El titular del interbloque Federal manifestó que “es muy importante que se haga esa evaluación para saber si los fondos se dieron violando los propios estatutos del FMI”.
El diputado nacional y titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, se refirió al proyecto que presentó junto a la diputada Natalia de la Sota en el que solicita al FMI que investigue el destino del préstamo otorgado en 2018 durante la gestión de Mauricioo Macri y consideró que “si se comprueba que hubo fuga de capitales, se fortalecería posición argentina ante FMI”.
En declaraciones radiales consideró que “un informe conclusivo de la oficina de evaluación independiente del FMI que determine alguna irregularidad respecto del modo y la finalidad en que se usaron los fondos le daría a la Argentina una fortaleza en una eventual renegociación con el organismo”.
El diputado agregó que una novedad de estas características “fortalecería la posición negociadora frente al FMI”, y destacó que la oficina de evaluación independiente “funciona con mucha autonomía respecto al directorio y a la gerencia general”.
“Nunca se avanzó en determinar si los recursos que el FMI puso para Argentina fueron a parar a la denominada fuga de capitales. Si así fuese, estaría incumpliendo las cláusulas de funcionamiento del propio organismo. Si se comprobase, sería una novedad significativa que va a requerir volver a conversar con el FMI sobre los compromisos”, remarcó.
En esa misma línea, Rodríguez recordó que ya había presentado en marzo de 2022 un proyecto de resolución con el objetivo de que la oficina de Evaluación Independiente del FMI investigue si parte del préstamo pedido por Macri fue utilizado para “financiar la fuga de capitales”.
Según explicó el diputado, el proyecto fue renovado y actualizado con datos y la firma de Natalia de la Sota ya que estaba pronto a vencer la “validez parlamentaria en los próximos días”.
“Renovamos ese pedido, pero incluimos más elementos en particular un informe del Banco Central de la República Argentina y un informe de la Auditoría General de la Nación. El objetivo es que efectivamente el propio FMI a través de la oficina de evolución independiente lleve adelante una investigación profunda para determinar en qué medida una parte de los recursos prestados a la Argentina durante la época de Macri podrían eventualmente haberse destinado a financiar lo que se denomina la formación de activos externos o fuga de capitales”, explayó.
El bonaerense recordó que “Macri dijo que parte de la plata se usó para salvar a los bancos, lo dijo en una entrevista en un medio mundial. Lo dijo hace casi 2 años de que la plata que nos dio el Fondo se la dieron a los bancos comerciales extranjeros que querían irse del país”.
En tanto, aclaró: “Hay que manejarse con sumo rigor por eso nosotros hemos aportado informes de la auditoría, del BCRA. Es muy importante que se haga esa evaluación para saber si los fondos se dieron violando los propios estatutos del FMI”.
“Nosotros no estamos impulsando ni una denuncia judicial, ni el inicio de una instancia legal, sino pidiéndole al Fondo que es el que prestó que los mecanismos de auditoría internos funcionen y si eventualmente se determinara que sucedió algo de lo que nosotros tenemos como hipótesis evidentemente habrá que sentarse con el FMI a renegociar los compromisos, replantear la deuda y hacerlo sobre las bases de eventuales conclusiones del propio organismo”, detalló.
Y cerró: “No estamos proponiendo nada original. Es algo que el propio Fondo lo ha tratado en el directorio, aunque no prosperó. Si a fin de mes comenzara a hacer su trabajo la oficina de evaluación independiente, sería un paso significativo”.
La iniciativa fue presentada por diputados del interbloque Federal, que quieren gestionar la urgente intervención de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI evalúe el destino de los recursos prestados al gobierno de Macri.
Los diputados nacionales Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota presentaron un proyecto de resolución para que la Oficina de Evaluación Independiente del FMI investigue si parte de los 44.500 millones de dólares recibidos por Argentina en el marco del Acuerdo Stand By 2018 se usó para financiar la fuga de capitales.
