En el marco de los constantes aumentos en el servicio, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes cuestionó con suma dureza la decisión del Gobierno Nacional de limitar el acceso a las prepagas y restringir algunos puntos relacionados a las prestaciones que estas dan.

A través de las redes sociales, el oficialista aseveró que “si estás enfermo, el Gobierno te deja afuera” e indicó que “el Gobierno tomó la decisión de purgar a la parte de los usuarios que no quieren las prepagas. Enfermos crónicos, afuera”.

“El Gobierno Nacional autorizó rechazar estudios, prácticas, tratamientos y medicamentos ordenados con recetas de médicos que no estén en las cartillas del plan médico. Esto dificulta muchísimo la vida a la gente, especialmente a los enfermos y los vulnerables. No vas a poder tener tu médico de confianza para seguir tu tratamiento y tu salud”, añadió Reyes.

Al mismo tiempo que consideró que “si lo que quieren es evitar que se receten medicamentos particularmente caros y fuera de los protocolos médicos, hay mucho para debatir en el Congreso. Esta forma de resolverlo es tirar a las personas por la ventana”.

“Después de volcar a las prepagas hacia el negocio financiero y reducir prestaciones, esta medida llega cuando las prepagas tienen las cartillas peladas. Esto dificulta la diaria de los enfermos que van a tener que optar por planes más caros o caerse del sistema”, sentenció.

Tras el fuerte incremento que tuvieron las empresas de medicina privada y el posterior freno que les impuso la justicia, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, advirtió que las prepagas podrían volver a “cartelizarse”.

A través de sus redes sociales, el legislador explicó que “después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización” e indicó que “antes de que esto sucediera pedimos una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero era tarde. Nos notificaron la baja de la medida cautelar. El Gobierno decidió que desde el 1 de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas”.

“Estoy convencido que es un error. Quieren creer que las prepagas no van a volver a formar un cartel y poner los precios por las nubes, pero no hay ninguna razón para pensar eso”, continuó el oficialista, sumamente crítico con la situación.

Además, Reyes recordó que “no hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo” y destacó que “el Gobierno ya decidió y nosotros vamos a seguir impulsando la causa contra las empresas. Muchos por ideología piensan que hay que compartir el esfuerzo con las empresas de medicina prepaga, pero, el índice salud (que mide realmente la variación de costos de la actividad médica) viene estando por debajo de la inflación desde diciembre de 2023”.

“Las prepagas lo saben porque son ellas las que pisan los salarios y honorarios profesionales, y los acuerdos con las clínicas y demás instituciones”, aseveró.

Por último, el legislador porteño explicó que “en la Coalición Cívica vamos a seguir este tema muy de cerca con todos los usuarios y daremos la pelea. Queremos que las empresas puedan aumentar en relación con su estructura de costos y coherente al servicio que les dan a sus usuarios. Es un mercado imperfecto y se requiere innovar para intervenir menos, pero proteger más”.

El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, y su par de bloque Mónica Frade cuestionaron el acuerdo al que llegó el Gobierno con las empresas de medicina prepaga que pagarán los incrementos que hicieron en estos meses en 12 cuotas a partir del mes de julio.

A través de su cuenta de “X”, Ferraro apuntó: “EL ACUERDO DE LAS PREPAGAS ES PREOCUPANTE E INJUSTO. En enero cuando liberaron los precios se cartelizaron y aumentaron en exceso las cuotas afectando a millones de personas”.

“Finalmente el gobierno y las prepagas acordaron volver a desregular sin límite alguno desde el próximo mes y que las devoluciones de esos cobros en exceso se realicen a los usuarios en 12 cuotas. Donde no hay competencia hay abuso, y en el mercado de prepagas no hay libre competencia, los usuarios no son libres de entrar y salir cuando quieren de ellas”, manifestó.

Para Ferraro “es inaceptable que la Superintendencia de Servicios de Salud se desentiende de los ciudadanos que reclaman por sus casos.  Seguimos igual que en enero, vamos a insistir con tener una regulación adecuada de supervisión de los precios ex post. Es preocupante e injusto”.

En el mismo sentido, Frade se expresó: “¿No era que este gobierno garantizaba la propiedad? Se apropiaron ilícitamente del dinero de los afiliados, indefensos frente a eso y ahora deciden cómo y cuándo lo devuelven. Que lluevan acciones de amparo. No pueden disponer del dinero ajeno asi”.

En medio de la puja por los aumentos del servicio de medicina privado, el diputado de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC ARI), Hernán Reyes, cuestionó el nuevo acuerdo entre la Superintendencia de Servicios de Salud y las prepagas en la causa por el abuso de los precios.

A través de sus redes sociales, el oficialista planteó que le “preocupa el acuerdo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la causa por el abuso de precios de las prepagas. No hubo cambios normativos ni culturales para ‘liberar’ los precios de las cuotas de medicina prepaga el mes que viene”.

“Vamos a insistir con tener una regulación adecuada de supervisión de los precios ex post. La medicina prepaga es un mercado cautivo donde los usuarios no tienen libre entrada y salida. Los pacientes crónicos y los adultos mayores merecen un régimen justo”, siguió el diputado y destacó que “donde e no hay competencia, hay abandono. Desde enero que estamos peleando para que estas cosas no sucedan. Copio una imagen del papelito que la Superintendencia de Servicios de Salud le entrega a los ciudadanos que se acercan angustiados a pedir que analicen si sus cuotas aumentaron de forma excesiva o no. Esto es inaceptable, las personas tienen derecho a ser atendidos de forma digna”.

A su vez, Reyes explicó: “si es como sostienen en el papelito y no tienen competencia para cuidar a los usuarios conforme el DNU 70, entonces seguimos exactamente en la misma situación y no debemos liberar las cuotas”.

