El descenso de una aeronave que sobrevoló la cúpula del Congreso generó diferentes conjeturas en redes sociales. De qué se trató el operativo.
Para sorpresa de propios y extraños, un helicóptero de la Policía Federal aterrizó sobre la cúpula del Congreso de la Nación y diferentes conjeturas sobre lo acontecido no tardaron en aparecer. Según fuentes oficiales, se trató de un operativo de simulacro para corroborar el tiempo de evacuación desde el Palacio Legislativo hasta el Hospital Churruca, ubicados a poco menos de cinco kilómetros de distancia.
La aparición de la aeronave generó revuelo en los alrededores del Congreso de la Nación, ya que todos elevaron la mirada sobre la cúpula del Palacio Legislativo, donde el helicóptero aterrizó y se observó a un agente policial descender. El suceso quedó registrado por una filmación casera tomada desde las ventanas del Anexo.
La sorpresa de quienes llevan años dentro de la estructura del Poder Legislativo fue porque el helicóptero aterrizó muy cerca de la terraza. Incluso, diferentes voces señalaron que es la primera vez que se da este tipo de simulacros.
Cuando el video se difundió por medio de redes sociales, las reacciones comenzaron a multiplicarse y las diferentes teorías, hipótesis y conjeturas fueron el escenario virtual de todo tipo de interacciones.
Fuentes parlamentarias que desconocían la realización del simulacro relataron a Parlamentario.com que escucharon una fuerte y constante ventisca que hacía tiritar las ventanas de las oficinas del Palacio Legislativo.
Los proyectos presentados fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. La Coalición Cívica también se manifestó en rechazo. Los cinco espacios coincidieron en que se trata de un decreto "inconstitucional". El antecedente del rechazo al DNU 656/24.
El pasado 17 de junio fue publicado en el Boletín Oficial el DNU 383/2025 por el que el Gobierno nacional creó el nuevo estatuto que facultó a la Policía Federal Argentina (PFA) de realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas.
A partir de ello, diferentes bloques de la oposición presentaron proyectos de ley en rechazo del decreto y propusieron declararlo nulo de nulidad absoluta. Los primeros en llevar iniciativa a mesa de entrada fueron los diputados del Frente de Izquierda, quienes señalaron que el Gobierno “intenta consolidar un Estado policial para cercenar las libertades y derechos democráticos”. “Proponemos la inmediata anulación de este decreto persecutorio e ilegal”, enfatizaron.
En representación de Unión por la Patria, bloque de 98 integrantes de la oposición más férrea, la diputada nacional Mónica Macha presentó un proyecto para declarar nulo al nuevo estatuto de la PFA. En los fundamentos, explicó que “resulta a todas luces violatorio de esenciales principios del Estado de Derecho”. También, afirmó que las nuevas facultades otorgadas a la Federal no están alcanzadas en la Ley de Inteligencia Nacional.
📌 VIENEN POR LOS DERECHOS DE TODAS Y TODOS
Presentamos un Proyecto de Ley para declarar la nulidad del nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina.
No vamos a naturalizar que vulneren nuestras libertades y nuestros derechos
👉 https://t.co/7fEwBjhJpb pic.twitter.com/gj9YlGFX7T— Mónica Macha (@MoniMacha) June 17, 2025
Con el mismo espíritu, los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein, integrantes de Encuentro Federal, indicaron que el decreto “es inconstitucional”, y aseveraron que “es una estafa de Javier Milei y Patricia Bullrich”. “Detrás de un artilugio se exceden las facultades delegadas y reforman el estatuto de la Policía Federal permitiendo el cyberpatrullaje y las detenciones sin orden judicial”, agregaron desde el socialismo santafesino.
Este jueves se sumó el proyecto para derogar el DNU 383 del bloque Democracia para Siempre, conformado por 12 diputados nacionales. Con firma de Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela, Mariela Coletta, Carla Carrizo y Fernando Carbajal, los legisladores señalaron que “el decreto de Patricia Bullrich viola derechos constitucionales y además excede las facultades delegadas en la Ley Bases”.
A través de un comunicado en X, la bancada presidida por Juliano manifestó que “la disposición consagra una figura similar a los ‘arrestos por averiguación de antecedentes’, ya declarados inconstitucionales por jurisprudencia reiterada por ser arbitrarios y discrecionales”.
Democracia para Siempre presentó un proyecto de ley para derogar el decreto que reformula las funciones de la Policía Federal
“La norma es inconstitucional”
El decreto de Patricia Bullrich viola derechos constitucionales y además excede las facultades delegadas en la ley Bases.… pic.twitter.com/MlDUVkCHMr
— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) June 19, 2025
También la Coalición Cívica se manifestó en contra de este decreto de necesidad y urgencia. Fue la diputada nacional Mónica Frade, quien, a las pocas horas de la publicación en el Boletín Oficial, tuiteó: “En seguridad vuelta atrás 30 años...cuando regían los inconstitucionales ‘edictos policiales’, la Policía te detenía ‘por las dudas y para saber quién eras’”. Luego, llamó a Bullrich de ser “una nostálgica patológica”.
Teniendo en cuenta la cantidad de integrantes contemplados en los bloques que impulsan la derogación o que se manifestaron en rechazo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y parte de Encuentro Federal -al menos cinco legisladores lo rechazan-, la oposición tendría cerca de 117 diputados en contra del DNU 383/2025.
