En el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de ONGs, organizaciones civiles plantearon la necesidad de fortalecer políticas públicas, simplificar trámites y garantizar el acceso a servicios públicos para llevar adelante su tarea de asistencia.

La reunión se realizó bajo la consigna “Experiencias, desafíos y propuestas del tercer sector para la post pandemia”.

Al abrir el encuentro, la directora nacional de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Victoria Colombo, expuso sobre la articulación de las ONG y el Ejecutivo. En ese sentido, dijo que se trabaja en dos líneas: “el fortalecimiento de sus capacidades internas y en el acompañamiento de proyectos sociocomunitarios”.

Desde el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), Luis Palmeiro, mencionó que están trabajando en la inclusión de más organizaciones y en un “esquema tarifario diferencial de acceso a servicios de cable, internet y telefonía”.

En representación de Fundación Techo, Francisco Ferrario se refirió al trabajo de asistencia durante la pandemia, en la que la “principal demanda fue el tema de alimentos”.

“Fue un desafío buscar fondos para asistir a 120 comedores en 80 barrios”, aseveró. Al mismo tiempo que pidió poner foco “en el problema habitacional, en líneas de créditos para mejoramiento de vivienda existente y priorizar acceso a servicios básicos”.

Posteriormente, Luciano Ojea Quintana, director Ejecutivo de Caritas Argentina, expresó que en la pandemia “se incrementó exponencialmente la demanda alimentaria. Atendimos a más de 2 millones de personas en todo el país”. Luego, enumeró los desafíos a futuro que se focalizan “en las generación de redes comunitarias, alimentación, educación, conectividad e integración de los barrios populares, entre otros”.

Participaron las organizaciones Cruz Roja Argentina; Cultura de Trabajo; Nobleza Obliga; Red Comunitaria de Centros de Educación; Andando, Hueche, entre otras.

Médico de profesión, el discurso del presidente del interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, hizo eje en la cuestión de la salud. Y en ese sentido advirtió que “aquí no ha terminado nada; pareciera que por momentos estamos concentrados en temas que no dejan de ser importantes, pero nada más importante hoy en la Argentina que la pandemia y el impacto que tiene la misma en la salud de los argentinos”.

“Y cuando digo que nada ha terminado es porque fundamentalmente en la zona del AMBA vemos que la propagación recién se está consolidando, y no sabemos aún si estamos en el pico de la pandemia”, advirtió. Con lo cual, agregó, “todo aquello que se oriente a desconcentrarnos y desconcentrar a la población puede tener un impacto negativo”.

Bucca llamó a poner “un enorme esfuerzo en focalizar la energía en los temas realmente importantes”. Y enfatizó en el tema de la niñez: “Si hay algo que nos ha demostrado la pandemia es que se profundizan las desigualdades. Y cuando hablamos de pobreza, los más pobres son los niños; el 50% de los niños son pobres, y en el conurbano, el 67%”.

Por eso recordó que “hemos presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo plantear una política de Estado que proteja los primeros mil días de los niños y las niñas de la Argentina”.

“También propongo que dejemos de hablar de post pandemia; no sabemos cuándo termina esto, son políticas de Estado que tenemos que adoptar y construir los consensos con todas las fuerzas políticas para poder ejecutarlas hoy mismo si fuera posible”.

Por otra parte “Bali” Bucca recordó el tratamiento reciente de la Ley Silvio, que él impulsó, y que tiene como objetivo proteger al personal de la salud. En eses sentido señaló que cien trabajadores de la salud en la Ciudad de Buenos Aires se están contagiando por día. “El sistema de salud puede colapsar porque los médicos y médicas, y enfermeros y enfermeros se contagian y terminan ocupando las camas de los servicios”, señaló, pidiendo a continuación que el Gobierno reglamente esa ley que se votó por unanimidad”.

En el marco de las jornadas de debate “Modelo Territorial y Espacio Público” que son organizadas desde la Comisión de Uso y Protección del Espacio Público, presidida por Claudia Neira (FdT) convocó junto a la Ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, a una charla virtual con el profesor Carlos Moreno, especialista en urbanismo y asesor del Ayuntamiento de París.

Durante el encuentro, los diputados del oficialismo y la oposición en conjunto con Moreno intercambiaron ideas y experiencias que permitan repensar la Ciudad frente a la nueva normalidad que plantea el coronavirus.

Durante su exposición, Moreno explicó los aspectos fundamentales del concepto de “Ciudad de los 15 minutos”, un modelo de ciudad de cercanía que priorice la calidad de vida de todos sus habitantes. Al mismo tiempo que explicó que “no se trata de transformar la Ciudad sino de transformar el ritmo de vida, pudiendo asociar múltiples usos a un mismo lugar” y remarcó que “necesitamos ir hacia una ciudad policéntrica que no nos obligue a ir de un punto a otro, para limitar la afluencia de muchas personas en un mismo espacio o en los medios de transporte”.

Asimismo detalló el impacto negativo de los viajes diarios en el tiempo libre y en la calidad de vida de las ciudades y destacó que “además el transporte necesita reunir un doble objetivo: resistir el cambio climático y a un brote pandémico”.

Por su parte Neira afirmó que “desde el comienzo de las medidas de aislamiento social y las aperturas progresivas que se fueron dando pensamos que es indispensable realizar un diagnóstico eficaz de cómo desarrollar políticas urbanas que impacten en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas” e indicó que “para eso, es necesario realizar un gran esfuerzo para trabajar en común, aún a pesar de nuestras diferencias, oficialismo y oposición, encontrando las mejores soluciones para afrontar las consecuencias de la pandemia”.

