Del Caño, Bregman, Solano y Del Plá, entre otros, le adjudicaron la muerte de Facundo Molares a la fuerza de seguridad de la gestión del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
Diputados del Frente de Izquierda y del Frente de Todos responsabilizaron al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, por la muerte de un hombre de 47 años, identificado como Facundo Molares, que falleció durante los incidentes entre la Policía de la Ciudad y manifestantes de grupos afines al “trotskismo” en la zona del Obelisco.
Luego de que agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le hicieran RCP durante 30 minutos, el cuerpo del militante fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, pero al llegar se constató la muerte cuya causal fue un paro cardíaco.
“La policía de la Ciudad de Larreta reprimió y asesinó al compañero Facundo Molares de Rebelión Popular. Juicio y castigo a todos los culpables. Convocamos al Obelisco por Justicia para Facundo”, denunció la diputada nacional y candidata a senadora Romina Del Plá.
Su par de bancada, la precandidata presidencial Myriam Bregman posteó: “El accionar brutal de la policía de Larreta terminó con la vida de Facundo Molares. Nuestro mayor repudio a este nuevo crimen de estado fogoneado por los que alientan la represión y la criminalización de la protesta. Castigo a los responsables. Libertad inmediata a los detenidos”.
“Mi solidaridad con las y los compañeros de las organizaciones MTR y Rebelión Popular y mi más profundo repudio al accionar de la policía de la CABA. Exigimos la liberación de todxs los detenidxs y el esclarecimiento del asesinato del compañero Facundo Molares”, reclamó el diputado jujeño y precandidato a senador Alejandro Vilca.
El legislador porteño y precandidato a presidente, Gabriel Solano, escribió: “La campaña electoral termina con el asesinato de un luchador popular en el Obelisco por parte de la policía de Horacio Rodríguez Larreta. Es el final fatal de una carrera represiva de todos los candidatos del sistema. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales”.
Por el lado del oficialismo se expresó el diputado nacional Federico Fagioli: “Repudio absoluto al asesinato de Molares, producto de la represión de la policía de CABA. Este es el modelo de Larreta, Bullrich, Grindetti, Milei. Yo quiero vivir en una Argentina con paz, con tierra, techo y trabajo, una Argentina Humana, no una que violenta a su pueblo”.
También se sumó la senadora salteña Nora del Valle Giménez quien expresó: “La noticia de la muerte de Facundo Morales, después de ser reprimido y reducido por la policía, es un triste acontecimiento que enluta a todo el país a horas de una nueva jornada electoral, hiere profundamente a la democracia que hace 40 años defendemos argentinos y argentinas”.
“Es un alarmante antecedente de los conflictivos escenarios que vamos a vivir, si gobiernan quiénes pretenden ordenar las calles con represión, necesitamos que la justicia aclare con urgencia los responsables de la muerte de Morales y el cese de la represión”, agregó.
El precandidato a jefe de Gobierno por Republicanos Unidos, resaltó a través de las redes que “a la delincuencia se la combate con coraje y decisión”.
El precandidato a jefe de Gobierno por Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, felicitó a través de sus redes sociales a dos efectivos de la Policía de la Ciudad que intervinieron y evitaron un femicidio en Saavedra cuando un hombre se encontraba ejerciendo violencia física hacia su expareja.
“Felicito a ambos policías por su rápido y eficiente accionar. A la delincuencia se la combate con coraje y decisión. Como jefe de Gobierno voy a estar siempre respaldando a las fuerzas en defensa de la gente de bien. Gracias por su servicio”, escribió.
El legislador del Partido Obrero impulsó un proyecto de declaración en el cual expresó su rechazo a lo ocurrido y exigió justicia para Gabriel Mastrángelo de 26 años.
Días después de darse a conocer una denuncia que acusó a la Policía de la Ciudad de balear a un joven de 26 años en Balvanera, el diputado del Partido Obrero, Gabriel Solano, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual repudió el hecho y exigió justicia.
En los fundamentos de la iniciativa, el trotskista afirmó que se trata de “un nuevo caso de gatillo fácil acaba de ocurrir en la Ciudad de Buenos Aires. El viernes 19 de noviembre por la tarde, Gabriel Mastrángelo de 26 años circulaba con su moto por el barrio de Balvanera cuando tres oficiales del Cuerpo de Policía Motorizada de la Ciudad comenzaron a perseguirlo. Al no alcanzarlo, uno de los oficiales de apellido Garro le disparó tres tiros con su arma de fuego. Gabriel trabaja como barbero, fue profesor de la Escuelita de Fútbol del barrio, y milita en el Movimiento Evita”.
Asimismo, la declaración continuó: “los disparos le provocaron rotura de los intestinos y líquido en los pulmones, por lo que tuvo que ser internado en el Hospital Ramos Mejía. En el hospital, Gabriel fue amenazado por Julián González, un policía de civil y sin identificación que le dijo se cuide de las autoridades y no denuncia, según informó La Garganta Poderosa” e indicó que “los casos de gatillo fácil no son hechos aislados en la Ciudad de Buenos Aires. Hace pocos días se cumplió un año del asesinato de Lucas González en Barracas y cuatro años del asesinato del Bocha en Parque Patricios, y Correpi denuncia que la Policía de la Ciudad lleva asesinadas al menos 130 personas entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de julio de 2022”.
Bajo esta línea, el documento alertó que “la Policía y las demás fuerzas represivas son las principales organizadoras del crimen en el país” y detalló que “el gatillo fácil cumple una función de amedrentamiento y disciplinamiento de la población obrera y de los sectores populares. Más que nunca es necesaria la apertura de los libros de las comisarias bajo control popular de organizaciones políticas y sociales que luchan contra la represión, en la perspectiva del desmantelamiento de las fuerzas represivas”.
Finalmente, afirmó que “resulta fundamental en este sentido, que los casos no queden impunes” y, por tanto, exigió justicia “de forma inmediata”.
Desde La Libertad Avanza presentaron en la Legislatura porteña un proyecto mediante el cual se fomenta el uso de ese material para “inmovilizar transitoriamente” a los individuos, a fin de detenerlos o para hacer cesar una acción.
Retomando un viejo conflicto por la utilización de las armas taser, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscarán incorporar armas no letales para el uso de la policía local, las cuales se sumarían a las pistolas eléctricas que el GCBA buscó incorporar en el último tiempo.
