El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó hoy el compromiso del Gobierno con la baja de la inflación, al sostener que “es un desafío que nos obliga, que nos impone la necesidad de seguir tomando medidas, desde la micro, como es la carne, hasta la macro”. En ese sentido, adelantó que habrá nuevos anuncios en los próximos dias para cumplir con ese objetivo.

“Hoy, mañana y pasado vamos a estar anunciando medidas vinculadas a lo micro, pero también medidas fuertes vinculadas a la macro, para que el orden fiscal, la acumulación de reservas y la defensa del valor de la deuda soberana argentina sean instrumentos que permitan estabilizar definitivamente la economía argentina para hacerla competitiva, y para que el ciudadano no sufra ese serrucho que muchas veces se da en los precios de nuestra economía”, sostuvo.

Durante la presentación de Precios Justos para la carne, Massa afirmó: “¿Por qué le prestamos tanta a atención a la carne? Porque cuando miramos la inflación de enero, uno de los temas que aparece como golpeándolos de manera estacional es la carne, no el único”.

 En esa línea, el ministro señaló: “Vemos por estas horas que por ahí algunos, haciendo mal uso de un objetivo nos pusimos como Ministerio, que es bajar la inflación a la mitad de lo que la recibimos, y ponernos plazos y ser autoexigentes con nosotros, empiezan a jugar con que el rebote del índice en enero es una frustración, es un problema. Es un problema para el bolsillo de todos los argentinos, sin duda”.

En el cierre, concluyó: “Para nosotros, más allá de la bronca que nos puede dar, es un desafío que nos obliga, que nos impone la necesidad de seguir tomando medidas, desde la micro, como es la carne, hasta la macro”.

El presidente de la Confederación de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), Rodolfo de Vicenzi brindó su apoyo a la ampliación del programa de Precios Justos anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa y destacó que “lo que se pretende con este acuerdo es dar previsibilidad para evitar especulaciones.

Además, garantizó que desde el sector van a “trabajar todos para que se cumpla”. Las entidades que engloban a los colegios privados se mostraron de acuerdo con el nuevo sistema de ajuste escalonado de las cuotas. “Lo que se pretende es dar previsibilidad”, destacó De Vicenzi.

En diálogo con parlamentario.com, De Vicenzi informó: “Es una referencia nacional que Provincia y Ciudad deberá definir como lo implementarán”, y agregó: “En lugar de impactar todo en marzo se distribuye en todo el semestre. Es un sendero de referencia para que en marzo no se junte con los productos de la canasta escolar”.

Así también, sostuvo que “es un esfuerzo que hacen los colegios para soportar financieramente unos meses más”. Además, aclaró que incluye a los colegios subvencionados que representan al 80 por ciento del país -el 20 responde a los niveles socioeconómicos más altos-.

Por su parte, el referente del sector educativo privado expresó: “Hemos trabajado junto al ministerio de Economía y de Educación, en coordinación con las jurisdicciones, para lograr optimizar la redistribución de los traslados de mayores costos a aranceles en el semestre”.

Así también, De Vicenzi explicó que “el acuerdo en sí, es un 16,8 en marzo, un 3,35 en abril, mayo y junio, y un 4 por ciento en julio”. También, sostuvo que “esto es una referencia que se plantea a nivel nacional. Y vamos a trabajar todos para que se cumpla”.

La ampliación del Programa Precios Justos hasta junio próximo introducirá como novedad un tope a los incrementos de las cuotas de los colegios privados y la incorporación de productos escolares, sumándose así a los alimentos, textiles, medicamentos y combustibles, entre otros rubros ya presentes en la iniciativa.

De cara al nuevo ciclo lectivo que comenzará, según la provincia, entre el próximo 27 de febrero y el 2 de marzo, el programa gubernamental incorporará a los artículos de librería y útiles los cuales tendrán, al igual que el resto de los productos, un tope de aumento del 3,2 por ciento mensual o, en su defecto, tendrán un precio congelado hasta el próximo 30 de junio.

La lista de precios de los productos escolares, al igual que la del resto de la ampliación del programa, aún no fue difundida, pero se espera que se publique en los próximos días.

El acuerdo con la suba de cuotas se aplicará a los colegios privados con subvención estatal, porcentaje que ronda entre el 70 y el 80 por ciento del total de escuelas privadas del país, según se traten de escuelas laicas o confesionales, de acuerdo con un informe de 2018 de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe).

De todas formas, tanto desde el Gobierno nacional como desde el sector de las escuelas privadas confían en que las provincias adhieran al mismo, y, para ello, el próximo jueves el Consejo Federal de Educación –con representantes de los ministerios de Educación de todas las jurisdicciones- se reunirá para terminar de definir los detalles. “Se van a monitorear los costos mes a mes”, definió De Vincenzi.

El Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, amplió el programa Precios Justos paa que el 86 por ciento de productos que más se consumen solo aumenten un 3,2 por ciento de hasta junio, y que más de 2.000 productos conserven un precio fijado.

El acuerdo incluye la canasta escolar y el precio de las escuelas privadas en toda la argentina. “Quiero agradecerle especialmente en cuanto al volumen de productos de canasta escolar que tienen un sendero de 3,2 por ciento hasta el 30 de junio. Es importante lo de los productos en la canasta entendiendo que en marzo empiezan las clases y para los papás es un desafío”, afirmó el ministro.

