La diputada oficialista sostuvo que en estas elecciones “se juega la ganancia de nuevos derechos o la pérdida de los que existen”. Respecto de las propuestas de UP sobre el Poder Judicial planteó: “Hay que dotarlo de transparencia, imparcialidad y verdadera independencia”.
La diputada nacional y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju), Vanesa Siley (FdT), sostuvo que “el objetivo de Juntos por el Cambio es precarizar el trabajo”, y advirtió que en las elecciones de este año se juega “la ganancia de nuevos derechos o la pérdida de los existentes”.
“Precarizar el trabajo es el objetivo de Juntos por el Cambio para que la redistribución de la riqueza sea más regresiva y contraria al trabajador argentino”, afirmó la presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados en declaraciones a radio AM 530.
Sobre la propuesta de eliminación de la ultraactividad (renovación automática de los convenios colectivos de trabajo) para “modernizar” esos instrumentos que mencionó el exministro de Producción y Trabajo macrista Dante Sica, la diputada consideró que se trata de un “eufemismo para decir que hay que eliminar los derechos laborales que han negociado históricamente las organizaciones sindicales con las cámaras empresariales”.
Siley señaló que esta propuesta se apoya en una “idea falaz de que los derechos laborales de los convenios son viejos”, cuando en realidad -indicó- los CCT “son la normativa laboral que más se ha actualizado en los últimos años”.
“Tenemos muy en claro lo que se juega el mundo del trabajo en esta elección: se juega si vamos a adquirir nuevos derechos que nos faltan, por ejemplo, las licencias parentales igualitarias o la reducción de la jornada laboral que estamos discutiendo en comisión, o si van a venir a sacarnos los derechos que tenemos sin otorgar nuevos”, definió la legisladora.
Al respecto, la legisladora oficialista planteó: “Hay que analizar el porqué de la pérdida del poder adquisitivo en la Argentina. Venimos manifestando la suma fija hace tiempo, es sumamente necesaria”.
La diputada opinó que de fondo existe una “idea mentirosa que tiene (Patricia) Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta y todo el macrismo, para instalar los derechos laborales del trabajador como ‘un privilegio’ y no es así, es el patrimonio del trabajador”.
“La pérdida del poder adquisitivo que hubo en el macrismo todavía no la hemos podido recuperar. El índice de desocupación ha llegado a niveles similares a los de diciembre del 2015, que fue cuando asumió Mauricio Macri”, apuntó.
Siley llamó a tener en cuenta que durante la gestión de Mauricio Macri “eliminaron el Ministerio de Trabajo, eso habla de una política de Estado para eliminar derechos, convenios colectivos de trabajo y el sistema de paritarias libres en la Argentina”.
“Durante el macrismo se intervinieron organizaciones sindicales como se hacía en la dictadura militar. El ataque directo a la forma colectiva y organizacional de los trabajadores es lo que pretenden volver a instalar y mucho más fuerte”, sentenció.
En lo que respecta a las propuestas de Unión por la Patria en relación al sistema de justicia, la dirigente dijo que las principales iniciativas están enfocadas en “dotar de transparencia, imparcialidad y verdadera independencia al sistema judicial”.
“Necesitamos una Corte Suprema que supere el número de actores actuales. Con la Corte Suprema de Justicia que tenemos actualmente esos principios republicanos están violados”, evaluó Siley, quien enfatizó que se requiere de una Corte “ampliada e igualitaria”.
Y cerró: “No hay perspectiva de género ni popular para los procesos judiciales. Lo que hay es un sistema de privilegios donde sucesivamente nos encontramos con fallos judiciales, con sentencias del máximo tribunal favoreciendo a las grandes empresas, a los monopolios y a quienes delinquen, pero nunca del lado de la víctima ni del que menos tiene”.
El senador cristinista defendió a Máximo Kirchner, habló de su absolución por la causa del libro “La década ganada” y criticó al Poder Judicial.
En los últimos días, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, había criticado al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y del diputado nacional Máximo Kirchner. En tal sentido, el senador nacional Oscar Parrilli (UC – Neuquén) le respondió este martes: “Está siendo injusto. Se debe levantar, se mira al espejo y se enoja con él mismo”.
El senador salió en defensa del hijo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y amplió: “¿Qué le pasa a Aníbal Fernández? Ha cambiado mucho. Parece que se olvidó que Máximo y La Cámpora militaron su campaña a gobernador de la provincia Buenos Aires en 2015”, y añadió: “También lo defendían de su acusación de ser “la morsa” y narcotraficante”.
Entrevistado por AM 750, el legislador “cristinista” afirmó que esperaba su absolución de una causa donde se los juzgó por presunta administración fraudulenta a raíz de fondos destinados a publicar el libro “La década ganada”, que nunca llegó a imprimirse de una licitación que había obtenido la Casa de la Moneda.
“Inventaban cosas por la denuncia de un funcionario macrista y la complicidad de la mafia judicial de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Nos acusaban falsamente, de hacer una licitación que ganó la Casa de la Moneda con el precio más bajo por la impresión de un libro”, explicó. Asimismo, afirmó que “estuvimos siete años sometidos”.
En esa línea, Parrilli cargó contra los medios de comunicación: “Los supuestos periodistas y sus loritos con cerebro de gorrión repetían sus mentiras”. “La condena fue lo que ellos publicaron en los medios de comunicación difamándonos y agraviándonos”, indicó.
Del mismo modo, sostuvo que “han manchado el buen nombre de mi familia” y “han utilizado los medios y el periodismo como un instrumento de acción política”. A su vez, afirmó que “el Poder Judicial es el pelotón de fusilamiento de Héctor Magnetto”.
Sin embargo, aclaró: “Lo que queda claro es que con este fallo como actúan porque investigan cuando las denuncias son contra nosotros, pero cuando son contra funcionarios macristas no investigan. Nunca serán tapa del diario, un siquiera investigados”.
“Estamos viviendo una democracia condicionada por la proscripción a Cristina Kirchner y por la violencia como método institucional porque fogonaron el intento de matarla, pero más tarde o más temprano las difamaciones se terminan”, señaló.
De tal modo, recordó: “En la causa por los bolsos La de José López, investigaron y llegaron a una financiera de Nicolás Caputo y ahí se terminó”.
“Cuando buscaron cuentas en el exterior de Máximo Kirchner, encontraron cuentas de Mauricio y Franco Macri”, añadió.
Respecto a las listas de Unión por la Patria, Parrilli expresó: “Muchos vaticinaron el fin del kirchnerismo, pero la taba está en el aire”. “En UP estamos atrás de la fórmula Sergio Massa – Agustín Rossi conducido por CFK”. “Debemos pensar en la familia argentina porque la situación que nos dejó el macrismo llevó a enfrentar una situación económica muy difícil”, finalizó.
Son seis los testigos que fueron citados a prestar declaración respecto a la Obra Social judicial. La nueva jornada fue convocada para este martes 18 de abril a las 13.
La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), llevará a cabo la décima audiencia con testigos este martes 18 de abril, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, para iniciar el tema referido a la obra social del Poder Judicial.
Los convocados a declarar son Aldo Tonon, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN); la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA, y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a OSPJN.
En el encuentro anterior testificaron el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano quien aseguró “nunca” haber hablado con la doctora Highton de Nolasco del caso Muiña. También se presentó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri, en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.
Precisamente en ese último encuentro, aunque por otros argumentos, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.
Al respecto, Torello en la sesión del Senado de este jueves ratificó su decisión de no declarar porque “no me voy a prestar a este circo”.
Desde Rio Negro, la vicepresidenta apuntó contra el Poder Judicial, al que calificó de “mafiosos”, y sostuvo que los fundamentos de la causa Vialidad “son eufemismos con el objetivo de la proscripción”. Por otro lado, criticó la situación económica y recordó el intento de magnicidio.
Un día después de que se conocieran los fundamentos de la condena en su contra en la causa “Vialidad”, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este viernes desde el sur del país, más precisamente en la Universidad Nacional de Río Negro, que le otorgó la distinción Honoris Causa de dicha institución.
La conferencia de la titular del Senado duró dos horas y estaba titulada como “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.
En ese contexto y como era sabido de antemano, lanzó duros cuestionamientos hacia el Poder Judicial al que calificó de “mafiosos”, y cuestionó los fundamentos de la causa Vialidad: “Son eufemismos, ninguna prueba y el objetivo es la proscripción”.
En otro pasaje de su discurso, criticó la situación económica del país y planteó: “No solo estamos sin Estado, sino también sin moneda”.
Tras entonar las estrofas del Himno Nacional argentino y con una multitud que sostenía en sus manos carteles con la leyenda “Cristina presidenta”, “Luche y vuelva” en el marco de un “operativo clamor” para que la vicepresidenta se presente como candidata, la abogada recibió el doctorado Honoris Causa la máxima distinción que entrega la Universidad.
No faltó tampoco el cántico de “Cristina presidenta”, que se despertó en medio del discurso del rector de la casa de altos estudios al decir: “Para nosotros la vicepresidenta de los argentinos… iba a decir presidenta, porque estamos acostumbrados a ello”. Así como tampoco faltó su particular y ya habitué abanico.
Al comienzo agradeció a las autoridades por la distinción recibida. Así, recordó que el último Honoris Causa que recibió fue hace un año en Chaco en donde habló sobre la “insatisfacción democrática frente a las demandas que no son cumplidas por los Estados”. “Hacía alusión a que ese Estado, por lo menos como se conforma en gran parte de Occidente, es un Estado modelo de gestión a través de poderes que se gestó con la Revolución Francesa”, narró.
“Estamos queriendo gestionar desde el Estado a una sociedad que tiene internet y celulares y que ha modificado con una forma de organización estatal que data de antes. Esto generaba carencia de instrumentos y de acciones que pudieran conducir a que el Estado diera solución y respuestas a las múltiples demandas”, criticó.
En esa línea, preguntó: “¿Cómo estamos hoy a 40 años de democracia? En la Argentina pareciera que ni estos tres poderes funcionan”.
En un breve pasaje, Cristina homenajeó al hombre “patagónico” que asumió en 2003 con el 22% de los votos y que “todos se acuerden de la parte económica nada más, del corralito. Pero en medio lo recibió una fenomenal crisis institucional”, y relató la crisis del 2001 con la sucesión de cinco presidentes, donde la sociedad pedía “que se vayan todos” que “no veía que había Poder Ejecutivo, sino que sentían que las cosas se decidían en cualquier lugar”.
“El Poder Legislativo estaba fuertemente cuestionado porque la primera Alianza de 1999, su vicepresidente renuncia en medio de denuncias de soborno en el Congreso, en el Senado. Estalló un gran escándalo porque una ley de flexibilización laboral fue comprada por el entonces oficialismo sobornando a senadores de la oposición, del peronismo”, relató y aprovechó para criticar a los medios: “No lo denunció ningún periodista de investigación, no lo denunció ningún opositor”.
Y sostuvo: “No teníamos Poder Ejecutivo. Teníamos un Poder Legislativo… bueno… en donde se podía comprar y vender leyes. Y teníamos una Corte que se conoció como la mayoría automática que fue la que legalizó todas las privatizaciones todo lo que fue, si se quiere en cierta manera, el saqueo del patrimonio nacional”.
“No teníamos en ese momento lo que llamó el ‘Estado constitucional democrático’. Néstor en el 2003 reconstruye esto. Primero colocando a la Casa Rosada como el centro de gravedad del poder político democrático votado en Argentina. Las decisiones las toma el presidente. El Poder Legislativo vuelve a ser lo que tiene que ser: oficialismo y oposición”, destacó.
Y lanzó un palito para su propio bloque: “Fue la única época en donde el oficialismo votaba leyes que estaban orgullosos votar y sancionar porque eran leyes que otorgaban derechos, no le sacaban nada a nadie. Era un oficialismo orgullo de ser oficialismo. Así funciona el sistema, no es que todos tengan que pensar igual”.
“Cuando el Estado es amenazado desde la Corte Suprema por su presidente de dolarizar la economía, se produce el memorable de Néstor donde solicita el juicio político a los magistrados”, recordó CFK.
Y disparó: “Hoy, a 40 años de democracia el próximo 10 de diciembre, creo que lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos a la oposición, o por lo menos al sector más importante, aliado con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo, creo que no estamos ante un estado democrático constitucional“.
La vicepresidenta comenzó a meterse dentro de la causa por la que fue condenada y atacó al poder judicial: “Hoy desde el Partido Judicial, ya no se lo puede llamar Poder Judicial, separan al senador Martín Doñate que era el representante en el Consejo de la Magistratura y restituyen al miembro que habían impugnado. Más mafioso no se consigue“.
“¿Qué voy a hablar de mensajes mafiosos? Si acá en Lago Escondido, Río Negro, todos los argentinos pudimos verificar los chats que por esas casualidades el juez que instruyó la causa en la que ayer acaban de proscribirme fue uno de los que recomendaba cómo hacer facturas truchas”, disparó.
“Siempre todos estos sectores y mafias que se regodean en el poder y en la impunidad del poder en algún momento siempre colapsan”, advirtió.
En esa línea se refirió al intento de asesinado hacia su persona: “La ruptura del pacto democrático, que es esto, y lo principal y la más terrible fue la del 1 de septiembre que realmente odié ser protagonista de todo eso”.
”Si uno mira lo que pasó a partir del 2015, en realidad casi observa como una secuencia lógica lo del 1 de septiembre, inclusive en marzo de 2022. El día que se trataba en el Parlamento, en Diputados precisamente, el acuerdo con el FMI, destruyeron mi despacho. Primero fue señalado con pintura. Luego durante media hora sin que interviniera ninguna fuerza de la Ciudad de Buenos Aires, ni Federal, fue apedreado y destruido el despacho. La misma jueza que instruyó la causa es la misma de la causa de ahora… es como que todo hace juego con todo”, denunció.
También recordó que unos días más tarde, en las cartelerías de la Ciudad apareció una foto “de esas que me saca Clarín con cara de mala donde decía ‘asesina de 35 mil personas’. Cuatro días después del 24 de marzo, no fue casualidad”.
“Ese primero de septiembre tuvo muchos episodios antes que empezaron incluso desde que asumí como presidente solo por el hecho de ser mujer”, manifestó.
También se refirió a la causa Vialidad en la que está condenada a seis años de prisión y sostuvo que “los fundamentos de ayer más que fundamentos son eufemismos…millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un sólo objetivo: la proscripción”.
“Creo que el que mejor lo definió fue el ministro del Interior Wado de Pedro cuando dijo ‘han reemplazado al código electoral por el código penal’. Esta es la verdad de la milanesa hoy en Argentina”, destacó Fernández de Kirchner.
En ese pasaje de su disertación, planteó el tema económico: “¿Cómo andamos por otras instituciones si en algunas estamos así a 40 años de democracia?”, y respondió: “Lo que yo denomino la economía bimonetaria”.
Para Cristina el 24 de marzo del 76 se produjo la ruptura del modelo industrialista por sustitución de importaciones que inauguró el peronismo fuerte. El dólar hoy es un patrón de conducta, más que monetario por lo menos en Argentina”.
Al hacer referencia a las falencias del modelo industrialista de exportaciones cuestionó que “no alcanza con el sector agrícola para hacer frente a los dólares que faltaban. Había que desarrollar industrias que generan mucho más trabajo, porque de eso se trata, generar trabajo y bien remunerado”.
“Esto comienza a profundizarse con el patrón de conducta de las clases dirigenciales que conforman… la Argentina comienza a formar activos externos en dólares que son tomados de nuestra economía y colocados por fuera del circuito en el exterior, paso por alto la estatización”, fustigó.
En esa línea, tiró un palito a la oposición, precisamente a los liberales: “Los que critican al Estado que se acuerden de la convertibilidad porque el que hizo eso fue el mismo que estatizó la deuda que todavía seguimos pagando”.
“Las crisis fueron permeando a toda la sociedad. Y la gente, con un mecanismo de defensa, iba y compraba dólares”, analizó y agregó: “Se relega el peso para cuestiones domésticas y se convierte una moneda que nosotros no tenemos, como moneda de ahorro y de pago para algunas operaciones”.
“Quiere decir que hoy, a 40 años de la democracia, no sólo estamos sin estado democrático constitucional, sino que sin moneda también. Esto es una economía bimonetaria”.
Además, explicó: “Ser dirigente es dirigir, mirar más allá porque tiene que conducir y dirigir el país a lugares buenos y seguros. Eso es ser dirigente”.
Retomando el tema de la economía, consideró que la economía bimonetaria nos conduce a la situación de inflación. “Los que me dieron lecciones y me dijeron que solucionar el tema de la inflación era un tema de chasquido de dedos llevaron la inflación al 54%. Está claro que los salarios altos no son la causa de la inflación”, chicaneó.
“No hay catástrofe más grande para Argentina que el endeudamiento que se produjo entre 2015 y 2019. Catástrofe eh. Ustedes por qué creen que pudimos tener 12 años y medio de gobierno y buenos salarios en Argentina….Esto no depende de personas, depende de políticas que hagan determinadas personas. No es una cuestión personal, es política”, apuntó.
Por otro lado, volvió a mencionar el acuerdo con el FMI y opinó: “Quiero desmitificar esto del acuerdo porque parece que a uno no le gustara el FMI porque no quisiéramos pagar. Por supuesto que sí. Hay que devolverlo. Nadie pretende que no lo devuelven. No tengo una cuestión dogmática ni ideológica con el FMI”.
”Yo sólo creo en Dios y en el amor. Pero en un programa económico no, no es una cuestión de fe. Es una cuestión de objetivos que se sigue y la eficiencia que se tiene para alcanzarlos. No me enamoro de nada. Lo digo para aclarar que no hay ninguna cuestión dogmática ni que no quería que no se acordara con el fondo”, manifestó.
Al respecto, la vicepresidenta apuntó conta los dirigentes que proponen la dolarización de le economía, principalmente hacia el liberal Javier Milei.
“Algunos hablan de que esto se soluciona con la dolarización. A mí me gustaría que se entendiera esto. Una parte piensa que esto va a ser como la convertibilidad. No es así. El valor de una moneda no lo da ninguna ley sino el tamaño de la economía. La dolarización de producirse en Argentina, el gran sacrificio va a ser las clases medias argentinas. El mayor consumidor de dólares son las clases medias. El empobrecimiento de estas clases no va a tener límites. ¿Cómo se les pasa por la cabeza?”, expresó.
Y sumó: “Tenemos que tener un Banco Central. Algunos lo quieren quemar. Yo la verdad que bidones de nafta es lo más fácil de conseguir y lo más rápido, pero ¿piensan se puede solucionar de ese modo? Yo no. Pero entiendo que se requiere una reforma en el Banco Central para que cuide la moneda y el tamaño de la economía”.
En otro pasaje de su disertación, la titular del Senado comparó: “Entre 2003 y 2015 no se sacó una sola ley sobornando a nadie, no se obligó a votar nada a nadie”.
“Ahora bien, vino otro partido y no pudo construir su hegemonía democrática. Porque dijo tarifazo y la gente no estaba de acuerdo, reforma provisional y no estaban de acuerdo, vino el FMI y un endeudamiento feroz. El que vino después no pudo construir la hegemonía democrática”, cuestionó.
Y remarcó que “se puede gobernar bajo dos formas: por hegemonía democrática o por consenso, acordando las fuerzas políticas, el modelo de país y hacia donde vamos. Pero si no tenemos hegemonía democrática ni consenso…bueno papito, que te ayude tu hermano”.
Por último, la abogada afirmó: “Le tengo mucho temor a la fragmentación política”, al compararse con países vecinos.
“Miremos un poquito Latinoamérica. En 2011 dos partidos políticos en Perú tenían el 65% de las elecciones. Hoy para juntar el 50% de los parlamentarios se necesitan 5. Ningún candidato llega a más del 20. La fragmentación de la política, porque la gente se la agarra con la política. Y la gente sigue convencida que los políticos son los malos: no, los modelos económicos lo causan. En Perú tienen el Banco Central con dólares”, señaló
Y siguió: “No podemos seguir en un debate tan chato y mediocre y manejado de los medios de comunicación. No nos lo merecemos”.
El proyecto fue presentado por la diputada del Pro Graciela Ocaña y calificaron la disertación de Alberto Fernández como “un apriete del Ejecutivo sobre investigaciones ligadas a la corrupción en el Gobierno. Un ataque desesperado del FdT”.
En el discurso inaugural de un nuevo período de sesiones ordinarias el presidente de la Nación dedicó el tramo final para criticar a la Corte Suprema y al Poder Judicial. Al respecto, diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Graciela Ocaña (Pro), presentaron un proyecto repudiando dichas expresiones y denunciando que su disertación fue “un apriete del Ejecutivo sobre investigaciones ligadas a la corrupción en el Gobierno. Un ataque desesperado del FdT”.
El texto plantea: “Expresar su más enérgico repudio ante el discurso emitido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con motivo de la apertura de las Sesiones ordinarias. Las expresiones vertidas configuran una intromisión inadmisible en asuntos judiciales en trámite expresamente vedada por el artículo 109 de nuestra Constitución”.
“La Constitución, en su art. 99 inc. 8 manda al presidente a dar cuenta del estado de la Nación, y ese acto de importancia institucional no puede ser mal utilizado para atacar una vez más al Poder Judicial en la búsqueda desenfrenada de impunidad para con su vicepresidenta condenada por corrupción”, denunciaron.
A su vez, Ocaña agregó a través de un hilo de tuits que el presidente “atacó a la Corte e interfirió en causas en trámite”, y “puso en peligro al sistema democrático”. En ese sentido, bregó para que “este proyecto lo voten todos los Diputados, en señal de un acuerdo básico: la defensa de las instituciones y garantías de los Ciudadanos”.
“Lo que escuchamos en la sesión inaugural fue lisa y llanamente un apriete del Ejecutivo sobre investigaciones ligadas a la corrupción en el Gobierno. Un ataque desesperado del FdT, que busca despegarse de estas causas a costa de degradar la Justicia”, planteó.
A su vez, manifestó: “Creemos en la necesidad de reforma para mejorar el sistema y la seguridad de todos los argentinos, no para proteger funcionarios flojos de papeles”.
“La gravedad de sus dichos no pueden pasar de largo. Es el presidente y tiene que rendir cuentas por lo que dijo: pedimos que lo haga donde lo tiene que hacer. Reclamamos que se investigue para saber por qué busca interferir y horadar investigaciones judiciales”, sostuvo Ocaña.
Con tono elevado y aplausos, Alberto Fernández dedicó buena parte de su discurso para criticar al Poder Judicial, pero aclaró que “no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia”, sino que prometió “poner fin a los sótanos de la democracia”.
Con la presencia en el recinto del presidente del Tribunal Supremo, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, Alberto Fernández dejó para el final el plato fuerte de su discurso, que duró dos horas en la apertura de la Asamblea Legislativa: el Poder Judicial. El jefe de Estado defendió el pedido de juicio político argumentando que “el accionar de los miembros de la Corte Suprema” fue el motivo para hacer la presentación, pero aclaró que “no hay ningún ataque ni embestida”, sino que había prometido “poner fin a los sótanos de la democracia”.
Esta parte de su discurso despertó aplausos por parte de la bancada oficialista y reclamos de la vereda de enfrente. Incluso, algunos diputados optaron por retirarse del recinto, tal es el caso del interbloque Federal.
En un tono moderado, el presidente recordó que al asumir “prometió poner fin a los sótanos de la democracia”, y ponderó que “lo hizo” porque “el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales”.
“Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal”, expresó en con euforia y denunció: “De nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder”.
En esa línea, hizo referencia a los chats filtrados que “dejaron en evidencia la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, exagentes de inteligencia y políticos”. Al respecto, lamentó que “el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.
A continuación, ejemplificó: “Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares”.
“Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, planteó y recordó que en 2020 convocó a “un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que, en este Honorable Congreso, se avance en las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles”. Asimismo, criticó que dicha propuesta se aprobó en el Senado, pero nunca fue tratada en la Cámara de Diputados.
También denunció que el Poder Ejecutivo “padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias”, y que el Congreso “debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura”.
Al respecto, planteó que “si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.
“¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?”, preguntó entre gritos el presidente.
Por otro lado, hizo mención al pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal y aclaró que “el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados”.
“Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, le planteó a la oposición el abogado.
Y remarcó: “No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Sin embargo, hizo una salvedad: “No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales”.
“No podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en el más alto tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles”.
El jefe de Estado argumentó que reclama “en defensa del Estado de Derecho”, y volvió a elevar su tono de voz para decir: “No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución”.
“Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”, disparó.
Así siguió con fuertes acusaciones: “Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia alegando persecuciones”.
“Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república”, reiteró.
Y remató: “Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial”.
“Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”, cerró ese tramo de su alocución en medio de un aplauso oficialista.
La diputada oficialista sostuvo que “el daño institucional provocado por la Corte es muy grave”, y destacó la denuncia que ratificó la legisladora Paula Oliveto.
La diputada nacional María Rosa Martínez (Frente de Todos – Buenos Aires) se refirió al proyecto que presentó de pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema por la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y afirmó que “se registran una serie de denuncias y desmanejos” y defendió que se avance en la admisibilidad del juicio político donde se investigue el “mal desempeño y posible delito de malversación”.
“Presentamos junto al diputado Pablo Carro un proyecto de acusación por mal desempeño y posible delito de malversación a los cuatro integrantes de la Corte por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, afirmó Martínez en declaraciones a radio AM 750.
Este jueves la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados llevará adelante una nueva reunión en la cual el oficialismo buscará aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La legisladora sostuvo que “el daño institucional provocado por la Corte es muy grave”, y recordó que en el año 2008 se llegó a “una acordada que habilitó al máximo tribunal de justicia a una serie de atribuciones” en la obra social del Poder Judicial”.
“Se registran una serie de denuncias y desmanejos. Algunos son la falta de designaciones en el directorio o en las funciones administrativas. Tenemos un caso en el cual una persona a cargo de la firma de cheques es sobrina de Juan Maqueda, quien no tenía antecedentes en la tarea ni formación para desempeñarse en ese cargo”, detalló.
Además, Martínez consignó que se registró en la obra social “una falta de previsión presupuestaria” y los balances “no eran firmados por el colegio profesional” de Ciencias Económicas.
En tanto, la legisladora oficialista aseguró que la denuncia ratificada por la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), donde también se exponen irregularidades en el manejo de la Obra Social “fue muy importante” y agregó: “La denuncia de la CC reitera el tema, casi en los mismos términos que nosotros. Con la acusación de Oliveto queda claro que hay razones fundadas”.
El senador kirchnerista manifestó que “hay un partido judicial que ha decidido proscribir a Cristina Kirchner”. Además, tildó a JxC de “irresponsables y destituyentes que no permiten que el Congreso funcione”. ¿Qué dijo de su nota hacia la secretaría de Energía?
El senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) habló sobre la nota que le presentó a la secretaría de Energía de la Nación para que la administración de las represas pase a manos de Enarsa, en conjunto con las provincias de Neuquén y Río Negro al denunciar que en 30 años “no hubo una sola inversión en nuevas centrales hidroeléctricas”. Por otro lado, apuntó contra el Poder Judicial y el reciente fallo en favor de Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti -titular de la Corte-.
En diálogo por El Destape Radio, el oficialista aclaró que “no” quiere dar opinión sobre el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema hasta que “institucionalmente me corresponda hacerlo”.
Al ser consultado por la nota que presentó a la Secretaría de Energía a Flavia Royón con autoridad concedente en su momento, explicó que fue “en virtud de que este año vencen los 30 años de concesiones de centrales hidroeléctricas construidas por el Estado Nacional y en cumplimiento de ese contrato, que establecía que a los 30 años finalizaba la concesión y se revertirá al Estado Nacional la administración y operación en mantenimiento”.
“Lo que solicito es que se haga efectiva el cumplimiento del contrato, que se le de seguridad jurídica, que se revierta al Estado Nacional como dicen los contratos y que la Secretaría de Energía le otorgue a ENARSA la administración, el mantenimiento y la operación de esas centrales que es una empresa del Estado”, planteó Parrilli
También pidió que “ENARSA coordine y acuerde con la provincia de Neuquén y Rio Negro y que conjuntamente sea la administración, el mantenimiento y la operación y que busquen la conformación de las mejores unidades de negocio que correspondan para llevar adelante y retomar la administración de estas represas que generan una importante energía eléctrica para el país. Del total de energía consumida en el país estas centrales generan el 7% y del sector hidroeléctrico son casi un 30%”.
“Se buscan unidades de negocio donde no se descarte la participación del capital privado, pero ya desde una óptica diferente, distinta de la que fue en su momento las concesiones del 93’”, propuso.
En suma, criticó: “Durante estos 30 años están en un buen estado de mantenimiento, no necesitan grandes inversiones, lo cierto es que las abultadas ganancias que han tenido estamos hablando de en los últimos cinco años las concesionarias ganaron más de u$s 2.000 millones, participaron de la fuga de capitales que vimos en el 2016-2019 los dólares que se llevaron al exterior y no hubo una sola inversión en nuevas centrales hidroeléctricas, no invirtieron un solo peso en la generación de nueva energía. Por eso creemos que debe cambiar el mecanismo de participación donde parte de la ganancia sea reinvertida en la Argentina”.
“Presenté un proyecto sobre esto, que no se llegó a tratar, pero no necesariamente necesitamos una ley, lo que hay que hacer es cumplir con los contratos vigentes y darles seguridad jurídica a las empresas”, recordó el neuquino.
Al ser consultado por el funcionamiento de la justicia respecto al fallo en favor de Silvio Robles, el kirchnerista cuestionó: “Está claro que hay un partido judicial que ha decidido proscribir a Cristina Kirchner con los fallos que está llevando adelante y lo hemos visto en los últimos días con este fallo que no se permite investigar a la Corte actual y a los funcionarios de (Mauricio) Macri y de (Horacio) Rodríguez Larreta por la filtración de escuchas ilegales. La doble vara que se ha utilizado porque las escuchas ilegales solo sirven para los peronistas ¿no? recordemos que la causa del memorándum con Irán fue generada de esta forma”.
“Hoy todo este partido judicial con el aval de la Corte, están diciendo que no se pueden utilizar las escuchas ilegales para llevar adelante investigaciones de proceso, para los macristas, ahora para los peronistas las escuchas ilegales sirven como está demostrado en la historia de manera que esta muy claro que hoy las disputas electorales contra el macrismo y grupos de poder, sino también contra el poder judicial y la Corte Suprema”, disparó Parrilli.
Por otro lado, sobre la situación de Milagro Sala sostuvo: “El indulto es una cuestión de estricta justicia para revertir un proceso penal absolutamente armado por Gerardo Morales con clara intención y fin político de persecución de una dirigente social. Lo único que queda es la acción del Ejecutivo, esta en manso del presidente y es el que tiene que decidir. El indulto es posible ante las irregularidades que hay”.
Por último, al ser consultado por la postura de la principal bancada opositora de cara a extraordinarias, lanzó: “En Cambiemos hay un grupo reducido, que hoy conduce al conjunto, que está en una actitud de imposibilitar la gestión del gobierno. Para ellos la democracia es hacer lo que ellos quieren y nada más”.
“En el Senado ni siquiera van a las comisiones no participan, no debaten, no discuten, están en una política errada de cuanto peor mejor, no permiten ni discutir temas trascendentes como Consejo de la Magistratura, como la deuda, como todos los proyectos que están parados por esta actitud irresponsables y destituyente que tiene un sector de JxC que no permiten que el Congreso funcione”, cerró.
La titular del Senado lanzó fuertes críticas hacia el Poder Judicial y denunció que armaron “un juicio con una precisión y con una cronología electoral francamente casi quirúrgica”, y pidió a los argentinos que “hay que despabilarse”. También cuestionó a la Ciudad por el conflicto de la coparticipación.
Tras haber cursado Covid, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cerró el año con una reaparición pública a tres semanas de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el juicio por la causa Vialidad, y en medio de la puja entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación.
Al respecto, y como era de suponer, la abogada volvió a apuntar contra el Poder Judicial por la condena y aclaró que su decisión de no ser candidata en 2023 no es “ni renunciamiento ni autoexclusión, es proscripción”, y denunció que el juicio fue armado “con una precisión y con una cronología electoral casi quirúrgica”, al tiempo que les pidió a los argentinos que se “despabilen”.
Por otro lado, apuntó contra la oposición, puntualmente hacia la figura del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el conflicto de la coparticipación: “Un país en función concéntrica”.
La titular del Senado fue la principal oradora del acto que se realizó este martes en el marco de la inauguración el polideportivo Diego Armando Maradona en Villa Corina, Avellaneda, en el que estuvo acompañada en el escenario por el intendente Jorge Ferraresi y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Bajo el cántico de “si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar” y ante un fuerte aplauso, la abogada comenzó su discurso a las 19.45 agradeciendo a los presentes y diciéndoles: “Yo también los quiero mucho”.
CFK arrancó su disertación un poco nostálgica al recordar las “intendencias, en el sur allá en Rio gallegos cuando Néstor se lanzó a hacer playones deportivos y gimnasios por toda la ciudad porque, acá los pibes pueden jugar en un potrero al aire libre, en un descampado, en un baldío como hay tantos en la provincia, pero en el sur con el frío y el viento. La verdad que la experiencia deportiva necesita en serio de mucha infraestructura en el sur y Néstor cuando era intendente hizo muchos playones deportivos y gimnasios”.
“Escucharlo también a Axel hacer colegios, alcaldías, hospitales, también me recordó aquella experiencia maravillosa que fueron las tres gestiones como gobernador de Néstor. Yo escuchaba y parecía como que retrocedía en el tiempo y escuchaba esa voz, esa esperanza, ese sueño que llegó a donde, yo sinceramente, nunca pensé. A mi me parecía que con la gobernación habíamos coronado la militancia política, la verdad que lo que vino después, la presidencia, la transformación, esos 12 años y medio que transformaron el país y lo desendeudaron…”, rememoró y se sinceró: “Me hicieron sentir un poco de nostalgia entre ambos”.
En otro tramo de su discurso, apuntó contra los medios: “Hoy venía para acá y venía algunos videograph en los canales o en los diarios ‘es el primer discurso de CFK después de su renunciamiento’… bueno, vamos a hablar clarito. Soy peruca y hablamos clarito”, lo que despertó aplausos y el pedido de los militantes: “Cristina presidenta”. En ese momento, interrumpió con un pedido: “No canten eso. No era eso, no, no. Escúchenme, no sean malos”.
“A lo que voy es a lo siguiente. Desde un lado empezaron a hablar del renunciamiento, después en otros lados empezaron a hablar de la autoexclusión. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y tampoco hay autoexclusión”, aclaró y remarcó: “Vamos a hablar clarito: hay proscripción”.
En ese sentido, explicó: “El día que yo hablé no estaba enojada, no es que en el fervor de un discurso dije algo…no, no, no. Fue algo meditado”, y tiró: “No soy una persona… pese a que no sé por qué razón siempre me han… debe ser porque soy mujer ¿no? las mujeres siempre somos las locas ¿no? Los hombres pueden decir cualquier cosa, cualquier barbaridad o decir un día una cosa, y al otro día otra cosa, y pasado mañana tal vez otra. Pero a ellos todo se les disculpa, a nosotras todo se nos tergiversa, confunde, agranda, y mienten”.
“Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción porque ese procedimiento, esa estrategia de proscripción no es nueva. Creo que la comenzaron a pergeñar el día siguiente al 9 de diciembre que nos despedimos en la Plaza y empezamos a cantar ‘Volveremos'”. Ese día empezaron a pensar en la proscripción”, afirmó la vicepresidenta.
Y relató: “Lo primero que hicieron fue armar un juicio con denuncias, pero con una precisión y con una cronología electoral francamente casi quirúrgica”. En clave electoral, contó: “No sé si se acuerdan, que ‘luego de un juicio armado’ (Julián) Ercolini era el juez, de 3 años decidieron que el juicio oral en el que me iban a sentar en el banquillo de los acusados era el 21 de mayo del 2019, planificaron sentarme en el banquillo de los acusados. 15 días exactos antes de que cerraran los plazos electorales para armar los frentes electorales en donde se disputaría una vez más la presidencia de la Nación”.
“Nadie se acuerda de eso porque yo, tres días antes, desarticulé esa maniobra francamente prescriptiva cuando anunciaba que íbamos a ir a un frente electoral con quien hoy es presidente de la República. Simplemente por eso, era una clara maniobra prescriptiva”, manifestó.
Y continuó: “Luego siguió el juicio, que podría haber terminado en un año, pero lo estiraron, lo estiraron para que llegara el próximo turno electoral y el 9 de marzo van a ‘leer los fundamentos de la proscripción’”, y lo comparó con el 9 de marzo de 1956 día en el que se publicó en el Boletín Oficial el decreto con el cual se prohibía decir las palabras Perón, Evita y se prohibía cantar la marcha peronista. “Este es el tema de la proscripción”, insistió.
“La proscripción es un acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política argentina para que nadie se vuelva a animar a tanto”, denunció CFK y enumeró: “Para que nadie se vuelva a animar a recuperar las FJP o YPF o sancionar la Ley de Medios o mejorar la distribución del ingreso de modo tal que los trabajadores participen del 50% del PBI y que tengan el mejor salario, o que la educación tenga el 6% del PBI o desendeudar al país y decirle al FMI ‘chau no te necesitamos más, las políticas económicas las decidimos acá los argentinos, en la Casa Rosada y en el Parlamento’”.
“Y un efecto disciplinador y vaya si lo logran…”, remarcó. En esa línea, recordó que en diciembre del 2020 “donde después de la pandemia Sergio (Massa), que en ese entonces era presidente de la Cámara, decía que íbamos a crecer y yo dije que íbamos a crecer, pero que era importante que ese crecimiento no se lo quedaran tres vivos, que era necesario redistribuir y alinear tarifas, precios, salarios, jubilaciones. Y que esto implicaba, porque, cuando uno decide mejorar la distribución de ingreso en el país, afecta intereses y por lo tanto genera resistencias, molestias y represalias también”.
En ese contexto, reflexionó que “el miedo es un gran disciplinador de la dirigencia política y un gran frustrador de las sociedades. El miedo no construye nada, el miedo pulveriza el poder popular, y tiende a desnaturalizar la política y hace que aparezca la insatisfacción democrática y la política termina siendo algo que a la gente no le gusta, que no le soluciona la vida porque no le soluciona los problemas. Que cuartada maravillosa”, y subrayó: “Eso es lo que nos está pasando en la Argentina”.
Sin lugar a dudas, la funcionaria opinó sobre el tema de la coparticipación y el fallo de la Corte Suprema y preguntó: “¿Qué está pasando con la cuestión democrática en la Argentina?”, y respondió con munición pesada: “Mauricio Macri modificó con un decreto simple lo que le tocaba al Gobierno Nacional de coparticipación y le dio muchísimo a la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina. Lo que le quitó de esa porción que va a las provincias, se lo dio a la Ciudad”.
“Y después, esto que había sido discutido por todos los gobernadores, fue resuelto por un decreto del presidente Alberto Fernández, que no quedó solo en decreto simple, sino que hubo una ley del Congreso de la Nación que consagró esa nueva distribución del ingreso”, añadió.
Y apuntó: “Sin embargo, la Corte hizo caso omiso de la ley. Ahora se suspende una ley, una cosa insólita porque las leyes no pueden suspenderse, el único que puede hacerlo es el Congreso, el Poder Judicial puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderla es imposible”.
En esa línea, retomó la disputa por el lugar en el Consejo de la Magistratura y disparó: “También hicieron una incursión en el Poder Legislativo como resultado de las elecciones de los estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura, no había sido del resultado que esperaban y por primera vez el peronismo orgánicamente colocaba un peronista en el estamento de los abogados, y salieron a modificar esa ecuación”.
“Hoy una jueza vuelve a ratificar que esto debe ser resuelto por el Congreso en el marco del derecho parlamentario, sin embargo ¿qué hicieron los ‘supremos’ a través de una acordada? modificaron la situación. Es de una anomalía”, expresó CFK, al tiempo que denunció: “No estamos ante un hecho antijurídico, sino ajurídico es como que hubiera desaparecido el Estado de derecho, como si hubiese desaparecido el derecho”.
Y siguió: “Créanme que este partido judicial influye sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos”, por eso pidió a los argentinos que “hay que despabilarse”, porque “cuando te arrancan la cabeza con el celular, el cable, internet, es porque hubo un juez que dictó un amparo para que no sea servicio público. Lo mismo con las prepagas”.
“Estos mismos jueces permitieron que los dólares que necesitamos en las fábricas, se los den a los que quieren comprarse un Porsche o quieren importar 30 millones de dólares en toallas”, criticó y chicaneó: “Uno de los jueces que hizo esto fue el de Lago Escondido que, junto con exfuncionarios de inteligencia y del Gobierno de la Ciudad, con camaristas, con los directivos del Grupo Clarín que hoy comanda este estado paralelo que tiene la Argentina, es la que está definiendo un poco la calidad de vida de los argentinos”.
La titular de la Cámara alta aclaró: “Yo no me voy a someter a la fuerza política nuestra a llevar de candidata a alguien que le dijeran ‘está condenada’ y de esa manera ser funcional lo de ellos que quieren, no es contra mí, es contra el peronismo”, y volvió a apuntar contra Rodríguez Larreta: “Y lo vemos en esta decisión de la coparticipación donde le van a dar para la campaña electoral al jefe de gobierno de la Ciudad le van a incrementar lo que tiene en 6 presupuestos de la localidad de Avellaneda”.
“Lo que se gasta en plantas, y adornos en la Ciudad, es un presupuesto de 1 año de Quilmes. Cuando alguien va a la Ciudad dicen ‘guau, ¡qué gestión papá!’ En la Ciudad tienen todo, taxis, subtes, bondis. Un país en función concéntrica”, cuestionó e insistió: “Advirtamos esto. Cada militante tiene su bastón de mariscal en la mochila: sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Y no pidan permiso a nadie para sacarlo. En todo caso, si se equivocan, pidan perdón. Pero permiso, no le pidan permiso a nadie”.
Antes de cuestionar al diputado del Pro Gerardo Milman involucrado en el atentado contra su persona y de sembrar sospechas sobre su lista de colaboradoras, a las que la vicepresidenta llamó “señoritas”, recordó el ejemplo del diputado kirchnerista Juan Emilio Ameri, expulsado de la Cámara baja tras ser captado en plena sesión virtual “chupando una teta”, en palabras de CFK.
Además, defendió al exministro de Planificación: “Han desaforado a algún diputado también, como De Vido, dos años preso por una causa que después se descubrió que el perito era trucho y el informe por el cual lo llevaron preso también”.
“Hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y todo aquel que, si lo sea, se le inventan cosas y se lo deja afuera”, cuestionó al referirse a Milman. Y lanzó otro llamado al peronismo: “¿Es sostenible un país con estos parámetros en la administración de justicia? No, seguramente no. Por eso es necesario salir a hablar y explicar. A bajar, a tomar contacto con la realidad, con el barrio, hablarle a la gente”.
En otro tramo que se leyó como un mensaje al interior del oficialismo, trazó una comparación con el fútbol y reclamó que haya “un árbitro en serio del Poder Judicial”.
”Me parece que esto no estemos mirando los peronistas para el cielo esperando que alguien baje mágicamente a decirnos qué es lo que hay que hacer”, apuntó e instaló la necesidad de “replantearse estas cosas y saber también que es necesario que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros”.
A su vez, reclamó: “Para ser un poco futbolera, a tono, es como que si vos estás jugando un partido y el árbitro te bombea y el otro te hace penales, foules y no le cobra nada. Esto está pasando”.
“Necesitamos que vuelva a haber un árbitro en serio del Poder Judicial en Argentina que aplique el derecho y que tenga la garantía para todos los ciudadanos de que todos son iguales ante la ley. Esto no existe hoy y es grave”, alertó.
Al cierre de lo que fue su último discurso del año, la vicepresidenta volvió a hablar de “mafias y Estado paralelo”, en la tónica de su descargo virtual tras la condena en Vialidad. Y llamó a movilizarse el 24 de marzo de 2023, cuando se cumplirán 40 años del regreso de la democracia, bajo una consigna: “Argentina y democracia sin mafias”. Con casi tres meses de anticipación, la exmandataria aseguró: “Los argentinos nos lo merecemos”.
A propósito del viaje a Lago Escondido de jueces, empresarios de Clarín y funcionarios porteños, el diputado oficialista consideró que hay que avanzar con una reforma judicial.
El diputado nacional José Luis Gioja (FdT) consideró este miércoles que es necesario avanzar con una reforma judicial, porque dentro de la Justicia “está funcionando una especie de poder paralelo”.
En alusión al viaje a Lago Escondido que hicieron en octubre pasado jueces, empresarios de Clarín y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, que se conoció tras una filtración de chats en la que hablaban de ocultarlo, el legislador señaló: “El presidente (Alberto Fernández) pidió tratar la reforma judicial, y me parece que tenemos que avanzar con ese tema”. Ese proyecto tuvo media sanción del Senado, pero nunca pudo alcanzar el número necesario en Diputados.
“Creemos en ese pacto democrático del que habla la vicepresidenta (Cristina Kirchner) y hay que poner toda la voluntad para que ese acuerdo exista. Los sectores que están detrás de las cortinas no deben entorpecer el desarrollo de Argentina”, continuó.
En declaraciones a AM990, el sanjuanino opinó que el viaje a Lago Escondido “es la punta del iceberg”, pero advirtió que “está funcionando una especie de poder paralelo que maneja las decisiones que se tienen que tomar, entorpece la democracia y se cercenan derechos y libertades”.
El vicepresidente segundo de la Cámara baja expresó que es importante “madurar” para que “las instituciones de la democracia funcionen”. “La base de la República es la división de poderes. El Poder Judicial no se puede salir de esos márgenes. Esto debilita la democracia, y a lo mejor es lo que quieren”, completó.
El senador jujeño apuntó contra la oposición por “no” tener voluntad política para avanzar en las reformas a la Justicia que están pendientes en la Cámara de Diputados. Además, exigió al Poder Judicial “cumplir el rol que establece la Constitución Nacional”.
El senador nacional Guillermo Snopek (FdT – Jujuy) señaló este martes que en el juicio de la causa Vialidad, en la que se encuentra imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “se realizó una persecución política que además pretende coartar el sistema democrático”, y apuntó contra la oposición por “no” tener voluntad política para avanzar en las reformas a la Justicia que están pendientes en la Cámara de Diputados”.
“Este fallo busca lesionar la democracia porque a través de causas judiciales se realizó una persecución política que además pretende coartar el sistema democrático. Esto es peligroso para nuestro sistema representativo, republicano y federal”, remarcó Snopek en declaraciones a la radio AM 530.
Sobre la situación actual del bloque del FdT en la Cámara alta, el jujeño sostuvo que el bloque de la coalición oficialista “apoya a la vicepresidenta en la conducción” de ese cuerpo legislativo.
“El Congreso este año trabajó en varios temas, en particular. El Senado aprobó varias reformas con media sanciones”, destacó el jujeño, pero apuntó contra la oposición: “No veo que haya voluntad política en la Cámara baja. Esta situación pone la lupa en la oposición que tiene vínculos con la Justicia y por eso evitaron tratar el tema de una reforma judicial”.
El legislador oficialista se refirió, además, a la difusión de los chats que mantuvieron funcionaros porteños, magistrados, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con la intención de coordinar una versión falsa sobre un viaje que realizaron juntos a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia en la cual se habrían alojado.
“Es una trama de impunidad que aleja a la justicia de los ciudadanos porque la gente común que mantiene sus reclamos, cada vez tiene menos esperanzas. Con estos chats que se conocieron, quien va a creer en la imparcialidad de la justicia. Ni me quiero imaginar lo que ocurre en distritos como Jujuy, donde el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial responden a una misma persona”, indicó Snopek en relación al gobernador de la provincia, Gerardo Morales.
Para el senador nacional, esta “politización” de la Justicia “empezó en el Gobierno de Mauricio Macri con el manejo de causas y luego se trasladó a la provincia de Jujuy”, y bregó: “Tengo fe y esperanza en que la sociedad abra los ojos y esto se corte. La justicia debe realmente cumplir el rol que establece la Constitución Nacional”.
El jefe de Estado se refirió a los chats difundidos que involucran a jueces y funcionarios del Pro en un viaje al sur. Al respecto solicitó al Congreso que “avance con el proyecto de reforma del Poder Judicial”, y a los legisladores porteños del FdT que “de corresponder “presenten el juicio político”.
Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablara a través de una breve cadena nacional este lunes, en cuya disertación hizo hincapié en los chats difundidos que involucran a jueces, funcionarios del Pro y directivos del Grupo Clarín en un viaje al sur, la oposición lo criticó y consideró el mensaje como un “apriete” a los jueces de cara al juicio por la causa “Vialidad” que enfrenta la vicepresidenta de la Nación y que este martes se conocerá el veredicto.
En su discurso de tan solo siete minutos, el jefe de Estado instruyó al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento. También al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
Por otro lado, solicitó al bloque de legisladores porteños del FdT que “evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados”. Por último, pidió al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.
Desde la vereda de enfrente, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, escribió: “Presidente, está claro que usted es testaferro de la presidenta en funciones. Las intentaron todas: lawfare, operaciones de inteligencia y mentiras. Pero el que robó el dinero del pueblo LAS PAGA. AHORA, LA PLATA DEL PUEBLO DEBE VOLVER AL PUEBLO”.
“Una vez más el presidente eligió violar la constitución inmiscuyéndose en causas en curso (ya hay una denuncia por espionaje) y ser gerente de una facción en vísperas del fallo sobre CFK. Pudo ser el presidente de todos los argentinos, volvió a elegir ser vocero del kirchnerismo”, cuestionó el diputado del Pro Waldo Wolff.
En el mismo sentido, Alberto Asseff sostuvo que la cadena nacional “es un desesperado intento de ‘compensar’ el impacto del fallo del Tribunal q juzgo a CFK en causa Vialidad”, y le sugirió: “¿Por qué no usa la cadena nacional para anunciar la depuración a fondo de los planes sociales plagados de fraudes y con la plata q se ahorre asignar créditos blandos a pymes q creen trabajo? Vergüenza presidente Fernández”.
“La desconexión con la realidad es total. Lamentable que el presidente utilice la cadena nacional para montarse a una opereta berreta y apretar a la justicia, en un intento desesperado por darle impunidad a la vicepresidenta ¿Están nerviosos? Dejen actuar al PODER JUDICIAL”, denunció la diputada Mercedes Joury.
La diputada radical Soher El Sukaria manifestó: “¿Querés saber qué es un apriete? El presidente en cadena nacional un día antes de la sentencia de la causa vialidad”. Su par Soledad Carrizo escribió: “Mas allá de la “oportuna” Cadena Nacional de @alferdez un día antes del veredicto sobre el caso de vialidad contra @CFKArgentina, esperamos que la Justicia continúe con la investigación correspondiente y no se vea afectada por la amenaza desesperada del Sr. presidente”.
Por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman sostuvo: “La justicia es un escándalo, el espionaje es un escándalo. La podredumbre es total”, y agregó: “Impacta la obscenidad de la connivencia entre jueces, poder económico, grandes medios y funcionarios políticos del “affaire Lago Escondido”. Y después hablan de república…”.
“No pueden seguir hablando de ‘sótanos de la democracia’ cuando los servicios se usan descaradamente en una guerra de negocios y de intereses de uno y otro sector de poder. Más que sótanos, parecen los cimientos de un sistema que beneficia a pocos y hunde a las mayorías populares”, criticó Bregman y opinó que ‘no será con maniobras, chicanas y filtraciones como se acabará con este poder judicial criado a fuerza de ‘servilletas’ y ‘servicios’. Elección de los jueces por voto popular y juicios por jurados. Hay que terminar con la corporación judicial de raíz”.
Desde el bloque que conduce Javier Milei, La Libertad Avanza, apuntaron: “Cadena Nacional para apretar jueces un día antes de la condena a CFK. La casta tiene MIEDO”.
El jefe de Estado se refirió a los chats difundidos que involucran a jueces y funcionarios del Pro en un viaje al sur. Al respecto solicitó al Congreso que “avance con el proyecto de reforma del Poder Judicial”, y a los legisladores porteños del FdT que “de corresponder “presenten el juicio político”.
Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablara a través de una breve cadena nacional este lunes, en cuya disertación hizo hincapié en los chats difundidos que involucran a jueces, funcionarios del Pro y directivos del Grupo Clarín en un viaje al sur, la oposición lo criticó y consideró el mensaje como un “apriete” a los jueces de cara al juicio por la causa “Vialidad” que enfrenta la vicepresidenta de la Nación y que este martes se conocerá el veredicto.
En su discurso de tan solo siete minutos, el jefe de Estado instruyó al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento. También al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
Por otro lado, solicitó al bloque de legisladores porteños del FdT que “evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados”. Por último, pidió al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.
Desde la vereda de enfrente, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, escribió: “Presidente, está claro que usted es testaferro de la presidenta en funciones. Las intentaron todas: lawfare, operaciones de inteligencia y mentiras. Pero el que robó el dinero del pueblo LAS PAGA. AHORA, LA PLATA DEL PUEBLO DEBE VOLVER AL PUEBLO”.
“Una vez más el presidente eligió violar la constitución inmiscuyéndose en causas en curso (ya hay una denuncia por espionaje) y ser gerente de una facción en vísperas del fallo sobre CFK. Pudo ser el presidente de todos los argentinos, volvió a elegir ser vocero del kirchnerismo”, cuestionó el diputado del Pro Waldo Wolff.