La iniciativa de los libertarios fomenta el uso de “armamento, equipamiento, materiales o cualquier otro elemento análogo de carácter no letal” por parte de la Policía de la Ciudad para la “inmovilización transitoria de individuos con el objeto de su detención o de hacer cesar una acción violenta ilegítima”.
El texto en cuestión – que es de autoría de Rebeca Fleitas y Oscar Zago (LLA)- define como arma no letal a los “elementos diseñados para el ataque y la defensa (..) que a los efectos de su empleo convencional no puedan provocar la muerte, ni afectar de manera permanente la salud o la integridad de las personas, ni ocasionar lesiones graves o gravísimas”.
De esta manera, los liberales propusieron que además de pistolas eléctricas, la policía porteña use pistolas que lanzan proyectiles de gas pimienta y dispositivos que permiten inmovilizar a las personas lanzando cuerdas que las atan, entre otros elementos.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores consideraron que es “fundamental brindar un marco legal específico que disponga la dotación para la fuerza policial de armas no letales”.
Cabe recordar que sobre el uso de armas Taser por parte de la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, informó el mes pasado que el Ejecutivo local ya las había comprado, y acusó al Gobierno nacional de “frenar” su ingreso al país “por una cuestión ideológica”.
Así lo expresó el fueguino Matías Rodríguez durante el tramo de las cuestiones de privilegio en la sesión de este jueves. Por su parte, Mariano Recalde definió a la Policía de la Ciudad como una “fuerza de choque del macrismo”.
Como se preveía, en el comienzo de la sesión de este jueves en el Senado hubo cuestiones de privilegio de todo tipo. En ese tramo, senadores oficialistas cargaron contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el accionar de la Policía de la Ciudad el sábado pasado en la puerta de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta.
El porteño Mariano Recalde cuestionó por parte de Larreta “la tentativa de aislar a la vicepresidenta, una suerte de encerrarla de facto”, y la colocación de vallas para “querer exhibir frente a su jefe político, o a su contendiente política, no sé si era una muestra hacia (Mauricio) Macri o (Patricia) Bullrich, de querer demostrar autoridad, fortaleza”.
El camporista apuntó que esa fue una “decisión ilegal, inconstitucional, y que además le salió el tiro por la culata y generó el efecto contrario”. El legislador dijo que después que los medios de comunicación “incitarán una vez más a los detractores de la vicepresidenta a concurrir a su domicilio particular a insultarla, a amenazarla”, lo que se dio fue “una reacción, un hartazgo de la población” con una “demostración de amor y cariño” que “fue más grande”.
En defensa del apoyo de la militancia a CFK desde el alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio por la causa “Vialidad”, Recalde subrayó que en esos días no ocurrió “ningún incidente, ningún hecho de violencia, nada”. Incluso el sábado pasado, “la gente actuó con mucha responsabilidad en el marco de esa situación tan tensa y tan violenta, provocada por el accionar de la Policía de la Ciudad, enviada con órdenes políticas por Horacio Rodríguez Larreta”, siguió.
“Después de las vallas vino un accionar deliberado para provocar violencia en los alrededores de la casa de Cristina y después acusarnos de violentos a través de los medios”, se quejó y alertó que “espiaban a través de todo tipo de mecanismos, con gente en los balcones, con policías con celulares desde las terrazas”.
En esa línea, el senador rechazó que se haya hecho “distinciones políticas entre los asistentes” a partir de “una inteligencia planificada” y “con órdenes directas de cómo tratar a cada uno”. “Vimos la violencia verbal y física con la que se ensañaron contra un ciudadano que iba a visitar a su madre; se ensañaron porque era Máximo Kirchner“, agregó.
Hacia el final, el kirchnerista también fustigó al jefe de Gobierno porteño por recusar el fallo del juez Roberto Gallardo, sobre la custodia de la vice: “No se trata de un juez que jugaba la fútbol, ni un juez que visitaba Olivos, ni un juez que jugaba al paddle”.
Al tomar la palabra, el camporista Matías Rodríguez cuestionó a Rodríguez Larreta por “sitiar a la vicepresidenta”, aunque consideró que eso le sonaba “a poco, porque lo que intentó hacer fue, en esta pelea de quién ataca más al peronismo, en esta sobreactuación de quién lastima más a la vicepresidenta, lo que intentó fue simple y llanamente generar una prisión domiciliaria de la vicepresidenta“.
“Inclusive empezó a definir quién la visitaba y quién no”, continuó, para recordar que se vio al diputado Máximo Kirchner “ser atacado por la Policía de la Ciudad”, la cual hablaba “del gobernador de la provincia de Buenos Aires como un militante más” o “marcaba si el compañero (Andrés “Cuervo”) Larroque tenía fueros”.
El fueguino enfatizó que “con impunidad” los efectivos estaban “planeando de qué manera podían o no lastimar a los compañeros que estaban ahí…Y se fueron cebando”.
Hablándole a sus pares de la oposición, Rodríguez expresó: “Entiendo que nunca van a entender porque la vamos a querer (a la vicepresidenta). Imagínense, si su principal dirigente los manda a espiar a ellos mismos y no hace ninguna política en favor del pueblo”. “El extremo que hay entre ese tipo de dirigente y una dirigente como CFK, a la que el pueblo se la tatua, la lleva en la piel”, comparó.
En ese sentido, el senador resaltó que “ese nivel de diferencia obviamente no lo van a entender, no lo entendieron desde (Juan Domingo) Perón a la fecha, y creen que con el ataque, con la proscripción, con el odio, con los desaparecidos, con las bombas nos vamos a achicar. Cuanto más nos ataquen, más vamos a crecer”.
Durante su cuestión de privilegio, el camporista habló de una similitud entre lo ocurrido el sábado pasado y cuando “rodearon la casa que iba a alojar a Perón para que el pueblo que iba a apoyar a su líder no lo pudiera hacer”.
“Lo que pasó el sábado por instrucciones de Horacio Rodríguez Larreta va en contra de la República Argentina”, insistió y concluyó: “Estamos acostumbrados a la persecución del peronismo y que si su idea sigue siendo encarcelarnos y encarcelar al peronismo por todas las conquistas sociales que ha logrado este movimiento para el pueblo argentino, vamos a ser muchos los encarcelados y van a tener que darnos cadena perpetua, y ni así van a poder frenar el amor que tiene el pueblo argentino por la vicepresidenta y por las políticas logradas”.
