Por Julio Cobos. Desistir de esa obra que es un compromiso con todos los mendocinos en general y con los habitantes del sur en particular, es darle la razón al oficialismo pampeano y a su oportunismo político.
Hacer realidad la presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento es una tarea ineludible del próximo gobernador de Mendoza. Esta es una obra que trasciende generaciones y su importancia estratégica para Mendoza y la región es innegable. Además, y a esta altura cómo negarlo, desistir de Portezuelo del Viento que es un compromiso con todos los mendocinos en general y con los habitantes del sur en particular, es darle la razón al oficialismo pampeano y a su oportunismo político. Primero Mendoza, eso debe ser una prioridad absoluta para quién ocupe el cargo de gobernador.
Los orígenes del reconocimiento de los derechos de Mendoza. El gobernador Arturo Lafalla inició reclamos por los decretos del presidente Carlos Menem, pidiendo que se restituyeran a Mendoza las sumas de dinero que por coparticipación dejaba de percibir Mendoza debido a la desgravación de impuestos a empresas del régimen de promoción industrial que beneficiaba a provincias vecinas. Al ser por decreto y no por una ley como establece la Constitución Nacional, eran inconstitucionales. El por entonces Procurador de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminó que Mendoza tenía razón, pero su dictamen no era vinculante para la Corte. Por eso Mendoza solicitó una resolución extrajudicial para recibir el pago de los impuestos no percibidos y así se logró ese acuerdo político que contemplaba el pago total, como si se hubiera ganado un juicio; de ahí el desistimiento porque la Nación reconoció por primera vez lo que se reclamaba.
En ese momento se decidió que el dinero se transformara en una gran obra para Mendoza: la provincia licitaba y construía la represa y la Nación se haría cargo de los costos de Portezuelo del viento. La obligación que asumió la Nación era y es por la totalidad de la obra, sea cual fuere el valor. Así en el convenio firmado en mi gestión con el gobierno nacional en 2006 se indica: “El Gobierno Nacional toma a su cargo el financiamiento en territorio de la Provincia de Mendoza de la obra denominada “Presa y Central Portezuelo del Viento” que integra el proyecto denominado “Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos del Río Grande – Trasvase del Río Grande al Río Atuel” de acuerdo a los montos indicados en el Anexo I del presente Acuerdo”.
Esto fue una decisión estratégica con visión de largo plazo, preservando el valor de la obra, y que fuera una realidad más allá de quién y cuándo se realizara la misma, es decir logramos garantizar el valor real de la obra actualizada en el tiempo porque sabíamos que su ejecución requería un largo plazo. El convenio fue el reconocimiento explícito de la Nación y fue el mejor reaseguro para nuestra provincia.
En el año 2019 y ya con el proyecto definitivo, el gobernador Cornejo firmó un convenio con el gobierno nacional actualizando el monto original del 2006 a un valor total de 1023 millones de dólares, con un mecanismo de transferencias para enfrentar la ejecución de la obra. Tal como lo indica el compromiso firmado, los fondos que se giran se deben destinar a Portezuelo del Viento u otras obras de generación hidroeléctrica: “Las letras intransferibles serán depositadas en una cuenta comitente de la Provincia en el Banco de la Nación Argentina y sus servicios serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de la ejecución de la obra y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.
Para dar un destino distinto a esos fondos de Mendoza debería acordarse con el futuro presidente, pero además se tendría que explicar muy bien a los habitantes del sur mendocino por qué esta promesa postergada por décadas y contando con los recursos necesarios, no será una realidad. Abandonar, aceptar los caprichos de La Pampa y ocupar los fondos en otros destinos sin dar la discusión y ganarla, no es la opción correcta. Esperamos que el próximo mandatario provincial esté a la altura del desafío y concrete esta obra de generación de energía fundamental para Mendoza.
Además, de desistir con la realización de Portezuelo del Viento dejaríamos un mal antecedente porque aceptaríamos las arbitrariedades que se nos pretenden imponer, condicionando cualquier otra obra que se pretenda hacer a futuro y debilitando así la factibilidad de los mismos.