En el mismo sentido, Alberto Asseff sostuvo que la cadena nacional “es un desesperado intento de ‘compensar’ el impacto del fallo del Tribunal q juzgo a CFK en causa Vialidad”, y le sugirió: “¿Por qué no usa la cadena nacional para anunciar la depuración a fondo de los planes sociales plagados de fraudes y con la plata q se ahorre asignar créditos blandos a pymes q creen trabajo? Vergüenza presidente Fernández”.
“La desconexión con la realidad es total. Lamentable que el presidente utilice la cadena nacional para montarse a una opereta berreta y apretar a la justicia, en un intento desesperado por darle impunidad a la vicepresidenta ¿Están nerviosos? Dejen actuar al PODER JUDICIAL”, denunció la diputada Mercedes Joury.
La diputada radical Soher El Sukaria manifestó: “¿Querés saber qué es un apriete? El presidente en cadena nacional un día antes de la sentencia de la causa vialidad”. Su par Soledad Carrizo escribió: “Mas allá de la “oportuna” Cadena Nacional de @alferdez un día antes del veredicto sobre el caso de vialidad contra @CFKArgentina, esperamos que la Justicia continúe con la investigación correspondiente y no se vea afectada por la amenaza desesperada del Sr. presidente”.
Por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman sostuvo: “La justicia es un escándalo, el espionaje es un escándalo. La podredumbre es total”, y agregó: “Impacta la obscenidad de la connivencia entre jueces, poder económico, grandes medios y funcionarios políticos del “affaire Lago Escondido”. Y después hablan de república…”.
“No pueden seguir hablando de ‘sótanos de la democracia’ cuando los servicios se usan descaradamente en una guerra de negocios y de intereses de uno y otro sector de poder. Más que sótanos, parecen los cimientos de un sistema que beneficia a pocos y hunde a las mayorías populares”, criticó Bregman y opinó que ‘no será con maniobras, chicanas y filtraciones como se acabará con este poder judicial criado a fuerza de ‘servilletas’ y ‘servicios’. Elección de los jueces por voto popular y juicios por jurados. Hay que terminar con la corporación judicial de raíz”.
Desde el bloque que conduce Javier Milei, La Libertad Avanza, apuntaron: “Cadena Nacional para apretar jueces un día antes de la condena a CFK. La casta tiene MIEDO”.
El presidente instruyó al bloque de legisladores porteños del FdT que “evalúen la conducta de los funcionarios de ese distrito” que están involucrados en un viaje al sur con jueces y, de corresponder “presenten el juicio político”.
A través de una breve cadena nacional, que tan solo duró siete minutos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló sobre la situación que se dio a conocer este lunes respecto la filtración de chats entre jueces federales, funcionarios del Pro y empresarios del Grupo Clarín, en el que hablan de intentar ocultar un viaje que realizaron a Lago Escondido, con estadía en la estancia de Joe Lewis -amigo de Mauricio Macri– en octubre pasado, y solicitó al Congreso Nacional que “avance con el proyecto de reforma del Poder Judicial y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.
Además, instruyó al bloque de legisladores porteños del FdT que “evalúen la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y de corresponder presenten el juicio político”, y al Ministerio de Justicia para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue penalmente dicho viaje.
“Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica”, comenzó su ponencia el presidente y destacó: “Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno”.
Sin embargo, consideró que “todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado”, y remarcó la necesidad de tener en el país “de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros”.
En ese sentido, recordó que “algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”.
“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”, explayó en su disertación el presidente.
A su vez, remarcó que “por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”.
“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”, denunció.
Y volvió a disparar contra los medios de comunicación: “No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo ‘Operación Página 12’ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes”.
Al cierre de su discurso, explicó que decidió dar dicho mensaje desde Casa Rosada porque “es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”.
Al mismo tiempo, pidió que “todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora de que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.
Por último, “convencido de que debemos decir ‘Nunca Más’ a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República”, resolvió:
El diputado oficialista se refirió a la difusión de mensajes entre jueces y funcionarios del Pro y lanzó: “Estamos ante un Poder Judicial que vino a sustituir al poder militar para limitar la democracia”.
El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) consideró que hay una “mafia judicial”, en relación los chats que se difundieron entre jueces federales, directivos del Grupo Clarín, un funcionario porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el que intentaron difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis.
“Se quiso borrar de los medios de comunicación la información de esos chats. Estamos ante un Poder Judicial que vino a sustituir al poder militar para limitar la democracia y transformarla en una ficción. Estamos frente a una mafia judicial”, afirmó Moreau en declaraciones por Radio Provincia.
Además, sostuvo que “lo poco que se ha difundido de la información revela el comportamiento mafioso de un grupo de jueces, fiscales, ministros de Seguridad de CABA y directivos de uno de los medios de comunicación más importantes de Argentina”.
“Ellos están tapando el delito de dádivas y, para taparlo, en ese mismo chat imaginan nuevos delitos”, disparó el legislador y agregó que uno de los chats dice que la información sobre el viaje a San Carlos de Bariloche se filtró por “culpa del jefe de la Policía de Seguridad Aeronáutica, amenazando su vida”, y subrayó que “se trata de una asociación ilícita porque tapan los delitos originales con más delitos”.
No obstante, Moreau precisó que “la principal preocupación de este grupo es no ser sancionados por el Consejo de la Magistratura“, y remarcó que, en el Congreso, quedó demostrado que “un sector de Juntos por el Cambio (JxC) tenía que proteger a los que protegen a (Mauricio) Macri, frenando sus causas o transformándolas en papel picado”, al realizar planteos -incluso judiciales- en cuanto a la conformación del Consejo de la Magistratura.
“Este grupo que ayer se desnudó frente a la sociedad genera un tenor obsceno y es el que protege a Macri en Comodoro Py”, lanzó Moreau, quien remarcó que “la consecuencia de lo que va a suceder mañana en la causa Vialidad tiene que ver con este hecho”. En ese sentido, para Moreau, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “mañana será condenada por estas personas que dividen a la sociedad y la hacen elegir si están con la mafia o la democracia”.
En ese marco, señaló: “El objetivo es proscribir a Cristina y esto lo sintetizó en una nota canallesca Clarín al titular ‘La bala no salió, pero la sentencia sí’. Entonces qué podes esperar de este tribunal”.
Moreau manifestó que este martes “podrá haber una movilización espontánea, pero lo que hay que movilizar es la conciencia de los argentinos, ya que la sociedad se enteró de la causa cuando la nombraron los fiscales”, y cerró: “Hubo ocultamiento, amplificación de la mentira y sentencias escritas”.
Por otro lado, en diálogo por el Destape Radio, el diputado kirchnerista destacó que “la situación requiere una cadena nacional del presidente de la República”, porque “se puso en riesgo el Estado de derecho y la propia vigencia de la Constitución Nacional”. “Me parece absolutamente imprescindible”. En tanto que pidió también la intervención de colegios de abogados, asociaciones de magistrados y de la Corte Suprema: “Deben imponer sanciones”.
“Lo primero que hay que hacer es exigir la renuncia inmediata de todos estos jueces a sus cargos, también la renuncia del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y hay que reclamarle a la Corte Suprema que se reúna inmediatamente para analizar medidas disciplinarias”, reflexionó Moreau.
La vicepresidenta de la Nación recomendó, a través de su cuenta de Twitter, una nota del diario Página 12 titulada “La Justicia en Modo Macri”, porque describe “las maniobras del Partido Judicial”.
Luego de que el Procurador general, Eduardo Casal, pidió que se haga el juicio en el caso conocido como “Dólar Futuro” -donde Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída- la Cámara de Casación iniciará las audiencias en otros dos expedientes donde la vicepresidenta logró un sobreseimiento sin realización del debate oral. En la causa conocida como Pacto con Irán este martes las querellas pedirán que la vice vaya a juicio y el jueves en Hotesur y Los Sauces, la fiscalía solicitará lo mismo.
En ese contexto, este lunes la vicepresidenta de la Nación volvió a utilizar su cuenta de Twitter para criticar al Poder Judicial, en esta ocasión, compartió una nota del diario Página 12 titulada “La Justicia en Modo Macri”, y consideró que “describe las maniobras del Partido Judicial”, en la que menciona el juicio solicitado por Casal.
“Hoy en Página 12 ‘La Justicia en Modo Macri’. Exacta y precisa descripción de las maniobras del Partido Judicial”, expresó la presidenta del Senado en la red social del pajarito, al recomendar un artículo de la periodista Irina Hauser.
La nota sostiene que “hay jueces y fiscales que son funcionales al expresidente (Mauricio Macri) y lo han beneficiado con sus decisiones, y que actúan como si la oposición estuviera por ser gobierno o ya lo fuera”. También describe en detalle “las causas contra Cristina Kirchner y exfuncionarios kirchneristas que volverán a cobrar impulso en los próximos días”.
“Cuando decimos ‘Modo Macri’ hablamos de jueces/as y fiscales/as que actúan como si Mauricio Macri o algún otro referente de la oposición estuvieran por ser o ya fueran gobierno”, sostiene el artículo de Página 12.
Y asevera que “son funcionales a Macri en sí, que de hecho ha sido beneficiado con decisiones judiciales, pero se trata de una forma de actuar desde una parte del sistema judicial, que excede a su figura, que es servil a las pretensiones de la derecha en tiempos preelectorales y al poder económico y mediático que denostan al peronismo y al populismo”.
La vicepresidenta de la Nación reapareció en público este viernes en un acto de la UOM y se refirió a los acusados de su atentado: “No eran indignados, eran gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno”. Además, apuntó contra la justicia porque “les sirvo de acusada, no de víctima”, y le dejó un mensaje al presidente.
En medio de la interna dentro del oficialismo y con gran expectativa por su discurso, este viernes la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, participó del cierre de los congresos regionales de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), comandada por Abel Furlán, que se llevó a cabo en el Microestadio Municipal de Pilar Rircardo Rusticucci.
En su disertación, Fernández de Kirchner dejó entrever su posible candidatura a presidenta en el 2023 al expresar: “Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que el pueblo recupere la alegría y la ilusión de que el sueldo alcanza, hay trabajo y hay futuro”.
Fue la primera vez, desde el pasado 1ro. de septiembre cuando sufrió un intento de magnicidio por parte de Fernando Sabag Montiel en la puerta de su departamento, en Recoleta, que la titular del Senado brindó un discurso en un acto público. Al respecto, sostuvo que “no eran indignados, eran gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno”, y apuntó contra el Poder Judicial porque “no van a investigar, porque les sirvo como acusada, no como víctima”.
Por otro lado, le dejó un mensaje al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien en paralelo encabezó un acto en Santa Fe junto a Evo Morales: “Es necesaria una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores, que no va en detrimento de las paritarias”. Por el contrario, elogió al ministro de Economía, Sergio Massa: “Está haciendo también un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó”.
En la jornada, de la que formaron parte delegados y dirigentes del sindicato, también estuvieron presentes el diputado nacional e hijo de CFK, Máximo Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el senador nacional Oscar Parrilli, el diputado nacional Eduardo Valdés.
Entre aplausos, alabanzas y bajo el cántico de “Cristina presidenta”, la mandataria agradeció la invitación y expresó: “Quería estar acá porque, después de algunas cosas, no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras”.
En esa línea, recordó que Furlán en 2016 cuando fue diputado “bancaron las ideas y las convicciones por sobre todas las cosas- Este representante gremial votó en contra del endeudamiento de los Fondos Buitres haciendo honor a esa representación y haciendo honor a su organización”.
Al comienzo de su discurso, en un tono acongojado, la vicepresidenta recordó: “Es mi primera salida. Hoy se cumplen exactamente dos meses y tres días de eso todos vieron por la televisión. ¿Saben que yo también lo vi por televisión? yo no me di cuenta del arma que empuñaron y pretendían en los hechos volarme la cabeza”, y agregó: “Dicen los psiquiatras que es mucho mejor porque el trauma que le queda a la gente donde le martillan en la cabeza es algo que no pueden olvidarse y lo acompaña durante el resto de la vida”.
Y contó: “Yo por suerte no lo vi, pero créanme que en este tiempo lo que no podía sacarme de la cabeza, no aún hoy, es ¿qué hubiera pasado si hubiera gatillado? Esa imagen para mis hijos y mis nietos, yo pienso como todos que cuando nos pasa algo pensamos en nuestros seres queridos”, y analizó: “La verdad que, después de eso que pasó y estos meses de reflexión y de información, creo que algunas positivas de un hecho tan horrible y espantoso, podemos obtener”.
“Decía mi abuela que no hay mal que por bien no venga. La primera conclusión buena que saqué de todo eso fue que esos presuntos indignados que agredían, insultaban, que tiraban cosas encendidas a Casa Rosada, en realidad no eran indignados, eran gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno. Algunos de ellos funcionarios del macrismo que endeudó a la República Argentina”, apuntó la titular del Senado mientras los chiflidos y abucheos retumbaron por el estadio.
Y aclaró que “esto no quiere decir que no haya gente enojada por las cosas que pasan”, pero “lo cierto es que esos indignados que eran reproducidos por la televisión y por algunos programas como ‘que indignada está la gente con los K, con los políticos’, bueno no estaban enojados, recibían millones de pesos para hacer eso. A uno de ellos se le encontró 50 mil dólares en los allanamientos”, y pidió: “Córtenla con los indignados rentados, que no va más esta mentira en el país”.
En segundo lugar, enumeró que “esa fuerza política que dice que va a darle seguridad a los argentinos, descubrimos que durante sus gestiones en seguridad pusieron a conducir la escuela de inteligencia y la dirección nacional de política criminal a una mesa argentina”, y chicaneó: “Cuando la vi pensé que era como las películas de James Bond que la espía es la más linda, pero no es así. Así estamos en la República Argentina”.
“Una justicia que ya estoy resignada porque no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima, les sirvo de acusada, no de víctima a ese partido judicial. Así que son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión”, aseguró.
En otro tramo de su discurso, la vicepresidenta recordó que “en el 2015 la Confederación General del Trabajo y todos los dirigentes gremiales peleaban porque los trabajadores para que no paguen impuestos a las ganancias. Yo se los dije en reiteradas oportunidades, de que no venían por mí, venían por los derechos de los trabajadores”.
En ese contexto, contó que el salario de los trabajadores en ese año era el más alto en dólares y ejemplificó que el de los metalúrgicos era de 2.400 dólares por mes. “Alguien les dijo que no iban a pagar más el impuesto a las ganancias”, remarcó y preguntó: “¿Saben por cuántos votos perdimos las elecciones? por 670 mil votos, ¿saben cuántos trabajadores pagaban ganancias en ese momento? 1.100.000 y así estamos como estamos”.
“Quiero recordar cómo estábamos en salarios, en jubilaciones, en la participación de los trabajadores. Hay 17 puntos entre productividad y salario porque la doctrina liberal de la economía, de la que tenemos muchos adeptos en los medios de comunicación, les dice a los trabajadores que el salario es igual a la productividad. No es así hoy en la República Argentina, esa diferencia es la renta extraordinaria que está tomando el capital hoy en el país”, apuntó.
Y siguió: “Cuando uno habla de economía, hay que hablar con números, no con slogan ni con consignas. El más bajo de los salarios es del año 1977 plena dictadura donde cae verticalmente el salario y recién volvemos a recuperar la participación por arriba el 50% del salario en el producto de la Argentina durante mi segundo gobierno”.
“Siempre escuchamos que los comunicadores dicen ‘no, el primer gobierno de Néstor fue muy bueno. El primero de Cristina también, pero en el segundo’ en el período del 2011 al 2015 los trabajadores participaban en el PBI con el salario más del 50%. Por eso, dicen que los gobiernos anteriores fueron mejores”, indicó y preguntó: “¿Esto qué significa? Significa que veníamos de una caída monumental”.
En esa línea, la vicepresidenta cuestionó a los medios: “Es increíble. Hoy escuchamos en la televisión que alguien que presentan como lo nuevo en la política dice que el mejor gobierno que tuvo Argentina es el de la convertibilidad, el de la década del 90 y que el mejor ministro fue el de la convertibilidad. Pero cuando uno empieza a mirar los números y ver lo que se dice… tenemos un problema de desinformación muy grande”, y opinó: “Hoy el tema de precios, salarios, inversión y gastos del Estado deben ser abordados desde números concretos, no desde el slogan”.
“La recuperación del salario tiene que ver directamente con que vuelva a pagarse el salario de acuerdo a la productividad”, reclamó la abogada y arengó: “Es algo que tienen que luchar los sindicatos”.
En ese sentido, le dejó un mensaje para el presidente: “Es necesaria una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores, que no va en detrimento de las paritarias”, y volvió a disparar contra los medios: “El tema de los precios, cuando nos dicen desde los medios los economistas de que el Estado no tiene que intervenir en los precios porque los mercados son los que deben resolver los problemas… no, no si los mercados fueran transparentes, si estuvieran muy atomizados y no hubiera grupos concentrados, entonces podría ser, pero estamos ante mercados absolutamente concentrados, con cadenas de valor que hacen poner su poder en la distribución del ingreso”.
Es necesaria una suma fija que vuelva a darle la capacidad al salario de los trabajadores. El Gobierno tiene que terciar en la distribución del ingreso”.
“El Gobierno tiene que terciar en la distribución del ingreso, como lo hacíamos durante nuestros gobiernos”, exigió la vice y expresó: “Yo nunca miento, podré tener muchos defectos, pero no el de mentirosa”, momento en el que elogió a Sergio Massa: “El ministro de Economía está haciendo también un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó”.
Por otro lado, volvió a cargar sobre la gestión de Mauricio Macri: “Muchas veces han escuchado mis críticas a determinas cuestiones de funcionarios, pero las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas cuando se toman. En el año 2019 cuando el macrismo había endeudado al país de una manera demencial, cuando había vuelto el FMI que Néstor había dicho que se fuera y le había pagado, en ese momento de tarifazos, de ajustes, de persecución judicial a dirigentes gremiales, que incluso los habían apoyado, y a políticos, el escenario internacional era complejo en elección de Estados Unidos, Trump había puesto 45 mil millones para sostener al gobierno de Macri”.
“La inequidad tributaria y la laxitud fiscal, hay 891 mil trabajadores que pagan impuestos a las ganancias y 640 mil autónomos, lo que da un total de millón y medio que pagan impuestos a las ganancias que representan el 30% del total de ganancias y las 226 mil sociedades comerciales representan el 52%, o sea, los que se llevan la productividad y ponen los precios en los supermercados pagan mucho menos de ganancias que cualquier trabajador”, denunció y apuntó: “El trabajador no tiene posibilidad de dibujar el salario como se dibujan los balances de las grandes empresas que terminan pagando un 5% y no el 35% de Ganancias”.
Por consiguiente, Cristina recordó la ley que crea un Observatorio Nacional de Precios porque “hoy se ha caído esa teoría de que cuando aumentan los salarios, aumenta la inflación. Eso es mentira”. En tanto, aclaró que “esto no empezó con el gobierno del 2019, ni tampoco la inflación. Esto empezó con un gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina y hoy tenemos que destinar dólares al pago de la deuda externa y aceptar los condicionamientos del FMI a las políticas internas”.
En otro tramo de su discurso, la titular del Senado expresó: “Me permito desde la experiencia personal hablar de un nuevo acuerdo democrático. La violencia, fundamentalmente que se ha constituido en el agravio, en el insulto, en desear la supresión del otro, sea eliminada. Esta fue la Argentina del año’83, es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia”, señaló Cristina Kirchner, que en el medio habló de la película “Argentina 1985”.
También destacó la necesidad de un “consenso económico, de discutir en la mesa, no solo los partidos políticos, sino también los sindicatos y las centrales empresarias, el modelo de país y cómo vamos a hacer para salir de la economía bimonetaria”, y añadió: “No me vengan con esas teorías de que van a circular dos monedas, eso lo dicen solamente como un slogan”.
En suma, sostuvo que “es necesario que recuperemos la capacidad de discutir sin agravios, sin violencia, y con números. Hubo una etapa en la que pudimos comenzar a desendeudar a la Argentina, recuperar la industria nacional, las fuentes de trabajo, el ahorro”.
“Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de la gente. Éramos un pueblo alegre, lo recuerdo aquel 9 de diciembre el 2015 en la Plaza de Mayo. Éramos alegres”, manifestó Fernández de Kirchner y cerró su disertación la vicepresidenta en mira de su candidatura a presidenta de cara al 2023: “Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, de que el sueldo alcanzaba, de tener trabajo, de saber que había futuro, esa alegría nos la merecemos”.
Además, el presidente del Frente de Todos en la Cámara de Diputados explicó porque no se decidió retirar el artículo sobre retenciones.
El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue consultado este jueves acerca del rechazo, en el Presupuesto 2023, del artículo para eliminar la exención del impuesto a las Ganancias del Poder Judicial y afirmó: “No lo tomamos como un rechazo definitivo porque el tema está instalado en la sociedad, y con un debate maduro que más tarde o más temprano será aprobado”.
En diálogo con FM La Patriada, el santafesino defendió que se “intentó retomar” una cuestión que ya había sido planteada en 1996, 2013 y 2017. Además, reprochó que el jueves de la semana anterior “hayan aplaudido a (Marcelo) Casaretto” en la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero el martes en el recinto “la posición era otra”, en alusión al no acompañamiento de los diputados de la oposición.
“Seguramente hubo lobby de parte de los jueces, los tribunales orales, los fiscales o los jueces provinciales, pero obviamente a nosotros no nos iban a llamar”, lanzó el oficialista, quien consideró que “el debate está más maduro en la sociedad por considerar el no pago de Ganancias de parte del Poder Judicial como una inequidad o privilegio incomprensible”.
En tal sentido, recordó que la partida original del proyecto presupuestario que llegó desde el Poder Ejecutivo no contenía ese artículo. Sin embargo, aclaró: “Había anexo enviado por el Ministerio de Economía donde se hacían puntualizaciones muy precisas sobre el dinero que se gasta o deja de ingresa por sostener ciertos beneficios”.
Respecto a la media sanción otorgada a la “ley de leyes”, Martínez manifestó que “fue una buena señal de institucionalidad política” el haber logrado la oposición -en su mayoría- apoyará la iniciativa. Asimismo, expresó: “Quedó demostrado que hay un oficialismo dispuesto a transitar el camino del diálogo, y una oposición que se anima a deliberar con el oficialismo para dar con el consenso”.
“A las 22 horas de tratamiento en la sesión hay que agregarle 32 horas de reuniones con ministros y 15 de debate en comisiones. Fue un trabajo de más de 70 horas netas”, ponderó.
Por otro lado, el diputado habló sobre por qué retiraron el artículo sobre retenciones: “Lo que se pidió era tener una nueva sesión de facultades para administrar la suba y baja de retenciones, pero si se perdía la votación iba haber problemas por un frente judicial abierto en Córdoba. Fue importante sacar la votación, pero el debate sigue”. “Lo retiramos para dejar una posición más sólida del Estado argentino”, añadió.
La vicepresidenta del bloque oficialista en el Senado cargó contra JxC y el Frente de Izquierda por el rechazo a los artículos que establecía que el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias.
El rechazo en Diputados a los artículos del Presupuesto 2023 que establecían que jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, generó una ola de críticas por parte del FdT. Una de ellas fue la senadora nacional y vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, quien escribió un fuerte mensaje en redes sociales apuntando contra JxC y el Frente de Izquierda.
En su cuenta de Instagram, la mendocina compartió una imagen en la que se observa un soldado con la etiqueta de ‘macrismo’ que protege de ataques a una persona durmiendo que tiene la etiqueta de “privilegios de los jueces”, y escribió: “Juntos por el Cambio y la Izquierda anoche votaron en contra de afectar la recaudación del impuesto de ganancias de los jueces para financiamiento del “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (Progresar) y del Fondo Nacional de Incentivo Docente”.
Además, lanzó críticas a través de su red social de Twitter: “Debemos reconocerles coherencia, siempre del lado de los privilegiados y de los que más tienen”.
Cabe recordar que el artículo 100, que incorporaba a todos los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a la tributación de Ganancias, resultó rechazado con 116 votos a favor, 134 en contra y 0 abstenciones. En tanto, el artículo 101, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones.
El Presupuesto 2023 recibió la media sanción en la Cámara de Diputados con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, y comenzará a ser debatido en el Senado.
El encuentro estaba pautado para este miércoles en el Senado con motivo de dialogar sobre el artículo incorporado en el Presupuesto que establecía que los magistrados paguen Ganancias, pero el mismo fue rechazo en el recinto de Diputados.
Luego de que en el recinto de la Cámara de Diputados se rechazara el artículo 100 y 101 del Presupuesto 2023 que establecía que el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias, se suspendió la reunión que estaba prevista para este miércoles entre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la Asociación de Magistrados.
En la extensa sesión de Diputados, en la votación particular el artículo 100, que incorporaba a todos los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a la tributación de Ganancias, resultó rechazado con 116 votos a favor, 134 en contra y 0 abstenciones. En tanto, el artículo 101, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones.
La Asociación de Magistrados, presidida por Marcelo Galle Tagle, se había reunido este lunes con los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja donde expusieron sus reparos hacia los artículos mencionados anteriormente que fueron impulsados por el oficialismo. Los magistrados hicieron hincapié en que “no” estaban en contra de pagar Ganancias, pero querían que “se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
En la nota que había sido remitida al Senado, los funcionarios judiciales le pedían a la titular de esa Cámara que “tenga a bien recibir a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta institución, con el objeto de ser escuchados respecto del proyecto de ley de Presupuesto que sustituye el artículo 82 incisos ‘a’ y ‘c’ de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.
La diputada oficialista se refirió a los tres artículos del presupuesto que establece que el Poder Judicial pague Ganancias y sostuvo que “no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.
Palabra esperada era la de la diputada nacional y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley (FdT), en la sesión de este martes en el debate del Presupuesto 2023 en la Cámara baja, respecto a su postura sobre los artículos incorporados por su propio bloque que proponen que el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias ante lo que afirmó: “No podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.
Al inicio de su intervención, Siley aclaró que hablaría de los artículos 100,101 y 102 del Presupuesto que refiere al pago del impuesto a las ganancias al Poder Judicial: “¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde hablar? Cuando una se encuentra en una posición incómoda porque no comparte la dirección de esta definición, lo mejor es hablar desde la sinceridad”.
“En ese sentido, impuesto a las Ganancias ¿no? y ahí decimos desde hace muchísimos años los trabajadores y trabajadoras en la Argentina que el salario no es ganancia. Que la ganancia y, así fue pensado este tributo que originalmente tenía otro nombre, la ganancia es aquella diferencia, aquella rentabilidad, aquellos frutos de la explotación ajena que permite generar la famosa riqueza en base a la cual se distribuyen el ingreso en la Argentina”, explicó.