En tanto, el jujeño Guillermo Snopek cargó contra Rodríguez Larreta “por la represión del día sábado, que implicó a miembros del Congreso”. Además, repudió “el accionar de la Justicia que afectó directamente” el funcionamiento del Congreso, y criticó la “puesta en escena” del fiscal Luciani, que “en su alegato tenía como eslogan que iba a aportar tres toneladas de pruebas”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuestionó que en el marco del juicio por la causa “Vialidad” se escuchó que “una catarata de miembros de la oposición, no todos, pero muchos hablaban” desde “el desconocimiento de la causa y el desconocimiento del derecho”.
Snopek también se quejó de que a la vicepresidenta se le haya negado ampliar su declaración indagatoria, lo cual consideró que demuestra “la barrabasada jurídica, la falta de independencia y lo alejada que esta la Justicia de la realidad de los peticionantes”.
Volviendo a la cuestión de la policía porteña, el oficialista fustigó a Rodríguez Larreta por hablar con “cinismo puro” de una “profesionalización” de la policía, cuando “vallaron y sitiaron la casa de la vicepresidenta”, mientras que en otra ocasión -el día de la votación del acuerdo con el FMI en Diputados- “liberó el Congreso de la Nación” cuando se lanzaron piedras contra el despacho de CFK.
Snopek completó que la “responsabilidad” del jefe de Gobierno porteño “es defender a los vecinos pero en la misma proporción garantizar el funcionamiento de las instituciones”.
Así lo habían anticipado los oficialistas Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés este sábado. En la denuncia pidieron que “se investiguen las eventuales responsabilidades penales” de Horacio Rodríguez Larreta y de Marcelo D’Alessandro.
Los diputados nacionales del Frente de Todos Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés concretaron la denuncia que anunciaron el sábado contra las autoridades porteñas por la filmación a los manifestantes que se acercaron a la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para manifestarle su apoyo.
“Venimos a formular denuncia penal por la posible comisión de delitos violatorios de la Ley de Inteligencia Nacional y a solicitar su urgente trámite, en virtud de los hechos ocurridos en torno al accionar de la Policía de la Ciudad en ocasión del operativo desplegado el 27 de agosto en las inmediaciones del domicilio particular de la vicepresidenta”, sostiene el texto.
La denuncia fue ingresada vía remota a través del sistema informático del Poder Judicial y será sorteada en la jornada de este lunes para asignarle un juzgado a cargo de la tramitación. Los diputados oficialistas pidieron que se investiguen “las eventuales responsabilidades penales del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro”.
“Más allá del análisis de la evidente falta de proporcionalidad en la disposición del uso de la fuerza por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño, como también lo reprochable desde el punto de vista del derecho constitucional que resulta que una fuerza de seguridad local custodie las inmediaciones de donde reside ni más ni menos que la vicepresidenta de la Nación, lo cierto es que reviste suma gravedad el hecho de que personal de la policía porteña cumplía la tarea de filmar y tomar imágenes de los asistentes a una manifestación política”, advirtieron los legisladores. Además, señalaron que “esas filmaciones tuvieron el claro propósito de proceder a la individualización” de los manifestantes.
En ese contexto, recordaron la utilización del sistema de reconocimiento facial de prófugos que fue suspendido por la Justicia de la Ciudad porque estaba habilitado para buscar a 40 mil personas y obtuvo datos biométricos de unos diez millones. La denuncia sostiene que los manifestantes “fueron captados por los equipos de vigilancia policiales y registrados en su imagen personal, como así también, en su accionar democrático en el marco de una manifestación política sin incidentes de ninguna característica”.
La denuncia propuso como medidas de prueba “individualizar al personal policial que aparece en las imágenes aportadas con el propósito de que sean citados para que declaren respecto de los hechos denunciados”.
Además, Moreau, Tailhade y Valdés reclamaron “citar al jefe del operativo dispuesto a fin de que exhiba la orden de servicio recibida en relación con los hechos denunciados”, y “determinar si el Gobierno de la Ciudad o la Policía de la Ciudad recepcionó o dio curso a alguna directiva u orden del Poder Judicial que justifiquen la presencia de efectivos en la zona en cuestión que procedan a tomar imágenes de los presentes”.
La diputada macrista se refirió a los incidentes que ocurrieron el fin de semana en la casa de la vicepresidenta y defendió el accionar de la Policía de la Ciudad.
Siguen las repercusiones por lo acontecido el sábado pasado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, cuando manifestantes y efectivos de la Policía de la Ciudad protagonizaron incidentes durante la movilización de apoyo a la vicepresidenta.
“Las vallas no generaron el caos, el caos lo generó un sector del kirchnerismo que considera que está por encima de la ley, que considera que no se debe poner ningún límite a su accionar”, enfatizó al respecto la diputada Silvia Lospennato (Pro).
En diálogo con Radio La Red, la secretaria parlamentaria del interbloque Juntos por el Cambio consideró este lunes que “el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) tiene la obligación de hacer convivir los derechos democráticos de los ciudadanos, de los que quieren manifestarse y de los que quieren vivir tranquilamente”.
En ese sentido, resaltó que “los vecinos estaban desde hace una semana sufriendo una manifestación, que no era simplemente una manifestación de apoyo respetuosa, sino que se había tornado en una ocupación permanente del espacio público, que ponía en riesgo la seguridad de las personas”.
Para la macrista, “decir que las vallas son una provocación” demuestra que “el kirchnerismo siempre se siente por encima de la ley”. “¿Hay que cuestionar las vallas o a esa gente que cree que puede estar por encima de las decisiones de un gobierno?”, se preguntó.
Además, la legisladora rechazó la consigna “si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, al sostener que “hace varias semanas viene haciendo una amenaza a toda la sociedad: si no hay impunidad para Cristina no van a tener paz social”.
En relación a las declaraciones de la presidenta de su partido, Patricia Bullrich, quien dijo que el accionar policial debería haber sido más duro, Lospennato expresó que “no es momento para especular políticamente. No es momento para poner esas etiquetas que no dicen nada de ‘halcones’, ‘palomas’, ‘duros’, ‘blandos'”.
“Hay que tener mucho coraje para hacer el menor uso posible de la fuerza”, señaló la legisladora y opinó que “las fuerzas de seguridad actuaron bien”. Mientras que a quienes tiraron las vallas “hay que denunciarlos, ir a la Justicia. Los que golpearon las vallas cometieron un delito, quienes golpearon a la policía cometieron un delito”.