Los legisladores utilizan como punto de partida de su reclamo informes oficiales de la Auditoría General de la Nación y del Banco Central referidos a la formación de activos externos y/o fuga de capitales. A partir de ello requiere al Poder Ejecutivo instruir al director ejecutivo alterno por los países del FMI para que solicite ante ese organismo extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar “aspectos opacos” del Acuerdo Stand By de 2018 otorgado a la Argentina.
Con ese objetivo requieren específicamente que el PEN -a través de su representante- exija formalmente la urgente intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) para que se investigue y evalúe la medida en que recursos generales del FMI prestados a la Argentina, en el marco del préstamo de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales, vulnerando y/o incumpliendo así los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, incluyendo en el análisis otras cuestiones que resulten relevantes para el conocimiento del organismo y del gobierno argentino, permitiendo obtener lecciones de política pública.
El referido artículo VI del Convenio Consultivo puntualiza que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.
El proyecto refiere el informe de la AGN que señala que “durante el período auditado (2016-2019) se exacerbó la salida de capitales, en consonancia con la relajación de los controles existentes en los años anteriores a la firma del Acuerdo Stand By (ASB). La salida de capitales observada en el período auditado puede considerarse significativa ya que alcanza el máximo de la década y el máximo del período de flexibilización de las regulaciones cambiarias (2016-2019), además de registrar valores por encima de la tendencia”.
Por otra parte, en un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se señala que, a lo largo del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, “la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada ‘fuga de
Capitales’) se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aun durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los USD 45.100 millones”.
4340-D-2023La medida fue publicada en un suplemento de la edición del Boletín Oficial de este viernes. El crédito será de 580 millones de DEG, equivalente a 775 millones de dólares.
El Gobierno nacional oficializó, en un suplemento de la edición del Boletín Oficial de este viernes, el decreto de necesidad y urgencia 404/23, por el cual se aprueba un crédito con Qatar para pagar el próximo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional.
En la medida, firmada por el presidente Alberto Fernández y todo el Gabinete, se detalla que se trata de un préstamo de Derechos Especiales de Giro (DEG) por 580 millones, equivalente a 775 millones de dólares.
“Dado que las fechas previstas para la aprobación del Staff Level Agreement (SLA) por el FMI y que el tiempo mínimo necesario para que las autoridades argentinas implementen las medidas comprometidas exceden las fechas de vencimiento de los Special Drawing Rights (SDR), fueron realizadas gestiones con el Estado de Catar, a fin de poder cumplir con las obligaciones asumidas con el citado Fondo”, señaló el Ejecutivo en los argumentos.
En ese sentido, agregó que este préstamo “facilita afrontar los compromisos precedentemente asumidos hasta que se complete el desembolso acordado”.
A través del decreto se faculta al ministro de Economía, Sergio Massa, o quien se designe, a “suscribir, en nombre y representación de la República Argentina, el Acuerdo de Facilidad”, y a eventualmente convenir modificaciones, “siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones a la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros acordada”.
Otro de los artículos agrega: “Apruébase la inclusión en el Modelo de Acuerdo de Facilidad que se aprueba por el artículo 1° del presente decreto, de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros acordada en dicho instrumento y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana con sus respectivas excepciones, exclusivamente, respecto de reclamos que se pudieren producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a dicho instrumento”.
Tal como se estima en todos los decretos de este tipo, el DNU debería ser analizado dentro de los 10 días hábiles por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, pero ésta se reunió por última vez en junio de 2022 y no emite dictámenes desde noviembre de 2021.
La vicepresidenta resaltó el informe de la Auditoría General de la Nación. El diputado bonaerense le había pedido al Ejecutivo exigirle al FMI la intervención del organismo pertinente para investigar el destino del dinero.
Luego de conocerse el duro informe que auditores oficialistas aprobaron sobre el crédito con el FMI tomado durante la gestión de Mauricio Macri, la vicepresidenta Cristina Kirchner compartió este jueves en sus redes las conclusiones del mismo, calificando de “escandaloso” lo que hicieron con el crédito.
