mayor fortaleza sus objetivos e instrumentos para superar una serie de barreras culturales, económicas, técnicas, regulatorias y de información”, plantea el proyecto, que resalta que la energía ahorrada reduce la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, los requerimientos de generación termoeléctrica y la dependencia de mercados internacionales caracterizados por su alta volatilidad. A través de la disminución de los precios locales de la energía se reducen los costos de producción de los bienes y servicios, aumentando la productividad en diversos sectores de la economía y la competitividad del país.

El proyecto de ley nacional de Eficiencia Energética busca crear condiciones institucionales que favorezcan el desarrollo de las políticas de eficiencia energética en todo el país.

 Asimismo, las acciones de eficiencia energética en los hogares aminoran los gastos energéticos de las familias, permitiendo además alcanzar los mismos niveles de confort con un menor consumo energético, incrementándose asimismo las posibilidades de desarrollo de los hogares en situaciones de vulnerabilidad. La potencialidad de implementar acciones de eficiencia energética en cualquier uso y tipo energético plantea la importancia estratégica de estas medidas y se transforma en una herramienta para abordar la asimetría vigente en términos distributivos.

Por otra parte, el uso racional de la energía permite disminuir la contaminación y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo tiene por objeto propiciar la utilización racional y eficiente de la energía para contribuir al mejor aprovechamiento de los recursos energéticos del país, al crecimiento económico sostenible, al suministro de energía asequible, a la innovación tecnológica, a la seguridad energética, a la resiliencia de la red eléctrica y otros sistemas de transporte de distribución de energía, a la mejora de la calidad del aire, a la reducción de los impactos climáticos y ambientales y a la equidad social, en todo el territorio nacional.

Cómo lograr la eficiencia energética

Entre los principales mecanismos para llevar adelante la eficiencia energética se destaca la creación de un Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética; un Sistema Nacional de Información de Eficiencia Energética; un Sistema Consultivo de Participación Multisectorial y un régimen especial de promoción de proyectos de inversión en eficiencia energética. Se destacan también los sistemas de gestión de la energía para que cada industria o empresa pueda tomar las mejores decisiones en la materia; la implementación de medidas de ahorro costo-efectivas en los usuarios y las usuarias de las distribuidoras de energía; la clasificación energética de las viviendas para su comercialización; el desarrollo de contenidos educativos y comunicacionales para lograr mejoras en los hábitos de consumo de la energía y la existencia de estándares de eficiencia en el equipamiento consumidor de energía o con incidencia en su uso.

El proyecto establece un esquema de fomento que permitirá cubrir falas de mercado y traccionar inversiones que sistémicamente poseen un repago virtuoso. Por cada dólar invertido con eficiencia por parte del Estado nacional -destaca la iniciativa-, retornan 4 al circuito de la economía nacional.

El Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE) tendrá un primer horizonte temporal al año 2030, debiendo a partir de allí ser evaluado y actualizado cada 4 años, o cuando las condiciones exógenas se aparten significativamente de los escenarios analizados.

En cuanto al Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética, prevé generar un esquema consolidado respecto a la confección, el diseño y la implementación de etiquetas de eficiencia energética.

0014-PE-2023

El Gobierno propone la creación del área marina protegida “Frente Valdés”

El Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, donde fue girado a las comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto y Hacienda.

A casi un año de la media sanción de la creación del área marina protegida “Agujero Azul” -que todavía está sin tratarse en el Senado-, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la protección de otra zona, denominada “Frente Valdés”, precisamente lindera a la Península Valdés.

La iniciativa fue girada el pasado 23 de junio y se giró a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda.

En los fundamentos, el Gobierno señaló que “la creación de una nueva área marina protegida contribuye a la consideración de la sostenibilidad del desarrollo en un indispensable juego armónico con la conservación de la biodiversidad”.

Las áreas marinas protegidas son espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluyendo al subsuelo, los fondos y columnas marinas asociadas, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una protección especial para el aprovechamiento, educación y goce de las presentes y futuras generaciones.

Según compromisos internacionales asumidos por Argentina, para 2030 un 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas deberán estar conservadas.

En la actualidad, el 7,11% de los espacios marinos bajo jurisdicción de la República Argentina se inscriben bajo la figura de áreas marinas protegidas.

“La protección de una zona de alta productividad y con importantes características” como la que se propone “repercutirá en beneficios ambientales, económicos y sociales” para el país, “reforzando la intención de cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia de conservación de la biodiversidad marina”, sostuvo el Poder Ejecutivo.

Entre los beneficios que traería, además de incrementar el porcentaje de superficie protegida y fortalecer el SNAMP, favorecerá a la mitigación al cambio climático y contribuirá al desarrollo de actividades relevantes para las economías regionales de la costa patagónica, entre otros beneficios que estimó el Gobierno en su proyecto.

Uno de los artículos establece que “hasta tanto la autoridad de aplicación apruebe el Plan de Manejo para el Área Marina Protegida, la actividad pesquera en el área que se crea se desarrollará en los términos establecidos por el Consejo Federal Pesquero.

El área, que abarca la Zona Económica Exclusiva Argentina, se ubica lindera a la Península Valdés, en la provincia de Chubut y se localiza en su totalidad por fuera de las 12 millas marinas.

Ingresaron a Diputados los proyectos sobre promoción del hidrógeno y gas natural licuado

Ambos proyectos provienen del Poder Ejecutivo y desde el FdT en la Cámara baja sostuvieron que son “los debates importantes para construir la Argentina que viene”.

Con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Economía, Sergio Massa, el Poder Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados los proyectos de ley de promoción del hidrógeno y gas natural licuado.

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, lo confirmó a través de un tuit donde expresó que son “debates importantes para construir la Argentina que viene”.

Una de las iniciativas busca declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

En tal sentido, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

Además, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

0007-PE-2023

La licuefacción de gas natural para exportación será uno de los debates del proyecto.

El segundo proyecto contempla la creación de un régimen de promoción del hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero, con el objetivo de promover la cadena de valor y contribuir con los procesos de descarbonización de las matrices energética y productiva, así como también fomentar el desarrollo científico y tecnológico.

La iniciativa abarca los tipos de hidrógeno azul, rosa y verde, sus vectores, y pone énfasis en el equipamiento de la cadena de valor y la incorporación de bienes y servicios de alto contenido tecnológico.

Exige niveles de emisiones de carbono y gases de efecto invernadero y la producción de hidrógeno “siguiendo los más altos estándares internacionales en materia de seguridad y medio ambiente”.

En cuanto a los estímulos, otorga beneficios fiscales diferenciales por tipo de hidrógeno, que abarcan el impuesto a las Ganancias, devolución de IVA, exenciones por importación de bienes; y condiciones favorables respecto de los derechos de exportación que aumentan decenalmente.

Al igual que en el caso del GNL, se garantiza la estabilidad fiscal y el acceso al Mercado Libre de Cambios para pago de deudas financieras y disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones.

0005-PE-2023

La oposición no participaría de las reuniones de la Comisión de Juicio Político

Así lo adelantaron varios diputados integrantes de Juntos por el Cambio a parlamentario.com

Luego de la reunión que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo con diez gobernadores en Casa Rosada, anunciaron que este miércoles presentarían el proyecto de pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia ante la comisión homónima de la Cámara de Diputados, por “mal desempeño” y por “violar la Constitución Nacional”, haciendo alusión a los últimos fallos que dictó.

La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022. En esa oportunidad, se eligió como presidenta de la misma a la entrerriana del Frente de Todos Ana Carolina Gaillard. En el cargo de vicepresidente primero fue designado el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López; y como vicepresidenta segunda a la entonces diputada oficialista Victoria Tolosa Paz.

Las secretarías quedaron a cargo del jefe el bloque UCR, Mario Negri; el mendocino Omar De Marchi (Pro); y el porteño Álvaro Gustavo González (Pro). En esa oportunidad, fijaron como fecha de reuniones los días martes a las 18.30.

Los demás diputados que son miembros de la comisión son, por el lado de la oposición Manuel Aguirre (UCR), Sabrina Ajmechet (Pro), Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), Alejandro Finocchiaro (Pro), Ximena García (UCR), Graciela Ocaña (Pro), Paula Oliveto (CC-ARI), María Luján Rey (Pro), Pablo Tonelli (Pro); y el titular del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense).

Por el oficialismo, son miembros Marcos Cleri, Ricardo Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Francisco Monti, Micaela Moran, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.

Como el Congreso está en receso, para que la comisión se ponga en funcionamiento el Poder Ejecutivo debe convocar a extraordinarias a través de un DNU y fijar un temario en el que incluya el tema. Así la comisión quedará habilitada para reunirse.

Según explicó Carolina Gaillard, “con el quórum reglamentario se dictamina la apertura del sumario de investigación que dura 60 días, es el plazo que establece el reglamento interno. Se realiza la investigación y luego se dictamina acerca de si, de dicha investigación, resultó responsabilidad. Va a haber dictamen que se vota por mayoría simple y luego se lleva al recinto y allí, en el pleno de la Cámara, donde se debate la cuestión y se requieren 2/3 para que pase al Senado. Es el Senado quien juzga”.

“Dentro del procedimiento se puede convocar a los jueces, más allá de que no es un proceso judicial, sino un juicio político el procedimiento cumple con el derecho de defensa, todas las garantías necesarias de cualquier procedimiento. Mas allá de que la Comisión puede pedir todo tipo de pruebas lo primero que hace es llamar a quien está acusado”, remarcó.

Si bien el oficialismo cuenta con mayoría simple para avanzar con la apertura del sumario que se necesita para empezar la investigación, la duda recae en la bancada opositora que, si bien ya habían anticipado su rechazo al juicio político, no habían manifestado si participarían o no de las reuniones de Comisión. Según adelantaron a parlamentario.com fuentes consultadas, “la oposición no va a participar de las reuniones de Comisión”.

El titular del interbloque Federal, Alejandro Topo” Rodríguez, a través de una columna de opinión publicada en parlamentario.com ya adelantó su rechazo. Incluso en declaraciones radiales, que hizo en los últimos dos días, planteó que “el oficialismo necesita el 66% de la Cámara de Diputados y tiene menos del 46%; y necesita el 66% de la Cámara de Senadores después y tiene menos del 49%”, por lo que precisó que “es posible, pero altísimamente improbable que esto se apruebe”.

Entidades empresariales reclamaron respetar el fallo de la Corte sobre la coparticipación

“Respetar los fallos de la justicia”, reclamaron desde diversos sectores al Gobierno nacional ante la decisión anticipada de desconocer la acordada del Tribunal Superior, y advirtieron sobre “una grave crisis institucional”.

Numerosas entidades empresariales se manifestaron este viernes contrarios a la decisión del Poder Ejecutivo de desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la coparticipación federal.

Desde IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), solicitaron “respetar los fallos de la justicia”.

Recordaron que recientemente hicieron referencia a una encuesta de la que participaron más de 250 empresarios de IDEA y donde se destacó la “estabilidad institucional” como la principal palanca para incentivar la inversión, superando ampliamente otros factores como la inflación, la cuestión laboral o el marco impositivo.

“El respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo. El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables”, señalaron desde IDEA.

Advirtieron además que “en democracia hay que cumplir este y todos los fallos de la Corte Suprema, que ahora se ha vuelto a ver obligada a intervenir en  cuestiones de coparticipación federal ya que el Congreso nunca ha sancionado una nueva ley de coparticipación conforme lo manda la Reforma Constitucional de 1994”.

Desde el FCE (Foro de Convergencia Empresarial) solicitaron “respetar los fallos de la justicia”, a través de un comunicado titulado: “Argentina ante una grave crisis institucional”.

“La anunciada decisión del Presidente de la Nación de no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia configura una situación de extrema gravedad institucional -señalaron-. El lugar central que le asigna la Constitución Nacional a la Corte Suprema es el de último intérprete de su contenido. Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo, ha jurado observar y hacer observar esa Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social.

Es por tal motivo que instaron al Poder Ejecutivo a “reconsiderar su postura a fin de evitar la configuración de una situación que, más allá de sus imprevisibles consecuencias institucionales, afecta gravemente la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.

En el mismo sentido, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) manifestó su preocupación ante la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo Nacional de incumplir un fallo de la Corte Suprema de la Nación, alertando que ello implica “un quiebre institucional del sistema republicano, y poniendo en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución Nacional”.

Argumentar que el fallo es “de imposible cumplimiento”, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y solicitar la revocación del mismo, señala el comunicado de AmCham, “no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano. Siendo esta la característica fundamental de todo país democrático, y la estabilidad institucional, indispensable para motorizar el desarrollo tan necesario”.

En línea con esto y en relación con la disputa por el reciente fallo de la Corte Suprema en virtud de la coparticipación de CABA, consideran que “en la República Argentina cada poder debe actuar dentro del marco de sus competencias, y no dar lugar a avasallamientos entre sí.

Finalmente, el desconocimiento del fallo por parte de la Administración Nacional (las sentencias de la Corte Suprema son inapelables), no solo abre el camino hacia un estado de incertidumbre político y legal con amplias repercusiones institucionales, sino que vuelve a plantear una riesgosa disociación de la política con la sociedad y sus problemas”.

“Por lo tanto, consideramos indispensable que el Ejecutivo Nacional revise su decisión, se enmarque en el alcance jurídico que dispone nuestra Constitución Nacional, y se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del país. Hoy nuestro principal desafío debería ser fortalecer esa calidad institucional y respetar el principio de división de poderes. Solo a través de este camino lograremos consolidar una recuperación económica sostenida, mejorar sustancialmente los indicadores sociales, promover la inversión privada y la creación de empleos de calidad”, cierra el comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) expresó a su vez “muchísima preocupación” por lo que considera los avances del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, alterando la tan necesaria división de poderes en nuestra República. “Las recientes declaraciones en contra de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Poder Ejecutivo traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías”, expresó la entidad.

En su comunicado, ACDE señala que “la unión que experimentamos los argentinos tras un objetivo común, como lo es la obtención de la copa del mundo de fútbol, queda así desvirtuada por luchas en estamentos del Poder Público, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias para comenzar una senda de crecimiento”.

Por último, instaron al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular, “como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus instituciones”.

Auditores de JxC cuestionaron las trabas del Ejecutivo a las tareas de control de la AGN

Jesús Rodríguez, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva se reunieron con diputados y senadores del interbloque.

Los representantes de Juntos por el Cambio en la Auditoría General de la Nación mantuvieron este martes una reunión con los integrantes de la principal bancada opositora de la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas a quienes les informaron sobre el Estado de avance de los trabajos de la Auditoría.

Los auditores alertaron que “los desequilibrios de poder en Argentina, y los avances sobre los otros poderes de parte del Poder Ejecutivo afectan de manera llamativa el sistema de control”. Además, puntualizaron en “las demoras y dilaciones que existen en el tratamiento por parte de la Auditoría de los gastos derivados de la pandemia, como los gastos Covid, el Plan Estratégico de Vacunación y los contratos”, debido a que “la mayoría oficialista”.

Participaron por parte de la Auditoría su presidente, Jesús Rodríguez; y los auditores Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva. De parte de los legisladores estuvieron el itular del bloque UCR en el Senado, Luis Naidenoff, y su par Juan Carlos Romero; el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, y los diputados nacionales Álvaro González y Paula Olivetto.

Proponen aumentar las penas ante cualquier atentado contra los altos mandatarios del Ejecutivo

El proyecto fue presentado por el diputado del Pro Gerardo Milman con el fin modificar el Código Penal en su artículo 211 tras el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.

Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal con el fin de aumentar las penas ante cualquier atentado o intimidación pública hacia las más altas investiduras del Poder Ejecutivo.

El legislador aseguró que “en nuestro Código Penal, el verdadero Bien Jurídico que se intenta tutelar es que se pone en peligro con el delito de Intimidación Pública es el Orden Público, ya que un intento de atentado o un atentado real hacia cualquiera de las dos figuras más altas e importantes del Poder Ejecutivo ocasionarán estupor, y conmoción pública”.

La modificación del Capítulo III, sobre intimidación pública del artículo 211, en el Código Penal Argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.

ARTÍCULO 211 bis. – En el caso de que dicha intimidación pública, tipificada en el Artículo 211 de esta Ley, afectara a la seguridad física de las altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, presidente/a y/o vicepresidente/a respectivamente, será reprimido con prisión de siete a quince años. Cuando para ello se empleare armas de fuegos, explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de diez años a reclusión perpetua.

El diputado justificó esta modificación debido al “clima de peligrosa inestabilidad institucional y que afecta a la tranquilidad pública y en su conjunto, al Orden Público imperante”.

4664-D-2022

El Gobierno salió a respaldar a CFK tras el pedido a 12 años de prisión por la causa “Vialidad”

Desde Presidencia emitieron un comunicado para “condenar la persecución judicial y mediática” contra la vicepresidenta y expresaron su solidaridad.

Inmediatamente que se conoció el pedido del fiscal Diego Luciani a 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por corrupción en la obra pública de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, el Gobierno Nacional emitió un comunicado expresando su solidaridad con la titular del Senado y condenaron la “persecución judicial y mediática”.

“El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, comienza el comunicado.

En tanto denuncia que “la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”.

“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, señalaron.

En ese sentido, ratificaron: “El Gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.

Asimismo, expresó su “solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.

Finalmente, el presidente Alberto Fernández señaló que “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”, y volvió a transmitir su “más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.

Le exigen a Kicillof equidad y transparencia en la distribución de recursos entre los municipios bonaerenses

El titular del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, presentó un proyecto que expresa preocupación por la “discriminación” hacia los municipios liderados por otro espacio político que no sea el oficialismo y, la otra iniciativa, solicita informes al Ejecutivo sobre los montos enviados a la Provincia de Buenos Aires.

cristian ritondo

A través de dos proyectos de resolución el titular del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, acompañado por sus pares, cuestionaron la discriminación que sufren los municipios que no comparten el mismo espacio político del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, teniendo en cuenta “la inequitativa distribución de los excedentes de ingresos percibidos por la Provincia, que no se distribuyen de manera proporcional a la distribución de los fondos asignados en el presupuesto provincial”.

“El régimen de coparticipación federal de nuestro país es sumamente injusto, sobre todo con las provincias que más fondos aportan a la conformación del tesoro nacional. Y si bien este régimen tuvo muchas modificaciones en los últimos 30 años, algunas más superficiales que otras, constituyeron parches que sólo cumplieron la función de dilatar el verdadero problema”, argumentan en las iniciativas.

Por eso, solicitan al Poder Ejecutivo que informe acerca de los montos recibidos de manera directa por la Provincia en carácter de transferencias no automáticas desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha; el total de dichos montos en 2021; los criterios con los cuales se decidieron las transferencias y el mecanismo de seguimiento; si existen otras erogaciones del Tesoro Nacional destinadas a los municipios, entre otros requerimientos.

“El desgobierno de Kicillof afecta al conjunto de la ciudadanía y en un acto de tremenda injusticia somete a la discriminación a los municipios de Juntos por el Cambio, lo que demuestra la vocación tramposa de un gobernador que solo se preocupa por asistir financieramente a sus amigos para mantenerse en el poder”, señaló Ritondo.

Y sumó: “Exigimos transparencia en la distribución de los recursos que son de todos los contribuyentes y no de una gestión circunstancial que, en 2023, con el voto popular, dejará de arruinarles la vida a los bonaerenses”, concluyó el presidente de la bancada.

Firman ambas iniciativas parlamentarias los legisladores Cristian Ritondo, Diego Santilli, Mercedes Joury, Alejandro Finocchiaro, Gabriela Besana, María Luján Rey, Pablo Torello, Camila Crescimbeni, Hernán Lombardi y Gerardo Milman.

4030-D-2022

Media sanción en el Senado para el Consenso Fiscal

Suscripto por 20 gobernadores con el presidente Alberto Fernández en diciembre del año pasado, la Cámara alta dio media sanción al pacto que ahora deberá ser aprobado por Diputados.

El Consenso Fiscal era otro de los temas que figuraban en el temario habilitado por el Poder Ejecutivo en febrero de este año para las sesiones extraordinarias que finalmente pasaron sin que ninguno de los proyectos fuera tratado. Debió transcurrir medio año más para que recién este miércoles la Cámara alta diera cuenta del mismo y lo aprobara.