Tras defender a la Policía de la Ciudad, la opositora fue consultada por la violencia de algunos efectivos contra el diputado Máximo Kirchner, que quedó grabada en vídeos, y respondió: “Si cualquier policía comete un exceso tiene que ser identificado y se tienen que tomar las medidas que correspondan”.
El hecho tuvo connotaciones violentas y fue denunciado por la bancada de diputados, que habló de “represión” contra su compañero.
Este domingo trascendieron imágenes del diputado nacional Máximo Kirchner intentando atravesar el vallado instalado por las autoridades porteñas en torno a la zona donde se domicilia su madre, la vicepresidenta de la Nación.
Fue alrededor de las 19, pasado el climax de los incidentes, y los policías le cerraron el paso con violencia. Finalmente pudo pasar, según trascendió.
Por eso es que pasado el mediodía, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos emitió un comunicado repudiando “la represión ejercida por la policía de la Ciudad de Buenos Aires contra nuestro compañero Máximo Kirchner”.
“Nos solidarizamos con él y con todas las compañeras y compañeros que fueron víctimas de la violencia ejercida en la jornada de ayer”, señaló el bloque que conduce Germán Martínez.
Asimismo desde esa bancada exigieron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “que identifique a los policías comprometidos con la acción represiva contra Máximo”, al tiempo que adelantaron que “en las próximas horas evaluaremos la realización de las acciones legislativas, políticas y legales correspondientes”.
Luego de los incidentes ocurridos la semana pasada, y el ataque al despacho de CFK, funcionarios porteños salieron al cruce del oficialismo por la seguridad.
Funcionarios del Gobierno porteño anunciaron que pondrán vallas y montarán previamente un operativo de seguridad este jueves, en el marco de la sesión que se dará en el Senado para debatir el proyecto de acuerdo con el FMI.
“Vamos a vallar el Congreso y desplegar la fuerza para que actúen de la manera que siempre lo vienen haciendo garantizando el desarrollo del Congreso, uno de los pilares de la democracia”, expresó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro.
La semana pasada, cuando se debatió la iniciativa en la Cámara de Diputados, un grupo de manifestantes atacó con piedras y bombas de pintura el edificio, registrándose destrozos en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. También se enfrentaron con efectivos de Policía de la Ciudad, arrojándoles bombas molotov.
En sus redes sociales, CFK mostró cómo se vivió el ataque desde adentro de su despacho. En un segundo vídeo, denunció que el episodio se “planificó” y cuestionó la demora de la Policía en actuar.
Este martes, D’Alessandro apuntó que desde hace dos años desde Nación le “exigen” a la Ciudad que no ponga vallas en el Congreso ni en la Casa Rosada. “La propia Cristina ha llamado por teléfono solicitando que saquen las vallas, incluso desde Secretaría General de la Presidencia”, señaló.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, recordó que “el trabajo de la Policía de de la Ciudad estuvo seriamente afectado por una decisión de un diputado del Frente de Todos, que presentó un amparo después de la pedrada del año 2017 al Congreso impidiéndole a la policía utilizar ningún elemento que permita el accionar y la represión en el lugar”.
“Parecería que para el kirchnerismo cuando la violencia les es funcional la protegen y cuando la violencia la sufren, son víctimas, editan vídeos e intentan transferirnos la responsabilidad del tema. Para nosotros es claro, hay un solo lugar que es frente a los violentos y los delincuentes y en ese sentido se actuó el otro día”, sostuvo Macri.
Los diputados porteños lamentaron el fallecimiento del adolescente de 17 años, que fue asesinado por tres efectivos de la Policía de la Ciudad que estaban vestidos de civiles.
En el marco de una de las últimas sesiones ordinarias de este año, la Legislatura de la Ciudad expresó su “profundo pesar” por la muerte de Lucas González –un chico de 17 años que salía de entrenar en las inferiores del club Barracas Central- y repudiaron el accionar de los agentes de la Policía de la Ciudad, quienes el 17 de noviembre del corriente balearon al joven provocándole muerte cerebral y su posterior fallecimiento.
Además se aprobó un pedido de informes, a través del cual se buscará conocer qué tareas estaban desempeñando los efectivos en el momento de intentar detener el auto y si se encontraban realizando un operativo; las causales que justificaron el intento de detención, la posterior persecución y disparos por parte de los efectivos; entre otras cuestiones.
La encargada de abrir el debate en el recinto fue la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira aseguró que “es muy difícil hablar de este tema porque, en primer lugar, nos atravesó el dolor de esa familia y no podemos evitar la congoja. En segundo lugar, hay que repudiar a esos tres policías que no cumplieron y vulneraron todo los que establece nuestra Ley de Seguridad. No sabemos por qué no usaban su uniforme pero lo que sí sabemos es que eran parte de una brigada”.
Mientras que Amanda Martín del FIT indicó que “esto no es un caso aislado de gatillo fácil, esto hay que decirlo. Se destapó la olla de lo que en todos los barrios se conoce: en cinco años que lleva la Policía de la Ciudad ya hubo 121 casos de gatillo fácil” y advirtió que “durante la pandemia se produjo una muerte cada casi 20 horas en situaciones muy dudosas: gatillo fácil, muerte en las cárceles, etc. La policía es una amenaza para los pibes en los barrios.
Al mismo tiempo que la legisladora de AyL Marta Martínez aseveró que “este es otro asesinato que demuestra el violento accionar de la policía hacia nuestro pueblo. Estos son los resultados de los discursos políticos, hasta Clarín tuvo que denunciar la complicidad de la fuerza política”.
A su turno el vicepresidente tercero de la Legislatura y diputado del Partido Socialista, Roy Cortina, repudió “lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Lucas. En esta Argentina que no da tregua, se está arrojando a las brasas de la grieta este caso y se encuentra con el oportunismo político” y advirtió que hay tres factores fundamentales: “en primer lugar, nadie tiene dudas de que es un caso de gatillo fácil; por el otro, el tema de cómo abordar en todo el conjunto político este problema que es sistémico ya que ocurre con todas las policías de todas las provincias; y en tercer lugar, como lidiar con la mirada oportunista de meter esto en la miseria política”.
