La diputada nacional Agustina Propato (UP) presentó un proyecto de ley con el objetivo de abordar los problemas de seguridad que aquejan a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y que impactan en todo el país.

La iniciativa busca establecer un marco legal que permita la colaboración entre las fuerzas policiales de diferentes provincias para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado.

El proyecto cuenta con el apoyo de sus pares Gisela Marziotta, Ricardo Herrera, Micaela Morán y Eduardo Toniolli.

La propuesta está fundamentada “en la necesidad de una acción coordinada a nivel nacional; plantea la posibilidad de que los gobernadores puedan solicitar la colaboración interprovincial policial en situaciones donde esté en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, así como cuando se vean amenazados los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, o en caso de desastre según los términos que norman la defensa civil”.

Según el proyecto, el gobernador de la provincia donde ocurran los hechos, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, deberá “requerir el empleo de personal de las fuerzas policiales provinciales con el acuerdo de los Poderes Ejecutivos provinciales convocados”. Durante la duración de la operación o actividad para la que fueron movilizados, el personal de las fuerzas policiales afectadas estarán bajo la jurisdicción federal.

El Ministerio de Seguridad de la Nación será el encargado de coordinar el accionar de los cuerpos policiales provinciales en situación de colaboración en jurisdicciones provinciales ajenas, prevé el texto.

Además, se contempla que en los casos en que un cuerpo policial provincial preste servicios en una jurisdicción provincial ajena, se dará intervención al Comité de Crisis previsto en la Ley 24.059, con la inclusión del Ministro de Seguridad de la provincia que brinde colaboración.

Mientras puertas adentro del Congreso de la Nación se desarrollaba la sesión en la Cámara de Diputados en pleno tratamiento del proyecto de ley ómnibus, en los alrededores ocurrieron incidentes entre los manifestantes y la Policía Federal.

Al respecto se pronunció la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman que denunció lo ocurrido y apuntó: ““Con un operativo delirante, desproporcionado y que solo cabe en la cabeza de la miliquita de Patricia Bullrich”.

“Mientras los provocadores estaban acá adentro, ella montó sobre una manifestación totalmente tranquila donde hay asambleas barriales, partidos de izquierda y movimientos sociales, una represión delirante. ¿Saca todo el aparato represivo para qué?”, criticó.

Bregman remarcó: “Tenemos derecho a manifestarnos”, y le planteó a sus pares: “Espero que vayan muchos a ver esto, sobre todo los que le piensan votar darle superpoderes a este Gobierno y una reforma penal a Bullrich porque esto no se puede normalizar”.

“¿Con qué excusa montó esa provocación?”, reiteró y exclamó: “Es una barbaridad. Esta ley es un hecho inédito que bajo el tema de mega ley ómnibus están tratando de implementar uno de los ataques más grandes que se ha visto en el país”.

Sobre el proyecto, Bregman alertó: “La ley es muy grande y los ataques son muchos, afectan un derecho para ocultar el ataque a otro derecho. Acá están aplicando un ajuste ortodoxo para pagarle al FMI, acá se le terminó el cuentito a Milei con nombres raros para perritos. Si van a poner los números sobre la mesa, pongan todos y no los que les conviene solo para argumentar que van a votar esta ley escandalosa”.

“Le están dando a Milei ese poder de monarca que lo transforma las fuerzas del cielo cree que puede ejercerlo como se le ocurra. Es muy grave lo que están votando acá delegando facultades porque no hay reglas de excepción. Le están dando todo el poder a la reacción patriarcal, machista y misógino”, remató.

Diputados de Juntos por el Cambio, con Gabriel Chumpitaz a la cabeza, presentaron un proyecto de ley que propone crear un fondo de asistencia para familiares de policías que fueron asesinados por delincuentes, ante “la escalada de la inseguridad en toda la Argentina” que “provocó un aumento en el homicidio de policías en cumplimiento de sus funciones”.