En ese sentido, el diputado remarcó que “no existe el esfuerzo compartido frente a un aumento abusivo. La devolución siempre tuvo que ser completa y tiene que serlo por parte de todas las empresas de medicina prepaga que aumentaron por encima de la referencia inflacionaria. El desistimiento del proceso en relación con Bristol Medicine, Asistencia Sanitaria Integral S.A., Medical's Organización de Prestaciones Médicas Privadas, Cobensil, Median S.A.A.M.A., Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Fundación Médica de Mar del Plata y Medicina Esencial S.A., es inexplicable”.

“Voy a poner toda mi atención al caso en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia donde se está investigando a las empresas que conformaron un cartel y que iniciaron la catarata de aumentos. No es válido que pretendan dar de baja una causa por cartelización por un nuevo acuerdo corporativo. Estaríamos terminando en el mismo lugar en que nos dejó Sergio Massa”, sentenció Reyes.

PREPAGAS 📣

Me preocupa el acuerdo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la causa por el abuso de precios de las prepagas. No hubo cambios normativos ni culturales para “liberar” los precios de las cuotas de medicina prepaga el mes que viene.

Vamos a… pic.twitter.com/Fd0VYUTyph

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) May 29, 2024

Después de que se conociera que se le pondría un freno al aumento de las prepagas, el diputado de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, explicó en las redes sociales el alcance de la medida cautelar que busca disminuir el impacto del incremento en las tarifas de salud privada.

En ese sentido el legislador, que fue uno de los denunciantes de la cartelización de las prepagas, manifestó que “más de seis millones de personas angustiadas por ver con absoluta impotencia cómo aumentaban las prepagas de forma coordinada. Un mes, dos meses, tres meses y cuatro meses” y consideró que “el Gobierno abandonó a la clase media y el daño era terrible porque el riesgo de la salud angustia y mucho. Por esa razón me presenté con toda la CC ARI en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para frenar esta locura”.

“Lo hicimos en enero, hace meses y el Gobierno reaccionó. Ante toda la desinformación me gustaría dar precisión e información para poner mi grano de arena en calmar tanta ansiedad. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia empezó a investigar nuestra denuncia por cartelización que es nada menos que sustituir competencia por acuerdos de las empresas para aumentar en forma infinita los precios”, continuó.

Sobre esa misma línea, Reyes explicó que “en ese contexto impuso una medida cautelar que es una forma de frenar el daño que mes a mes se produce en todas las familias que no dan más.  Esa medida supone fijar la cuota de mayo al valor de diciembre 2023 sumando la inflación acumulada. En promedio la cuota de mayo tiene que ser un tercio más baja que la de abril” y destacó que “la medida cautelar incluye que los que ingresaron en diciembre o después de diciembre, se calculará con la base de un plan similar de la misma empresa en diciembre”.

A su vez, el oficialista precisó que “las empresas que están alcanzadas por la medida cautelar ahora son OSDE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medifé, el Alemán y el Británico. Eso es el 75% de los usuarios, pero, se estaba dejando aún a 2 millones de personas sin protección. Por ese motivo pedimos a la CNDC que amplié la investigación y la cautelar a otras empresas como son Medicus, ACA, Accord, Sancor, Italiano, Fundación Guemes, Prevención Salud, CEMIC, Avalian Salud, Mutual Federada, Mutual Jerárquicos, Medicina Esencial, y Pasteur”.

“Todavía no hay una definición clara de cómo se tratará a las personas que se dieron de baja durante estos meses porque no podían pagar las cuotas. Estoy analizando qué hacer con ello”, señaló, consciente de las limitaciones de la medida.

A la vez que resaltó que “para la devolución de lo pagado de más, todavía necesitamos una sentencia definitiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Espero que la investigación por el cartel continúe y tengamos una pronta sanción para que empiecen a devolver todo lo que se cobró de más en enero, febrero, marzo y abril”.

“Necesitamos estar más cerca que nunca. Estoy comprometido con cuidar a la clase media en este tiempo tan difícil”, completó Hernán Reyes.

Lo dijimos en nuestra columna de la semana pasada: el Gobierno de a ratos parece querer transitar el camino del pragmatismo, pero a veces hace falso contacto. Esta semana que está concluyendo quizá haya sido una de las semanas más políticas de la administración Milei, a saber:

Primer acto: renuncia Belocoppit a la presidencia de su club dada la presión del Gobierno y el consiguiente empantanamiento del conflicto con las prepagas.

Segundo acto: el Gobierno obliga a las prepagas a retrotraer sus valores y denuncia cartelización.

Tercer acto: los Moyano ceden, estiran la paritaria a 3 meses y quizá no hay paro de la CGT.

Cuarto acto: le aumenta el presupuesto a las universidades nacionales.

¿Cómo se llama la obra? “Lo siento Ludwig, con el mercado no alcanza” (como dice un prestigioso analista, si no saben quién es, gugleen).

Es interesante que después de 4 meses el Gobierno haya tomado nota de que la mano invisible del mercado no lo arregla todo, que con reglas de juego claras y austeridad no alcanza, al menos en la Argentina de 2024 y por un buen rato. Este no es partido de la Premier League inglesa: este va a ser un partido con mucha fricción, al estilo Copa Libertadores (¡no se olvide de Bilardo, presidente!). Ya lo reconoció hace varios meses el Emir de Cumelén en un reportaje: “el relato es importante, no alcanza con el ejemplo”.

