La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Cele Fierro impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución mediante el cuál buscará obtener detalles acerca de la compra y manipulación de las nuevas pistolas Byrna que portarán los agentes de la Policía de la Ciudad.
En ese sentido, la opositora le exigirá al Gobierno de Jorge Macri que de información sobre la cantidad de pistolas que se adquirieron hasta el momento, así como la modalidad de compra y el valor por unidad; si se sumarán nuevas unidades; y cuantos agentes portan actualmente este tipo de herramientas.
También prevé conocer que fuerzas las portan y el tipo de capacitación recibieron; si el personal del SAME está debidamente capacitado para la atención de personas con heridas y/o secuelas, consecuencia de estas pistolas; entre otros puntos.
En los fundamentos de la iniciativa, Fierro recordó que “dichas pistolas, de color naranja y alimentadas por dióxido de carbono, pueden disparar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, o químicos u orgánicos, como balines que liberan una sustancia similar al gas pimienta al impactar, inhabilitando al atacante durante 30 minutos, con un alcance de hasta casi 20 metros” e indicó que “estas armas estarían diseñadas para incapacitar momentáneamente o disuadir a una persona que representa un peligro, proporcionando una opción no letal para manejar situaciones potencialmente peligrosas”.
Al mismo tiempo que precisó que “estas pistolas sólo ‘reducen’ la letalidad policial cuando se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal. De este modo, corremos el riesgo de que su supuesta ‘no letalidad’ sea excusa para habilitar su utilización en cualquier otra situación como en contexto de movilizaciones en el marco del derecho constitucional a la protesta social” y consideró que “esto implica un retroceso en materia de derechos humanos y democráticos, dada la situación de una creciente crisis económica y convulsión social en el cual se adquieren estas armas, que profundiza la política de represión y criminalización de la protesta como única respuesta gubernamental a los problemas sociales”.
“Mientras esperamos anuncios de políticas públicas concretas para revertir la inseguridad y la causa de fondo, que es la desigualdad social que genera pobreza, exclusión, marginalidad y aumento de hechos delictivos, es que necesitamos conocer a fondo el motivo por el cual se suma al equipamiento de la policía este tipo de arma”, completó.

Tras más de 70 días prófugo, Abel Guzmán, el asesino del peluquero de Recoleta, fue detenido en Moreno, tras una extensa investigación. Ante esta situación, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, destacó el accionar de la Policía de la Ciudad en el caso.

El asesino, cuyo ataque contra German Medina quedó registrado en las cámaras de seguridad de la peluquería en la que ambos trabajaban, fue trasladado a la sede policial de Hornos 238, en Barracas. En ese contexto, Macri junto al ministro de Seguridad, Waldo Wolff, y por el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, dieron detalles acerca del operativo de detención.

“Este es el final de un operativo exitoso que hemos realizado después de un arduo trabajo de investigaciones de la Policía de la Ciudad. Queremos dejar en claro una postura muy firme. Trabajamos con una profunda convicción y queremos decirles a todos los ciudadanos que cuando se cometen delitos en la Ciudad hay consecuencias”, afirmó el alcalde local.

Guzmán estaba prófugo desde el 20 de marzo, pero en las últimas horas los investigadores de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo detuvieron en una casa ubicada en la calle Miserere al 4900, en la localidad bonaerense de Paso del Rey, donde alquilaba una habitación. Fue reconocido por una vecina de la zona que dio aviso a las autoridades policiales.

Durante diez semanas los investigadores de la Policía de la Ciudad vigilaron y rastrearon las zonas de Merlo y Moreno porque desde allí se activaron antenas de telefonía del celular del acusado y el rastreo de direcciones IP de Internet, entre otras acciones. La Brigada de la División Homicidios y otra unidad operativa especializada en capturar prófugos llegaron así a la vivienda en la que se había ocultado el asesino y lo detuvieron.

Es por ello que Jorge Macri felicitó a la Policía de la Ciudad y recordó los distintos hechos delictivos que fueron resueltos con sus autores detenidos por la fuerza en las últimas semanas, como el caso del robo en la casa de la periodista Mercedes Ninci o al Pato Fillol,  el asalto en la pizzería de Boedo, o casos muy emblemáticos como la caída de los pesados de La Carbonilla, un grupo vinculado al narcotráfico que venía siendo buscado hacía tiempo y fue investigado y desbaratado por la Policía de la Ciudad junto a la Justicia.

Al finalizar la conferencia, se refirió respecto del delincuente baleado por el policía de la Ciudad, quien tenía antecedentes penales. “Yo estoy muy conforme con el accionar del policía, creo que cumplió todo el protocolo de uso de la fuerza que establecimos desde que llegamos al Gobierno: se lo puede ver en el video, no es una persona solamente con problemas psiquiátricos, lo que sí sabemos es que fue detenido tres veces antes de este caso, por robo, hurto, intento de escalamiento, con lo cual yo estoy hablando de un delincuente", completó.

El diputado nacional Juan Marino (UP – Buenos Aires) acusó durante la reunión de Comisión de Previsión y Seguridad Social que sufrió el ataque con gas pimienta de un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante el reclamo de jubilados y docentes en las afueras del Congreso de la Nación.

En medio de la veintena de expositores presentes en la sala, Marino pidió la palabra y relató lo sucedido minutos antes en las calles del Congreso. “Vengo a denunciar la represión policial en la manifestación de jubilados y jubiladas”.

“Nos acercamos con la diputada Lorena Pokoik y pedimos que se hiciera presente algún responsable del operativo de la Policía de la Ciudad”, relató Marino, y aseveró: “Un efectivo que no tenía identificación sacó el nuevo gas que están usando y nos tiró directamente a la cara”.