En esa línea, recordó que “los orígenes de este tributo con Prebisch allá por 1932, no por casualidad mismo hombre que años después, del Golpe del 55’, traería al Fondo Monetario Internacional al país”, y le tiró un palito a la Justicia: “No es por casualidad, por eso creo que algunas juezas y jueces deberían apuntar bien las sentencias hacia donde las direccionan”.
“Se ha dicho mucho sobre este impuesto que fue Perón el que lo puso a los salarios, al trabajo personal, la famosa cuarta categoría. También aquí una diferencia, una claridad que hay que arrojar: cuando Juan Domingo Perón en su tercera presidencia allá por el año 73’ amplía a los altos ingresos este tributo que, en un principio y sin desnaturalización es un tributo progresivo, pero que se ha deformado con el tiempo, cuando lo plantea es porque había un dibujo que lo hacían los gerentes de las empresas y se ponían la rentabilidad como salario y evadían un impuesto a la riqueza”, repasó la diputada.
Y siguió: “Esto hacía que en aquella época tribute un 2% de los asalariados en el país. Las sucesivas crisis económicas de Argentina a raíz de la implantación del Neoliberalismo, y luego lamentablemente de aquellos que dijeron que nadie iba a pagar ganancias, pero terminaron haciendo que el doble pague ganancias, este tributo a los altos ingresos o a la riqueza, se ha desvirtuado a su cuarta categoría”.
En ese sentido, lamentó que “se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado y hoy estamos meta a poner todo el tiempo consecutivamente parches”. Asimismo, aclaró: “Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido, yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores y que esa masa total representa el 96% del Poder Judicial Federal, que no negocia salarios porque no tiene paritarias y porque no tiene convenio colectivo es el Poder Judicial de la Nación, no así los provinciales”.
“En el Poder Judicial Federal 765 jueces hay nada más, más de 30 mil son trabajadores y trabajadoras que tienen sindicato y que hay alguien que lucha por sus derechos y condiciones laborales”, contó Siley.
Por otro lado, recordó que en el 2016 el bloque del Frente para la Victoria “planteó esta reforma del presupuesto lo hizo acompañado de algunas cosas que, cuando volvió del Senado fue recortado ese presupuesto y ahí fue que el bloque se ausentó de la votación porque volvió recortado, porque un plan económico es completo no son golpes esporádicos donde pretendemos medidas como estas que terminamos lamentablemente dañando el salario de trabajadores tal vez con buenas intenciones”.
“En el 2016 lo que se proponía era que, además, de que tribute el Poder Judicial a partir del 2017, se aumentaran las deducciones y se actualizaran las escalas. También se proponía que se recentaran las retenciones a la minería que había sacado Macri o gravar la renta financiera, todo eso se sacó en el Senado y por eso no acompañamos en ese momento”, enumeró la sindicalista.
Al cierre de su alocución, sostuvo que sus compañeros de bancada “referencia al problema de la inflación, de la distribución del ingreso, ese 40 para el trabajo y 60 para el capital, en este momento donde realmente nunca ha sucedido en la Argentina que un trabajador registrado sea pobre, con organizaciones sindicales como la mía que se junto cuatro veces este año para arreglar paritarias para combatir la inflación”.
“¿Vamos a generar que asalariados les pasen a asalariados? Eso no es redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza es cuando le sacamos al capital como lo proponía Axel Kicillof en el 2016 y le transferimos al trabajo para equilibrar el reparto”, reclamó Siley y cerró: “No hay que considerar nunca más que el salario es ganancia y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.
Así lo manifestó el legislador del Frente de Todos al defender la propuesta impulsada por él que fue incorporada al Presupuesto 2023. La misma, afecta a magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial.
El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT), quien además es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, habló este viernes sobre el artículo 110 del Presupuesto 2023 que propone que los funcionarios del Poder Judicial paguen ganancias y afirmó: “Si paga ganancias un camionero ¿por qué no lo puede hacer un juez que, encima, es empleado del Estado?”.
En declaraciones a Radio del Plata, el impulsor de la propuesta dentro de la partida presupuestaria explicó que “la extensión de ganancias a los jueces le cuesta al Estado 238.000 millones anuales”. Además, manifestó que el mínimo no imponible de 320.000 pesos “no debería ser un problema para un juez o empleado Judicial que tenga un salario por encima del millón de pesos”.
Consultado por su exposición en la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado entrerriano celebró que “tuvo el acompañamiento del radicalismo”, y “nadie del Pro y la CC – ARI pidió la palabra para oponerse”. Sin embargo, consideró la cuestión como “una puja política entre poderes”.
Casaretto recordó que funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores de ambas cámaras pagan ganancias, por lo que manifestó: “Esto es un conflicto desde hace décadas, y no será fácil de lograr”.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales inició este miércoles el debate sobre el proyecto del senador kirchnerista Martín Doñate.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, a cargo del oficialista Oscar Parrilli (Neuquén), inició este miércoles el tratamiento de un proyecto de ley que propone reglamentar el traslado de jueces del Poder Judicial, en lo que se constituye como un nuevo intento de avanzar sobre la justicia por parte del oficialismo.
La iniciativa responde a un pedido de la Corte Suprema, pero tiene la evidente intención de reavivar el debate sobre la permanencia en la Cámara Federal -desde donde en 2018 confirmaron fallos contra la actual vicepresidenta en causas por corrupción- de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Menos de diez minutos le demandó explicar los alcances de su propuesta al senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), integrante de La Cámpora quien estuvo invitado a participar de la Comisión.
Más allá de la brevedad del encuentro, Parrilli confirmó que es intención del oficialismo “prontamente tener dictamen” y llevar el tema al recinto de la Cámara alta porque “este es un tema importante y hay un vacío legal” en la materia.
Al hacer uso de la palabra, Doñate agradeció la invitación y la presencia de todos los senadores y sostuvo que la temática le “interesa mucho”. También aclaró que “la idea es comentar a grandes rasgos de qué se trata el proyecto, comenzar a debatirlo y tratar de que en la Comisión de Asesores se siga puliendo la propuesta para que tengamos la mejor ley posible de un tema que es de alta sensibilidad que trae aparejado y que siempre trajo mucha polémica”.
“En los últimos tiempos hubo una situación que nos obliga a dar el debate parlamentario en este sentido porque hay un fallo de la Corte que evidentemente tiene algunas lagunas que ha dejado, un gris en la manera en que las instituciones deben abocarse a cumplir con este tipo de requerimiento de muchos jueces que se quieren trasladar de un juzgado a otro, pero también ha dejado parámetros objetivos respecto de cómo debería ser a criterio de la Jurisprudencia de la doctrina la norma que lo regule”, explayó Doñate.
En ese sentido, siguió: “Taxativamente en el fallo de la Corte expresa la necesidad de que los congresistas se aboquen a esta temática bajo esos parámetros jurisprudenciales y doctrinarios que estableció en el fallo nada más y nada menos que Bertuzzi”.
“Lo que intentamos es venir a dar ese debate para llevar luz y llenar ese vacío legal”, resaltó el rionegrino y leyó textual lo que el fallo Bertuzzi, Pablo Daniel y otros la Corte estableció: “Los traslados son un procedimiento de contingencia, de carácter excepcional y subsidiario y señalando que la regulación congresional -es decir nosotros desde el ámbito parlamentario- permitirá contar con parámetros objetivos referidos a otras cuestiones no reguladas tales como la incidencia de la modificación de la circunscripción territorial del traslado o los límites de igual o similar competencia materiales de los tribunales concernidos. Dicha normativa, precedida del necesario debate democrático, otorgará certeza a los magistrados evitando revisiones esporádicas de su estatus jurídico y a los justiciables en relación a la garantía constitucional del juez natural”.
En esa línea, explicó que “hemos propuesto bajo esos parámetros dar esta propuesta que se inicia en el tratamiento de esta Comisión de Justicia”, y describió los principales objetivos a los que se orienta.
“Proponemos que el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá formular la convocatoria a un nuevo concurso de selección dentro de los 15 días hábiles judiciales de la producción de una vacancia definitiva. Se determina, además en cuanto a los requisitos, que el cargo vacante debe ser del mismo grado, poseer la misma o similar competencia material y pertenecer a la misma o más próxima jurisdicción”, precisó Doñate y aclaró que “estos tres aspectos tienen que tener un mismo status”.
Además, contó que el proyecto establece que el nombramiento definitivo correspondiente al cargo vacante implica la extinción del pleno derecho del traslado respectivo, es decir: “A penas se designe el juez que cumplió con el requerimiento del 99 inc. 3 de la Constitución, inmediatamente ese cargo transitorio quedará en manos de quien fue designado y ese juez que pidió el traslado deberá volver a su cargo anterior”.
“Se encuentran prohibido los traslados que suponen un cambio de fuero, de competencia material y/o de jerarquía. Se establece un procedimiento complejo cuyo primero tramo se encuentra a cargo del Consejo de la Magistratura”, agregó el senador oficialista y sumó que se aplicarán a los traslados producidos con anterioridad estas disposiciones, pero aclaró que “se mantendrán aquellos traslados en los que se verifiquen ciertas circunstancias fácticas”.
Y procedió a detallar: “Hubo situaciones muy excepcionales que el fallo de la Corte no contempló y se dan en circunstancias tales como por ejemplo un juez trasladado se termina su transitoriedad en el cargo y tiene que volver al juzgado original y en ese juzgado ya se concursó, quedamos en una situación de incertidumbre. Está en discusión esta cuestión y proponemos dos opciones que cuando el cargo para el que fue nombrado la juez trasladada al momento de la sanción de esta ley hubiera sido integrado con otro magistrado designado según el artículo 99 de la Constitución. La otra opción es que cuando el cargo para el cual fue nombrado el juez trasladado al momento de la sanción de la ley hubiera dejado de existir”.
Al cierre de su presentación, Doñate informó que “no son muchos los casos, son 5 en el país así que no va a afectar esto al funcionamiento integral del Poder Judicial de la Nación”, e informó que se encomienda al control de los requisitos y condiciones correspondientes al Consejo de la Magistratura y se establece un plazo de 45 días para que el Consejo se aboque a funcionar y a establecer cuáles son aquellos casos que se encuadran en la normativa. Pasados esos 45 días el Consejo determina que no cumplen los requisitos, esos jueces deben volver a sus cargos originales”.
El proyecto fue aprobado con 36 votos a favor y 33 en contra. Una oficialista se opuso. Se modificó la cantidad de integrantes para lograr el apoyo. Cristina Kirchner no estuvo presente en ningún momento.
Tras un caliente debate de más de siete horas, el kirchnerismo se alzó este jueves en el Senado con la media sanción del proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 15 miembros. La votación cosechó 36 votos a favor y 33 en contra, uno de ellos de una oficialista.
En una sesión que no contó con la presencia en ningún momento de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, oficialismo y oposición se sacaron chispas lanzándose reclamos mutuos: mientras desde Juntos por el Cambio acusaron de dinamitar la convocatoria al diálogo con este tratamiento intempestivo del proyecto -congelado desde hace tres meses-, por el Frente de Todos cargaron contra la oposición por “tener miedo” a dialogar y ser criticados así por líderes de su coalición o los medios de comunicación.
Para lograr los números necesarios, el oficialismo accedió a modificar la redacción del texto, ya que el número de 25 miembros, como habían impulsado un grupo de gobernadores, era resistido por los autores de las iniciativas que se habían tenido en cuenta cuando la discusión arrancó en las comisiones: el puntano Adolfo Rodríguez Saá, de la bancada FdT; el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, monobloquistas que son aliados habituales.
Así, se pasó de esos 25 a 15 integrantes, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género. Sin embargo, aunque consiguió votos clave, eso valió el rechazo de una senadora del bloque Unidad Ciudadana: la puntana María Eugenia Catalfamo, del riñón del gobernador Alberto Rodríguez Saá, uno de los que pujaba más fuerte por el máximo tribunal de 25, en contramano una vez más a las ideas de su hermano.
En la votación, para la cual no se requería de mayoría absoluta, el Frente de Todos alcanzó los 36 con 33 propios, Weretilneck, Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana, que siempre vota en conjunto con la bancada que comanda José Mayans. El voto en contra de Catalfamo permitió no poner en riesgo el quórum, pues si se hubiera abstenido, se la contaba como ausente.
Los tres ausentes fueron el oficialista Maurice Closs -afectado por una cuestión de salud-; el cordobés Luis Juez, de Juntos por el Cambio; y la monobloquista Alejandra Vigo, de Córdoba Federal.
La iniciativa, cuyo texto se mantuvo bajo siete llaves en la previa del debate, pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde los proyectos en materia judicial naufragan por la falta de respaldos necesarios. La oposición aseguró este jueves que no será ley, tal como sucedió con la reforma judicial o la modificación del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo al proyecto, los actuales jueces de la Corte –Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda– se mantendrían en sus cargos. Al máximo tribunal le corresponde actualmente una conformación de 5 miembros, pero se encuentra vacante el lugar que dejó con su renuncia Elena Highton de Nolasco.
Un debate netamente político
Como miembro informante del oficialismo, abrió el debate el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, resaltó que fueron seis meses los que se tomaron para analizar el tema y remarcó que “la responsabilidad de legislar, y es tema de este Congreso el tema de la Corte”.
Para Snopek, “una Corte mejorada serviría para zanjar las desigualdades”, y pidió buscar “una Corte federal. Creo que esa ampliación que busca este debate es la pluralidad que tenemos que buscar”, y resaltó que la Corte Suprema es de “4 hombres” interpelando la cuestión de paridad de género, ausente en la composición actual.
La tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) mostró “vergüenza” por el tema debatido al que consideró que “está totalmente alejado de lo que es la agenda de la gente”, y preguntó: “¿En verdad creemos que el tema de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación está entre las prioridades de los argentinos?”.
En esa línea, remarcó que “estamos ante la enésima vez que el oficialismo trae a este Cámara el tema vinculado a la Justicia”, y adelantó que “esto va a terminar en un profundo fracaso”. Asimismo, señaló que “el pecado original de este proyecto es la falta de consensos. Creo que es una pérdida de tiempo”.
Además, Ávila recordó que fue el expresidente Néstor Kirchner, que “con uñas y dientes, y mucha vehemencia apoyaban que la Corte tenga 5 miembros, y no 9 como estaba hasta entonces”, y comparó: “Ahora, el mismo sector dice lo contrario”. En suma, precisó que “nunca se ha demostrado que la cantidad resuelva la calidad de ninguna manera, y tampoco hay un número mágico con respecto a cuántos tienen que ser los miembros de la Corte”.
“Subyace que por atrás hay otra intención y es que se quiere avanzar, manipular al Poder Judicial nuevamente, y eso no lo podemos permitir”, denunció Ávila.
A su turno, la senadora oficialista Silvia Sapag (Neuquén) sostuvo que “la falta de Justicia desencadena fuerzas que son incapaces de controlar”, y apuntó contra los jueces Diego Luciani y Sergio Mola que pidieron 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación por la causa ‘Vialidad’ que “proscribieron alevosamente, mintieron y leyeron”, al manifestar que “el alegato coincide con encender el fervor asesino del grupo que son los que intentaron matar a Cristina. Se enciende su fervor asesino por la falta de justicia”.
La falta de Justicia desencadena fuerzas que son incapaces de controlar”.
A su vez, se refirió a los polémicos dichos del diputado del Pro Francisco Sánchez que “pide la pena de muerte para la vicepresidenta de la Nación. Con este pedido esta negando lo que él es, un legislador que pertenece a un Cuerpo que dicta leyes, tiene que dar opiniones y razonarlas. él no admite que su contradice tenga una posición distinta y por eso hay que pedir pena de muerte y por eso contradice su función. Hay 45 pedidos de causas penales en contra de él en la provincia”.
“Después de esto intentan matar a Cristina”, denunció Sapag y cuestionó: “La Corte tardó dos días en repudiar el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación”, al tiempo que preguntó: “¿Y qué hizo? ¿instruyó al Procurador ante un evento tan tremendo para la Nación? ¿puso a disposición del Juzgado recursos personal, tecnología? ¿alguien se enteró de algo? ¿algo de esto pasó?”.
Por otro lado, informó que “en el 2018 ingresaron 38.500 causas y hubo dictamen de 7.843 sentencias. Quedaron un rezago de 28.741 causas y así cada año”, y cerró: “Yo esto no lo quiero más, quiero una Corte que se ocupe de cada caso y para eso necesitamos más miembros y que no pregunten qué firmaron por si la prensa pregunta. La Corte esta para dirimir los diferendos entre ciudadanos y la constitucionalidad de los actos, leyes y de las organizaciones, pero qué constitucionalidad podemos exigir a dos miembros que entraron por decreto”.
El porteño Martín Lousteau (UCR) consideró que “no es ni ahora ni nunca el momento para debatir esto”. Admitió que “los ciudadanos necesitan una mejor justicia”, pero remarcó que “no es la Corte que usan los ciudadanos”.
“¿La tardanza en el fuero civil la resuelve esto? No”, dijo, rechazando también que solucionara temas como la violencia de género o las cuestiones del fuero comercial. “¿A cuántos de los ciudadanos de a pie les mejora la vida? La verdad que a ninguno”, remarcó.
En cuanto a la diversidad de género, el senador Lousteau le planteó al oficialismo que si eso quieren “empiecen por reemplazar a (Elena) Highton, y revisen los nombramientos de Cristina (Kirchner)… No hubo mujeres, este es un pobre argumento”.
Sobre la cuestión del federalismo, recordó que la composición actual es de dos santafesinos, un cordobés, un porteño, y antes había una bonaerense. “¿Qué es el federalismo?”, se preguntó, aclarando que la Constitución no plantea que la Corte deba ser federal, sino que las provincias están representadas en el Senado. La Constitución “no prevé la regionalidad de la Corte”, enfatizó.
La fueguina María Eugenia Duré (FdT) apeló a los datos del último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación que reveló que “durante el año 2019 la proporción de las mujeres camaristas alcanzaba un 25%, esto es que por cada mujer camarista hay tres varones en ese cargo, y a medida que vamos bajando en la pirámide, ese número se incrementa, y esto nos representa a las mujeres la dificultad de alcanzar los puestos de mayor jerarquía, lo que nosotras llamamos ese ‘techo de cristal’, que aún algunos, y también algunos, les cuesta entender. Queremos ocupar los mismos lugares de representación en los roles que nos toca”.
“Lo que nosotros necesitamos es una Corte Suprema de Justicia de la Nación que le de respuestas a los argentinos”, subrayó Duré y explicó: “Lo que estamos hablando hoy es de una Corte centralista, y eso es lo que debemos descentralizar. Pero además es una Corte que es antifederal, por lo cual la tenemos que federalizar. Estamos hablando de una Corte sin perspectiva de género, con lo cual las mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de diversidades pedimos una Corte con perspectiva de género para todas las argentinas y argentines de todo el país”.
En el uso de la palabra, la radical Silvia Giacoppo (Jujuy) acusó que “hay una falta de voluntad de faltar una vez más a la verdad” porque “en esta abrupta sesión que nos convocaron 48 horas antes, sin temario, sin proyectos, especulando con los números en el recinto. El mágico número de 37 sentados me hace pensar a dónde queremos llegar como poder legislativo que representa a las voces de las provincias”.
“Esta reforma, esta sesión además de ser inoportuna es tóxica para todos los argentinos porque estamos tirando nafta al fuego y seguimos haciéndolo no solo con palabras de parte de las autoridades del Ejecutivo”, enfatizó y procedió a leer los dichos del ministro de Justicia, Martín Soria que “son de una gravedad tan grande que estamos perdiendo la capacidad de interpelarnos”.
A su vez, la jujeña recordó que entre el año 2005 y 2015 “sistemáticamente venimos tratando de detonar a la Justicia”, y sumó que en el 2006 se reformó el Consejo de la Magistratura, entre el 2012 y 2013 “recusamos en masa a jueces por la Ley de medios”, en el 2012 “presentamos un pliego del Procurador General que no resistía ni de los propios el curriculum de ese candidato”, en el año 2012 al 2014 “de forma masiva designamos conjueces”, en el 2013 la “famosa Ley de Democratización de la justicia”, en 2014 se denuncia por sedición a 28 senadores, en el 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández “se intentó instalar la idea del lawfare”, creación de un Consejo Consultivo, avance contra el Procurador en la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento, traslado de camaristas federales, entre otras.
“Si realmente queremos ampliar la Corte para un mejor servicio de Justicia, lo menos que quedó expresado en aquel proyecto de reforma judicial, que fue una vergüenza porque en este recinto en menos de 15 minutos se aumentaron 900 cargos, en vez de ir hacia la aplicación del sistema acusatorio y dar un servicio de justicia con celeridad y con unidad, hicimos todo lo contrario. Aumentamos el numero de salas, de cámaras, porque era una fiesta, en vez de aumentar el número de fiscales”, disparó Giacoppo y sugirió reemplazar a Elena Highton de Nolasco.
Por último, remarcó que “la Corte no resuelve los problemas de la gente porque esta para controlar la constitucionalidad de los fallos. Los que resuelven los problemas cotidianos son los juzgados de primera instancia y las cámaras”, y pidió trabajar con “consensos” porque el ciudadano “descree de la política y no se siente representado” y advirtió que “vamos a estar cada vez si no nos ponemos a trabajar para resolver los problemas estructurales del país. Para tener una Justicia que sea respetada, esa justicia que estamos bastardenado desde el poder”.
La salteña del FdT Nora del Valle Giménez consideró que “es un problema de la Nación Argentina que nos atraviesa a todos como sociedad”, que los legisladores deben asumir con “las medidas necesarias para recuperar una justicia independiente y confiable”.
“Esta propuesta de ampliación va a permitir mejorar la administración de la justicia, mejorar la presentación ciudadana y garantizar la imparcialidad, el principio de inocencia, las pruebas en juicio, fundamentos y principios elementales que hacen al buen funcionamiento de una justicia independiente”, describió la salteña y manifestó que “no podemos seguir con esta Corte de los 4 miembros que no pueden ni quieren administrar la justicia porque se ha perdido la esencia de la función que es administrar justicia a mayorías y minorías garantizando el tiempo debido”.
Por otro lado, describió que el máximo Tribunal se convirtió en una “justicia sesgada con una mirada centralista porque no incorpora la mirada de género, conserva la herencia vivida del patriarcado”.
En su intervención, el correntino Eduardo Vischi (UCR) consideró que “no es el momento de la discusión del tema” porque “hay otros temas más importantes en el país”. Asimismo, cuestionó los argumentos esgrimidos por el oficialismo para debatir el proyecto que es “la falta de justicia”, y criticó: “Parece ser que no hay justicia cuando no se la atienden bien a la vicepresidente”.
“Hay muchísimos argentinos que todos los días tienen ese problema que les apuntan, y no tenemos las mismas repercusiones. Ahí tenemos que hacer foco. En Rosario hay más de 200 muertos en lo que va del año, pero para ellos parece que no hay mucha atención”, ironizó.
También recordó el tratamiento para modificar los miembros del Consejo de la Magistratura: “Cuando había 13 miembros y la mayoría tenía algún tipo de incumbencia de la política parece que funcionaba bien, pero cuando cae esto y pasa a ser 20 miembros ahí sonó la alarma y tuvimos que hacer un proyecto de 17 miembros. Cuando la justicia no esta de nuestro lado, hay que tocarla, hay que cambiarla”.
“Acá lo que más queda claro es que los cuatro miembros actuales no son a favor, entonces hay que poner 21 más para ver si podemos lograr las cuestiones políticas”, lanzó Vischi y observó que en el articulado del proyecto no hay ninguna evaluación de los costos del mismo ni una fuente de financiamiento. A su vez, criticó: “No sabemos si estamos debatiendo un proyecto de 25, de 15, la verdad que no tenemos claro”.
En ese contexto, disparó: “Todo es producto de la improvisación que hay respecto de la urgencia de sacar proyecto como sea para generar un hecho político y no realmente trabajar en la mejora de la justicia”. “En el proyecto presentado no dice nada de la representación de las provincias. No hay federalización acá. Tampoco explica de qué forma se mejora y va a ser eficaz la justicia ampliando los miembros”, sumó a sus cuestionamientos el senador de JxC y cerró: “Hay un discurso guiñado con el tema del centralismo. Estamos deslegitimando y desacreditando el funcionamiento de la Corte porque es la idoneidad la que funciona”.
Todo es producto de la improvisación que hay respecto de la urgencia de sacar proyecto como sea para generar un hecho político y no realmente trabajar en la mejora de la justicia”, lanzó Vischi.
Por el lado de Catamarca, se expresó la senadora oficialista Lucía Corpacci que resaltó que “más allá del número de los distintos proyectos, todos tienen mucho que ver con la representación federal que necesita la Justicia en nuestro país, y con el tema de la representatividad de las mujeres en la Justicia”.
“Cuando uno ve cuántas mujeres ocupan los estratos más altos de la Justicia se da con que verdaderamente son muy poquitas”, señaló y recordó que “desde el advenimiento de la democracia pasaron por la Corte Suprema 25 miembros, de esos 25 solamente tres no fueron de los grandes conglomerados urbanos de nuestro país”. Al finalizar, bregó por “un catamarqueño en la Corte, no para que defienda los intereses de Catamarca, pero para que defienda la realidad de lo que sucede en nuestro interior”.
Su coterráneo Flavio Fama (JxC) opinó: “Seguramente para la mayoría de los argentinos el debate de la ampliación de los miembros de la Corte tiene un derrotero con un solo objetivo, que es acordar lo que haya acordar para desbancar una Corte que no les es funcional”.
“¿Cómo alguien puede convencerme que este proyecto va en el sentido de mejorar la calidad de la Justicia?, ¿cómo puede ser útil para atender las demandas de los argentinos y las argentinas?”, cuestionó.
Sin embargo, reconoció que “la situación de Argentina es desesperante, y la Justicia no está exenta en este contexto”, pero indicó que “tiene un problema fundamental que esta iniciativa no va a resolver, que es la desigualdad que somete a los argentinos en el acceso a la Justicia. Hay miles de argentinos que no acceden por miedo, desconocimiento, falta medios. Ni hablemos de la violación de los derechos constitucionales. Son los más pobres los que siguen desamparados frente a la Justicia”.
“De algo estoy seguro, el problema de la Argentina no es el aumento de los miembros de la Corte. El problema es que la gente está harta, porque no llega a fin de mes, no consigue un trabajo digno. Hace malabares para darles de comer a sus hijos y una buena educación. La gente está harta de nosotros cuando les damos la espalda para discutir cosas que no les mejoren la vida”, lanzó Fama.
Recogió el guante el senador kirchnerista Martín Doñate (Rio Negro) y lanzó: “Quienes afirman que el funcionamiento de la Justicia, el diseño institucional de la máxima estructura judicial del país no tiene nada que ver con el diario cotidiano de vivir de la gente, o miente o no tiene la más pálida idea de cómo funciona el sistema de justicia en la República Argentina”.