Si al final y a pesar de todo el camino es la resignación, tampoco debemos perder la oportunidad de desarrollar otra obra de generación en nuestros ríos, que con el producido de la misma se pueden concretar escuelas, hospitales, canales, caminos, etc. Este círculo virtuoso de invertir en generación y reinvertir lo obtenido le seguirá proveyendo de beneficios a la provincia y a toda la ciudadanía. Entiendo que este fue el espíritu de lo establecido en el convenio del 2019 que como dijimos hablaba de Portezuelo del Viento u otra obra de generación, pero siempre de generación hidroeléctrica. El próximo gobierno podrá ver el inicio de las obras de generación, pero lo producido lo verán los subsiguientes. Se entiende que la tentación es grande, pero hay que pensar como estadista y en las futuras generaciones.
Si concretamos Portezuelo del Viento y regulamos el río más caudaloso de nuestra provincia que al día de hoy no lo está, tendremos múltiples beneficios. Así considerando un precio medio para el mercado mayorista eléctrico, solo la producción de energía implicará un ingreso de más de 50 millones de dólares por año que tendrá un impacto positivo importante sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) en el sur provincial, fundamentalmente Malargüe, y en sectores estratégicos de Mendoza. Si además sumamos otras centrales hidroeléctricas hoy concesionadas a nivel nacional que volverán a posesión de la provincia el año próximo, se podrá generar un fondo con el cual construir nuevas obras que aseguren energías limpias y mayor garantía de riego a futuro.
Asimismo, no podemos dejar de lado la importancia de la continuidad de los actos de gobierno. El actual gobernador Rodolfo Suarez tomó la decisión de impulsar tanto Portezuelo del Viento -volviendo al proyecto original que requiere menos obras complementarias- como El Baqueano sobre el río Diamante. Se ha iniciado un nuevo estudio de impacto ambiental solicitado por el COIRCO y ya se realizan distintas acciones para que, con otro gobierno nacional, Mendoza pueda hacer las obras que necesita para consolidar su desarrollo en energías limpias.
Defender Portezuelo es defender Mendoza. Por eso una vez más, convocamos a todos los sectores a defender la construcción del mismo y a nuestra autonomía para administrar esos recursos, porque pertenecen a todos los mendocinos y deben ser invertidos en una obra para mendocinos, para los de hoy, pero fundamentalmente para los del mañana, porque las generaciones que vienen necesitan energías limpias, trabajo, producción y un oasis y polo turístico único.
Defender Portezuelo del Viento es defender el empleo, el desarrollo y el futuro de Mendoza; por eso la persistencia, la paciencia y la perseverancia a lo largo de estos años. Defendámoslo, porque Portezuelo es Mendoza.
Marisa Uceda le endilgó a Rodolfo Suárez y otros funcionarios desvíos de dinero. Fue por una denuncia anónima, según contó en las redes sociales.
La diputada nacional mendocina Marisa Uceda (Frente de Todos) anunció que decidió denunciar al gobernador de su provincia Rodolfo Suárez y a los funcionarios correspondientes por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
A través de una denuncia anónima, Uceda dijo haber tomado conocimiento de “desvíos de dinero correspondientes a los fondos destinados a Portezuelo del Viento y/u otras obras de aprovechamiento hídrico”.
En esta se apunta al presidente de EMESA como supuesto responsable de “autorizar transferencias millonarias en dólares a 3 agentes de bolsa desde la cuenta del Fideicomiso para la Ejecución de la Obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”, detalló la diputada oficialista.
“Lo que agrava esta situación es que dos de estos tres agentes de bolsa (Max Capital, TPCG Valores y PP Imversiones) son parte de los denunciados por el ministro (Sergio) Massa como responsables de la corrida cambiaria que hemos presenciado los últimos días en nuestro país”, agregó Uceda.