A su vez, se dirigió al ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolff, y manifestó: “Él fue diputado, debería solidarizarse por lo que pasó. La diputada Pokoik está siendo atendida porque ese gas le entró en las vías respiratorias”. “No se puede atacar abiertamente a manifestantes ni a diputados de la Nación”, regañó.

Así estaba hoy al mediodía. Agradezco al personal médico de la Cámara de Diputados y del Hospital de Quemados por la atención. Con @lorepokoik denunciaremos penalmente a quienes nos arrojaron este gas. La Policía de la Ciudad incurrió en un acto de violencia institucional. pic.twitter.com/hMMaOAzZis

— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) April 5, 2024

Con relación al efectivo que la habría tirado el gas al diputado nacional de Unión por la Patria, señaló que “tenemos imágenes de quien que nos tiró gas pimienta” y denunció que el gas “es un compuesto nuevo que no se utiliza y no hay estudios sobre sus consecuencias”.

Finalmente, sin nombrarla, arremetió contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y criticó el protocolo anti piquetes: “Están en contra de todo ejercicio del derecho a la protesta”.

Horas más tarde de lo sucedido, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria repudió “la represión contra jubilados, docentes y los legisladores Marino y Pokoik”.

“Solicitamos que la justicia determine las responsabilidades penales ante la represión a nuestros compañeros, como así también al resto de las personas que se estaban manifestando”, señalaron y cerraron: “Llamamos al resto de los bloques legislativos a pronunciarse en repudio a lo ocurrido”.

📄 #COMUNICADO • REPUDIAMOS LA REPRESIÓN CONTRA JUBILADOS, DOCENTES Y DIPUTADOS DE NUESTRO BLOQUE POKOIK Y MARINO. pic.twitter.com/n9zpCqCb87

— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 4, 2024

El auditor por el bloque Unión por la Patria (UP) Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el que se advierte sobre una serie de “fallas de control sobre las tareas de mantenimiento integral de edificios de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad”.

Según se desprende del documento, con un presupuesto de más de 1,6 mil millones de pesos, se atendieron 37 obras y contrataciones de trabajos y servicios, en las que se detectó la existencia de “falencias en el control, en virtud de no tener respaldo documentado y de la imposibilidad de acceder al sistema de registro e historial de órdenes de trabajo mediante el sistema de software denominado Sistema de órdenes de trabajo (SGOT)”.

En ese sentido, el auditor planteó que “por supuestas razones de seguridad, nos restringieron el acceso al material que se encuentra incorporado al sistema de órdenes de trabajo, negándole al equipo auditor clave de usuario, pero el material estaba en los servidores de la empresa de Telecom que fueron hackeados, según nos informó la propia Policía de la Ciudad”.

“Entonces guardan la información en sitios inseguros, pero por seguridad no nos dejan que la controlemos, si no fuera trágico, sería gracioso, pero no es más que una nueva muestra del desprecio del Gobierno de Larreta y Macri por las políticas de transparencia y control de gestión”, añadió.

Sobre esa misma línea, Teszkiewicz señaló que “se detectaron falencias y debilidades en el control interno, como incumplimientos respecto de lo dispuesto en los pliegos de condiciones que rigen las licitaciones del Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de los Edificios de la Policía de la Ciudad”.

“Parece mentira que la regla sea el no cumplimiento de los pliegos y la falta de respaldo documentado sobre los sistemas electrónicos que además presentan problemas de ciberseguridad. La policía de la Ciudad carece de una organización adecuada y esto es un grave peligro para los y las porteñas”, completó.

En el marco de un acto que se desarrolló en la sede del Instituto de Superior de Seguridad Pública (ISSP), el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con los 2.852 jóvenes aspirantes a cadetes y bomberos de la Policía de la Ciudad, que el lunes pasado comenzaron su formación para incorporarse a la fuerza de seguridad.

El alcalde porteño estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Waldo Wolff; el secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz; el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y el director del ISSP, Martín López Zavaleta.

“Cada uno de ustedes tiene la suerte y el desafío de estar estudiando en el que es probablemente el mejor Instituto de Formación de Seguridad y de Policía y Bomberos de la Argentina. Están acá porque hay algo que los mueve a dar lo más importante que puede tener cualquier ser humano que es su propia vida en pos de cuidar a otros”, comenzó diciendo Macri.

Al mismo tiempo que señaló: “queremos que se cuiden, que nos cuiden, que cuiden a cada ciudadano de esta maravillosa ciudad, a los que vienen a visitarlas, a trabajar y a buscar un porvenir, a los que la visitan como turistas. Tenemos el inmenso desafío de que cada camada de nuevos egresados sea mejor que la anterior. Y eso es lo que nos convoca, lo que convoca esta nueva gestión de este instituto”.

“Sepan que nuestro compromiso es inmenso, que ahí donde ustedes estén vamos a estar nosotros, tanto en el camino de la formación como cuando les toque estar ahí afuera en la calle. Este es un compromiso que hemos asumido y ustedes son uno de los guardianes de la vida y del cumplimiento de la ley, y para nosotros eso no tiene marco de negociación. Nadie, absolutamente nadie en la Ciudad de Buenos Aires, está por encima de la ley”, completó el jefe de Gobierno.

Cabe recordar que la formación para ambas carreras, en las que 2.675 cadetes buscarán convertirse en oficiales de la Policía y 177 en Bomberos Calificados, tiene la duración de un año y se cursa bajo el régimen de internado. Las jornadas arrancan a las 6 de la mañana y finalizan a las 22, de lunes a viernes; durante todo el año, los postulantes a policías cursarán 33 materias con 2.096 horas cátedra mientras que los futuros bomberos harán 22 materias, con 2.240 horas cátedra.