“Mucho más agradezco el esfuerzo del Ministerio de Educación, porque había provincias que ya habían autorizado aumentos de hasta 40 por ciento para marzo”, agregó. Del mismo modo, sostuvo que se estableció “un criterio único” para todo el país que se anunciara el próximo miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación con una pauta que baja 40 por ciento el promedio inicial de aumento y además establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5 en el caso de los colegios.

Esta segunda etapa tiene más premios y más castigos. Gran parte de la cadena de valor de la industria de la alimentación y de los sectores de higiene personal y limpieza, en el complejo de producción, van a tener un programa de crédito para el aumento de producción de bienes de capital. El Estado pone, además, de un régimen acelerado al mercado único y libre de cambios para garantizar los bienes intermedios en la producción la posibilidad de financiarse a tasas subsidiadas.

En tal sentido, Massa explicó: “Así como alguna vez planteamos que no podíamos permitir que haya empresas internacionales que subfacturarán o sobre facturaran importaciones o exportaciones, tampoco podemos permitir que el acceso a beneficios públicos no termine redundando en el beneficio del consumidor o del ciudadano. El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos evitando picardías porque en definitiva ese compromiso es virtuoso si aumentamos la producción de bienes”.

También, se refirió lo acontecido en las últimas semanas cuando la oposicon acuso al Gobierno de mandar sindicalistas a “controlar” comercios: “El segundo gran desafío era resolver ese temor que presenta en algunos la idea de que la verificación o el control es malo”, y agregó: “Veían algún chaleco de algún municipio, un sindicato, en un supermercado y enseguida algunos entraban en pánico, cuando en realidad lo que estaban haciendo es verificar”.

A su vez, manifestó que “a aquellos que no les gustan las verificaciones físicas, implementamos un sistema de verificación de 15 millones de datos por día online”.

El ministro afirmó que su responsabilidad tiene que ser “dar certeza”, y amplió: “Es clave el orden fiscal. Es clave que tengamos la capacidad de aumentar nuestras exportaciones y acumular reservas. Tenemos que consolidar aún más tengan lo más importante que tiene que tener un programa económico y un programa de gobierno, que es la gente adentro”.

“Para tener a la gente adentro necesitamos que cada vez que pasa el salario le gane un poquito más a los precios y la gente viva mucho mejor”, enfatizó Massa.

Respecto a los problemas de la sequía, Massa explicó: “Estamos asistiendo a productores de fruta y verdura. La semana que viene vamos a hacer un abordaje alrededor del trabajo en el mercado central con ese tema”.

Con relación a sus seis meses de gestión, el funcionario relató: “El primer desafío que teníamos cuando asumimos como equipo de trabajo era parar un espiral inflacionaria que algunos describían como el principio de un camino a la hiperinflación. No vale la pena buscar culpas ni culpables; en todo caso lo que vale la pena es enfrentar los problemas y resolverlos”.

“A la primera fase del programa de precios decidimos adelantarla en la renovación para extenderla al 30 de junio y además para bajar el sendero o la pauta al 3,2% que es un objetivo que nos puede permitir, junto con la solución de otros problemas, enfrentar el mayor de los problemas que tienen los argentinos que es la inflación”, señaló.

En el final, concluyó: “La inflación es el peor veneno que tiene una economía porque es pérdida de valor de moneda, pérdida de valor del salario, pérdida de activos y patrimonio, pero, además, porque significa que no hay reglas”.

En el marco de un escenario económico sumamente complejo en el que la inflación golpea a diario el bolsillo de los argentinos, la diputada del Frente de Todos (FdT)  y miembro de Somos Barrios de Pie, Laura Velasco, dialogó con parlamentario.com respecto del programa “Precios Justos” y cargó con dureza contra los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuestionaron la medida.

Asimismo, la legisladora defendió los controles de precios por parte de los gremios y espacios sindicales. “Se llevaron a cabo capacitaciones con distintos promotores de los barrios populares que trabajan en cuidados comunitarios, para poder difundir la app, explicar su uso, poner mesas y volantear en las cercanías de grandes cadenas de supermercados”, indicó y precisó que “esto nos parece que es muy importante, creemos en un Estado presente y creemos que un programa que puede cuidar el bolsillo de los ciudadanos para acceder a precios justos es importante, más que nada en este momento”.

-En los últimos días el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 103,8%. ¿A qué se debe esta situación?

-La canasta básica de alimentos es la que tiene la inflación más alta y esto afecta a las familias trabajadoras, sectores populares y medios. La realidad es que en los barrios humildes, villas y asentamientos, donde tenemos trabajo desde las organizaciones sociales, nos encontramos con grandes dificultades para poder llegar a tener un plato de comida en la mesa de las familias; por eso la asistencia de los comedores populares ha sido clave, no solo en tiempos de pandemia sino en una situación difícil de la economía de la Argentina.

La realidad es que los grandes concentradores de precios, las grandes empresas alimenticias y de comercialización no han perdido nunca, ni en tiempos de pandemia, ni con la guerra internacional que aumentó bastante los precios de los commodities y descuido el mercado interno. Hoy en la Argentina nos encontramos con una inflación que recorta los ingresos y dificulta mucho el poder garantizar los derechos más básicos, como es el caso de la alimentación.

