El senador oficialista, impulsor de la modificación que había despertado el fuerte rechazo de la oposición, propuso un texto alternativo "para sacar los fantasmas".
El senador oficialista Oscar Parrilli anunció la marcha atrás con la cláusula que establecía que los jueces deberían denunciar ante el Consejo de la Magistratura presiones de los "poderes mediáticos", un inciso que generó el fuerte rechazo de la oposición.
El legislador comenzó diciendo que "el presidente Alberto Fernández tenía mucha razón cuando decía que el agregado que se le hizo al inciso 'e' era sobreabundante, porque estaba dicho en otra parte 'cualquier grupo de presión'".
Al repasar que "hubo varios casos en que la Corte de Estados Unidos revocó los fallos de condena de jurados de enjuiciamiento porque demostró que habían sido influenciados por los medios de comunicación". "También ocurrió en Canadá, otro país que es admirado", agregó y leyó legislación de distintas provincias en este sentido.
"Existe una presión mediática muchas veces para incidir en la voluntad de los jueces, pero armaron una gran batahola de este tema, diciendo que nosotros no queríamos la libertad de prensa, y yo lamento que haya algunos senadores que se hayan prendido, porque parecen títeres de los medios de comunicación", sostuvo.
En ese sentido, el senador -mano derecha de Cristina Kirchner- aseguró que "para sacar los fantasmas, porque en realidad lo que quieren es poner los fantasmas" y "porque el objetivo se cumplió, se tragaron el anzuelo, la línea, la caña, se tragaron todo", decidió proponer una redacción alternativa.
Entonces, el neuquino leyó el nuevo inciso "e" del artículo 72, que quedará redactado que los jueces deberán "comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo".
También, el oficialista defendió que "no hubo un solo juez ni un solo funcionario judicial que criticara este agregado" que se había hecho sobre los "poderes mediáticos" porque "ellos saben que eran en defensa de ellos", subrayó el titular de la Comisión de Justicia.
Por otra parte, Parrilli dijo estar "convencido" que "la gran mayoría de los senadores de Cambiemos quieren la impunidad de (Mauricio) Macri por todas las causas que vienen para delante". "Es la imagen del espejo invertido, nos acusan a nosotros de lo que ellos son", agregó.
"El artículo no vulnera la libertad de prensa de nadie", afirmó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, en relación a la modificación incluida en el proyecto de reforma judicial. Al tiempo que remarcó que no prevé sanciones ni para los medios ni para los periodistas.
Ante la polémica generada por la modificación incorporada al proyecto de reforma judicial, sobre la posibilidad de que jueces puedan denunciar ante el Consejo de la Magistratura supuestas presiones por parte de los medios de comunicación, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, sostuvo que "la prensa podrá seguir diciendo lo que le venga en gana".
Asimismo, remarcó que el artículo no prevé sanciones ni para los medios ni para los periodistas y "no vulnera la libertad de prensa de nadie".
En un hilo de tuits, la abogada señaló: "El derecho a presionar jueces. Hoy todos los medios hegemónicos en forma sincronizada se escandalizan por lo que dice el art. 72 del proyecto de reforma judicial por una sencilla razón, otorga una herramienta para que los jueces se puedan proteger de presiones".
"Los que cuestionan ese artículo dicen que viola la libertad de expresión al afectar a los medios….Lo que no dicen es de qué modo afecta a los medios. Porque si leen el artículo, ninguna sanción se establece para quien presiona a un juez", resaltó.
Peñafort ejemplificó: "Supongamos que un periodista super reconocido sugiere que la población escrache a los hijos de un juez porque está en desacuerdo con las sentencias de ese juez. ¿Qué pasa hoy si sucede hoy? El juez no puede hacer nada, salvo que le haga una denuncia penal al periodista o al medio de comunicación que emitió al periodista".
"Cosa que sabrán, los jueces no acostumbran hacer. Supongo que porque pocos jueces se animan a denunciar o pelearse con (Jorge) Lanata, por dar un ejemplo, ni con Clarín, siguiendo en términos de ejemplo", lanzó.
La directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, que preside Cristina Kirchner, afirmó entonces que "si entrase en vigencia este artículo que tanto cuestionan, el juez podría pedirle al Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que le ponga custodia a sus hijos para preservarlos de un hecho de violencia. Sin denunciar a nadie, solo pidiendo que se adopten medidas de resguardo".
"¿Que le pasaría al periodista o al medio de comunicación? ABSOLUTAMENTE NADA. Verán el artículo NO PREVÉ sanción para quien ejerce las presiones. Solo establece que los jueces puedan pedir medidas de resguardo frente a la presión", insistió.
Y enfatizó: "No entiendo de qué forma el artículo que tan unánimemente cuestionan vulnera la libertad de prensa. Ya que no establece sanciones para quien ejerce la presión. Solo establece la posibilidad de que el juez presionado busque una forma de resguardarse sin necesidad de denunciar penalmente a nadie".
"¿Podría el Consejo de la Magistratura censurar la nota de un periodista por ese artículo de la ley? ABSOLUTAMENTE NO. No tiene competencias para censurar a nadie", aclaró.
La abogada sostuvo que "en conclusión, el artículo no vulnera la libertad de prensa de nadie. Solo permite que los jueces se protejan de las presiones en la medida que puedan. Pero la prensa podrá seguir diciendo lo que le venga en ganas".
"¿Dónde ven la afectación de derechos? Salvo que aceptemos que la libertad de prensa incluye la posibilidad de presionar a los jueces", escribió, en respuestas a las críticas que recibió este artículo.
Peñafort citó entoces el artículo 13 de la Convención de San José de Costa Rica, donde indica que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".
"Verán que el proyecto de reforma judicial NO restringe de modo alguno la posibilidad de buscar, recibir y difundir información. Solo permite a los jueces pedir una medida de resguardo antes las presiones que pueden ejercerse desde los medios sobre su actividad como jueces", finalizó.
Los diputados nacionales de la bancada que preside Mario Negri criticaron duramente la cláusula introducida en la iniciativa a pedido del senador Oscar Parrilli.
Diputados nacionales de la UCR se manifestaron este viernes sobre el inciso incorporado en el proyecto de reforma judicial, por el cual se obliga a los jueces a denunciar supuestas presiones de los medios. “Se pretende imponer una limitación inconstitucional a la libertad de expresión”, advirtieron.
El jefe de la bancada -y también titular del interbloque Juntos por el Cambio-, Mario Negri, alertó que “hay un asalto a la Justicia y una limitación inconstitucional a la libertad de expresión". "Creo que volvieron peores porque ahora tienen una bandera de venganza y de odio. El presidente debería convocar a todos los sectores porque uno de cada dos argentinos será pobre, pero siguen sin hacerlo”, señaló.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Karina Banfi, expresó: "¿Se preguntan de qué manera puede este artículo del dictamen afectar la libertad de expresión? ¿Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explican. Entonces una noticia lo puede ser. Escribís una nota sobre un juez y tenés denuncias en tu contra. Debemos evitar la autocensura”.
“El Gobierno viola la Constitución Nacional y avanza en su plan de reforma judicial y ataque a la prensa y la libertad de expresión, a jueces, dirigentes opositores y ciudadanos", enfatizó Álvaro De Lamadrid, que además consideró que "la libertad de expresión está en peligro porque el Gobierno, por decisión de Cristina Fernández de Kirchner y el acatamiento de esa orden por parte del presidente (Alberto) Fernández, ha decidido atacar a la prensa, periodistas, jueces, dirigentes opositores y ciudadanos”.
En tanto, el diputado Luis Petri resaltó: “Atan de manos a la Justicia y a todos los que intenten exponer a los jueces del poder. ¿Qué medidas podría solicitar un juez que denuncia presión mediática ante una nota que exponga su actuación? A partir de ahora la libertad de prensa puede ser considerada presión mediática y denunciada". "El país está ingresando al peligroso mundo de los autoritarismos con fachada democrática. Sin prensa libre no hay democracia”, subrayó.