Los integrantes de la fuerza de seguridad reciben clases sobre derechos humanos, policía comunitaria, seguridad pública, legislación porteña, aplicación de la Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, criminalística e informática. Todas las materias son dictadas por profesionales, profesores universitarios, jueces y fiscales.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró a través de las redes sociales la implementación de las pistolas Taser y recorrió el Centro de Monitoreo Urbano de la Chacarita y dialogó con los oficiales que participaron de los operativos en los que se usaron esas armas.

En ese sentido, el oficialista aseguró que “la implementación de las Taser en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue un tema de debate que carecía de sentido. Luego de mucha demora y frenos que puso el kirchnerismo, nuestra policía ya las está utilizando y los resultados de su uso en los primeros operativos han sido claramente positivos”.

En tanto sobre su conversación con los efectivos acerca de la utilización de dichas armas en los operativos, Macri señaló que “sus testimonios son muy valiosos y todos coinciden en que es una herramienta muy útil para proteger a los vecinos y sobre todo, a ellos mismos”.

Sobre esa misma línea, explicó que “actualmente, la Policía de la Ciudad cuenta con 60 Taser y se espera el ingreso de más. Ya están capacitados más de 250 que realizaron los cursos específicos en el Instituto Superior de Seguridad Pública donde se los instruye sobre el marco legal y los principios generales de Derechos Humanos, el uso de la fuerza, las características técnicas, el funcionamiento y sus efectos físicos”.

“Las Taser son una tecnología efectiva para la prevención de delitos y la contención de hechos violentos. Vamos a seguir trabajando para que nuestra Ciudad sea cada vez más segura para los vecinos y para todos aquellos que tienen la tarea de cuidarnos”, sentenció.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, participaron del homenaje a los caídos en cumplimiento del deber de la Policía de la Ciudad y reconocieron el valor de su servicio.

En el acto que se desarrolló en el Monumento a los Caídos, en el barrio de Palermo, también dijo presente el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria. De la ceremonia, en la que se les rindió homenaje a la inspectora Maribel Nélida Zalazar y a los oficiales Fabián Esteban Aguirre, Miguel Martín Cruz y Juan José Alajarín, participaron también el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y la secretaria de Administración, Justicia y Soporte Operativo de Seguridad, Genoveva Ferrero.

Macri entregó medallas conmemorativas, diplomas y un árbol ingá a familiares de los homenajeados, para luego colocar una ofrenda floral en el monumento que recuerda a los efectivos caídos junto a los valores que representan a la Fuerza de seguridad porteña: “Honor, Integridad, Servicio, Disciplina, Respeto y Excelencia”.

“El compromiso es no olvidar, respetar y estar a la altura como funcionarios y aprender de cada uno de estos eventos para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, de aquellos ciudadanos de bien a los que esta Fuerza protege y de cada uno de sus integrantes. Para mí será un orgullo poder tomar la posta que dejaron Mauricio Macri y Horacio y seguir construyendo una Policía de la Ciudad respetuosa y profesional, donde buscamos cuidar a la gente tanto como a nuestros policías”, comenzó diciendo el jefe de Gobierno electo.

Al mismo tiempo que aseguró que “cada vez que hablo con alguno de los familiares de algún caído en el cumplimiento del deber siempre el pedido explícito o implícito es el mismo, que no haya sido en vano, que esto haya servido para algo. Y nuestro compromiso político es no sólo honrarlos, cuidar a las familias, sino aprender de cada uno de estos eventos para garantizar y cuidar la vida de todos aquellos policías están ahí afuera cuidando y poniendo en riesgo su vida por el bien común”.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de este camino recorrido en la creación de la Policía de la Ciudad. Desde su inicio ha habido una decisión política de un Gobierno que asume la responsabilidad de cuidar a los vecinos y de aquellos ciudadanos que ingresan todos los días para trabajar, para estudiar. La inmensa mayoría de todos los que circulan por esta Ciudad lo quieren hacer en paz, algunos no, y en eso es imprescindible el rol de ustedes como fuerza policial y de cada uno de los que entregaron su vida”, completó.

En tanto Larreta aseveró: “Nosotros trabajamos todos los días para cuidar a los que nos cuidan, y eso es mucho más que una decisión política, es una obligación moral. Acá no hay lugar para medias tintas, o estamos del lado de la Fuerza o estamos del lado del delincuente, o cuidamos a los que nos cuidan o los dejamos a la buena de Dios, o trabajamos para garantizar y dar las condiciones para que puedan hacer bien su trabajo o, si no, dejamos que los violentos se adueñen de las calles. Y nuestra decisión es bien clara, siempre vamos a estar del lado de aquellos que nos cuidan y que ofrecen su vida por el cuidado del prójimo”.

“Nuestra responsabilidad, a partir de este homenaje, es no aflojar, pero ni un centímetro, en la lucha por cuidar a los porteños y a todos los que nos visitan en la Ciudad. Yo sé que estamos viviendo una situación difícil. Ahora, sépanlo, nunca vamos a aflojar, ni este Gobierno, y hablo en nombre de Jorge también, ni el Gobierno que viene, que es toda una continuidad de trabajo, jamás vamos a dar un paso atrás. Siempre para adelante, siempre podemos mejorar trabajando para que los vecinos de la Ciudad y todos los que nos visitan puedan sentirse libres, tranquilos y en paz. Y todo esto lo hacemos también en memoria de nuestros caídos, es lo mejor que podemos hacer por ellos”, sentenció.