Según la diputada Uceda, el contrato firmado entre el Gobierno nacional y el Gobierno de Mendoza estableció que el destino de los fondos es exclusivo para Portezuelo en sí mismo u otra obra hídrica y no para un destino diferente al que se ha establecido.
Uceda concluyó asegurando que “es fundamental conocer qué está pasando con los fondos de Portezuelo del Viento que están contenidos en dicho fideicomiso y cuál es el destino que han tenido las transferencias, sobre todo si se destinan a la especulación financiera”.
Por Julio Cobos. El senador radical insiste sobre la importancia de esa obra para la provincia de Mendoza y los estudios que se realizaron sobre el impacto positivo que tendría.
La importancia estratégica para Mendoza de construir la presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento es innegable y está fuera de toda discusión. Por eso me interesa recuperar algunas conclusiones de un estudio realizado en el año 2017 por la Universidad Nacional de Cuyo, en el que se muestra el impacto económico de Portezuelo, tanto en Malargüe como en el resto de la provincia. Quizás algunos de estas palabras sirvan para convencer a quienes dudan de lo vital que es contar con Portezuelo del Viento.
¿Por qué defender Portezuelo?
En primer lugar, por el impacto positivo que tendrá sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) en Malargüe y en sectores estratégicos de Mendoza.
Según cálculos estimados por la UNCuyo, Portezuelo aumentaría gradualmente el volumen del PBG de Malargüe en un 8%. A su vez, la hidroeléctrica aumentaría un 11,2% el volumen del sector “Electricidad Gas y Agua de Mendoza” provincial durante la etapa de generación, y permitiría incrementar el volumen del PBG de “Construcciones” de Mendoza en promedio un 8% por año durante la etapa de desarrollo de las obras.
Además, en relación al turismo, el estudio destaca que Portezuelo tendría el potencial de generar 1.200 nuevas plazas de alojamiento; beneficiando al sector hotelero, gastronómico y comercial del sur provincial, y ampliando la oferta turística de nuestra provincia.
En segundo término y respecto del impacto esperado sobre el Nivel de Empleo, si se consideran los principales impactos ocupacionales (sector construcción, operación de la presa y turismo) Portezuelo generaría 1.200 nuevos puestos de trabajo por año.
En tercer lugar y en relación con la proyección del impacto en las finanzas provinciales y municipales que puede tener la realización de Portezuelo del Viento, se calculó que los ingresos anuales por generación eléctrica aproximarían los USD 66 millones en el período de operación plena de la presa. De dichos ingresos, Mendoza se beneficiaría directamente con recursos fiscales provenientes de las regalías, el canon, y la utilidad operativa (si asumimos que la presa será de gerenciamiento provincial). En definitiva, si sumamos estas fuentes de recursos, Mendoza incrementaría sus recursos fiscales un promedio de USD 37,5 millones anuales, lo cual representa un 20% de la inversión pública prevista para este año (proyecto de Presupuesto 2022). A su vez, para Malargüe, las reglarías de Portezuelo podrían alcanzar los USD 951 mil por año.
¿Defenderlo de qué, de quién?
Defender Portezuelo de aquellos mendocinos o habitantes de otras provincias que no quieren tener una visión federal y a largo plazo; que piensan, dicen y obran de espaldas al sur provincial, de los que prefieren hacer política de la coyuntura para llevar agua a su molino y no hacer uno de los espejos de agua más importante de Argentina; de aquellos que no entienden que Portezuelo es un derecho de Mendoza y que es un beneficio para todos, incluso para ellos.
Defender Portezuelo es defender Mendoza porque es dinero de los mendocinos invertido en una obra para mendocinos, para los de hoy pero fundamentalmente para los del mañana; porque es pensar en las generaciones futuras, no solo en trabajo, desarrollo y producción para el presente, para que los habitantes del futuro tengan en Mendoza agua, trabajo, electricidad y un oasis y polo turístico único.