Desde Somos Barrios de `Pie hicimos un relevamiento nacional junto con la Universidad Popular y la Universidad de Buenos Aires, nos encontramos con datos muy preocupantes en relación a la mal nutrición de niños y adolescentes. En particular situaciones de sobrepeso pero también de baja talla, son cuestiones muy graves que afectan a los niños más pobres de la Argentina, que se encuentran con enfermedades en la infancia y que van a afectarlos a lo largo de toda su vida, como es el caso de la hipertensión, diabetes y disminución de los rendimientos en la etapa escolar.

Todo esto tiene que ver con que los alimentos que tienen más valor nutricional como la carne y verduras están muy caras, por lo que las familias consumen mayormente hidratos de carbono, harinas… Nos encontramos con esa realidad en los barrios populares, por eso tenemos un compromiso con los cuidados comunitarios, creemos que tenemos que incorporarnos a ser parte de la comunidad organizada, los movimientos sociales, los gremios, las organizaciones que trabajan en favor de los derechos del consumidor y difundir este programa de Precios Justos para que la ciudadanía sepa que puede utilizar la app para controlar que en las góndolas estén los productos a los precios que se han acordado.

-¿Considera que los controles de los gremialistas sobre los Precios Justos podría contribuir a frenar la alza de la canasta básica? ¿Por qué?

En este sentido, nuestro coordinador a nivel nacional, Daniel Menendez, estuvo reunido con Matías Tombolini y se puso a disposición para que pudiéramos acompañar la difusión de la app. Se llevaron a cabo capacitaciones con distintos promotores de los barrios populares que trabajan en cuidados comunitarios, para poder difundir la app, explicar su uso, poner mesas y volantear en las cercanías de grandes cadenas de supermercados. Esto nos parece que es muy importante, creemos en un Estado presente y creemos que un programa que puede cuidar el bolsillo de los ciudadanos para acceder a precios justos es importante, más que nada en este momento.

Hubo algunas declaraciones del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Ministros, Felipe Miguel, e incluso de la ministra de Educación, Soledad Acuña, en oposición a que las organizaciones sociales seamos parte de estos dispositivos de control de precios. La verdad es que no deja de sorprendernos pero estamos bastante acostumbrados a que se opongan permanentemente a cualquier acción que se lleve adelante desde la comunidad organizada: los gremios, centros de estudiantes, las ONG y organizaciones sociales. Evidentemente cuando la ciudadanía se organiza, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le gusta. No hacen más que oponerse a las medidas del Gobierno Nacional aunque sean incuestionables, como querer cuidar a la población de los efectos de la inflación y sostener el acceso a la canasta básica para los sectores más desposeídos.

 Evidentemente, es increíble este posicionamiento y es una clara especulación política que se hace desde ese sector, en contra de las organizaciones sociales y sindicales. Queriendo estigmatizar y fortalecer un sentido común negativo en relación a la comunidad organizada y con la posibilidad de los sectores del campo nacional y popular de ponerle un freno a la especulación de los sectores concentrados de la Argentina.

Curiosamente este posicionamiento de los funcionarios que nombre antes se da al mismo tiempo que el Gobierno de la Ciudad deja de hacerse cargo de los residuos húmedos en bares y restaurantes de 16 polos gastronómicos, sin ningún tipo de trabajo previo con los comerciantes y ningún acompañamiento del Estado de la Ciudad, tampoco les dejaron de cobrar el ABL que aumentó hace muy poco tiempo. Tampoco hubo ningún tipo de segmentación respecto de los pequeños y medianos comercios, en relación a las grandes cadenas.  Esto es una resolución del Ministerio de Espacio Público e Higiene de la Ciudad y de forma intempestiva, antes de que el Gobierno tome contacto con los comercios, se está recorriendo distintas empresas pidiendo cien mil pesos mensuales para poder recoger los residuos húmedos.

Tras darse a conocer que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio delegaron en el gremio de Camioneros el control del programa “Precios Justos”, la diputada nacional Dolores Martínez (Evolución Radical) presentó un proyecto para pedir a ambos organismos un informe respecto de la participación sindical en la fiscalización del programa y monitoreo de abastecimiento.

En la iniciativa, solicita saber que se exprese y publique el marco legal que guiará la conducta de los sindicatos y de cualquier otro actor que participe en las tareas de control; que sindicatos participarán en las acciones de control de stock y precios; si las personas que se desempeñen como fiscalizadores cuentan con alguna credencial o documento acreditativo de su identidad y que certifique su potestad; para realizar las acciones derivadas de su rol de control.

“Disponga las facultades con las que cuentan los gremios frente a la detección de irregularidades y establezca los mecanismos de rendición de cuentas que se implementarán para evaluar su desempeño”, agrega en otro punto y plantea: “A excepción respecto a quien ejerce el poder de policía requiere una norma que delegue tal potestad y debe ser fundada y proporcional al fin que persigue, estableciendo todos los mecanismos necesarios para evitar abusos y arbitrariedades”.

También, el proyecto solicita que se informe la dotación que se desempeña en la Secretaría de Comercio y las subsecretarías dependientes a fin de evaluar si se justifica la delegación de la facultad de inspección y monitoreo de los actores económicos a controlar. Asimismo, se solicita se indique cuáles serán las tareas que los actores estatales realizarán a partir de la información que se derive del control y monitoreo, así como el mecanismo que se implementará para procesar dicho insumo.