Días después del brutal asesinato de la oficial de la Policía de la Ciudad, Maribel Salazar, y de que se instalara –nuevamente- el debate respecto del uso de las taser, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante el cual buscarán obtener información respecto de la dotación de esas armas no letales con las que cuenta la mencionada fuerza de seguridad.

En ese sentido, los diputados buscarán conocer la “cantidad y clase de armas no letales y de baja letalidad que forman parte de la dotación de la Policía de la Ciudad” y “la planificación futura de nuevas adquisiciones y los criterios de asignación de las mismas”.

También prevén obtener detalles acerca de que personal de la Policía de la Ciudad recibió capacitación en el uso de las pistolas taser; si se han desarrollados protocolos para la utilización de las mismas; si el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) ha desarrollado capacitaciones y/o cursos para su utilización y si se emitirán certificados de idoneidad para el uso de las taser.

A su vez buscarán conocer si “conforme las especificaciones de este tipo de dispositivos existen circunstancias o personas de riesgo sobre las que se desaconseja el uso de los mismos”; si los agentes autorizados al uso y portación de armas de fuego podrán utilizar las pistolas taser fuera de servicio ordinario o complementario; si en el período comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 se realizaron procedimientos administrativos para la adquisición de pistolas taser; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que “es preciso para esta Legislatura conocer los protocolos que, en consonancia con las recomendaciones de Naciones Unidas, definan claramente los casos de aplicación y los principios rectores para el empleo de las pistolas taser” y detallaron que “es por ello que en virtud de lo establecido por la Ley de Seguridad Pública para el uso de armas de fuego y atento al carácter incapacitante de los dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea de baja letalidad, pero con posible o probable afectación a la salud (en sentido amplio), se solicita se informe las tareas de registro, fiscalización y resguardo de la información ante el uso de las mismas”.

“Asimismo es indispensable contar con la información de las capacitaciones previstas, realizadas o a realizarse, para el uso de las pistolas taser dado que, un mal uso puede aumentar los riesgos de letalidad o daño para la salud e incluso poner en riesgo al propio agente dejándolo en una situación de vulnerabilidad. La formación y el entrenamiento son indispensables para la tarea de la Policía, sus habilidades para la auto defensa y la destreza para el uso de las distintas armas”, agregó.

Al mismo tiempo que concluyeron precisando que “resulta indispensable contar con una política pública en materia de seguridad que se base en datos ciertos, planificación y eficiencia”.

El texto lleva las firmas de Claudia Neira, Matías Barroetaveña, Maia Daer y Manuel Socias (FdT).

A dos años de la desaparición del efectivo de la Policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y legisladora del Frente de Todos (FdT), Victoria Montenegro, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que se cree una Comisión Especial de Seguimiento y Control sobre la investigación y búsqueda en este caso.

El texto propone que la misma esta conformada por once miembros que serán designados por la vicepresidencia primera del Parlamento, teniendo en cuenta la proporcionalidad de las representaciones políticas de la Casa.

La Comisión tendrá por objeto verificar las actuaciones en torno al cumplimiento de la normativa vigente en materia de buenas prácticas, transparencia y eficacia en la administración del Sistemas de Seguridad Pública. “A tal efecto, la administración del Poder Ejecutivo de la Ciudad y de las Comunas, sus entes descentralizados, entidades autárquicas, dependientes, etc. informarán la totalidad de documentación a la comisión”, sostiene el texto.  

Además la Comisión se encuentra facultada para requerir las actuaciones administrativas en las áreas implicadas en la investigación y toda otra información que resulte necesaria para el cumplimiento de los objetivos para los que fue creada, debiendo emitir un informe semestral en relación a toda la información recopilada.

Cabe recordar que el pasado 24 de agosto se cumplieron 30 meses de la desaparición de Karhanyan, quien fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019, al momento de su desaparición tenía 27 años y estudiaba en la Universidad Tecnológica Nacional. La investigación judicial recayó en el juzgado del Dr. Alberto Baños y en la fiscalía del Dr. Santiago Vismara.

Aquel 24 de febrero, en horas próximas al mediodía, Arshak se reunió en la puerta de su edificio con el oficial primero de la Policía de la Ciudad, Leonel Alejandro Herba, quien había sido su compañero en la División Exposiciones. Minutos después, Karhanyan, subió a su casa y salió con su placa policial, su arma reglamentaria y su tarjeta de débito, para dirigirse hasta un cajero automático en Primera Junta. Allí extrajo dinero y luego compró una pala de punta, en el supermercado Easy, ubicado sobre la Avenida Rivadavia, a pocas cuadras de allí. En ese local se registran las últimas imágenes conocidas de Karhanyan, cuando se lo ve saliendo con la pala en su mochila.

“De acuerdo a lo que señala la querella que representa a la familia del oficial Karhanyan, la investigación acumula varias irregularidades. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que la Policía de la Ciudad entregó fueron editadas. Es así que la fuerza porteña remitió las capturas correspondientes a los días 23, 25 y 26 de febrero de 2019 pero no las del 24, fecha en la que Karhanyan fue visto por última vez. Idéntica situación sucede con las cámaras de seguridad que permitirían reconstruir el recorrido que hizo el oficial Leonel Herba, antes y después de ver a Karhanyan”, sostienen los fundamentos del texto impulsado por Victoria Montenegro.