Defender Portezuelo del Viento es defender el empleo, el desarrollo y el futuro de Mendoza; por eso la persistencia, la paciencia y la perseverancia a lo largo de estos años. Defendámoslo, porque Portezuelo es Mendoza.
El legislador del Pro aseguró que “la actitud paciente de Rodolfo Suárez” hace que “nos vaya peor”. En ese sentido, opinó cómo debe hacer Mendoza para comenzar con el proyecto hidroeléctrico.
El diputado nacional Omar De Marchi (Pro – Mendoza) se quejó de la actitud “paciente” del gobernador Rodolfo Suárez, ante un nuevo freno a Portezuelo del Viento e insistió en los avances de las obras porque “es una obra para producir energía, que además favorece al sistema interconectado nacional. O sea que el principal beneficiado inclusive es la Nación”.
“Se hicieron todos los estudios, había laudo del presidente (Mauricio) Macri. Habría que haber arrancado y punto. Pero se produjo el nuevo cambio de Gobierno, entonces otra vez un palo en la rueda”, denunció el vicepresidente primero de la Cámara baja y cuestionó: “Cambió también la composición política del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), que es el comité integrado por las provincias que baña el Río Colorado y que lo regulan (Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén). Entonces también modificaron las condiciones que le ponen a Mendoza para avanzar con la obra. Todo traba, todo problema”.
En ese marco, insistió en que Mendoza “tiene que avanzar en Portezuelo del Viento. Yo en junio de 2020 dije que había que seguir y no darle tanta ‘pelota’ al Coirco. El Coirco es un tratado, en definitiva, y si solo sirve para jodernos, hay que correrse, chau”.
En aquel sentido, el legislador fue enfático en asegurar que “aceptar este nuevo laudo es resignarse a una derrota. ¿O alguien cree que este nuevo laudo, en el supuesto que se produzca, será favorable a Mendoza? Con las otras 4 provincias afines al Gobierno Nacional, será en contra de nuestra provincia”.
“Entonces no había que someterse a ese proceso, sino avanzar y poner condiciones con la empresa para reservarse o preservarse de eventuales parálisis e inconvenientes que pudieran surgir”, reiteró el diputado del Pro y agregó que “esto además demostraría una postura ante la Nación de no sometimiento ni mansedumbre, al contrario de lo que nos está pasando ahora”.
Por consiguiente, expresó: “Valoro la prudencia, paciencia y la actitud respetuosa del gobernador, pero el resultado es que a Mendoza le está yendo. Cada vez estamos más excluidos, más relegados. Cada vez nos joden más, para decirlo claramente. Entonces no nos estaría dando mucho resultado este camino”.
Finalmente, De Marchi ironizó: “Aparte, no estamos haciendo nada que no corresponda. Es una obra. No estamos diciendo que queremos transferir 600 millones de dólares al exterior como hizo Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz”, y comparó: “Portezuelo del Viento es una obra para producir energía, que además favorece al sistema interconectado nacional. O sea que el principal beneficiado inclusive es la Nación. Suena increíble. Por eso Mendoza ha dejado de crecer y pierde protagonismo en la región desde hace muchos años”.
La senadora oficialista utilizó su cuenta de Twitter para reclamar avances en la obra del megaproyecto hídrico que tiene como finalidad manejar el caudal del río Colorado.
La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta Anabel Fernández Sagasti, reclamó a través de sus redes sociales avances en la obra de Portezuelo del Viento en la provincia de Mendoza y confrontó al gobernador Rodolfo Suárez y a su par de la oposición Alfredo Cornejo, titular del interbloque de JxC en el Senado, a “gritar menos o a sincerarse y decir que no quiere la concreción de la central hidroeléctrica”.
“Más gestión y menos show”, comenzó su posteo la legisladora mendocina y siguió: “Portezuelo debe concretarse. Sigo a disposición del gobernador. No cambio de opinión. El problema es que los que cambian son Suárez y Cornejo”, y los acusó de que “buscan ‘planes B’, no explican la ausencia de gestión que demora la obra”.