“Necesitamos recuperar la eficiencia de la acción estatal y, si bien es deseable el involucramiento de la sociedad civil y su participación, se vuelve indispensable que quienes participen estén capacitados en las tareas que realizarán, cuenten con un marco normativo que regule sus conductas y estén comprometidos con el bienestar general”, manifestó.

Acompañan con su firma los diputados Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning, Victoria Tejeda, Carla Carrizo, Marcela Antola, Alejandro Cacace, Germana Figueroa Casas, Pedro Galimberti, Soher El Sukaria, Sabrina Ajmechet, Martin Tetaz, Margarita Stolbizer, Lidia Ascárate, Francisco Monti.

El diputado nacional Daniel Arroyo (Frente de Todos) defendió la participación de sindicatos y organizaciones sociales en los controles de precios y afirmó que “es una ayuda” para resolver la inflación. Por otro lado, reclamó el funcionamiento de la Cámara baja y le pidió a JxC que distingan “el paquete de leyes judicial del económico y el social”.

“Necesitamos que ‘Precios Justos’ funcione. Todos tenemos que ayudar. Colabora y ayuda la participación de sindicatos y organizaciones. No es lo que va a resolver el problema de la inflación, pero es una ayuda”, sostuvo el dirigente del Frente Renovador.

En declaraciones radiales, el exministro de Desarrollo Social remarcó que “comer tiene que ser barato en la Argentina porque es un país que produce alimentos”. “Hay un tema de intermediación: hay que fortalecer la cadena de producción: las economías regionales, la economía popular, la economía social, los pequeños productores”, señaló.

En ese sentido, consideró que “hay que desconcentrar gran parte de la producción y fomentar el desarrollo local”. A su vez, estimó que “la economía argentina en los próximos años va a crecer, porque tenemos litio, alimentos, energía, pero el debate es cuántos argentinos va a haber adentro y cuántos afuera”.

Por otra parte, al ser consultado sobre la situación en el Congreso, Arroyo indicó: “Tenemos que lograr que haya sesiones extraordinarias. En diciembre no logramos tener quorum. Tenemos que hacer que funcione la Cámara de Diputados”. “Es una vergüenza que no se haya podido aprobar la moratoria previsional”, manifestó.

Finalmente, el diputado del Frente de Todos se mostró confiado en que “se va a reflexionar, va a haber racionalidad” por parte de Juntos por el Cambio. “Hay que distinguir el paquete de leyes judicial del económico y el social. Donde hay conflicto, hay conflicto, debatamos; pero donde no hay conflicto, sesionemos”, concluyó.

La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) explicó los motivos de su denuncia contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini; por autorizar al gremio de Camioneros el control del programa “Precios Justos” y exigió: “Queremos una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto”.

“Nosotros consideramos que hay incumplimientos de deberes, abuso de poder e intimidación pública y denunciamos al presidente de la Nación, obviamente, y al ministro de Economía, Sergio Massa, y a su secretario de Comercio. Nos parece que esta delegación que han hecho de facultades propias que son del Estado, y para lo cual el Estado tiene una burocracia en grupos irregulares que, para nosotros, son grupos paraestatales, es inadmisible y gravísimo como pocas cosas que hemos visto en los últimos tiempos”, explicó en diálogo por Radio Rivadavia.

En esa línea, Frade recordó que “históricamente la medida del control de precios en este país no ha funcionado nunca. Nosotros, no obstante, somos respetuosos porque los que gobiernan son ellos, nosotros tenemos otra visión, no es ese el punto sino lo metodológico”, y disparó: “Ellos saben que estas medidas no van a funcionar entonces la burocracia no les alcanza, la normativa no les alcanza entonces ponen estos grupos de choque cuya sola presencia intimida a cualquier supermercadista o empresario”.

“No es que nosotros decimos ‘los Moyano son unos mafiosos’, ‘la dirigencia de camioneros son unos mafiosos’, son unos mafiosos, son unos violentos asociados a parte de un Gobierno que aprueba este tipo de mecanismos”, apuntó la diputada de la CC-ARI.

Y sumó: “Massa en este caso dio el aval y el presidente por supuesto también, por eso está denunciado, para que estos grupos paraestatal tomen a su cargo el rol que tienen los funcionarios, inspectores que tienen un mecanismo, como eso saben que no va a funcionar patean las puertas”.

“Todos sabemos lo que hizo Borda en septiembre cuando entró a Logística MILO en Sarandí con el saldo de seis heridos. Ahora resulta que un tipo imputado por esto lo ponen al frente de esto por ser estar al frente de la logística en el gremio de camioneros”, recordó la diputada y denunció: “No eligen a cualquier gremio, eligen al gremio que tienen claro que va a conseguir a cualquier costo las cosas por método violentos y hacemos responsable al gobierno por esto”.

Respecto de los dichos de Juan Grabois defendiendo la decisión del Gobierno, Frade le contestó: “A Grabois le está faltando información y es raro porque es un chico informado. Primero decirle a Grabois que hay un Observatorio de Precios que me encantaría saber qué hacen. Segundo hay una Ley de defensa de la competencia. Tercero hay una legión de inspectores. Cuarto la Resolución 823 de diciembre donde la secretaría de Comercio decide el congelamiento de ciertos productos establece una app para que cualquier persona sea denunciante”.

