En medio de la delicada situación que atraviesa Venezuela desde la detención de Nicolás Maduro, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál buscan repudiar las declaraciones del diputado de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Alejandro 'Pitu' Salvatierra respecto de la liberación de presos políticos en ese país.

El rechazo de la bancada conducida por María del Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei en la Casa, se originó después de que el dirigente político participara de un streaming conducido por Julia Mengolini en el que se analizó la situación de Venezuela y allí expresara su enojo por la liberación de algunos detenidos por el régimen. "Comprendo que están acorralados, cuando dijiste 'están negociando con una pistola en la cabeza´, entonces eso no es una negociación sino un apriete. Evidentemente el gobierno venezolano no debe tener la capacidad de responder, está claro que no tiene la capacidad porque le llevaron el presidente. Me causa dolor que el gobierno bolivariano que arrancó Hugo Chávez termine liberando presos políticos", manifestó el dirigente peronista.

Atentos a estas declaraciones, los libertarios impulsaron una iniciativa para expresar su repudio a estas declaraciones. "Desde nuestro bloque repudiamos los dichos del legislador kirchnerista Pitu Salvatierra. Banalizar la situación de los presos políticos en Venezuela mientras hay argentinos detenidos ilegalmente es inaceptable. La función pública exige seriedad. Con la libertad no se jode", manifestaron.

En los fundamentos del texto presentado, precisaron que "corresponde destacar que estas expresiones resultan impropias, desafortunadas y profundamente insensibles frente a un proceso que involucra la libertad, la integridad y la dignidad de miles de personas que han sido privadas ilegítimamente de sus derechos fundamentales" y consideraron que "las afirmaciones vertidas no solo banalizan el sufrimiento de quienes fueron perseguidos, encarcelados o forzados al exilio por motivos políticos, sino que además desconocen la complejidad y fragilidad del momento que atraviesa Venezuela en su camino hacia la reconstrucción institucional y la recuperación del orden democrático. En contextos de transición, cada palabra emitida por actores públicos tiene impacto político, social y humano, por lo que exige responsabilidad, prudencia y respeto".

Sobre esa misma línea, LLA aseveró que "la liberación de presos políticos no puede ser interpretada ni utilizada como objeto de ironía, u oportunismo político, siendo que nos interpela de manera directa como argentinos y como porteños, en tanto existen compatriotas que han sido víctimas de detenciones arbitrarias en ese país, como es el caso de Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, quien se encuentra detenido desde el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander con el propósito de visitar a su pareja y a su hijo de dos años, residentes en Caracas".

"Entendemos que la función pública exige un estándar más alto de responsabilidad discursiva, especialmente cuando se abordan temas que involucran violencia política, persecución estatal y sufrimiento humano. Por ello, desde el bloque de La Libertad Avanza reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la democracia, los derechos humanos y la libertad de todas las personas, sin distinciones ideológicas ni partidarias, y exhortamos a todos los representantes públicos a expresarse con seriedad, sensibilidad y responsabilidad institucional frente a procesos históricos que requieren prudencia, respeto y una profunda vocación democrática", sentenciaron.

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau aseguró este lunes que no cree “ni en la amnistía ni en el indulto” y se mostró a favor de “seguir insistiendo por la vía judicial” en las causas que involucran a dirigentes del kirchnerismo.

“No creo ni en la amnistía ni en el indulto. Hay que seguir insistiendo por la vía judicial”, sostuvo Moreau sobre la solicitada con más de 5.000 firmas publicada el fin de semana, en la que dirigentes del oficialismo y personalidades internacionales denunciaron la existencia de una “persecución política” contra exfuncionarios kirchneristas y reclamaron la libertad del exvicepresidente Amado Boudou.

En la solicitada publicada en varios medios nacionales, los dirigentes aseguraron que “la persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”.

Al ser consultado sobre ese texto, Moreau consideró que además de presentar planteos ante la Justicia argentina se debe hacer el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En declaraciones a Radio Con Vos, el diputado nacional coincidió en que se trata de “una persecución política” contra exdirigentes del kirchnerismo y dijo que la Corte Suprema “eludió su responsabilidad” en cuanto a atender las “irregularidades dilatorias y violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso” en las causas que involucran a exfuncionarios.

