La diputada nacional Gabriela Lena presentó un proyecto de resolución para que se cite al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para que brinde informes sobre la resolución N° 1050/2021 dirigida a determinar precios máximos en determinados productos de consumo masivo y ordenar las empresas productoras a “aumentar” su producción de los mismos. 

“Si bien el Gobierno nacional debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, no lo puede hacer violando la propiedad privada, el derecho a ejercer el comercio y la libertad de comerciar, que deben ser armonizadas entre sí. Es por esto que las leyes de abastecimiento pertenecen en general a épocas de dictadura, en donde estaban suspendidos los derechos constituciones”, hizo notar la legisladora entrerriana. En cambio, Lena propuso “utilizar otros tipos de herramientas como son los acuerdos de precios entre productores, organizaciones de consumidores y Estado o la reducción de impuestos a los bienes de consumo masivo”. 

Por otra parte, destacó: “La resolución no sólo determina el congelamiento de precios, sino que obliga a las empresas productoras a aumentar la producción de los productos incluidos en el listado. Esta decisión, además de excesiva e intrusiva, es claramente perjudicial para las empresas, ya que muchas de ellas se encuentran con problemas de suministros, problemas en las cadenas de producción o directamente con costos que las obliga a trabajar a pérdida, lo que sería directamente inconstitucional. Ninguna empresa puede ser obligada a trabajar a pérdidas sin verse afectado su patrimonio y la propiedad privada”. 

La iniciativa fue acompañada con las firmas de los diputados nacionales Carolina Castets, Julio Sahad, Alfredo Schiavoni, Carlos Fernández, José Luis Riccardo, Atilio Benedetti y Federico Zamarbide. 

El diputado provincial y exvicegobernador de Entre Ríos José Cáceres se refirió al conflicto con empresarios por la resolución de la Secretaría de Comercio Interior que congela el precio de productos de primera necesidad por tres meses. Dijo que es “lamentable e indignante” la actitud de “un sector de los empresarios nacionales”, y expresó que “las provincias tienen que ser solidarias con la medida del Gobierno”. 

“Para el peronismo el Estado es un actor importantísimo en la economía para garantizar el equilibrio de la comunidad, esto de ninguna manera significa que estemos en contra del desarrollo de las empresas nacionales. Es una mentira que suele decirse sin mucha reflexión”, sostuvo y argumentó que “lo cierto es que los empresarios nacionales se han beneficiado con los gobiernos peronistas porque se promueve el consumo, la mejora en la calidad de vida de la población y el desarrollo de la producción nacional. Y eso gracias a la regulación y promoción que se hace desde el Estado cuando gobierna el peronismo”. 

“Es lamentable e indignante que un sector de los empresarios nacionales amenace con el desabastecimiento ante la decisión del Gobierno nacional de garantizar, por unos meses, precios accesibles en productos de primera necesidad para la población. Porque esa amenaza va contra el pueblo, no contra una gestión o partido político”, expresó Cáceres 

A su vez, celebró “la firmeza y la decisión del nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Es imprescindible en estos momentos trabajar para resolver un problema tan básico como es garantizar la comida en la mesa de los argentinos y argentinas”. 

“Lamentablemente esta decisión se tuvo que tomar mediante una resolución y no como resultado del acuerdo que había propuesto el gobierno a empresarios en el marco de una negociación. Es una medida extrema que desnuda la mezquindad y el egoísmo con que actúan algunos sectores del empresariado nacional, que ya conocemos y que no están dispuestos a trabajar responsablemente en el marco de una comunidad que les provee de las condiciones, las materias primas y la mano de obra necesarias para el desarrollo de su actividad”, dijo Cáceres. 

Señaló que, “las provincias tienen un papel fundamental que es acompañar las medidas para que su implementación sea efectiva y no termine en un mero anuncio que luego las empresas sortean por la falta de controles, no sólo porque el Estado nacional no puede garantizar que esos controles se realicen de manera efectiva en todo el territorio nacional ni mucho menos porque sea una medida virtuosa, sino porque es una acción que beneficia a una buena parte de la población que hoy necesita esa presencia del Estado y que la está reclamando para recuperar calidad de vida y vivir dignamente. Que los precios están descontrolados en la Argentina, no es una novedad para nadie”, opinó. 

Por último, reclamó que, “no podemos permitir que unos pocos se queden con la más mínima mejora que se intenta llevar al bolsillo de los argentinos y argentinas. Y en eso, todas las provincias tienen que ser solidarias con el Gobierno nacional”, insistió y sentenció: “La propiedad privada y la libertad de empresa no pueden ser una carta blanca para cualquier cosa, menos para desestabilizar o atentar contra la población”. 

La diputada nacional Blanca Osuna destacó la Resolución 1050/2021 del Gobierno que dispuso precios máximos de venta, hasta el 7 de enero próximo, para 1.432 productos de consumo masivo. “Es una medida de justicia social, que apuesta al consumo popular, con un Estado presente que prioriza la mesa argentina”, afirmó. 

La medida publicada en el Boletín Oficial establece precios máximos para productores, comercializadores y distribuidores, en una amplia y diversa lista de alimentos, productos de higiene personal, bebidas, lácteos, elementos de limpieza, verduras y carnes. “La iniciativa incluye 1.432 productos, con una perspectiva federal, que abarca primeras marcas y valoriza el trabajo de pequeñas y medianas empresas”, detalló la legisladora nacional. “Con el agregado que retrotrae los precios al 1 de octubre, combatiendo cualquier especulación en estos días ante la inminente decisión del Gobierno nacional”, añadió Osuna. 

“Son definiciones que se enmarcan en un modelo de país que acciona por la recuperación de la economía y la producción, tan deterioradas durante el macrismo y la pandemia mundial, junto a otras políticas y acciones como el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que ya llegará en febrero a una suba del 52,8%; el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que permitió que 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores dejen de pagarlo; el programa Pre-Viaje, que incentiva el turismo interno y devuelve el 50% de los montos para gastos; el lanzamiento y la puesta en funcionamiento de la plataforma Pymes Argentinas; las acciones para que los precios internacionales de las carnes no se transfieran a los precios internos, resguardando su consumo popular; la duplicación de las asignaciones familiares; la decisión de jubilaciones anticipadas para personas con años de aportes, sin la edad requerida, que se encuentran desocupadas; los cambios en la Tarjeta Alimentar, que se depositará junto a la Asignación Universal por Hijo; el Plan Registradas, que promueve la formalidad del sector de empleadas de casas particulares; entre otras medidas que ponen el foco en el bienestar de nuestros compatriotas, en el mercado interno, en el consumo popular, en la equidad y en garantizar derechos”, postuló. 

“Capítulo aparte para las voces, ya conocidas, que amenazan con el desabastecimiento y solo persiguen la usura de la rentabilidad”, puntualizó Osuna. “Esta medida del Gobierno nacional no perjudica a ningún sector, por el contrario, apuesta a dar soluciones que devuelvan a la Argentina en el ciclo virtuoso de una economía con desarrollo e inclusión, profundizó la diputada entrerriana. Que todo lo vivido, las tristezas y las pérdidas de una pandemia que puso el mundo patas para arriba, nos sirvan para reconstruir un modelo con la gente adentro, con solidaridad, empatía y vocación de ser mejores”, finalizó la legisladora.