“Para combatir la inseguridad y el narcotráfico necesitamos una policía fuerte. Es fundamental trabajar para devolverle el valor y el respeto que en el pasado tuvo la fuerza en nuestro país. Parte de esta reconstrucción se tiene que hacer a través del cuidado que tenemos hacia nuestros oficiales”, expresó Chumpitaz.

El santafesino consideró que “es un cambio cultural que se debe sustentar también en acciones materiales. Cada policía que arriesga su vida merece saber que, si lo peor sucede, el Estado estará junto a ellos para responder por sus familiares”.

La iniciativa establece que el Fondo será constituido por una partida presupuestaria de afectación específica del Ministerio de Seguridad. A su vez determina que la reparación económica será para familiares ascendientes, descendientes y laterales hasta cuarto grado de consanguinidad con una suma por única vez de un valor equivalente a tres mil veces un haber jubilatorio mínimo.

“Hoy la policía está abandonada y tiene miedo de actuar porque sabe que si pasa algo serán ellos los sancionados. Esto se tiene que terminar, los delincuentes tienen que volver a tenerle miedo a las fuerzas de seguridad”, agregó el legislador del Pro.

El proyecto contó con el acompañamiento de Juan Martín, Carolina Castets, José Núñez, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata, Pablo Torello, Marilú Quiroz y Karina Bachey.

El jefe de Gabinete de Lanús Diego Kravetz participó del cierre del primer curso de profesionalización política. El mismo se desarrolló en la Escuela de Policía Local de Gerli Este y contó con la instrucción de jueces, fiscales y personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

Es el primer curso que se lleva a cabo en la Escuela de Policía de Lanús y consistió en actualizar técnicas de intervención y procedimientos policiales. El fin de este tipo de capacitaciones es el de jerarquizar la policía, trabajando de forma eficiente y eficaz en la atención de urgencias. 

“Este tipo de capacitaciones nos sirve para que quienes nos cuidan estén más preparados a la hora de enfrentar momentos difíciles en los distintos barrios de Lanús”, expresó Kravetz, y continuó: “Es muy importante el trabajo en conjunto con el Ministerio (de Seguridad de la provincia) ya que de esta forma podemos perfeccionar el accionar policial”. 

El curso de profesionalización se realizó durante 3 lunes consecutivos, comenzando el 31 de octubre y finalizando el 14 de noviembre. Al mismo asistieron 22 efectivos de la fuerza. 

Junto a Diego Kravetz, jefe de Gabinete y responsable de seguridad local, estuvo el subsecretario de Desarrollo y Formación Profesional del Ministerio de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fiscales y jueces del distrito. 

A una semana de haberle bajado un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos, con el fin de atender el conflicto policial en la provincia de Buenos Aires, ahora el Gobierno nacional envió un proyecto de ley al Senado para reducir aun más el porcentaje de coparticipación, llevándola a 1,4%.

La iniciativa girada este jueves trata de fijar unos 24.500 millones de pesos para atender los gastos de la Policía Federal traspasada al distrito porteño durante la gestión de Mauricio Macri. Esa cifra es equivalente al gasto que representó este año, pero el monto deberá ser actualizado cada año.

¿De qué manera? Según lo estipula el artículo 2°, será mediante una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.

También establece que la suma “se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su actualización se realizará en forma trimestral”.

“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad informarán a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo 2°, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega. Y finalmente indica que los gastos presupuestarios se readecuarán una vez que esté en vigencia la ley.

Según supo parlamentario.com, el texto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, en manos de los oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Carlos Caserio, respectivamente.