En caso de avanzar con el tratamiento, el DNU 383/2025 puede ser llevado a sesión especial sin dictamen una vez que transcurran diez días hábiles desde su publicación (a partir del miércoles 3 de julio) y sin que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo lo ponga a consideración. Para que sea derogado, ambas cámaras deben rechazarlo en el recinto.
Cabe recordar que el actual Gobierno nacional sufrió la primera derogación de un DNU desde la reforma constitucional de 1994. El 13 de septiembre pasado el Senado, tras el primer rechazo en Diputados, derogó el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional había incrementado los gastos reservados de la SIDE en 100.000 millones de pesos.
El proyecto de ley lleva la firma de los cinco integrantes del FIT-U. Recordaron el caso del joven imputado en 2017 por replicar una canción de cancha en Twitter. Calificaron a la PFA de ser “una fuerza corrupta y socia del gran delito”.
Un día después de su publicación en el Boletín Oficial, el Frente de Izquierda – Unidad presentó un proyecto de ley para anular el DNU 383/2025 por el que el Gobierno nacional creó el nuevo estatuto y facultó a la Policía Federal Argentina (PFA) de realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas.
“Como denuncian especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos, los múltiples antecedentes de detenciones y armado de causas, ya registrados durante la anterior gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, donde a partir de mensajes publicados en las redes sociales críticos del Gobierno se detuvieron a personas y se les armaron causas por amenazas e intimidación pública, preanuncian el sentido que tiene esta decisión”, señalaron en los fundamentos.
El proyecto lleva las firmas de los diputados nacionales Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi y Vilma Ripoll.
Como referencia a los antecedentes mencionados, los diputados del FIT-U recordaron el caso de Nicolás Lucero, un joven de 17 años que fue imputado por “delitos de amenazas e intimidación pública” por haber escrito en Twitter un fragmento de una canción de cancha. El hecho sucedió a mediados del 2016 y la causa se inició un año más tarde, pero en 2018 fue cerrada tras probar la inocencia del adolescente.
También cuestionaron otros puntos del decreto y señalaron que “con la excusa de modernizar a una fuerza corrupta y socia del gran delito, le confieren nuevas ‘tareas’ que permiten detener a cualquier persona sin causa ni pruebas, habilitando el espionaje ilegal y la detención arbitraria, dando mayor poder represivo, extorsivo y criminal a la Policía Federal”.
Luego, aseveraron que es “aún mas grave, la habilitación a la Policía Federal para que pueda detener a cualquier persona y en cualquier lugar por el mero hecho de considerar que podría cometer algún delito en un futuro indeterminado, busca invertir el sistema penal argentino, pasando del ‘derecho penal de hecho’ al ‘delito de autor’, es decir que importa más quién es la persona detenida y no qué hizo”.
En el final del texto, los diputados de la izquierda rechazaron la idea de “modernización” utilizada por el Gobierno nacional y acusaron que se trata de “un nuevo paso en el camino de intentar construir un verdadero Estado policial, dando a esta fuerza vía libre para espiar y detener, basados simplemente en lo que ‘crean’ o ‘sospechen’ e incluso, en lo que crean o sospechen que podría llegar a hacer”.
“Contra ese intento de consolidar un Estado policial y contra todo intento de cercenar las libertades y derechos democráticos, a la vez que conquistar todas las demandas del pueblo trabajador y los sectores populares, proponemos la inmediata anulación de este Decreto persecutorio e ilegal”, concluyeron en el texto que propone declarar nulo al DNU 383/2025 de reforma de la PFA.
El bloque de senadores señaló que esta reforma “perpetúa funciones que no corresponden a una policía moderna”, por lo que resaltaron que “vulnera principios constitucionales”. Así, exigieron la “revisión inmediata de la reforma y la restitución del debate parlamentario”.
El bloque de senadores Convicción Federal expresó una “profunda preocupación” a la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina que fue implementada este miércoles por el Decreto 383/2025 y “sin el debate en el Congreso”.
A través de un comunicado, desde Convicción Federal alertaron que esta reforma “otorga nuevas facultades de detención, ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial, priorizando la ‘seguridad del Estado’ por sobre los derechos ciudadanos, pero sin modernizar realmente la fuerza: mantiene intacta su estructura operativa, posterga la transformación hacia una agencia federal de investigación y perpetúa funciones que no corresponden a una policía moderna”.
En ese sentido, consideraron que esta medida “vulnera principios constitucionales, debilita los controles democráticos, limita la capacidad del Ministerio Público Fiscal para combatir delitos complejos y abre la puerta a la criminalización de la protesta social, afectando libertades fundamentales y el equilibrio de poderes”, por lo que exigieron “la revisión inmediata de la reforma y la restitución del debate parlamentario como garantía del Estado de Derecho”.
Por último, se mostraron preocupados en “cómo seguirán estas medidas autoritarias que avasallan las garantías constitucionales con total normalidad. Asimismo, como representantes de las provincias, nos ocupa seguir de cerca el tema por la incertidumbre que nos genera y por nuestro compromiso federal con la verdadera seguridad de la ciudadanía”.
El comunicado lleva las firmas de los senadores del bloque Convicción Federal Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis) y Guillermo Andrada (Catamarca).