Durante su exposición ante el plenario de comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro valoró la importancia de haber modificado leyes para cambiar las condiciones de detención en su provincia y recomendó discutir ese tema a nivel nacional.

El mandatario provincial ejemplificó al señalar la necesidad de establecer “cuáles son las libertades que se pueden permitir a un preso. Creo que hay que delimitar, y es verdad que la última ley la logramos en el mes de abril y ya los delitos contra la vida y la propiedad habían tenido una baja significativa”. Pero destacó que hubo dos leyes clave: la que les permitió cambiar las condiciones de detención y la de inteligencia criminal.

El gobernador destacó la importancia de “controlar la cárcel”. Evitar por ejemplo el ingreso de celulares, a través de las visitas, que les permiten mandar a cometer delitos afuera, y por eso destacó la importancia de tener “un régimen de aislamiento que no les permita hacer delitos afuera”.

“Creo que hay que legislar sobre lo que es el aislamiento pleno de una persona que manda a matar en la calle. Si le das la posibilidad de una visita íntima, o familiar, mandan a matar para que retrocedamos en una política pública. Hay que debatir eso en la Argentina, porque es lo que viene”, advirtió.

El gobernador habló de un círculo de violencia y mostró más datos: en el año 2000, en Rosario se cometieron 73 homicidios; en 2009, 127; en 2022 esa cifra llegó a 290. Había habido una baja en 2016, con 181 y en 2017, con 165, cuando él era ministro de Seguridad del que definió como “el mejor gobernador que tuvo la provincia: Miguel Lifchitz”.

“Cuando se practican políticas claras de persecución, y yo no tenía las herramientas que hoy tengo, que nos permiten aislar a los presos destacados y eso que baje la violencia de afuera. Si fuera por mí, al menos a 500 presos no les permito la visita conyugal, ni acercamiento familiar. Que no hablen con nadie”, remarcó, para agregar luego: “Que no hablen con nadie, porque les das un milímetro de ventaja y te mandan a matar. No puede ser el Estado bobo, tiene que ser proactivo e inteligente”.

El ministro de Seguridad santafesino Pablo Cococcioni valoró también el endurecimiento de las condiciones de detención que ya habían implementado durante la gestión ministerial de Pullaro, cuando él era secretario de Asuntos Penitenciarios. Entonces instauraron de manera reglamentaria un régimen para reclusos de alto perfil. Aclaró que entonces lo que comenzaba a darse era “un fenómeno nuevo, presos que hacían cosas que nunca las hacían”.

“Hoy, luego de varias declaraciones de inconstitucionalidad de esas resoluciones dictadas por mí, decidieron dictar una ley que votaron 47 de 50 diputados y 19 de 19 senadores. Declarar inconstitucional eso roza bastante el principio democrático”, enfatizó Cococcioni.

El funcionario señaló que hicieron una ley de ejecución provincial que les ha permitido mejorar mucho, y remarcó el papel de los “grupos de requisa”, que actúan con el rostro cubierto, con rotación y medidas extra de seguridad, con las que pretenden dar un resguardo al personal penitenciario que “debe ser protegido de todo tipo de amenaza”.

El ministro contó que “se restringió el tipo de visitas. Para esos presos, es por tiempo reducido, hasta dos familiares y blindex de  por medio. No tienen esas visitas que duraban todo el día, donde entraban 300 personas y cohabitaban con los presos”. Admitió, sí, que ninguno de esos métodos es infalible y puso como ejemplo uno de los  homicidios que fue ordenado incluso mediante el blindex. “No podían usar el celular, y la orden la transmitieron directamente a través de la pareja”, contó Cococcioni, que destacó que al autor del hecho se le suspendió por tiempo indefinido la posibilidad de visitas.

Volvió luego sobre la ley que votaron para restringir las condiciones de detención fueron votadas a nivel provincial por todos, “a excepción de uno o dos diputados, y uno que faltó. Todo el arco político”, dijo, por lo que sugirió que “se analice discutirlo a nivel nacional, porque son los mismos partidos”.