“El Gobierno de la Ciudad ha actuado con rapidez, se pasó a los efectivos involucrados a la suspensión de tareas y se pidió la inmediata detención de los mismos, es que esto fue un caso de gatillo fácil y se actuó en consecuencia”, argumentó.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Claudio Cingolani (VJ), aseguró que “aquí no se encubre a nadie y nuestro ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, actuó sin medias tintas. Nuestro compromiso es con los vecinos de la Ciudad y por eso somos implacables con quienes actúan por fuera de la Ley” e indicó que “en la Ley de Seguridad que aprobó esta Legislatura establecimos la policía que queremos, la formación que tienen que recibir, es una policía conducida por civiles… si alguien no respeta, vulnera o acribilla estos valores, apartamos a esos hombres para que rindan cuentas ante la justicia”.
Por su parte la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), subrayó que “es cierto que la violencia institucional atraviesa a toda la Nación, es triste y doloroso pero es así” y recordó que “la primer comunicación formal habla de un enfrentamiento con ‘cuatro cacos’, que es la forma en la que el agente policial describió a los cuatro chicos; pero como el club Barracas dijo que los chicos salieron de entrenar, ese primer informe fue revisado y ahí apareció el arma de juguete… entonces hablemos en serio”.
“¿Cuántas brigadas más operan en la Ciudad? No es el único hecho, no son solo tres policías sino que hubo muchas veces previas más”, sentenció.
La legisladora del FdT se refirió a la denuncia que presentó en Comodoro Py por una supuesta asociación ilícita entre policías y funcionarios del GCBA, y advirtió que hay policías que quieren aportar información para la causa pero exigen que se brinden condiciones de seguridad para que puedan hacerlo.
Tras haberse presentado en los tribunales federales de Comodoro Py junto a Leandro Santoro para denunciar una supuesta asociación ilícita entre policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), aseguró que buscarán conocer la cantidad de brigadas que “operan” en el distrito capitalino y a quienes responden.
En ese sentido, la kirchnerista afirmó que “la corrupción hay que denunciarla siempre para que la Justicia pueda avanzar. Tenemos que velar por la seguridad de todos nosotros. Estos elementos corruptos tiene que dejar de pertenecer a la fuerza” y remarcó que la presentación judicial se dio como consecuencia del crimen de Lucas González, un adolescente de 17 años que salía de un entrenamiento en un reconocido club.
Asimismo, Montenegro precisó –en diálogo con Radio Del Plata– que espera que la Justicia lleve a cabo “una investigación seria”, a fin de que se pueda determinar “cuáles son los elementos de la fuerza que están llevando a cabo este tipo prácticas en los barrios porteños”. Al mismo tiempo que recordó que en el escrito que presentaron con el patrocinio del abogado Miguel Ángel Pierri, se solicitó que se investiguen los delitos de “extorsión, cohecho, exacciones ilegales y encubrimiento”.
“Hay una práctica de violencia institucional en la ciudad de Buenos Aires con nuestra policía que se tiene que rever y tiene que cambiar. Es una fuerza que tiene cinco años. No nos debemos resignar a que como siempre fueron corruptos entonces todo va a seguir así”, añadió y concluyó señalando que los testigos serán “policías que dejaron la fuerza por diferentes cuestiones y los vecinos del barrio. Los policías quieren acercarnos aportes para la causa y nos piden a cambio la seguridad”.
Se trata de un pedido de los legisladores del Frente de Todos (FdT) y advirtieron que no es la primera vez que ocurre una situación similar a manos de la Policía de la Ciudad.
Los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual expresarán su “profundo pesar” por la muerte de Lucas González y repudiar el accionar de los agentes de la Policía de la Ciudad quienes el 17 de noviembre del corriente balearon al joven provocándole muerte cerebral y su posterior fallecimiento.
Según precisaron los opositores en los fundamentos de la medida, Lucas y sus amigos fueron interceptados por los efectivos policiales en la intersección de las calles Cnel. Benito Meana y Alvarado del barrio de Barracas, entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando salían de llevar adelante un entrenamiento de futbol en el Club Barracas Central.
“En un confuso episodio, oficiales sin identificarse descienden de un auto desmedidamente armados; apuntando a los jóvenes y sin dar la voz de alto ni acreditando en ningún momento su carácter de policial. En ese contexto las mencionadas personas realizan tres disparos; como consecuencia uno de los jóvenes resulta gravemente herido recibiendo dos tiros en la cabeza, provocándole una muerte cerebral”, añadieron y precisaron que “asustados por la violenta maniobra realizada por los efectivos, los jóvenes continúan la marcha del vehículo por dos cuadras más donde encuentran a Oficiales mujeres de la Policía de la Ciudad y les solicitan ayuda, dado que entienden ser víctimas de un intento de robo, en donde un integrante del grupo había resultado herido de dos tiros en la cabeza”.
Finalmente, Lucas falleció cerca de las 17.45 del jueves pasado en el hospital El Cruce en Florencio Varela, donde permanecía internado con muerte cerebral. “Hechos como estos no son nuevos por parte de los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, abriendo fuego contra nuestros jóvenes, sin identificación ni voz de alto alguna, incumpliendo todas las medidas y protocolos vigentes para el abordaje de este tipo de situaciones”, advirtieron los legisladores.
Al mismo tiempo que recordaron que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 34 que “el comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de la Naciones Unidas”.
“En virtud de lo expuesto repudiamos el accionar policial violento y prima facie ilegal. Exigimos al Gobierno porteño que arbitre las diligencias necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido, que raudamente interponga medidas para que no se repitan situaciones como las descriptas por parte de personal de la Policía de la Ciudad y se tengan en cuenta particularmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la legislación local, nacional e internacional”, sentenciaron los legisladores.
El legislador oficialista se expresó a través de su cuenta de Twitter. También la CT, entidad que encabeza, emitió un comunicado para solidarizarse con la familia del joven de 17 años asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad.
El diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos – Buenos Aires) se expresó a través de las redes sociales por el asesinato del joven futbolista de 17 años Lucas González y apuntó contra los candidatos que durante la campaña pedían “mano dura”. Además, la Central de Trabajadores Argentina (CTA) encabezada por legislador, emitió un comunicado en el cual repudiaron y condenaron el asesinato y exigieron que “apuren todas las responsabilidades de los implicados, directos e indirectos, y procedan al juicio y castigo de estos asesinos de uniforme”.
“La CTA de les Trabajadores repudia y condena el brutal asesinato a mansalva de Lucas González, el pibe de 17 años que volvía de entrenar con sus amigos, y fue liquidado de un balazo en la cabeza por una dotación de la Policía de la Ciudad a las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta”, inicia fuertemente el texto.