“Una Corte integrada solamente por 4 hombres sin especialidad, ligados a tres jurisdicciones, desprestigiada, preñados de arbitrariedades, imposibilitados de atender en lo práctico los miles de causas que llegan a esa instancia, deslegitimados socialmente y que en general esos fallos van en contra de lo que la mayoría de los argentinos quiere, ya son motivos suficientes para justificar para que estemos dando el debate hoy para rediseñar la estructura de la Corte Suprema”, planteó.
“El solo hecho de reflexionar sobre 3 señores en los que se depositan la última palabra sobre la vida, la libertad y el patrimonio del conjunto de la sociedad, ya es una motivación para reflexionar”, consideró y criticó al Poder Ejecutivo porque “debería haber presentado propuestas en el inicio de la gestión, incluso el gobierno de Macri debería haberlo hecho. El propio gobernador Cobos proponía el tema”.
A su vez, enumeró las causas por las que es necesario modificar la estructura: “Es imposible que 4 señores puedan definir 16 mil casos que llegan; la crisis de la Justicia también es una crisis de federalismo; la cuestión de género. Todo es producto de un unitarismo judicial nefasto y centralismo porteño, no existe la especialización en esta Corte. Es toda una situación que hay que discutir y salvar”, y calificó a la Corte de “sistémica; elitista, corporativa y no hay república posible con cuatro señores que se arrogan la suma del poder público”.
Nos estamos perdiendo una oportunidad histórica para tener una Corte Suprema de Justicia que verdaderamente represente a toda la Nación Argentina sin distinciones”, lamentó Catalfamo.
Una de las voces esperadas era la de la senadora puntana Eugenia Catalfamo (FdT) para conocer cómo votaría, ya que responde a su gobernador Alberto Rodríguez Saá que había estaba a favor de una Corte de 25 miembros.
Y en ese sentido se orientó en su discurso ya que cuestionó la modificación del dictamen a 15 integrantes y afirmó que no estaba dispuesta a “deslegitimar la palabra de los gobernadores y gobernadoras que vinieron a esta casa, ni deslegitimar nuestra propia palabra cuando firmamos el dictamen”, porque “era una propuesta federal, inclusiva, que no sólo tenía paridad de género, sino que hablaba de diversidad de géneros”, e insistió: “Necesitamos que la Corte pueda actuar con perspectiva de género”.
“Nos estamos perdiendo una oportunidad histórica para tener una Corte Suprema de Justicia que verdaderamente represente a toda la Nación Argentina sin distinciones”, lamentó.
Con un bolillero en su banca, el senador radical Pablo Blanco reveló que lo compró para “acercárselo” al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y le dijo irónicamente: “A ver si para el final de la sesión, capaz le dan a la manija y encuentran el número lógico de miembros”.
“Traje este bolillero porque no me queda claro si son 15, 16, 25, 24, nueve o en qué va a terminar”, agregó el legislador, y concluyó que “esto demuestra la seriedad con cual estamos tratando ni más ni menos la integración de la autoridad máxima del Poder Judicial. Un poder esencial, que debe garantizar la libertad, los derechos y las garantías de todos los ciudadanos, y acá lo estamos rifando. Es poco serio”.
Otra de los discursos ansiados era el del puntano Adolfo Rodríguez Saá quien, tras leer varios informes de opinión que dan cuenta de una visión negativa hacia la Corte Suprema por parte de la sociedad, señaló que “los números son variados y se ajustan a las necesidades de un momento histórico de cada país, no es que haya un número que está bien y otro mal. Cada país ha resuelto su institucionalidad como mejor ha podido para el momento o etapa histórica que estaba viviendo”.
A su vez, observó dos fallas en la composición actual del Poder Judicial: la paridad de género porque “en toda la historia argentina ha habido 3 mujeres; y el federalismo”. Y apuntó contra la oposición: “Tratar de desacreditar el tratamiento de este proyecto diciendo que son por cuestiones circunstanciales, es una opinión que no ayuda al diálogo ni a la unidad nacional, no ayuda a terminar con la grieta”.
Por último, adelantó su voto positivo y dejó abierta la posibilidad de debatir el cambio de sede de la Corte Suprema a una provincia para “alejarla del microcentro porteño”.
“Hay que escuchar cada cosa”, comenzó su intervención la vicepresidenta del Senado, Carolina Losada (UCR – Santa Fe), y apuntó contra el oficialismo: “No entienden cuál es el rol de la Corte Suprema de Justicia o no entienden que la Corte no representa a las provincias, sino que vela por el cumplimiento de la Ley y de la Constitución Nacional”.
“¿Será que quieren delegar la responsabilidad de sus provincias a los miembros de la Corte o están tirando humo porque quieren tapar otras cosas?”, preguntó Losada y les adelantó que “no va a llegar a ningún lado”. “¿Qué pasó con Elena de Nolasco que no la reemplazaron todavía? Mujer, todavía no la reemplazaron por otra mujer, y ahora quieren llenar 11 miembros más. ¿De qué están hablando?”, volvió a consultar.
Y remató: “Escucho mafias, amenazas a fiscales por parte del presidente de la Nación, el abogado de la presidente del Cuerpo, el ministro de Justicia. Tengan un poco más de decoro y si no son mafiosos no actúen como mafiosos porque esa es la impresión que dan”, y cerró: “Piden diálogo, pero hay que estar dispuestos a escuchar. Piden diálogo quienes no dialogan, ni han dialogado jamás”.
La vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) recogió algunos discursos de los senadores preopinantes de la oposición y les pidió que “reconozcan que la Justicia funciona mal” porque “hay una insatisfacción de la ciudadanía respecto del Poder Judicial”.
“Es momento para hacernos cargo como Congreso de la Nación que el Poder Judicial necesita herramientas para mejorar y esas herramientas son leyes y lo dice la Constitución y no estamos cometiendo un hecho delictivo como dicen ustedes”, planteó.
Uno de los aliados del oficialismo, el senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) respaldó el dictamen modificado al considerar que una composición de “4 personas es de baja calidad institucional y democrática”.
Toda esta estructura judicial se lleva parte del presupuesto nacional, que obliga al Consejo de la Magistratura a estar designando jueces y a nosotros, que no tenemos nada que ver en la designación de jueces”, argumentó.
En el tramo del cierre del debate sobre ampliación de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la UCR en el Senado, Luis Naidenoff, cargó contra el oficialismo: “Ustedes contribuyen muy poco con el Gobierno”, y consideró que “han perdido el sentido común”.
“Se trata de una media sanción que no beneficia a la vicepresidenta, al presidente y a la sociedad”, planteó el formoseño y enfatizó: “Si quieren ser serios, que vuelva a comisión, porque ustedes saben que en Diputados esto no pasa“.
Compartió el tiempo con el presidente del interbloque de JxC, el radical Alfredo Cornejo, quien justificó el rechazo del proyecto señalando que “nosotros no defendemos a esta Corte, ni en particular a los miembros, nosotros defendemos un sistema”, y continuó: “Defendemos el sistema republicano, la división de poderes y que la Corte no sea atacada”.
Respecto a la necesidad de modificar la Justicia, Cornejo sostuvo que “debe ser parte de un pacto democrático”, pero que la modificación “no puede ser para la impunidad de los funcionarios, tiene que ser parte del pacto democrático legitimado con que los ciudadanos vean en la Justicia que evidentemente que, de ese pacto, ellos me beneficio. No que se benefician los funcionarios”.
De la vereda de enfrente, el impulsor de uno de los proyectos el senador neuquino Oscar Parrilli cuestionó a la Corte Suprema porque “no hay gobierno que aguante, ni ustedes, ni nosotros. Con estos cuatro mafiosos que hay hoy en la Corte, porque son mafiosos, se denuncian entre ellos, se hacen operaciones entre ellos”, enfatizó y, muy duro, completó: “No tengan dudas que los van a extorsionar también a ustedes, porque su función es extorsionar a la democracia”.
Cerró la extensa jornada de debate el jefe del interbloque oficialista, José Mayans, quien criticó a la Corte Suprema porque “se siente superior”, y agregó que “el Poder Judicial no se pone a consideración. Dura mientras dura su buena conducta. Por eso cuando un poder se arroga que está por encima de los otros poderes, se termina el sistema republicano de gobierno”.
El senador del Frente de Todos consideró que a la oposición “le bajaron la orden de no acompañar el repudio” sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
El senador nacional Mariano Recalde (FdT-CABA) se refirió a la investigación que lleva a cabo la jueza federal María Eugenia Capuchetti sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que “el Poder Judicial deja mucho que desear”, además de cuestionar lo que sucedió con el celular de Fernando Sabag Montiel.
“No descarto ninguna hipótesis, hasta la más conspirativa, tampoco descarto una instigación desde otros niveles, pero hay que seguir la causa atentamente, esperemos que pueda investigar y obtener conclusiones concretas”, sostuvo el camporista en diálogo con Futurock FM.
Al ser consultado por la actitud de los legisladores de Juntos por el Cambio, que no asistieron a la sesión de este jueves, el oficialista observó que “algo pasó en el medio, ya que la primera reacción sobre el intento de asesinato fue de repudio, donde nos reunimos y sacamos un comunicado en presencia de todos los integrantes de la Cámara alta”.
“No sé que pasó en el medio, quizás le bajaron la orden, decidieron no participar del acto institucional de la sesión donde se expresa el Senado. Los presentes repudiamos con un texto sencillo y contundente, por eso no se entiende”, señaló.
Por otro lado, Recalde criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que “no hay diálogo con el oficialismo”. “Larreta, en privado, tiene canales de diálogo con el Frente de Todos, pero de la boca para afuera juega para su electorado y genera este clima tenso”, lanzó.
Finalmente, el porteño dijo que no pierde “la ilusión” de que dirigentes opositores “asistan este sábado” a la misa en Luján. “Dentro del espectro opositor hay diferencias entre ellos, por eso espera que concurran”, añadió.
Además, la diputada oficialista sostuvo que están “en estado de alerta para defender la democracia y a Cristina”. También cuestionó el pedido de juicio político presentado por JxC: “Están empecinados en entorpecer la democracia”.
La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) se refirió este viernes sobre el enjuiciamiento de la vicepresidenta y consideró que “CFK pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el Poder Judicial”. Además, cuestionó el pedido de juicio político presentado por el interbloque de JxC y lo consideró como un “entorpecimiento” a la democracia.
En una entrevista por Radio Nacional AM 870, la legisladorase refirió a la reunión del PJ en LA Plata de la cual destacó que fue “muy buena” y señaló: “Estamos en estado de alerta para defender la democracia, para defender a Cristina y para intentar generar una demanda social, que ya existe, pero canalizarla hacia afuera sobre un sistema de justicia que está funcionando de una manera desastrosa”.
“Hay una memoria popular imborrable como suele suceder en nuestra querida patria de los derechos y conquistas del pueblo. La sociedad argentina en su conjunto incluso algunos empresarios, las conquistas materiales que consiguió la sociedad en 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina es imborrable y el pueblo le devuelve con tanto amor”, sostuvo.
En ese contexto, cuestionó que “son jueces que fueron elegidos por el poder real y mediático para salir en los grandes medios de comunicación para ponderar lo que hacen o para todo lo contrario”, y denunció que “se manipula al sistema Judicial actual” porque “son jueces que fueron puestos a dedo”.
“Ese repudio generalizado en la sociedad porque, además, hay demandas sociales en torno al sistema de justicia y hay una situación muy clara con el avasallamiento que están realizando sobre Cristina, la persecución”, consideró Siley.
En ese sentido, remarcó que “CFK pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el Poder Judicial, que ha formado parte de un engranaje antidemocrático y debe ser revisado en su funcionamiento”.
Por último, sobre los dichos del presidente respecto a la comparación entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani, y el posterior pedido de juicio político por parte de JxC sostuvo: “Creo que la derecha argentina representada en parte de JxC, porque hay muchos que están en esta sobreactuación, esta empecinada en entorpecer la democracia y utilizan distintos mecanismos a esos fines y este es uno de ellos”.
“Quedó claro en los últimos días que todo el juicio este vestido desde el inicio porque los fiscales no cumplieron su rol, no construyeron un relato solo leyeron, hablaron vía zoom para salir en la televisión, violaron las garantías constitucionales a Cristina”, enumeró la diputada del FdT.
Y cerró: “Hay integrantes políticos de JxC que sobreactúan todo y quieren tener más protagonismo que el Papa”.
Además, el comunicado se dirigió hacia otros funcionarios que se manifestaron respecto del accionar de fiscales y jueces en la Causa Vialidad.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en repudio a los dichos del presidente y otros funcionarios: “Han hecho declaraciones públicas criticando en duros términos la labor de los Fiscales y Jueces que intervienen en el juicio oral seguido contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y diversos ex funcionarios de su gobierno en la Causa Vialidad”, expresaron desde el Colegio.
Además, desde la institución consideraron que “estas declaraciones afectan profundamente las instituciones de la República, alimentan sentimientos violentos y constituyen claras intromisiones al ámbito reservado al Poder Judicial de la Nación”.
En tal sentido, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó “un llamamiento a todos a respetar la división de poderes que la Constitución Nacional establece, dándole a los diversos órganos judiciales el espacio y lugar apropiados para que desarrollen su trabajo con profesionalismo y objetividad”.
“La ciudadanía ha tenido la oportunidad de escuchar en vivo y en directo los alegatos acusadores de los Fiscales intervinientes en ese caso, quienes cumplen el rol para el cual fueron designados: demostrar con fundamentos en la prueba recolectada la eventual comisión de delitos y acusar a sus presuntos responsables”, agrega el comunicado.
Por otro lado, la institución señaló que “estos principios, que forman parte de las instituciones de la República, exigen desalentar cualquier acción ciudadana que intente presionar a los miembros del Poder Judicial, más aún cuando se emplean amenazas o acciones violentas”.
Al final del comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que “los jueces tienen la última palabra sobre la inocencia o culpabilidad de los imputados, a la luz de lo que disponga la ley. Este principio aplica a todos los ciudadanos, cualquiera sea el lugar que ocupen: todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y nadie está por encima de ella”.
DEBER-DE-PRESERVAR-LA-INDEPENDENCIA-DEL-SISTEMA-JUDICIAL-1Además, la diputada salteña se refirió al comunicado emitido por su bloque hacia el Poder Judicial para “exigirle que tenga un posicionamiento firme respecto a acciones que no se pueden catalogar de otro modo que golpistas”, y disparó contra el FMI y la oposición.
La diputada nacional Verónica Caliva (FdT – Salta) se refirió al proyecto del Salario Básico Universal y cuestionó que “no tiene el ‘ok’ de nuestro propio Gobierno”. Por otro lado, explicó el comunicado emitido por su bloque hacia el Poder Judicial que fue para “exigirle que tengan un posicionamiento firme respecto a acciones que no se pueden catalogar de otro modo que golpistas”. A su vez, criticó el acuerdo con el FMI y a la oposición porque “nos pone la soga al cuello”.
“Un tema central con este proyecto que es una iniciativa de diputados que provenimos de movimientos sociales y sindicales, que trabajan infancias y es del economista de Patria Grande, Itaí Hagman, es que no tiene el ok en nuestro propio Gobierno, en el Ejecutivo”, dijo la legisladora por Salta en declaraciones por la FM 91.1.
En tal sentido, indicó que para algunos sectores del propio Gobierno “no hay consenso de que sea una política posible, por lo cual destacó que se puede garantizar derechos de cerca de 10 millones de trabajadores sin empleo o en negro. No tiene el ‘ok de nuestro propio Gobierno”.
“Entendemos que es absolutamente posible y realizable, puede ser segmentado como va a suceder con las tarifas, para que haya un piso de derechos garantizados para frenar el hambre de muchos sectores y que esa sea una base para salir al encuentro de trabajo o de la formación para el trabajo”, consideró Caliva.
Por otro lado, explicó que el comunicado del bloque FdT “va en el sentido de exigirle a la justicia que tenga un posicionamiento firme y claro respecto a acciones que no se pueden catalogar de otro modo que golpistas, de una violencia y un odio inusitado”, y señaló que esas acciones “aportan a la crisis que vive Argentina y el mundo en cuanto a la crisis económica producto de la pandemia y la guerra”.
También manifestó que “en los grupos de poder y el acuerdo con el FMI por una deuda ilegítima y fraudulenta que fue en contra de los propios estatutos de ese organismo nos pone la soga al cuello”.
A su vez, la diputada oficialista indicó que la situación es muy “tensa y delicada” y remarcó que la oposición “estuvo a favor de aprobar el acuerdo con el FMI” porque implicaba convalidar “la estafa macrista”. Sin embargo, consideró que “luego de los cambios que hubo con la pandemia y la guerra, se debe revisar porque Argentina tiene la autonomía y el deber de investigar la deuda para no permitir el ahogo de la economía”.
La vicepresidenta compartió, a través de sus redes sociales, dos videos apuntando contra la Justicia: “Breve crónica de la decadencia”. También cuestionó a los medios de comunicación y el sobreseimiento de Mauricio Macri.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a embestir contra la Corte Suprema de Justicia a través de las redes sociales: “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”, tituló sus videos y afirmó que “el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”.
También, criticó severamente a los medios de comunicación hegemónicos porque “comenzaron a anticipar como iba a fallar la Corte en la causa fraguada y conocida mediáticamente como ‘vialidad’ u ‘obra pública’. La Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado. Fue un fallo totalmente atípico”.
La titular del Senado les puso voz a los videos y destacó que “en el año 2003… el presidente Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una Corte ejemplar”.
Acto seguido, disparó: “Sin embargo, a fines del año 2015, poco quedaba de aquella Corte ejemplar: la muerte de algunos de sus miembros más connotados, la renuncia de otro jurista de prestigio internacional al haber cumplido los 75 años que marca como límite la Constitución y la negativa de la oposición a votar a los candidatos propuestos para ocupar las vacantes, dejaron al alto Tribunal con apenas tres miembros”.
En ese sentido, para la vicepresidenta la “decadencia” comenzó con la asunción del expresidente Mauricio Macri al designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros del Tribunal Supremo quienes “aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar”.
“Este episodio constituyó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática, que se desató en toda la región con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador”, apuntó y sumó: “Se inventaba la ‘Doctrina Irurzun’ que consideraba que los funcionarios del gobierno peronista conservaban un ‘poder residual’ y por lo tanto debían ser privados de su libertad. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el gobierno de Macri”.
En esa línea, señaló que “esa ‘nueva’ Corte, no sólo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial…Así, en una Argentina circular, se retornaba a las épocas de desprestigio y decadencia del máximo Tribunal argentino”.
“La Corte de los cuatro” y el Consejo de la Magistratura:
Para contextualizar, la vicepresidenta señaló que “luego de la renuncia de Elena Highton, la única mujer de ese cuerpo, la Corte quedó reducida a tan sólo cuatro miembros y comenzaron a salir a la luz otros escándalos”.
“El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los cuatro cortesanos”, remarcó y precisó: “Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como Intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al Juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo”.
En ese sentido, apuntó: “Son sólo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas cuatro miembros en un órgano muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos”, y expresó con dureza: “Con tantos muertos en sus roperos, no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros”.
En ese marco, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el 2006 porque “resucitó” la norma anterior que establecía que el presidente de la Corte Suprema presidía el Consejo. “Toda esa maniobra era una vieja cruzada del Grupo Clarín que siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006”, denunció Cristina Kirchner.
“Queda claro entonces que el objetivo no sólo es la presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución”, agregó entre sus cuestionamientos.
El Poder Judicial y Mauricio Macri: la deuda con el FMI y la causa de espionaje del ARA San Juan
En otro tramo del video, la vicepresidenta recordó la deuda contraída con el FMI por la gestión anterior: “Es también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas cautelares, que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri. Endeudamiento criminal que ningún Fiscal ni Juez ha decidido investigar aún”.
“Y por si algo faltaba como prueba, el pasado viernes Bruglia y Bertuzzi (los puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal y ahora custodiados por Rosatti en el Consejo de la Magistratura) confirman, una vez más, su rol de guardianes de la impunidad macrista: junto a Llorens, el visitador de Olivos y la Rosada, salvan a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, la tragedia más grande de la Armada Argentina en tiempos de paz”, criticó.
Y agregó: “La existencia abrumadora de pruebas sobre el espionaje (videos, fotos, grabaciones, testimonios) torna al fallo no sólo en algo verdaderamente escandaloso, sino que además marca un peligrosísimo antecedente: como no pueden ignorar las evidencias probatorias del delito terminan avalando tareas de inteligencia sobre familiares de las víctimas violando así, no sólo la Ley de seguridad interior sino todas y cada una de las garantías construidas en Derechos Humanos después de la dictadura”.
“De esta manera el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”, señaló y advirtió: “Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución”.
Y cerró: “Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad”.
El diputado oficialista se refirió a la situación de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y criticó: “El gobierno uruguayo está alineado con la derecha argentina y la justicia va a hacer todo lo posible para que el acusado se quede allá”.
El diputado nacional del FdT y presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, habló sobre la situación de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y criticó al Poder Judicial del país y de Uruguay porque “hay un alineamiento muy claro en términos ideológicos con el macrismo”.
“Lo de Rodríguez Simón se va a demorar indefinidamente por cuestiones políticas. El gobierno uruguayo está alineado con la derecha argentina y la justicia va a hacer todo lo posible para que el acusado se quede allá. La justicia uruguaya dijo que no hay razones para el exilio y tiene que proceder el pedido de extradición y todo depende de la política. Hay un alineamiento muy claro en términos ideológicos con el macrismo “, afirmó Tailhade en declaraciones a la AM 990.
También señaló que la mayoría de las causas iniciadas contra el macrismo estén empantanadas y eso responde a que “está teniendo éxito la estrategia judicial que diseñó el macrismo que consiste en llevar todas las investigaciones que estén dando vueltas por ahí sobre el espionaje a Comodoro Py”, y denunció: “Hay una articulación entre los sectores más poderosos de la justicia”.
“En el Congreso hay una mitad que quiere avanzar con reformas y cuestionando el statu quo del Poder Judicial, y otra mitad que no tiene la intención de hacer nada de eso por eso hay una parálisis en ese tema”, sostuvo.
Por otra parte, dijo que “se cayeron muchas de las causas contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, y criticó fuertemente el nivel de complicidad y articulación entre la oposición y el Poder Judicial. “Es imposible de desmentir”, destacó.
“En este país estamos acostumbrados a que la última palabra siempre la tengan los jueces y esto no puede ser así, porque ellos no fueron electos para elaborar políticas públicas ni definir cuestiones políticas”, consideró el diputado oficialista.
Consultado sobre el pedido de indulto a Milagro Sala, respondió: “Creo que el presidente sí tiene facultades para indultarla, aunque se trate de una condena de la justicia provincial”. Citó aquel principio jurídico que sostiene “quien puede lo más, puede lo menos”, pero aclaró que desde su perspectiva el tema debería resolverse a través de la justicia.
También, criticó a los mercados por la suba de precios, al Poder Judicial, recordó la “deuda histórica” con el FMI y cuestionó a los países del primer mundo porque “no respetan el derecho internacional”.
Con singular expectativa era esperado el discurso de la presidenta del Senado argentino, Cristina Fernández de Kirchner, más aún por la interna que atraviesa el Frente de Todos, que brindó al encabezar este miércoles la apertura de una nueva sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). El mismo tuvo como eje el tema de la desigualdad que la pandemia “acentuó”, pero durante su discurso le remarcó al jefe de Estado su responsabilidad en materia económica. También cuestionó la actitud del sector privado, puntualmente a los mercados por la suba de precios, al Poder Judicial y a los países primermundistas porque “no respetan los derechos internacionales”.
La vicepresidenta de la Nación estuvo acompañada por el presidente del Componente Latinoamericano, Oscar Pérez Pineda, y Javi López, copresidente del Componente Europeo.
Convocada este año en nuestro país bajo el lema “Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz”, la sesión de apertura de la decimocuarta sesión plenaria de EuroLat se llevó a cabo en el Auditorio Nacional “La Ballena Azul”, del Centro Cultural Kirchner, en donde Fernández de Kirchner le dio la bienvenida a los más de 100 legisladores de Europa y Latinoamérica que participan de las jornadas de trabajo previstas hasta este jueves 14 de abril.
Además de la Sesión Plenaria Ordinaria del organismo, también se reúnen las cuatro comisiones permanentes de EuroLat, el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer y los Grupos de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria, Sociedad Civil y Seguridad.
Tras entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y bajo una lluvia de aplausos, la vicepresidenta de la Nación abrió su discurso de forma emocionado y recordó que la última vez que estuvo en el Centro fue cuando le tocó inaugurarlo y destacó que “fue un proyecto muy caro. Empezó en la gestión de Néstor Kirchner allá por el 2006, justo cuando nacía la EuroLat comenzaba el proyecto de re funcionalizar este histórico edificio de Correo Argentino que fue un monumento de la Argentina más rica, pero la riqueza les llegaba a muy poquitos”.
“El proyecto culminó en 2015 cuando me tocó inaugurarlo. Nunca había hablado, otros presidentes lo han hecho, pero yo es la primera vez. Me tocaba finalmente”, expresó entre risas. En tanto, destacó que durante 20 años ha sido legisladora por lo que se siente “muy identificada con los debates parlamentarios”, y apeló al lema de la decimocuarta sesión plenaria de la Asamblea que es “una recuperación económica con justicia y paz”.
En alusión al lema de la Asamblea Parlamentaria, la presidenta del Senado se refirió a la recuperación de la economía tras la pandemia “trágica” que trastocó “vidas, gobiernos y el planeta entero”. Asimismo, recordó el debate que comenzó en el Parlamento Europeo en e 2017 en Bruselas donde planteó el tema la desigualdad y remarcó que en ese entonces “todavía no había venido la pandemia”, por lo que subrayó: “Está claro que si vivimos en un mundo cada vez más desigual la pandemia lo acentuó de forma trágica”.
Cristina remarcó la importancia del Estado
“Creo que siempre en las grandes tragedias podemos extraer cosas que nos sirvan. En el Parlamento Europeo plantee la evolución del Estado de Bienestar y del Neoliberalismo, sigo sosteniendo, que ambas son construcciones políticas, no son ni proyectos ni modelos económicos”, señaló Fernández de Kirchner.
En ese marco, precisó: “El capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente para la producción de bienes y servicios que necesita la humanidad, desde proteínas y tecnología más sofisticada, se desarrolla más eficientemente en este sistema”.
En tanto, sostuvo que “la pandemia vino a saldar a la discusión que el Neoliberalismo hizo cambiar durante muchos años en todas las latitudes. Cuando finalizó la guerra mundial surgió la idea del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar se crea como un sistema donde el Estado tiene una gran responsabilidad sobre la vida de las personas, sobre la educación, sobre la salud, sobre el acceso al trabajo digo, el acceso a la vivienda digna”, y destacó que “el Estado era el responsable”.