Más tarde el gobernador Pullaro valoró tener mayores facultades que las que tiene el Servicio Penitenciario Federal, que les permite tener mayor aislamiento y controles con los presos. Y nuevamente recordó su gestión ministerial, cuando no tenían la posibilidad de controlar el ingreso de alimentos. “Eso tiene un problema logístico: es imposible requisar todo”, dijo, precisando que a través de los alimentos ingresaban droga, armas  y teléfonos celulares. “Han ingresado lechón, pata de ternera, bolsa de lechuga, caja de bananas”, ejemplificó, recordando que al último ministro de Seguridad de Omar Perotti, Roberto Sukerman “se le fugaron dos presos en una caja de bananas”.

Comentó que han podido limitar esas cosas con la utilización del escáner. Y remarcó que “esta semana por primera vez nos permitieron requisas intrusivas. Eso no es menor: ano y vagina, (por ahí) entran permanentemente elementos prohibidos a la cárcel. La materia orgánica no la detectan los sistemas. Creo que en algunos casos hay que elevar ese tipo de controles. Armas, drogas y particularmente telefonía celular”.

A raíz de las fugas de presos que se dieron en las últimas semanas, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa para que el distrito capitalino cuente con un servicio penitenciario propio, lo que permitiría resolver problemas centrales en materia de seguridad.

El proyecto de ley prevé crear un servicio penitenciario que tendrá “como objetivos principales la custodia y alojamiento transitorio de los procesados, la ejecución de sanciones penales privativas de la libertad dispuestas por la justicia competente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reinserción social de las personas privadas de libertad, el respeto a sus derechos humanos y el mantenimiento del orden y la seguridad en los centros de detención”.

De esta manera, la iniciativa habilita asimismo la creación de cárceles de instancia privada, a los efectos de enfrentar el problema procurando que el sistema resulte autosustentable y no depende exclusivamente de los recursos provenientes de una mayoría de ciudadanos que no incurren en conductas delictivas ni se hallen en las instancias de detención mencionadas.

Además, esto permitiría descomprimir las 21 alcaidías, los 13 anexos, los centros contraventores y los alojamientos transitorios de las 54 comisarías en la Ciudad, que deriva en una indiscriminada sobrepoblación de personas privadas de su libertad, duplicando o triplicando su capacidad máxima, todo lo cual favorece no solo a la seguridad de los porteños sino también a la de los habitantes del AMBA en su conjunto.

Cabe recordar que, si bien la Ciudad cuenta con su propia legislación, todavía no resuelve la situación emergente de las personas privadas de su libertad para su alojamiento transitorio y permanente, ya que estos —del tipo alcaidías—, no cumplen con las medidas de seguridad penitenciarias suficientes para garantizar la seguridad de la población y el bienestar de las personas privadas de su libertad.

Frente a la crisis que se vive en la Argentina en materia de inseguridad el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) encabezó un proyecto de ley que busca actualizar la Ley 24.660 para que los presos no puedan hacer uso de teléfonos celulares y se instalen inhibidores de señal en los penales.

“Vimos hoy cómo se filtraron en los medios el recibimiento que le hicieron en la cárcel a los detenidos por el crimen de Morena (Domínguez). La situación está fuera de control. A esta evidencia se suma que todos los días las bandas narcos siguen operando estando detenidos, necesitamos actualizar nuestra legislación para que sea el Estado el que regule el derecho de comunicación de los detenidos”, declaró Tetaz.

El texto plantea sustituir el artículo 68 de la Ley 24.660 para que quede redactado: “El dinero, los objetos de valor y demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósito. Queda prohibido la tenencia de equipos o terminales móviles y cualquier otro dispositivo que permita las comunicaciones telefónicas a través de aplicaciones informáticas de servicios de mensajería IP y redes sociales, como WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y cualquier otra similar, actual o futura. Se adoptarán las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero y otros objetos, en la medida que se encuentren permitidos. Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos”.

Y agrega que “para preservar la seguridad general, regular el derecho a la comunicación de los detenidos y evitar la utilización de teléfonos inteligentes con fines delictivos se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones y/o módulos de cada penal, y/o en las alcaldías donde se alojen detenidos”.

Además, plantea que “los registros en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y las requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad humana”.