Y continúa: “Todos los testimonios, incluidos los de los tres sobrevivientes, señalan a los policías porteños que, en el barrio de Barracas, asesinaron a sangre fría, al mejor estilo de la tenebrosa doctrina Chocobar reivindicada por Patricia Bullrich, a un pibe indefenso que no había cometido ningún otro delito que ser eso, un pibe que venía de jugar al fútbol con sus compañeros”.
“No le dieron tiempo a nada, ni siquiera a decir que era inocente. Un pistoletazo a la cabeza y el juicio sumario del salvajismo policial se cobró una nueva víctima. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la única, la verdadera inseguridad, se origina en los desmanes de la fuerza pública que debiera velar por la tranquilidad de todas y todos los ciudadanos”, criticaron.
Por último, expresaron: “La CTA hace llegar públicamente su solidaridad y condolencias a la familia de Lucas González”, y exigieron que “el jefe de Gobierno y la Justicia apuren todas las responsabilidades de los implicados, directos e indirectos, y procedan al juicio y castigo de estos asesinos de uniforme”.
El diputado oficialista escribió en su cuenta de Twitter: “Lucas volvía de jugar al fútbol y la Policía de la Ciudad lo baleó en la cabeza. Los discursos violentos que piden mano dura atrapados en el oportunismo carroñero de rascar un voto también tienen consecuencias… ¿Hasta cuándo gatillo fácil en Argentina?”.
El FdT y el FIT presentaron iniciativas que exigen que el ministro de Seguridad local se presente en la Legislatura porteña para brindar precisiones acerca del asesinato del joven de 17 años a manos de tres efectivos de la Policía de la Ciudad que iban vestidos de civiles.
Debido a la conmoción que generó el asesinato de Lucas González –el chico de 17 años que entrenaba en las inferiores de Barracas Central- a manos de tres efectivos de la Policía de la Ciudad que estaban vestidos de civiles, los legisladores del Frente de Todos y del Frente de Izquierda pidieron en la Legislatura porteña que se cite al ministro de Seguridad local, Marcelo D’Alessandro, para que brinde precisiones al respecto de lo ocurrido con este joven y el accionar de la mencionada fuerza de seguridad.
Los diputados de ambas fuerzas se encuentran recolectando las firmas necesarias para convocar a una sesión ordinaria para tal fin, la cual podría llegar a realizarse el próximo 25 de noviembre a las 12. Se prevé que , en caso de que la interpelación llegue a hacerse, se indague al funcionario sobre el crimen en cuestión y el desempeño y actuaciones de la Policía de la Ciudad en su deber de seguridad pública en el período comprendido entre 10 diciembre del 2019 hasta la actualidad.
Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre cuatro jóvenes de 17 años fueron interceptados por policías de civil en Barracas, y uno de ellos -Lucas González- fue baleado en la cabeza. En horas de la tarde del jueves, su tío confirmó el fallecimiento. La versión policial es que hubo un “enfrentamiento”, aunque las pericias posteriores establecieron que los chicos estaban desarmados, aunque la Policía dice haber encontrado un arma de juguete en el auto en el que estaban.
En el marco del ataque, los padres de los chicos sostienen que fue un caso de gatillo fácil. “La Policía dice que los vieron en calidad de sospechosos y que habían atropellado a alguien. Cuando le hicieron la pericia de los chicos y sacaron un arma que terminó siendo de juguete. ¿A ustedes les parece que tengan un arma los chicos? Ellos recién salían de probarse en un club”, dijo el padre de uno de los jóvenes.
“Eso lo va a tener que determinar la Justicia”, sostuvo la diputada electa sobre el fallecimiento del joven futbolista, que fue baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad.
Frente a la conmoción por la muerte del joven futbolista Lucas González, quien fue baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad, la diputada electa María Eugenia Vidal evitó afirmar que se trató de un caso de “gatillo fácil”.
“Eso lo va a tener que determinar la Justicia”, expresó consultada en radio La Red, aunque mencionó que el jefe de esa fuerza, Gabriel Berard, “dijo que era una mala actuación y eso marca una primera opinión”.
En ese sentido, la dirigente del Pro sostuvo que espera “que la Justicia actúe y actúe rápido”. “Sin dudas algo sucedió y no puede pasar demasiado tiempo sin que tengamos las respuestas”, agregó.
Al expresar sus condolencias para la familia, Vidal resaltó que “no hay palabras ni nada que vaya a reparar la muerte de Lucas” y señaló que “fue muy grave lo que pasó”.
Además, defendió que “el Gobierno de la Ciudad actuó como tenía que hacer al separar inmediatamente a los policías, ponerlos a disposición de la Justicia, desarmarlos, y que otra fuerza sea la que intervenga en la investigación, la Policía Federal”.
Por otra parte, en referencia a la frase de Javier Milei sobre que no conversa “con la casta política”, la legisladora electa afirmó que desde su espacio “va a haber diálogo con todas las fuerzas políticas, eso es el Congreso. Yo no me imagino a ningún diputado que vaya al Congreso y no hable desde la izquierda hasta con Milei cada vez que quiera que un proyecto de ley se apruebe”.
Y subrayó que un diputado “es uno entre 257, y para que las leyes salgan se necesitan 129 votos y, definitivamente, cuando son cosas buenas para la gente, tiene que haber diálogo”.
En cuanto a las aspiraciones previas a las elecciones de que Juntos por el Cambio se quede con la Presidencia de la Cámara baja, la porteña manifestó: “Yo dije lo que dice la normativa, el que tiene la primera minoría debe presidir la Cámara de Diputados. Nosotros no tuvimos la primera minoría, así que no corresponde que la presidamos”.
En otro tramo de la entrevista, Vidal fue consultada por la posibilidad que abrió el Gobierno nacional a la reelección indefinida de los intendentes y enfatizó que “es una discusión que no tiene que ver con la gente” y “otra muestra más de que (en el oficialismo) no escucharon nada”.
“Esa fue una pelea muy fuerte que dimos en la provincia de Buenos Aires, que parecía imposible. Fue un avance de todos los bonaerenses”, recordó la exgobernadora y añadió que “volver a la eternidad de un cargo, como pasa en Formosa, es un retroceso”.
También, aseguró que “voy a alzar mi voz y dar pelea” porque “no es democrático”, y volvió a cuestionar que “la primera discusión que proponen, a dos días de la elección, es que los intendentes se queden cuatro años más en el poder”.
El joven de 17 años fue abatido por tres efectivos de la Policía de la Ciudad, los cuales al momento del ataque estaban de civil, y continúan las investigaciones para esclarecer el hecho. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que serán “inflexibles” con los policías involucrados.