“Cuando cae el Muro de Berlín surge la doctrina neoliberal, había que crear otro sentido común a la sociedad y eso era que el Estado no era responsable de tu vida, que vos eras libre, vos decidías si tenes trabajo y si no tenes trabajo será porque no te lo mereces, y si no podes acceder a una vivienda es porque no hiciste lo suficiente. Fue el sentido común que creó el Neoliberalismo y que aún campea en muchas sociedades”, explicó.
En ese contexto, retomó: “La pandemia vino a reinstalar la idea del Estado porque ¿alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros si los estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo enfermos, negociando con el mercado (laboratorios), las vacunas para poder salvarnos nosotros y nuestros sierres queridos?”.
“Que alguien siga afirmando que el Estado no es importante, o es un necio o un psíquico, los hay de los dos”, consideró la titular del Senado.
¿Qué es el Poder según Cristina?
En otro pasaje de su discurso, adelantó que “la gran discusión va a ser sobre las desigualdades porque no nacen por un orden natural, las desigualdades no son un producto de la naturaleza sino de decisiones políticas o de la falta de decisiones políticas”.
“La gran discusión, que se va a dar, es si este proceso capitalista que se da en todo el mundo lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados, esa es la clave para abordar seriamente el problema de la desigualdad”, precisó la ex presidenta y chicaneó: “Salvo que sea un ejercicio dialéctico de encuentros esporádicos y vemos que la situación se profundiza más”.
A su vez, preguntó: “¿Qué tipo de Estado necesitamos?, ¿qué tipo de ingeniería institucional necesitamos para hacer frente a un mundo que no tiene nada que ver con alguien donde se construyeron los estados que gobiernan el mundo?”.
Y continuó recordando: “En el 2017 lo decíamos, todos nuestros estados están construidos sobre la división tripartita que viene de 1789 de la Revolución Francesa, de ahí data la organización institucional que tenemos. En aquel momento el Estado estaba representado por los tres poderes, ese era el poder”.
“Nuestros parlamentos, ejecutivos, nuestro Poder Judicial tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos, ¿cuánto representan del poder tomado por un 100%? hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por todos, eso es el poder”, manifestó la Fernández de Kirchner. Acto seguido, le dejó un mensaje a Alberto Fernández: “Que te pongan la banda y te den el bastón un poquito es poder. Lo digo por experiencia, ni te cuento si no se hacen las cosas que hay que hacer, pero dejémoslo ahí…”.
Y siguió: “Esto no es capricho, tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma de gobernanza no existía ni la luz eléctrica, ni los autos, miren cómo avanzó el mundo, cómo se fue generando poder por fuera de las constituciones. Hoy solo se usa para ver cómo funciona el Ejecutivo, el Legislativo y eventualmente el Judicial”, apuntó y añadió: “El funcionamiento del mercado, los monopolios, no están contemplados en las constituciones”.
“Así no juego más, así no vale”: el mensaje a los mercados
En otro tramo de su discurso, la vicepresidenta del Senado apuntó a los mercados por la suba de los precios y advirtió que eso “se trasluciendo en muchas elecciones que es la insatisfacción de la democracia donde la gente se termina enojando con la política”, y expresó la necesidad de forma obligatoria de “repensar la ingeniería institucional donde se envista de poder a las instruccionales, estamos a tiempo antes que sea tarde”.
“La pandemia vino a saldar esa discusión porque no es posible que en la magnitud de la tragedia que vivió la humanidad el Estado sirva solo para eso, pero cuando tiene que tomar decisiones en materia económica, de controles de regulaciones sea estorbo y no permita la actividad económica”, consideró.
En tanto, criticó: “En el mundo y en el país durante la pandemia el sector privado recibió todo tipo de ayuda fiscal, financiera, se le pagaron los salarios. Sin embargo, ante esta otra tragedia que vivimos hoy como la guerra tenemos que el mercado nos contesta con ‘no nos importan, son mis ganancias, y los demás que revienten”, y chicaneó: “Así no juego más, no vale. Si cuando vos nos necesitaste te perdonamos, te pagamos salarios, ahora que te necesitamos para la sociedad no queres. Me parece que estas cosas debieran discutirse acá y en todo el mundo respecto al derecho internacional”.
Los derechos internacionales, el FMI y hasta los Fondos Buitres
“El mundo requiere que nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas, gran idea que no se aplica porque de los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad todos, salvo China, en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional”, cuestionó la ex presidenta de la Nación.
Asimismo, informó: “Hemos denunciando el doble estándar en materia de derecho internacional de las potencias que se creen por encima de los demás países y no respetan las normas del derecho”. En ese marco, recordó la usurpación “por la fuerza” de las Islas Malvinas que “encuentra al Reino Unido apoyado por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión la rechaza, y cuando les conviene porque son sus aliados, esta todo bien”.
“Los argentinos vemos ese doble estándar en nuestro propio suelo. Cuando el otro día abrazaba a cada uno de los veteranos y excombatientes, ¿qué le puedo hablar de la OTAN? si nos puso una base en Malvinas a 14 mil kilómetros. Tenemos una base de la OTAN a 14 mil metros de Reino Unido”, criticó la titular del Senado.
Y siguió recordando: “Cuando en 2014 Argentina formaba parte del Consejo de Seguridad de forma temporal se produjo la anexión de Crimea, era la consulta popular si quería pertenecer a Rusia o a Ucrania. Mi país, yo era su mandataria, votó una resolución de Estados Unidos condenando lo de Crimea porque respetamos los principios de integridad a lo largo y ancho del planeta. Es necesario replantearnos el mundo en el que queremos vivir”.
Retomando el eje de su discurso, precisó: “En cuento a la desigualdad el período donde menos desigualdad hubo fue entre el 1945 hasta la caída del Muro de Berlín, donde estaba el Estado de Bienestar. La primera década en la región Latinoamérica fue la donde más se trabajó y disminuyó la desigualdad, me siento muy honrada porque en 2012 un informe del banco mundial la argentina había duplicado la clase media, mayor símbolo de movilidad social”.
En ese sentido, manifestó: “Creo que debemos abocarnos a eso, a lograr una ingeniería nueva que permita abordar con mayor eficiencia, justicia y equidad. El problema de la desigualdad, también necesitamos normas de derecho internacional que sean respetas por todos los países, sin ningún tipo de distinción”.
Acto seguido, recordó los Fondos Buitres: “Quiero rescatar el apoyo por nuestra lucha allá por los Fondos Buitres donde América permitió una resolución que permite que los estados no puedan ser extorsionados como fue Argentina”.
“Hoy es un día especial porque hace 6 años, cuatro meses después de haber finalizado mi segundo mandato, fuimos citados con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) que fue mi ministro de Economía, por un juez por operaciones de dólar futuro, una decisión de carácter político que se comprobó no había causado prejuicio”, fustigó la vicepresidenta de la Nación y apuntó: “Llama la atención que por una decisión política arreglada ilegal, se me ha procesado por 6 años y después que nuestro país fue endeudado por el préstamo más grande que se tenga memoria y de forma ilegal por parte del FMI ningún juez haya advertido ninguna irregularidad e ilegalidad. ¡Raro!”.
Y cerró: “Debemos también abordar un tema Latinoamericano que es el Poder Judicial como instrumento contra los gobiernos populares y nacionales”.
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Bicontinental, establecida en junio de 1999 en el marco de las Cumbres UE-ALC (entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe).
El titular de la cartera del Interior planteó elegir a los jueces de la Corte Suprema “por el voto popular”, para la diputada de JxC esta propuesta es “una nueva embestida contra la Corte”. También se refirió a la Ley de Alquileres.
Luego de que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, criticara a la Corte Suprema por tener un “rol político” en el tema de la coparticipación, la diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro – Ciudad de Buenos Aires) le salió al cruce: “El Gobierno no tolera una Justicia independiente”. Sobre la idea que planteó el ministro de elegir a los jueces por “voto popular”, la legisladora apuntó: “Me parece una nueva embestida contra la Corte”. Por otro lado, habló sobre la Ley de Alquileres y sobre el proyecto que presentó para otorgar beneficios impositivos a Pymes.
Consultada acerca la afirmación del ministro del Interior de elegir a los jueces de la Corte Suprema por voto popular, Vidal remarcó: “No estoy de acuerdo. Me parece una nueva embestida contra la Corte Suprema. El Gobierno no tolera una Justicia independiente, y este ha sido el gran problema desde el inicio de su Gobierno”.
Pero no se limitó solo a esa crítica y fue más allá: “Por eso quiso hacer una reforma judicial que no tenía que ver con los problemas judiciales de la gente”, y apuntó: “Este Gobierno habla de la Corte, que falla en última instancia sobre las causas de corrupción, habla sobre Comodoro Py, que son los jueces que juzgan a los gobiernos nacionales, ponen toda su energía sobre el procurador (Eduardo) Casal, sobre el que ha habido una embestida enorme, al igual que sobre el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand”, en diálogo con CNN Radio.
Por otro lado, sobre la Ley de Alquileres, Vidal sostuvo: “Pedimos una sesión especial para tratar el tema de alquileres, donde queremos visibilizar que el Gobierno no quería tratar este tema que afecta tanto a la gente”.
“Esto obligó al oficialismo a comprometerse a que en 30 días va a tratar esto en comisión, y yo espero que lleguemos a recinto y lo resolvamos”, afirmó la exgobernadora bonaerense.
A su vez, también habló del proyecto que presentó para otorgar beneficios impositivos a Pymes, que cuenta con el apoyo de 15 legisladores nacionales y busca aliviar los impuestos por los primeros 2 años, para que tengan incentivos las pequeñas y medianas empresas.
“Hoy uno de los principales problemas para generar trabajo en Argentina, es que el costo impositivo de tener a alguien empleado es muy alto, le pasa al dueño de un bar o restaurante en Buenos Aires, o a un bodeguero que hace vino o aceite de oliva en San Juan”, precisó la diputada del Pro y concluyó: “Hoy dar trabajo es un problema, por los impuestos, por los costos de un juicio laboral, que puede destruir el patrimonio completo de una PyME”.
El diputado oficialista expresó: “No me sorprendería que la Corte Suprema falle en contra de todos los argentinos”, en relación al recurso judicial planteado por Rodríguez Larreta por la resignación de fondos de la Ciudad de Buenos Aires que realizó el Gobierno nacional en 2020.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos – Buenos Aires) criticó el funcionamiento del Poder Judicial y sostuvo que no le sorprendería que la Corte Suprema de Justicia “falle en contra de todos los argentinos” en relación al recurso judicial planteado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la resignación de fondos de la Ciudad de Buenos Aires que realizó el gobierno nacional en 2020.
“Me resulta muy difícil pensar que la Corte pueda fallar en contra de esta resignación, pero no hay nada que pueda sorprender por el alineamiento que ha tenido con la derecha y el macrismo. No me sorprendería para nada que falle en contra de todos los argentinos”, afirmó en declaraciones a la radio AM 990.
En ese sentido, el legislador denunció que el expresidente Mauricio Macri “quitó recursos nacionales para favorecer política y económicamente a la Ciudad”, y sostuvo que la Corte es “socia” del expresidente.
“La derecha defiende con uñas y dientes a la Corte y al actual procurador General interino, Eduardo Casal, porque le conviene este estado de cosas. Del otro sector de la política, estamos nosotros impotentes para avanzar y que no tenemos ideas para modificar este status quo”, remarcó.
Además, Tailhade consideró que “hay que asumir la responsabilidad” de que esta situación persista y afirmó que en 2019 debería haberse hecho “un proyecto de reforma profunda al menos de la Corte Suprema de Justicia”.
“Dejamos que la inercia casi delictiva de Macri siga, no la cortamos. Casal tiene un apoyo absolutamente enorme del macrismo que puede bloquear esta situación como lo hizo en la reforma del Ministerio Público Fiscal”, recordó.
Por otra parte, el diputado sostuvo que existe “una pelea oculta desde hace 10 años por el control de los recursos del Poder Judicial como la caja del Consejo de la Magistratura”, y calificó como “un fallo extorsivo” el que declaró inconstitucional la ley que estableció la actual estructura del organismo exigiendo que el Congreso apruebe antes del 15 de una nueva integración.
“No están las condiciones para que se cumpla el fallo. Lo más probable es que no haya ley antes del 15 de abril y tampoco se van hacer las elecciones de acuerdo a lo que dijo la Corte. Cuando la Corte vea que no se puede poner en marcha el Consejo de la Magistratura de acuerdo al fallo que sacó, lo va a tomar por la fuerza”, advirtió.
La vicepresidenta participó de una conferencia en Honduras, por motivo de la asunción a la presidencia de Xiomara Castro de Zelaya, y apuntó contra el funcionamiento de la Justicia en la región.
“Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros”, expresó este miércoles la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner desde Tegucigalpa, Honduras, donde participó de la conferencia “Los pueblos siempre vuelven”.
El encuentro se enmarca en el ciclo de foros “En camino al inicio del Gobierno solidario y popular”, en relación a la llegada de Xiomara Castro de Zelaya a la presidencia de Honduras.
Al comienzo de su discurso, la exmandataria recordó el rol de la OEA, que “en 2009 se ponía al frente para defender democracias en América Latina y no para voltearlas”, recordó.
En tanto, advirtió que todavía “hay machismo en nuestras sociedades y en nuestros propios compañeros”, y pidió apoyo para la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, a quien, dijo, le espera una tarea “doblemente difícil” por ser mujer: “Es muy difícil porque cuando una mujer, además de pintarse, peinarse y ponerse un atuendo, piensa, y se atreve a decirlo en voz alta, se lo perdonan bastante menos que a los hombres”, reflexionó la vicepresidenta.
Por otro lado, la vicepresidenta se refirió a la problemática narco en la región, y dijo que debe combatirse con “trabajo, salud, educación, escuela y progreso” para la sociedad, y advirtió: “El neoliberalismo pugna por el achique del Estado, y los libertarios quieren suprimir el Estado, pero ¿qué pasa, y qué pasó, y qué está pasando en la región cuando se instalan estas doctrinas neoliberales? Aparece el narco”.
Finalmente, Cristina advirtió que hoy se “financian golpes judiciales” de la misma manera que en el Siglo XX se financiaban los golpes militares: “Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros”, concluyó.
El viceministro de Justicia se pronunció a favor de la marcha para “echar a la Corte Suprema”, y recordó las medidas de reforma judicial que lleva a cabo el oficialismo en el Congreso.
Tras la convocatoria del dirigente piquetero Luis D’Elía a una marcha para el 1 de febrero para “echar” a todos los miembros de la Corte Suprema, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, consideró “muy positiva” la movilización, advirtiendo que hay “mucha gente con hartazgo” y apuntó contra el Poder Judicial porque “no aporta soluciones a la población” y criticó el fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006.
“Me parece bien, toda expresión popular directa de la gente siempre la avalo y me parece sano y necesario que la gente se pronuncie y manifieste su opinión”, afirmó en diálogo con radio El Destape, por lo que cuestionó a la justicia porque “es un estamento del Estado que no funciona y no aporta soluciones a la población”.
En ese mismo contexto, Mena se refirió a los proyectos del oficialismo en el Congreso para avanzar en una reforma: “Hemos enviado proyectos para adecuar el funcionamiento del órgano de administración del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, de fortalecimiento de la Justicia federal y otras que se irán atendiendo para las demás áreas”.
En ese sentido, volvió a criticar al máximo tribunal por el fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que propuso Fernández de Kirchner en 2006 cuando era senadora y que redujo la cantidad de miembros del organismo de 20 a 13: “Es necesario conjugar todos los proyectos sobre la reforma judicial, no pueden ser propuestas aisladas y como dijo el presidente, el Gobierno está trabajando y los va a impulsar”.
“Siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente, cuando sin intermediarios les dice a los poderes hegemónicos su opinión y limites, porque estamos llegando a límites que el gobierno de Mauricio Macri los superó, barriendo con todo en materia de manipulación política, judicial y protección del poder mediático”, aseguró Mena.
Por último, el funcionario que fue subdirector de la AFI durante el gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación, insistió: “Esto genera en mucha gente hartazgo cuando se llega a un límite que no puede sobrepasarse. Me parece muy positiva la movilización y la expresión de la gente”.
El diputado porteño de la CC cuestionó a Ricardo Lorenzetti hace un tiempo y ahora lo citan a declarar. Redobló la apuesta: “Nos vemos en tribunales”, respondió.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, contestó por redes sociales un telegrama del Poder Judicial que lo cita a declarar por segunda vez. Sin dudarlo, apuntó contra la Corte Suprema y el magistrado Ricardo Lorenzetti.
Al igual que su jefa política Elisa Carrió, López apuntó contra Lorenzetti, pero esta vez fue contra el administrador de la Corte, Héctor Marchi, al denunciar que lo “hostiga” porque el diputado opinó sobre su trabajo.
“Pretende amordazarme y me cita a mediación por segunda vez. Entiendo que porque dije que ojalá la Corte no siga administrada por gente ligada a Ricardo Lorenzetti”, publicó en su cuenta de Twitter.
Luego de ilustrar con una foto de la citación judicial, López disparó: “¿La Corte creerá en la libertad de expresión y los contrapesos interpoderes?”.
“Yo sí creo, no me asusto porque además para eso somos votados los diputados”, dijo López, quien remató: “¡Nos vemos en tribunales Marchi!”.
El diputado José Luis Ramón presentó un proyecto de ley para reducir la feria fiscal y ampliar el horario de atención con el argumento de que la demora en las causas judiciales es “excesiva”.
El diputado nacional José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo-Mendoza) presentó en el Congreso un proyecto de ley “para mejorar el servicio de justicia en el país, reduciendo la feria judicial y ampliando el horario de atención” bajo el argumento de que el Poder Judicial “no está actuando como corresponde” a causa de “la demora excesiva a la hora de resolver las causas a nivel nacional”.
“Durante el año 2020, y debido a la pandemia por Covid-19, el Poder Judicial tuvo siete meses totales de feria contabilizando enero, que es la feria tradicional, y seis meses más por la pandemia. Todo esto sin tener en cuenta que ante la necesidad de volver a una cierta normalidad laboral, redujo su horario de trabajo a cinco horas, profundizando los problemas y demoras en los diferentes fueros”, apuntó Ramón.
La iniciativa planteada por el legislador “apunta a acelerar los procesos judiciales y la resolución de casos, entendiendo que se trata de un Poder del Estado que a pesar de tener cada vez mayores demoras, aún así suspende su trabajo durante un mes y medio todos los años, y sólo dispone de un horario de atención de seis horas diarias”, señaló el mendocino.
Para el legislador “si bien es cierto que faltan juzgados, presupuesto, o que existe una centralización de expedientes en algunos fueros (como el de la Capital Federal), hay un factor importante que no puede justificarse: el horario de atención y la feria judicial”.
“Este mal desempeño fue motivo de sentencias desfavorables para la Argentina ante tribunales internacionales de DDHH, que condenaron al país y lo ordenaron a tomar cartas en el asunto”, manifestó Ramón.
Para un funcionamiento más eficiente de la justicia, la iniciativa del diputado propone específicamente: “Ampliar la franja horaria de atención a ocho horas; acotar la feria de invierno y verano a la mitad, cumpliendo con límites y horarios mínimos de atención; promover una rápida respuesta jurisdiccional con mayor transparencia y control de la gestión, entre otras cuestiones que hacen al derecho ciudadano”.
El diputado del Frente de Todos consideró que “es hora de eliminar este privilegio”. Con la iniciativa busca que se incluyan a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y no solamente a los designados a partir de 2017.
En medio del debate sobre modificaciones al impuesto a las Ganancias, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto presentó un proyecto de ley para que todos los jueces estén alcanzados por el tributo, y no solamente aquellos que fueron designados a partir de 2017.
El oficialista explicó que actualmente la ley “establece que sólo pagan los designados desde 2017, y sobre una parte de sus haberes”. “Es hora de eliminar este privilegio para el Poder Judicial”, consideró.
Por eso, el entrerriano reclamó que “se debe establecer el pago del impuesto a las Ganancias para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, sin ningún tipo de privilegios frente al común de los ciudadanos”.
“Que los jueces paguen a un impuesto general es meramente reconocer que ellos son también ciudadanos y que su particular función en el gobierno no genera inmunidad para compartir con el resto de los ciudadanos la carga tributaria. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y los legisladores ya pagan Ganancias”, resaltó en su cuenta de Twitter.
El proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados propone sustituir los incisos “a” y “c” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado Decreto 824/2019.
De esta manera, la nueva redacción del inciso “a” establecería que constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes “del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones“.
Además, el inciso “c” aclararía: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, aunque no hayan estado sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas”.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador recordó que luego de la sanción de la Ley 27.346 en 2016, “la Asociación de Magistrados presentó una medida cautelar contra la norma, criterio que fue aceptado en dos instancias. Pero en noviembre de 2018 la Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar esa cautelar que establecía la no retención de Ganancias a los designados a partir de 2017. Por lo expuesto, se estableció que podía retenerse Ganancias a esos jueces, pero sin expedirse sobre la cuestión de fondo, que todavía se encuentra pendiente por parte de la Corte”.
Casaretto agregó que en febrero de 2019 “se aprobó un protocolo acordado por el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación”, el cual establece que “se considerarán deducibles de Ganancias los rubros nominados como ‘compensación jerárquica’, ‘compensación funcional’, ‘bonificación título’, ‘bonificación por antigüedad’, ‘permanencia en la categoría’, por lo que en ningún caso se realizan retenciones por esos conceptos”.
“Desde la década de 1930 y hasta 1996, ante cualquier intento de que jueces paguen Ganancias, rápidamente se emitía una Acordada de ese Tribunal declarando la inaplicabilidad de esas leyes. Eso no ocurrió en 2016 cuando se sanciona la Ley 27.346. Y en noviembre de 2018 la Corte revocó la cautelar que impedía el descuento de Ganancias. Y desde enero de 2019 se aplica el protocolo del Consejo de la Magistratura, practicando los descuentos, lo que no mereció objeciones de la Corte. A esta altura de los acontecimientos está claro que paguen el impuesto a las Ganancias no lesiona la Constitución Nacional, y no limita la independencia del Poder Judicial, la inmovilidad en el cargo de los jueces y la intangibilidad de sus remuneraciones”, resumió el diputado.
Y añadió que “en la actualidad resulta insostenible continuar defendiendo la postura de la exención impositiva para los integrantes del Poder Judicial. Los principios de igualdad frente a los impuestos y fundamentalmente de generalidad tributaria crean una limitación a la justificación pretendida”.
La radical Lidia Ascárate encabeza el proyecto que busca intervenir el Poder Judicial por el “deterioro institucional en la provincia”.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Lidia Ascárate (UCR-Tucumán), presentaron un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial en Formosa. “En Formosa no hay división de poderes y para garantizar la forma republicana de gobierno, la independencia del Poder Judicial local y asegurar la recta administración de justicia, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, es necesario declarar la intervención federal del Poder Judicial”, afirmó Ascárate.
“El proyecto de ley pide la intervención del Poder judicial de Formosa, como remedio excepcional federal, que ponga fin a una administración de Justicia signada por la falta de independencia y sometida a los designios del poder político, y los escándalos motivados por reiteradas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo y la policía”, señaló.
No es la primera iniciativa que se presenta en ese sentido. De hecho, este proyecto tiene como antecedente el pedido realizado por la Coalición Cívica en enero pasado para intervenir por 180 días los poderes Ejecutivo y Judicial debido a supuestas violaciones de derechos humanos por parte de la administración formoseña.
“La existencia de un Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo, sumado a la abrupta mayoría en el Poder Legislativo que tiene el oficialismo, provoca que todos los hechos y prácticas que afectan garantías consagradas por la Constitución Nacional no tengan enjuiciamiento ni fiscalización alguna por parte del Poder Judicial de la Provincia, quedando los ciudadanos desprotegidos, y rehenes, ante las autoridades provinciales” afirmó la diputada tucumana.
La legisladora radiacl recordó que “hace tiempo venimos advirtiendo, con el respaldo de la ONU y la CIDH, sobre el fuerte deterioro institucional en la provincia, ello probablemente patentizado por hechos emblemáticos, como fueron los numerosos casos de violaciones a los Derechos Humanos que son de público conocimiento, que reflejan la profunda crisis provincial”.
“En este sentido, sostenemos que debemos buscar los elementos necesarios para que se encuentren los remedios institucionales que permitan resolver la situación que afecta gravemente a los formoseños. Y uno de esos remedios lo establece nuestra Constitución Nacional, y es la intervención federal”, manifestó la parlamentaria.
“Formosa es una tragedia en la vida institucional en la Argentina. Lleva aproximadamente tres décadas sometida a la voluntad de su gobernador Gildo Insfrán, con una elevada pobreza estructural y con serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de sus instituciones”, concluyó Ascárate.
Acompañan la iniciativa los diputados José Cano, Gustavo Menna, Karina Banfi Hernán Berisso, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Álvaro de Lamadrid, Omar de Marchi, Carlos Fernández, Ximena García, Dolores Martínez, Roxana Reyes, José Riccardo y Waldo Wolf.
El diputado del GEN criticó con dureza a Leopoldo Moreau por su pedido de “saneamiento” de la Justicia y consideró que el ataque al Poder Ejecutivo “está peor que en los tiempos de CFK como presidenta”.
El legislador porteño del GEN Sergio Abrevaya salió al cruce del diputado nacional Leopoldo Moreau por sus dichos acerca del Poder Judicial y aseguró que se trata de un ataque “para evitar ir presos”. Al mismo tiempo que advirtió que la embestida contra ese poder “está peor que en los tiempos de CFK como presidenta”.
En ese sentido, el porteño afirmó que “el feudalismo y sus esbirros, en este caso Moreau, están a pleno, apostando todo en el ataque al Poder Judicial. ¿Por qué cobra tanta importancia esto? Porque si no lo logran, van a ir presos todos los que robaron, empezando por Cristina Fernández de Kirchner”.
Al mismo tiempo que expresó que “el ataque a la Justicia está peor que en los tiempos de CFK como presidenta. Se ve que creían que la impunidad iba a continuar. Como algunas causas avanzaron, la desesperación es muy grande” e insistió en que “tienen a todo el Gobierno y a toda una fuerza política dedicados a atacar a la Justicia para salvar a multimillonarios como Cristina y sus amigos gobernadores”.
“Basta de amenazar a jueces y fiscales con juicios políticos por cumplir con su trabajo. No se puede sostener un sistema democrático cuando los mismos que lo conforman son los que juegan en contra”, sostuvo Abrevaya.
Cabe recordar que hace unos días atrás Moreau había advertido que “el país no puede convivir más con este serpentario; es imprescindible sanear al Poder Judicial y no se va a sanar a sí mismo, así como los militares no se podían juzgar a sí mismos” y remarcó que “hay que buscar los mecanismos institucionales y políticos para terminar con esta situación, no puede haber un poder paralelo al de la soberanía popular”.