Además plantearon que “el disco rígido donde podrían haber quedado imágenes de esos momentos, y que estaba en el centro de monitoreo de la Policía de la Ciudad, también fue destruido intencionalmente” y alertaron acerca de que “otra anomalía en la causa judicial ha sido las pericias realizadas en los celulares y computadoras del oficial Karhanyan. Toda la información contenida, en cada uno de los objetos electrónicos, se perdió debido a las maniobras realizadas por los peritos de la Policía de la Ciudad. Aludiendo a un error en el proceso, la fuerza porteña entregó el teléfono vacío y reseteado, impidiendo recoger información sobre las conversaciones, los vínculos y contactos del joven por esos días y en particular en la fecha de su desaparición”.

Dicha pericia fue objeto de crítica por una junta pericial conformada por Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). En el dictamen que esas fuerzas elaboraron se señala que la pericia de la Policía de la Ciudad “no guardó las formas elementales del buen obrar”.

“Al día de la fecha y transcurridos 30 meses de la desaparición de Karhanyan no se registran iniciativas de investigación interna o recopilación de datos por parte de la fuerza.Tampoco instrucciones, iniciativas o campañas que sensibilicen a los agentes para recepcionar y dirigir las posibles informaciones al respecto. En cuanto a las campañas públicas de búsqueda, tampoco se han constatado esfuerzos significativos y proporcionales a la relevancia del caso”, sentenció la legisladora.

La iniciativa también lleva la firma de Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

Luego de que se viralizaran varias denuncias contra las fuerzas de seguridad, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad, mediante el cual prevén generar herramientas integrales para “prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, y/o de seguridad  que estén bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad”.

El texto también busca otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional. Para ello establece que “los Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional deben garantizar la recepción y tramitación de denuncias administrativas de casos de violencia institucional las cuales deberán ser atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales y/o de seguridad. Las vías de denuncias serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión”.

“Una vez recibida la denuncia administrativa de un caso de violencia institucional, en el que se presuma que el hecho configure delito de instancia privada, la autoridad del área de recepción de denuncias debe asesorar a la víctima en todo lo atinente a la realización de la denuncia”, añade la iniciativa y remarca que “en caso de que se presuma que el hecho configure delito de instancia pública la autoridad de recepción debe radicar de oficio la denuncia judicial”.

Por otra parte se crearía el Registro de Violencia Institucional de la Ciudad, el cual tendrá como función registrar, clasificar y sistematizar los casos de violencia institucional. Asimismo sostiene que “si de la denuncia presentada surgieran pruebas que hicieran verosímil el hecho denunciado y estuviera identificado el o la presunto autor, juntamente con el inicio del sumario administrativo, la autoridad correspondiente a la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, atento a la gravedad del hecho denunciado, dispondrá  la pertinencia del pase a disponibilidad o la separación preventiva del o los agentes acusados, independientemente del avance de la causa judicial, hasta tanto concluya el sumario administrativo”.

La iniciativa de ley también establece la obligatoriedad de la formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales; busca instalar principios sobre los cuales debe basarse el uso de armas de fuego son los de proporcionalidad, legalidad y gradualidad; entre otras cuestiones.

El proyecto lleva la firma de los diputados Lucía Cámpora, María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montengro, Claudio Morresi, Laura Velasco y Lorena Pokoik (FdT).

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, reiteró este lunes que los funcionarios porteños no concurrirán a una reunión con el Gobierno Nacional para debatir los recursos de seguridad del distrito, debido a que el distrito capitalino aguarda la resolución de la Corte Suprema de Justicia acerca de los recursos de amparo que se presentaron para defender los recursos coparticipables de la Ciudad.

En ese sentido, Santilli explicó que “por este tema hicimos un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y tenemos que ser coherentes. No podemos sentarnos a discutir donde el resultado ya está puesto, porque la ley ya está sancionada” y consideró que “es como ir a ver un partido de fútbol que ya terminó”.

“Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no sólo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece”, aseveró en diálogo con A24.

No obstante, el vicejefe de Gobierno confirmó que si bien no participarán de la reunión, si están dispuestos a reunirse para analizar otro tipo de cuestiones. “Eso no quita que en los temas cotidianos no nos volvamos a sentar”, indicó y concluyó señalando que “en este tema, la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto y este año perderá 65 mil millones de pesos”.

En medio de la puja entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación por los recursos coparticipables que percibe el distrito capitalino, los legisladores del oficialismo porteño expresaron su apoyo al alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, tras su decisión de no reunirse con el presidente Alberto Fernández para analizar la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento. Al mismo tiempo que le respondieron a los diputados del Frente de Todos (FdT), dado a que estos difundieron un comunicado en el que condenaron la actitud del jefe de Gobierno porteño.

Es así que el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ), afirmó que es “inexplicable  que el Gobierno Nacional, autor de la quita de recursos más voraz que se recuerde de la Ciudad, convoque a un show mediático que solo busca avanzar sobre la autonomía de nuestro distrito” y señaló que respaldan “la decisión del jefe de Gobierno y confiamos en que la Corte Suprema restituya a los vecinos los fondos para seguridad, salud y educación que el kirchnerismo se apropió por el solo hecho de ser un distrito gobernado por la oposición. No sorprende que los legisladores respalden este gravísimo atropello, atacando en manada y muy lejos de trabajar para todos y todas”.

Mientras que Gimena Villafruela (VJ) explicó que “desde Vamos Juntos respaldamos a Larreta “en su decisión de no participar del show mediático del Gobierno Nacional” y consideró que “el presidente esconde la quita más voraz que recuerda la Ciudad para destruir un distrito gobernado por la oposición”. En tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), pidió: “no al show mediático que pretende instalar el Gobierno Nacional, es cínico y pretende esconder la decisión de avanzar sin contemplaciones sobre la autonomía de nuestro distrito”.