La norma obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, y ahora será el turno de Diputados, para ser convertido en ley y habilitar de una vez los elementos que establece el acuerdo suscripto con todos los gobernadores, menos los de San Luis y La Pampa, más el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.

Asimismo, se busca fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.

El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

El debate

Fue el riojano Ricardo Guerra (FdT) quien abrió la ronda de oradores y procedió a explicar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Al respecto, señaló que el documento suscripto por representantes del Gobierno y las provincias a excepción de los mandatarios de San Luis y La Pampa que “mantienen esa posición desde el primer Consenso Fiscal puesto a consideración a l que se agrega el representante de la Ciudad de Buenos Aires”.

Acto seguido apeló al artículo 1 de la Constitución Nacional para remarcar que la Argentina adopta la forma federal de gobierno y, desde la perspectiva fiscal, explicó que “precisa de acciones colectivas que generen condiciones favorables a ese cometido, pero respetando las potestades de los distintos niveles de gobierno”.

Ricardo Guerra fue el miembro informante de este debate.

“Se hace necesario generar las circunstancias para una política tributaria coordinada, entre las jurisdicciones participantes y así dotar al país de un marco legal estable y tributariamente armónico que instaure una estructura impositiva que propenda a la inversión, al crecimiento, a la generación del empleo”, explayó Guerra.

En otro tramo de su alocución, indicó que también es necesario “dotar de progresividad a la estructura tributaria vigente a partir de una mayor preponderancia a partir de los impuestos patrimoniales en compensación de las reducciones a la tributación sobre actividades productivas y el consumo sin que eso altere el equilibrio fiscal del Estado”.

“Otro aspecto es la eficacia a la gestión de los organismos recaudadores en relación a la reducción de la evasión y la elución fiscal, así como también de alcanzar mayor eficiencia en la administración tributaria”, agregó el senador oficialista.

Por otro lado, explicó que el texto reza por “acordar y definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias y revisar conforme al contexto económico las reglas establecidas en el régimen de responsabilidad fiscal; reducir la litigiosidad entre el Estado y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires para proponer el arribo de acuerdos”.

A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) analizó que el proyecto “hay que ponerlo en el contexto en el que se firmó”, para sumar: “Esto se firmó en 2021 donde sin dudas las condiciones económicas y sociales eran diferentes a las actuales. Veníamos saliendo de una pandemia donde los gobernadores y municipios tuvieron que hacer un enorme esfuerzo tanto para sostener y aumentar infraestructura en materia sanitario. Tuvieron que hacer un aporte importante al sector privado para el sostenimiento de la economía porque sabemos cuáles fueron los primeros impactos de la pandemia”.

“En esa fecha tampoco se había arreglado la reprogramación de deuda con el FMI, que todos sabíamos que teníamos vencimientos imposibles de afrontar y que necesitábamos esto. Era imprescindible generarles previsibilidad a nuestros gobernadores e indirectamente a los intendentes”, amplió en su discurso.

Y señaló que fue “en ese marco y sin la aprobación del Presupuesto 2022, que generó incertidumbre porque se había rechazado, es que se firma este pacto fiscal”. “¿Qué es un pacto fiscal?”, preguntó el radical y explicó: “Es una nueva relación entre el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la gerencia de los municipios”.

“Tiene un aspecto muy importante desde el punto de vista de los impuestos y los tributos donde en algunos casos como el ingreso bruto que faculta a los gobernadores a aumentarlos, el impuesto a los sellos”, cuestionó Zimmermann y destacó el comportamiento de los gobernadores radicales sobre ese tema. Sin embargo, en relación al endeudamiento responsable y al gasto expresó su acuerdo con eso porque “significa que los gobernadores tienen que garantizar el equilibrio para poder funcionar y no van a poder tomar deudas. Son temas importantes”.

En el uso de la palabra la senadora del Pro Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) lamentó no contar con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, y comparó el Consenso Fiscal del 2017 que “bajaba impuestos” con el actual que “crea nuevos impuestos”.

“Aunque se llame igual y digan que es una prórroga está justamente permitiendo lo contrario, eso es frustrante”, advirtió la cordobesa y criticó que el proyecto es “un guiño a las provincias para que puedan aumentar los impuestos”. “Este Consenso Fiscal nos trae ingresos brutos distorsivos y les permite y los deja sujetos en la responsabilidad de cada gobernador aumentar; inclusive quieren grave el comercio electrónico, los servicios de internet”, cuestionó la senadora del Pro.

Al igual que sus predecesores, el radical Martín Lousteau recordó que el proyecto se firmó hace ocho meses y señaló que “las provincias necesitan que les giren los fondos que corresponden”. “Mientras esto sigue siendo demorado, las provincias no reciben lo que corresponde en materia de la cancelación de los montos actualizados por el famoso 15%”.

“Cuando los aportes empezaron a ser derivados a un fondo individual, alguien tenía que saldar la diferencia para pagarle a los jubilados que, antes se les pagaba con los aportes de trabajadores activos, para eso se les sacó plata a las provincias se les sacó el 15% de la coparticipación”, explicó Lousteau.

En esa línea, criticó que “en 6 años ese dinero nunca se les devolvió a las provincias cuando el sistema previsional se estatizó, nunca se les dio esa autonomía”. Respecto al proyecto, manifestó que se hace referencia a los Consensos Fiscales de 2017-2018-2019 y apuntó: “Muchas veces repetimos muchas de las cosas que queremos que pasen en materia de coordinación, de comportamiento fiscal y no ocurre”.

 “Esto se firmó hace 8 meses no sé qué piensan del proceso inflacionario en curso”, preguntó Lousteau y adelantó que “cuando termine el mes va a ir un 48% acumulado y cerca de 100% anual y ni que hablar de obtener financiamiento internacional”.

Además, disparó contra el Gobierno porque “no solucionó la inflación, la empeoró y dijo muchas veces que con la reestructuración de deuda con los privados iba a poder acceder a los mercados de créditos y todavía Argentina sigue cada vez más lejos de eso; hablan de autonomía y a las provincias no les devolvieron la plata y les dicen que para acceder tiene que denegar todo proceso judicial contra la Nación”, y cerró: “Todo lo que se dice en el Consenso Fiscal está muy lejos de materializarse en la Argentina”.

De la vereda de enfrente, el kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) se sinceró al manifestar: “Este Consenso Fiscal me hubiese gustado que tenga muchas otras cosas”, pero señaló que “es un avance importante de lo que se logró en diciembre del 2021 en relación a Consensos Fiscales anteriores”.

En ese sentido, cuestionó que hubo Consensos Fiscales “unitarios” desde donde “el poder central se les impone condiciones a los gobernadores en una suerte de paternalismo se les quiere enseñar a cómo gobernar. Se les decía que debían bajar impuestos, debían bajar los ingresos y por la ventanilla del costado se les daba una tarjetita para que vayan a ver operadores de deuda y así endeudaron a muchísimas provincias en dólares a causa de esa baja de impuestos”.

“Fueron pactos fiscales unitarios, centralistas con desprecio a la potestad de los gobernadores donde se les imponía básicamente la baja de impuestos”, lanzó Parrilli y comparó que el actual proyecto les da “potestad a los gobernadores porque son los que en definitiva van a definir si aumentan o no las tasas de impuestos, a qué sector aumentan y a cuál les reducen”.

Por otro lado, ponderó que “establece la posibilidad de aumentar los impuestos patrimoniales a la vez de bajar aquellos que tienen que ver con las actividades productivas y de consumo, así que de ninguna manera este es un Consenso Fiscal que autorice a poner este impuesto para aumentar el costo de los consumidores o de las actividades, todo lo contrario, sino que se debe gravar a los que tienen ingresos, fortunas, riquezas que son los que tienen que tributar”.

Además, recordó que “durante el gobierno de Cambiemos bienes personales que estaba gravados se los sacó, es decir, una persona que tiene una casa paga bienes personales, una persona que tiene un campo o estancia no paga porque no están gravados”. Asimismo, apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires que “recauda 10 veces más por habitante de impuestos propios que cualquier otra ciudad y se debe a que en una cuadra tiene 50 edificios. No se le sacó la coparticipación, sino que se le devolvió a la Nación una coparticipación que el gobierno de Mauricio Macri les había sacado a las provincias para aumentarle a la Ciudad, le dio más riqueza”.

“Este proyecto le da facultades y atribuciones a las provincias que les habían sacado”, resaltó Parrilli y cerró: “De ninguna manera se puede decir que esto va a perjudicar a las provincias, les va a dar la posibilidad de que administren sus propios recursos y lo más importante es que una acción de respeto hacia esas autoridades”.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) sostuvo que el proyecto tiene la intención de “llevar adelante un ordenamiento tributario que garantice un crecimiento de la economía”, y recordó que “fue firmado por los gobernadores y por el presidente como también se firmó en el 2017 en el que estaban muchos gobernadores que también están en la actualidad”. En esa línea indicó que “se firmó entre quienes tenían que hacerlo, no entre los bloques políticos”. “Esto es un ordenamiento, una contribución y una herramienta más de la que tiene el Estado apelando al consenso con los gobiernos provinciales para ordenar la economía”, destacó Vigo.

La palabra de los jefes de bloques

El titular del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones), arrancó su discurso con munición pesada calificando el proyecto como un “nuevo parche a nuestro sistema de distribución de recursos fiscales. Es un nuevo parche al mal trecho régimen que en su última versión está instituido por la Ley 23.548 de 1988, a partir de ahí se han hecho innumerables agregados, quitas y tenemos ahora el laberinto de la coparticipación”.

“Es necesario un ordenamiento que de previsibilidad a la distribución fiscal entre la Nación y las provincias y entre las provincias en el caso de la distribución secundaria”, sostuvo el misionero y subrayó que han pasado “25 años y aún tenemos pendiente esta deuda”.

Por último, indicó que “con este nuevo Consenso Fiscal lo que hace es interrumpir la baja en impuestos altamente distorsivos para la actividad económica y autoriza a gravar la transmisión de impuesto a la herencia”.

A continuación, fue el turno del jefe del bloque UCR, el formoseño Luis Naidenoff, ratificó la postura de los tres gobernadores radicales y del jefe de Gabinete Porteño, Horario Rodríguez Larreta, que no suscribieron el Consenso Fiscal acordando “no aumentar ni generar nuevos impuestos”.

“La base de este acuerdo fiscal son los que se firmaron en 2016-2017-2018-2019 y 2021, esos cinco acuerdos son las marchas y contramarchas de una Argentina  pendular en materia fiscal por un país acostumbrado a tensar la cuerda, por una dirigencia que no está dispuesta a asumir costos, porque gobernar es hacerse cargo y eso implica tomar decisiones que muchas veces no son para los aplausos porque los países serios se construyen con bases sólidas y los aplausos se ven con el paso de los años”, apuntó.

Al igual que sus compañeros preopinantes, Naidenoff ratificó que el acuerdo se firmó el año pasado y agregó que se incorporó al temario de sesiones extraordinarias convocada el 26 de enero de 2022 para sesionar entre el 1 y 28 de febrero y la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió el 3 de agosto de este año para su tratamiento y apuntó: “Solamente el oficialismo que tiene mayoría en esta Cámara podrá explicar por qué pasaron 180 días para dar tratamiento a un Consenso Fiscal que fue de imperiosa necesidad para las provincias”.

“Hay un nivel horizontal en el sistema representativo y federal entre los tres poderes y una distribución vertical. El problema es que esos sistemas están en crisis en la Argentina. Se han soportado embates del Ejecutivo hacia el Legislativo de forma constante, ni hablar con el Poder Judicial fallo que no me gusta emplazamiento, empujar y remover. En materia de distribución es la gran deuda pendiente porque hay un federalismo de concentración, entonces la lapicera siempre está en el Ejecutivo”, enfatizó el titular del bloque UCR.

Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Fue el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, el encargado de cerrar el tema quien explicó que “se trata de la administración nacional y provinciales y depende de cada jurisdicción en cuanto a las obligaciones que tiene cada estamento”.

“Las provincias que se han endeudado en dólares tienen la dificultad de poder sostener la usura. Esta es la situación de gran parte de las provincias del país”, dijo el oficialista y agregó que “la base de este acuerdo es el compromiso en materia tributaria, en materia judicial, en endeudamiento responsable, la responsabilidad fiscal y los compromisos mutuos con la Nación”.

“Vamos a acompañar, como bloque, la decisión que han tomado el presidente y los gobernadores”, finalizó.

Santoro consideró que “los cambios de Gabinete son necesarios para dar impulso a la gestión”

Así lo sostuvo el diputado oficialista, quien agregó que “hay una demanda de parte de la política y la sociedad” para “darle más efectividad y eficacia al Gobierno”.

El diputado nacional Leandro Santoro (FdT) se refirió a la eventual reestructuración del Gobierno y sostuvo que es “necesario un reordenamiento en el Gobierno porque hay una demanda de parte de la política y de la sociedad de darle más efectividad y eficacia al Gobierno”.

En diálogo con El Destape Radio, el legislador explicó que “la necesidad de capitalización política es percibida por los tres referentes del Frente (Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa)”, y agregó que “muy probablemente en las próximas horas tengamos un tipo de anuncio que vaya en esa dirección para darle más volumen político al Gobierno nacional”.

Al ser consultado por su mirada sobre el presidente, Santoro dijo que lo ve “mejor a Alberto Fernández porque este martes hubo buenas noticias y eso ayudó a tranquilizar el mercado”; en ese sentido afirmó: “Tengo expectativa en el reencuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, ya que la reanudación de la relación entre ellos generará mejor clima y con los cambios en el Gabinete se le dará impulso a la gestión”.

Por otro lado, el porteño observó que “el país tiene características individuales, el ego es muy del argentino y eso se refleja en la búsqueda de protagonismo personal de algunos referentes políticos”. “Los dirigentes debemos ser cautos, certeros y sensibles para construir un equipo de Gobierno que tenga en claro la recuperación de la situación del país lo antes posible”, afirmó.

Respecto a la mirada del pueblo con el Gobierno, el diputado argumentó que “en todo el mundo los oficialismos han perdido apoyo por culpa de la pandemia”, y añadió que “los climas políticos se han enrarecido por la dificultad de cumplir las promesas de campaña para generar condiciones de vida mejores”.

“Los índices de aprobación de los oficialismos del mundo disminuyeron por estas dificultades”, insistió, al tiempo que señaló que “en el caso de la Argentina, también influye lo comunicacional porque la oposición emite mensajes agresivos y eso se difunde más rápido”.

En ese sentido, Santoro buscó diferenciarse de la oposición: “Uno debe tener un criterio de justicia y la nuestra es la ausencia de desigualdades arbitrarias donde el Estado debe intervenir para desarmarlas”. En otras palabras, manifestó que “las desigualdades están en todas las sociedades, las distancias son cada vez mayores entre escalones de la pirámide social, y el gran problema es el grado de concentración en esa desigualdad con la naturalización de una sociedad estamental”.

“Si naturalizamos la desigualdad, estamos construyendo una sociedad injusta por definición. Nuestro proyecto político tiene como objetivo achicar esas diferencias y no alcanza con la igualdad de oportunidades, porque eso está condicionado por las desigualdades de origen. Hay que reflexionar el rol del Estado”, analizó.

Para cerrar, el diputado expresó que “nosotros estamos a favor de la propiedad privada, y la diferencia con la oposición es que ellos están en contra de la propiedad pública”. “Una sociedad equilibrada debe tener claro los objetivos sociales y buscar que conviva lo público con lo privado, lo colectivo con lo individual, y el Estado con el mercado”, concluyó.

Legisladores de diferentes bloques analizan el proyecto de desarrollo agroindustrial

El proyecto del Ejecutivo busca promover el incremento de la inversión y el empleo; impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores. El oficialismo busca obtener dictamen para poder ser tratado en el recinto lo antes posible.

agroindustria campo

Mientras el Congreso esta en “receso invernal”, legisladores de distintos bloques políticos se refirieron al régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador, presentado por el Poder Ejecutivo, luego de que un plenario de comisiones recibiera a representantes y referentes del sector agroindustrial para analizar la iniciativa.

En declaraciones con Diputados TV, el neuquino Pablo Cervi (Evolución Radical) aseguró que le medida “es importante” y consideró que “así como se aprobó hace unas semanas el proyecto de las inversiones automotrices, la actividad agrícola también comparte algunas cuestiones, como la dificultad de amortizar las inversiones que se hacen”.

En ese sentido, Cervi explicó la problemática de los saldos de IVA en el caso de la actividad del sector: “Al comprar al 21% y vender al 10,5% de IVA tiene saldos que no se recuperan”, expresó. “Son cuestiones que hacen a la viabilidad del negocio que entendemos que son importantes, pero el proyecto que envió el Ejecutivo también contempla las creaciones de registro y de mayor burocracia que son cuestiones que hay que revisar”, señaló.

Por su parte, el oficialista Daniel Arroyo destacó el rol de los bloques federales para la aprobación del proyecto. “El Congreso hoy es: nosotros, que somos 118 diputados, Cambiemos son 116, y hay un conjunto de bloques provinciales, federales, en el medio que terminan definiendo que se hace. Esos bloques creo que actúan con mucha racionalidad, que cuando les parece algo correctamente, como el tema de Boleta única, hacen articulación con la oposición, y cuando creen que hay otras cuestiones que son positivas, como algunas leyes que han votado con nosotros, nos acompañan”, indicó.

“Entiendo que, en este caso, debería acompañar por lo menos una parte importante de los bloques de provincias del interior la Ley de Agroindustria”, finalizó Arroyo.

Actualmente, el proyecto de ley de Desarrollo Agroindustrial, que busca promover el incremento de la inversión y el empleo; impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, ya está siendo trabajado por las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria, con miras a obtener dictamen para poder ser tratado en el recinto.

En el marco del debate, el plenario recibió días atrás a representantes y referentes del sector agroindustrial, entre los que estuvo el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins. En su exposición, Martins consideró que el proyecto “lo que implica, y lo que a nosotros nos parecía oportuno traer a la mesa, es la industrialización”. En ese sentido recalcó la importancia de “ver de qué forma podemos agregar valor para crecer en exportaciones con valor agregado”.

“Somos muy eficientes en exportar productos primarios, creo que hoy tenemos la obligación de ver cómo agregamos valor, porque esto tienen una fuerte implicancia en la generación de divisas y eso es lo que va a ayudar a estabilizar una macroeconomía”, sumó.

A su turno, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, resaltó el “aliento a la producción, el aliento al empleo y la promoción al federalismo”.  Y también destacó: “Las economías regionales estamos directamente vinculados a la inclusión porque damos mucho empleo por las características de nuestras producciones. Este proyecto alienta el asociativismo en los servicios, elemento fundamental para tener escala”.

En aquella reunión, además estuvieron presentes Alfredo Paseyro (gerente general de la Asociación Semilleros Argentinos-ASA), Jorge Chemes (presidente de Confederaciones Rurales Argentinas-CRA), Matías Lestani (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación), Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural Argentina-SRA), legisladores, representantes del consejo agroindustrial argentino, referentes del sector, entre otros.

Quiénes son los invitados que asistirán al debate del proyecto de Industria Automotriz

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado y había sido incluida en el temario de extraordinarias que no se realizaron. Por fin comienza su tratamiento este martes con más de una veintena de expositores.

Más de diez meses después de que el Ejecutivo enviara el proyecto al Parlamento, comienza su debate en la Cámara de Diputados. Será en el marco de un plenario de las comisiones de Industria, que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto, y de Presupuesto y Hacienda, del porteño Carlos Heller.

La convocatoria es para este martes a las 13 y han sido invitados a exponer funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, Julieta Lousteau (subsecretaria de Industria); Gastón Grimblat y Pablo Bravo (asesores); Ignacio Bruera (director nacional de Política Industrial); del Ministerio de Economía asistirá María Sol Pasqualini (subsecretaria de Tributación Internacional); del Sindicato de Mecánicos (SMATA) Ricardo Pignanelli / Laura Ávalos; de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán / María Soledad Calle.

También de Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOEYEP) irá Juan Carlos Murúa; y de la Asociación de Supervisores Industria Metalmecánica (ASIMRA) será Jorge Lobo.