A la vez que en diálogo con radio El Destape manifestó que “esto no da para más, es imprescindible que el Poder Judicial sea reformado, pero no solo por estas causas que tienen que ver con la administración pública, sino porque no le da respuesta al ciudadano común, por ejemplo con los femicidios, las perimetrales, con las denuncias que se hacen por anticipado”.
El diputado nacional de JxC declaró que el funcionamiento de este Ministerio “no tiene ningún sentido”, mientras AF evalúa quién reemplazará a la actual ministra Marcela Losardo.
El diputado nacional Omar de Marchi (Juntos por el Cambio – Mendoza), afirmó que “quizás sea el momento de cerrar el Ministerio de Justicia”, en momentos en que el presidente Alberto Fernández evalúa un reemplazo para Marcela Losardo al frente de esa cartera.
“Sería un buen momento para preguntarnos para qué sirve. Quizás sea el momento de cerrarlo y no pensar en el sucesor”, consideró el legislador del Pro por Mendoza, al tiempo que sostuvo que “el Ministerio de Justicia en sí mismo implica una intromisión sobre el Poder Judicial, por lo que no tiene ningún sentido su funcionamiento”.
En declaraciones a la señal de noticias La Nación +, el mendocino sostuvo que “bastaría con que haya una secretaría a los efectos del relacionamiento del Ejecutivo con el Poder Judicial, pero un ministerio no tiene nada que hacer ahí.”
“La justicia la imparte el Poder Judicial y allí es donde debe concentrarse”, agregó el legislador nacional, frente a la eventual salida de Losardo, adelantada por el presidente el pasado lunes, y su reemplazo por un funcionario cuyo nombre todavía no se definió.
Por otra parte, De Marchi se refirió al conflicto de la provincia de Formosa por la decisión del gobierno local de volver a la fase 1 de aislamiento y las protestas sociales contra la medida.
El diputado opinó que “es muy grave lo que sucede, y gracias a la tarea de muchos dirigentes de la oposición se ha logrado visibilizar y nacionalizar lo que puertas adentro viene ocurriendo hace muchos años”.
Así lo expresó el diputado K Leopoldo Moreau, en medio de la salida de la ministra Marcela Losardo. Consideró que “es imposible que la democracia conviva con un grupo mafioso instalado en Comodoro Py”.
El diputado oficialista Leopoldo Moreau renovó sus críticas al Poder Judicial, en medio del endurecimiento del kirchnerismo contra un sector de la Justicia y la salida de la ministra del área, Marcela Losardo, al enfatizar que “en Argentina el mayor peligro para las instituciones y el Estado de Derecho es un sector del Poder Judicial”.
Consultado en Radio 10 sobre la anulación de las condenas por corrupción que pesaban contra el expresidente brasileño Lula da Silva, el legislador consideró que “acá no pudieron hacer con Cristina lo que hicieron con Lula”.
“El lawfare en Argentina no empezó con Macri cuando llegó al gobierno, empezó antes para posibilitarle a Macri ser presidente, empezó con la mentira del Memorándum con Irán, con la mentira del asesinato de Nisman, que es una causa vergonzosa”, sostuvo.
Para el diputado del Frente de Todos, el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano “no se animan a iniciar el proceso de supuesto asesinato de Nisman porque es una mentira escandalosa, armada por Gendarmería en esa época, que inventó una pericia”.
Moreau opinó que la decisión a favor de Lula “es una bocanada de aire fresco”, al tiempo que advirtió que en nuestro país “la persecución y el lawfare continúa”.
“El lawfare en Argentina se hizo para endeudarnos brutalmente, como nunca en la historia; se hizo para saquear al pueblo argentino con tarifas dolarizadas y además hacer negocios como peajes, parques eólicos; se hizo para espiar masivamente a la oposición, al periodismo crítico”, continuó.
El radical K cargó contra “un pequeño puñado de jueces y fiscales” que “están atrincherados”. “Es imposible que la democracia conviva con ese grupo mafioso instalado en Comodoro Py, tienen que hacerse cargo del daño que le produjeron a Argentina y de que vulneraron el Estado de Derecho”, lanzó.
“Ha llegado el momento de activar todos los mecanismos institucionales, constitucionales, legales…el Consejo de la Magistratura, el juicio político, una bicameral en el Congreso, y modificar leyes orgánicas”, anticipó.
Será la primera sesión del período ordinario. Entre los pedidos de acuerdo de jueves, camaristas y defensores se encuentra el de Roberto Boico, exabogado de Cristina Kirchner. También se renovarán las sesiones virtuales por otros dos meses.
El Senado realizará este jueves desde las 14 su primera sesión del período ordinario, en la que se renovará por otros dos meses el sistema de funcionamiento virtual y se votarán 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores, entre ellos el de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En primer término, los senadores aprobarán el decreto 5/21, que lleva la firma de la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, y que prorroga por 60 días “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional” por la pandemia del Covid-19.
El esquema seguirá como hasta ahora, es decir, la mayoría de los legisladores podrán participar de las sesiones y reuniones de comisión desde sus domicilios particulares, sus oficinas o bien desde dependencias oficiales.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al Interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.
En la sesión también se votarán 22 pedidos de acuerdo para ocupar vacantes en el Poder Judicial, que obtuvieron dictamen favorable en la comisión presidida por Anabel Fernández Sagasti en las jornadas que se realizaron los días 25 y 26 de febrero.
Entre los pliegos figura el de Boico, exabogado de Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán, y ahora propuesto como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.
A continuación, el listado completo de pliegos que votará el Senado:
En un comunicado, el bloque presidido por José Mayans denunció que la Justicia actúa como “brazo ejecutor de la estrategia macrista de persecución, difamación y destrucción” del actual oficialismo.
Los senadores del bloque del Frente de Todos salieron en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa denominada “dólar futuro” y vincularon el accionar de la Justicia al proceso electoral de este año.
En un comunicado, el bloque presidido por José Mayans se preguntó “cuál es la verdadera razón por la que los jueces intervinientes se resisten a cerrar esta causa absurda”.
“La respuesta es simple: estamos a pocos meses de las elecciones de medio término en nuestro país y hay un sector de la Justicia decidido a repetir, una vez más, la práctica de manipulación e intromisión del Poder Judicial en los procesos electorales, actuando como brazo ejecutor de la estrategia macrista de persecución, difamación y destrucción de nuestro espacio político”, denunciaron.
Los legisladores repudiaron “el accionar de un sector de la Justicia y de los medios de comunicación hegemónicos que, en forma articulada, continúan ejecutando una condenable persecución judicial y mediática contra nuestro espacio político en general y contra la vicepresidenta de la Nación en particular”.
“Sin dudas, el hecho de que las personas acusadas en esta causa no hayan sido aún sobreseídas en la misma constituye una verdadera aberración jurídica que vulnera las más elementales nociones de justicia”, interpretaron.
En ese sentido, repasaron los resultados de la pericia realizada por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia y aseguraron que “derrumba con contundencia cada uno de los argumentos esgrimidos por los denunciantes y por el juez (Claudio) Bonadio en el auto de procesamiento”.
También señalaron, al igual que lo hiciera la propia Cristina en su descargo, que “quienes se beneficiaron con las operaciones del dólar futuro fueron los amigos y exfuncionarios del expresidente Macri y las empresas vinculadas a su familia, luego de la brusca devaluación que ellos mismos decidieron e instrumentaron”.
“Estamos ante una decisión de polı́tica económica que no constituye una cuestión justiciable. Sin embargo, en esta Argentina del lawfare permanente, parece que hay que explicar hasta las cuestiones más obvias ante algunos jueces que han olvidado que su rol es el de aplicar la Constitución Nacional y las leyes vigentes”, se quejaron los senadores oficialistas.
Por último, remataron con un mensaje a los jueces: “Si quieren participar en política, deberían renunciar a sus cargos en el Poder Judicial y someterse al voto popular, tal como lo hacemos nosotros”.
Dijo que “tienen que dejar de mirar para otro lado” en los casos de violencia de género y femicidios. La vicepresidenta redobló así sus críticas al Poder Judicial.
La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra jueces y fiscales en el marco del Día Internacional de la Mujer, y les pidió que “dejen de mirar para otro lado” en los casos de violencia de género y femicidios.
“Para avanzar con el cambio cultural que está protagonizando el colectivo feminista de nuestro país necesitamos el compromiso de todos los poderes del Estado”, sostuvo Cristina en su cuenta de Twitter.
Acto seguido, advirtió que “para erradicar la violencia machista y los femicidios, jueces y fiscales tienen que dejar de mirar para otro lado”.
De ese modo, la titular del Senado renovó sus críticas al Poder Judicial, tras el fuerte descargo de la semana pasada ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa denominada “dólar futuro”.
En esa oportunidad, Cristina volvió a hablar de lawfare y denunció que el Poder Judicial está “podrido” y que es “perverso”, entre otras duras acusaciones que incluyeron a la gestión anterior por la deuda contraída con el FMI.
“El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos, cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no hacen nada”, lanzó Cristina ante el tribunal.
El diputado kirchnerista consideró que la vicepresidenta dio una caracterización “rotunda”, durante su defensa en la causa “dólar futuro”.
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade destacó la exposición que la vicepresidenta realizó en su defensa por la causa “dólar futuro”, y consideró que dio una descripción “rotunda” sobre el rol del Poder Judicial.
“Me parece que lo más importante ha sido su caracterización del Poder Judicial. Este rol de cómplice, de garantía de los intereses más concentrados que viene operando hace muchos años”, sostuvo el legislador del Frente de Todos.
Para el oficialista, esa parte fue “lo más caliente del discurso de Cristina” y agregó: “Creo que tenemos que andar como militantes difundiendo ese mensaje de Cristina, esa definición del Poder Judicial tan rotunda”.
En referencia a la causa “dólar futuro”, el titular de la Comisión de Justicia de Diputados dijo que es una causa “sin ningún asidero, una causa que además es un símbolo del macrismo, un símbolo de los cuatro años de macrismo, porque están persiguiendo a los que generaron políticas económicas virtuosas y, al mismo tiempo, como la otra cara de la moneda, están dejando impunes a los verdaderos responsables del fraude del Estado”.
En diálogo con Radio 10, Tailhade completó: “Como dice bien Cristina, ahora empiezan a levantar el acelerador con respecto a esta causa porque se ven venir la querella criminal por la deuda, se ven venir que pueden haber causas por esto, por dólar futuro contra ellos, entonces ahora se hacen los que ahora comprenden que esto ‘no, no es un delito, es una política judicial y demás’; pero bueno, ahora lo de la causa quedó absolutamente claro”.
Legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio se manifestaron en las redes luego que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticara con dureza a la Justicia y el gobierno de Macri, durante la audiencia ante la Cámara Federal de Casación.
Tras la defensa de Cristina Kirchner ante la Cámara Federal de Casación, en el marco de la causa “dólar futuro”, durante la que dio un discurso de alto voltaje político, cargado de críticas a la Justicia y al gobierno de Mauricio Macri, tanto legisladores del oficialismo como de la oposición se refirieron al tema.
Por el Frente de Todos, el diputado Leopoldo Moreau consideró que “después de este alegato de Cristina no se les ocurre a los miembros de la Corte Suprema renunciar? El caradura del Fiscal Pleé del grupo de los fiscales vengativos seguirá con sus persecuciones ilegales? No tienen vergüenza. Hacen un daño enorme al país. Esto no da para más”.
“La justicia no te persigue un femicida pero pasa cinco años poniendo recursos, tiempo, empleados, en sostener una causa inventada en la que no hay delito y que sólo está armada para hacer política para un sector y plata para unos pocos. #dolarfuturo #LawfareAlPalo”, escribió la diputada Gabriela Cerruti.
En tanto, su par Fernanda Vallejos calificó a la causa como “dólar fruta” y relató tramos de las palabras que la vicepresidenta iba diciendo. “Ahora, dando una lección sobre la persecución a líderes populares, que comenzó con H. Yrigoyen (1930), juzgado y encarcelado, tras el golpe avalado por la CSJ”.
“Recuerda la compañera que esta causa se inicia a partir de una denuncia de Negri (UCR) y Pinedo (PRO), aliados de JxC, ‘casualmente’, entre la 1ra. y 2da. vuelta electoral de 2015. Justicia, medios y oposición a los gobiernos populares interviniendo en procesos electorales”, señaló.
La oficialista agregó que “el Poder Judicial intervino electoralmente, y también es responsable de la llegada del anterior gobierno, que sí venía a devaluar, a endeudar, a traer de vuelta al FMI, a hacer el desastre que hicieron. Un gobierno que vino a delinquir, como se vio con la fuga y la deuda”.
“Nota al pie: me acordé de la ‘campaña’ que me hizo Clarín en 2017 cuando dije q la persecución política tenía sus raíces en lo ocurrido con Yrigoyen y Perón, y que se había extendido a las figuras que los acompañaron. Por cierto, en esta causa están acusados @Kicillofok y @avanoliok”, completó.
Por su parte, el senador Jorge Taiana expresó: “Gran defensa de @CFKArgentina en una causa inventada y bochornosa sobre dólar futuro en la que paradójicamente solo se beneficiaron los amigos de Macri. Cristina siempre dando la cara, firme en sus argumentos y desnudando el accionar de los poderes reales”.
“Los argentinos escuchamos hoy una pieza histórica de @CFKArgentina en relación a la inocultable responsabilidad del Poder Judicial en la Argentina de estos últimos años. Sin dudas la estadista mujer más importante de nuestra historia”, elogió el senador Martín Doñate.
La vicejefa del Frente de Todos en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, citó a la vicepresidenta: “El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no pasa nada”. Y agregó: “@CFKArgentina y un alegato más que contundente sobre cómo funciona la justicia”.
“Impresionante e histórico @CFKArgentina! La verdad sin medias tintas. Si queremos recuperar la dignidad de nuestra Patria, los jueces deben estar a la altura de las circunstancias y aplicar la Constitución”, sostuvo el senador Carlos Caserio.
“La llamada causa dólar futuro es un claro ejemplo del lawfare que se aplica en nuestro país y la región para estigmatizar, perseguir e incluso encarcelar a través de causas truchas a dirigentes de los movimientos progresistas. Ha quedado claramente demostrado que los acusados en esta causa no cometieron ningún delito y que todas las operaciones investigadas se realizaron según las normativas. Mientras tanto, los amigos y funcionarios de Macri que se enriquecieron ilegalmente comprando dólar futuro, pactando las tasas y provocando la devaluación gozan de total impunidad”, expresó por su parte la diputada camporista Gabriela Estévez.
Críticas de la oposición
Del lado contrario, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente del bloque Coalición Cívica, manifestó: “Señora Vicepresidente deje de victimizarse, extorsionar al Poder Judicial y subvertir el orden institucional. Por más que quiera no va a poder ir por todo, vamos a defender el estado de derecho, la división de poderes y la República”.
“La presidenta @CFKArgentina dice que los hoteles, el sobreprecio de la obra pública y la confesión de 31 empresarios auto inculpándose del llevarle cash a la casa es un invento de los jueces, la prensa y Trump. Y la claque aplaude”, fue el mensaje del diputado del Pro Waldo Wolff.
También desde el bloque macrista, mediante un comunicado, el legislador Jorge Enríquez opinó que “la exposición que hizo Cristina Kirchner en una audiencia de una de las tantas causas penales que se le siguen, nos recuerda que el destino de la Argentina está en manos de personas desquiciadas”.
“Esta persona, autora de los actos de corrupción más grandes que registre la historia argentina, se permite dar lecciones de moral y descalificar con burdas teorías conspirativas a los jueces que la juzgan”, lanzó.
Para el diputado, “el nivel jurídico de esta ‘abogada exitosa’ es tan paupérrimo que les reprocha a los magistrados que hubieran fijado audiencias en días que eran de cumpleaños de sus familiares”. “Está tan cercada por las abrumadoras pruebas que hay en su contra que su única defensa es montar estos shows psiquiátricos en los que impugna en forma general a todo el Poder Judicial”, cuestionó.
Y añadió: “La grotesca puesta en escena que vimos hoy nos sirve para no perder de vista quién es y tomar muy en serio las amenazas que ella y su círculo de secuaces y cómplices, que incluye al presidente, lanzan permanentemente contra la justicia independiente. En esto, renegar de la grieta no es moderación: es complicidad”.
“El ataque a la Justicia es total! La construcción de la idea lawfare es la única defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Acusa a la justicia y a los medios para que ‘la historia la absuelva’, el lawfare es ella”, dijo el diputado radical Luis Petri.
En su Twitter, el radical Alfredo Cornejo compartió un tuit de la UCR Nacional, que él preside, para repudiar que “en su declaración, @CFKArgentina comparó la conducta intachable de Hipólito Yrigoyen con el gobierno más corrupto de la historia. Una falta de respeto a un Presidente que nunca necesitó fueros para evitar a la Justicia”.
Para el diputado del Frente de Todos hubo una “mala interpretación” del mensaje presidencial, y habló de la facultad del Congreso para dictar leyes que regulen el funcionamiento del Poder Judicial.
El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau aclaró este miércoles que en el Congreso todavía “no hay ningún proyecto vinculado a la creación de una comisión bicameral”, y señaló que se dio un “mal entendido” y se están formando “opiniones sobre algo que todavía no existe”.
Pese a que el senador oficialista Oscar Parrilli y la propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, hicieron referencia al tema, Moreau consideró que existió “una interpretación equivocada” de las palabras del presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa.
El legislador recordó que el mandatario pidió “acentuar una tarea que está rubricada en la Constitución, que es la tarea del control cruzado con el Poder Judicial”. Por eso, explicó que el Poder Judicial controla “tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo respecto a la constitucionalidad de la normas que se dictan”, mientras que “el Congreso tiene la facultad de dictar leyes vinculadas a la actividad del Poder Judicial”.
“Como un ejemplo extremo, si el Congreso el día de mañana sale diciendo ‘no hay más Código Civil’, no hay más Código Civil”, graficó, y agregó que el Parlamento se encarga de dictar las leyes orgánicas e incluso “la composición de la propia Corte se puede ampliar, se puede achicar, también por mayorías simples en el Congreso. Eso se llama control cruzado”.
En diálogo con radio Futurock, el oficialista indicó que ” ya existen comisiones de control y seguimiento, como la del Ministerio Público”. Entonces, consultado sobre si era un “error” hablar de una nueva comisión, respondió: “En realidad sí, por lo menos hasta ahora nadie ha promovido eso”.
Lo que sí reiteró Moreau es su opinión de que “es absolutamente imprescindible una reforma amplísima del Poder Judicial, porque salta a la vista que está funcionando muy mal”.
“La Corte Suprema parece una especie de poder monárquico“, criticó y apuntó que los jueces del máximo tribunal “gozan de privilegios extraordinarios respecto al resto de los ciudadanos”.
Para el diputado hace falta “una reforma profunda”, pero “los que se oponen es porque se oponen a todo lo que signifique remover privilegios”. “Hay que seguir trabajando, hay que seguir convenciendo, tratar de dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad”, agregó.
Y volvió a disparar contra la Corte, al sostener que “se ha transformado en una especie de gobierno paralelo” y “apunta a veces incluso al corazón de decisiones tomadas por el Parlamento en el ejercicio soberano de su función. Carece absolutamente de prestigio”.
Desde la bancada opositora señalaron que sí debería crearse una comisión, pero para investigar “el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio ratificaron su rechazo a la creación de una comisión bicameral que controle al Poder Judicial, luego que el presidente Alberto Fernández le pidiera al Congreso, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, asumir “el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial” como “lo prevé nuestra Constitución”.
A través de un comunicado difundido este miércoles, la bancada opositora que conduce el cordobés Mario Negri lamentó “escuchar que el oficialismo pretenda crear una comisión legislativa para controlar a la Justicia, no sólo porque sería abiertamente inconstitucional, sino porque además demuestra que la principal preocupación del Poder Ejecutivo es amedrentar a jueces y fiscales para garantizar la impunidad en nuestro país”.
“Vemos a un Gobierno alejado de los problemas reales de los argentinos que no acceden a las vacunas, que no pueden retomar sus trabajos al ver limitada su movilidad por las restricciones en el transporte público, de las miles de PyMEs que cerraron sus puertas, de millones de mujeres que no pueden reinsertarse en el mercado laboral teniendo que hacer malabares para que sus hijos recuperen apenas algunas horas de presencialidad escolar y de los millones de nuevos pobres y desocupados que dejó la pandemia. Esto es lo que preocupa a los argentinos, que aún no saben cuál es el plan de vacunación que nos permitirá recuperar la normalidad”, cuestionaron.
Para los legisladores del Pro, la UCR y la CC-ARI, “si el oficialismo quiere crear una comisión, en lugar de pensar en controlar la Justicia, lo invitamos a apoyar nuestra propuesta para monitorear la transparencia de un plan de vacunación que nos devuelva previsibilidad y tranquilidad a todos los argentinos”. “Sostenemos que la única comisión que debería proponer el Gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”, concluyeron.
El diputado oficialista se preguntó “por qué no podemos conocer de lo que hablaba” el expresidente con un funcionario judicial.
El diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos) se refirió este miércoles a la intención del oficialismo de crear una bicameral que controle al Poder Judicial, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Y, en ese sentido, consideró que la comisión podría investigar “cuántas veces un periodista fue junto a un juez o un fiscal” al despacho del expresidente Mauricio Macri.
El rionegrino cuestionó que desde la oposición “se escandalizan” por la propuesta, cuando durante el gobierno de Cambiemos “los que atentaban contra la justicia eran los que invitaban a los jueces y a los fiscales al despacho de Macri. La verdad que es una impunidad total”.
“A través de la historia parlamentaria han habido muchas bicamerales. Recordemos caso IBM Nación, la AMIA, la bicameral permanente que controla y fiscaliza a los fiscales, al Ministerio Público Fiscal. Y, ¿por qué no podemos crear una comisión bicameral permanente integrada por diputados y senadores que investigue la posible comisión de delitos contra la independencia del Poder Judicial? Independencia judicial que ellos se llevaron por delante, se llevaron puesta”, expresó el legislador en diálogo con Radio 10.
Para el oficialista, “son muchas las funciones que puede tener” la bicameral, aunque aclaró -en línea con lo dicho por la ministra Marcela Losardo- que “lo que no se puede hacer en una comisión obviamente es sancionar magistrados, que es una de las funciones de tiene el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento”.
“Pero de ahí en adelante, podemos investigar muchas cosas -prosiguió- ¿Cuántas veces fue un periodista junto con alguno de estos jueces o fiscales a solas a reunirse en el despacho del presidente Macri? ¿Por qué no podemos investigarlo? ¿Qué tienen miedo que se conozca? Ojo, muchas de estas cosas ya las estamos conociendo, ¿no?”.
Y recordó que en diciembre pasado, a través de las redes sociales, se reveló que “(Ricardo) Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, compartió una reunión con Macri y con el periodista Joaquín Morales Solá”.
“¿Qué tienen miedo? ¿Qué le preguntemos de qué hablaron en esa reunión? A ver, es obvio de lo que hablaron, porque días más tarde aparecieron las escuchas ilegales de Cristina (Kirchner) y (Oscar) Parrilli. Escuchas privadas que no tenían nada que ver con ninguna investigación penal. Bueno, ¿por qué no podemos conocer de qué hablaba en esa reunión con el expresidente con un funcionario judicial?”, completó Soria.
“Eso no es constitucional”, aclaró la ministra de Justicia y dijo que las atribuciones apuntan a “analizar” el funcionamiento del servicio de justicia y proponer iniciativas para mejorarlo.
El rol de la Justicia volvió a estar en el centro de la escena tras el mensaje del presidente Alberto Fernánez ante la Asamblea Legislativa, y en las últimas horas por la propuesta de crear una comisión bicameral de control del Poder Judicial, que el senador Oscar Parrilli salió a anunciar.
Sobre el tema se refirió este miércoles la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, quien señaló: “Lo que el presidente planteó, y está muy bien que lo pida, es que el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial. Esto es lo que plantea nuestra Constitución en un poder republicano y democrático”.
“Ese control no significa interferir en las decisiones, sino para que se respete el equilibrio de poderes”, sostuvo la funcionaria y dijo que la comisión funcionaría como “un órgano de asesoramiento, no permanente, creado para el estudio de un asunto determinado”.
La ministra aseguró que “en caso de que ocurra (la creación), porque eso es una decisión del Congreso, será para analizar o estudiar el funcionamiento del Poder Judicial dentro de las atribuciones. Podría convocar una audiencia pública para que los jueces informen sobre su gestión, pero todo eso para un mejoramiento de la justicia”.
Losardo también explicó que la bicameral podrá “elaborar propuestas legislativas”, pero aclaró que no tendrá atribución para sancionar a jueces: “No puede, eso no es constitucional. Eso le corresponde al Consejo de la Magistratura y al jurado de enjuiciamiento”.
Por otra parte, la funcionaria reclamó que están “a la espera” de la sanción del proyecto de reforma judicial en la Cámara de Diputados para “reordenar el sistema federal”. “Creemos que la Justicia tiene que cambiar, tiene que mejorar. No toda. Está lleno de jueces que son probos, honestos y trabajan”, prosiguió.
En declaraciones a radio El Destape, la titular de la cartera de Justicia enfatizó que la vía para “mejorar el sistema judicial” es por “el camino de las instituciones”. En ese sentido, criticó la postura de la oposición.
“Siempre estuvimos dispuestos a aceptar cambios, pero siempre nos encontramos con una pared”, expresó y rechazó que la iniciativa ni siquiera se debata. “Todavía no lo habíamos enviado y se hablaba del proyecto para la impunidad de la vicepresidenta. Después dijeron que el presupuesto era mucho, después de por qué lo presentamos en pandemia. Siempre hubo un no”, agregó.
Entonces, Losardo consideró que “algunos quieren seguir y están cómodos como están ahora, parte de la oposición seguro. Todo lo que se quiera hacer para mejorar, para transparentar el servicio de Justicia es lo que siempre se traba, entonces me pregunto, ¿algunos quieren una Justicia transparente, proba?”.
Consultada respecto de las causas que involucran a la vicepresidenta, la ministra prefirió no hablar específicamente de alguna, pero sí afirmó que “hay muchas causas judiciales que tienen un montón de vicios y que tienen un montón de cuestiones que no fueron atendidas, y no se ha hecho nada”. “La llamaron una vez a ocho indagatorias en un día. ¿A alguien le pasó eso? La vicepresidenta es una persona que siempre ha estado a derecho”, completó.
Fue uno de los proyectos enumerados por el presidente durante la Asamblea Legislativa. Cuáles fueron las recomendaciones de los expertos en cuanto a la integración y el funcionamiento del órgano encargado de nombrar y remover jueces.
Entre los anuncios judiciales que realizó ante la Asamblea Legislativa el presidente Alberto Fernández, anticipó que enviará este año al Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en base a las recomendaciones de la comisión de juristas que trabajó el año pasado y entregó un informe al Gobierno.