El mendocino agregó que el artículo en cuestión "es oscuro e impreciso, buscando amedrentar al periodismo de investigación y evitar que advierta sobre los avances o retrocesos de causas judiciales. Este artículo, que claramente viola la libertad de prensa, es consecuencia necesaria de un proyecto de ley que busca garantizar la impunidad kirchnerista".
“La reforma judicial que pretende imponer el kirchnerismo no solo busca impunidad, sino también amedrentar al periodismo. Es inadmisible que propongan legalizar la censura y atacar la libre expresión”, sostuvo el legislador Atilio Benedetti.
Finalmente, el diputado Gonzalo Del Cerro opinó que "lo que no pudieron hacer con la ley de medios, domesticar al periodismo independiente, ahora lo buscan con la 'autoproclamada' reforma judicial. Van por la libertad de expresión, porque la impunidad, además de jueces amigos necesita silencio cómplice".
El senador K, impulsor de esa modificación que se aceptó en el dictamen, aseguró que en la oposición "están buscando la impunidad para Macri y sus funcionarios".
El senador nacional Oscar Parrilli defendió este viernes la polémica cláusula introducida en el proyecto de reforma judicial, por la cual se establece que los jueces deberán denunciar cuando reciban presiones mediáticas y sostuvo que "no tiene nada que ver con la libertad de expresión".
El neuquino consideró que "no hay ninguna limitación, ninguna prohibición", pero "saltaron como leche hervida" porque "lo que les molesta es que esto se diga". "Intentamos que se sepa que, como muchas veces hay presiones políticas y económicas, también hay presiones de los medios de comunicación que responden a intereses políticos y económicos", dijo.
El legislador, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusó a los medios de haber pedido "meter presos a determinadas personas y decirles a los jueces lo que tenían que fallar, o amenazarlos con escraches a sus casas o los hijos".
En declaraciones a radio El Destape, el oficialista remarcó que "estos hechos violan principios de derechos humanos, de convivencia…quieren que naturalicemos estas conductas".
"Con esta ley estamos terminando con la impunidad futura del macrismo, porque ellos están buscando impunidad para Macri y todos sus funcionarios que están siendo procesados. Quieren que solo los juzguen sus jueces y fiscales amigos como (Julián) Ercolini y (Carlos) Stornelli", lanzó.
El senador K aseguró que hay "varios opositores que están de acuerdo con la reforma" pero "por disciplina partidaria tienen que cumplir las órdenes que llegan desde una reposera en la Costa Azul", en referencia al expresidente, quien se encuentra en Europa.
"Macri se opone a la reforma porque quiere impunidad para él. Esta reforma no nos afecta en nada a nosotros, ya fuimos juzgados por Bonadio", señaló y agregó que "sin embargo no hay una sola condena" porque "fueron todos inventos". "Esta reforma es para los casos que vienen", completó.
En el capítulo referido a las reglas de actuación, más precisamente en el artículo 72, inciso e, del proyecto, se establece que los jueces deberán "comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
En la versión original enviada por el Gobierno, el texto solo mencionaba a los "poderes políticos o económicos".
El titular de la Comisión de Justicia lo había sugerido durante el debate y finalmente logró imponerlo en el texto definitivo del proyecto.
Durante el debate las audiencias realizadas para analizar la reforma judicial, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, sugirió establecer explícitamente en el texto la mención de “los poderes mediáticos” influenciando a los jueces. Era en la parte referida a las reglas de actuación que deben cumplir los jueces y juezas.
En el inciso “e” del artículo 72 del proyecto se indicaba originalmente entre los deberes de los magistrados “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos”. Y durante el debate, Parrilli sugirió sumar también a “los poderes mediáticos”.
“Hay que hablar de los poderes mediáticos, porque hemos visto en los últimos años cómo periodistas que denostaban, e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar, desprestigiar, a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinadas causas. Por eso creo que aquí debemos agregar explícitamente el término ‘mediático’, porque creo que así ha ocurrido por lo menos en el último tiempo”, expresó en esa oportunidad el senador neuquino.
Así las cosas, en el dictamen reza el siguiente texto: “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”.