La iniciativa surgió a través del concurso “Diputado por un Día” organizado por el economista de JxC en sus redes sociales. Los ciudadanos presentaron diferentes ideas para proyectos de ley y convirtió en proyecto la iniciativa más votada de Juan Cruz Nieva Giménez.

“Garantizar la seguridad se tiene que convertir en la prioridad del próximo gobierno, se tiene que realizar un trabajo integral para mitigar el crimen entre los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo”, concluyó Tetaz

El proyecto de ley contó con el acompañamiento de la firma de los diputados nacionales Ana Clara Romero, Pablo Torello, Héctor Stefani, Laura Castets, Fabio Quetglas, Florencia Klipauka, Manuel Aguirre, Alejandro Finocchiaro, María Luján Rey, Lidia Ascarate, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, Carlos Zapata, Sabrina Ajmechet, Marcela Antola y Roberto Sánchez.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC), junto a más de una treintena de legisladores de diferentes bloques opositores, presentó un proyecto para que se cite al Congreso al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que explique sobre el uso de celulares y delitos cometidos desde establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

Luego de la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ahora un grupo de diputados buscan que Soria se presente para dar cuenta sobre la política penitenciaria en Argentina, que depende precisamente de su Ministerio.

“Las cárceles en Argentina funcionan mal. Tanto es así que desde los propios establecimientos penitenciarios se coordina el accionar de las bandas delictivas. La semana pasada se encontraron celulares en los allanamientos ordenados en cárceles federales, los fiscales presentaron varios informes advirtiendo la situación, pero el Gobierno aún lo niega. El ministro de Justicia debe explicar cómo es que el Estado, por acción u omisión, se termina convirtiendo en cómplice de los delitos que se cometen bajo su supervisión”, sostuvo Carrizo.

En efecto, en 2021 el Ministerio Público Fiscal publicó un informe en el que se advertía de esta situación, que se encuentra expresamente prohibida desde el año 2017 (mediante Ley N°27.375 que introdujo una modificación en el artículo 160 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal), y realizó 14 recomendaciones concretas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recientemente, reanudaron la solicitud al Gobierno ante la escalada de hechos de inseguridad.

“El caso de Rosario no solo puso en escena la falta de políticas concretas del Gobierno contra la inseguridad y el delito organizado, también evidenció que no hay una política penitenciaria”, remarcó la radical y agregó: “El Estado está ausente fuera y dentro de las cárceles. Y no es que falten leyes, en el 2017 se prohibieron los celulares en los penales, pero el Gobierno no las cumple”.

El proyecto lleva las firmas de Victoria Tejeda, Mónica Fein, Enrique Estévez, Alejandro “Topo” Rodríguez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Mariana Stilman, Dolores Martínez, Marcela Antola, Gabriela Brower de Koning, Fernando Iglesias, Dina Rezinovsky, María Luján Rey, Soledad Carrizo, Francisco Sánchez, Ana Clara Romero, Lidia Ascárate, Marcela Campagnoli, Carlos Zapata, Ximena García, Mónica Frade, Juan Martín, Ingrid Jetter, Germana Figueroa Casas, Gabriela Lena, Alejandro Finochiaro, Alfredo Schiavoni, Julio Cobos, Mario Barletta, Sabrina Ajmechet y Ruben Manzi.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 2 de la Ley 20.744 con el objetivo de que los presos estén exentos de la Ley de Contrato de Trabajo al igual que los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, el personal de casas particulares y los trabajadores agrarios.

Respecto de la iniciativa, que acompañan los diputados salteños Virginia Cornejo y Carlos Zapata, Milman explicó que “no toda relación laboral está regida por la ley de contrato de trabajo. Nadie consideraría que los trabajadores del servicio doméstico o los agrarios o los del estado o los de la construcción no son trabajadores, simplemente no se les aplica la ley de contrato de trabajo”.

“En el caso de las personas privadas de su libertad ocurre de igual manera. Las especiales características inherentes al trabajo, derecho y deber del interno, dentro del régimen penitenciario –antes apuntadas-, nos permiten indicar que, como faceta sustancial dentro del tratamiento de progresividad del régimen penitenciario, no puede ser igualado en tal sentido al de las personas en libertad”, plantea en el proyecto.