En su discurso de apertura de sesiones, el presidente sostuvo que el órgano encargado de designar y remover jueces “debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación” de los magistrados, y agregó que “este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”.
Además, sostuvo que “debemos despolitizar ese ámbito para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.
Fernández se refería, puntualmente, a la integración actual del Consejo, en la cual de los 13 miembros, siete pertenecen al estamento político (tres diputados, tres senadores y un representante del Poder Ejecutivo), sumados a tres representantes de jueces, dos de los abogados y uno del sector académico.
Para aprobar las ternas de jueces que serán enviadas al Poder Ejecutivo y para abrir el Jurado de Enjuiciamiento con el fin de destituir a un magistrado, se necesita una mayoría de dos tercios, es decir, nueve votos.
Ante la preponderancia de la representación política, la comisión de juristas que trabajó el tema por orden de Fernández propuso modificar la integración del Consejo ampliándola a 16 integrantes, con cuatro representantes por cada sector, es decir, por partes iguales.
En su mayoría, los expertos sugirieron que con este esquema el presidente tenga doble voto en caso de empate, y que además la presidencia sea ejercida de forma rotativa entre todos los estamentos por el plazo de un año y con alternancia de género.
Además, los especialistas recomendaron que el quórum sea de la mitad más uno de los miembros; que todos los consejeros tengan dedicación exclusiva a esa función; y que para su selección se contemple la paridad de género y el federalismo.
En cuanto al mandato, aconsejaron mantener los cuatro años con posibilidad de renovar por otro período, mediando un intervalo; y por otra parte, propusieron la realización de audiencias públicas para que los futuros consejeros sean conocidos en sociedad.
Por último, los juristas llamaron a reducir la planta permanente y limitar la cantidad de asesores por consejero; y establecer una cantidad mínima de reuniones periódicas -en función de que tendrían dedicación exclusiva-, con posibilidad de hacerlas de modo virtual.
La comisión que asesoró ad honorem al Gobierno estuvo integrada por Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini, Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera y Omar Palermo.
En varias de las consideraciones sobre el Consejo de la Magistratura, las juristas Kogan y Weinberg de Roca no formularon opinión, y en otras marcaron disidencias.
Cabe recordar que en diciembre de 2017, el presidente Mauricio Macri envió al Congreso su propio proyecto de ley para reformar el Consejo, en el marco del programa Justicia 2020 que encabezaba el entonces ministro de Justicia Germán Garavano.
En esa iniciativa, el gobierno anterior también proponía ampliar el organismo llevándolo a 16 integrantes. ¿De qué modo? Incorporando un juez y dos abogados más -es decir, cuatro representantes por cada uno de esos estamentos- y manteniendo el número de consejeros políticos y al único académico.
Actualmente, el Consejo de la Magistratura es presidido por Diego Molea, del sector académico, y lo integran además los diputados Vanesa Siley, Pablo Tonelli y Graciela Camaño; los senadores Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Silvia Giacoppo; Gerónimo Ustarroz en nombre del Poder Ejecutivo; Alberto Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta en representación de los jueces; y Diego Marías y Carlos Matterson por los abogados.
El senador sugirió la creación de una comisión bicameral para investigar al Poder Judicial a raíz de lo que pidió Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Qué le respondió la oposición.
Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio salieron a criticar con fuerza la propuesta del senador oficialista Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral que investigue al Poder Judicial, a raíz de lo que pidió el presidente Alberto Fernández este lunes en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
“El presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, habló de un rol cruzado de control de los poderes, y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, debatir, discutir y que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial”, planteó Parrilli en declaraciones a El Destape, y desde Juntos por el Cambio brotaron los cuestionamientos.
El jefe del interbloque de diputados, Mario Negri, advirtió que “Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales”.
“Con evidente abuso de autoridad, el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento”, señaló el cordobés, y remató: “Inaceptable. No pasarán”.
Su par del Senado Luis Naidenoff coincidió en que se trata de “una nueva embestida para apretar y amedrentar a los magistrados que no se doblegan ante el poder, como quienes condenaron a Lázaro Báez por lavado o a Julio De Vido por corrupción”.
“No vamos a permitir que se lleven puesta la independencia de la Justicia ni la República”, sentenció el titular del interbloque en la Cámara alta.
Por su parte, el senador radical Pablo Blanco consideró que “la pretensión del presidente Fernández, explicitada por el senador Parrilli, de armar una comisión bicameral en el Congreso para investigar a la Justicia es un disparate total a la medida de Cristina Fernández”.
“Ese proyecto no debería prosperar, y si lo hace, quienes la integren se transformarán en apéndices del oficialismo para condicionar a la Justicia. Ir contra la división de poderes es atentar contra la República”, subrayó el senador fueguino.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López sostuvo que “la propuesta de Parrilli, Alberto Fernández y Cristina Kirchner constitucionalmente se llama ‘subvertir el orden institucional’, y políticamente se llama ‘estamos fracasando en el plan de impunidad y vamos a atacar’”.
“Crear una comisión para controlar el desempeño de jueces es un intento por domesticar y acallar a la Justicia independiente, que viola la división de poderes y la Constitución. No lo vamos a permitir!”, advirtió Luis Petri.
El senador del Frente de Todos, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo que tuvo “satisfacción” por el discurso de Alberto Fernández.
El senador nacional Oscar Parrilli aseguró que el presidente Alberto Fernández sugirió la creación de una comisión bicameral que controle a la Justicia, en referencia al tramo del discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa cuando pidió que el Congreso “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial” como “lo prevé nuestra Constitución Nacional”.
“Me satisfizo plenamente el discurso del presidente, que abordó con toda crudeza y realidad los problemas que tiene Argentina. No solamente los que vienen de la tierra arrasada que nos dejó el macrismo, sino con la pandemia”, sostuvo este martes el neuquino.
Para el legislador del Frente de Todos, el Poder Judicial “es el poder del Estado más desprestigiado que existe” y “además de todos los males que tenemos como consecuencia de la acción del macrismo en la Justicia, tenemos fallas estructurales que le complican la vida al ciudadano común”.
“El presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, habló de un rol cruzado de control de los poderes, y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, debatir, discutir y que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial”, señaló en diálogo con radio El Destape.
Parrilli consideró que esa comisión también debería abordar “qué cambios hay que hacer para tener una Justicia que le sirva a la gente y sea independiente, que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie, ni del poder económico, político y mediático de ninguna naturaleza”.
“Ha sido una descripción muy acertada la que ha hecho (el presidente), me llena de satisfacción”, reiteró y, consultado sobre si por esa bicameral tendrían que pasar jueces y fiscales a rendir cuentas, expresó: “Esperemos que así sea y que concurran, estamos acostumbrados a fiscales rebeldes que no se presentan ante la Justicia”.
En ese sentido, el oficialista apuntó contra el procurador interino, Eduardo Casal, que “sigue cubriendo” al fiscal Carlos Stornelli. “Yo estoy preparando una presentación para saber en qué estado están los dos pedidos de juicio político que le hice a Stornelli, uno en mayo del año pasado y otro en diciembre. Uno que tenía que ver por su actuación en la causa de los cuadernos, con la extorsión a los testigos, y el otro fue por la confirmación de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que ratificó el procesamiento por espionaje que había hecho a abogados, colegas y empresarios”, describió.
Y agregó: “Tenemos un fiscal prófugo que actúa. Como dijo ayer el presidente, inventaron una teoría del poder residual para meter presos a personas inocentes y algunas personas que tienen poder real siguen funcionando. Es una cosa digna de toda perplejidad”.
Sobre el Tribunal Federal de Garantías que Alberto Fernández anunció buscará consensuar su creación con los gobernadores, Parrilli opinó que “sería un organismo muy federal, equilibrado, moderado, participativo y amplio”. “Vamos a esperar el proyecto para analizarlo y si nos puede ayudar a tener una justicia más creíble y más cerca de la gente”, completó el titular de la Comisión de Justicia del Senado.
El presidente dijo que enviará al Congreso una iniciativa sobre el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte y otro para reformar el Consejo de la Magistratura.
Un largo tramo de su discurso le dedicó el presidente Alberto Fernández al tema de la Justicia, y afirmó que “la reforma del Poder Judicial en su más amplia dimensión” es “una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto”.
“Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy. Un hombre que se ha criado en el mundo del derecho, que enseña a respetar la institucionalidad de la República y la vigencia de los valores democráticos”, comenzó.
El jefe de Estado recordó que cuando asumió habló de la “convicción de la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema judicial” porque “el Poder Judicial de la Nación está en crisis”. “Es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Sus miembros -jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios- disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”, apuntó.
“Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las Ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, agregó.
En referencia al fiscal Carlos Stornelli, Fernández cuestionó que “en la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ‘poder residual’ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”.
“También observamos como sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara”, enfatizó.
Y señaló que “algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la Casación al entonces presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra sus opositores políticos y solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio”.
“En este año también hubo decisiones judiciales llamativas. Como un per saltum que le asignó extrema gravedad al traslado de dos jueces ignotos”, dijo en alusión a Leopoldo Brugli Pablo Bertuzzi.
El presidente le pidió al Congreso “con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional”. “Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”, continuó.
En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el mandatario reprochó que “vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”.
“Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, enumeró.
En ese sentido, le solicitó a la Cámara de Diputados que “debata” y “apruebe” el proyecto de reforma judicial, al igual que la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Fernández expresó que, tras recibir un informe del consejo de juristas que lo asesoró, decidió enviar al Parlamento un proyecto “que ver con el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia da la Nación”. “Propondremos reformas a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias. Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado ‘arbitrariedad’ sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”, explicó.
Por otra parte, mencionó una iniciativa “que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial”. También “un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”.
Sobre esta propuesta, el presidente opinó que “debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.
Además, el mandatario aseguró que consultará a los gobernadores por la “aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional” ya que “nuestra idea es promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”, afirmó. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, sostuvo.
“Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal”, anunció.
La Cámara alta aprobó un paquete de designaciones de jueces, fiscales y defensores. Se renovó la discusión sobre los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
El Senado aprobó este jueves, con votos del oficialismo y aliados, un total de 28 pliegos que habían sido enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Entre los expedientes, se votó a favor de dos traslados que habían sido girados para ser revisados.
Se trata de las juezas Zunilda Niremperger, a cargo Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Resistencia, Chaco; y Verónica Skanata, al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones.
Ambas asistieron a audiencia pública realizada el pasado 4 de septiembre, ocasión en la que se ausentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron suspendidos por el Senado.
Anabel Fernández Sagasti, titular de la Comisión de Acuerdos, aprovechó para recordar que a diferencia de esos tres jueces, Niremperger y Skanata no solo asistieron, sino que “se explayaron largamente sobre su trayectoria profesional”.
“Hay una notoria diferencia con tres magistrados de la Nación que decidieron no asistir a la audiencia pública para considerar sus traslados”, criticó la oficialista, y sostuvo que “la comparecencia a la audiencia pública es un requisito ineludible para que el Senado preste acuerdo”.
Laura Rodríguez Machado (Pro) salió al cruce de Fernández Sagasti y enfatizó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “no vinieron a las audiencias públicas porque las audiencias públicas solo se manifiestan para los casos de aprobar o rechazar un pliego, no de revisar un traslado”.
“Jamás se puede convocar a un juez para explicar si su traslado, que lo dispuso el Poder Ejecutivo, fue hecho de forma correcta”, consideró la cordobesa, y dijo que en ese caso el magistrado debería comparecer ante el Consejo de la Magistratura.
En tanto, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) añadió que “aunque los jueces hubieran venido de rodillas, ya estaban condenados a que se anularan sus traslados”, y “por su dignidad no se presentaron al escarnio de algo que no corresponde”.
Romero denunció una “manipulación evidente del Poder Judicial”, basada en que “aquellos jueces que no dictan sentencias favorables” sufren “amenazas, desplantes y acusaciones”, y puso el ejemplo del procurador interino Eduardo Casal, a quien “quieren alejar para que el segundo o tercero (del Ministerio Público Fiscal), afiliado a la agrupación Justicia Legítima, asuma el cargo”.
En la votación, el paquete de pliegos recibió 40 votos a favor, cuatro en contra y 16 abstenciones, en su mayoría de Juntos por el Cambio.
Entre las postulaciones aprobadas figura María Isabel Caccioppoli, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; Pablo Gabriel Salinas, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza; Pablo Oscar Quirós, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Mendoza; e Ivana Soledad Hernández, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, La Pampa.
También María Carolina Pereira, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; Susana Beatriz Pravata, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Mendoza; Edgardo Walter Lara Correa y Diego Martín Cormick, jueces del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 y N°11 de la Capital Federal, respectivamente.
En tanto, David Perelmuter fue designado juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°1 de la Capital Federal; Enrique Manuel Alonso Regueira, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Capital Federal; María Belén Puebla, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°108 de la Capital Federal; y María Constanza Caeiro, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°30 de la Capital Federal.
La nómina de jueces se completa con Héctor Andrés Heim a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, Buenos Aires; y Martín Miguel Innocente en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
Por su parte, Viviana Patricia Piñero fue avalada como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I; y Juan Alberto Fantini Albarenque como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II.
En la sesión se aprobaron además los pliegos de Iara Jesica Silvestre para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, La Pampa; y de Eduardo José Villalba para fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
En otro orden, fueron avalados Alejo Amuchástegui, defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza; Gema Raquel Guillen Correa, defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan; Ivana Verónica Mezzelani, defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de La Plata, Buenos Aires; Inés Jaureguiberry, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires; Guillermo Ariel Todarello, defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Martina Gómez Romero y Ramiro Javier Rúa, defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación.
Por Edgardo R. Redruello. Para el autor, un juicio por jurados donde el juez fundamentalmente es un espectador que se limita a dictar la sentencia, no es garantía de un mejor funcionamiento de la justicia.
La Legislatura de la provincia de Entre Ríos aprobó por unanimidad la ley 10.746 que establece el juicio por jurados para aquellos delitos graves cuya pena supera los 20 años, proyecto este fuere enviado por el ejecutivo provincial, dicha ley emanada del Congreso provincial fue aprobada por unanimidad, y -según se informó- por consenso de todos los bloques. Sin embargo y pese a que con ello se dice que se le da participación al ciudadano, la sociedad tomó conocimiento de la misma cuando ya el proyecto se había convertido en ley.
Si bien la Constitución Nacional en su artículo 24 determina que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus tramos, y el establecimiento del juicio por jurados.
El articulo 75 en su inciso 12 establece lo siguiente: “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y de la Seguridad Social”, y al final del mismo dice: “Y las que requiera el establecimiento de juicio por jurados”; o sea que no cabe ninguna duda de que la Constitución Nacional habilita el establecimiento de juicios por jurados.
Al respecto conviene realizar un análisis en relación a la implementación de esta institución.
En la Facultad de Derecho hay dos asignaturas en las que se analiza la Constitución Nacional; ellas son “Derecho Constitucional”, en donde se estudia todo lo relacionado con las normativas que emanan de la Carta Magna, e “Historia Constitucional”, en la que se estudian los antecedentes constitucionales, como así también el pensamiento de los constituyentes del año 1853, en relación al fundamento y al espíritu del articulado del texto constitucional, en otras palabras, todo el pensamiento que llevó al dictado de la Constitución.
Se desprende del espíritu de los constituyentes que cuando incluyeron que el Congreso promoverá al establecimiento de juicios por jurado, el entorno social en que ellos se desenvolvían estaba compuesto por personas de una cultura a la que la población en general no había podido acceder y por ello pensaron que quienes compondrían el jurado, aunque no fueran idóneos en derecho, sí poseían una instrucción superior, o sea, que su pensamiento en relación a esto era elitista; por otro lado, los medios de comunicación eran conocidos por un núcleo no muy numeroso de la población; en otras palabras, no tenían el poder que hoy en día tienen.
En los debates preconstitucionales los constituyentes polemizaron arduamente sobre la conveniencia o no del establecimiento de juicios por jurado. Es por eso que lo dejan librado a criterio del Congreso Nacional, es así que en cumplimiento de lo que establece el artículo 75 en un inciso 12, el Congreso Nacional dictó los códigos como lo establece en el principio el mencionado inciso 12 del artículo 75; sin embargo, en los más de 150 años de vigencia de la Constitución Nacional, y pese a todas las reformas habidas, en ningún momento se estableció el juicio por jurados dado que ello tendría que haberse incluido dentro de los artículos a reformar o agregar en ellos el proyecto de establecimiento de juicios por jurado. No se hizo y por lo tanto los reformadores de la Constitución Nacional no lo debatieron, es decir que en los distintos proyectos no se veía la conveniencia del establecimiento del mismo.
Hoy vemos, a través de los medios, cómo se manipula a la opinión publica de manera que ante la presencia de un hecho delictivo grave se condena o se absuelve al imputado sin ni siquiera, que este haya sido indagado como establece el proceso judicial y, por supuesto, la opinión publica termina creyendo lo que los medios dan por cierto. Por lo tanto entiendo que no es garantía el juzgamiento que puedan hacer las personas llamadas a componer el jurado, sin poner dudas sobre la integridad moral ni la probidad de los mismos dado que los jurados estarán integrados por personas de bien, pero sí existe la duda de que ya los componentes puedan estar influenciados por los distintos medios. Tengamos en cuenta que un diestro abogado del fuero penal que se ha especializado en oratoria puede volcar la opinión de los jurados en favor de su defendido, más allá de que existe un fiscal que presentará el cúmulo de pruebas en contra del acusado ante el jurado, y que el abogado defensor tratará de destruir mediante sus argumentos o pruebas que presente, y la labor del juez será el de escuchar el debate, leer lo que dictaminó el jurado y pronunciar la sentencia.
Sin embargo, cuando quien juzga es el juez, que trabaja en la investigación conjuntamente con el fiscal, las autoridades policiales que investigan el hecho, los peritos y testigos, llega a la conclusión de la investigación donde dicta procesamientos o falta de méritos basado en las contundentes pruebas que tiene en sus manos y que ha analizado minuciosamente lo que los jurados no hacen. De ahí que los jurados pueden condenar a un inocente o declarar la inocencia de un culpable. Esto de acuerdo con la habilidad de fiscales o abogados defensores.
Para un abogado penalista resulta más sencillo convencer a un jurado que solo ha escuchado oralmente a testigos, como así también oralmente a las pruebas presentadas en el juicio; en cambio resulta más difícil que el letrado pueda confundir a un juez que ha estado en pleno contacto en forma individual con cada uno de los testigos, como así también, minuciosamente con las pruebas que han surgido de su investigación más las presentadas por el fiscal y el abogado defensor.
Quiero dejar aclarado que mi opinión contraria al juicio por jurados no cuestiona en absoluto la idoneidad y probidad de quienes fueron autores del proyecto presentado al Ejecutivo provincial; mi cuestionamiento es al instituto de juicios por jurado basado en mi experiencia de más de 25 años de ejercicio en la profesión dedicando 10 años de la misma exclusivamente al derecho penal, complementada con mis casi 11 años de ejercicio de la magistratura como juez de instrucción penal. Como así también por lo analizado en aquellos países donde hace muchos años se han aplicado los juicios por jurados, con groseros errores en el resultado de los procesos llevándose a imputados inocentes a cumplir larguísimas condenas, inclusive en aquellos estados donde está establecida la pena de muerte que muchas veces fue aplicada.
Si bien a pesar de todos los elementos de juicio los jueces se equivocan al juzgar, esa probabilidad es muy inferior a lo que puede darse a través de los juicios por jurado, dado que los jueces no están sometidos a la influencia de los medios de comunicación, como lo están los potenciales componentes de los jurados.
Entiendo que un buen Poder Judicial con incuestionable idoneidad, como ha sido reconocido por la Asociación de Magistrados Nacionales, al Poder Judicial de Entre Ríos, e incluso, haberse pronunciado como el de mayor probidad, entiendo que es suficiente como para garantizar la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas como lo menciona el Ejecutivo Provincial. Téngase en cuenta salvo contados casos de corrupción proveniente de los propios jueces, en la mayoría de los casos ha sido el poder político que mediante acciones antidemocráticas y anti republicanas, ha presionado y corrompido a miembros del Poder Judicial, por ello la correcta fiscalización de la conducta de los jueces, como así también un Jurado de Enjuiciamiento, que sea designado con total imparcialidad, serán la garantía de tener una justicia independiente, idónea y de probidad garantizada.
Por ello entiendo que un juicio por jurados donde el juez fundamentalmente es un espectador que se limita a dictar la sentencia, no es garantía de un mejor funcionamiento de la justicia, y que por lo tanto pueda reemplazar a actividad judicial precedente.
Por otra parte, si realmente se le hubiera querido dar participación a los ciudadanos, ¿por qué no se le informó a través de los medios el proyecto de la ley? ¿Por qué no se abrieron debates, públicos, y por qué junto con la elecciones para las autoridades legislativas y ejecutiva, no se votó también por el sí o por el no a la ley, aunque la misma no fuera vinculante? Todo ello provoca en muchos ciudadanos, jueces y abogados, dudas sobre la bondad del juicio por jurados.
Edgardo R. Redruello es exjuez de Instrucción Penal
Así se desprende de los anexos que acompañan al proyecto de ley anunciado por el presidente Alberto Fernández. El detalle.
El proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal presentado este miércoles por el presidente Alberto Fernández crea 121 nuevos cargos y 94 juzgados en el interior del país, según se desprende de sus anexos.
En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.
En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.
Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.
El proyecto crea un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal por cada una de las siguientes ciudades o localidades: Junín, Pehuajó, Mercedes, Moreno, San Martín, Azul, Dolores, Mar del Plata, Necochea (Buenos Aires); Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista (Santa Fe); Santa Rosa, General Pico (La Pampa); Libertador General San Martín (Jujuy); Orán, Tartagal (Salta); Roque Sáenz Peña (Chaco); Goya, Paso de los Libres (Corrientes); El Dorado, Puerto Iguazú, Oberá (Misiones); Bell Ville, Río Cuarto (Córdoba); La Rioja capital; Concordia, Gualeguaychú, Victoria (Entre Ríos); San Juan capital; San Luis capital, Villa Mercedes (San Luis); San Rafael (Mendoza); Bariloche, General Roca, Viedma (Río Negro); Zapala (Neuquén); Caleta Olivia, Río Gallegos (Santa Cruz); Comodoro Rivadavia, Esquel (Chubut); Río Grande y Ushuaia (Tierra del Fuego).
Asimismo, se crean cuatro Juzgados en Salta capital; tres en Rosario, Santa Fe Capital, La Plata, San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, Corrientes capital y Córdoba capital; y dos en Quilmes, Lomas de Zamora, Campana, Morón, Bahía Blanca, San Fernando del Valle de Catamarca, Santiago del Estero capital, Clorinda, Formosa capital, Resistencia, Posadas, Paraná y Mendoza capital.
El partido referenciado en Elisa Carrió manifestó su repudio a la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte en esa provincia, y pidió la “condena” por parte del Gobierno nacional.
La Coalición Cívica, el partido referenciado en Elisa Carrió, manifestó su “enérgico repudio al golpe institucional y al atropello a la Justicia de Catamarca”, en referencia a la aprobación de la ley para eliminar el Consejo de la Magistratura y otra para ampliar el número de jueces en la Corte Suprema Provincial. Además, advierten que “este puede ser un ensayo a replicarse a nivel nacional”.
“La eliminación del Consejo de la Magistratura provincial es la sentencia de muerte para la independencia judicial. El Poder Ejecutivo Nacional debe condenar el avasallamiento a la Justicia catamarqueña, para que los argentinos sepamos que no es ese su modelo de reforma judicial”, enfatizaron los dirigentes.
El diputado nacional por Catamarca Rubén Manzi señaló que “con la eliminación, en una sesión sin debate, del Consejo de la Magistratura y el incremento del número de jueces que integran la Corte Suprema, Catamarca retrocede tres décadas. En adelante, será la voluntad del gobernador de turno la que decida la designación de los cortesanos provinciales”.
“Este avance sin precedentes sobre la institucionalidad, sumado al incremento del número de jueces en la Corte Suprema, representan una clara maniobra que atropella la independencia de la Justicia y pretende mantener bajo control a los magistrados de la provincia”, insistió el legislador de la CC-ARI.
En tanto, desde la fuerza agregaron que esperan “la inmediata condena del Ejecutivo Nacional a esta maniobra para amañar la Justicia catamarqueña y de convertirla en una herramienta de impunidad”.
Es “para que el kirchnerismo no designe militantes”, explicó el autor del proyecto, Jorge Enriquez, quien pretende volver a la redacción anterior de la Ley 24.018.
El diputado nacional Jorge Enriquez (Pro) presentó un proyecto para que los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público jubilados conserven su estado judicial y puedan ser llamados a ocupar transitoriamente el cargo en casos de vacancia.
El legislador pretende volver a la redacción original de la Ley 24.018, que fue modificada cuando se aprobó el nuevo régimen jubilatorio de jueces, vedando la posibilidad de que los magistrados jubilados puedan ser convocados para cubrir vacantes.
“El kirchnerismo eliminó esa posibilidad con la finalidad de cubrir las vacancias con personas afines, que no acreditaron por los mecanismos previstos por la Constitución las condiciones de idoneidad e independencia necesarias”, sostuvo Enriquez.
Para el diputado, “es necesario restablecer el estado judicial a los magistrados jubilados, aunque sin la posibilidad de cobrar una remuneración adicional en caso de convocatoria, como establecía el texto original de la Ley 24.018”.
“La supresión de ese estado judicial de los jueces retirados no tuvo en su oportunidad, debido al fárrago de normas que la envolvía, la repercusión pública que merecía, pero fue una de las tantas maniobras oficialistas para copar el Poder Judicial y gobernar sin controles efectivos”, denunció Enriquez.
Sus principales referentes advirtieron sobre las intenciones detrás del proyecto sobre regímenes especiales y criticaron el intento de intervenir la Justicia jujeña.
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles en las oficinas del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI y manifestó su preocupación por el “avasallamiento” del Poder Judicial.
Participaron de la reunión los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza); el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal; los senadores nacionales Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni; los diputados nacionales Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro y Alfredo Cornejo (presidente de la Unión Cívica Radical); la presidente del Pro, Patricia Bullrich; el ex senador nacional Miguel Pichetto y la diputada provincial Maricel Etchecoin.
“Juntos por el Cambio quiere advertirle a la población sobre el avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial”, afirmaron.
“Por un lado, un proyecto para avanzar contra la decisión independiente y autónoma del Poder Judicial de la provincia de Jujuy intentando su intervención. Avasallar una provincia gobernada por Juntos por el Cambio y a un gobernador que ha demostrado a lo largo de su vida el compromiso con la República y los derechos humanos para garantizar la impunidad de Milagros Sala”, agregaron.
“Por otro lado, mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo: vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios”, señalaron los dirigentes de JxC.
A través de un comunicado, concluyeron que “Juntos por el Cambio va a defender con firmeza y claridad los principios de la división de poderes y el valor de la República”.