Es como si hubiésemos visto en acción al legendario Néstor con toda su brutalidad pragmática. A Toto Caputo solo le faltó decir: “¿qué te pasa Belocoppit? ¿Estás nervioso?”. La polémica llevaba varias semanas, pero eso no llevaba a nada. Finalmente apareció la estrategia y la decisión política, seguida de los hechos administrativos. El ciclo ahora está completo. El oficialismo se la agarró con un actor cuestionable, que no tiene suficiente poder para devolvérsela, y por lo tanto no paga costos. Lo más probable es que gane puntos por 3 razones:

1)                                                  Fue una señal importante para el sector que más sufre con el tema: la clase media, fuerte sustento de su 56 %.

2)                                                 Es un tema ultrasensible, mucho más en esta coyuntura económica: señal de que escucha.

3)                                                 Toma una decisión a contramano de su filosofía: no se ata a nada, hace lo que cree que le conviene a él y a su target.

Alguien se preguntará sobre si esto no le trae un costo por incoherencia ideológica. ¿Acaso la gente no votó un programa pro mercado? Como ya lo comentamos en esta columna en más de una oportunidad, la mayoría votó una expectativa para salir de la inflación y la debacle, no una fórmula ideológica. Si el gobierno tomó nota profunda de eso, se le puede allanar el camino en muchos aspectos. Mucha militancia cambiemita se la pasó posteando durante mucho tiempo el slogan “coherencia por favor”. El problema es que Juntos salió tercero porque su relato no sintonizó con la mayoría.

En grupo focales de hace un par de semanas vimos que el propio público que aprueba la gestión -los “elijo creer”- empezaban a quejarse de los excesos de aumentos de las empresas y pedían alguna medida que le pusiera freno. Más de uno pidió volver a los “precios cuidados”. ¿Apoyos a Milei pidiendo intervención del Estado en los precios? Sí, porque lo importante son los resultados. Si el presidente lo hace con más estatismo o con más librecambismo, no es un tema. De modo que, si hace falta poner pierna fuerte, la mayoría social avalará.

Si queremos seguir con la lista de buenas noticias para “jamoncito”, debemos mencionar la actitud de la Corte Suprema respecto a los cuestionamientos al DNU. En la práctica fueron dos rechazos técnicos, nada de fondo. Algo así como “ni muy muy, ni tan tan”, que la política haga su trabajo y luego veremos. El libertario, en sus excesos, a veces “no la ve” que el tribunal más importante le está dando una mano no haciendo nada.

Eso no significa que le haya salido todo de perlas, porque hay factores derivados de problemas previos al “brote de pragmatismo” al que aludimos. Por ejemplo, al affaire Pagano en la comisión de juicio político se le agregó que Marra volvió a presidir el bloque de legisladores de la CABA, a contramano del parecer de la hermana Karina. Está claro que la matriz de origen traerá permanentes dolores de cabeza en este sentido, los cuales pueden incrementar la gravedad de ciertos sucesos cuando se avecine alguna crisis mayúscula (por ejemplo, si el gobierno se ve obligado a devaluar si no corrige el crawling peg como le está pidiendo Cavallo sistemáticamente, entre otros).

Un dato escondido positivo en el índice de inflación de marzo es el mayorista. El 5.4 % permite avizorar que efectivamente en abril podrá haber un solo dígito, lo cual despertará una orgía oficialista. Pero… los indicadores de actividad económica apuntan a pensar que la caída no tocó el piso, con todo lo que eso implica en términos de desocupación, pobreza y mal humor. Por eso, varios creen que los pronósticos del FMI respecto a la Argentina fueron “a little help from my friends”. Hablando de datos escondidos, la caída de patentamientos de maquinaria agrícola, por ejemplo, habla de cierta desconfianza del sector con el programa de Milei (¿acaso en algún momento próximo el campo mostrará un fastidio sustantivo?).

Para cerrar, recuérdese que a Milei lo favorecen dos factores: 1) una sociedad que apostó al riesgo por lo desconocido luego del fracaso de los representantes del statu quo, y por eso tendrá más paciencia de la imaginada, y 2) la ausencia de liderazgos opositores sólidos, con la consecuente falta de alternativas programáticas. Respecto a este segundo aspecto, la “rebelión en la granja” que se empezó a visualizar esta semana en la ¿ex? Unión por la Patria, indica la punta del iceberg de un deterioro estructural, que hemos analizado muchas veces.

Cuando se habla de estadistas exitosos en la Argentina –gusten o no los nombres- se habla de líderes muy pragmáticos: Roca, Perón, Frondizi, Menem, por ejemplo. Todos pegaron un volantazo sin que se les moviera un pelo y poco importó que hayan sido profundos incoherentes.

Dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un pedido de ampliación para exigir al Gobierno que presente la documentación para extender la investigación por cartelización a 14 prepagas que quedaron fuera de la medida cautelar que dispuso la Comisión de Defensa de la Competencia.

“El Gobierno no puede desentenderse del abuso sobre la clase media por parte de un grupo de empresas. Tienen el deber de cuidar a todos los usuarios de la medicina prepaga”, sostuvieron.

El diputado nacional y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, los legisladores porteños Hernán Reyes y Facundo del Gaiso, y el exlegislador Rubén Manzi presentaron la solicitud ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que obligue a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a brindar la documentación que tiene en su poder sobre de más de diez empresas de medicina prepaga, en la causa de cartelización.

Los dirigentes del partido liderado por Elisa Carrió señalaron que “el Gobierno que primero desreguló sin tomar conciencia del impacto de esa medida, habilitó la cartelización y aumentos tremendos en medicina prepaga. Ellos tienen la responsabilidad y las herramientas para investigar a todas las empresas que formaron parte del cartel”.

“Nosotros realizamos la primera denuncia en enero de este año, recopilando los testimonios de distintos ciudadanos que se acercaron a transmitirnos el problema de los aumentos desmedidos de las cuotas. Con esa información nos presentamos ante la CNDC para que investigue la posible cartelización de estas empresas para acordar una suba de precios conjunta”, recordó Reyes.