En ese marco, el diputado de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez recordó que hace más de un año presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo instruyera al representante ante el FMI a los efectos de exigir la intervención de la Oficina de Evaluación Independiente de ese organismo, pero ese pedido no fue atendido.
El proyecto de resolución presentado hace un año pedía al Gobierno exigir al Fondo Monetario Internacional una investigación exhaustiva con el propósito de establecer si una parte de los 45.000 millones de dólares entregados a la Argentina, en el marco del préstamo Stand By 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, terminó financiando la salida de capitales financieros de nuestro país.
Topo Rodríguez planteaba la intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para determinar, mediante una investigación, si una parte de “los recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se destinaron a financiar salidas considerables o continuas de capitales”, lo que en ese caso significaría, dijo, “haber usado parte de ese préstamo para sostener la salida de capitales especulativos que habían llegado al país principalmente entre 2016 y 2017”.
En su parte resolutiva, el proyecto impulsado por el diputado nacional de Identidad Bonaerense requería solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que instruyera al director ejecutivo por los países del Conosur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) ante el Fondo Monetario Internacional, con el propósito de iniciar una investigación que permitiera “evaluar la medida en que recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales, vulnerando y/o incumpliendo así los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, incluyendo en el análisis otras cuestiones que resulten relevantes para el conocimiento del organismo y del gobierno argentino, permitiendo obtener lecciones de política pública”.
Minutos después de que tomó estado público el comunicado del Fondo Monetario, la economista calificó de “estafa” el desembolso de U$S44.500 millones que le prestó al Gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018.
La economista jefa de la Fundación Proyecto Económico y referente de la agrupación Soberanxs y del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, cuestionó con dureza al Fondo Monetario Internacional (FMI) por su “corresponsabilidad” en “la fuga de los U$S44.500 millones” que el organismo le desembolsó al expresidente Mauricio Macri en 2018, como parte de un crédito de U$S57.100 millones y reclamó al organismo que “indemnice a la Argentina por los daños ocasionados”.
En un informe interno denominado “evaluación Ex Post” que tomó estado público el miércoles, el FMI admitió que el Gobierno de Cambiemos tendría que haber interpuesto controles de capitales antes y después de concederle el préstamo más importante de la historia del organismo financiero internacional.
“A estos señores del FMI ningún informe ex post, como lo hacen siempre después de cada estafa, los absuelve de su co-responsabilidad. No queremos informes que digan lo que sabemos desde el momento en que ocurría mientras no hicieron lo que su estatuto manda para evitarlo”, disparó Vallejos en su cuenta de twitter minutos después que trascendió el comunicado del organismo.
“El pueblo argentino lo que quiere es justicia. Quita de capital, plazos, tasas, en función de lo que una auditoría establezca que efectivamente corresponde pagar. Y que el organismo responda, acorde al derecho internacional, ante la CIJ (Corté Internacional de Justicia) y nos indemnice por los daños ocasionados”, señaló Vallejos al tiempo que acotó: “El FMI, al reconocer que los dólares que desembolsó se fugaron -como prohíbe su estatuto- y que el gobierno de Macri debió haber aplicado controles cambiarios -como prescribe su estatuto que el propio organismo debió haberlo instado a hacer-, se autoinculpó”.
El 2 de diciembre último, la Comisión de Finanzas de la agrupación Soberanxs, coordinada por la exdiputada Vallejos y el experto en deuda Alejandro Olmos Gaona, presentó un documento en el que “se analizan las violaciones que cometió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al otorgar el crédito de 57 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri” de los cuales se terminaron entregando alrededor de U$S44.500 millones. En el mencionado documento, Vallejos y Olmos subrayaron que “el FMI incumplió con sus normas estatutarias y a través de sus acciones y omisiones permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico”.
Ayer, el Fondo Monetario, 42 meses después de conceder el primer tramos del préstamo a Macri, arribó a la misma conclusión y además admitió que la estrategia “de ajuste “fiscal y monetario, combinado con reformas estructurales específicas, para catalizar nuevos flujos de capital”, que llevó adelante la administración de Cambiemos después de recibir el préstamo “no cumplió con sus objetivos”.