El asesinato de Lucas González, un chico de 17 años que jugaba en las inferiores del club Barracas Central, a manos de tres efectivos de la Policía de la Ciudad –que al momento del crimen estaban vestidos de civil- volvió a reavivar el debate por el “gatillo fácil” y género el repudio generalizado de los legisladores porteños de las diversas bancadas que conforman la Legislatura de la Ciudad.
Desde un primer momento las autoridades del Gobierno de la Ciudad advirtieron que hubo un “exceso” por parte de los efectivos policiales, por lo que el alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, planteó en sus redes sociales que “la muerte de Lucas es una pérdida irreparable y me siento profundamente dolido. Les hago llegar mi más sentido pésame a sus padres, familia y amigos. Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley” y detalló que fueron “separado inmediatamente de su cargo a los tres involucrados en el hecho, e iniciamos un sumario para determinar las responsabilidades”.
En ese sentido, el presidente del bloque de Vamos Juntos (VJ), Diego García Vilas, afirmó que “el asesinato de Lucas González nos llena de dolor a los vecinos de la Ciudad. Le envío toda mi solidaridad y acompañamiento a su familia. Los responsables de este crimen deben ser juzgados y cumplir la pena que les corresponda” y la legisladora oficialista María Sol Méndez expresó su “más sentido pésame a la familia de Lucas González ante este hecho tan doloroso. Los responsables de este terrible crimen deben ser juzgados y que la familia de Lucas tenga justicia”.
En tanto la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y diputada del Frente de Todos (FdT), Victoria Montenegro, aseveró en su cuenta de Twitter que “la Policía de la Ciudad fusiló a Lucas Gonzalez. Un joven de tan solo 17 años que volvía de entrenar en un club de fútbol. No es un hecho aislado, se suma a una dolorosa lista que engrosa esta fuerza” y recordó que hace unos pocos días “la Policía de la Ciudad cumplió 5 años. En este tiempo ya asesinó a 121 personas por casos de gatillo fácil. ¿Dónde está el control político?”.
A la vez que Matías Barroetaveña (FdT) expresó que “apoyo y solidaridad con la familia y seres queridos de Lucas. Un joven de 17 años que pelea por su vida a causa de un hecho de gatillo fácil llevado a cabo por la Policía de la Ciudad. Presentamos un proyecto en la Legislatura repudiando y pidiendo el esclarecimiento” y recordó que “cuando los discursos de odio avanzan las consecuencias inmediatas son balas para les más vulnerables. Le decimos basta al gatillo fácil y a quienes quieren hacer utilización de la democracia y las instituciones políticas para correr a la sociedad hacia la derecha”.
Mientras que Claudio Morresi (FdT) opinó que “lamentablemente los discursos de mano dura, odio y la doctrina Chocobar generan que nos encontremos con episodios tan tristes como este. Urgente se tiene que esclarecer el episodio con Lucas y que se investigue el desempeño de la Policía de la Ciudad” y que el legislador electo Alejandro Amor (FdT) exigió “justicia por Lucas Gonzalez. Solidaridad con su familia y seres queridos. Basta de gatillo fácil”.
Por su parte la diputada electa por el FIT, Alejandrina Barry, indicó que “en la marcha por Lucas, los pibes nos contaban que es una práctica habitual que policías de la ciudad de civil los persigan. Es gravísimo. Larreta tiene que dar explicaciones urgente, este terrible caso de gatillo fácil no es una excepción” y precisó que “durante la campaña muchos pidieron bajar la edad de imputabilidad, envalentonan más a la policía que en todos el país tiene como práctica sistemática la represión a la juventud en los barrios populares”.
Asimismo Gabriel Solano (FIT) remarcó que “en cinco años la policía de la Ciudad tiene en su haber 121 casos de gatillo fácil. El asesinato de Lucas no fue un hecho aislado es violencia institucional” y sentenció que “el asesinato de Lucas González no es el resultado de tres policías irresponsables. Hay un régimen de represión a la juventud a manos de fuerzas de seguridad totalmente descompuestas. El gatillo fácil es una política de estado”.
Se trata del oficial primero Victor Díaz y el oficial Leandro Donato, quienes se encargaron de cuidar a una bebita recién nacida que había sido abandonada en Curapaligüe y Zelarrayan, el pasado 26 de agosto.
Tras la conmoción que generó el caso, la Legislatura porteña reconoció este jueves la “labor y profesionalismo” del oficial primero Víctor Díaz y el oficial Leandro Donato, ambos del servicio de motos CM 7 de la Comuna 7, quienes el pasado 26 de agosto rescataron a una beba recién nacida que había sido abandonada en un contenedor ubicado en la esquina de Curapaligüe y Zelarrayan.
La iniciativa a través de la cual fueron reconocidos los oficiales fue impulsada por la diputada de Vamos Juntos y referente de la Comuna 7, María Celeste Peña, quien además solicitó que se les entregue un diploma en reconocimiento a su trabajo. “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires extiende el presente diploma a los oficiales Víctor Díaz y Leandro Donato en reconocimiento a su labor, compromiso y profesionalismo con el que se desempeñan siempre al servicio de los vecinos”, sostiene el texto que irá impreso en los diplomas.
Los oficiales asistieron a la beba después de que los transeúntes dieron aviso a la Policía de la Ciudad, quienes rápidamente se acercaron al lugar y lograron rescatar a la pequeña. El Oficial Primero Víctor Díaz tomó a la niña entre sus brazos y la cuidó, mientras que el oficial Leandro Donato se encargó de coordinar con el patrullero de la misma fuerza, que fue el encargado de trasladar a la criatura hasta el Hospital Piñero, ubicado en Avenida Varela al 1301, donde fue asistida por el servicio de neonatología. Los médicos del lugar confirmaron que la menor está en buenas condiciones de salud, con un peso de 3.500 gramos, y la nombraron Jorgelina.
“Como contrapartida de un hecho tan aberrante como el abandono de un bebé recién nacido, la actitud de los policías por involucrarse, darle rápidamente cobijo a esa persona y salvar su vida es una muestra de los valores que existen en nuestra sociedad”, aseguró la oficialista y concluyó expresando que “lo que hicieron estos policías es un acto que dignifica la función pública y nos enorgullece a todos. Valoramos mucho su vocación, profesionalismo y atención para estar siempre al servicio de los vecinos, y por eso creemos importante hacerles este reconocimiento”.
