El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro presentó un proyecto en el que insta al Poder Ejecutivo Nacional a que autorice en forma urgente el endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solicitado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la financiación del Programa de Agenda Digital del Sistema de Salud Porteño y que, a través del Ministerio de Economía, priorice con urgencia el Proyecto de Modernización de la Línea B de Subterráneos para la renovación de los vagones de la Línea B de, a ser financiado con recursos de financiamiento externo a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

También le reclama al PEN que, a través del Ministerio de Economía, proceda a transferir al Gobierno de la Ciudad el crédito y proyecto aprobado

y suscripto por la República Argentina con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Préstamo CFA Nº 12116 “Programa de Conectividad Urbana: cruces ferroviarios a distinto nivel en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, para la construcción de pasos bajo a nivel.

“Desde hace meses, el Gobierno Nacional viene frenando obras e inversiones que son fundamentales para la Ciudad de Buenos Aires y para los porteños. Es vergonzoso que se especule políticamente y haya arbitrariedad con créditos del BID y la CAF que ya fueron aprobados o acordados con esos organismos”, señaló Ferraro.

Advirtió el legislador de la Coalición Cívica que “si el Gobierno nacional decidió desentenderse de la inversión pública en áreas clave como el transporte y la salud, no tiene derecho a arrastrar a la Ciudad a esa misma política”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Paula Oliveto (CC), María Eugenia Vidal (Pro), Carla Carrizo (Unión Cívica Radical), María Coletta (UCR) y Álvaro Gónzález (Pro).

El proyecto de Ferraro señala que “el proceso de desembolso de dichos fondos se encuentra paralizado en diferentes instancias, según el caso, por la falta de autorización del Ministerio de Economía de la Nación, lo cual genera demoras significativas en la ejecución de obras, afecta a la población usuaria de servicios esenciales y compromete la eficiencia del uso de recursos ya comprometidos internacionalmente. A ello se suma el riesgo institucional de entorpecer la relación de la República Argentina con los organismos multilaterales de los que forma parte, al incumplir con los compromisos asumidos o demorar su ejecución sin fundamentos técnicos ni jurídicos”.

El proyecto recuerda que conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias podrán celebrar convenios internacionales. Así las cosas, se remarca que “la intermediación de la Nación en la toma de estos préstamos no debe ser utilizada con fines de condicionamiento político, o como herramienta de presión sobre gobiernos locales, sino como parte de una política federal orientada al desarrollo equitativo y a la continuidad institucional de proyectos de interés público”.

En este sentido, en los fundamentos de la iniciativa se destaca que la Ley Nº 25.917 de Responsabilidad Fiscal, en su artículo 25, establece que los antecedentes de endeudamiento presentados por provincias y la Ciudad deben ser evaluados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, sin margen para decisiones discrecionales o arbitrarias que frustren proyectos técnicamente viables y legalmente autorizados.

“Los créditos solicitados no son fines en sí mismos, sino instrumentos para llevar adelante políticas públicas de alto impacto, como la renovación del material rodante y señalización de la Línea B, la digitalización del sistema de salud porteño y la eliminación de cruces ferroviarios a nivel”, agrega Ferraro en su proyecto. “Estas iniciativas se traducen en mejoras concretas en la calidad de vida de millones de vecinos, reducen la siniestralidad vial, optimizan los tiempos de traslado, y modernizan la gestión pública. Negar o demorar el acceso a estos fondos representa una afectación directa a los derechos de los ciudadanos, y constituye una distorsión grave de los mecanismos institucionales previstos para la cooperación financiera entre niveles de gobierno”, completó el legislador de la CC.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha demostrado de manera sistemática contar con solvencia fiscal, previsibilidad financiera y una administración responsable del endeudamiento. Mantiene niveles de deuda sostenibles y cumple con los criterios de evaluación del Banco Central de la República Argentina en materia de servicios de deuda respecto de sus ingresos corrientes”, argumenta Ferraro.

“Esto no resulta un obstáculo para la Ciudad, que se encuentra por debajo de ese umbral. Esta solidez fiscal habilita a la jurisdicción no solo a gestionar nuevos créditos, sino a cumplir con ellos sin comprometer sus finanzas ni desestabilizar el sistema financiero local o nacional”, añade.

En ese marco destaca Ferraro que este proyecto “no exige privilegios ni excepciones: exige simplemente que el Estado Nacional cumpla con su rol de garante, respete los compromisos firmados y no discrimine entre jurisdicciones por razones ajenas al interés público. La falta de tratamiento equitativo frente a otras provincias -que sí han accedido recientemente a créditos autorizados por el Ministerio de Economía- constituye una evidente afectación al principio de igualdad ante la ley y una lesión al federalismo cooperativo que debe regir en una República como la nuestra”, concluye la iniciativa presentada por Ferraro.

El diputado nacional José Luis Ramón presentó un proyecto que busca sancionar un marco regulatorio para el crédito y la financiación para consumo emitida por proveedores ajenos al sistema financiero (aquella que no corresponde a bancos o tarjetas de crédito por ser regulada por leyes específicas y las reglamentaciones del BCRA), que proteja a los usuarios y consumidores frente a la usura, las prácticas abusivas de los proveedores y a posibles situaciones de sobreendeudamiento.