“Los mecanismos están y sobran, porque cada uno de los que vamos a comprar podemos denunciar perfectamente eso a través de la aplicación. No necesitamos a la patota de Moyano para fuerza de choque, porque si lo que vamos a hacer es a través de fuerzas de choque, le quiero recordar a Grabois que este país tuvo una Triple A. Si él está de acuerdo en que las patotas sindicales controlen todo con milicias populares, deberíamos discutir otro sistema, si no le guste que emigre a otro país que tiene varios para eso”, planteó.

Además, remarcó: “Nosotros hacemos responsable a este Gobierno si llega a haber un herido porque los que se dejan controlar de esta manera puede ser gente que no quiere enfrentar esto, pero puede que haya gente que si, por eso hemos pedido en el marco de la denuncia que radicamos como medida cautelar que dicte una orden para que se abstengan de continuar con esto”.

“Queremos que haya una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto, porque el clima de violencia en el que esta el país, no abonemos más violencia”, exigió Frade y agregó: “Usen toda la burocracia estatal porque todos los días ingresa más gente al Estado más organismos, si son inútiles que los cambien, pero la normativa para todo ese control está”.

Por último, al ser consultada por la próxima visita de Nicolás Maduro al país en el marco de las CELAC, la legisladora opinó: “La visita de Maduro al país no aporta nada, es para retener a un núcleo de personas. Los argentinos queremos vivir en un Estado de derecho”.

Tras conocerse que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, firmó un acuerdo con el sindicato de Camioneros y piqueteros oficialistas para que lleven a cabo un control de abastecimiento de productos del programa “Precios Justos”, la oposición calificó la maniobra como un “apriete para amedrentar”.

“El kirchnerismo recurre al sindicato de camioneros y a grupos piqueteros para controlar los precios. Otro apriete para amedrentar”, denunció el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, y cerró: “¿Qué sigue después de esto? Si quieren bajar la inflación dejen de emitir para financiar a los militantes de La Cámpora y la campaña de Kicillof”.

Su par de bancada y coterránea Soledad Carrizo lanzó: “LA PATOTA SINDICAL DE CAMIONEROS. Los históricos amigos del poder K ahora blanquean sus aprietes como colaboradores del Estado. Un pasito más para alejar a los sindicatos de los trabajadores”.

“Enviar sindicalistas a los supermercados no es control, es extorsión. La inflación no se soluciona vigilando supermercados ni con aprietes, se enfrenta con un plan económico realista y a largo plazo”, expresó la diputada del Pro María Eugenia Vidal y sumó: “Según el INDEC, el Estado Nacional emplea a más de 340 mil personas, ¿no les alcanzan? ¿Para qué quieren a los Moyano en los supermercados? Las funciones inspección y control son del Estado, no de las mafias”.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, manifestó: “El sindicato de camioneros, sin freno. Cuando el secretario de Comercio Tombolini le otorga facultades de control de precios y además acuerda con Pablo Moyano el abastecimiento a supermercados queda claro que en esta tómbola todos los números los tiene la mafia sindical”.

“Es preocupante que se ponga a Camioneros a controlar precios, dirigentes que tienen antecedentes de aprietes a empresarios. Massa demuestra la irrazonabilidad en frenar la inflación, por más que quiera mostrarnos una mejora, la inflación de diciembre respecto al mes anterior subió”, sostuvo Graciela Ocaña.

El diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) tuiteó: “Mandar a los Moyano a vigilar supermercados es legitimar el apriete, los bloqueos y las mafias. Al Estado Nacional le sobran ñoquis para enviar a controlar las ridiculeces de este gobierno”.

“Ni piqueteros ni sindicalistas pueden hacer esto. No están autorizados a entrar a un comercio a ejercer funciones de control. Es el comerciante quien lo tiene que denunciar”, advirtió el titular del bloque Avanza Libertad José Luis Espert. Su par Carolina Píparo lanzó: “Mandaron a la gente de Moyano y a piqueteros a ‘controlar’ precios. Son una banda de improvisados y extorsionadores. Los k, como siempre, al margen de la ley”.

“Massa los manda a vigilar los precios a los camioneros y los piqueteros. Después se da vuelta, les guiña el ojo a los empresarios y les dice: ‘Es para la gilada. Yo no soy como los kirchneristas’. La gilada somos nosotros”, escribió el diputado Jorge Enríquez (MC).

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, firmó un acuerdo con las principales proveedoras de insumos industriales para la producción de alimentos y bienes de consumo masivo por el cual dichas empresas no podrán modificar sus precios por encima del 3,9% en promedio respecto del mes de diciembre. 

El objetivo de este acuerdo voluntario, que se mantendrá hasta marzo de 2023, es darle previsibilidad a la estructura de costos de las empresas que participan del programa Precios Justos debido a que uno de los factores fundamentales en la formación del precio de un producto son los costos de los llamados insumos difundidos. 

En ese marco, el ministro Massa remarcó que “es realmente muy importante este acuerdo y este encuentro” al tiempo que subrayó que “el desafío de bajar la inflación tiene como responsabilidad primaria que nosotros tengamos la capacidad de ordenar las metas fiscales, la política monetaria, que tengamos un régimen de acumulación de reservas serio y sólido, y que podamos darles esos instrumentos de planificación económica para cada una de las compañías”. 