Por su parte el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, respaldó “de manera absoluta la decisión del jefe de Gobierno de no participar de un show mediático y cínico que esconde la decisión de avanzar sin contemplaciones sobre la autonomía de nuestro distrito”; mientras que Cristina García (VJ) consideró que es “lamentable que el Gobierno Nacional, convoque a un show mediático para blanquear la quita de fondos. Desde Vamos Juntos respaldamos la decisión de Larreta y confiamos en que la Corte Suprema restituya a los vecinos los fondos para seguridad, salud y educación”.

A la vez que el diputado Hernán Reyes (VJ) le respondió a los legisladores del FdT por su comunicado y manifestó que es “inexplicable que sean legisladores de la Ciudad y entreguen la autonomía como si nada”.

En tanto el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) advirtió que “resulta inexplicable que aquellos que arrebataron a los porteños los fondos necesarios para el correcto funcionamiento de la Policia de la Ciudad exijan la  participación de Larreta para debatir al respecto mediante el diálogo y el consenso”  y aseveró que “el autoritarismo ejercido por Alberto Fernández para la quita de dichos fondos fue celebrada por quienes hoy, bregan por el diálogo para la resolución de este conflicto. No olvidemos que esta decisión estuvo pensada estratégicamente para debilitar al referente de la oposición”.

Asimismo Leandro Halperín (UCR-Ev) inistió en que “una condición indispensable para un dialogo, es que las partes estén dispuestas a ceder algo y no es lo que ocurre con los fondos de la seguridad para la CABA que sin aviso, ni diagnósticos; el kirchnerismo resolvió quitarle a la ciudad cuando los apretó la bonaerense”.

Sobre esa misma línea el legislador Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) expresó que “la convocatoria a una mesa de diálogo a Horacio Rodríguez Larreta luego de lo que fue la expropiación de fondos más grande que haya sufrido la Ciudad, no hace más que revelar un cinismo inescrupuloso por parte del Gobierno Nacional” y destacó que “aquellos que se rasgan las vestiduras por la negativa a participar de ese show mediático, son los mismos que avalaron la quita de recursos que va a afectar a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad”.

“Seguimos esperando que la Corte Suprema de Justicia haga honor a su nombre y vele por los derechos de los ciudadanos de la ciudad que son rehenes de una jugada política que busca debilitar a quien sea oposición del Ejecutivo Nacional”, aseveró.

Finalmente, el diputado del GEN Sergio Abrevaya indicó que “apuran a la Ciudad a reunirse para acordar los fondos porque temen un fallo favorable a la Ciudad, y seguir sacándonos más. Los porteños aportamos el 23% del PBI y la Nación se queda con más del 90% de lo que producimos. ¿Será por las pensiones y sueldo de Cristina Fernández de Kirchner que salen mucha plata?” y afirmó que “la Justicia es el poder encargado de tachar de inconstitucional una ley. Si Larreta reclamó ante la Corte, que apuro tiene en contradecirse. Giren a cuenta y vemos tras el fallo, cualquier acuerdo sería avalar la ley, que es inconstitucional”.

“Hay que aprender a respetar el orden constitucional, y sus instituciones. La Corte es la encargada de decidir si una ley viola la constitución. Debe resolver rápido”, sentenció.

También sumaron su apoyo al jefe de Gobierno los legisladores Guillermo González Heredia, Lucía Romano, Ana María Bou Pérez, María Luisa González Estevarena, Gonzalo Straface, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Gastón Blanchetiere, Paola Michielotto, Daniel Del Sol, Claudio Cingolani (VJ) y Diego Weck (UCR-Ev).

La peronista Claudia Neira (FdT) y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual buscarán obtener precisiones acerca del accionar de los agentes de la Policía de la Ciudad y agentes de calle durante las diversas manifestaciones que se realizaron en Ciudad.

En ese sentido, las legisladoras buscarán conocer si los agentes de la Policía de la Ciudad intervienen en manifestaciones sin el uso de su uniforme reglamentario; si intervienen en las manifestaciones “agentes de calle”, detallando las funciones que estos desempeñan; también pidieron que se remitan los protocolos de actuación que rigen el accionar de los Policías de la Ciudad sin uniforme reglamentario y/o los “agentes de calle” que intervienen en movilizaciones públicas.

Por otro lado, exigieron que se indique si se han identificado casos de ejercicio del uso de la fuerza pública y/o detenciones llevadas adelante por parte de Policías de la Ciudad sin uniforme reglamentario en manifestaciones o en otras circunstancias. “En caso positivo, informe si han utilizado chalecos sobre la vestimenta civil o directamente vestimenta civil”, sostiene el texto.

Asimismo se piden detalles acerca del ataque al periodista Lautaro Maislin del canal de noticias C5N, quien fue amenazado y atacado por un hombre que podría ser parte de la fuerza de seguridad y/o un agente de calle.

En los fundamentos de la medida, las legisladoras señalaron que “desde hace tiempo se ha visto a través de los medios de comunicación y nos ha llegado, a su vez, información acerca de que intervienen sistemáticamente en manifestaciones agentes de civil, con mochilas y que usan eventualmente chaleco o no, dependiendo las circunstancias”.

Al mismo tiempo que recordaron que hace unos días “circuló un video donde surge que, alrededor de las 16:25hs, el movilero y periodista Lautaro Maislin de C5N, se encontraba en el lugar del hecho, cuando un sujeto de remera blanca y jean lo increpa y lo golpea para impedir realizar su trabajo” e indicaron que “también circularon imágenes de agentes de civil, con mochilas y ‘chaleco’ llevando adelante detenciones. E incluso hubo imágenes de una detención de una supuesta manifestante que alegaba ser una agente”.