Al respecto, Vallejos subrayó que “al reconocer la fuga” el Fondo Monetario Internacional se “autoinculpó” porque “estaba perfectamente al tanto de cada movimiento cambiario que ocurría en la Argentina, tenían una oficina instalada a esos efectos. No hacía falta más que leer las estadísticas cambiarias del Banco Central que se actualizan mensualmente, como lo hacíamos todos, para saber, en tiempo real lo que ocurría”. Acto seguido, Vallejos cuestionó el informe conocido este miércoles, “cuyos resultados son convencionales: siempre reconocen los errores y fracasos domésticos (nunca los propios), a otra cosa mariposa y a pagar”.
La economista fue un paso más allá en sus críticas y dijo que “así como los funcionarios macristas deben responder por los delitos que cometieron al contratar este acuerdo, el FMI es igualmente responsable” y que “sus pretensiones de cobro no están en proporción con su accionar criminal, como cómplice y partícipe necesario de este latrocinio que permitió que un puñado de especuladores financieros se llevaran los dólares del país”.
Un trabajo de Proyecto Económico, en base a datos oficiales del Banco Central de la República Argentina, reveló que entre junio de 2018, cuando se hizo efectivo el primer desembolso del organismo, hasta que el ex presidente Macri dejó el gobierno, se fugaron del país, en concepto de formación de activo externos y salida de capitales de portafolio, el equivalente a los U$S44.500 millones del crédito que el organismo le entregó a la Argentina más U$S6.300 millones adicionales, un total de 50.800 millones de dólares.
“Fue una trampa para asegurarse el control sobre nuestra política económica, el diseño de nuestro patrón de desarrollo y el alineamiento con los EEUU en materia de política exterior, como bien claro lo han dejado los voceros que EEUU mandó a nuestro país. Bien, ahora el FMI reconoce la fuga, y reconoce que el gobierno de Macri debió imponer medidas de regulación cambiaria. Pero, así como el estatuto constitutivo del FMI, prohíbe que los recursos del FMI sean destinados por los países a financiar la fuga, también obliga al organismo, si se presenta esa situación, a llamar la atención del gobierno e instalarlo a adoptar las medidas adecuadas y, si no lo hace, a sancionarlo”, explicó Vallejos. La economista indicó que, no obstante, todas estas anomalías: “El FMI no hizo nada de esto. Es decir, hay múltiples violaciones a la norma que regula su funcionamiento y fija sus obligaciones. Y eso es un ilícito. Por eso elaboramos, con Alejandro Olmos, una propuesta muy concreta: el FMI debe dar explicaciones ante al CIJ que es el ámbito competente para tratar este conflicto entre un país miembro y un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas”.
Y por último, Vallejos descerrajó: “¿Por qué planteamos la importancia de peticionar esta opinión consultiva ante la CIJ? Porque el verdadero nunca más a la deuda, implica necesariamente, el fin de la impunidad de los endeudadores de los pueblos y saqueadores de los países endeudados. Y el FMI es el protagonista central de esa historia que una y otra y otra vez se repite, junto con los gobiernos locales”. En esta misma línea de razonamiento, Vallejos indicó que “el pueblo argentino está reclamando justicia. El FMI debe reparar, indemnizar a la Argentina por los daños generados. Aquí nosotros somos la víctima. ¿No quieren quitas, ni plazos, ni tasas? ¿Por qué deberíamos permitir que se paren en lugar de exigir cuando son ellos los que están en falta?” ad de justicia, independencia y soberanía”.
Así lo planteó en función de lo que definió como “irregularidades” en torno al préstamo del FMI otorgado en “condiciones que nada tienen de convencional”.
La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos enumeró una a una las irregularidades que a su juicio “se verificaron” en el préstamo por U$S 57.100 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la administración de Mauricio Macri en 2018, y consideró que “tiene que haber una indemnización para la Argentina a la hora de negociar. Esto significa llegar a un acuerdo en las condiciones que se puede pagar y sin sacrificar ninguna de las cuestiones que son fundamentales: recuperar la actividad económica y el empleo, mejorar la situación de los salarios y resolver la situación de desigualdad”.