“Es importante haber podido establecer un acuerdo o un sendero de precios que ya establecimos en combustibles y avanzar ahora en aluminio y cartón o en lo que representan el cloro y el vidrio para los envases, el plástico o los químicos. Nos da la posibilidad de que todas las empresas que participan en los procesos productivos en la Argentina tengan previsibilidad”, añadió. 

Asimismo, indicó que estos acuerdos “permiten que el entramado de más de 41.000 PYMES que forman parte de la cadena de valor tenga la posibilidad de planificar” y remarcó que “el Estado hace un esfuerzo al darles instrumentos de previsibilidad en materia de acceso al mercado único y libre de cambios y queremos que ese esfuerzo sea compartido”. 

Por su parte, Tombolini agradeció la predisposición de las empresas y destacó que “es la primera vez en la historia que los insumos difundidos entran en este tipo de acuerdos”. 

“Seguimos trabajando en la hoja de ruta propuesta por el ministro Massa para bajar la presión inflacionaria y llevarle orden y previsibilidad a todos los sectores”, cerró. 

Los insumos elaborados por las empresas que firmaron este acuerdo (vidrio, papel, aluminio, químicos, entre otros) son clave en las cadenas de valor de la industria, al constituir materias primas esenciales. De esta manera, el Estado incorpora al acuerdo una variable que permitirá sostener precios y abastecimiento acorde a las necesidades del mercado en todos los productos que integran la canasta de Precios Justos y que utilizan estos insumos básicos para su producción.  

Participaron, por la Secretaría de Comercio, el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich. 

En tanto por las empresas estuvieron presentes Leandro Motzo (Alpac SRL), Emilio Larrañaga y Daniel González Blanco (Alpek Polyester), Martín Levinas y Mario Puches (Aluar), Fernando Bekes (Cafepa), Claudio Fazio (Cattorini Hnos), Hugo Ballester (Cristalería Rosario), Matías Campodónico y Matías Maciel (Dow Chemical), César Ferrari (Emsur Argentina SA), Alejandro Rastellino (Bolsapel), Adrián Saporiti, Ángel Catáneo y Pablo Golfman (Grupo Saporiti), Mariano Illanes (Guala Closures SA), Eduardo Sturla (Rigolleau), Gabriel Dezzutto (Serviflex SA), Tomás Botta y Gabriel Fernández (Tetra Pack SRL), Diego Pino y Federico Zin (Transclor) y Marcelo Celestini (Trivium Packaging Argentina SA). 

Los diputados por la Coalición Cívica Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López presentaron este jueves una ampliación en la denuncia realizada en 2021 para que se investigue las consecuencias que traerá el plan de precios justos, anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el régimen de defensa de la competencia. Los diputados de la CC entienden que la política presentada genera un mercado inclinado, a partir de generar beneficios regulatorios extraordinarios para las grandes empresas de alimentos y supermercados. “No resuelven la inflación. Lo único que lograrán es lastimar más a las pequeñas productoras de alimentos y a los almacenes barriales”, señalaron.

La primera denuncia la realizaron los mismos diputados y con la firma de Elisa Carrió en febrero de 2021 ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). La CC exige que se investigue el impacto sobre el régimen de competencia de las políticas de precios máximos en 2020, del programa de precios cuidados en 2021 y precios justos, el flamante programa presentado por Sergio Massa.

En el escrito los diputados cuestionan que la posibilidad de superar los límites de exhibición previstos en la Ley de Góndolas y el acceso abierto a los dólares para las importaciones sean ventajas ofrecidas (exclusivamente) para quienes participan de Precios Justos. Reyes, Ferraro y López sostienen que la política está generando un marco normativo asimétrico y regresivo, donde las pequeñas empresas pierden terreno frente a las grandes empresas.

“Los almacenes y las pymes productoras de alimentos están siendo estafadas por el Gobierno. Mientras cierran la economía y generan un caos en la cadena de valor alimenticia, liberan de toda esa carga regulatoria exclusivamente a las grandes empresas que convocaron a Precios Justos”, explicaron Reyes, Ferraro y López.

“Massa lo dijo bien claro, las empresas que no entren van a perder cuota de mercado. Hacen una política fiscal, regulatoria y económica insostenible para quebrar a quienes no pacten con el Gobierno”, plantearon los legisladores de la CC.

“Las extorsiones económicas y las amenazas de aplicar la Ley de Abastecimiento son conductas dignas de (Guillermo) Moreno. Con buenos modales o malos modales es lo mismo. Son las cosas que no tienen que pasar nunca más”, agregaron.

“Le estamos pidiendo a la CNDC que investigue, que arme un buen análisis del impacto de la regulación en el mercado con criterios científicos. Queremos que el día de mañana, los gobiernos sepan que este no es el camino. En Cambiemos supimos encontrarle la vuelta, promoviendo el acceso a segundas, terceras y cuartas marcas”, concluyeron.

En la sede de la Sociedad Rural de Río Cuarto, provincia de Córdoba, disertó este viernes el diputado nacional Javier Milei, donde cuestionó la política económica del Gobierno y alertó sobre “la suma de todos los males”.

Reconocido admirador de la gestión menemista, Milei estuvo acompañado por Roque Fernández, ex ministro de Economía de Carlos Menem, y Horacio Liendo, quien fuera funcionario nacional.

El público fueron empresarios e industriales vinculados a biotecnología y maquinaria agrícola, productores agropecuarios y la Mesa de Enlace (CRA, FAA y SRA). Además participaron la Sociedad Rural de distintas localidades.