“Todo ello deja en evidencia lo que ya veníamos observando: no sólo la intervención de personal de civil sino el ejercicio de la fuerza pública por parte de la misma, en manifestaciones, donde lo tienen expresamente prohibido”, concluyeron.

Como parte de la gestión al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, visitó junto al secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, al jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y al subsecretario de Gestión Administrativa, Diego Pérez, la planta de Zárate de la empresa automotriz Toyota, que en diciembre entregará 60 nuevos patrulleros totalmente equipados, que serán incorporados a la flota de móviles de la fuerza.

La particularidad de estos vehículos, modelo Corolla, es que saldrán de la fábrica listos con todo el equipamiento necesario para la utilización de la fuerza porteña para combatir el delito por las calles de la Ciudad y darles seguridad a los vecinos. Los mismos cuentan con todas las medidas de seguridad de un auto de calle y además cuentan con ciertas modificaciones en el circuito eléctrico, frenos, amortiguación, puertas y motor para soportar el peso de su blindaje.

Tras la recorrida por las instalaciones de la fábrica, Santilli señaló que “vinimos a la planta de Toyota, en Zárate, desde donde saldrán los nuevos patrulleros destinados a la Policía de la  Ciudad” y aseguró que “se emplea una logística importante para tener estos móviles y darnos más seguridad a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre esa misma línea, el titular de ese Ministerio señaló que estos automóviles “tienen la particularidad de que no vamos a tener que reconvertirlos para que sean el auto que necesitamos para que la Policía cuide a los vecinos y vecinas en las calles de la Ciudad, porque ya vienen preparados. ¡Es increíble el laburazo que están haciendo!”.

Mientras que D’Alessandro concluyó señalando que “con estos nuevos móviles vamos a seguir patrullando en la prevención para darle más seguridad a todos”.

Comienza en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley que reduce los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y lleva a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.

La iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado, será tratada este viernes a las 15 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Pablo González y Carlos Heller.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aprueba el convenio firmado en enero de 2016 que transfiere progresivamente a la Ciudad las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en ese distrito.

En el Senado la votación resultó unánime, ya que la oposición se retiró del recinto virtual y dejó al Frente de Todos y aliados votando en soledad.

En el texto se fijan unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital. La cifra es, según se afirmó desde el Gobierno nacional, el total de dinero destinado a atender la transferencia en 2020, pero el monto deberá ser actualizado cada año.

Para ello se establece una fórmula compuesta en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos correspondientes al año precedente.

De esta manera, el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos. La suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad y titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, destacó “la fuerte inversión en tecnología” que se realizó desde la creación de la Policía de la Ciudad  y aseguró que esa fuerza logró detener a 14 delincuentes que formaban parte de una banda que hacia entraderas y lavado de activos.

En el operativo se secuestraron más de una decena de vehículos, armas, joyas y droga; el megaoperativo incluyó una veintena de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades de partidos del sur del conurbano bonaerense. En total la brigada de la comisaría comunal 3 de la Policía de la Ciudad, a cargo de los procedimientos, incautó siete autos, motos, nueve armas, tres chalecos antibalas, 88 celulares, más de 50 plantas de marihuana, además de joyas y dinero producto de los asaltos.

En ese contexto Santilli reconoció la labor del “sector de investigaciones de la Comuna 3 de la Policía de la Ciudad, que ha hecho un trabajo muy importante para desbaratar una organización criminal que se dedicaba a robar autos de alta gama y entraderas de casas con armas de fuego”.

Además agregó que ese trabajo se pudo hacer “ya que desde la puesta en marcha de la Policía de la Ciudad se hizo una fuerte inversión en tecnología con la creación del Anillo Digital, cámaras de seguridad y el reconocimiento facial” y le agradeció al “Juzgado en lo Criminal Nacional 4 del Dr. Martín  Yadarola, que hizo un trabajo minucioso y que dejó en claro que son una tarea conjunta de la política, la seguridad, la policía y la justicia se hacen este tipo de operativos, que terminan con delincuentes presos en lugar de estar en la calle lastimando gente”.

Durante el anuncio también estuvieron presentes el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, el vicejefe de Policía, Oscar Cejas, y el diputado nacional Cristian Ritondo. Por su parte, D'Alessandro destacó el trabajo “muy profesional de la Policía con el apoyo del Dr. Yadarola y la fiscalía del Dr. Lucio Herrera, que dio las herramientas para hacer una veintena de allanamientos y desbaratar esta banda, y poder decir que hay 14 delincuentes menos en las calles”.

En tanto, Cejas resaltó que por la sofisticación de la banda “ha llevado a trabajar de una manera especial, para poder neutralizarla”.

Cabe recordar que el pasado 27 de julio, tres hombres armados ingresaron a una casa de Boulogne Sur Mer al 600, barrio de Balvanera, aprovechando que la empleada doméstica lavaba la vereda. Una vez en el interior, privaron de la libertad a la empleada doméstica y a la propietaria de la vivienda, a quienes maniataron y  le robaron ocho millones de pesos, 40 mil dólares y  alhajas. Los delincuentes se fueron junto a otro cómplice que hacía de campana.

