Ningún proyecto de interés ambiental logró convertirse en ley durante el 2024. Hubo pocas sesiones en la comisión de ambiente y la mayor parte de ellas solo a título informativo. Las conclusiones surgen de la Agenda Ambiental Legislativa 2025 que presentó el Círculo de Políticas Ambientales.
Entre otros déficits, ningún proyecto de interés ambiental logró convertirse en ley durante el 2024, lo que evidencia la dificultad de avanzar en estos tópicos dentro del actual contexto legislativo. En líneas generales, fue un año de baja actividad en cuanto al tratamiento parlamentario en la materia, en consonancia con la avanzada desregulatoria del Poder Ejecutivo y la desarticulación de la política ambiental a nivel nacional.
Estos datos se desprenden de la Agenda Ambiental Legislativa 2025, que por 7mo. año consecutivo presentó el Círculo de Políticas Ambientales. Se trata de un documento en el que especialistas de diversas disciplinas analizan los proyectos de ley en materia ambiental y energética con estado parlamentario, con el fin de aportar su perspectiva al debate en el Congreso de la Nación.
La única ley con alguna “arista ambiental” aprobada por el Congreso fue la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional en zonas afectadas por incendios en Córdoba (Ley 27.782).
La Agenda de este año incorporó a sus clásicas secciones de Energía y cambio climático; Biodiversidad; Contaminación y Acuerdos internacionales, un apartado sobre el contexto global y nacional de las políticas ambientales, y otro relacionado a la institucionalidad ambiental.
“La trazabilidad de la pesca, la promoción de las energías renovables, la conservación de la biodiversidad, entre otros, siguen siendo temas absolutamente relevantes. Soslayar su tratamiento no sólo implica una pérdida de oportunidades en el campo social, económico y ambiental hacia adentro del país sino también en la competitividad de la Argentina frente al mundo. Por otro lado, el abandono del gobierno nacional de la política ambiental ha generado nuevos debates inmediatos: cómo dotar a las provincias de marcos institucionales federales en la materia que sean uniformes y sólidos, cómo evaluar el impacto de las regulaciones y cómo lograr que el Congreso, haciendo uso de sus competencias, realice el seguimiento y control de la implementación de las leyes que sancionó”, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
La idea es del senador Julio Cobos. Se trataría de una comisión de seguimiento de los acuerdos internacionales sobre política ambiental.
El senador Julio Cobos propuso crear en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de los Acuerdos Internacionales sobre Política Ambiental, para que realice un seguimiento y control de eficacia de los Acuerdos Internacionales sobre Política Ambiental, ya que hoy no existe un seguimiento efectivo sobre la realización de las metas asumidas por la Argentina.
El exvicepresidente de la Nación explicó que “la comisión debe evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Argentina tras la firma, aprobación y ratificación de acuerdos internacionales sobre política ambiental, cambio climático y desarrollo sustentable. La fiscalización que realice el Congreso a través de esta comisión permitirá conocer el avance exacto en materia ambiental de los diversos organismos nacionales, provinciales o municipales, tras los compromisos asumidos a nivel internacional; aquí radica la importancia de la presente ley, que tiene como marco el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional”.
“Si bien el artículo 86 del Reglamento Interno del Senado prevé la creación de Comisiones Bicamerales o Bicamerales Mixtas para el estudio de materias de interés común o cuya complejidad o importancia lo tornen necesario, la sanción de una ley fortalece institucionalmente dicho ámbito y brinda una mayor dimensión a la importancia que se le otorga a su concreción”.
El legislador mendocino señaló que “la relevancia de las políticas ambientales y climáticas ha crecido de manera sostenida en el siglo XXI. Prueba de ello es la sanción de la Ley General del Ambiente (2002), el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (2004), la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (2019) y la Ley Yolanda (2020)”.
“El cambio climático afecta a todos los países de todos los continentes, alterando las economías nacionales y a las personas. En este contexto, resulta necesario que el Congreso de la Nación, en el marco de las facultades constitucionales otorgadas y a través de una Comisión específica, efectúe el seguimiento de los objetivos de los acuerdos en cuestión, verifique el cumplimiento de los mismos, sus resultados y las perspectivas de desarrollo futuro”.
“Debemos tomar medidas urgentes para abordar la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. Las metas ambientales que los gobiernos se imponen a la hora de firmar Tratados Internacionales deben ser fiscalizadas y fundamentalmente cumplidas para contribuir a la transformación de una Argentina con mayor capacidad de adaptación a las necesidades que el planeta y la humanidad nos demandan. Es a través del seguimiento y del diálogo técnico y político que podremos cumplir con los compromisos que nuestro país asume a nivel internacional y así eventualmente incrementar nuestras metas ambientales y climáticas”, finalizó Cobos.