Buscan que, por ley, haya mayor efectividad en el control medioambiental de las grandes industrias en Bahía Blanca.
Ingresó al Senado provincial un proyecto Ley del senador del FdT Marcelo Feliú que, en caso de sancionarse, despejaría cualquier duda sobre las facultades del intendente ante eventos medioambientales graves.
El crecimiento industrial de Bahía Blanca ha puesto a los bahienses, más de una vez, en situaciones preocupantes y de resolución compleja, con potenciales consecuencias para el medio ambiente y la población.
Si bien desde el año 2000 hubo avances en la legislación relativa a la descentralización de controles y fiscalización, no ha sido así para el juzgamiento y sanción, ya que se delegan los mismos en autoridades de otras jurisdicciones.
Por este motivo el senador Feliú presentó en la legislatura provincial un proyecto de ley, para dotar de herramientas legales a las autoridades del distrito, administrativas y jurisdiccionales, que les otorga mayor poder de decisión, en especial, ante situaciones graves, y amplía la descentralización para el juzgamiento y sanción de los incumplimientos a las normas medioambientales de las empresas de Tercera Categoría, sean del Polo petroquímico o del área portuaria.
El objetivo principal es que ante incumplimientos medioambientales la correspondiente sanción sea efectiva y comprobable, ya sea fortaleciendo el poder de policía del OPDS o, cómo se propone en el proyecto, dotando a las autoridades locales de poder de juzgamiento y sanción, respetando todas las normas del debido proceso.
Se trata, en líneas generales, de dar una mayor descentralización del poder de fiscalización y, principalmente, de sanción a las empresas de Tercera Categoría, delegando la sanción a la justicia de faltas y correccional de Bahía Blanca.
También se otorga al Municipio de Bahía Blanca poder de policía para la fiscalización y control del cumplimiento de las normas ambientales vigentes, así como para el labrado de actas, el juzgamiento de las infracciones y la aplicación de sanciones, y se le da poder al Intendente para que en casos graves pueda clausurar preventivamente, no quedando más excusas para no intervenir en esos casos graves, si lamentablemente acontecieran.
En el transcurso del mes de agosto del año 2000, y con sólo ocho días de diferencia, se produjeron dos incidentes medio ambientales en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca: el primero de cloro y el segundo de amoníaco, en las plantas de Solvay Indupa y Profertil respectivamente, que milagrosamente no afectaron a la población, debido al cambio de la dirección del viento.
Esos sucesos movilizaron a gran parte de los bahienses, principalmente a quienes vivían en barrios cercanos al puerto, que expresaron su descontento con las intensas transformaciones que provocaba la expansión del polo ferro portuario e industrial, e hicieron evidente que la ciudad de Bahía Blanca debía contar con autoridades encargadas de fiscalizar y controlar a las empresas con la inmediatez necesaria de acuerdo a cada hecho.
El senador Feliú retoma los fundamentos que hacen mención a la necesidad de aplicar un tratamiento diferenciado respecto de la facultades de contralor y juzgamiento, teniendo en cuenta las características del Polo Industrial, el más importante de la provincia, y la cercanía de áreas densamente pobladas.
En la actualidad el Polo Petroquímico de Bahía Blanca produce el 100% de la producción nacional de polietileno de alta densidad, baja densidad convencional y baja densidad lineal; el 100% de la producción anual nacional de PVC; el 60% del total de los productos petroquímicos del país, y un 53% del total de etano, propano, butano y gasolina natural de nuestra Nación.
En cuanto a exportaciones, los productos petroquímicos producidos por el Polo Petroquímico de Bahía Blanca poseen una participación superior al 50% en el total de exportaciones nacionales en este rubro. Estas cifras revelan la importancia del complejo local en materia de producción y comercio internacional.
La reforma propuesta es un paso más para compatibilizar el crecimiento económico y productivo, que el país, la provincia y la ciudad necesitan, sin descuidar la seguridad de la población y las condiciones medioambientales necesarias.