Además, señala que “las características especiales del trabajo dentro del tratamiento penitenciario en cuanto, tendiendo a la resocialización del interno, tiene como primordial objetivo el de propender a la formación y mejoramiento de los hábitos laborales y a procurar la capacitación para desempeñarse en la vida libre”.

Por último, el diputado del Pro aclaró que el trabajo de las personas privadas de su libertad bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, está regulado por la Ley 24.660 y el Decreto 303/96.

La Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo de la Cámara Nacional Electoral que requiere al Congreso el tratamiento de una ley para permitir el voto de las personas condenadas, ya que “la prohibición de votar podría estar justificada en casos puntuales de condenados por determinados delitos, pero no en forma genérica”.

En el año 2016 la Cámara Nacional Electoral declaró la inconstitucionalidad de las normas que suprimen, en forma genérica y absoluta, el derecho al voto de las personas condenadas en proceso penal. En línea con antecedentes propios de ese Tribunal -que reconoció el derecho al sufragio de los detenidos sin condena (caso “Mignone” del año 2000)- y como lo hicieron otros tribunales en el derecho electoral comparado, la Cámara resolvió que si bien el Estado puede restringir el voto en determinados supuestos, las restricciones deben respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos que exigen que la privación de un derecho esencial como el de sufragio, esté debidamente justificada y guarde proporcionalidad con el propósito que se persigue.

“Así, la prohibición de votar podría estar justificada en casos puntuales de condenados por determinados delitos, pero no en forma genérica. Del mismo modo ha ocurrido con las incapacidades civiles, que ya no prohíben en todos los casos el ejercicio del sufragio, sino que deben graduarse y verificarse para cada persona, cuándo se justifica y cuándo se restringe el derecho al voto”, fundamentaron.

En ese contexto, la Cámara Electoral requirió al Congreso de la Nación el tratamiento de una ley que contemple las diferentes situaciones de las personas con condena penal. Sin embargo, pasados más de cinco años, no se ha dictado una ley en ese sentido.

A raíz de ello, por la acción de la Defensoría Pública en un caso referido a esa mora el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó el criterio de la Cámara y estableció en sentencia de fecha 10/02/22 que “el Tribunal advierte que la parte recurrente tiene la posibilidad de solicitar la ejecución de la condena sobre la base del vencimiento de la pauta temporal impuesta en la sentencia apelada; máxime cuando han transcurrido más de cinco años desde que la Cámara Electoral dictó sentencia y el Congreso de la Nación … no … ha dado tratamiento a los diversos proyectos presentados a efectos de implementar el derecho a votar de los condenados”.

El diputado nacional Luis Petri propone crear el Registro Nacional de Estadísticas Penitenciarias y de Beneficios acordados (ReNEPeB), para internos alojados en unidades carcelarias de todo el país, por aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena. Es para contar con información actualizada y sistematizada de la situación en la que se encuentran las personas en contextos de encierro en aplicación de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad.

Actualmente, “hay baja información de los sistemas penitenciarios respecto de la cantidad de personas que alberga, en qué condiciones, cuántos se encuentran procesados, cuántos condenados, cuántas prisiones domiciliarias se otorgaron, cuántas prisiones preventivas o salidas transitorias, entre otras variables. Es necesario tener mayor información para tomar medidas adecuadas y, es por ello, que propongo la creación de este Registro”, indicó Petri, a quien acompañan en esta iniciativa sus pares Alfredo Cornejo y Waldo Wolff, entre otros.

“La pandemia no puede utilizarse como excusa para liberar masivamente a condenados por delitos violentos. Empoderar a delincuentes con la anuencia del Gobierno trae como consecuencia un espiral de violencia e inseguridad para toda la sociedad”, destacó Petri.

La iniciativa prevé que los juzgados de Ejecución Penal, estarán obligados a enviar al Registro testimonio de la parte dispositiva de los siguientes actos procesales, debiendo indicar si se trata de: Salidas Transitorias; incorporación al Régimen de Semilibertad; Prisión discontinua, Semidetención, Prisión diurna y nocturna; Prisión domiciliaria; Libertad asistida; Otorgamiento de libertad condicional; Constancia del cumplimiento del artículo 11 bis de la ley 27.375 respecto de la víctima del delito; y en general todos los beneficios comprendidos en el período de prueba previsto por la ley de Ejecución de la pena.