Previo a ello, Milei dio una conferencia de prensa ante los medios locales, enla que sostuvo que Roque Fernández y Domingo Cavallo “fueron los únicos titanes que terminaron con la inflación en la Argentina”.

“Con medidas concretas y no sarasa, a 35 años Argentina podría lograr en dinámica a los Estados Unidos y volver a ser una potencia mundial”, aseguró el economista, para quien “el campo argentino es el mejor del mundo”.

En otro pasaje cuestionó el lanzamiento reciente de esta gestión para frenar la inflación. “El plan Precios Justos es una locura y el dólar soja un disparate”, aseguró Milei, para quien “este gobierno de delincuentes emitió por el equivalente a dos bases monetarias, ¡cómo no va a haber inflación!”.

“Argentina va camino a la peor crisis de su historia. Tiene indicadores sociales que son peores que los del 2001, indicadores de desequilibrios monetarios peores que en la previa del Rodrigazo del 75 y una dinámica de los activos del Banco Central en niveles similares del tercer trimestre de 1988, la previa a la hiperinflación. ¿Cómo va a terminar?, tenés la suma de todos los males”, advirtió Javier Milei.

De cara a las presidenciales, el candidato presidencial aseguró que “estamos en los 24 distritos del país con un formato competitivo”.

“Quienes dicen que no tenemos estructura son integrantes de Juntos por el Cambio que ya fracasaron y sólo quieren volver a al poder para agarrar carguitos. Después lo van a traer a Máximo Kirchner presidente en el 2027”, advirtió.

Se refirió también al apoyo de la juventud con el que cuenta. “Ellos son los grandes arquitectos de este movimiento. Primero porque los jóvenes son los naturales rebeldes y el status quo es de izquierda. Segundo, porque tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública. Después, por las redes sociales. Hoy un chico va a la clase y el profesor le dice cualquier disparate, mira las redes y se da cuenta que es un disparate y lo confrontan”.

“Y los profesores después hacen bulling a los que quieren defender las ideas de libertad. De hecho hay un profesor de la UBA que tiene 35 cursos de economía y se jacta de que los bocha, la orden es maltratarlos tanto hasta que abandonen la carrera. Tenemos una profunda deuda con los jóvenes argentinos, y si la elección fuera en Sub-35, ganaríamos en primera vuelta”, planteó el diputado.

Por otra parte afirmó que “en pandemia los jóvenes fueron los encargados de convencer a padres y abuelos de la importancia de las ideas de la libertad”.

Mientras la inflación sigue trepando mes a mes, el Gobierno nacional a través del ministro de Economía, Sergio Massa, presentó este viernes el programa “Precios Justos” para mantener el precio congelado de 1.823 productos por un plazo de 120 días, cuyo listado incluye productos de los rubros de alimentos, bebidas, lácteos, limpieza e higiene personal.

Sin embargo, desde el bloque opositor salieron a criticar esta nueva medida, uno de ellos fue el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri: “Los anuncios de Massa son parte del ‘Plan Estirar para Llegar’. Los Precios Justos han fracasado decenas de veces”.

Además, el cordobés comparó: “A diferencia de Guillermo Moreno, Massa utiliza los modales. Pero la ‘estabilidad’ que ofrece es por 4 meses. Acá no hay ninguna respuesta integral a la inflación”.

“BASTA DE PARCHES INÚTILES”, encabezó su tuit el senador radical Martín Lousteau y agregó: “El ministro de Economía anunció Precios Justos. Quieren enfrentar los mismos problemas con soluciones inútiles. La inflación en 2022 no paró de acelerarse, afectando a millones de argentinos”.

En el mismo sentido se pronunció el puntano Alejandro Cacace (UCR) quien manifestó: “Intento de control de precios número 1000 del Gobierno”, y preguntó: “¿No se les cae otra idea para bajar la inflación?”.

A su vez, el liberal y economista Javier Milei (La Libertad Avanza) desde Córdoba vaticinó el fracaso del programa “Precios Justos” que el gobierno nacional lanzó para intenta frenar la escalada de precios y criticó la situación inflacionaria que azota al país al considerar que “se trata de un fenómeno monetario que debe ser atacado para que deje de ser un problema”.

Su par en la Legislatura Porteña, Ramiro Marra expresó: “Un gobierno que usa la fuerza del Estado para limitar el libre mercado, es justo lo que una empresa no necesita. NUNCA sirvió controlar los precios, prepárense para otro fracaso”.

De la vereda de enfrente respaldaron la medida. Uno de ellos fue el diputado bonaerense Daniel Arroyo quien acompañó a Massa en la presentación y destacó que el programa “es un mecanismo para estabilizar los precios de la canasta básica por cuatro meses. Y es la forma de empezar a combatir la inflación”.

“Más de 1700 productos que van a tener el precio, que van a poder acceder claramente a través del celular, a través de distintas aplicaciones durante 4 meses. Es estabilizar el precio de la canasta básica de alimentos. Es una forma para empezar a combatir la inflación”, ponderó Arroyo.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Ramiro Gutiérrez: “Cada actor público y privado con responsabilidad en frenar la suba de los precios acompañó a Massa y el equipo económico en el lanzamiento de Precios Justos”.

¿De qué trata el nuevo programa?