Y continuó: “Meses más tarde vimos que el Gobierno, que había habilitado con su DNU estos aumentos acordados y exagerados, acompañó nuestra presentación, pero sin realizar una investigación adecuada que incluyera a todas las empresas que hubieran aumentado del mismo modo. Por lo que quedaron más de diez empresas sin ser alcanzadas por las medidas, lo que desprotege a dos millones de beneficiarios”.

La CC le exige a la Superintendencia que contribuya con la investigación y presente la totalidad de las comunicaciones que han realizado las empresas de medicina prepaga a sus usuarios; que presente el padrón completo de las empresas de medicina prepaga de todo el país, según su participación en el mercado; y que recupere el índice salud que mide el impacto de la variación de precios de los servicios relacionados con la prestación de salud.

Aseguraron que ven con "mucha preocupación la falta de voluntad de colaboración de la Superintendencia de Servicios de la Salud en el expediente, ya que no incorporó las demás empresas previo a que se dicte la medida cautelar". “Vemos como un incumplimiento grave que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no haya cumplido con su función de investigación e instrucción de la denuncia”, añadió Reyes.

Meses después de que la Coalición Cívica se presentara ante la Justicia para denunciar la cartelización de las prepagas, el legislador de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes cuestionó con dureza los dichos de Claudio Belocopitt acerca de los constantes aumentos en el servicio de salud privado.

A través de sus redes sociales, Reyes planteó que “hay mucha información dando vueltas y creo que es una oportunidad para informar sobre el caso. Las declaraciones de Belocopitt de diciembre y los primeros días de enero fueron muy preocupantes porque anticipan una estrategia de aumentos de las empresas prepagas” y consideró que “estos aumentos, presentados como acordados entre las distintas empresas de prepagas, son ilegales porque rompen con el principio básico del capitalismo que es la competencia para ofrecer mejores servicios a precios más baratos”.

Asimismo, precisó que “el 16 de enero de 2024 con Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Facundo Del Gaiso nos presentamos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para denunciar estos actos y exigir a esa autoridad, que depende del ministro Luis Caputo, que resuelva rápidamente la situación para evitar que continúen funcionando en cartel las empresas”.

“El 23 de enero nos citaron a ratificar la denuncia, como corresponde según el procedimiento, lo hicimos y el proceso se inició formalmente. Analizado que existían los elementos esenciales para una denuncia, se envió a cada una de las empresas para que dieran las explicaciones del caso en un plazo máximo de 15 días hábiles”, señaló y remarcó que “las empresas fueron haciendo sus descargos en tiempo y forma hasta el 20 de marzo. Actualmente, se tiene que resolver si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia abre o no el sumario para investigar efectivamente el cartel de las prepagas”.

Sobre esa misma línea, el lilito manifestó que “la CNDC tendrá a cargo la instrucción del caso y la obligación de construir las pruebas contribuyendo con lo que aportemos los particulares que hemos contribuido en la denuncia de los hechos” e indicó que “las sanciones que puede imponer la CNDC son (1) frenar los aumentos concertados; (2) imponer sanciones por hasta de dos veces todo el beneficio ilícito obtenido o 100 millones de dólares; y, más importante, (3) habilita las denuncias de los privados para recuperar lo que se cobró por encima del precio de mercado y les permite a los jueces imponer multas civiles puniendo el daño que cada prepaga le generó a sus afiliados”.

“En Argentina no hay capitalismo de mercado o de estado, hay capitalismo de amigos. Tenemos que hacer un cambio definitivo y construir un país menos corporativista y más competitivo, con las personas en el centro y la productividad como norte”, completó.

Ante los aumentos desmedidos que viene haciendo la medicina prepaga luego de la aplicación del DNU 70/23 que las habilitó a llevar a cabo los incrementos en sus cuotas, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó: “Le están declarando la guerra a la clase media”, y afirmó: “Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. La oposición le salió al cruce y le enrostró que es consecuencia del decreto.

El jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Rodrigo de Loredo, recordó las advertencias que habían hecho a fin de año pasado. Lo hizo con un fragmento de una entrevista de diciembre último. “ministro, advertimos que no había que cambiar una corporación por otra. Les tendió la mano invisible, le contestaron con el puño cerrado del oligopolio”, señaló.

Su par de bloque el mendocino Julio Cobos expresó: “No sólo las prepagas están horadando fuertemente a la clase media, ministro: las tarifas de luz, agua y gas, la eventual restitución de ganancias a la cuarta categoría, el repelente para mosquitos con precios escandalosos”.

“Se entiende la necesidad de reordenar la macroeconomía y es meritorio la baja del riesgo país y la estabilidad en el precio del dólar, pero es difícil de entender una considerable y llamativa inflación en dólares”, agregó Cobos y cerró: “Recuperar las variables macroeconómicas es condición necesaria, pero no suficiente si no se traslada a la recuperación del poder adquisitivo. Para lo cual un Estado presente es primordial, sobre todo para evitar abusos circunstanciales y que la gente se sienta protegida”.

1º acto: el gobierno de @JMilei libera las restricciones de precios de las prepagas en el DNU 70/2023
2º acto: las prepagas aumentan todos los meses y cada vez más familias se dan de baja de los planes de medicina privada
3º acto: el gobierno se “solidariza” pero no anuncia una… https://t.co/XVPqtUXtZl

— Martín Lousteau (@GugaLusto) April 8, 2024

La diputada de UP Vanesa Siley le remarcó que “la entrega de los usuarios de medicina prepaga a la voracidad de las empresas del sector es consecuencia del DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei”, y precisó que el DNU derogó el art. 5 Inc. g) y eliminó dos párrafos fundamentales del Art. 17 de la ley 26.682 que limitaban los aumentos de las cuotas; el decreto 743/2022 que establecía topes a los aumentos de los aranceles y cerró: “Son las propias empresas de medicina prepaga las que comunican sus aumentos justificando sus decisiones en el DNU 70/2023”.