Además, deberán asentarse los datos pertenecientes al condenado, tales como, domicilio o residencia fijado para gozar del beneficio y/ libertad condicional; profesión, empleo, oficio u otro medio de vida denunciado; números de prontuarios; condenas anteriores y tribunales intervinientes; el tiempo de la condena fijado por el Tribunal; la fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó y el número de causa; los antecedentes penales, los dictámenes del Organismo Técnico Criminológico y el Consejo Correccional del Establecimiento Penitenciario y las normas que el condenado debe observar.

La diputada nacional Beatriz Ávila se refirió al tema que hoy está en boca de todos, y advirtió que es evidente que “muchos condenados se están aprovechando de la situación de pandemia, de crisis sanitaria, para pedir la prisión domiciliaria”. Además, se refirió a la decisión del presidente de la Cámara baja Sergio Massa de habilitar una sesión “mixta”, y sostuvo que está a favor de las sesiones virtuales, “ya que con la tecnología que existe lo podemos hacer, y es lo más conveniente y responsable”. 

En diálogo con Sergio Gutiérrez en Edición Calificada Radio la legisladora señaló que, desde que se declaró el aislamiento en el país, tomó la postura de “pregonar, e impulsar las sesiones de maneras virtuales”, y consideró que “quienes tenemos responsabilidades públicas les estamos diciendo a la población en general que debemos mantener el aislamiento, tenemos que quedarnos en nuestra casa, que hasta ahora es la única manera que tenemos de protegernos de la pandemia”. 

En este sentido, sostuvo que le parece que es “una incoherencia” que les pidan que viajen a la Ciudad de Buenos Aires, “donde lamentablemente está circulando el virus, para estar en un recinto cerrado en donde van a haber 500 personas para sesionar, y después volver a mi provincia, con la posibilidad de contagiar a cientos de tucumanos. No me parece muy responsable, cuando con la tecnología que existe hoy podemos hacer una sesión virtual”. 

Asimismo, pidió “ser coherentes” con lo que le piden a la sociedad que hoy está haciendo grandes sacrificios: “Por eso creo que es buena la decisión que se va a tomar, de que quienes tengan la posibilidad de estar de manera presencial lo hagan, tomando los recaudos necesarios, pero quienes pensamos que hay que hacerlo de manera virtual, también lo hagamos. Siempre que sea con un sistema transparente, y eficaz”, expresó la legisladora. 

Por otro lado, Ávila se manifestó “totalmente en desacuerdo” con la liberación de presos, y consideró “inadmisible la medida que están tomando algunos miembros del Poder Judicial”.

Al respecto, sostuvo que “da la sensación que la gente está pensando que muchos presos se están aprovechando de la situación de pandemia, de crisis sanitaria, para pedir la prisión domiciliaria. Creo que aquellos que han cometido un delito, y que han sido condenados, tienen que cumplir”, aunque admitió que también es cierto que este tema “ha vuelto a visibilizar la problemática del sistema carcelario argentino: que es el hacinamiento, la falta de espacio, la falta de agentes penitenciarios, que es una deuda pendiente que todavía tiene el estado, porque es cierto que hay que ver la salud de los presos”; pero que “de ninguna manera puedo admitir que la solución sea dejarlos libres, con prisión domiciliaria”, concluyó la diputada nacional por el partido por la Justicia Social de Tucumán.

Los diputados nacionales Luis Petri, Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y varios legisladores de Juntos por el Cambio presentan un proyecto para prohibir las salidas anticipadas, fundadas en situaciones de emergencia, fuerza mayor, superpoblación o razones sanitarias, de forma masiva y/o generalizada.

La iniciativa exceptúa de eventuales beneficios a los condenados por homicidios agravados; delitos contra la integridad sexual; privación ilegal de la libertad coactiva y secuestro extorsivo “si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida”, y tortura seguida de muerte”, entre otras causales.

En otro pasaje, el proyecto prohíbe el otorgamiento de salidas transitorias; régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención, o libertad asistida, fundados esos casos en situaciones de emergencia, fuerza mayor, superpoblación o razones sanitarias, de manera masiva y/o generalizada.