Al referirse a su propuesta, Ramón recuerda que durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri se observó con preocupación la creciente inauguración de casa de créditos personales e incluso, la emisión de este tipo de créditos por parte de instituciones nacionales como ANSeS. Ese crecimiento fue dado por varias razones económicas, pero dos impulsaron a muchas personas, incluso muchos jubilados y pensionados a contraer créditos personales; esas razones fueron la creciente y sostenida inflación que dejó los salarios por el piso, y la reforma de la fórmula de jubilaciones que determinó bajos aumentos.

Ramón recuerda que el impulso a que se tomen ese tipo de créditos, con tasas altísimas aun siendo muy poco el dinero prestado, generó que miles de argentinos y argentinas entraran en un sistema usurario, donde terminaban adeudando mucho más de lo prestado, y lo que es peor, muchas veces ese dinero solicitado era utilizado para compras alimenticias, frente a la imposibilidad de que un salario o jubilación mínimos alcanzara para la misma compra.

Las fuentes del proyecto del legislador mendocino son distintas iniciativas presentadas por sus pares en su paso por el Congreso de la Nación, así como sentencias del Poder Judicial y los aportes de nuestra doctrina nacional, las cuales se recuperan a efectos de lograr un régimen de protección integral, ahora complementado con el aporte de la ciudadanía a través del presente mecanismo de participación.

Ramón prevé crear un Registro Nacional de Proveedores de Crédito y Financiación para Consumo, el cual resultaría de inscripción obligatoria para la emisión de crédito y/o financiación destinada a usuarios y consumidores, el cual se encuentra bajo la órbita de la autoridad nacional de aplicación de la Ley 24.240 (de Defensa del Consumidor).

Asimismo establece la determinación de tasas máximas para los intereses que estos créditos o financiaciones pueden tener (costo del servicio crediticio o de la mora), así como la represión de las cláusulas o prácticas constituyan el fraude a estos límites legales.

El líder del partido Protectora impulsa el reconocimiento de nuevos derechos a los usuarios y consumidores, de mecanismos de prevención del sobreendeudamiento o saneamiento de la mora, y del régimen de la prescripción de las deudas que originan estos servicios. Sugiere además la implementación de mecanismos que prevengan y disuadan a los proveedores de desarrollar prácticas abusivas e ilícitas, en los cuales se contempla la reparación del usuario o consumidor perjudicado en la misma sanción.

En caso de transformarse en ley, el proyecto incorporará nuevos delitos penales “de consumo” propiamente, en los cuales se reprime estar particulares modalidades de usura o coacción; y la incorporación de mecanismos judiciales para la prevención y reparación de estas prácticas mediante un proceso colectivo o el control judicial en cada causa en particular.

La finalidad del presente régimen es el cumplimiento del mandato constitucional de proteger la libertad, seguridad, dignidad e intereses económicos de los usuarios y consumidores, motivo por el cual estamos orgullosos de presentar a su consideración y aporte el fruto de nuestro trabajo e ideas.

La diputada nacional Estela Regidor (UCR Corrientes) presentó un proyecto para que se le otorguen préstamos sin tasa de interés a las micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPymes, mientras dure la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Una de las consecuencias de la Pandemia es la inactividad económica que atraviesa el país, que afecta a todo el sistema, pero mayormente a los sectores productivos más vulnerables que son aquellos que no tienen un capital abundante para paliar la crisis y son los que necesitan una verdadera ayuda del Estado”, señaló Regidor

El proyecto es acompañado por los diputados. Lorena Matzen, Aida Ayala, José Cano, Gerardo Cipolini, Claudia Najul, Álvaro Lamadrid, Diego Mestre, Gabriela Lena, Josefina Mendoza, Jorge Rizzoti, Martín Berhongaray, José Riccardo, Lidia Ascarate y Sebastián Salvador.

“Detrás de cada emprendimiento existe una fuerza de trabajo que también se ve seriamente afectadas, miles de trabajadores penden de un hilo porque las empresas en las cuales prestan sus servicios están a punto de colapsar por el aislamiento social obligatorio ordenado. Ahí es donde el Estado debe respaldarlas a través de créditos a tasa 0% para evitar que las Pymes se vean obligadas a cerrar sus puertas”, sostuvo la diputada radical

Según datos del Observatorio Pyme y de consultoras privadas el 54% de las empresas no están funcionando, solo 1 de cada 10 lo hace en forma completa y el 36% tiene actividades limitadas. El proyecto establece que los préstamos otorgados serán destinados para la constitución de capital de trabajo; pagos de salarios; aportes y contribuciones patronales; cobertura de cheques diferidos; para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa; para la reconversión y aumento de la productividad; para la actualización y modernización tecnológica.

“Si no hay un respaldo efectivo se corre el riesgo de que se rompa la cadena de pago por la cantidad de cheques rechazados y la cantidad de sueldos que se deben abonar. El pago de salarios fue un problema para la mayoría de las Pymes ante la menor actividad y la caída de los ingresos”, expresó la legisladora.

“Debemos poner el máximo esfuerzo en vencer la pandemia y preservar la salud de todos los argentinos, pero eso no significa aumentar la pobreza y el desempleo. El Estado debe estar presente y ayudar y acompañar a las Pymes a través de herramientas que les permitan capear esta crisis sanitaria para mantener activa la economía y el aparato productivo”, finalizó Estela Regidor.