Por el lado de los representantes de la Industria Automotriz se presentarán Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA; Santos Doncel Jones, presidente de IVECO; Nicolás Abbate, director de Nissan; María Ángela Stelzer, directora de Asuntos Corporativos de VW; Verónica Niemann, directora de As Ext. Com y RSE de Mercedes Benz; Paula Camogli, jefa de Asuntos Públicos de Renault; Verónica Berkopec, Asuntos Gubernamentales de Toyota; Leonardo Pomeranchik, gerente de Asuntos Gubernamentales de MB; Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA; Carlos Galmarini, director de Relaciones Institucionales de Ford Argentina; Analía Pellegrino, gerenta de Relaciones Institucionales en IVECO Arg SA; Ignacio Traballoni, responsable de Asuntos Gubernamentales de MB; Tomás Cociancich, responsable de As. Públicos de Mercedes Benz Camiones; Diego Kukulanski, gerente de Relaciones Institucionales Stellantis; Patricio Sesti, supervisor de Asuntos Institucionales y Gub. VW; Alicia Ryzewski, responsable de Comunicación de ADEFA.

De la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADMIRA) irán Isabel Martínez, Julio Cordero y Horacio Cepeda. Mientras que de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) asistirán su vicepresidente, Fabio Rozenblum, y el gerente general, Juan Cantarella.

La ley se denomina Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, Autopartista y su Cadena de Valor y el proyecto fue presentado el 18 de agosto de 2021, pero nunca alcanzó a iniciarse su tratamiento.

Tiene por objeto promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales (forja, fundición, mecanizado, pintura, estampado, entre otros).

En los considerandos de la iniciativa, se destaca que “la cadena de valor automotriz es central para la estructura y la dinámica productiva del país”, ya que se trata de una actividad “con gran peso relativo en la producción -10% del PBI industrial-, en las exportaciones -primer exportador de manufacturas de origen industrial (MOI)- y en el empleo del país -6% del empleo industrial registrado-”.

Uno de los objetivos del Gobierno nacional es potenciar el crecimiento de la cadena de valor de manera sustentable, incentivando las inversiones en plataformas de producción eficientes, exclusivas a nivel regional y con escala internacional, que permita tener una alta inserción exportadora y altos niveles de integración nacional de autopartes”, sostienen los fundamentos.

Por tal motivo, los proyectos de inversión alcanzados por los beneficios de este proyecto de ley serán aquellos que incluyan plataformas exclusivas regionalmente (para autos y utilitarios) y niveles mínimos de contenido nacional.

Asimismo, el proyecto apunta, por un lado, a facilitar desde lo fiscal a la formación de capital en el sector, bajo instrumentos orientados a mejorar la performance financiera de los proyectos de inversión, como la amortización acelerada y el tratamiento previsto a los saldos generados por créditos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por otro, potenciar las exportaciones.

“En ese sentido, la devolución anticipada del IVA, permitiendo ser utilizado para el pago de otros impuestos nacionales, viene a reducir ese costo y a hacer viables más inversiones. Asimismo, el beneficio no implica un costo fiscal neto para el Estado Nacional, dado que lo que se devuelve de IVA en un momento implica un mayor pago de IVA en el futuro, aunque sí el Estado Nacional absorbe el costo financiero que se ahorra la empresa”, argumenta la iniciativa.

En cuanto a permitir la amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, se señaló que “también mejora el resultado financiero de la inversión, debido a que les reduce el monto a pagar por el Impuesto a las Ganancias en los primeros años, desde la puesta en marcha del proyecto”.

Por otra parte, se establece que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los proyectos de inversión deberán necesariamente involucrar la producción de: nuevas autopartes o autopartes ya producidas al momento de la inscripción al régimen, que involucren una mejora sustantiva en la capacidad de producción.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión aprobados deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

Además, se establecen cuáles serán las faltas leves y graves, al tiempo de una serie de sanciones a quienes no cumplan con la ley, tales como “la suspensión en el goce del beneficio por el período que dure el incumplimiento; la revocación total o parcial del beneficio usufructuado con su correspondiente restitución al fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, del impuesto a las Ganancias ingresado en defecto; ingreso de los derechos de exportación no abonados, con más los respectivos intereses resarcitorios; multas, cuyos montos no podrán exceder del 50% de los beneficios usufructuados; e inhabilitación para volver a gozar de los beneficios del régimen por el mismo u otro proyecto.

En otro artículo del proyecto, se dispone la creación del Instituto de la Movilidad “como ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable a través de la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras y las instituciones de apoyo científico y tecnológico”.

La iniciativa determina que el gobierno y la administración del Instituto de la Movilidad estarán a cargo de un directorio integrado por 8 vocales, que se desempeñarán con carácter “ad honorem”. De ellos, dos serán designados por la autoridad de aplicación; uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; tres por las asociaciones empresarias representativas del sector automotriz (AFAC y ADIMRA) dos por los sindicatos SMATA y UOM. Asimismo, cada entidad deberá designar a su respectivo o respectiva suplente.

Cobos pide al Ejecutivo información sobre el avión con pasajeros iraníes, demorado en Ezeiza

El radical solicita saber sobre “los pasajeros, sus identidades y nacionalidades; y las razones para ingresar al país” y si tienen relación con la Guardia Revolucionaria Islámica.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado del ingreso y circulación del avión Boing 747-3B3 (M), división de carga de la compañía Conviasa, demorado actualmente en el aeropuerto de Ezeiza.

El legislador radical explicó: “Estamos preocupados y queremos contar con información detallada sobre el avión matrícula YV3531 y sobre los pasajeros que venían a bordo. Queremos saber sus identidades, nacionalidades y si existe o no vinculaciones con la Fuerza Qudz, perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También el origen del avión, su manifiesto de vuelo, los anteriores destinos del mismo en América del Sur, así como el manifiesto de vuelo de ese momento y cuáles fueron las razones que esgrimieron los tripulantes para ingresar a nuestro país”.

“Asimismo, queremos también conocer el rol que cumplieron los funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Federal de Inteligencia en el ingreso y circulación de este avión”, explicó Cobos.

El diputado señaló que “el avión pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios aéreos (Conviasa), y anteriormente perteneció a la empresa iraní Mahan Air. No es un detalle menor señalar que ambas empresas están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.

Finalmente, el legislador nacional señaló: “Recordemos que la propia AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas solicitaron a las autoridades argentinas que se esclareciera todo lo referente a la presencia de este avión venezolano vinculado a Irán. Teniendo en cuenta los graves antecedentes que existen en nuestra historia reciente, es fundamental conocer en profundidad y accionar conforme sea necesario respecto de este vuelo”.

Los jefes del FdT presentaron en el Senado el proyecto para ampliar la Corte en 25 miembros

En línea con la propuesta de un conjunto de gobernadores oficialistas, la iniciativa propone elevar el número de miembros a 25.

Este jueves ingresó a la Cámara de Senadores el proyecto de modificación de la Corte Suprema que lleva la firma del presidente y la vicepresidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, que eleva el número de miembros a 25 que permitirá “fortalecer la inmediatez de los expedientes”.

En línea con la propuesta de un conjunto de gobernadores oficialistas, la iniciativa consta tan solo de cinco artículos. En su artículo primero, establece una composición de 25 miembros (jueces y juezas) ante los cuales “actuará el Procurador o Procuradora General de la Nación y los Procuradores o las Procuradoras Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y los Defensores o las Defensoras Oficiales”.

Respecto a los nombramientos e integración, su artículo segundo propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”.

En tanto, el artículo 3 establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes. Mientras que el cuarto artículo sostiene que “las disposiciones de la ley se implementaran una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande”. El restante es de forma.

Entre los fundamentos, remarcaron que la propuesta de los 25 miembros “permitirá contar con un alto Tribunal en que se eviten los altísimos niveles de delegación del trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces” con el fin de “fortalecer la inmediatez de los expedientes y con el justiciable, además de abreviar los extensos plazos que lleva la tramitación”.

En ese sentido, explicaron que la integración se realizará de “forma progresiva” y que, de esta manera, Argentina seguirá la tendencia de la mayoría de los pases europeos y latinoamericanos.

“Resulta importante que el número de jueces de la Corte Suprema guarde alguna relación con la población, por cuanto a mayor número de habitantes genera una mayor litigiosidad que, llega al Tribunal por las vías procesales correspondientes”, fundamentaron.

Y remarcaron: “Cabe consignar que una Corte Suprema con este número de jueces no solo resuelve cuestiones de funcionamiento, sino que, permite una composición, en principio más acorde con el sistema republicano de gobierno y con la multiculturalidad que caracteriza a nuestra sociedad y que es la base de la democracia igualitaria y plural a la que aspiramos”.

S.-1353-22

El Gobierno envió un proyecto para reformar las normas en relación al lavado de activos

El texto ingresó por la Cámara de Diputados. Prevé modificaciones en el Código Penal y dos leyes vinculadas a la temática.

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.

Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.

“Es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero, tanto nacional como internacional y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan”, indicó el Gobierno en los fundamentos.

En los considerandos, se mencionó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”. 

“Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de organizaciones internacionales. Si bien las citadas Recomendaciones no son vinculantes, se exige a los países miembros que respondan en función de esos estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando en forma continua su sistema preventivo y represivo”, se señaló.

En virtud de los avances, el Poder Ejecutivo fundamentó que “el carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”.

Entre las modificaciones, la iniciativa también busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.

Y, a su vez, se explica que se prevé incorporar un nuevo capítulo referido a las organizaciones sin fines de lucro que, “si bien dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abuso para la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, de conformidad con la Recomendación 8 del GAFI”.

Por último, en consonancia con la última modificación de la Recomendación 24 del GAFI, aprobada en marzo pasado, que reforzó los estándares internacionales relativos a beneficiarios finales de las personas jurídicas, con el fin de garantizar una mayor transparencia respecto de la verdadera titularidad y control de las personas jurídicas y de mitigar los riesgos de su utilización indebida, se prevé la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP, garantizando a las autoridades competentes el pleno acceso a dicho registro, agrega.

0009-PE-2022

Proponen suspender los nombramientos en el Poder Ejecutivo

A instancias de la diputada Soher El Sukaria a través de un proyecto solicita al gobierno nacional suspender los nombramientos y designaciones hasta la finalización de su mandato, entro otros puntos. “A este proyecto lo motivó el aumento del déficit público”, señaló.

La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro – Córdoba) presentó un proyecto de ley en el que le solicita al Gobierno nacional suspender los nombramientos y designaciones hasta la finalización de su mandato; la obligación de todos los funcionarios que no tengan el cargo de ministros o presidente de viajar en avión en clase económica; y reestablece la prohibición de contratar parientes en el Estado.

“A este proyecto lo motivó el aumento del déficit público. Vemos -con preocupación- una maratón de designaciones que acrecientan la planta estatal, no sólo de empleados sino de funcionarios, aún, a esta altura de la gestión”, argumentó la legisladora.

El proyecto de ley, excluye -entre otras áreas- al Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad: “El empleo público era de 17,4% del empleo total en el segundo semestre de 2018, este aumentó en 2021 al 20,2%. Vimos que, de los últimos tres gobiernos, sólo uno redujo la cantidad de empleo público, que fue el gobierno del presidente Mauricio Macri, mientras que los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández aumentaron la cantidad de empleados en un 30%”, precisó.

El Sukaria, además, recordó que “en 2018 el gobierno nacional entonces conducido por Mauricio Macri estableció a través del decreto 632/2018, un congelamiento en la contratación de nuevos empleados hasta el fin de su mandato y -por esas medidas- se consiguió reducir el déficit de manera drástica en el último año, priorizando las búsquedas internas de personal para cubrir los cargos vacantes”.

La vicepresidenta del Pro cordobés, ejemplificó: “En una búsqueda en el Boletín Oficial reciente, aparecen 69 designaciones de funcionarios en el año 2022, publicaciones nuevas todos los días de designaciones para cubrir muchas veces nuevos puestos generados por este gobierno”.

Por último, El Sukaria concluyó que “en un momento de aumento drástico del gasto público y del déficit fiscal, que nos está llevando a tener una inflación proyectada para este año que sería la más alta de las últimas tres décadas, es necesario analizar medidas de emergencia que nos permitan brindarles soluciones a la ciudadanía”.

JxC expresó su “rechazo y repudio” al “intento de normalizar la relación” con Venezuela

Además, en el comunicado que emitió el interbloque exhortaron al Poder Ejecutivo a “evitar cometer el desacierto histórico, impunidad política y torpeza diplomática al dar curso al pedido del régimen venezolano”.

El interbloque Juntos por el Cambio emitió un comunicado este jueves en el que expresaron su “firme rechazo y absoluto repudio” a la designación, por parte de la “dictadura de Nicolás Maduro”, de la ciudadana Stella Marina Lugo de Montilla como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en Argentina.

Y sumaron: “Rechazamos la designación de un embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela, hasta tanto no se establezca la democracia plena en ese país”.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo, particularmente a las autoridades de la Cancillería, a evitar cometer el desacierto histórico, la torpeza diplomática y la impunidad política que representaría dar curso al pedido del régimen venezolano, aceptando la concesión del beneplácito, como asimismo a la presentación del pedido del beneplácito para la designación de un nuevo embajador de la República Argentina ante ese país”, agregaron en el texto.

En ese marco, recordaron que “hoy en Venezuela no existe la democracia y que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro enfrenta graves denuncias por crímenes de lesa humanidad”, y se comprometieron a “seguir de cerca estos procesos”.

Solicitan información sobre la asignación de los planes sociales

Diputados del Pro, encabezados por Alberto Asseff, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde informe sobre la designación de los planes sociales porque “es una problemática que crece día a día y parece no tener solución”.

Un grupo de diputados nacionales del Frente Pro, encabezados por Alberto Asseff, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informe sobre los requisitos y condiciones en los que se asignan los planes sociales.

En la iniciativa recordaron que los primeros planes sociales aparecieron en Argentina con las Cajas PAN que se otorgaban durante el gobierno de Raúl Alfonsín. También, durante la crisis del 2002 bajo el mandato de Eduardo Duhalde existía el plan social “Jefas y Jefes de Hogar, que buscaba ayudar económicamente a 2 millones de familias en un momento donde la pobreza superaba el 50% de la población”.

“Existen hoy aproximadamente 22 millones de personas que reciben asistencia social en forma de un programa alimentario y por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Esta cifra indica que la cantidad de personas que perciben una ayuda estatal se ha multiplicado por 10 en los últimos 19 años. Actualmente existen un total de 141 planes y programas sociales”, fundamentaron.

A su vez, denunciaron que “en los últimos años, una gran parte de los líderes de los movimientos sociales, a quienes le llegan la mayoría de esos programas sociales, se han adueñado del manejo de los fondos de los mismos y también del otorgamiento y de su distribución”.

“Un plan social es una herramienta de gobierno válida y necesaria para un fin especifico. Abordar una situación de vulnerabilidad, y/o dar respuesta a situaciones concretas como educación, créditos, formación cultural, producción, etc. Lamentablemente hoy día la asignación de un plan social es simplemente el otorgamiento de dinero sin nada a cambio; provocando ello mayores gastos, déficit y una rueda sin fin de controversias”, concluyeron.

Acompañan con su firma los diputados Karina Bachey, Héctor Stefani, Gerardo Milman, Lidia Inés Ascarate, Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez y Germana Figueroa Casas.

Informacion-sobre-planes-sociales

Con la participación de Soria, se abrió el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia pasó a un cuarto intermedio la discusión del proyecto del Poder Ejecutivo. El debate se retomará este miércoles a las 10.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta retomará este miércoles a las 10 el debate que comenzó este martes sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que envió el Poder Ejecutivo. Se buscará emitir dictamen con el fin de poder sesionar la próxima semana. Desde la principal bancada opositora cuentan con una iniciativa propia.

El plenario de este martes fue encabezado por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, y el de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Oscar Parrilli. En el inicio de la reunión, Juntos por el Cambio completó la grilla de autoridades de Asuntos Constitucionales designando al senador José María Torello para cubrir la vicepresidencia que había dejado vacante al conformarse la comisión. Estuvieron presentes en el plenario el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

El debate

Previo a la ronda de preguntas, Soria contextualizó el debate del proyecto y calificó de “extorsivo” el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 16 de diciembre de 2021 en el que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de 2006. En tanto, pidió al Congreso de la Nación que “rechace y repudie esta verdadera intromisión, por parte de la Corte, en facultades que le están absolutamente vedadas como es legislar. No pueden avalar este gravísimo hecho jurídico”.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, describió el esfuerzo que se hizo durante la pandemia, y reiteró la importancia de que no deje de funcionar el Poder Judicial. “Como juez no voy a permitir que el Consejo pare, porque creo que no puede haber ningún tipo de decisión que haga que deje de funcionar el Consejo y que deje de funcionar el Poder Judicial de la Nación”, subrayó.

Fue la diputada Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza) la primera en consultar por los “riesgos” en la demora en sancionar una nueva ley y consideró que “esto es una intromisión del Poder Judicial en estipularle al Congreso los tiempos para sancionar una ley”. También preguntó por la redacción del proyecto actual en comparación con la iniciativa anterior del 2017 para “saber por qué la oposición no acompañaría” y si “se tomaron otros antecedentes legislativos”. Por último, remarcó que las dos leyes que la Corte Suprema declaró inconstitucional “no incluía la presidencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura”.

A su turno, la opositora Guadalupe Tagliaferri cuestionó: “El fallo de la Corte ocurrió el 16 de diciembre y los senadores estuvimos esperando todo enero y febrero que nos convoquen a extraordinarias, tanto por el FMI como por el Consejo de la Magistratura, por lo cual, si llegamos a este tiempo, hay que tener consideración con ésto porque estamos a mediados de marzo porque podríamos haber empezado a trabajar en esto antes”.

“Usted nos solicita que declaremos inconstitucional algo que está fuera de nuestra competencia entendiendo que la Corte Suprema es el máximo organismo de interpretación de las leyes, no es un organismo cualquiera y tiene por facultad su intérprete final por excelencia y no es el Congreso el que define si una ley es o no inconstitucional”, lanzó la senadora y criticó “la redacción sobre paridad de género”, porque no se contempla en su totalidad.

Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) consideró: “El fallo de la Corte nos está dando una oportunidad única para que este Congreso nos devuelva una justicia más independiente”, y aclaró que “no venimos a defender la justicia actual, venimos a defender los derechos de los ciudadanos”.

Sobre el proyecto del Ejecutivo y sus formas, cuestionó: “Nos está haciendo desaprovechar esta oportunidad que está sumando más grietas”, y le pidió al ministro que se “hagan cargo” de lo que planteaban del “tratamiento exprés” porque “demoraron nueve meses desde que el presidente anunció el proyecto hasta que lo envió. Sobre todo, porque estuvimos tres meses desde que su Gobierno nos estuvo prometiendo, amenazando, de que iban a mandar 14 proyectos para tratar en sesiones extraordinarias, entre las cuales estaba el Consejo de la Magistratura”.

Foto: Comunicación Senado

“Acá estuvimos esperando que mandaran, que nos convocaran, pero no ocurrió. Me hace pensar que la propia interna que tienen en el Gobierno no les permitió poder convocarnos y perdernos la oportunidad, antes de estar a cuatro semanas, hubiésemos tenidos más de tres meses discutiendo el tema”, recalcó Juri y lanzó: “No me extraña porque ustedes están bastante acostumbrados a no hacerse cargo de las cosas. Y más me sorprende que cuestionó lo que hizo la Corte, su Gobierno durante pandemia tenían vacunatorio Vip, fiesta en Olivos. Me gustaría que haya consenso, pero queremos que reflexionen, encontrar los canales de diálogo”.

A su vez, la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, la tucumana Beatriz Ávila, observó que “el fallo que habla de incorporar al presidente de la Corte tiene un sentido que es conseguir un equilibrio y no atentar con la división de poderes”. Respecto a la iniciativa del Ejecutivo cuestionó: “Hay una preponderancia del poder político gobernante que excluye al presidente de la Corte, deja de lado en su composición una visión federalista sobre cuántos son sus integrantes, en cuanto al ámbito democrático solo habla de facultades de derecho nacionales y no privadas”.