“El Estado debe garantizar el cumplimiento de las condenas, la seguridad de la población, los derechos de las víctimas y también las condiciones sanitarias de quienes se encuentren privados de la libertad, sin que exista conflicto o incompatibilidad entre ellos”, aseguró Petri. Además, agregó: “La pandemia no puede transformarse en una excusa o salvoconducto que permita a condenados recuperar su libertad so pretexto de este en peligro su salud”.

Por otro lado, el legislador mendocino explicó que “frente al hacinamiento y la pandemia existen otras posibilidades distintas a la liberación. Podría reubicarse a condenados por delitos leves en cuarteles o establecimientos en desuso, que sólo necesitarían reforzar su custodia, control y vigilancia. Garantizando la distancia social, la atención médica y los protocolos de seguridad, orden, alimentación y saneamiento”. En ese sentido, Petri advirtió que “no podemos perder de vista que el fin y justificación de las penas es, en definitiva, proteger a la sociedad frente al crimen.

“Cuando se incumplen las condenas, cuando se libera anticipadamente presos desprotegiendo a la sociedad, no hay otra cosa que impunidad. Esa es, nuestra pandemia de todos los días”, concluyó Petri.

El bloque de diputados del Pro, que preside Cristian Ritondo, dio a conocer este jueves una carta abierta dirigida a funcionarios y magistrados, en la que expresó su preocupación por la excarcelación de personas privadas de su libertad debido a la posible propagación de Covid-19 en las cárceles.

“Les solicitamos a los funcionarios y magistrados que piensen primero en los inocentes, que han sufrido el arrebato de sus Derechos Humanos cuando se convirtieron en víctimas. Y también tengan en cuenta que el conjunto de la sociedad mira absorto semejante atropello a las instituciones de la democracia”, pidieron.

La carta fue firmada por los legisladores del Pro Cristian Ritondo, Marcelo Orrego, Gustavo Hein, Sebastián García de Luca, Carmen Polledo, Gabriel Frizza, David Schlereth, Martín Grande, Omar De Marchi, Eduardo Cáceres, Juan Aicega, Federico Frigerio, Julio Sahad, Domingo Amaya, Hernan Berisso, Felipe Alvarez, Alberto Asseff , Jorge Enríquez, Pablo Torello, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter y Francisco Sánchez.

A continuación, el texto completo:

Como representantes del pueblo de la nación, manifestamos, por la presente, nuestra profunda y extrema preocupación ante la liberación de centenares de presos, en plena emergencia sanitaria y económica. Cuando la sociedad cumple con el aislamiento obligatorio, observamos que este tipo de medidas debilitan la confianza en el servicio de Justicia y generan intranquilidad donde debería haber paz y concordia.

La Justicia se basa por definición en el “principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde o pertenece”.

Entonces nos preguntamos: ¿Corresponde la liberación de los presos porque la pandemia podría afectarlos, o simplemente se les está otorgando el beneficio de la impunidad?

Es cierto que las prisiones fueron el centro de atención en diferentes partes del mundo ante el miedo a una ola de contagios, pero las estadísticas arrojan una realidad completamente diferente. Más del 50 % de los enfermos por coronavirus en Europa ocurrieron en residencias de ancianos, y acá ya registramos un 15% de contagios entre profesionales de la salud a nivel nacional, que asciende a un 20% en la provincia de Buenos Aires. Ahí tendrían que estar enfocados nuestros mayores esfuerzos profesionales y presupuestarios.

Mientras tanto, el máximo tribunal penal del país ha aconsejado “morigerar” la mayor cantidad de reclusos posibles. Y seducidos, ante  semejante consejo, llueven los pedidos de liberación, con una Justicia en cuarentena, que les da lugar en nombre de los “Derechos Humanos” (término utilizado desde hace tiempo por diversas organizaciones para tratar de instalar la idea de que el victimario es en realidad la víctima).

E incluso los magistrados fueron aún más condescendientes: les concedieron celulares a los reclusos, una fenomenal idea para que estén comunicados con sus familiares por la restricción de visitas, lo que facilitó el contacto entre delincuentes y otros penales, dotándolos del recurso para emprender un sistema de inteligencia, compartiendo de este modo información a la que nunca deberían haber accedido: fotos de guardias, datos de las cárceles y, por supuesto, la iniciativa para organizar motines.

