En el capítulo de “prestación de acuerdo” el oficialismo, Unión por la Patria, logró obtener con mucha fricción una ventaja provisoria sobre una oposición que se desvanece en el aire denso del Senado bonaerense.
Fueron los primeros 46 acuerdos alcanzados en el presente período legislativo con el sello de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que comanda el senador de UP Emmanuel González Santalla, con la colaboración del ministro de Justicia y DDHH Juan Martín Mena.
El ministro de Justicia y DDHH de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.
Tal como se ha informado, el gobernador Axel Kicillof finalizó su primer mandato en la provincia de Buenos Aires con un “récord absoluto”, con la colaboración del ministro de Justicia y DDHH Julio Alak, y el Senado bonaerense, solamente avanzó en la designación de los 72 funcionarios judiciales con el correspondiente acuerdo prestado en esos largos cuatro años.
Esos 72 funcionarios judiciales en cuatro años, fueron como una gota de agua en el desierto, pues desde la Suprema Corte de Justicia bonaerense se viene reclamando la cobertura de al menos unas 500 vacantes, número que algunos lo estiran hasta 700.
72 designación en cuatro años fue el resultado de acuerdos y desacuerdos entre los actores institucionales, los tres poderes del Estado, y los propios que se fueron sumando intra poderes, como entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia o entre los senadores de las diversas bancadas o, incluso, entre senadores de una misma bancada.
Entre otras cuestiones la situación entre el Ejecutivo y el Senado provincial se complicó luego de que la principal fuerza opositora, mayoría en su momento, prestó acuerdo para dos postulantes para el Tribunal de Casación Penal, Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti; allá por 2020.
El Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público provincial, Francisco Pont Vergés.
La fuerza opositora de entonces, Juntos por el Cambio, prestó acuerdo en ausencia del oficialismo y a partir de contar con mayoría propia. Pero las designaciones de ambos funcionarios judiciales, que se vuelve operativa a través de un decreto de designación que realiza el Poder Ejecutivo, nunca se realizó; y hasta el día de hoy Pont Vergés y Biasotti esperan su inclusión en los Tribunales de Casación Penal bonaerense.
Además, como contrapartida, desde el Poder Ejecutivo se giró al Senado el pliego del exdefensor oficial de La Plata, Manuel Bouchoux, propuesto para el importante Tribunal de Casación bonaerense. Desde JxC, entonces, le achacaban su pertenencia a Justicia Legítima y su perfil cercano a La Cámpora.
El pustulante del oficialismo para integrar el Tribunal de Casación Penal bonaerense, Manuel Bouchoux.
Mientras la principal fuerza opositora espera que los dos postulantes para el Tribunal de Casación que tienen acuerdo desde 2020, Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti, sean designados, el oficialismo no obtenía despacho de Bouchoux.
La bancada oficialista, de la misma forma que la oposición planteaba objeciones respecto de Bouchoux, objetaba fuertemente el pliego del actual Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público provincial, Francisco Pont Vergés; organismo que como se sabe comanda Julio Conte-Grand, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Ahora, por “unanimidad”, sin la firma del senador Sergio Berni, que el plenario de senadores constituidos en comisión en la sesión, de igual manera interpretó de igual manera, se despachó desde la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que comanda senador Emmanuel González Santalla, los 46 pliegos entre los que está el de Manuel Bouchoux para ingresar al Tribunal de Casación Penal.
Todo un triunfo, aunque no se sabe de quien, se del Poder Ejecutivo o de algún sector del oficialismo. Derrota de la oposición en general sin lugar a dudas. González Santalla, Mena y Bouchoux se identifican con la organización política La Cámpora.