Por último, el senador oficialista Daniel Bensusán (La Pampa) disintió con la legisladora preopinante sobre la designación del presidente de la Corte como miembro que presida el Consejo porque “el fallo de la Corte es criticar el equilibrio de los estamentos que integran al Consejo”, y coincidió con el ministro Soria porque “es de gravedad importante lo que ha determinado la Corte respecto de poner en vigencia una ley que este mismo Senado había derogado. Me parece que es abrir el juego a una situación judicial donde la división de poderes se ve vulnerada y es preocupante”.

Foto: Comunicación Senado

¿Qué dispuso el fallo de la Corte Suprema de Justicia?

La Cámara alta lleva adelante el tratamiento de la reforma del órgano judicial, la cual tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -de la cual fue autora como senadora Cristina Kirchner-, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo con 20 miembros.

El máximo tribunal de la Nación le encomendó al Poder Legislativo un plazo de 120 días corridos para resolver el tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

Los proyectos

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por otro lado, el interbloque Juntos por el Cambio del Senado unificó las propuestas que había al respecto y presentó su propio proyecto, el cual establece 20 miembros y plantea que el Consejo debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, principal diferencia con el texto enviado por el Gobierno.

El proyecto de JxC propone que el Consejo este compuesto por cuatro jueces; ocho legisladores nacionales (4 por cada Cámara: 2 por el bloque mayoritario, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro representantes de los abogados; un representante del Poder Ejecutivo, dos del ámbito académico y científico. Además, en su artículo tercero, se establece la perspectiva de género en la organización del Consejo y acarrea la paridad en los distintos estamentos.

La composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

Borrego pide que el Ejecutivo informe sobre las recientes designaciones en el PAMI

La diputada de la CC-ARI presentó un proyecto de resolución tras conocerse que la institución designó en cargos permanentes a más de 200 personas sin cumplir la normativa que exige la presentación del título secundario.

La diputada nacional Victoria Borrego (Coalición Cívica – Buenos Aires) presentó un proyecto de resolución en el que le solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca de las recientes designaciones en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

En la iniciativa se requieren los motivos y criterios por los cuales la resolución que promueve nombramientos no ha sido publicada en el Boletín Oficial del organismo y, también, que indique cuáles son los actos administrativos que son publicados y cuáles no. Se pide, además, que se indique si se ha exceptuado del requisito de título secundario al personal designado.

Esta iniciativa continúa con la solicitud de que se señale “la dotación total de personal del Instituto al día 10 de diciembre de 2019 y la dotación total en la actualidad, desagregado por tipo de contratación, incluyendo expresamente aquellos que presten servicios para el organismo en cualquier modalidad”.

“Finalmente se insta al Poder Ejecutivo que consigne la dotación total del personal del Instituto que no cuenta actualmente con título secundario, e indique cuántos han sido exceptuados de los requisitos para su designación”, sostiene la iniciativa.

A su vez, remarca que “es preocupante la conducta asumida por el organismo, tanto por la decisión de no respetar la normativa vigente en materia de designaciones, así como por la manifiesta falta de transparencia y la violación a la Ley n° 27.275. La conducta asumida en este caso y dada a publicidad a través de los medios de comunicación revela la falta de transparencia con la que se conduce actualmente el organismo”.

Cabe mencionar, que su par Marcela Campagnoli presentó una denuncia contra la titular del PAMI, Luana Volnovich, por la misma causa.

Proyecto-de-Resolucion-Designaciones-PAMI-263-22-0872-D-2020

Cisneros pide que Lozano renuncie al Banco Nación por sus “reiteradas” críticas al Gobierno

Eso expresó el diputado, luego de que el director de la entidad bancaria y presidente del partido Unión Popular convocara a una marcha para “reencauzar la negociación con el FMI hacia términos más favorables para el país”.

El diputado nacional Carlos Cisneros (Frente de Todos – Tucumán), a través de su cuenta de Twittear, consideró que el director del banco Nación, Claudio Lozano, debe “renunciar a su cargo” por las “reiteradas críticas hacia el Gobierno”, luego de convocar a una marcha para “reencauzar el acuerdo con el FMI”.

Ante el cierre del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional y a la espera del envió del proyecto al Congreso, Lozano que preside el partido Unidad Popular, distribuyó entre las distintas fuerzas parlamentarias que participan del Frente de Todos, un material en el que convoca a una marcha para “reencauzar” la negociación con el FMI hacia “términos más favorables para el país”.

En ese contexto, Cisneros consideró: “Correspondería que Claudio Lozano renuncie a su cargo como director del Banco Nación. Se manifestó en reiteradas oportunidades en contra del Gobierno del que forma parte, con la tolerancia del presidente de la institución”.

“Celebró un festival de nombramientos que solo tuvo en cuenta la Capital Federal y dejó de lado a los compañeros de la provincia. Su doble discurso es como el de un vegetariano que come carne a escondidas”, criticó el legislador tucumano y cerró: “Estos tiempos exigen compromiso y estar a la altura de las circunstancias”.

Proyecto de la CC para autorizar al Ejecutivo a acceder a créditos públicos con el FMI sin control posterior del Congreso

La iniciativa corresponde a diputados de la CC-ARI quienes sostuvieron que es “una herramienta de última instancia para evitar el default”. También remarcaron que “desde el Congreso no se gobierna”.

Diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley que propone autorizar al Poder Ejecutivo “a suscribir programas de financiamiento y/o operaciones de crédito público con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con dicho organismo, sin perjuicio del control posterior por parte de este Honorable Congreso de la Nación”.

“Ante la fragilidad actual del país y la incertidumbre que se vive dentro del Parlamento, aportamos este proyecto como una herramienta de última instancia para prevenir un daño mayor y definitivo a la economía: la entrada en default y ser un país inviable”, precisaron desde el bloque.

En ese sentido, remarcaron que “la autorización al Poder Ejecutivo para establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con el FMI en 2018 se basa en los principios que venimos sosteniendo como Coalición Cívica y Juntos por el Cambio: Evitarle a la sociedad el trauma que provocaría en la economía un default con el Fondo, estar a la altura de la responsabilidad histórica y honrar las deudas para no hacernos más daño frente al mundo”.

“Esta herramienta que ponemos a disposición del Congreso está por fuera de cualquier tipo de especulación política y electoral. Sin temores a hacernos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores, somos una fuerza política que no aplaudió el default hace veinte años y que quiere evitarlo ahora. Las crisis las pagan principalmente las clases medias. Además, en un territorio desconocido como el default con este organismo multilateral de crédito, los pocos que producen: el campo, la débil industria, en definitiva, el escaso trabajo de los argentinos está en riesgo”, manifestaron.

Además, aclararon que “en nuestro sistema constitucional el programa de gobierno corresponde al Poder Ejecutivo y llegamos a esta situación por la falta de un plan económico por parte de la administración del Frente de Todos”, y agregaron: “Desde el Congreso no se gobierna, allí estaremos para evitar subas de impuestos, para cuidar a los jubilados y para no dejar al país sin la herramienta que necesite para refinanciar sus deudas”.

“El Gobierno tiene el deber de llegar al acuerdo, de tener una hoja de ruta seria para cumplirlo, de dejar atrás las erráticas políticas económicas y hacerse responsables de gobernar hasta el 9 de diciembre de 2023. Desde el Congreso también debemos asumir sin ambigüedades las responsabilidades que nos tocan”, concluyeron los legisladores de la oposición.

En tanto, fundamentaron en la iniciativa que “la voluntad del legislador al momento de votar este proyecto consistirá en autorizar al Poder Ejecutivo a refinanciar o tomar nueva deuda, pero de ninguna manera le confiere al Congreso el diseño del programa de gobierno o su forma de ejecución, ya que debe advertirse que la formulación y programación de las distintas etapas de cumplimiento siempre estará en manos de sus negociadores, el Poder Ejecutivo por parte del Estado Argentino y el Fondo Monetario por la parte acreedora”.

“En este sentido, este proyecto propone autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir los acuerdos y tomar el endeudamiento que sea necesario, ya que esa negociación es su facultad exclusiva. La política económica, en un régimen presidencial como el argentino, es facultad del Poder Ejecutivo”, remarcaron.

5358-D-2021

Incertidumbre en torno a cuándo ingresará al Congreso el proyecto del acuerdo con el FMI

Según fuentes del oficialismo el Ejecutivo tiene un plazo hasta el 25 de febrero y estiman llegar con los tiempos. Pero, desde el Legislativo trascendió que podría ingresar recién el 2 de marzo.

Aún sin confirmaciones oficiales por parte del Gobierno nacional sobre cuál cámara será la encargada de darle inicio al tratamiento del proyecto del acuerdo con el FMI, fuentes del oficialismo le hicieron saber a parlamentario.com que ingresará por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la incertidumbre está puesta en cuándo sucederá eso.

Según pudo saber parlamentario.com desde el Ejecutivo sostienen que tienen plazo para el 25 de febrero y consideran que llegarían a enviarlo en la seman próxima. Pero, desde el Poder Legislativo, especialmente desde el Senado, afirman que sería enviado recién el 2 de marzo, un día después de la Asamblea Legislativa que encabezará el presidente, Alberto Fernández, en cuyo discurso el tema de la deuda será central. En uno u otro caso se descuenta que el tratamiento será rápido, dado que la intención es tenerlo sancionado antes del vencimiento del 22 de marzo, situación que podría provocar la queja de los legisladores por el escaso tiempo para analizarlo en profundidad.

En un principio el Poder Ejecutivo tenía la intención de que la discusión arranque por el Senado, terreno dominado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien se esperaba que rompa el silencio tras la renuncia de su hijo como presidente del bloque precisamente por “no estar de acuerdo en la negociación con el Fondo”, pero aún no se ha pronunciado al respecto.

Pero mientras en Diputados el jefe del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, y el presidente del cuerpo, Sergio Massa, concentran todos sus esfuerzos en conseguir la mayor cantidad de votos a favor de la iniciativa, los senadores oficialistas salieron por su parte a hacer declaraciones en los últimos días y deslizaron que era mejor que el debate comience por Diputados.

La voz más resonante fue, sin dudas, la del presidente de la bancada oficialista, José Mayans, quien no anticipó cómo votará sin antes conocer la letra chica del acuerdo. “Necesitamos el detalle del acuerdo con el FMI para saber en qué compromiso vamos a meter al país”, expresó en declaraciones a radio El Destape.

En medio del trabajo minucioso que Martínez realiza diputado por diputado -tarea de contención con la que comenzó cuando reemplazó como jefe a Máximo Kirchner-, se les pidió a los legisladores del Frente de Todos que por el momento no pronostiquen poroteos. Incluso, así lo reveló públicamente este jueves Hugo Yasky. “No nos vamos a anticipar porque nos han pedido los compañeros que conducen el bloque que no lo hagamos”, confesó en diálogo con radio AM750.

Por su parte, Kirchner reunió a su tropa la semana pasada y también le pidió no emitir opinión hasta que no se conozca el texto. Fue después que el diputado Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, hablara de una treintena de abstenciones.

Esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el proyecto contendrá anexos con toda la documentación y los “detalles” del acuerdo, y negó que vaya a haber secretismos. Asimismo, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este jueves que una vez alcanzado el acuerdo con el staff del FMI, “el ministro irá con gusto y placer para explicar los detalles” al Congreso.

Según se anunció a fines de enero, la letra preliminar del acuerdo prevé una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en el 2023 y llegará al 0,9% en el 2024.

Se acordó, además, que el financiamiento monetario sea del 1% del PBI este año, para luego bajar al 0,6% en el 2023 y se reduzca a cero en el 2024, con el objetivo de converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.

El financiamiento será de US$44.500 y se irá desembolsando una vez aprobadas las revisiones de las cuentas públicas que hará el FMI en forma trimestral.

También se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales, con una meta de incremento de US$5.000 millones para este año.

Extraordinarias: el Gobierno anuncia mucho más de lo que concreta

En sus dos primeros años, esta administración ya ha dejado clara su costumbre de llenar los veranos de anuncios que no se corroboran en la realidad. Pruebas al tanto: el primer año consiguió aprobar apenas poco más de la mitad de los proyectos anunciados. Pero el segundo, más del 80% de los anuncios no se concretaron.

Muchos se sorprendieron cuando el mes de enero transcurrió en el Congreso sin pena ni gloria. Tras reiterados anuncios de convocatoria a extraordinarias, el Poder Ejecutivo terminó enviando el decreto correspondiente recién a fin de mes y llamando al Congreso a reunirse a lo largo del mes de febrero. Nadie debiera sorprenderse: tal cual informara oportunamente parlamentario.com, es absolutamente inhabitual que el Congreso sesione durante el primer mes del año; por el contrario, en los últimos 20 años solo se reunió en enero cuando la crisis de 2001, aunque también hay que reconocer que con Alberto Fernández en el poder también lo hizo en enero de 2020, el primer verano de la gestión actual.

Fue tal vez la búsqueda del Gobierno de Fernándezde mostrarse entonces activo en el Parlamento luego de haber anunciado una gran batería de proyectos, buena parte de los cuales quedaron para ordinarias.

Pues esa parece ser una constante de esta administración: el anuncio de ambiciosos temarios, más extensos que lo que debiera esperarse para un tiempo en el que generalmente solo se tratan temas urgentes, de los cuales solo termina abordándose un puñado. Pruebas al tanto: de la decena de proyectos anunciados en el primer año de la gestión albertista, solo fue aprobado poco más de la mitad; y el segundo año, de los proyectos incluidos en extraordinarias, se aprobó menos del 20%.

Ahora el Poder Ejecutivo envió 18 iniciativas, la mayoría de las cuales no reviste mayor urgencia; hasta puede incluir más, pero a esta altura nadie se sorprendería si los recintos de ambas cámaras terminaran cerrados a lo largo de todo el verano.

La experiencia del primer año

Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.

En esa convocatoria inicial incluyó solo tres temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.

Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.

Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.

Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.

Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.

Sin mayores precisiones se hablaba de incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.

En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.

El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.

Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.

El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.

El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.

El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.

El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, por ejemplo, y pliegos de jueces y fiscales.

Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.

El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.

Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y nunca alcanzó a ser debatido.

En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.

Las siguientes extraordinarias

El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.

Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.

A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos.

El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.

Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.

Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.

Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.

Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorice los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.

Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.

Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.

No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.

También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.

Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.

Muchos de esos temas serían tratados en el futuro, otros no. Pero en definitiva lo que demuestra la experiencia de esos dos primeros años y la del actual es que este Gobierno anuncia mucho y concreta poco. Por razones inexplicables, es su modus operandi.

Extraordinarias 2019AprobadasNo tratadas
Ley ómnibus de emergenciasX
Consenso FiscalX
Jubilaciones de jueces y diplomáticosX
Reforma Judicial X
Consejo Económico y SocialX
Ley de Hidrocarburos X
Sostenibilidad de la deudaX
Ley de GóndolasX
Designación de la defensora del NiñoX
Economía del Conocimiento X
Capitales alternas  X
Extraordinarias 2020 Aprobadas No tratadas
Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentesX
Presupuestos mínimos para la educación ambientalX
BiocombustiblesX
Sostenibilidad de la deuda públicaX
Incentivo a la construcción privadaX
Aumento del presupuesto en Ciencia y TecnologíaX
Compensación para familiares de tripulantes del ARA San JuanX
Reforma judicialX
Ministerio PúblicoX
Consenso Fiscal 2020X
Modificaciones en la Ley de Defensa de la CompetenciaX
Suba del mínimo no imponible de GananciasX
Etiquetado frontal de alimentosX
Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesosX
Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito HipotecarioX
Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicosX
Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el DeporteX
Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos X
Suspensión de la inscripción de las SASX
Reactivación de la obra pública para viviendaX
Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresasX
Código Procesal Penal FederalX
Cupo laboral travesti/trans       X
Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de BasileaX
Suspensión de las PASOX

Desde la CC-ARI buscan derogar las atribuciones del Ejecutivo sobre derechos de exportación

Los diputados del bloque presentaron un proyecto de ley en el que argumentaron que “las retenciones deben ser fijadas por el Congreso Nacional”.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Leonor Villada, Rubén Manzi y Mónica Frade presentaron un proyecto de ley para derogar tres artículos de la Ley 22.415 del Código Aduanero que le da la potestad al Poder Ejecutivo de fijar los derechos de exportación y, según argumentaron los legisladores, es una atribución absoluta del Congreso de la Nación.

A través de su cuenta de Twitter, Villada comentó: “Presentamos junto a Rubén Manzi y a Mónica Frade un proyecto de ley para derogar los artículos 664°, 755° y 756° de la Ley 22.415 sobre Código Aduanero”.

“El fin del proyecto es despejar cualquier tipo de justificación legal que pueda respaldar la fijación de los derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo, ya que es potestad absoluta e indelegable del Congreso de la Nación”, explicó.

En ese mismo sentido, precisó: “Hasta el momento, el Poder Ejecutivo hace uso de herramientas jurídicas que lo habilitan a establecer estos tributos, a saber: La Ley de Emergencia Pública sancionada en 2019, que perdió vigencia el pasado 31 de diciembre; y los artículos mencionados del Código Aduanero”.

“A través de este último, se le delega al Ejecutivo la facultad de establecer elementos esenciales para los derechos de exportación”, remarcó la diputada cordobesa.

En tanto, enfatizó: “Por ello, el proyecto busca derogar esta atribución de forma tal que sea el Congreso quien trabaje y apruebe lo referido a las retenciones al agro, sector que atraviesa una difícil situación, resultado de sequías e incendios forestales y de una severa distorsión tributaria”.

“De aprobarse, no sólo se fomentará y se avanzará hacia un debido cumplimiento de la Constitución y la institucionalidad democrática, sino también se podrá facilitar desde el Congreso un trabajo mancomunado que acerque y brinde soluciones al sector, pilar fundamental del país”, advirtió.

Diputada radical pide derogar facultad del Ejecutivo para gravar exportaciones

Se trata de la legisladora entrerriana Gabriela Lena quien recordó el proyecto que presentó en 2019 y advirtió que todavía no tuvo tratamiento.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) recordó que el primer proyecto que presentó al iniciar su mandato fue una iniciativa para derogar la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para gravar exportaciones y señaló que todavía espera su tratamiento.

“El 17 de diciembre del año 2019 presenté un proyecto de ley para derogar la facultad del Poder Ejecutivo para gravar y modificar derechos de exportación. Es lo que el Gobierno ha venido haciendo con la retención a las exportaciones en los últimos años”, precisó Lena.

Luego, indicó: “Es una facultad que data de 1981, sancionada durante un gobierno dictatorial y antes de la reforma Constitucional del 94 que ha provocado abusos e injusticias, en contra de los sectores productivos más dinámicos como el agropecuario”.

La legisladora entrerriana destacó: “Sólo el Poder Legislativo puede crear nuevos tributos y la delegación legislativa el Ejecutivo sólo puede ser temporal y en casos de emergencia pública. Por eso, nuestra pretensión es que vuelva a ser el Congreso Nacional el ámbito en el que se discuta y decida cualquier tipo de retención o gravamen”.

Diputados de JxC realizan un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las negociaciones con el FMI

Los legisladores también solicitan en el proyecto de resolución una hoja de ruta sobre cada escenario que se presente.

En medio de un posible acuerdo con el Fondo Monetario por la deuda, diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el legislador y economista Martín Tetaz, presentan un proyecto de resolución ante la Cámara baja para que el Poder Ejecutivo por intermedio del ministro de Economía, Martín Guzmán, de precisiones al Congreso sobre el curso de las negociaciones con el FMI y la hoja de ruta en cada escenario.

En la medida solicitan que desde el Gobierno informen en “los términos del artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Cámara” sobre las metas de las principales variables macro, fiscales, monetarias y cambiarias para los próximos cinco años.

También exigen que se explique: “¿Cuál es el plan para alcanzar las metas anteriores?, ¿cuál es el sendero fiscal pedido por el Fondo Monetario Internacional?, ¿Cuál es el cronograma de pagos que pide Argentina y cuál es el que ofrece el FMI y bajo qué condiciones?, ¿Por qué la negociación con el FMI lleva dos años?”.

Además, consultan sobre la “expectativa respecto al plazo de cierre” y, en caso de no alcanzar un acuerdo “¿cuál es el cuero de acción planeado?”. Por el contrario, si se establece la negociación de forma positiva “¿Cuál será el régimen cambiario que tendrá Argentina?”.