En los argumentos del proyecto, el Ejecutivo recordó que en enero de 2016 la Legislatura porteña aprobó el convenio de transferencia firmado por el entonces presidente Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, señaló que en los cuatro años de gobierno de Cambiemos no se envió el acuerdo para “la consideración y eventual aprobación” del Congreso, “tal y como exige el quinto párrafo del artículo 75, inciso 2, de nuestra Constitución Nacional”. “Esta omisión no pasó inadvertida para legisladores y legisladoras de ambas Cámaras, quienes presentaron diversos proyectos al respecto”, recordó el Gobierno en los considerandos.

También remarcó que “apenas 13 días después de la suscripción del convenio”, el gobierno anterior llevó a 3,75% la coparticipación de la Ciudad “sin brindar argumentos o justificación que dieran cuenta de cómo se arribó a ese porcentual ni los fines a los que se destinaría”.

Finalmente, la cifra pasó a 3,5% durante la firma del Consenso Fiscal de 2018 y, la semana pasada, Alberto Fernández la redujo a 2,32%, motivo por el cual Rodríguez Larreta anunció que reclamará por el recorte ante la Corte Suprema.

En caso de aprobarse el proyecto enviado por el Ejecutivo, la coparticipación para la Ciudad -que ya no recibirá en forma automática los fondos para afrontar los gastos en seguridad, sino a través de este nuevo mecanismo- se verá reducida al 1,4%.

“Proponemos esta enmienda para corregir y superar la situación de desigualdad carente de fundamentos razonables, generada por los Decretos Nros. 194/16 y 257/18, que impusieron a la Nación el pago de un monto que superaba con creces el costo de los servicios transferidos”, añadió el Ejecutivo en el proyecto.

Con la presencia de familiares y víctimas de casos de violencia policial y gatillo fácil de diversos puntos del país junto a organismos de Derechos Humanos, se realizó una audiencia pública virtual convocada por Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, del PTS-Frente de Izquierda.

Durante la audiencia se escuchó el reclamo por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, desparecido hace más de 70 días. Su abogado, Leandro Aparicio, participó del encuentro e insistió en que el joven “está desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires”.

“La Policía está metiendo pistas falsas y el fiscal está operando en contra. Vemos que hay una maniobra de encubrimiento institucional de la que tenemos muchos elementos, que le vamos a aportar a (Sergio) Berni. Queremos pedir que releve a los que están a cargo de la investigación, nos falta muy poco para pedir las detenciones de varios policías”, informó Aparicio.

Desde Tucumán, la hermana del tucumano asesinado Luis Espinoza reclamó “que no tengan privilegios ni beneficios ninguno de esos policías que le han quitado la vida a mi hermano, dejando seis criaturas sin padre y una familia destrozada. El Estado es responsable de lo que le pasó a mi hermano y vamos a exigir justicia”.

También Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, planteó a los familiares presentes: “Son días de mucha angustia por la desaparición de Facundo y por todos los casos de gatillo fácil, pero no están solos, los vamos a acompañar en este pedido de justicia”.

“Les decimos a las madres, a los padres y las familias de estos pibes que vamos a seguir luchando, que tenemos que decir ‘basta’ de matar pibes, que no hay excusa para matar a los jóvenes como lo están haciendo”, afirmó Cortiñas.

También se sumaron familiares de una familia qom “atacada y torturada por policías en Chaco”, que denunciaron que los agentes implicados fueron liberados y relataron los trastornos psicológicos que padecen las niñas que fueron víctimas.

Asimismo, participaron familiares de Ariel Valerian, “asesinado a golpes por la Policía en Jujuy” en un control de tránsito. Los casos de la provincia de Buenos Aires también estuvieron presentes en la denuncia con los familiares de Lucas Verón, Alan Maidana y Brandon Romero, todos jóvenes “asesinados por la Policía”.

Además de Del Caño y Bregman, estuvieron la diputada nacional Romina Del Plá, la legisladora porteña Alejandrina Barry, el diputado provincial Claudio Dellecarbonara, María del Carmen Verdú (CORREPI) y representantes de la APDH, la Asociación ExDetenidos Desaparecidos y el SERPAJ, entre otros.