Cuando las mujeres pudieron soltarse llamaron a la policía y una vez conocido el hecho personal de la comisaría comunal 3 inició el rastrillaje de las cámaras de seguridad, determinando que al momento de la fuga, los delincuentes se dividieron en dos grupos, uno de los cuales, con el maletín en el que llevaban el botín, abordó una camioneta Jeep en la esquina de Tucumán y avenida Pueyrredón.

A partir del dominio del vehículo se obtuvo la identidad del titular, quien coincidía con las características físicas de uno de los ladrones registrados por las cámaras, y su domicilio en la localidad bonaerense de Temperley.

Es así que con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4, a cargo del Dr. Yadarola, la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la comisaría comunal 3 de la Policía de la Ciudad se inició una minuciosa y se llegó a la conclusión  que eran seis los responsables de ese asalto.

Sin embargo, las averiguaciones determinaron que la organización delictiva era más grande aún y que sus integrantes se dedicaban a cometer entraderas a mano armada, robos tipo “viuda negra”, encubrimiento y desaparición o "corte" de autos y motos. Los delincuentes luego invertían lo producido en el circuito legal mediante la compra de vehículos, inversiones en distintos negocios comerciales y préstamos personales.

Con el avance de las tareas investigativas los oficiales supieron que se estaba preparando un golpe, y con la autorización del magistrado se hizo un seguimiento y se detuvo el jueves último a seis de los componentes de la gavilla en la avenida Sáenz y Del Tigre, en Nueva Pompeya, evitando que los ladrones cometieran otro asalto. Allí los oficiales secuestraron armas, celulares y vehículos.

Tras las detenciones el juzgado ordenó 19 allanamientos, uno en la calle Thames al 1100, barrio de Villa Crespo, y los restantes en el sur del conurbano bonaerense, en las localidades de Lanús, Villa Domínico, Temperley, Gerli, Burzaco, Remedios de Escalada, Monte Chingolo, Wilde, Quilmes, Florencio Varela y Lomas de Zamora.

Allí fueron detenidos tres hombres, uno de ellos quien estaba a cargo de la camioneta que se utilizó en el escape del robo en Balvanera, y una mujer. Finalmente, a las pocas horas en otro allanamiento se detuvo a  cuatro personas, quienes colaboraban con la banda, alcanzando un total de catorce detenciones.

Todos ellos fueron trasladados a la alcaidía de la comisaría comunal 3 y puestos a disposición de la Justicia, imputados por robo a mano armada, privación ilegítima de la libertad, lavado de activos y asociación ilícita.

Entre los autos incautados en los allanamientos está el Jeep que se utilizó en el escape del asalto en Balvanera, además de otros vehículos, revólveres calibre .22 .32 y .38, dos pistolones y una pistola 6.25, todas con numeración suprimida, municiones, dos llaves codificadas, 51 plantas de marihuana y semillas. También la policía secuestró 160 mil pesos y 840 dólares, electrodomésticos, computadoras, alhajas y relojes producto de ilícitos, además de repuestos de autos y una moto KTM cortada, ropa utilizada por los autores durante el hecho y documentación de interés para la causa.

A cuatro meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus, las legisladoras Myriam Bregman (PTS) y Alejandrina Barry (FIT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual exigen precisiones acerca de siete casos de "gatillo fácil" ocurridos en este último tiempo, de los cuales uno ocurrió en el distrito capitalino y seis en la provincia de Buenos Aires, en los cuales intervinieron efectivos de la Policia de la Ciudad cuando no se encontraban de servicio.

De esta manera, las diputadas pidieron detalles de los homicidios de: Rubén Sarso, de 30 años, asesinado el 30 de abril en el barrio porteño de Flores; Maximiliano Nahuel Gómez, cartonero  asesinado el 28 de marzo en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora; Santiago Santucho de 17 años, asesinado el 3 de mayo en el partido de José C. Paz; Alexis Lucero, de 17 años, asesinado el 12 de junio en la localidad bonaerense de La Reja, del partido Moreno; y Augusto Itaurralde, de 25 años, asesinado el 14 de junio en la localidad bonaerense de Plátanos, Partido de Berazategui.

También exigieron precisiones sobre los homicidios de dos jovenes de 23 años, uno de ellos asesinado el pasado 4 de julio en Rafael Castillo y el otro en Rafael Calzada, de los cuales se desconocen sus nombres y apellidos.

En el texto, las legisladoras también pidieron que se “informe si la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hace un seguimiento especial de los casos de uso de armas de fuego por parte de los efectivos de la fuerza fuera de su horario laboral”. Así como también que se incorpore información sobre “el relevamiento de la totalidad de los casos y las acciones adoptadas en función de los mismos” y que se añada “informes si existen disposiciones especiales y/o protocolos que los efectivos deben cumplir con respecto al uso de armas de fuego cuando no se encuentran en ocasión de prestar tareas”.

En los fundamentos de la medida, Bregman y Barry advirtieron que “estamos viviendo una gravísima situación de violencia policial en todo el país” y recordaron que señalaron “en reiteradas oportunidades que poner a las fuerzas de seguridad como un instrumento central de control sanitario durante  la actual crisis provocada por la pandemia del Covid 19, empoderando exponencialmente a esas mismas fuerzas conduciría inexorablemente a un aumento en  los casos de violencia institucional”.

“En efecto las fuerzas de seguridad consideran que el rol asignado en el marco de la actual crisis, las habilita a desplegar con más frecuencia prácticas  represivas que incluyen abusos, torturas, golpizas, e incluso aberrantes homicidios de personas indefensas como vimos en los casos oportunamente denunciados de la Provincia de Tucumán”, afirmaron y volvieron a recordar la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que fue visto por última vez cuando era subido a un móvil de la Policía Bonaerense hace más de 80 días.