Vallejos no se quedó con el enunciado y consideró que “puede haber una quita y una extensión de los plazos, porque cuando el préstamo se otorgó en condiciones que nada tienen de convencional, no hay motivos para pensar que tenga que haber convencionalidad a la hora de resolver eso que claramente estaba mal dado”.
En este sentido, Vallejos advirtió que “Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años no sólo serían penalmente y administrativamente responsables, configurando un acto de administración fraudulenta en contra del erario público, entre otras figuras, sino que, además, deberían responder con su patrimonio por ese accionar criminal”.
El crédito que tomó el Gobierno de la alianza Cambiemos por U$S57.100 millones (de los cuales se desembolsaron alrededor de U$S44.000 millones) fue el mayor de la historia otorgado por el organismo financiero. Se concretó en el marco de la crisis financiera que tuvo lugar durante la gestión de Mauricio Macri y el desembolso se hizo efectivo durante la campaña presidencial del año 2019.
Ahora, el gobierno de Alberto Fernández mantiene las negociaciones para llegar a un acuerdo con el FMI que permita refinanciar la devolución del crédito que tomó Macri. Además, Fernández adelantó el 1° de marzo último, en el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que el Gobierno iniciará una querella criminal “a los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados, Fernanda Vallejos, explicó minuciosamente cómo el acuerdo con el FMI infringió leyes y normativas que regulan la contratación de la deuda pública en la Argentina.
Al enumerar las supuestas irregularidades, Vallejos señaló que el Gobierno de Macri firmó la Carta de Intención “sin que existiera expediente previo, a través del cual debió haber tramitado la decisión. El expediente se abrió el 21 de junio de 2018, 9 días después, lo que torna inválido el procedimiento administrativo de acuerdo con el artículo 7, incisos b y d, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”.
“Tampoco hubo dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención, otro elemento que vuelve inválido el acto administrativo, según el artículo 7, inciso d, de la ley de Procedimientos Administrativos”, agregó, ni tampoco dictamen previo del Banco Central sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos, un requisito que Vallejos considera “fundamental” para contratar deuda externa, tal como lo prescriben los artículos 61 y 66 de la Ley de Administración Financiera N°24.156. De hecho, para el momento en el que se decidió el crédito, “el Balance de Pagos estaba en rojo, algo que no podía ser omitido por los ex funcionarios”, afirmó la diputada kirchnerista.
Agregó Vallejos que “no se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, no hubo decreto presidencial ni resoluciones de Hacienda o del BCRA. Amén de que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central no tenían competencia para firmarlo sin autorización del Presidente, tal como estipula el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional”.
Por otra parte, Vallejos afirmó que “no se conoce ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica, que den sustento a los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Carta de Intención. Sin causa válida, toda decisión administrativa es nula, de acuerdo con los artículos 7, inciso b, y 14 de la ley de Procedimientos Administrativos”.
“Tampoco hay constancia de haberse suscripto el acuerdo, ni del acto de aprobación por parte del FMI, a pesar que la Carta dice que los memorandos ‘deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by´”, añadió la diputada por la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, la legisladora recordó que “los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario incumplieron los procedimientos establecidos en las leyes que regulan la constitución de deuda pública externa, y violaron las obligaciones asumidas con el FMI”.
Siguiendo el mismo razonamiento, Vallejos señaló que Macri podría ir preso si la Justicia avanza y ratifica las mencionadas irregularidades. “La administración fraudulenta es un delito penal tipificado en el Código Penal y por supuesto tiene una pena de privación de la libertad”, subrayó la legisladora oficialista.
Al respecto, Vallejos puntualizó que tanto la ley de Responsabilidad del Estado como la Ley de Administración Financiera “determinan la responsabilidad patrimonial de los funcionarios que tomen decisiones contrarias a las estipulaciones legales”.