Por último, preguntan: “¿Por qué habiendo pasado mas de un año del canje de deuda privada, el riesgo país supera los 1800 puntos y los bonos del canje han perdido entre el 30% y el 40% de su valor?, ¿Qué plan tiene el ministro para colocar nueva deuda y cuando lo presentará ante el Congreso?, cuando se agote el crédito remanente del endeudamiento autorizado”.

Acompañan el proyecto los diputados nacionales Alejandro Cacace, Ricardo López Murphy, Luciano Laspina, Gerardo Milman, Dolores Martínez, Danya Tavela, Martín Berhongaray, María Victoria Tejada, Gabriela Brouwer de Koning, Carla Carrizo, Rodrigo De Loredo, Marcela Antola y Pablo Cervi.

pedido-de-informe-fmi

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de Compre Argentino

La iniciativa plantea la creación de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores y un Fondo Fiduciario Público.

alberto fernandez presentacion proyecto compre argentino

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de “Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores para la innovación”, una iniciativa que podría tratarse en el período de sesiones extraordinarias. El texto ingresó el pasado 23 de diciembre por la Cámara de Diputados.

Los cambios para las compras que hace el Estado, que representan el 13% del PBI, buscan sustituir importaciones y ahorrar divisas por 500 millones de dólares anuales.

En el texto se propone aumentar el margen de preferencia de bienes de producción nacional, ya que aumenta hasta 15% en el caso de compras a grandes empresas y hasta 20% en las compras a PyMEs.

También plantea un margen de preferencia por género porque suma 3% para empresas que tengan 50% o más de su composición de mujeres u otras identidades no binarias en la dirección, gerencia, presidencia u otros puestos de trabajo. La proyección oficial es generar 30 mil nuevos puestos de trabajo privados.

Además, se prevé que se verán alcanzadas por estos beneficios las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), siempre y cuando cumplan con lo establecido en el proyecto.

En otra línea, señala la creación de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores en el ámbito de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo objetivo principal será desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, con el fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva.

También, precisa que “favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas”.

“El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de herramientas técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales”, explica el proyecto.

En suma, propone crear “un Fondo Fiduciario Público denominado Fondo Fiduciario para el Compre Argentino, en adelante FoCAr, que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y limitaciones establecidos en la presente Ley y su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial de la Nación”.

“Tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos y/o bonificación de tasas, descuento de documentos, otorgamiento de garantías y/o cualquier otro mecanismo o instrumento financiero destinado a facilitar y/o generar mejores condiciones financieras para los potenciales oferentes de acceso a las compras públicas realizadas por las entidades comprendidas en la ley”, señala.

Por último, plantea crear el Programa Nacional de Compras Públicas para la Innovación, el cual tendrá por objeto promover la incorporación gradual de desarrollos y soluciones innovadoras en las adquisiciones que realicen los sujetos alcanzados en la ley, con el fin de modernizar y mejorar la calidad de los bienes y servicios prestados por el Estado y responder a las nuevas demandas de la sociedad.

0014-PE-2021

Nora Giménez valoró el DNU que prorroga la emergencia territorial indígena

La senadora nacional alertó que la Ley 26.160 estaba a punto de perder vigencia, y opinó que la decisión del presidente contribuye a la “paz social”.

La senadora nacional Nora Giménez (FdT – Salta) valoró este jueves la decisión del presidente Alberto Fernández de extender hasta 2025 y por DNU (decreto de necesidad y urgencia) la vigencia de la Ley 26.160, que declaró la Emergencia Territorial Indígena en todo el país y consideró que “es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios”.

La legisladora interpretó que el mandatario “pasó a la acción” ante la proximidad del vencimiento de la norma, y la “necesidad de dotar al Estado de herramientas que permitan mantener la paz social y evitar conflictos de tierras por demandas judiciales y acciones de desalojo”.

Además, opinó que “el DNU es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios, instituciones, entidades y personalidades que se han pronunciado en apoyo a la prórroga en todo el país y el extranjero”.

El DNU 805 del jefe de Estado publicado este jueves en el Boletín Oficial, prorrogó por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, la cual suspende por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios.

La emergencia había sido dispuesta en 2006 por la ley 26.160, y sus plazos extendidos en tres oportunidades por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400.

La normativa sancionada por el primer mandatario y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por “el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, y establece que “la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.

Asimismo, se fija que “durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales”.

Las autoridades también deberán “promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales”.

Asimismo, se dispone la asignación de un fondo especial de 290 millones de pesos durante cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al decreto, destinados a la atención del Fondo Especial” contemplado en la Ley 26.160.

Por otro lado, el INAI presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso “un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance”.

La Ley 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce, entre otros aspectos, “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

El Poder Ejecutivo extendió la Ley de Tierras Indígenas

La norma vencía el próximo 23 de noviembre. El Congreso aprobará una ley en el mismo sentido en su próxima sesión.

A cuatro días del vencimiento de la Ley de Tierras Indígenas, el Poder Ejecutivo volvió a extenderla hasta 2025. Así lo dispuso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 805/2021 y que fue publicado este jueves.

El DNU prorroga los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.160, prorrogados por las leyes N° 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025.

Por ese lapso se suspenden la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1° del decreto en cuestión. “La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”, señala el artículo 2° del DNU.

Precisamente un proyecto en el mismo sentido avanza en el Congreso de la Nación y seguirá hasta ser convertido en ley seguramente en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. El Senado le dio media sanción el pasado 28 de octubre.

Por lo pronto, este miércoles había obtenido dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, cuyo presidente, Carlos Heller, aclaró durante el debate que más allá del tratamiento del tema el Poder Ejecutivo emitiría en breve un DNU para extender la norma, por cuanto faltan tan pocos días para que caiga la ley que no era prácticamente imposible que se aprobara antes la misma. Ese fue el motivo de las críticas de Juntos por el Cambio, que acusó al Gobierno de manejarse a puro decreto.

Incluso desde el oficialismo, la salteña Alcira Figueroa reclamó la aprobación de una ley para dar seguridad a los pueblos originarios interesados en el tema. “Es una ley urgente y necesaria”, dijo, mientras que desde la izquierda Juan Carlos Giordano se quejó de que la prórroga no hubiera sido votada antes.

“¡Se la han pasado gobernando por decreto!”, bramó indignado el radical chubutense Gustavo Menna, en tanto que Carlos Heller insistió en afirmar que “nadie está diciendo que vamos a reemplazar la ley con un decreto”.

Así las cosas y tal cual el propio Heller reiteró varias veces, el DNU correspondiente salió y tiene fortaleza de ley. Pero el proyecto que ya tiene media sanción será convertido en ley en cuanto la Cámara baja vuelva a reunirse.

DECRE-2021-0805-APN-PTE

Berhongaray solicitó al Ejecutivo informes por la instalación de una planta de producción de criptomonedas

El diputado radical presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo brinde información sobre la instalación en territorio nacional de una planta de producción de “criptomonedas” y sobre el abastecimiento de energía eléctrica.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un proyecto de resolución para que, por intermedio de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Economía de la Nación, el Gobierno Nacional informe sobre la instalación de una planta de producción de criptomonedas, en especial, por la contratación de abastecimiento de energía eléctrica.

En el cuerpo del texto, se especifica saber si “las áreas competentes en materia energética, ambiental, y económica han registrado el acuerdo anunciado por la empresa canadiense Bitfarms, para abastecerse de energía eléctrica a través de un Agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por 8 años”.

“Si el total del sistema eléctrico instalado en el país, o de inminente instalación, tiene esa capacidad disponible. Si el consumo de esa energía eléctrica utilizada percibirá subsidio de fondos públicos y en caso afirmativo, cuál es la fuente de financiamiento de ese subsidio y cuáles resultan los criterios y justificativos que justifican su otorgamiento”, agrega el autor del proyecto.

Entre los fundamentos, el diputado pampeano detalla que “la capacidad instalada en el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles totaliza 224 MW, mientras que la futura central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, según se anunció, contará con una potencia instalada de 210 MW y una generación estimada de 884 GWh/aňo”.

“El incentivo principal para instalarse en el país es, obviamente, económico: el costo de un Bitcoin durante el cuarto trimestre de 2020 fue de aproximadamente U$S 7500 en Quebec; con la tarifa anunciada, durante el mismo período el costo habría sido de U$S 4.125. Un ahorro del 45 por ciento. La instalación se haría aprovechando las condiciones de frío del sur de nuestro país, lo que permite ahorrar en refrigeración, un consumo importante”, explicó el legislador.

En este sentido, aclaró que “no existe en la Argentina, y menos en la Patagonia, donde se presume que quedaría radicada, una central hidroeléctrica en condiciones de suministrar la potencia que menciona como requerida. Obviamente, la aprobación, y construcción de una central de esa clase es inconciliable con el objetivo de comenzar la producción el año que viene”.

La hipótesis de que la radicación se produciría en Tierra del Fuego fue desmentida por el secretario de Energía de esa provincia, quien afirmó categóricamente que “no existe energía disponible o excedente para entregar 210MW”, y negó todo conocimiento de negociaciones al respecto con las prestadoras de servicios eléctricos locales.

Berhongaray indicó que “no se registra la existencia de energía disponible ni se advierten perspectivas de que ello ocurra en fecha cercana, y en todo caso no debe olvidarse el compromiso del país con la disminución de emisiones de carbono. Aunque la empresa se proveyera de energía a través de una fuente limpia, la energía resultante de ella no estará disponible para satisfacer las necesidades de producción y consumo; en otras palabras, se restará de la disponibilidad actual de la capacidad total energética del país”.

 Además, destacó que “la generación de criptomonedas es una industria cuya ocupación de mano de obra es sumamente escasa, y cuyo tratamiento tributario es difícil de registrar y controlar”.

“No podemos afirmar que el desarrollo de la actividad en cuestión tenga relación con objetivos de bienestar y desarrollo presentados como fundamento de apoyo estatal que se financia con mayor carga tributaria y emisión de moneda”, destacó el diputado radical y concluyó que “la información disponible sobre la radicación y las referencias acerca de la contratación con un generador o proveedor de energía y, la relación de esta inversión con los subsidios vigentes para el consumo de energía eléctrica, tampoco conducen a verificar tales objetivos”.

Respaldo gremial al proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas

Dirigente petrolero y ex senador nacional aseguró que la iniciativa “logra dar un esquema de previsibilidad”. El proyecto de hidrocarburíferas todavía no ingresó al Parlamento. Se está elaborando en el Ejecutivo.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa y exsenador nacional, Guillermo Pereyra, aseguró este jueves que el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, plantea “un esquema de previsibilidad con alcances mucho más largos que los ciclos de la política”.

Pereyra sostuvo que “con el nuevo proyecto se está logrando dar un esquema de previsibilidad y confiabilidad a un sector que en la última década ha sufrido el impacto de la indefinición y sinuosidad de la política”.

“Por primera vez vemos que se plantea un proyecto, que aún debe ser tratado en el Congreso de la Nación que proyecta alcances mucho más largos que los ciclos de la política”, dijo en referencia a la norma propuesta por el Gobierno nacional y que se espera tenga tratamiento en lo que resta del año legislativo.

El dirigente petrolero precisó: “Los trabajadores conocemos el proyecto y sabemos que es fundamental que se logre consenso para desarrollar Vaca Muerta, recuperar los yacimientos maduros y reforzar el entramado de pymes locales, porque eso implica más fuentes de trabajo y que se garantice el acceso a la energía en cantidad y calidad”.

Pereyra destacó que en la iniciativa oficial “se fijan reglas claras y se trabaja para el desarrollo de las economías regionales en su entramado empresario” y destacó que “hay claros beneficios fiscales y mayor acceso a divisas, algo reclamado por el sector empresario, que a cambio deberá presentar un plan de desarrollo de las cadenas de valor locales”.

El dirigente gremial también hizo referencia al contexto político actual, al señalar que “se debe evitar dilapidar el tiempo en discusiones bizantinas e inconducentes que retrasan planes de inversión”.

“La mezquindad política debe quedar de lado frente a cuestiones técnicas que deben dirimirse en los ámbitos correspondientes, no a través de los medios en tiempos de campaña y silencio tras las elecciones”, dijo el gremialista petrolero.

El Gobierno elaboró un proyecto que en breve remitirá al Congreso que contempla un esquema de incentivo a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.

La norma está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones, explican en fuentes oficiales.

Para ello se contemplan los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno.

También atiende uno de los viejos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.

Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.

Ingresó un proyecto del Ejecutivo sobre Programa Crédito a Tasa Cero 2021

El mensaje con el DNU 312/21 del Poder Ejecutivo ingresó este viermes a la Cámara de Diputados. El Progama Crédito a Tasa Cero 2021 prevé financiamiento de hasta 150 mil pesos para un millón y medio de monotributistas de todo el país.

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el decreto que establece la creación del Programa Crédito a Tasa Cero 2021, que ofrecerá financiamiento de hasta $ 150.000 para un millón y medio de monotributistas de todo el país.

El programa tiene el objetivo de asistir a trabajadores y trabajadoras adheridos y adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), con el fin de acompañar el proceso de recuperación productiva.

De acuerdo con la iniciativa, el programa Crédito a Tasa Cero 2021 consistirá en la obtención, por parte de las beneficiarias y los beneficiarios, de un crédito con subsidio del 100% del costo financiero total.

Según se establece, podrán revestir la condición de beneficiarias y beneficiarios del Programa los sujetos que se encuentren adheridos al Monotributo, y cumplan con las condiciones que establezca el Ministerio de Desarrollo Productivo.

En tanto, no se encuentran comprendidos en el Programa los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que perciban ingresos en relación de dependencia, o estén inscriptos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

Los préstamos otorgados contarán con seis meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin interés y se estima que, a fin de este mes, está abierta la posibilidad de solicitarlos.

Además, Desarrollo Productivo podrá definir otros sujetos no comprendidos en el presente Programa.
El Crédito a Tasa Cero 2021 consistirá en una financiación cuyo importe, según cada categoría del Monotributo, no podrá exceder de $ 90.000 para la A; $ 120.000 para la B y $ 150.000 para las restantes.

La obtención del financiamiento será compatible con haber recibido un Crédito a Tasa Cero el año pasado.
En el caso de monotributistas que no se encuentren en mora en el cumplimiento de sus obligaciones ni en las condiciones de vigencia de los beneficios que les fueran acordados, así como tampoco se encuentren con ejecución en trámite, o se les hubiera ejecutado la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), podrán acceder al nuevo crédito en las mismas condiciones que quiénes no hayan accedido en 2020.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo pone de relieve que “en razón de la emergencia declarada, se adoptaron distintas medidas destinadas a ralentizar la expansión del virus SARS-CoV-2 por lo cual se debió limitar la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, lo que conllevó un impacto económico negativo que afectó a empresas y familias”.

Sostiene que, en este contexto, “no sólo se adoptaron medidas tendientes a la protección de la salud pública sino que también se coordinaron esfuerzos y se dictaron medidas para morigerar el impacto de aquellas sobre los procesos
productivos y el empleo”.

Además, el Poder Ejecutivo destaca que “se observa una recuperación parcial y heterogénea de la actividad económica sin que aún se hayan podido alcanzar los niveles de producción observados con anterioridad a la irrupción de la pandemia”.

En ese marco, señala que “en la actual coyuntura de reactivación económica del sector productivo, corresponde que el Gobierno nacional adopte medidas tendientes a acompañar la misma e incentivar el consumo, en el contexto de
recuperación y reconstrucción productiva de nuestro país”.

Entre otras cuestiones, la medida establece además que en el caso de quiénes hubieran obtenido un Crédito a Tasa Cero en el marco del Programa ATP y se encuentren en mora en el cumplimiento del crédito 2020, deberán destinar el monto del nuevo crédito a cancelar la totalidad del monto adeudado y podrán gozar libremente del saldo, si quedare remanente.

Por su parte, los monotributistas que hubieran obtenido un Crédito a Tasa Cero en 2020, respecto de las o los cuales, la entidad financiera otorgante del crédito hubiera iniciado la ejecución o ejecutado la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), estarán excluidas y excluidos del nuevo beneficio.

En este sentido, el FoGAr podrá establecer pautas especiales para la obtención de una refinanciación sobre el saldo de capital del crédito adeudado.
Asimismo, los beneficiarios y las beneficiarias del nuevo programa, hasta la cancelación total de la financiación, no podrán acceder al Mercado Único y Libre de Cambios para realizar operaciones correspondientes a la formación de activos externos.

Tampoco, podrán concertar ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, o canjes de títulos valores por otros activos externos o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.

Se viene un proyecto de ley para incentivar las inversiones petroleras

Por más gas y petróleo. El Gobierno presentará una iniciativa que busca un esquema de incentivos con mayores autorizaciones a la exportación garantiza y de disponibilidad de divisas.

El Poder Ejecutivo nacional presentará en los próximos días en el Congreso un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, con el objetivo de establecer un esquema de incentivos a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el articulado de la iniciativa ya está a disposición del presidente Alberto Fernández con los detalles de un nuevo régimen de promoción de Inversiones para los próximos 20 años, que “genere un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal”.

“Es una ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de las regiones del país”, manifestaron al explicar que la futura norma “está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones”.

Para ello “se atienden los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno”, agregaron.

A su vez, trata uno de los históricos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.

Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.

La futura norma comprenderá a los proyectos nuevos, así como a los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y a los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.

En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arranca en un piso del 20% y se extiende hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.

Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley con la industria y los sindicatos del sector.

Además, se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.

El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de US$ 6 millones en un plazo máximo de 3 años; y en almacenaje subterráneo de gas desde US$ 30 millones a 3 años.

Para proyectos de producción convencional un mínimo de inversión de US$ 100 millones a 4 años; para los procesos de industrialización de hidrocarburos de US$ 300 millones a 4 años y en la producción de gas y petróleo no convencional como los de Vaca Muerta, de US$ 400 millones anuales sostenidos en 5 años.

En este último caso el 25% de la inversión comprometida deberá estar destinada al desarrollo de nuevos proyectos pilotos de manera de asegurar su sostenibilidad, en tanto que también se contempla proyectos más chicos en cuencas con declino marcado para los cuales se reducen compromisos y se amplían plazos.

En cuanto a otros beneficios fiscales regulares sólo tenderán a reducir el costo del gasto inicial de los bienes de capital para asegurar la viabilidad de la inversión de los proyectos mejorando la actual estructura, pero una vez en funcionamiento tributarán con las cargas impositivas previstas.

Se trata de beneficios en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles y derechos de importación a bienes de capital, en particular con una mención a los proyectos costa afuera que son más onerosos.

Finalmente, se aborda otro tema sensible para el sector como lo son los derechos de exportación, los que podrán oscilar en tasas del 0% al 8% de acuerdo a una fórmula de cálculo en base al precio internacional del crudo Brent, mientras que se ratifica que los volúmenes adicionales se mantendrán dentro de lo contemplado en el Decreto 488 del año pasado.

De esta manera, se explicó que en conjunto se asegura que se logrará fortalecer el ingreso de divisas y las reservas del BCRA, promoviendo, desarrollando e incrementando el valor agregado regional y nacional en la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera.

El esquema apunta a alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad, e incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino.

La iniciativa prevé dar un impulso al sector promocionando la producción convencional como no convencional -con distintos incentivos y requerimientos- y en todas las cuencas del país, así como todas las actividades que directa o indirectamente están relacionadas.

También se promueve el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.

El Ejecutivo envió un proyecto de ley de promoción de inversiones en la industria automotriz

La iniciativa ingresó por la Cámara de Diputados y fue girada a las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda.

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene por objeto promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales (forja, fundición, mecanizado, pintura, estampado, entre otros).

En los considerandos de la iniciativa, el Gobierno destacó que “la cadena de valor automotriz es central para la estructura y la dinámica productiva del país”, ya que se trata de una actividad “con gran peso relativo en la producción -10% del PBI industrial-, en las exportaciones -primer exportador de manufacturas de origen industrial (MOI)- y en el empleo del país -6% del empleo industrial registrado-“.

Según detalló el Ejecutivo, en Argentina “hay 11 terminales automotrices y más de 400 autopartistas”. En cuanto a este último sector, “el país consolida un perfil de proveedor internacional de sistemas de transmisión, además de otros segmentos con gran reconocimiento internacional”.