Si realmente queremos defender a la sociedad del abuso de precios por parte de las empresas alimenticias, prepagas, mercado inmobiliario y tarjetas de crédito, los diputados y diputadas nacionales debemos rechazar el DNU 70/2023 como ya se hizo en el Senado de la Nación. pic.twitter.com/RGgBXpGhG3

— Vanesa Siley (@Vsiley) April 8, 2024

Las habilitan en el DNU Ministro!🙈 https://t.co/XTu7ASuINB pic.twitter.com/0eAIMV2aNn

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 8, 2024

"El 20 de diciembre, por cadena nacional, liberaron las restricciones de precios de las prepagas. Ustedes, como Poder Ejecutivo Nacional, con una sola firma pueden derogar el DNU 70/2023. Deje de ser tan hipócrita", le recordó la diputada Cecilia Moreau. En tanto, su par Itaí Hagman ironizó: "¿Quién habrá sido el turro que sacó un DNU desregulando el sector?".

La entrerriana Carolina Gaillard escribió: "Ustedes habilitaron la suba indiscriminada de los precios de las prepagas cuando desregularon la actividad con el DNU70/2023 que terminó con el control que hacía el estado de los montos que las mismas podían cobrar. No sean cínicos".

"De verdad!!!! Las prepagas hacen lo que quieren gracias al DNU que usted y el presidente pusieron en vigencia. No sea Hipócrita. La forma de defender a la clase media es parar con el ajuste", expresó el mendocino Martín Aveiro.

El santafecino socialista Esteban Paulón posteó: "Hola Toto, los aumentos desmedidos de las prepagas, alquileres y tarifas son una casi exclusiva responsabilidad de tu gobierno encabezado por Javier Milei. En el DNU que tenemos que derogar se habilitan estos abusos Del único aumento de precio que nos defendes es del de los salarios".

La exdiputada nacional y actual legisladora porteña Graciela Ocaña apuntó: "Ministro, sus contradicciones son muy graves. ¡Parece que nos está cargando! Primero firma una cosa y luego, cuando ven el desastre que generan, se desdicen. En diciembre, cuando usted firmó el DNU 70/2023 le advertimos que, sin ninguna regulación, las cuatro empresas que controlan el mercado de salud iban aumentar desproporcionadamente, sin que esto impacte en mejoras para los profesionales de salud ni sus afiliados. El desastre kirchnerista no se resuelve tomando medidas improvisadas".

"Desde la CC-ARI denunciamos en enero a las prepagas por constituir un cartel y abusar de esa posición. Tarde, el Gobierno está tomando nota de lo que le pasa a la sociedad. Las prepagas se aprovecharon y aumentaron coordinadamente sus precios muy por encima de la inflación. Tenemos la oportunidad histórica de redimir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y dar un mensaje claro a todo el corporativismo argentino: no hay lugar para los abusos y los carteles. Queremos cuidar a las personas. Acá se necesita revisar lo hecho y regular de forma adecuada", contó el legislador porteño Hernán Reyes.

Las empresas de medicina prepaga aumentaron sus tarifas un alarmante 153%.

Eso lo permitió el DNU 70/2023 que dictó el gobierno nacional. Dándole rienda suelta a la medicina prepaga y a todos los mercados, terminaron perjudicando a los argentinos y a las argentinas.

Ahora,… https://t.co/F5bSubeSBe pic.twitter.com/35HbGdmQFt

— Alberto Fernández (@alferdez) April 8, 2024

Luego de que junto a otros referentes de la Coalición Cívica impulsaran una denuncia para frenar los aumentos desmedidos en las prepagas, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes dialogó con parlamentario.com acerca del impacto que tuvieron esos incrementos en el sistema de salud y analizó las primeras medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

-En los últimos días usted se refirió a los aumentos desmedidos en las prepagas, ¿se puede poner un freno a esa situación?

-En primer lugar, veo con mucha preocupación la situación de muchas personas que no están llegando a fin de mes. Esto se generalizó en la clase media y se vuelve más complejo con las prepagas. Acá hay un contexto económico muy difícil que debemos reconocer. Ese contexto tiene que ver con acciones del Gobierno y, mucho más, con acciones de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Que las prepagas tenían un atraso en los precios, es bastante probable porque el horizonte de aumentos durante el precio regulado fue pensado para contener una inflación que se disparó. No dudo de eso. Tampoco dudo que buena parte de esa asfixia terminó cayendo sobre los sanatorios y los profesionales de la salud. Ellos no solamente no vieron actualizaciones a la par, sino que reciben pagos de entre 90 y 180 días. A lo que voy es a que el sistema completo estaba roto. Ahora hay que ver bien cuál es la mejor salida porque abandonar a las personas no es el camino. Son personas, no números. Son todo tipo de familias, pacientes con enfermedades crónicas, oncológicos, con operaciones pendientes y nuestros jubilados. El sistema estaba mal, no quedan dudas. La regulación recaía sobre sanatorios y profesionales, pero la desregulación sin más abandona a las personas y, dudo, beneficie realmente a los sanatorios y profesionales. Nosotros pedimos que se analice el mercado y se proponga una regulación lógica, que cuide a las personas, sin volver al régimen de precios regulados.

-¿Cómo se puede terminar con la cartelización de las prepagas?