En ese sentido, agregó: “Que Portezuelo Sí, que mejor Plan B. Que queremos la obra, pero no terminamos los trámites. En vez de sacarse fotos pidiendo ‘prontos despachos’ el gobernador debería avanzar con la obra, Cornejo podría gritar menos o sincerarse y decir la verdad: que no quiere que se realice”.
En tanto, la senadora señaló que “cada día Mendoza pierde oportunidades por la demagogia de un gobierno sin estrategia y sin gestión”, y les pidió que “cuando vuelvan de vacaciones, pónganse de acuerdo, terminen los trámites, avancen con la obra y convoquen a todas las fuerzas políticas de Mendoza, que allí estaremos”.
Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica que se construirá sobre el río Grande, en el sur de Mendoza como parte de un complejo formado por cinco centrales que se instalarían sobre ese río.
Un diputado radical solicita que el PEN informe las condiciones ambientales para la adjudicación de la obra hidroeléctrica. La incidencia de la estatización de IMPSA.
El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un proyecto solicitando al Gobierno que informe cuáles son las medidas adoptadas para garantizar la imparcialidad del Poder Ejecutivo Nacional para resolver sobre las condiciones ambientales indispensables para la adjudicación de la obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento al único oferente (Sinohydro Corporation, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas UTE), respecto de la cual el Estado Nacional integra en condición de accionista mayoritario de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima).
También quiere saber “si se ha considerado la posibilidad, en atención a la calidad de socio mayoritario que el Estado Nacional ha asumido en IMPSA, de determinar el retiro de esa empresa del consorcio oferente de Portezuelo del Viento, a fin de mantener la imparcialidad necesaria al PEN para arbitrar eventuales conflictos interprovinciales”.
Además “si se ha tenido en cuenta que, como consecuencia del papel asumido por Mendoza en la empresa de la que el Estado Nacional ha devenido socio mayoritario, dicha provincia ha pasado a ser, de modo simultáneo con la calidad de controlante de la obra hidráulica, si ésta finalmente se materializa, parte del consorcio controlado”.
Por último, “si el PEN ha tomado conocimiento de las presunciones planteadas acerca de la existencia de sobreprecios en la oferta económica relacionada con la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, y si ha adoptado providencias acerca de esa situación”.
El diputado Berhongaray afirmó que “es sabido que con la adquisición 63,7% del capital accionario de IMPSA, en sociedad con la provincia de Mendoza, que ha adquirido 21,2%, el Estado Nacional se ha transformado en integrante del consorcio adjudicatario, pues es el único oferente, de la licitación de la represa hidroeléctrica multipropósito de Portezuelo del Viento, pieza central del sistema hídrico del Río Colorado”.
Agregó: “Así ha perdido la imparcialidad para decidir la realización final de esa obra incluso, para definir la realización de un estudio integral de impacto ambiental, requerido por cuatro de las cinco provincias ribereñas de ese sistema”.
“La anterior administración -a la cual la provincia de La Pampa dirigió un pedido de arbitraje presidencial- había archivado ese pedido, resolución que fue dejada sin efecto por la actual administración, que dispuso la discusión de ese impacto en el ámbito del Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca del Río Colorado, que preside el Ministro del Interior, y en esa discusión se resolvió el estudio aludido”, explicó.
Remarcó que “su nueva condición de socio mayoritario –en sociedad con la única provincia interesada en la represa, que además se opone a la realización del mencionado estudio- de una empresa que integra el consorcio presumiblemente adjudicatario confiere al Estado Nacional, interés patrimonial directo en la ejecución del emprendimiento. Por añadidura, el origen de los fondos con que la provincia de Mendoza paga la parte de contado de esa adquisición es un Adelanto del Estado Nacional (ATN)”.
“En tales condiciones, no es razonable presumir que la protección ambiental requerida sea defendida adecuadamente por las autoridades nacionales bajo cuya responsabilidad se encuentra esa defensa”, explicó Berhongaray.