En los argumentos del proyecto se detalló que en el año 2020 se produjeron 269.592 vehículos y se exportó un 54% de la producción nacional, por un monto USD 3.320.000.000. Además, se importaron 177.733 vehículos por un total de USD 2.194.000.000 lo que, incluyendo el saldo de la balanza comercial de la compraventa de autopartes, redundó en un déficit comercial total de USD 4.958.000.000.

“Uno de los objetivos del Gobierno nacional es potenciar el crecimiento de dicha cadena de valor de manera sustentable, incentivando las inversiones en plataformas de producción eficientes, exclusivas a nivel regional y con escala internacional, que permita tener una alta inserción exportadora y altos niveles de integración nacional de autopartes”, sostienen los fundamentos.

Y agregan que “por tal motivo, los proyectos de inversión alcanzados por los beneficios de este proyecto de ley serán aquellos que incluyan plataformas exclusivas regionalmente (para autos y utilitarios) y niveles mínimos de contenido nacional“.

Asimismo, el proyecto en cuestión apunta, por un lado, a facilitar desde lo fiscal a la formación de capital en el sector, bajo instrumentos orientados a mejorar la performance financiera de los proyectos de inversión, como la amortización acelerada y el tratamiento previsto a los saldos generados por créditos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por otro, potenciar las exportaciones.

“En ese sentido, la devolución anticipada del IVA, permitiendo ser utilizado para el pago de otros impuestos nacionales, viene a reducir ese costo y a hacer viables más inversiones. Asimismo, el beneficio no implica un costo fiscal neto para el Estado Nacional, dado que lo que se devuelve de IVA en un momento implica un mayor pago de IVA en el futuro, aunque sí el Estado Nacional absorbe el costo financiero que se ahorra la empresa”, se explicó.

En cuanto a permitir la amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, se señaló que “también mejora el resultado financiero de la inversión, debido a que les reduce el monto a pagar por el Impuesto a las Ganancias en los primeros años, desde la puesta en marcha del proyecto”.

Por otra parte, se establece que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El Ejecutivo afirmó que la iniciativa “genera incentivos necesarios para la radicación de inversiones en un sector muy importante para la economía de nuestro país, inversiones que van a generar más producción, empleo de calidad y, fundamentalmente, coadyuvar a establecer un modelo productivo de alta escala, integración nacional e inserción exportadora, yendo hacia un sendero de superávit comercial”.

El proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los proyectos de inversión deberán necesariamente involucrar la producción de: nuevas autopartes o autopartes ya producidas al momento de la inscripción al régimen, que involucren una mejora sustantiva en la capacidad de producción.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión aprobados deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

Además, se establecen cuáles serán las faltas leves y graves, al tiempo de una serie de sanciones a quienes no cumplan con la ley, tales como “la suspensión en el goce del beneficio por el período que dure el incumplimiento; la revocación total o parcial del beneficio usufructuado con su correspondiente restitución al fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, del impuesto a las Ganancias ingresado en defecto; ingreso de los derechos de exportación no abonados, con más los respectivos intereses resarcitorios; multas, cuyos montos no podrán exceder del 50% de los beneficios usufructuados; e inhabilitación para volver a gozar de los beneficios del régimen por el mismo u otro proyecto.

En otro artículo del proyecto, se dispone la creación del Instituto de la Movilidad “como ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable a través de la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras y las instituciones de apoyo científico y tecnológico”.

La iniciativa determina que el gobierno y la administración del Instituto de la Movilidad estarán a cargo de un directorio integrado por 8 vocales, que se desempeñarán con carácter “ad honorem”. De ellos, dos serán designados por la autoridad de aplicación; uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; tres por las asociaciones empresarias representativas del sector automotriz (AFAC y ADIMRA) dos por los sindicatos SMATA y UOM. Asimismo, cada entidad deberá designar a su respectivo o respectiva suplente.

El Gobierno envió un proyecto para eximir de impuestos a las vacunas producidas en el país

La iniciativa ingresó por la Cámara de Diputados. Prevé establecer las mismas condiciones que actualmente tienen las dosis importadas desde distintos laboratorios.

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que prevé la exención de impuestos en la adquisición -que realice el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad- de vacunas contra el Covid producidas en el país.

La iniciativa exime “transitoriamente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de vacunas y descartables que tengan por objeto asegurar las coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra la Covid-19, cuando el adquirente sea el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, o cualquier otro sujeto constituido o que se constituya en la órbita de aquellos, a esos fines, además de admitirse el recupero del impuesto facturado a los sujetos que efectúen esas ventas, con relación a estas”.

Además, prevé la exención del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias -establecido por la Ley 25.413 y sus modificatorias- a “las cuentas bancarias y de pago utilizadas directa y exclusivamente para la concreción de tales operaciones”.

El proyecto, que posee las firmas del presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; faculta al Poder Ejecutivo “a extender la vigencia de los beneficios” por el plazo de un año.

Asimismo, estos beneficios “se extenderán a otros medicamentos, tratamientos e insumos que pudieren resultar necesarios para la atención de la emergencia pública en materia sanitaria”.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno explicó que en la Ley de Vacunas contra el Covid (N° 27.573), “se eximió del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado, así como también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.

En ese sentido, “se considera imperativo establecer una exención impositiva similar” respecto de “las vacunas importadas desde otros países, para aquellas que puedan producirse en el territorio nacional”.

Por otra parte, en los argumentos de la iniciativa, el Ejecutivo destacó el plan de vacunación que “se ha establecido como una de las principales políticas sanitarias para dar respuesta a la pandemia, motivo por el cual nuestro país ha suscripto diversos contratos con distintos laboratorios y proveedores y acuerdos multilaterales, como el mecanismo COVAX, lo que ha permitido haber recibido hasta la fecha aproximadamente 40 millones de dosis, de cuatro vacunas diferentes“.

“No obstante ello, la situación crítica a nivel mundial en relación con la producción de vacunas condiciona el acceso oportuno y suficiente a este bien estratégico, por lo que se torna indispensable ampliar las opciones de proveedores, u obtención de insumos, que permitan incrementar la cantidad de dosis y optimizar la oportunidad de acceso a las mismas”, agregó.

Otro de los artículos propone la invitación a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a “establecer exenciones similares” respecto de “los tributos que pudieren corresponder en sus respectivas jurisdicciones”.

El Presidente descartó vetar la ley que promueve paridad de género en los medios

“No pienso vetar nada que signifique más derechos para argentinos y argentinas”, dijo Alberto Fernández en un acto. Así eliminó los rumores.

El presidente Alberto Fernández aprovechó el acto realizado este miércoles en el marco del 48° congreso nacional bancario para sentar posición sobre un tema que no generó controversias en el Congreso nacional hasta su último día de aprobación en Diputados, donde comenzó a cosechar grandes oposiciones.

Tras ser sancionada de madruga en la Cámara baja hace 12 días atrás, se inició una serie de rumores de que el Poder Ejecutivo nacional la podría llegar a vetar porque había mucha presión de los grandes medios de comunicación.

Se trata de la ley de Equidad en los medios, que promueve paridad de género en los medios de comunicación desde una perspectiva de diversidad sexual, en los servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado Nacional, cualquiera sea la plataforma utilizada.

Ahora en el ojo de la tormenta, recibió el espaldarazo del jefe de Estado que fue tajante: “No pienso vetar nada que signifique más derechos para argentinos y argentinas. Estoy absolutamente convencido que es lo que tenemos que hacer”, remarcó.

Dicha norma fue convertida en ley pasada las 3 am del viernes 11 de este mes, con 134 votos afirmativos aportados por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad Federal para el Desarrollo mientras que la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio se levantaron en el momento que se iba a realizar la votación en general, y los nueve que se quedaron en el recinto lo hicieron en contra.

¿De qué se trata?

La norma alcanza a los servicios de gestión estatal bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE, y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la sanción de esta ley.

Además, la normativa establece que los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros, tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional.

El proyecto fija que “la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, debe aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones”.

También deberá “garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal”.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal dará lugar a sanciones, llamado de atención y apercibimientos.

Estas sanciones “no excluyen aquellas que pudieran corresponder en virtud del carácter de funcionaria o funcionario público del infractor o infractora”.

El régimen de promoción para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada, con y sin fines de lucro, será creado por la autoridad de aplicación responsable.

Ese régimen “expedirá un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de acción”.

Para acceder al registro y obtener el certificado, los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada deben elaborar anualmente un informe, donde acrediten progresos en materia de equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual.

El Gobierno presenta proyecto de ley para regularizar el desarrollo de la industria del cannabis

Basado en varias iniciativas de legisladores, ahora será el Poder Ejecutivo nacional el que impulsa el proyecto de “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”. Será este miércoles a las 17 en el Museo del Bicentenario.

El Gobierno nacional, encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, presentará este miércoles a las 17 en el Museo del Bicentenario, el proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” ante consejeros, académicos, legisladores, referentes del sector y gobernadores.

Desde la Rosada se explicó que el objetivo de la ley es dar un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, donde cooperativas del sector y pymes “tendrán un espacio importante” para fomentar el desarrollo de la industria.

Tras la presentación que hará Kulfas, la iniciativa será enviada al Congreso para su debate legislativo.

El acto contará con la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; consejeros y consejeras y expertos y expertas en la materia que disertarán en diferentes paneles.

También participarán la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza; y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Estarán presentes de manera virtual, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; las diputadas nacionales Mara Brawer y Carolina Gaillard (FdT); la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FdT); el director del IIEP CONICET, Andrés López; y el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, Pablo Fazio.

La transmisión de la presentación podrá ser seguida en vivo desde el canal de YouTube del Consejo, Económico y Social (CES).

Los puntos centrales del proyecto sobre parámetros epidemiológicos para gestionar la pandemia

La iniciativa enviada por el Gobierno nacional recibió media sanción del Senado. Otorga facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de Covid-19.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” recibió este jueves media sanción del Senado.

La iniciativa apunta a otorgar facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de coronavirus.

Su objetivo es “establecer medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de contagios por Covid-19 que se aplicarán en todo el país”.

Con la misión de ganar respaldo, el oficialismo en la Cámara alta introdujo una serie de modificaciones al texto. Uno de los cambios es que se incorporó que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. La versión original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.

La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido cuando el proyecto ingresó al Senado.

También se agregó al artículo 34 que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. La ausencia de un plazo en la norma era otro de los planteos que se cuestionaron.

Además, se eliminó la “invitación” al Poder Legislativo y al Poder Judicial de promover la modalidad de teletrabajo; se determinó la restricción de circular desde las 19 hasta las 6 del día siguiente -el texto inicial decía 20 en lugar de 19- para los aglomerados de más de 300 mil habitantes y que estén en alarma epidemiológica; y se agregó que el transporte público lo podrán utilizar también quienes concurran a asistir a un familiar.

En un nuevo artículo, se prevé que “las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.

El reporte será “obligatorio” para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la Ley 25.326.

Asimismo, se sumó que quedará “autorizado el acompañamiento de los y las pacientes en estado terminal con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento”.

“En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la citada ciudad, según corresponda. En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado, por parte del o de la acompañante”, añade el artículo.

Uno de los puntos que logró el cambio de postura del aliado Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) es la aclaración de que, en los casos de “alto riesgo”, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrán “disponer restricciones temporarias y focalizadas adicionales” en zonas que presenten parámetros diferentes al resto del distrito.

Clases presenciales

En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.

“En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”, reza el texto, que establece además que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”, se señala.

Sin embargo, se mantiene que “en los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentren en situación de ‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’ queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”. Y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” en virtud “de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”. Del artículo se sacó que lo hará “previa consulta” con los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño.

Otros puntos

Para el Ejecutivo Nacional, las bases de la delegación de facultades serán dos: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.

Luego se enumeran siete medidas sanitarias de prevención para todo el país: distancia mínima de dos metros; uso de tapabocas; ventilación de ambientes; higiene de manos; la obligación de toser y estornudar con el pliegue del codo; cumplimiento de los protocolos de cada actividad; y prohibición de circulación para personas contagiadas, sus contactos estrechos y casos sospechosos.

Como quedó establecido en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, se suspenden en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 10 personas en domicilios particulares.

En tanto, las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas y recreativas podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria que corresponda.

En los locales gastronómicos se mantienen los horarios vigentes y el aforo del 30% en relación con la capacidad máxima habilitada; y se prohíbe la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas, aunque los gobernadores podrán ampliar el rango horario, “siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de diez horas”.

Por último, para los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a las 19 horas.

Para las zonas más “calientes” en cuanto a cantidad de casos, “si los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario no hubieren presentado evoluciones favorables, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para adoptar restricciones adicionales, proporcionadas y razonables, siempre que cuente con la intervención de la autoridad sanitaria nacional que fundamente la razonabilidad de la medida sanitaria a adoptar” y “dichas medidas podrán ser dispuestas por un plazo máximo de vigencia de 21 días corridos”.

Además, se prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina por el término de 30 días corridos, con algunas excepciones, como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.

En medio de nuevas restricciones, el Senado dio media sanción al proyecto para gestionar la pandemia

El oficialismo, con acompañamiento de aliados, aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Juntos por el Cambio ratificó su rotundo rechazo y anticipó la judicialización.

Por Melisa Jofré

El Frente de Todos en el Senado, con el acompañamiento de aliados, dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios”, de modo de gestionar la pandemia y que el presidente y los gobernadores puedan tomar medidas de acuerdo a la cantidad de casos de Covid en sus distritos.

La votación cosechó 38 votos a favor, del oficialismo y el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); y 26 en contra, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

La aprobación se dio luego de un extenso debate, en el que Juntos por el Cambio ratificó su rotundo rechazo a la iniciativa por asegurar que es inconstitucional, además de anticipar que reclamará ante la Justicia.

El proyecto se votó minutos después del anuncio de Alberto Fernández -por cadena nacional- sobre un nuevo confinamiento, a causa de la fuertísima suba de casos -con cifras de más de 35 mil por día- y fallecimientos registrados desde el inicio de la pandemia en Argentina, allá por el 3 de marzo de 2020.

Desde la firma del dictamen hasta su llegada a la sesión, el texto sufrió una serie de modificaciones, con el objetivo de ganar respaldo de algunos bloques minoritarios en la Cámara de Diputados, donde los votos se prevén ajustados.

Dado el rechazo que tuvo la iniciativa desde un principio, y los tiempos que se retrasaron por las consultas con la Casa Rosada y el plazo que maneja el Senado para tratar los dictámenes en el recinto, la ley no pudo lograrse antes de este viernes 21 de mayo, día en que vence el último DNU dictado por el Gobierno.

Al abrir el debate, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun señaló que “mucho se ha dicho de los supuestos superpoderes que esta ley significaría para el presidente de la Nación. Nosotros entendemos que por el contrario, el presidente a través de esta ley lo que está haciendo es justamente autolimitarse en sus facultades”.

La santafesina cuestionó a la oposición por cambiar de postura debido al año electoral y lamentó que “seguimos padeciendo un alto nivel de contagiosidad y seguimos teniendo más muertos en Argentina”. “Yo creo que es un momento para que construyamos puentes, diálogo y consensos”, opinó.

En defensa del presidente, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales afirmó que “celebra” que Alberto Fernández “gobierne no mirando las encuestas, sino tomando las decisiones que tiene que tomar, que muchas de ellas son muy pocas simpáticas para la población, no me cabe duda de ello”.

De la vereda de enfrente, el radical Mario Fiad consideró que esta ley “es un intento para dar un maquillaje de legalidad y de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa, con el solo hecho y objetivo de concentrar funciones en el Poder Ejecutivo Nacional, para quien la pandemia es el fundamento válido para ir por todo”.

El presidente de la Comisión de Salud rechazó que mediante esta norma “el Congreso les dice a los gobernadores qué pueden hacer en sus provincias” cuando éstos “ya saben lo que pueden hacer en sus provincias, lo saben desde que tenemos una Constitución”.

Para el legislador jujeño, la “estrategia sanitaria” que se debe encarar es la de “acceder a las vacunas en cantidad suficiente para inmunizar a la población”. “Argentina no puede permitirse seguir haciendo uso solo de una estrategia para combatir la pandemia”, manifestó, en alusión a las medidas adoptadas por Nación.

Luego, el porteño Martín Lousteau observó que “el oficialismo cuando hay un obstáculo, algo en el sistema que le impide hacer exactamente lo que quiere, instala una ficción de debate y una ficción de acuerdo, como si el consenso fuese cumplir el trámite de que algo pasa por el Parlamento, en lugar de abocarnos a una real deliberación y a ponernos de acuerdo”.

Este proyecto podría haber sido el proyecto más importante del año, y si hubiésemos sido capaces de resolver esto en el Congreso hubiese mostrado un gran esfuerzo de democracia representativa y de esfuerzo colaborativo para armonizar todos los derechos e intereses que están en juego; porque todo tiene su costo, cerrar tiene costo, no cerrar tiene costo, si hubiésemos tomado decisiones con mas rigurosidad y evidencia, quizás hubiésemos podido reducir los costos generales en las múltiples dimensiones”, analizó el radical, que aseveró que “a pesar de las declamaciones” del oficialismo “no hay ánimo de acordar y de dialogar colectivamente para abordar esta enorme crisis que estamos atravesando”.

En respuesta a las críticas, el senador del Frente de Todos Dalmacio Mera manifestó: “Estamos viviendo una situación dramática y las especulaciones políticas están a la orden del día. Las internas de los partidos políticos se mezclan a la hora de tomar decisiones y eso es lamentable porque este es un tema estrictamente sanitario que vive la Argentina y el mundo, pero ahí están las especulaciones con una falta total de sentido común. Me parece lamentable y dejamos mucho que desear”.

“Tenemos más de 70 mil muertos. Hay un virus que infecta a muchos dirigentes políticos que vino muy fuerte con la segunda ola y es el virus de la encuestitis”, lanzó el catamarqueño, quien agregó que “ahora que hay que tomar decisiones, esa misma dirigencia ha quedado presa de ese odio que ha sembrado”.

En ese sentido, el legislador dijo que “quieren preservar la imagen propia y por eso miran siempre las encuestas antes de tomar una decisión, y también quieren mantener la imagen para el núcleo duro de su partido y especulan si acompañar o no, para no ser acusados por los halcones que son una parte de la dirigencia que siembra el odio sobre los otros”, dijo en referencia a la interna de Juntos por el Cambio.

Avanzado el debate habló la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien resaltó que “Argentina no está solamente de luto por los fallecidos de Covid. Hoy el Senado está de luto porque los senadores, que tenemos que defender los derechos de las provincias, vamos a enterrar el federalismo que establece nuestra Constitución y las leyes”.

La senadora del Pro sostuvo que esta ley “va a convertir a un presidente en un emperador, le va a dar la suma del poder público y se va a arrogar facultades que le pertenecen a las provincias”, tales como sus competencias en “salud, educación, tránsito interno, cuándo cerrar o abrir un negocio”.

“Una ley no puede venir a tomar esas facultades”, insistió Rodríguez Machado, que anticipó que la oposición recurrirá a la vía judicial. “Los gobernadores no son delegados del presidente, no pueden avalar esta ley que les impide ejercer sus funciones”, añadió.

recinto senado sesion 20 mayo 2021
Foto: Comunicación Senado

Recogió el guante el oficialista Oscar Parrilli, que remarcó: “La verdad que me llamó mucho la atención que hablan de emperador y hablan de dictadura, de golpe de Estado, y cuando uno los escucha, pareciera que nunca gobernaron en Argentina. ¿Ustedes se olvidan que hace poquito terminaron de gobernar por cuatro años sin ninguna pandemia? ¿Se olvidaron de cómo dejaron a la Argentina?”.

“¿Ya se olvidaron de las atrocidades que hicieron desde el punto de vista educativo; de la salud, con cinco hospitales sin terminar en la provincia de Buenos Aires porque solo habían sido hechos por la gestión de Cristina Kirchner?”, fustigó el kirchnerista, y continuó diciendo que “hablan de emperador y se olvidan de los 80 Decretos de Necesidad y Urgencia que dictó el presidente (Mauricio) Macri y todas las atrocidades que hicieron; que comenzaron queriendo nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto”. “Hablan de dictadura y ustedes me espiaron el teléfono durante ocho meses violando mi intimidad”, apuntó.