“Precios Justos es un acuerdo voluntario por 120 días entre el Estado Nacional, las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo y los supermercados para mantener con precios constantes más de 1500 productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza”, anticiparon fuentes oficiales.

Según detallaron, el acuerdo consta de dos ejes:

• Los productos de la lista que se mantendrán con precios fijos ingresan en el programa a un precio hasta un 4% superior al promedio registrado durante el mes de octubre pasado y se mantendrán estables los próximos 120 días.
• El resto de los productos que comercializan las empresas que se suman al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas.

Los principales puntos del nuevo programa

• El objetivo de la medida es lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos por un período de tiempo determinado.
• La medida estará vigente por 120 días a partir de la firma de los convenios.
• Participan del acuerdo alrededor de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina. Entre ellas, Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías. Además, los supermercados podrán abastecer con productos de marcas propias.
• Los productos del programa se podrán comprar en supermercados minoristas y mayoristas de todo el país. La Secretaría de Comercio confeccionó una señalética específica de Precios Justos para que los supermercados indiquen de forma clara y precisa cuáles son los productos alcanzados por la medida. Los carteles deben estar visibles en las góndolas.
• Se podrá consultar los productos, precios y comercios adheridos en la página oficial de programa: https://www.argentina.gob.ar/preciosjustos (la página ya está disponible).
• En la aplicación Precios Justos (disponible en Android e IOS) se podrá realizar un seguimiento de los productos. La app permite escanear el código de barras de un producto y saber si está dentro del acuerdo, conocer el listado de productos y también realizar denuncias por incumplimiento del programa.

El senador Francisco “Paco” Durañona presentó en el Senado bonaerense el proyecto de Ley de Precios Justos, junto al presidente de la Cámara de diputados bonaerense, el diputado Federico Otermín, la presidenta del bloque de senadores del FdT Teresa García y la presidenta de la Unión de Consumidores Argentina, Adriana Malek.

La iniciativa busca permitir a los municipios llevar el control de precios en su territorio y sancionar en caso de detectar abusos.

El referente de Movimiento Arraigo explicó que el proyecto nace de la necesidad de adecuarse a “esta época en que el rol de los municipios juega un papel preponderante y para eso se requieren las herramientas institucionales que permitan y garanticen a sus comunidades y vecinos el acceso pleno a todos sus derechos”.

En este sentido declaró que “es imposible que la Secretaría de Comercio Interior controle, inspeccione y sancione a cada supermercado y comercio de cercanía de cada uno de los 135 municipios”.

Es por ello que “si hay abusos detectados en los precios acordados, qué mejor que la denuncia de los vecinos que son los consumidores ejerciendo sus derechos y qué mejor que los equipos de los municipios que ya tienen tradicionalmente sus áreas de inspección que controlan y visitan a los supermercados, para sumarle el cuidado de los bolsillos de las y los consumidores”, dijo Durañona.

Por su parte, Adriana Malek, indicó que desde la Unión de Consumidores de Argentina “entendemos que se hace necesario efectivizar el efectivo cumplimiento de estos precios y el abastecimiento”.

“Es importante que los municipios bonaerenses tengan la facultad de controlar los precios, de sancionar cuando hay abuso o incumplimiento; nos preocupa el consumidor que está alejado de los grandes supermercados que se ve obligado a comprar en el comercio más cercano y que siempre es el almacén de barrio o super minoristas donde a esos proveedores también les viene impuesto el precio”, dijo la dirigente.

En este sentido, el senador del FdT de Lomas de Zamora, Adrían Santarelli aclaró que nadie quiere sancionar a un comercio. “Hay un montón de medidas previas a la sanción, pero cuando ven que hay una fuerza de inspección mucho más grande, automáticamente van a empezar a cumplir”, dijo.

Y agregó “es una ley que no puede tener oposición que es a favor de los 17 millones de bonaerenses”.

La iniciativa propone que “el mejor inspector sea el vecino que va a realizar la denuncia en la delegación municipal o en las oficinas de defensa al consumidor”, reiteró Durañona.

También destacó que la normativa “incorpora estas facultades a la Ley de Defensa de Consumidores, se garantiza el cumplimiento de Ley de Abastecimiento en cada municipio con roles y facultades sancionatorias en manos de los municipios y se aumentan los montos de sanción que van desde apercibimientos, llamados de atención, clausuras, hasta multas que llegan a los 10 millones de pesos con fórmulas de actualización”.

De la presentación participó Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Federico Achaval, Intendente de Pilar; Alberto Descalzo, Intendente de Ituzaingó; Ramón Salazar, Intendente de San Pedro; Ariel Ríos, Secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura de Zárate; senadores del FdT; referentes de la OMIC, concejales de Malvinas Argentinas, Zárate y San Antonio de Areco, representantes del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, la secretaría de producción de Alberti; entre otros.

Para finalizar, la presidenta del bloque de Senadores y Senadoras del FdT Teresa García aclaró “la gente la está pasando mal, es indiscutible y nosotros tenemos una doble responsabilidad que es ponerse del lado de la gente acompañando esta iniciativa que propone darle paz a los vecinos”.

“El máximo poder en el sistema democrático lo tiene el pueblo y con los intendentes debemos convocar a las organizaciones sociales y a la gente del distrito en general para que, si hay irregularidades, puedan denunciarlo”, dijo para terminar la senadora García.