Entendemos que en las cárceles hay embarazadas, mayores de 70 años y grupos vulnerables con diversas patologías, pero recordemos también que ninguno es inocente (el primer caso que dio positivo fue en la Unidad 23 de Florencio Varela, un hombre de 49 años condenado a perpetua por matar a su hija de 8 años), ni alcanzan los recursos para hacer un seguimiento eficaz.

Sólo habría tobilleras electrónicas para unos pocos y falta personal para asegurar semejante “misión imposible” de control a distancia. Tampoco se podría garantizar que los condenados no se contagien en sus domicilios.

Frente a este panorama consideramos que puede haber otras alternativas, con protocolos sanitarios más rígidos y nueva redistribución de grupos, campamentos especiales en destacamentos,  cuarteles o en los mismos patios de penales para generar aislamientos, entre otras medidas.

Por lo expuesto, les solicitamos a los funcionarios y magistrados que piensen primero en los inocentes, que han sufrido el arrebato de sus Derechos Humanos cuando se convirtieron en víctimas. Y también tengan en cuenta que el conjunto de la sociedad mira absorto semejante atropello a las instituciones de la democracia. En este sentido, nos parece escandaloso que existan sectores que encuentren en la pandemia la más preciada y soñada llave para abrir las celdas de los delincuentes, mientras quienes hasta hoy podían dormir en paz bajo el consuelo de la Justicia empiezan a padecer nuevamente la pesadilla del pasado.

La Banca de la Mujer, comisión que preside la senadora Norma Durango, advirtió este miércoles que las personas privadas de su libertad por delitos contra mujeres deben cumplir su condena en la cárcel, luego de que el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense Víctor Violini dispusiera la prisión domiciliaria para los detenidos por delitos leves y en riesgo de contraer el Covid-19.

En un comunicado, la comisión advirtió que “las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios”, y advirtió: “De ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres”.

A continuación, el comunicado completo:

Como senadoras nacionales integrantes de la Comisión Banca de la Mujer del H. Senado de la Nación, y ante los hechos de público conocimiento, por los cuales se podrían estar adoptando medidas alternativas a la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios, como la prisión domiciliaria, manifestamos nuestra profunda preocupación por los riesgos que podría implicar para las víctimas, la libertad de personas detenidas o condenadas por delitos contra la integridad sexual o hechos de violencia contra las mujeres. En particular, nos referimos al acercamiento o contacto de los agresores con sus víctimas.

Sabemos que los ámbitos carcelarios ofrecen dificultades a la eficacia de las medidas de distanciamiento con que el gobierno viene intentando retrasar los niveles de contagio por Covid-19, y nos pronunciamos por el reconocimiento al derecho a la salud de las personas privadas de libertad, pero en estos difíciles y complejos momentos que estamos atravesando, en los que el aislamiento social, preventivo y obligatorio profundiza y recrudece la violencia por razones de género, es que los esfuerzos tienen que estar también concentrados en garantizar el acceso a la Justicia y a la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Atento a la gravedad de sus actos, las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres, deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios. Éstos deben cumplir con lo establecido en nuestra Constitución Nacional en su artículo 18, debiendo ser sanas y limpias. Claro está que la pandemia que transcurre debido al virus Covid-19 puede dificultar ese mandamiento, por lo que debemos extremar los cuidados sanitarios para evitar contagios, pero nunca desamparar a la sociedad ni a las víctimas, devolviendo a las calles a quienes cometieron delitos que vulneran las autonomías de las mujeres, sin haber finalizado previamente su condena.

Este escenario judicial, además de suponer un peligro para la sociedad, conllevaría una verdadera vulneración de los derechos de todas las mujeres frente a la cual debemos actuar de inmediato. La violación, el abuso sexual, el femicidio y el maltrato son fenómenos que afectan a mujeres y niñas especialmente y de ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres.

En el marco del absoluto respeto a su independencia, exhortamos al Poder Judicial a que se encamine en el mismo sentido.