Neira destacó además la participación del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ), quien dio las palabras de bienvenida y de la vicepresidenta segunda de esa misma Casa, María Rosa Muiños (FdT), así como demás legisladores de ambos bloques.

A más de cien días de haber iniciado el aislamiento obligatorio y pensando en lo que será la nueva normalidad, el legislador Matías Barroetaveña (FdT) en conjunto con otros legisladores del bloque Frente de Todos presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual plantearon un nuevo protocolo post pandemia para el funcionamiento de los comercios gastronómicos.

De esta manera, la iniciativa busca garantizar la salud de las personas y mitigar la propagación del virus, a la vez que prevé sostener la actividad y los puestos de trabajo de ese sector. Para ellos plantea nuevos lineamientos, entre los que se destaca: el distanciamiento social dentro del establecimiento, la higiene de manos, la desinfección de superficies, ventilación de ambientes y medidas para el manejo y detección de casos sospechosos.

Es así que el articulado sostiene que en los salones de estos comercios la disposición de mesas y sillas deberá garantizar la distancia de dos metros, aunque en casos excepcionales se podrá convalidar una distancia de 1,5 metros. También plantea que “en el caso de que por las características del salón este no pueda ser utilizado o en el caso que el establecimiento quisiera aumentar la cantidad de mesas disponibles respetando el distanciamiento social, se podrá solicitar el uso de la vereda, pero este no podrá superar el espacio que ocupa un vehículo estacionado y no podrá interrumpir la circulación normal de vehículos”.

En relación al lavado de manos, el texto establece que todos los empleados deberán hacerlo al llegar al lugar de trabajo; antes y después de manipular basura, dinero, alimentos, comer o amamantar; luego de haber tocado superficies públicas –tales como mostradores o picaporte-; después de ir al baño o cambiar pañales, estornudar, toser o limpiar la nariz.

A su vez establece la obligación de utilizar barbijo que cubra nariz, boca y mentón en espacios laborales y áreas comunes de trabajo, tanto para los comensales como para los empleados. Para estos últimos, los empleadores serán los encargados de suministrarles estos insumos.

Para detectar los casos sospechosos, antes de que los clientes ingresen al comercio se les tomará la temperatura con termómetros infrarrojos y se les realizará un cuestionario sobre síntomas de Covid 19. Para que los restaurantes puedan acceder a los mismos el Banco Ciudad implementará una línea de créditos para su compra o se utilizarán -de manera excepcional y con desinfección previa entre cada comensal- un termómetro común.

En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “este proyecto se propone dar una respuesta a la caída de la actividad gastronómica que actualmente solo se encuentra habilitada a realizar ‘delivery’ y ‘take away’, llevando adelante entre el 5% y el 15% de la actividad previa a la pandemia y constituyendo uno de los sectores que mayor caída proyectan”.

Deseoso de alentar expectativas favorables en un marco crudo que se plantea a futuro, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que tiene un plan para el escenario que se planteará post pandemia. Fue en una de las entrevistas que concedió la última semana, como así también en otra reveló un detalle no menor: que seguramente habrá una moratoria impositiva que, enfatizó, será “para todo el mundo”.

Nada que sorprenda; todo Gobierno plantea llegado el momento su propia moratoria. Y más en la actualidad, cuando el coronavirus ha generado una ostensible falta de pago de impuestos. Otro apotegma dice que las moratorias no se anticipan, pero en tiempos de pandemia se han quemado los manuales y todo está por verse.

Puntualmente Alberto Fernández admitió que “estamos pensando en algún tipo de moratoria para blanquear a todo el mundo. Estamos trabajando en eso”.

Y ya se conoce la base sobre la cual va a trabajar el oficialismo para llevar adelante esa moratoria de impuestos. Será un proyecto de ley que acaba de presentar el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto (Entre Ríos), quien es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja y que comenzará a ser tratado en los próximos días.

La iniciativa a la que accedió parlamentario.com se denomina “Prórroga de regularización de obligaciones tributarias de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs Ley 27541”. En efecto, alcanza a los contribuyentes y responsables de tributos que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, quienes podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2020 inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones.

A tal fin deberán acreditar su inscripción con el Certificado MiPyME, vigente al momento de la presentación al régimen a ser aprobado.

“El acogimiento previsto en el presente artículo podrá formularse entre el primer mes calendario posterior al de publicación de la reglamentación del régimen en el Boletín Oficial hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive”, señala el texto previsto para introducir en una de las modificaciones previstas.

En cuanto a los intereses resarcitorios, se establece que para el período fiscal 2018, 2019 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de mayo de este año será del 10% del capital adeudado; para los períodos fiscales 2016 y 2017, será del 25% del capital adeudado; para los períodos fiscales 2014 y 2015, será del 50%; en tanto que para los períodos fiscales 2013 y anteriores, alcanzará el 75% del capital adeudado.

El proyecto del diputado Casaretto señala también que el beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2020 que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.

“Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2020, inclusive”, puntualiza la norma, que establece además que las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2020 “quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha”.

La primera cuota de esta moratoria vencerá “como máximo” el 16 de noviembre de 2020, según el tipo de contribuyente, deuda y plan de pagos adherido.