Señaló que “el PEN debe requerir información para determinar si la decisión de capitalizar a la empresa mencionada, y apoyar financieramente a Mendoza para que haga otro tanto, con el propósito de mantener activa una industria estratégica en materia tecnológica, tuvo en cuenta la condición de virtual adjudicatario de la obra antes referida, y la eventual colisión con el carácter de garante de la protección ambiental que la Constitución le asigna”.
Agregó que “el consorcio oferente integrado por IMPSA está envuelto en estas semanas en un conjunto de interrogantes planteados por la prensa especializada, resultante de los por demás elevados precios que ostentan sus propuestas económicas presentadas en el marco del proceso licitatorio de la obra, los que superarían holgadamente el presupuesto oficial de ésta”.
“Esa situación habría sido advertida por las autoridades de Mendoza, la que requirió formalmente al oferente una mejora de la oferta, y estableció asimismo que ésa deberá contener un análisis o fundamentación pormenorizada de la nueva propuesta”, concluyó el legislador pampeano.
“Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”, expresó el exgobernador cuyano, molesto con el Gobierno nacional por Portezuelo del Viento.
Con la discusión sobre la construcción de la represa Portezuelo del Viento de fondo, el presidente del radicalismo y exgobernador mendocino, Alfredo Cornejo, pateó el tablero aventurando una idea polémica: la secesión de Mendoza.
“Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”, disparó el diputado nacional de Juntos por el Cambio.
En efecto, la megaobra Portezuelo del Viento es origen de una histórica disputa entre Mendoza y La Pampa, y había cobrado impulso durante la gestión Cambiemos, pero pareciera frenarse con la vuelta del peronismo al Gobierno. Y fue lo que generó la indignación de Cornejo. Entrevistado por una radio local, Cornejo señaló que el Gobierno nacional “perjudica” a su provincia trabando la obra de la represa.
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El legislador radical sostuvo que el Gobierno “enderezó a tres provincias para que votaran distinto a lo que habían votado antes”, aludiendo a las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, que modificaron su postura conforme el cambio de signo político nacional.
Así las cosas, Cornejo lanzó su propuesta autonómica: “La verdad que no me gusta separarnos de la Nación, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades”. Agregó el exmandatario cuyano que su provincia “tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy necesita de la Argentina y la Argentina lo perjudica en la calificación de riesgo, en el acceso de crédito internacional, para traer inversiones, etcétera”.
Y ya puesto a analizar en serio su propuesta, abundó: “Podría ser un país pero con un programa común de su elite política empresaria para desarrollar ese camino”.
Con todo, Cornejo señaló que “estamos lejos de tener autonomía con nuestra actual estructura productiva. Estamos lejos, pero hay que empezar a pensarlo seriamente”.
Y volviendo sobre la cuestión Portezuelo del Viento, insistió: “El problema es político. El gobierno tiene el objetivo de perjudicar a Mendoza. No hay otra lectura que esa”.
La CC-ARI respaldó a la provincia Mendoza tras los desafortunados dichos de Alberto Fernández sobre la represa. “El presidente no tiene la potestad de decidir si está bien o no financiar la obra”
La Coalición Cívica ARI manifestó este lunes su apoyo a la provincia de Mendoza, en el marco de lo que definió como “desafortunadas declaraciones del presidente de la Nación” sobre la obra de Portezuelo del Viento, y ratificó su postura en “defensa del federalismo”.
El jueves pasado, en su visita a la provincia de La Pampa -que se opone enfáticamente a esa obra- Alberto Fernández señaló que “la obra debe servir a todos, no se pudo hacer nunca un estudio de impactoambiental en todos los lugares donde el río llega. El Gobierno que meprecedió buscó un acuerdo con Mendoza para financiar la obra, lo que me valió el enojo de Carlos Verna. No es que no quisimos reperfilar ese bono, no está en el mercado, es un pagaré. Sí puedo entender la preocupacióin de seguir financiando una obra que cuestionan cuatro de las cinco provincias donde legue el río Atuel. No quiero financiar una obra del Estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel”.