“El problema de que en Argentina no haya justicia es la Justicia”, aseveró el diputado, que preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

El presidente Alberto Fernández reiteró este miércoles que no otorgará indultos a funcionarios de la gestión anterior que se encuentran condenados, tal como pidieron algunas voces del kirchnerismo como el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Y aclaró que en el caso de personas procesadas, no le corresponde a él, sino al Congreso.

“Yo a la palabra le asigno un valor central. Yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más sus remedios y lo cumplí. Hice campaña diciendo que iba a promover una ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo, y lo cumplí. E hice campaña diciendo que yo no iba a dictar indultos, y lo voy a cumplir”, ratificó en diálogo con Radio con Vos.

Y agregó: “El indulto para mi es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonan a quien había sido condenado, y en esos mismos términos se transfirió a la Constitución argentina”.

El presidente aclaró que “en la Constitución argentina aparecen algunas limitaciones a los indultos: dice que el presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual no borra la condena. Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto. Eso se llama amnistía y es algo que depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto tiene que haber alguien condenado. El indulto es un perdón que da el presidente”.

Fernández insistió: “Cuando la Justicia actúa, no tengo por qué perdonar. Yo no soy quién para perdonar, aun cuando tengo esas facultades”.

De todos modos, consideró que “en estos últimos cuatro años hubo muchos procesos -no digo todos- que han sido desarrollados en términos procesales de modo muy irregular. Lo que le pido a la Justicia es que revise lo que pasó en estos cuatro años porque hay cosas que no están bien”.

Los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) marcharon hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir la liberación de “los presos políticos” antes de que se lleven a cabo las festividades de fin de año y levantaron las imágenes de Milagro Sala y Amado Boudou.

La opositora Lucía Cámpora (FdT) compartió en las redes sociales varias imágenes de la movilización y consideró que hecho de “que en nuestro país aún existan presos políticos es un ataque al pueblo y la democracia”.

Al mismo tiempo que manifestó que “el lawfare y la persecución política siguen dañando el Estado de derecho” e insistió en que “volvimos a la Corte para exigir una Navidad más justa”.

Sobre esa misma línea, el legislador Javier Andrade (FdT) se movilizó bajo el lema “Navidad sin presos políticos” y aseguró que la marcha fue “para decirle a la Corte Suprema que no vamos a aceptar el lawfare, basta de persecución y encarcelamiento a opositores”. Mientras que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT),  pidió que se termine “la persecución judicial”.

Asimismo Lorena Pokoik (FdT) explicó que “marchamos para exigir la liberación de los presos políticos a causa de la persecución mediática, política y judicial macrista. Pero el macrismo también utilizó otros organismos del Estado para hostigar a Cristina Fernández de Kirchner, ¡es gravísimo, de toda gravedad’.

Por otro lado,  el diputado Leandro Halperín (UCR-Ev) cuestionó duramente al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por haber asegurado que en la Argentina existen los presos políticos. “Es grave que un ministro del Poder Ejecutivo Nacional diga que en la Argentina hay presos políticos. No se debe, ni se puede banalizar las violaciones a los Derechos Humanos. No es imprudencia, es irresponsabilidad”, concluyó.

El presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR- Córdoba), salió al cruce de los dos sectores del Gobierno que están debatiendo en la opinión pública si en el país hay o no presos políticos.

El legislador radical utilizó la red social Twitter para referirse al tema: “El Presidente y el jefe Gabinete dicen que no hay presos políticos en el país, mientras otros ministros denuncian que sí los hay. Llama la atención que ningún sector del PJ gobernante se haga cargo de lo obvio: lo que hay en Argentina son políticos presos por hechos de corrupción”, escribió.

Negri ya había polemizado con el senador Oscar Parrilli hace tres semanas cuando el ex secretario general de la Presidencia y ex jefe de la AFI había denunciado la existencia de presos políticos. A Parrilli se sumaron luego opiniones similares del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y en las últimas horas de la ministra de Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. “Acá no estamos ante simples diferencias conceptuales, en esta guerra de declaraciones se está jugando la independencia del Poder Judicial”, advirtió oportunamente Negri.