-El cartel tiene que terminar. Así como empezó, tiene que terminar. Si vamos a un sistema de libre mercado, entonces hay que cumplir con las reglas de competir. Eso es el piso, si no, estamos en el peor de los mundos. El problema de Argentina es el corporativismo, si es regulado por el Estado o desregulado, pero con carteles coordinados por las cámaras empresariales, el problema sigue. La competencia es la nota que permite evitar el abuso, tanto para los usuarios como de los proveedores. La UAS deberá presentarse en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ser serios con esta denuncia. Explicar lo que tengan que explicar y cambiar su forma de operar. No pueden fijar precios, tampoco pueden fijar bandas de aumentos ni coordinar la política de las empresas con los proveedores de salud. Es bastante simple lo que tienen que hacer.

-Más allá de la situación con las prepagas, ¿qué análisis puede hacer acerca de la situación económica que está atravesando la Argentina?

-Como decía antes, la situación económica de Argentina es compleja. Estamos frente a un ajuste que explota en el mercado por la impericia del Gobierno anterior. Dejaron un desastre, al punto tal que están esperando guardados a que la gente se olvide del desastre que hicieron para empezar a criticar a Javier Milei. El ajuste cae sobre todos e impacta mucho entre vulnerables y la clase media. Estoy preocupado, por la situación de las prepagas, por las jubilaciones que quieren que estén a tiro de decreto, por los alquileres que no bajan, y un crecimiento sostenido de las crisis de salud mental, sea con adicciones o padecimientos agudos.  Veo a una Argentina rota, que necesita una salida. Muchos esperan que Milei cumpla con su promesa, y yo le deseo lo mejor, pero creo que para eso tiene que dialogar más con el futuro, que seguir bajo la narrativa populista del enemigo. No va alcanzar ese discurso cuando empeore todo. El consenso fue el discurso negado de la última campaña electoral. Se instaló la demonización del diálogo, el problema es que ya no estamos en campaña. Hay que gobernar.  Nosotros siempre tuvimos como bandera el contrato moral, es porque entendemos que es tiempo de dar un cierre a la violencia económica, institucional y de la palabra, Los discursos violentos solamente alimentan la cara más dura de la Argentina y nos llevará a una crisis sin límites. Elisa Carrió siempre habló de la anomia, de ahí es difícil volver. Estamos a tiempo de cambiar el curso, pero es con diálogo.

-Por último, ¿cree que las medidas implementadas por el Gobierno favorecerán la regulación de los precios?

-Supongo que te referís a si el mercado liberado va a lograr estabilizar los precios. Esa es la tesis del Gobierno, lo que necesita ser traducido a que la inflación baja como consecuencia de la recesión de la economía. Sí, esa regla debería suceder pero ¿a qué costo? El objetivo que tenemos es domar la crisis y ordenar el ajuste. Para eso hay que ser más pragmático y menos dogmático. Probar lo que nunca se hizo, cumplir con la ley. Dar certezas de seguridad jurídica y atender las necesidades con marcos de regulación razonables. La desregulación como tal no existe, es una fantasía o un discurso. Lo que hay es un cambio de una regulación a otra que se apalanca más en la oferta y la demanda. Está bien eso, podemos coincidir ahí, pero tenés que entender cada mercado para conocer su dinámica y ver dónde están las restricciones. El presidente en Davos decía que las fallas del mercado no existen. Con esa filosofía, claro que no va a entender el problema que tienen los pacientes crónicos o los jubilados cuando el sistema no les permite elegir con libertad su plan de salud. Pagar cuatro, cinco o seis veces un plan normal, no es una opción real. No verlo es de necio. Lo mismo creo para la entrada de las micro y pequeñas empresas en ciertos mercados o para afrontar sus costos. Hay algo ahí que atender. Lo mismo con los alquileres, no es tolerable que los inquilinos puedan ser expulsados sin más de un mes al otro sin incumplimientos. Cuando los modelos fallan, no hay que enojarse con la realidad, sino cambiar el modelo.

Después de las prepagas aumentaran un 40,5% en enero y anunciaran un incremento del 30% para febrero, los diputados de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes y Facundo Del Gaiso junto a otros dirigentes de ese espacio impulsaron una denuncia contra el “el aumento coordinado de las prepagas”.

En ese sentido, a través de su cuenta de X -ex Twitter-, Reyes aseguró que “la Unión Argentina de Salud fantasea con los beneficios de un mercado liberado sin hacerse cargo del riesgo de competir para ofrecer mejores planes o mejor precio a los usuarios y mejores condiciones a sus proveedores”.

Al mismo tiempo que explicó que “no podemos pasar de un corporativismo regulado a un corporativismo desregulado. El modelo de fijación de precios por el Gobierno se agotó por asfixia, pero reemplazarlo por una cámara empresarial es contrario al liberalismo. Esto no es solamente injusto, sino que es ilegal” y remarcó que “un cartel es cuando dos o más competidores se ponen de acuerdo en fijar el precio o coordinar el pago a los proveedores. Esta es la conducta más grave en el mundo de la defensa de la competencia. Cuando no hay competencia, hay abuso”.

“El mercado de la salud es complejo e imperfecto. El Gobierno hizo bien en salir del sistema de regulación de precios porque asfixia a los hospitales y médicos”, añadió y concluyó precisando que “es necesario que previo se arreglen los problemas para la portabilidad de prestaciones para enfermos crónicos, evitar que el costo se dispare después de la jubilación y mejorar el conocimiento de los usuarios de las opciones que tienen. Sino el sistema se vuelve muy injusto”.

Los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Facundo Del Gaiso presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada.

“Es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto, no solamente porque es ilegal, sino porque en la misma presentación dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados ¿a dónde se va esa gente?”, señalaron.