“El presidente no tiene la potestad de decidir si está bien o no financiar la obra, es una obligación asumida por el expresidente Néstor Kirchner y refrendada por él mismo en su carácter de jefe de Gabinete de Ministros mediante el decreto 687/2007, y luego acordada en su monto en 2019 por Mauricio Macri”, aseguró.
“Tememos que los reparos sin fundamentos técnicos y científicos al financimiento de la obra, se deben al esquema de presión sobre gobernadores de otro signo político ejercido históricamente por el kirchnerismo: Billetera o Garrote”, alertaron desde el partido y el bloque de diputados de la CC-ARI.
El presidente no tiene la potestad de decidir si está bien o no financiar la obra, es una obligación asumida por el expresidente Néstor Kirchner y refrendada por él mismo en su carácter de jefe de Gabinete”.
A través de un comunicado señalaron que “estamos firmes en la defensa del federalismo y del trato justo e igualitario entre las provincias de nuestro país. Acompañaremos al gobierno de Mendoza y a nuestros compañeros legisladores por Mendoza en la defensa de los recursos de su provincia”, y remarcaron que “hoy es fundamental trabajar por más energía renovable para nuestro país, más fuentes de lo trabajo para miles de mendocinos y más producción en la cuenca Del Río Colorado”.
“Es imprescindible el cumplimiento de los compromisos asumidos desde 2007 por Néstor Kirchner y luego por Mauricio Macri”, indicaron.
En ese sentido, los legisladores de la CC ARI afirmaron que “se trata de una obra estudiada durante medio siglo, con estudios técnicos y Evaluación de Impacto Ambiental aprobada por COIRCO”.
“En este punto es preciso resaltar que los fondos de la obra Portezuelo del Viento son de la provincia de Mendoza en concepto de reparación de los perjuicios económicos y fiscales que padeció en virtud de la privación de la Promoción Industrial”, finalizaron.
Se desató cuando el radical Juan Carlos Marino pidió preferencia para dos proyectos suyos sobre Portezuelo del Viento. Le salió al cruce su correligionario Julio Cobos.
Es bien conocida la áspera disputa que hay entre pampeanos y mendocinos pro la represa Portezuelo del Viento. Lo curioso es que esa grieta quedó claramente expuesta este jueves en plena sesión del Senado. Y enfrentando a pampeanos y mendocinos… del mismo partido.
Todo arrancó al principio de la sesión el radical pampeano Juan Carlos Marino planteó una preferencia para dos proyectos de su autoría relacionados precisamente con Portezuelo del Viento. En uno de ellos solicitaba la suspensión de la ejecución hidráulica de la represa hasta contar con un estudio del impacto ambiental en la cuenca del río Colorado, y por otro lado pedía suspender la transferencia a la provincia de Mendoza de los recursos de financiación para la obra.
Al exponer, el senador Marino puso como ejemplo lo sucedido en el pasado con las represas Los Nihuiles I y II, a consecuencia de las cuales “nos quedamos sin el río Atuel”. Lo cual, afirmó, dejó un tercio del territorio pampeano “desértico”.
Así las cosas, “cuando uno se quema con leche, ve pasar una vaca y llora”, graficó respecto de la construcción de Portezuelo del Viento. Y como la obra se hará sobre el río Grande, un afluente del Colorado, la misma “ya no va a afectar solamente a La Pampa, sino también a las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires”.
La respuesta vino de un correligionario. La dio el senador Julio Cobos, quien habló además en nombre de su compañera de bancada Pamela Verasay y la peronista Anabel Fernández Sagasti. Cobos sostuvo que lo que sucedió con el Atuel no necesariamente irá a suceder con esta obra, y resaltó que en tiempos de cambio climático, lo mejor para un río “es regularlo”, función que cumple una presa que embalsama el agua cuando no se necesita y la entrega cuando hace falta. Según Cobos, “esta obra no genera un solo metro cúbico de consumo, porque está planificada para generar energía eléctrica”, afirmó Cobos, agregando que “la obra está en marcha” y ya se han girado fondos. Lo que hizo el presidente Alberto Fernández, dijo, fue “cumplir con los acuerdos que originalmente firmó el presidente Néstor Kirchner.