El vicejefe de Gobierno destacó el procedimiento en el Barrio de Villa Lugano llevado adelante por la Policía de la Ciudad en el que se incautó 15 mil dosis de cocaína un arsenal de armas de fuego que incluye chalecos antibala, armas de guerra y hasta una ametralladora.
“La lucha contra el narcotráfico no para. En un megaoperativo en los barrios Mugica y Bermejo, en la zona de Lugano, la Policía de la Ciudad incautó más de 15.000 dosis de cocaína, 9.000 de marihuana y un arsenal de escopetas y pistolas”, dijo este sábado el vicejefe de Gobierno Ciudad a cargo del Ministerio de Seguridad, Diego Santilli.
El funcionario destacó la labor de las fuerzas de seguridad porteñas tras un exitoso operativo antidroga desarrollado en la zona del Barrio de Villa Lugano este sábado por la madrugada.
Los allanamientos, realizados por la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunal 8 de la Policía de la Ciudad y bajo las directivas de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, se enmarcan en el servicio de saturación y prevención en ese barrio del suroeste porteño.
Luego de investigaciones de campo se montó anoche un operativo simultáneo ingresando a dos domicilios en la conflictiva Platea 11 del Barrio Mugica, y uno en el vecino Barrio Bermejo, separados por las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, con resultado positivo en todos ellos.
En un departamento de la platea 11 se incautó 15.700 dosis de cocaína, 5.636 de marihuana, 600 de pasta base, un envoltorio con tizas de cocaína, 25 panes de marihuana, una bolsa de supermercado con marihuana, siete libretas de ventas, dos chalecos antibala, cuatro cargadores de fusil, cinco cargadores de pistola, 278 cartuchos de bala, y 92 cartuchos de escopeta.
Mientras que en una casa ubicada en la platea 11, a unos 50 metros de la avenida Castañares los policías decomisaron 3.584 dosis de marihuana, 1.442 flores de marihuana, cuatro chalecos antibalas, una escopeta 12.70, una pistola ametralladora FMK3 calibre 9×19, una pistola Browning calibre 9×19, un silenciador, dos cargadores de pistola, un cargador de FMK3, 222 cartuchos de distintos calibre, 20, cartuchos calibre 308, 58 cartuchos de escopeta y un pasamontañas.
Finalmente en el barrio Bermejo, se incautó un revólver calibre 32, un cargador de pistola y 137 cartuchos de bala de distintos calibre.
Los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa que prevé generar herramientas para “prevenir y erradicar” actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
Luego de que se viralizaran varias denuncias contra las fuerzas de seguridad, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad, mediante el cual prevén generar herramientas integrales para “prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, y/o de seguridad que estén bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad”.
El texto también busca otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional. Para ello establece que “los Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional deben garantizar la recepción y tramitación de denuncias administrativas de casos de violencia institucional las cuales deberán ser atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales y/o de seguridad. Las vías de denuncias serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión”.
“Una vez recibida la denuncia administrativa de un caso de violencia institucional, en el que se presuma que el hecho configure delito de instancia privada, la autoridad del área de recepción de denuncias debe asesorar a la víctima en todo lo atinente a la realización de la denuncia”, añade la iniciativa y remarca que “en caso de que se presuma que el hecho configure delito de instancia pública la autoridad de recepción debe radicar de oficio la denuncia judicial”.
Por otra parte se crearía el Registro de Violencia Institucional de la Ciudad, el cual tendrá como función registrar, clasificar y sistematizar los casos de violencia institucional. Asimismo sostiene que “si de la denuncia presentada surgieran pruebas que hicieran verosímil el hecho denunciado y estuviera identificado el o la presunto autor, juntamente con el inicio del sumario administrativo, la autoridad correspondiente a la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, atento a la gravedad del hecho denunciado, dispondrá la pertinencia del pase a disponibilidad o la separación preventiva del o los agentes acusados, independientemente del avance de la causa judicial, hasta tanto concluya el sumario administrativo”.
La iniciativa de ley también establece la obligatoriedad de la formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales; busca instalar principios sobre los cuales debe basarse el uso de armas de fuego son los de proporcionalidad, legalidad y gradualidad; entre otras cuestiones.
El proyecto lleva la firma de los diputados Lucía Cámpora, María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montengro, Claudio Morresi, Laura Velasco y Lorena Pokoik (FdT).
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad de detalles sobre la compra de ese material. “No entendemos por qué hay tanta urgencia en gastar más de 50 millones de pesos para comprar armamento antidisturbios”, afirmó.
La legisladora del FdT y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, impulsó en la Legislatura porteña un pedido de informes acerca de la compra directa de municiones antidisturbios realizada por el Gobierno de la Ciudad y la creación de un nuevo grupo especial de la Policía porteña denominado “Despliegue de Intervención Rápida (DIR)”.
Es que según advirtió la diputada, la adquisición de armamento fue realizada el 3 de abril ante un requerimiento de la División de Armamentos, Munición y Explosivos y ratificada por la Secretaría de Justicia. Costó 52 millones de pesos y se compraron 150 mil cartuchos con 24 postas de goma cada uno, dos mil granadas de mano, mil cartuchos de gas lacrimógeno, 2.915 granadas de mano HC a la fábrica Luis Beltrán que depende de Fabricaciones Militares.
Es por ello que en el pedido de informes, Montenegro pidió que se detallen cuáles fueron las razones que tuvo el Gobierno porteño para crear un nuevo grupo policial denominado DIR, cuyo entrenamiento, según trascendió, consiste en avanzar en grupos con escudos, instrucciones de tiro y diversas técnicas propias de un grupo especial similar a una Guardia de Infantería.
Al respecto de esto, la kirchnerista manifestó que “los recursos de los porteños tienen que estar destinados a optimizar el trabajo de los profesionales de la salud, de los hospitales, de los Cesac” y remarcó: “no entendemos por qué hay tanta urgencia en gastar más de 50 millones de pesos para comprar armamento antidisturbios. Se trata de un virus al que no se lo combate con armas ni gases lacrimógenos”.
“Creemos que crear un nuevo grupo especial de la Policía de la Ciudad, con ese tipo de entrenamiento, no optimiza a las fuerzas de seguridad cuya prioridad en este momento no debería ser preparase para la represión. Se trata de una crisis sanitaria que evidentemente no se resuelve con la compra de armas o la creación de nuevos grupos de choque”, agregó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
