“¿Jubilados pagando prestaciones de manera privada?”, se pregunta el diputado nacional Pablo Todero (UP) luego de que trascendiera que afiliados del PAMI tienen limitada la cantidad de consultas médicas que pueden hacer en el mes.

Ello derivó a Todero a realizar un pedido de informes a la institución por la suspensión de prestaciones, luego de los reclamos de afiliados y prestadores que denunciaron recortes, interrupción de la atención y falta de pago por parte del organismo.

“En la presentación, exigimos que el PAMI informe si se están aplicando cupos o restricciones a prácticas médicas para afiliados y para instituciones prestadoras, obligando a los jubilados a pagar consultas y estudios en forma particular, o que terminan en los hospitales públicos, que ya están desbordados, pero absorben prestaciones que debería pagar PAMI”, explicó el diputado neuquino.

Además, solicitó que se informe la situación de deudas con prestadores, tanto públicos como privados, y que se brinde información detallada sobre internaciones, cirugías, consultas, medicamentos y estudios diagnósticos en todo el país.

“El PAMI debe garantizar el acceso a la salud, no restringirlo. No puede ser que un jubilado tenga que elegir entre pagar una consulta médica o comprar alimentos. Si el PAMI está aplicando cupos en la atención, es necesario que lo informe públicamente”, planteó y consideró: “El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de controlar y exigir información cuando se vulneran derechos tan esenciales”.

La senadora nacional Nora del Valle Giménez (UP) presentó un proyecto a través del cual reclama que el Poder Ejecutivo Nacional no desregule el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad.

Atento al borrador de un decreto que se viralizó semanas atrás, la legisladora alertó por lo que significaría “un desmantelamiento de dicho sistema”. El tema estuvo en la escena en la última reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, cuando la oficialista Lilia Lemoine aseguró que no iba a salir ningún decreto en ese sentido, mientras que el diputado de UP Daniel Arroyo exigió que hubiera una comunicación oficial por parte del Ejecutivo. 

En virtud del texto del borrador que trascendió, Giménez alertó que el mismo “desconoce el espíritu de la Ley 24.901, que establece el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad que se encuentren o no incorporadas al sistema de la seguridad social”.

“La norma de 1997 tiene por objeto garantizar, sin distinción por condición económica y social, la atención integral a las personas con discapacidad”, recordó y apuntó que ese eventual decreto “retrotrae los derechos a 27 años atrás, desdibuja la esencia de la ley y deja en un estado de vulnerabilidad absoluta a las personas con discapacidad”. 

La senadora opositora remarcó que “así como está planteado, el decreto permitirá que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas fijen de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones. Es decir, que cada financiador determinará unilateralmente los importes de las prestaciones y sus ajustes, poniendo en riesgo la calidad y accesibilidad de los servicios para las personas con discapacidad”. 

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) planteó una cuestión de privilegio en la sesión de este martes en la Cámara baja contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien le solicitó que “reciba y se vincule” con la comunidad de las personas con discapacidad.

Valdes manifestó que Francos “hereda un borrador de decreto que desregula las prestaciones para las personas con discapacidad”. En un párrafo aparte, agradeció a los diputados de La Libertad Avanza Guillermo Montenegro y Lilia Lemoine que llevaron a los integrantes de la Comisión de Discapacidad a poder hablar con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Español.

“La autoridad hoy ha cambiado y este decreto o borrador que está causando mucho malestar en las familias de las personas con discapacidad, porque pretende desregular las prestaciones y una de las grandes cualidades que tiene el sistema único de prestaciones es que la persona con discapacidad más humilde recibe la misma calidad de prestación que aquella persona acaudala económicamente”, alertó Valdés.

En tanto, señaló que “esto está sintetizado en la Ley 24.901 que se pretende modificar fue llevada adelante en el año 1997 durante el gobierno de Carlos Menem que tanto el presidente Javier Milei admira”, y solicitó que “la protejan a la Ley que tiene que ver con una comunidad que el 12% de la población argentina son personas con discapacidad, otro tema es poder acceder al certificado único de discapacidad”.

“El pedido al jefe de Gabinete es que no tome ninguna decisión sobre ese decreto sin hablar ates con las distintas organizaciones de las personas con discapacidad, le pedimos que reciba y se vincule con la comunidad de las personas con discapacidad”, cerró.