La peronista Norma Durango salió a replicarle. Pampeana ella, afirmó que sus comprovincianos saben muy bien qué pasó con Los Nihuiles y con el tema del Atuel.
Incómodo ante la situación planteada, Marino aclaró que no quería enemistarse con los senadores mendocinos. Resaltó su amistad con Cobos y Verasay, pero aclaró que “estamos hablando de personas y de agua. Yo no quiero entrar en ningún conflicto”, e insistió con dar preferencia para sus proyectos.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió pasar el tema a comisión y discutirlo allí, pero la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, replicó que Marino había pedido que se votara. “Hay que votar. No sea antidemocrático”, lo chicaneó.
Ante la polémica generada y tras una larga discusión, Marino terminó retirando su moción. “Que Dios nos ayude como siempre… Los mendocinos, difícil”.
Lo hizo la diputada nacional neuquina Alma Sapag, quien reclamó esa convocatoria y un estudio del impacto ambiental.
La diputada nacional Alma Sapag solicitó al Gobierno nacional que realice el estudio de impacto ambiental integral de la cuenca del Río Colorado con motivo de la construcción de la represa Portezuelo del Viento y convoque a la Audiencia Pública en el marco de la Ley 23879.
Así lo materializó mediante la presentación de un proyecto en la Cámara baja, en cuyos fundamentos realza las funciones del Comité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRC0), creado en 1976, que incluye a las cinco provincias que atraviesa.
“Constituye un ámbito técnico en el que se canalizan décadas de estudios, esfuerzos y aspiraciones de cada una de las provincias miembros de la cuenca, con el objetivo general de asegurar la ejecución del Programa Único Acordado y su adecuación al grado de conocimiento de la cuenca y su comportamiento, la regulación de sus usos, el control ambiental, establecimiento de normas técnicas para la determinación de la línea de ribera, control del proyecto y construcción y planes de operación y mantenimiento de las obras de regulación, derivación e hidroeléctricas”, expresa el proyecto.
“En este marco -agrega la diputada Sapag-, cuatro provincias de la cuenca con la oposición de la de La Pampa, en la reunión de Consejo de Gobierno de diciembre 2016, decidieron acompañar el proyecto de Portezuelo condicionado a que en el ámbito del COIRCO se debían redactar las NMA (Normas de Manejo del Agua), las normas de llenado y el Estudio de Impacto Ambiental Integral y Regional de la Cuenca que complementaría el que hizo Mendoza solamente en la zona de emplazamiento de la obra”.
Los tres temas fueron abordados por COIRCO y entregada la documentación en la última reunión del Concejo de Gobierno en el año 2019. También se aprobaron las Normas para el primer llenado de la Presa y las Normas del Manejo del Agua.
Por otra parte, continúa el proyecto, “desde el COIRCO se contrató a la Universidad Nacional de La Plata en UTE (Unión Transitoria de Empresas) con la Universidad Nacional Del Litoral para realizar el Estudio de Impacto Ambiental de alcance Regional (EIAR) con lo que posteriormente se solicitó integrar ambos estudios para obtener un solo resultado que ilumine los temas ambientales más importantes”.
“La obra se encuadra en la ley Nacional de Obras Hidráulicas y esta norma exige la realización de una Audiencia Pública Nacional y un nuevo estudio de Impacto Ambiental, que es lo que estamos pidiendo que el poder Ejecutivo tenga a bien concretar a la mayor brevedad a los efectos de llevar tranquilidad a las comunidades que van a ser afectadas”, expresó finalmente la diputada nacional neuquina.