En la recta final del debate, el rionegrino Alberto Weretilneck celebró que “el Gobierno nacional ha acertado en aceptar algunas modificaciones a esta ley, y esta norma echa una luz” al manejo de la pandemia, por lo que “es preferible a los DNU”. “Quiero agradecer la predisposición -del oficialismo- por haber aceptado las modificaciones que hemos presentado”, dijo.

El exgobernador rionegrino destacó que, en el contexto actual, “se retomó el diálogo entre el presidente y los gobernadores antes de tomar una decisión, lo que es una normalidad institucionalidad”. “Hasta ahora no ha habido ningún gobernador ni gobernadora que públicamente rechazare esta ley”, mencionó.

Mientras el presidente Alberto Fernández brindaba su mensaje por cadena nacional, Weretilneck indicó: “Seguramente las medidas que se están anunciando ahora son todas compartidas por los gobernadores. No ha habido alguna voz altisonante o de rechazo a lo que el presidente le planteó a los gobernadores”.

Completamente en contra del proyecto, el jefe del interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, consideró que “con esta ley estamos generando un precedente nefasto respecto al federalismo, porque se va a pasar por arriba violentamente sobre las autonomías provinciales”. Y acusó a los gobernadores por “el silencio cómplice con el que fueron domesticados con promesas” para “este golpe artero al federalismo”.

“Nosotros no negamos la pandemia, aunque hay unos efectos internos en el manejo de la pandemia, y por eso hay que diferenciar a la pandemia de la cuarentena y sus efectos, ya que hubiese tenido otros efectos con un mejor seguimiento, con menos malas praxis, con mayor detección, con un aislamiento focalizado y luego con una mayor vacunación”, reclamó el salteño.

En esa línea, enfatizó: “Por la mala praxis del Gobierno en el manejo de la pandemia se ha agravado la caída de la actividad económica, con una inflación que va a generar una crisis muy grave para el año próximo”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, señaló que “a las 21.06, estamos tratando una ley que aborda los parámetros epidemiológicos según las urgencias del Poder Ejecutivo Nacional”, pero “a las 20.35, con el mensaje grabado del presidente -transmitido por cadena nacional- y sus decisiones, echa por tierra todo marco de legalidad y legitimidad del contenido de la norma que hoy sancionamos”.

Efusivo, el senador formoseño opinó que “es importante hacerse cargo en política. La palabra ausente en el oficialismo es autocrítica, porque nadie explicó por qué estamos cómo estamos”. “Para nosotros, el Gobierno cometió dos grandes errores: el primero, se subestimó la pandemia cuando inició y eso tuvo costo; y el otro error fue la sobreestimación de la única herramienta que exhibió el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia como fue la cuarentena”, cuestionó.

El radical aseguró que el Gobierno “no escucho, se aisló y no tuvo un plan. No nos pueden acusar que no hubo voluntad de acompañamiento”. “Si queremos retomar el camino de la normalidad, vamos a hacer el acuerdo que quieran, pero le vamos a exigir una sola cosa al Gobierno: gestione vacunas, vacunas para la sociedad, para los trabajadores esenciales. Vacunas y testeos. Vacunas para encontrar la salida porque hay un hartazgo social”, completó.

Finalmente, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, advirtió que “estamos con una situación extrema y con una oposición salvaje”, y acusó a Juntos por el Cambio de “tener una estrategia electoral”. “Es mentira que buscan el diálogo”, expresó.

“Nosotros estamos en estrategia sanitaria, pero ellos están en una estrategia electoral. Ahí está la diferencia”, cargó el formoseño que, fiel a su estilo, aseveró: “El diálogo que quiere la oposición es todo verso, porque ya sabemos lo que hicieron cuando fueron gobierno. Todo mentira, porque destruyeron la institucionalidad en la Argentina”.

En su discurso, el oficialista fustigó que “nadie tiene la capacidad de destrucción que tiene Cambiemos, porque primero destruyeron el país y luego destruyeron la estrategia sanitaria de Formosa atacando, mintiendo con el apoyo de los medios”, al mencionar el incremento de casos en su provincia.

Por casi cuatro horas, funcionarias defendieron el proyecto sobre las restricciones sanitarias

Vilma Ibarra y Carla Vizzotti participaron de un plenario de comisiones en el Senado en el que justificaron la iniciativa en un marco de “excepcionalidad”, y aseguraron que el texto es constitucional.

plenario asuntos constitucionales salud proyecto restricciones 12 mayo 2021

Por casi cuatro horas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendieron ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud del Senado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia.

Ibarra aseguró que “no son muchas las delegaciones legislativas” que se le otorgan al Poder Ejecutivo Nacional, sino que se trata de que “el Congreso establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional”.

“El Gobierno considera que las medidas son constitucionales”, aseveró la funcionaria, que añadió que “no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras”, ya que el Poder Ejecutivo Nacional tomará “medidas adicionales” solo en los casos de alarma epidemiológica y cuando, tras 21 días, las medidas tomadas por las provincias no hayan dado efecto.

Para Vizzotti, el proyecto apunta a “tener un marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación”. Sobre los criterios para clasificar cuatro situaciones sanitarias diferentes tienen “la mirada de un país federal”.

Al momento de las preguntas, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, habló de la realidad en su provincia, Formosa, y luego cuestionó el modo en que se establece la clasificación de las situaciones sanitarias.

En ese sentido, el radical señaló: “Hay un cociente que ustedes lo definen entre los 14 días previos de la cantidad de contagiados y los 14 días previos de la cantidad, supuestamente, de lo que detecta el propio sistema. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que se toman para establecer esta categoría? ¿Por qué le pregunto ministra? Por ejemplo, ayer en la página web oficial de mi provincia se informó 731 casos positivos, pero ustedes, en el Ministerio de Salud de la Nación informan 373 casos”.

Vizzotti respondió que “hay provincias que utilizan sus propios sistemas de información y esos sistemas interoperan”, por lo que se registran “algunas horas o días de atraso”, pero lo importante es “el contacto permanente con las jurisdicciones” para saber de la actualización de los casos.

Sobre los centros de aislamiento, la ministra de Salud expresó que “el tema de los aislamientos extradomiciliarios y extrahospitalarios es una herramienta no solamente recomendada en Argentina”, y ejemplificó que en la Ciudad de Buenos Aires se aplicó un sistema similar con los aislamientos en hoteles. Se trata de “minimizar el contagio intradomiciliario y no cargar el sistema de salud internando a casos leves”, resaltó.

En defensa de la medida, la titular de la cartera de Salud dijo que estamos “claramente en una situación de emergencia y de excepción” que “requiere acciones excepcionales, extraordinarias e inéditas, no solo en Argentina sino en el mundo”.

“No es así como usted dice ministra. Una cosa es un centro de aislamiento extradomiciliario, cuando el paciente no está en condiciones de transitar la enfermedad en su domicilio. Usted me está diciendo que en Argentina rigen los centros de privación de la libertad como norma y no es así”, la cruzó Naidenoff, que denunció que en Formosa “a la gente con una orden judicial la están secuestrando”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el jujeño Mario Fiad, opinó que el proyecto genera “una enorme preocupación” porque el Gobierno nacional “no parece hoy encontrar otra forma de gobernar que no sea con la emergencia y la excepcionalidad”. “Aquí se habla mucho de la vida y de la salud de los habitantes de nuestro país como fundamento para habilitar cualquier medida que adopte el Ejecutivo”, consideró.

“La pandemia no nos habilita a suspender la Constitución Nacional, el respeto por la distribución de las competencias con las jurisdicciones y tampoco de las restricciones”, aseguró el legislador de la UCR.

En tanto, su par Silvia Giacoppo le reclamó a Vizzotti por “el vacunatorio VIP” y que todavía no se haya presentado ante la Comisión de Salud del Senado. Sobre la iniciativa, manifestó: “Este proyecto de ley de los superpoderes realmente desde donde se lo mire es algo que no podemos votar, sencillamente porque no se puede delegar lo que no se tiene. Y no es potestad de este Congreso, y menos aún del Poder Ejecutivo de dar facultades que fueron expresamente reservadas a los poderes provinciales”.

“Hasta nos mandan a bañar. O sea, yo puedo entender una medida sanitaria. Pero son reglas que del modo que están escritas son imperativas y no dan lugar a ninguna discusión. Estamos entrometiéndonos en los derechos fundamentales de los ciudadanos”, agregó la jujeña.

plenario asuntos constitucionales salud proyecto restricciones 12 mayo 2021
Foto: Comunicación Senado

También realizó preguntas a las funcionarias la porteña Guadalupe Tagliaferri, quien observó que el artículo 3 del proyecto “faculta al Ministerio de Salud a modificar los criterios (de clasificación) sin ningún tipo de consulta con el Congreso”.

Respecto a las clases presenciales, la macrista apuntó que “Alemania, un país que se ha citado, suspendió sus clases presenciales solamente 35 días y en Argentina las suspendimos por 180 días. Estamos dentro de los diez países que menos clases presenciales han tenido el año pasado”. Y consultó a Ibarra sobre el fallo de la Corte, que le dio la razón a la Ciudad de Buenos sobre su reclamo por el DNU 241/21: “¿Considera usted que una ley puede estar por encima de la Constitución Nacional?”.

Al momento de las respuestas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, justificó que la suspensión de las clases presenciales se prevé “en una situación de alarma, cerca del desborde sanitario”, con el objetivo de “bajar la curva y los niveles en los parámetros”.

Al hacer referencia al fallo de la Corte, subrayó que, en sus conclusiones, el voto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda indica que “el Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias, estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas”. Para la funcionaria la palabra “normalmente” y los fundamentos posteriores de los jueces, argumentan a favor de los motivos “por los cuales el Poder Ejecutivo podría ingresar a regular una materia” que es competencia de las provincias.

Ibarra enfatizó que el proyecto se trata de que “el Congreso Nacional establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional”, y contar con “un esquema de funcionamiento para poder garantizar cuanto antes el ejercicio más pleno de todos los derechos”.

“El Gobierno considera que las medidas son constitucionales”, afirmó, al rechazar que la iniciativa sea inconstitucional, y agregó que no es un “proyecto de superpoderes” sino “una ley marco que tiene que tener razonablemente algunas flexibilidades para poder tomar medidas adicionales en el momento de mayor tensión del sistema de salud”. Y esas medidas son “muy escalonadas, muy razonables y muy vinculadas a los sistemas federales”.

Más tarde, insistió que “no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras” que “pueden tomar las disposiciones” de sus competencias, mientras que el Poder Ejecutivo Nacional “es adicional en caso de alto riesgo y si se ha observado que no fueron suficientes las medidas” tomadas por las provincias.

Respaldo oficialista

Durante la reunión, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, recordó el diálogo que existía el año pasado entre todas las fuerzas políticas mientras se veía con “asombro, alerta” como “dirigentes de la oposición que no tenían la responsabilidad de gobernar planteaban locuras extremas como llamar a movilizaciones y quemar barbijos”.

Entonces destacó a los gobernadores que “no comulgaban con esa locura de incentivar a que la gente no se cuide”, pero “en esta segunda ola eso cambió” y ” han entrado en una cuestión político-partidaria y no en una situación epidemiológica-sanitaria”, dijo la mendocina.

La legisladora celebró que el Gobierno “envíe un proyecto para que salgamos de esta locura que propone la oposición”, y dijo que la iniciativa es “un marco de coincidencias científicas e institucionales” para que podamos “salir lo mejor posible de esta segunda ola que va a ser larga, todavía no entramos al invierno”.

Finalmente, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, cargó nuevamente contra la oposición por el crecimiento de los casos de Covid en Formosa y criticó a Juntos por el Cambio por haber rechazado el proyecto incluso antes que ingrese a la Cámara.

Para el formoseño, el Gobierno nacional tiene una “estrategia” basada “en criterios científicos” y apoyada en el plan de vacunación, pero “está también la estrategia Bolsonaro, la que quiere aplicar la oposición, de cuanto peor mejor”. “¿Qué quieren, que lleguemos a 100 mil muertos para ver si pueden ganar las elecciones?”, disparó y pidió “racionalidad en este tema y dejar de lado la campaña política”.

Laspina, sobre el proyecto de restricciones: “Es un avasallamiento a las autonomías provinciales”

El diputado del Pro se manifestó en contra de la iniciativa que ingresó al Senado y consideró que habrá presentaciones judiciales. Puso el duda la capacidad del oficialismo para reunir el quórum en Diputados.

luciano laspina sesion 27 marzo 2021

El diputado nacional Luciano Laspina (Pro) se refirió al proyecto de ley enviado por el Gobierno sobre las facultades especiales para regular las restricciones por la pandemia y opinó que “es un avasallamiento sobre las autonomías provinciales”.

“Dado que el DNU (241/21) fue cuestionado por el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ahora dice ‘queremos redoblar la apuesta y vamos a hacerlo por un proyecto de ley'”, señaló el macrista, que pronosticó que en caso de aprobarse la norma habrá presentaciones judiciales.

Respecto al tratamiento de la iniciativa en la Cámara baja, luego que llegue de parte del Senado, el legislador de Juntos por el Cambio anticipó: “Vamos a tratar de llevar este debate de una manera lo suficientemente contundente en los argumentos, de modo tal de poder quebrar las alianzas que el kirchnerismo necesita, al menos en la Cámara de Diputados, para llegar al quórum y a la mayoría simple”.

En ese sentido, Laspina recordó que el interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón y una parte del Interbloque Federal -como son los diputados Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos- suelen acompañar al oficialismo en las votaciones.

Para el diputado, el proyecto “parte de dos supuestos implícitos que nosotros no compartimos”. “Uno es desconfiar de la autoridad o de la responsabilidad de los gobernadores e intendentes en el manejo de la crisis sanitaria en sus distritos. Intervenir en la cuestión sanitaria según algunos parámetros objetivos, que además se autodelega la capacidad de ir modificándolos según considere la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud”.

El otro aspecto es que plantea que “las clases presenciales son parte del problema y no parte de la solución” cuando “no ha habido hasta ahora ninguna estadística de que haya más riesgo de contagio de los chicos en las aulas con protocolos muy estrictos, respecto a que se queden en sus casas y en la mayoría de los casos probablemente saliendo y juntándose en las casas de sus amigos sin protocolos, o jugando en la calle”.

“Además de delegarse facultades vuelve a invadir de alguna forma la autonomía de las provincias y genera un precedente bastante peligroso, más allá de lo sanitario y la excepcionalidad”, insistió el santafesino, que opinó que de aprobarse la ley habrá “presentaciones que van a volver a llevar el conflicto a la Corte, y presentaciones de las propias provincias”.

En declaraciones a radio CNN, Laspina agregó que al proyecto lo ve “como un capricho” por parte del Poder Ejecutivo, algo “bastante parecido a lo que nos tiene acostumbrados Cristina Kirchner”.

Por otra parte, el legislador del Pro aseguró que ve “muy golpeado” al ministro de Economía, Martín Guzmán, “por esta tensión que se generó respecto a las tarifas”. “Me preocupa porque Argentina está en una situación muy vulnerable. Justo ahora estamos atravesando la mejor etapa del año, con un precio récord de la soja que genera una liquidación histórica en dólares para el campo argentino, pero después viene un largo segundo semestre donde ya los dólares no van a abundar”, observó.

Y manifestó la preocupación por “un presidente débil” al que se le suma “un ministro de Economía que no puede tomar decisiones”. “Creo que Guzmán está tratando de tomar aire para ver si se puede recuperar, pero va a ser muy difícil si él no trata de volver a imponer su palabra”, expresó y, en esa línea, hizo alusión a las negociaciones por la deuda con el FMI. “Hay un sector muy duro del kirchnerismo que se prepara para ir a una confrontación durísima con el Fondo y eventualmente a romper con el Fondo”, advirtió el economista.

Cruce entre dos diputados mendocinos por el proyecto del Gobierno sobre las restricciones

El radical Luis Petri y el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo tuvieron un intercambio a través de Twitter.

Dos diputados mendocinos se cruzaron este martes, a través de Twitter, por el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios” de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid.

Para el radical Luis Petri, la iniciativa “supone un brutal avance sobre el federalismo, desconociendo el fallo de la Corte”, que la semana pasada le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires sobre las clases presenciales.

El legislador de Juntos por el Cambio consideró que “quienes voten a favor después no digan que luchan por el federalismo o que van al Congreso a defender a sus provincias porque las están entregando con moño con esta ley”, y mencionó en el tuit a su par José Luis Ramón.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo le respondió: “Mi querido @luispetri si la intención de su frente estuviera puesta en la protección de la ciudadanía tendrían la vocación de leer los proyectos primero y negarse después. Pero como se manejan por capricho, primero niegan y después ven qué hacen”.

“El doble discurso se ve a la legua. @rodysuarez se lava las manos y le tira el fardo a Nación, pero ahora sus legisladores nacionales van en contra de que Nación se haga cargo. Primero debatamos el proyecto, unifiquemos los criterios sanitarios y pongámosle un tope de tiempo”, agregó Ramón, aliado del oficialismo en la Cámara baja.

Petri defendió entonces que el gobernador Rodolfo Suárez “ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia, buscando equilibrar razonablemente salud, economía y educación, algo que no ocurrió a nivel Gobierno nacional”.

Y completó que leyó el proyecto ingresado al Senado y “confirma nuestras sospechas, es una delegación de facultades que viola la Constitución y atropella las autonomías provinciales. La Corte se pronunció sin dejar dudas y el Gobierno utiliza al Congreso para desafiarla”.

Negri, contra el proyecto de facultades delegadas: “El Ejecutivo quiere actuar como si fuéramos un país unitario”

Para el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, la iniciativa contradice al menos dos artículos de la Constitución Nacional. Rechazo cerrado.

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió este lunes que “el Poder Ejecutivo quiere actuar como si fuéramos un país unitario”, al referirse al proyecto de ley enviado al Senado que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios para la implementación de restricciones.

“Somos un país federal, donde deben convivir armónicamente las provincias autónomas, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional. Y la Constitución Nacional les da la obligación a los gobernadores de cuidar esa autonomía y a sus gobernados. Que no se confunda el Poder Ejecutivo Nacional, que no pretenda actuar como si éste fuera un país unitario”, avisó Negri. 

El cordobés recordó que el artículo 128 de la Constitución nacional dice que “los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”.

“Dice mucho este artículo corto de nuestra Carta Magna: los gobernadores no son delegados del Gobierno, como pretende decir el proyecto del Ejecutivo. La Constitución los faculta, los empodera, para velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Sobre todo, y antes que nada, para hacer respetar la forma de gobierno del artículo primero, que es representativa, republicana y federal”, analizó.

Negri alertó que “una vez más el Ejecutivo cree que el Congreso es una escribanía, que va a votar a libro cerrado lo que proponga. Las facultades que el presidente pretende que se le deleguen son facultades legislativas. Corresponde al Poder Legislativo, entonces, determinar si se las delega y por cuanto tiempo lo hará. Somos una República y cada rama de la administración tiene sus funciones delimitadas. No corresponde que el Ejecutivo pretenda apropiarse de una de ellas”.

Además, cuestionó que el proyecto de ley pide una delegación de facultades sin plazo determinado, cuando la Constitución exige en el artículo 76 que toda delegación de facultades debe tener un “plazo fijado para su ejercicio”.

En este sentido, el diputado observó que “el artículo cuarto del proyecto establece que la duración de la delegación de facultades será igual a la duración de la emergencia sanitaria. Pero, curiosamente, la duración de la emergencia sanitaria la viene definiendo el propio Ejecutivo por DNU. Así, la delegación de facultades no terminará hasta que el Ejecutivo no haya determinado la finalización de la emergencia sanitaria. Esto es completamente contrario del espíritu del artículo 76 de la Constitución nacional”.

Negri finalizó con una dura advertencia a los bloques minoritarios de la oposición en la Cámara de Diputados: “Ojalá el resto de la oposición no caiga en la tentación centralista del kirchnerismo. La sociedad los castigará en las urnas”.