“Los pacientes con enfermedades crónicas, los que están en tratamiento por alguna cuestión aguda pero costosa, y/o los jubilados, no pueden entrar y salir como si nada de su plan de prepaga. Ahí no hay competencia, hay abuso”, agregaron.

“No nos quedamos solamente con la denuncia”, explicaron los legisladores de la CC. “Sabemos que este es un mercado imperfecto, que tiene muchos condicionantes. (El presidente, Javier) Milei dejó una regulación en cero, ahora hay que debatir qué tipo de regulación hace falta para que la competencia sea real y que las personas no se queden sin cobertura. La CNDC puede ofrecer medidas pro-competitivas basadas en criterios técnicos”, añadieron.

Los legisladores de la CC explican que los aumentos de los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero. Y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.

La denuncia presentada ante la CNDC radica en los acuerdos presuntamente establecidos entre competidores para fijar los aumentos de precios de manera coordinada, lo cual afectaría negativamente a los usuarios del servicio de medicina prepaga. También se detecta una posible cartelización que afecta a los proveedores, dado que acordaron la fijación del aumento de los planes, así como también los valores promedio para los aumentos a hospitales, médicos y farmacéuticas.

La denuncia presentada por los legisladores de la CC refiere la comisión de la conducta prevista en el inciso a) del artículo 2 de la ley, que plantea que “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado”. Esta conducta se considera restrictiva de la competencia, por lo que la mera acción coordinada de dos o más competidores para la fijación de precios a los consumidores y usuarios, o para coordinar posturas frente a sus proveedores, es considerada una conducta ilegal per se. Eso significa que acreditada la conducta, se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia.

“Queremos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analice la conducta de la Unión Argentina de Salud que es la cámara de las empresas de medicina prepaga. No es el rol de la Cámara coordinar los aumentos de precios o las políticas respecto de los proveedores. Belocopitt no es consciente de que anunció la comisión de una actividad ilícita, no pueden hacer lo que hicieron”, plantearon desde la CC.

En la presentación, los diputados de la Coalición Cívica manifiestan que tomaron conocimiento de los hechos por los medios de comunicación en los que el propio Claudio Belocopitt, que es presidente de la Unión Argentina de Salud, y presidente de Swiss Medical, contó cómo operó el cartel. Complementan esta información con las comunicaciones de las prepagas a sus afiliados, confirmando los aumentos.

Los legisladores de la CC consideran que “se deben evaluar algunas cuestiones como la posibilidad de establecer los refuerzos adecuados de los controles estatales por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud; incluir en el marco regulatorio mecanismos que permitan una portabilidad efectiva de prestaciones frente a la existencia de enfermedades preexistentes y/o cualquier otro motivo que encarece el costo de libre entrada y salida de los planes. Esto incluye facilitar el proceso de continuidad de los tratamientos en curso y otras contingencias que puedan ser abordadas desde un fondo de amortización para la portabilidad. Se contempla la situación de los adultos mayores que llegan a la vejez debiendo pagar excedentes adicionales a su cuota de prepaga y obra social, o pasar al PAMI. Esto rompe la solidaridad del sistema, que sí se podría lograr mediante la incorporación de un componente de seguro de salud de ancianidad en el pago de la obra social / prepaga. Finalmente se deberá pensar en la posibilidad de mejorar el sistema de información al usuario, para permitirle conocer el contenido de los planes de salud y los precios de la competencia, con una composición elaborada por el Estado Nacional. Esto para facilitar la decisión de los usuarios”.

“Si quieren los beneficios de un mercado liberado para fijar precios, entonces tienen que aceptar las restricciones y consecuencias de un libre mercado: tienen que competir. Competir por precios y por mejores servicios”, concluyeron.

El diputado nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio Omar De Marchi presentó un proyecto de resolución a fin de solicitar al presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja Pablo Yedlin disponga convocar a representantes de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) para que expongan sobre la situación del sistema de salud en el país. 

En los fundamentos, expresó su preocupación por las recientes declaraciones de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que manifestó: “Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente”. 

Asimismo, De Marchi advirtió la circulación de un paper entre dirigentes de La Cámpora que habitan en el Ministerio de Salud bonaerense titulado “Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024”. 

El legislador, señala que entre algunos lineamientos, la iniciativa promueve una reestructuración del sistema a través de una ley nacional y el surgimiento de un sistema integrado. “Hay que recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud, bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa”, señala el documento. 

El escrito de La Cámpora plantea también la intervención del Estado en los precios de los medicamentos y en determinadas prestaciones, la integración del área de salud laboral al sistema integrado en reemplazo del sistema de riesgos del trabajo y la creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene que funcionen bajo la órbita estatal. 

Frente a ello, De Marchi recordó que los pasos implementados por el kirchnerismo “han demostrado desde enero de 2020 una gran ineficiencia relacionada con las medidas y la transparencia al gestionar y conducir la pandemia, generando desastrosos impactos, en lo social, en lo económico y lo educativo”, y agregó que la situación del sistema de salud argentino “atraviesa una crisis sin precedentes”. 

Sobre el final del pedido, De Marchi señala que por lo expuesto “resulta fundamental otorgar un espacio a las entidades de medicina prepaga para que expresen sus problemas y sugerencias frente a todas las fuerzas políticas”. 

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para solicitar, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), al Ministerio de Salud de la Nación un informe detallado acerca del precio de las cuotas mensuales de las obras sociales privadas que deben pagar los ciudadanos. 

“Queremos conocer los aumentos autorizados durante el año 2020 a la fecha y aclare sobre los motivos por los cuales se ve afectada la disposición para atender consultas y/o servicios específicos diferentes a los relacionados con el Covid 19, como hemos tomado conocimiento ocurre sistemáticamente en la práctica”, dijo el autor del proyecto, el diputado nacional Álvaro de Lamadrid. 