El Ejecutivo envió al Senado el proyecto para gestionar la pandemia según criterios epidemiológicos

La iniciativa consta de 34 artículos y establece criterios para la toma de medidas a través de una delegación de facultades al presidente. Los detalles.

alberto fernandez promulgacion ley de ganancias

El Poder Ejecutivo envió este lunes al Congreso, tal como estaba previsto, el proyecto de ley de delegación de facultades especiales al presidente Alberto Fernández para administrar la pandemia del coronavirus en base a determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios.

La iniciativa ingresó cerca de las 18 por el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría propia para definir los tiempos del debate y avanzar con la rápida aprobación a pesar del rechazo anticipado de Juntos por el Cambio, la principal bancada de la oposición.

El debate será en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, presididas respectivamente por la oficialista María de los Ángeles Sacnun y el radical Mario Fiad.

El texto, que consta de 34 artículos, lleva las firmas de Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; de Educación, Nicolás Trotta; y de Seguridad, Sabina Frederic.

Independientemente de la fecha de su sanción en el Congreso, la futura ley entrará en vigencia el 22 de mayo, es decir, el día siguiente al vencimiento de las disposiciones del último DNU de medidas sanitarias, el 287/21.

En qué consiste el proyecto

El proyecto tiene como objetivo “establecer medidas sanitarias generales de prevención que se aplicarán en todo el país y disposiciones sanitarias locales y focalizadas de contención y disminución de contagios por Covid-19”.

A su vez, se busca que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según el caso, “adopten medidas sanitarias ante la verificación de parámetros epidemiológicos y sanitarios con el fin de mitigar la propagación del virus Sars-Cov-2 para prevenir y contener su impacto sanitario”.

Para eso, se establecen una serie de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

De todos modos, el proyecto faculta al Ministerio de Salud nacional a modificar esos parámetros “en forma fundada” de acuerdo a la evolución de la pandemia, y previa consulta con los ministros provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud.

En el artículo cuarto se indica que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “dictarán las medidas necesarias” para implementar la ley “como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional”, pero “sin perjuicio de las medidas que deban adoptar las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios en ejercicio de sus competencias propias”.

Para el Ejecutivo nacional, las bases de la delegación de facultades serán dos: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.

Luego se enumeran siete medidas sanitarias de prevención para todo el país: distancia mínima de dos metros; uso de tapabocas; ventilación de ambientes; higiene de manos; la obligación de toser y estornudar con el pliegue del codo; cumplimiento de los protocolos de cada actividad; y prohibición de circulación para personas contagiadas, sus contactos estrechos y casos sospechosos.

Como quedó establecido en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, se suspenden en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 20 personas en domicilios particulares.

En tanto, las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas y recreativas podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria que corresponda.

Además, se fomenta el teletrabajo; se ratifica la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo para las personas indicadas en las distintas resoluciones del Ministerio de Trabajo; y se limita el uso del transporte público al personal calificado como esencial.

Para las zonas de riesgo “alto”, se agregan las suspensiones ya vigentes de reuniones sociales en domicilios particulares; reuniones de más de diez personas en espacios públicos; práctica de deportes y eventos de cualquier tipo en lugares cerrados; y apertura de bingos, discotecas, salones de fiesta, cines, teatros, clubes y gimnasios, entre otros.

En los locales gastronómicos se mantienen los horarios vigentes y el aforo del 30% en relación con la capacidad máxima habilitada; y se prohíbe la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas, aunque los gobernadores podrán ampliar el rango horario, “siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de diez horas”.

Por último, para los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a las 19 horas.

Los gobernadores podrán aplicar medidas adicionales y focalizadas por un plazo máximo de 21 días corridos, y si no hay una evolución favorable de los parámetros, el Poder Ejecutivo Nacional estará facultado para adoptar restricciones “adicionales, proporcionadas y razonables”, siempre de manera fundada y con previa consulta a los mandatarios provinciales.

Otra de las claves del proyecto está en el artículo 21, que suspende las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en las zonas de “alarma epidemiológica”, tal como dispuso el Poder Ejecutivo Nacional en el AMBA a través de dos DNU, de los cuales el primero fue objetado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires.

En este aspecto, se faculta al Ejecutivo Nacional, previa consulta con el gobernador correspondiente, a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión (de las clases presenciales) en virtud de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”.

En el proyecto también se establecen como disposiciones generales para todo el país el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias; el acompañamiento de pacientes internados por Covid u otras enfermedades “en sus últimos días de vida”; y los controles se seguridad en la vía pública y accesos.

Además, prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina por el término de 30 días corridos, con algunas excepciones, como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.

El proyecto

LEY-Parámetros-epidemiológicos-y-sanitarios-regulatorios-de-la-emergencia-COVID-19

Cuáles fueron los proyectos de Alberto Fernández que el Congreso sancionó en 2020

El Gobierno obtuvo una reciente victoria legislativa con la aprobación del aborto legal. También pudo avanzar con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la quita de fondos a la Ciudad. La reforma judicial quedó con media sanción. El repaso de cada uno de los temas.

Más de una treintena de proyectos envió el gobierno de Alberto Fernández al Congreso de la Nación en su primer año de gestión, y en un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, durante el cual se alteró la forma de sesionar, pero no así la intensa labor que realizaron ambas cámaras.

De un total de 36 iniciativas, 19 fueron giradas a la Cámara de Diputados y 17 al Senado, aprobándose en total 21. En tanto, tuvieron media sanción 4 proyectos y otros 11 todavía no se debatieron en el recinto, aunque seis de esas propuestas están incluidas en el temario de sesiones extraordinarias previsto para el verano.

Primeras iniciativas

A pocos días de haber asumido, la gestión de Fernández se alzó con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaró la emergencia en nueve áreas -económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social- y fue aprobada en 48 horas, primero en la Cámara baja y luego en el Senado, en la madrugada del 21 de diciembre.

Otra de las iniciativas enviadas allá por diciembre de 2019 fue el tradicional proyecto por el cual se autoriza al presidente -de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Nacional- a ausentarse del país, cuando razones de gobierno así lo requieran. Un texto de similares características también se aprobó en la última sesión de este año en Diputados, de cara al 2021.

Durante enero de 2020, el oficialismo logró el aval del Congreso al Consenso Fiscal 2019, que Fernández había firmado con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a siete días de haber asumido.

Ya cuando el Covid-19 comenzaba a ser una amenaza para la Argentina, durante la última sesión presencial en el Senado, antes de la cuarentena que decretara el presidente, el 12 de marzo la Cámara alta convirtió en ley el proyecto del Gobierno que modificó los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos.

La sesión presencial del Senado el 12 de marzo de 2020, antes de la cuarentena.

Deuda pública

Tres fueron las iniciativas relacionadas con la deuda que el Poder Ejecutivo giró al Parlamento en 2020. La primera de ellas se aprobó el 5 de febrero en el Senado, con el respaldo opositor en una votación unánime. El proyecto declaraba la sostenibilidad de la deuda pública externa, y sirvió como herramienta para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, encare las primeras negociaciones con los acreedores.

El segundo fue la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública pero, esta vez, referida a los títulos emitidos bajo ley nacional. Se sancionó en la Cámara de Diputados el 4 de agosto, mismo día en que el Gobierno nacional anunció que se había alcanzado un acuerdo con los bonistas extranjeros. También contó con el apoyo de la oposición.

Finalmente, la tercer iniciativa es la que establece que el Congreso deberá aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como cualquier endeudamiento externo que supere el límite fijado en el Presupuesto Nacional. El texto obtuvo media sanción el pasado 30 de noviembre en el Senado y resta que lo trate la Cámara baja. Se encuentra incluido en el temario de extraordinarias.

sesion virtual diputados 4 de agosto de 2020
Sesión en la Cámara de Diputados el 4 de agosto de 2020.

Ampliación presupuestaria, moratoria universal y Presupuesto 2021

Hacia la segunda quincena de agosto, el Senado convirtió en ley una ampliación presupuestaria por 1.859.583 millones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI-, con el objetivo de afrontar los gastos provocados por la pandemia.

Además, con votos propios en la Cámara alta, el oficialismo aprobó una moratoria ampliada para que personas jurídicas y humanas pudieran regularizar deudas impositivas, aduaneras y previsionales, aumentando el universo de contribuyentes alcanzados primeramente por la Ley de Solidaridad Social. Durante el debate en ambas cámaras, Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López por un artículo que permitía el ingreso a empresas en quiebra como OIL Combustibles.

El 17 de noviembre del 2020, y tras un error insólito que estiró el trámite de la iniciativa -por falta de planillas sobre obras-, la Cámara de Diputados sancionó la “ley de leyes”, el Presupuesto 2021 que, entre otras proyecciones, prevé un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos para el año que comienza.

Agenda Malvinas y pesca ilegal

Tal como lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, el presidente envió este año al Congreso tres proyectos vinculados a la soberanía nacional, que finalmente fueron ley. El 5 de agosto, Diputados sancionó la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y otra iniciativa sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

En tanto, el 16 de septiembre vio luz verde en el Senado el aumento de penas a la pesca ilegal, a través de la modificación de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Con la nueva norma se estableció un nuevo mecanismo para medir los montos de las sanciones, a través de “Unidades Pesca”, que equivalen a un litro de gasoil.

Otro proyecto enviado por la Casa Rosada, y también habitual, fue la autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas.

Coparticipación CABA

El 10 de diciembre pasado, y tras un trámite de poco más de dos meses, el Senado sancionó la rebaja de los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en concepto de gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito porteño durante el gobierno anterior.

En la ley se estableció que el gasto anual que demande dicha transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados “en forma bilateral” por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad, en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la ley. Sin embargo, se determinó que “hasta la entrada en vigencia” del acuerdo, Nación girará un monto fijo de 24.500 millones de pesos mensuales.

Por esta medida, el Gobierno porteño volvió a recurrir a la Corte Suprema -lo había hecho en septiembre pasado con la primera quita de un punto de coparticipación por decreto-.

Por su parte, en el cierre del 2020, la Casa Rosada le envió la invitación a Rodríguez Larreta para sentarse a “definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones, así como la conformación de los equipos técnicos pertinentes”. Se verá cómo continuará…

Unidos por la pandemia, la relación entre el presidente y el jefe del Gobierno porteño se terminó de tensar con el proyecto enviado al Congreso.

Más proyectos

A lo largo del año, el Ejecutivo impulsó la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que estableció una modificación en el esquema de financiamiento del programa de Reparación Histórica y, además, habilitó a que las provincias puedan renegociar las deudas que mantienen con la ANSeS. Se sancionó en el Senado el 30 de octubre.

Otro tema fue la nueva Ley de Economía del Conocimiento, que si bien el proyecto se envió en febrero, terminó aprobándose en Diputados el 8 de octubre, previo modificaciones que la Cámara alta introdujo durante el tratamiento en revisión. Esos cambios no fueron acompañados por Juntos por el Cambio, que se abstuvo, pero que en la primera aprobación había respaldado el texto.

Capitales Alternas fue uno de las primeras iniciativas que Fernández envió al Congreso, pero también se vio demorada su sanción, que finalmente se produjo el 12 de noviembre en la Cámara baja.

Por otro lado, el Parlamento ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra, Suiza. También, el Senado aprobó un protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal -resta que lo trate Diputados-.

Reforma judicial, con media sanción

El 28 de agosto el Frente de Todos impuso su mayoría en el Senado y dio media sanción a la reforma judicial, altamente rechazada por la oposición y que, por falta de apoyo, quedó congelada en su tratamiento en la Cámara baja ante la imposibilidad del oficialismo en reunir los votos necesarios.

Juntos por el Cambio se alzó enfáticamente contra la iniciativa, al calificarla de “inoportuna”, por tratarse en plena pandemia, “inconstitucionalidad” y parte de “un plan de impunidad”. Además, en ese momento se cuestionó la gran cantidad de cargos a crear, que aumentaban con las modificaciones de última hora que la bancada oficialista incorporó.

La votación de la reforma judicial en el Senado.

Fórmula de movilidad jubilatoria

En el último miércoles del año, el Frente de Todos en Diputados celebró la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, con la cual se vuelve a un esquema similar al aplicado entre los años 2008 y 2017: el cálculo combinará 50% de recaudación de la ANSeS y 50% variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por índice RIPTE.

La fórmula implementada desde diciembre de 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, había quedado suspendida por la Ley de Solidaridad Social y durante 2020 los haberes previsionales se actualizaron por decreto.

El plazo previsto para aprobar un nuevo cálculo era de seis meses, pero a mitad de año el Gobierno prorrogó el tiempo -envió un proyecto en este sentido al Congreso, pero no fue tratado-. Finalmente, tras el dictamen de una comisión mixta creada para tal fin, el Ejecutivo envió la iniciativa. La oposición reclamó que el trabajo de la bicameral no se tuvo en cuenta y tampoco hubo consenso, por eso fue ampliamente rechazada en la votación, donde solo 15 diputados de bloques provinciales ayudaron al oficialismo.

Algarabía oficialista tras la sanción de la nueva fórmula de movilidad.

Legalización del aborto

En una jornada histórica, por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado sancionó la legalización del aborto, enviada por el propio Gobierno, en línea con lo prometido por Alberto Fernández en campaña electoral. Es así que el proyecto contó con el impulso total del presidente, que se involucró en las negociaciones previas para alcanzar los respaldos necesarios.

La norma sancionada en la madrugada del 30 de diciembre habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Luego de ese plazo, la práctica solo podrá realizarse en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud de la persona gestante.

Por otro lado, se autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo. En caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente a otra institución sin dilaciones y asumiendo los costos de la intervención.

El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Junto con el proyecto se aprobó otro, de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.

Funcionarias del Ejecutivo celebraron la sanción del aborto legal en el Senado.

Temas pendientes

De todos los proyectos girados por el Ejecutivo al Congreso durante 2020, son 11 los que restan ser debatidos. En ese grupo aparece una iniciativa destinada a promover las inversiones en la construcción de obras privadas; otra sobre el sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario; el nuevo Consenso Fiscal 2020; y un proyecto para otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; entre otros.

Aborto legal: el oficialismo aceptó un pedido de Weretilneck, garantizando su apoyo

Norma Durango anunció que el Poder Ejecutivo aplicará un veto parcial a la futura ley, con una modificación propuesta por el rionegrino, que de esta forma garantiza su apoyo.

El Poder Ejecutivo vetará parcialmente la ley de aborto, si es sancionada, contemplando una de las modificaciones que pedía el senador rionegrino Alberto Weretilneck, que de esta forma garantizó su voto a favor del proyecto. Así lo anunció Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, al abrir el debate de este martes en la Cámara alta.

La pampeana recordó que en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se había incorporado una pequeña modificación al artículo 86 del Código Penal vigente, que establece en sus incisos 1 y 2 las causales de no punibilidad del aborto. El objetivo fue adecuar la redacción que rige desde 1.921 a los estándares jurisprudenciales.

Sin embargo, anunció Durango, “dadas las inquietudes que ha generado esa actualización propuesta en la redacción, hemos promovido en consulta con el Poder Ejecutivo que al momento de la promulgación se observe parcialmente el proyecto de ley en caso de ser sancionado, a fin de dar claridad al objetivo de la propuesta”.

De esta forma, el Ejecutivo vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) vigentes desde 1.921, “para que sigan como hasta hoy”.

Tras este anuncio, fuentes cercanas a Weretilneck confirmaron que el senador -que terminó hablando de madrugada, en los cierres- iba a votar a favor del proyecto, y otros legisladores podrían seguir sus pasos.

Con un amplio temario, el Ejecutivo convocó a extraordinarias hasta el 28 de febrero

A través de un decreto, el presidente prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre, y a partir del 12 habrá extraordinarias. Aborto legal, aporte solidario, reforma del Ministerio Público y Consenso Fiscal son algunos de los proyectos.

Con un amplio temario que incluye 25 proyectos de ley, y con el aborto legal en el tope de la agenda, el Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero, por lo que el Congreso trabajará todo el verano.

El decreto fue firmado este lunes por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y contiene un anexo donde están detallados los proyectos que podrán tratarse tanto en lo que resta del año como en 2021.

El primer punto de la convocatoria es el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que comenzará a ser tratado este martes en las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.

Para la primera jornada asistirán los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para luego dar lugar a expositores a favor y en contra, una decena por cada sector.

En paralelo, el decreto de extraordinarias contiene el proyecto que crea el “Programa de los 1.000 días”, orientado a asistir a las personas gestantes y a sus hijos durante la primera infancia.

La iniciativa obtendría dictamen en los próximos días, tras comenzar el tratamiento este lunes en un plenario de comisiones de Diputados, previo a la sesión.

Otro de los proyectos a tratar es el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que fue aprobado en Diputados el 18 de noviembre y en el Senado ya cuenta con dictamen favorable, por lo que el oficialismo buscaría sancionarlo la semana próxima.

También figura la reforma del Ministerio Público Fiscal, que apunta a que la designación del procurador general sea con mayoría absoluta del Senado y no dos tercios, además de acotar su mandato a cinco años, entre otros cambios.

El proyecto fue duramente rechazado por la oposición en el Senado, pero el Frente de Todos impuso su mayoría para aprobarlo -con la ayuda de aliados-, y ahora el oficialismo debe trabajar para juntar los votos en Diputados.

Asimismo, el decreto incluye el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, con el objetivo de que todo endeudamiento que supere los límites fijados en el Presupuesto Nacional, así como los futuros acuerdos con el FMI, deban ser aprobados por el Congreso.

El texto, promovido por el ministro de Economía, Martín Guzmán, obtuvo media sanción en el Senado este mismo lunes con apoyo de la oposición -recibió 65 votos a favor, ninguno en contra y una abstención-.

Entre los temas más picantes también figuran la fórmula de movilidad jubilatoria, que ingresó el viernes pasado por el Senado y es cuestionada por la oposición; y la postergada reforma judicial, que desde que se aprobó en la Cámara alta permanece “congelada” en Diputados.

Otros de los puntos de la ampliación de ordinarias y la citación a extraordinarias son dos proyectos del Ejecutivo sobre promoción de la construcción privada y de créditos hipotecarios; y la propuesta de Máximo Kirchner para prohibir el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios.

Asimismo, se incluye el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, que promueve la alimentación saludable; y el otorgamiento, por única vez, de un beneficio extraordinario a familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

El último punto de la convocatoria es el Consenso Fiscal, que el Gobierno nacional negocia desde hace tiempo con los gobernadores, con el fin de darle más libertad a las provincias para incrementar impuestos a cambio de ciertas condiciones, como la renuncia a iniciar demandas judiciales por coparticipación y el retiro de las ya formuladas.

El temario completo

Anexo-decreto-964-temario-extraordinarias-5239529_anexo01-1

Puntos centrales del proyecto “Programa de los Mil Días”, enviado junto al de aborto legal

La iniciativa girada este martes al Congreso por el Poder Ejecutivo prevé la creación de una nueva asignación, la provisión gratuita de insumos fundamentales y modelos de atención especial a grupos vulnerables.

embarazo

Junto a la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Poder Ejecutivo giró este martes al Congreso un proyecto de ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que también había sido anunciado por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa de marzo pasado.

El objeto de “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

De acuerdo al texto, se incorpora a la Ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año” a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos de la ANSeS”.

En tanto, la “Asignación por Embarazo para Protección Social” consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la persona embarazada desde la acreditación de su embarazo, que podrá realizarse a partir de la 12da. semana de gestación, y se percibirá hasta completar la cantidad de meses que hubiese durado su embarazo.

En el capítulo referido al “derecho a la identidad”, se crea en el ámbito del Renaper “el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.

La autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud, deberá “diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”.

“El modelo de atención definido debe incluir de manera transversal a los tres subsectores que componen el sistema de salud y articular con otros organismos públicos competentes en la materia”, agrega el proyecto.

Por otra parte, se establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tes años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.

En especial, se atenderá a la provisión de: medicamentos esenciales; vacunas; leche; y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto.

También se prevé “el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” con la creación de “modelos de atención especial” para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años; personas que cursen embarazos de alto riesgo y casos de trombofilia; mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género; y niñas y adolescentes embarazadas.

Además se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una “Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”, la cual estará integrada por representantes del Ministerio de Salud; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); la ANSeS, el Renaper; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y de otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la implementación efectiva de la ley.

Otro de los artículos indica que la cartera de Salud tendrá que “enviar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual con el estado de avance e indicadores respecto de la implementación” de la norma.