Además, de Lamadrid agregó que “la actual crisis por la que atraviesa el país ha generado gran preocupación en todos, su más grave consecuencia es en lo relacionado a la salud, por el impacto de la pandemia del Covid-19, pero también por el impacto en personas que sufren de otras enfermedades o dolencias que también las han obligado a necesitar citas médicas y han encontrado dificultades”.  

En el proyecto se ponen de ejemplos casos que han tenido dificultad para ser atendidos a pesar de contar con una obra social privada pagada al día, como por ejemplo: Aída C., una mujer de 46 años, no ha podido tener turno a través de su obra social OSDE. Al llamar le han dicho que no atienden ese tema directamente. Carlos T., de 27 años, contó que su obra social, también OSDE, no le da turno para el dentista, le dicen que lo lamentan, que deberá esperar y tampoco pudo atenderse con un odontólogo particular porque éste les ha dicho que la obra social no les paga las consultas, que si se quería atender debía pagar en efectivo sin reembolso de obra social posterior. Otro caso es el de Graciela G., de 30 años, no pudo hacerse atender hace tres meses por un dermatólogo debido a un sarpullido en sus manos y brazo porque la obra social, Swiss Medical, no le da turno y le dice no están atendiendo ese tipo de temas. 

“No solamente muchos afiliados tienen dificultades para acceder a atención médica, sino que también las obras sociales han aumentado sus precios”, recalcó el diputado radical Álvaro de Lamadrid. 

El proyecto también señala la preocupación de las dificultades económicas que ha generado la pandemia en la ciudadanía, sobre todo en sectores vulnerables como los de mayor edad. “No ha existido un programa que les facilite los pagos ni tampoco que les asegure el acceso a todas las consultas y servicios por los que ellos están pagando”, manifestó el legislador al respecto. 

Acompañan el pedido de informe los diputados: Estela Regidor, Gabriela Lena, Aída Ayala, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Sofía Brambilla, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Jorge Vara, Virginia Cornejo, Alberto Asseff, Lorena Matzen, Héctor Antonio Stefani, Gustavo Menna, Martín Berhongaray y Adriana Ruarte. 

La periodista y diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para que las cuotas de los planes de prestaciones de servicios de medicina prepaga tengan un descuento del 50% por el tiempo que dure la cuarentena debido a la emergencia sanitaria y plantea que sea de carácter retroactivo al inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que comenzó el 20 de marzo.

“El objetivo es que el esfuerzo sea compartido entre usuarios y usuarias, por un lado, y las empresas de medicina prepaga por el otro, para alcanzar una salida solidaria a la crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid-19”.

Además, el texto propone suspender la rescisión por falta de pago de los contratos de prestación de servicios de medicina prepaga en los casos en que el usuario acredite que por su condición de monotributista, autónomo o desempleado no ha percibido ingresos propios de ningún tipo durante la vigencia del ASPO.

“Este proyecto busca llevar alivio a vastos sectores que durante esta crisis han percibido menos ingresos y adquiere importancia mayor para los residentes de la ciudad de Buenos Aires donde, según datos de la UCA, el 41% tiene como cobertura médica algún plan de medicina prepaga”, precisó Marziotta.

La iniciativa subraya que desde el inicio del ASPO las prepagas brindan muy pocas prestaciones médicas que no estén vinculadas al COVID-19 o se limitan a casos de urgencia, y remarca que en muchos casos “se dan turnos para consultas que terminan siendo cancelados o reprogramados”.

“Asumimos la defensa de los derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de medicina prepaga entendiendo que el acceso a la salud es un derecho humano que debemos garantizar en todas circunstancias y más aún en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo”, concluyó Marziotta.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó una iniciativa para garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad para la asistencia de pacientes en los consultorios odontológicos y médicos mientras dure la emergencia sanitaria por el Covid-19. Esta acción fue acompañada por una carta dirigida al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, solicitando reforzar las medidas de seguridad tanto para los profesionales como para las personas que se atienden.

“Es fundamental proteger a los odontólogos, médicos y a todo aquel que brinde un servicio de salud en contacto directo con pacientes, como así también a los pacientes mismos, y que no sean estos ni aquellos los que carguen con el costo material de la compra de los Elementos de Protección Personal”, sostuvo.

A través de un proyecto de ley presentado la semana pasada en la Cámara Alta del Congreso, el exgobernador rionegrino propuso que se incorpore en el Programa Médico Obligatorio (PMO), la cobertura del Equipo de Protección Personal para la atención odontológica y médica para todo otro servicio de la salud.

Solicitó además que se establezca un límite máximo en los precios de Equipos de Protección Personal (EPP) para protocolo básico de bioseguridad, como también regular el tiempo de cobro con el fin de procurar que los  prestadores de salud lo puedan efectivizar en tiempo y forma. A su vez, establezca la imposibilidad de cobro de cualquier suma diferencial a los pacientes por parte de los profesionales de la salud por la utilización de los mismos (coseguro).

“A través de esta iniciativa buscamos cuidar a todo el personal que se ocupa de la atención de la salud, tanto a todos aquellos que están en primera línea en la lucha contra el coronavirus, como a quienes están en contacto directo con pacientes, sean médicos, odontólogos y todo otro agente relacionado con la salud”, explicó Weretilneck.

El EPP está compuesto por un camisolín hemorrepelente y cubre zapatos descartables e impermeables, cofia, gafas de protección ocular, pantalla facial protectora, guantes de látex, barbijo N95 y de todo otro elemento que el Ministerio de Salud pueda ir recomendando en el futuro, dependiendo del nivel de complejidad de la atención requerida.