A 9 días del recambio de gobierno, la medida salió publicada en el Boletín Oficial. El aumento es por 1,8 billones de pesos.
A nueve días del recambio de gobierno, el Poder Ejecutivo dispuso este viernes por medio del decreto de necesidad y urgencia 647/23 una nueva ampliación del Presupuesto 2023, que equivale a un aumento de 1,8 billones de pesos.
En los considerandos de la medida, que salió publicada en el Boletín Oficial, se sostuvo que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.
En ese sentido, se argumentó que el fin es “atender necesidades vigentes en materia salarial incorporando el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año, de gastos de funcionamiento, equipamiento, créditos para pago de subsidios, compensaciones, becas, transferencias a universidades, de servicios financieros de la deuda pública correspondientes a comisiones, otras transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.
Entre las reasignaciones de partidas, se contempla $392.745 millones para transferencias y contribuciones a la seguridad social y organismos descentralizados -Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social-; unos $208.598 millones para la formulación y ejecución de la política de energía eléctrica -Ministerio de Economía-.
También, unos $190.839 millones para el Fondo Nacional de Incentivo Docente -Ministerio de Educación-; una partida de $120.220 millones en concepto de relaciones con las provincias y desarrollo regional -Ministerio del Interior-; y $11.700 millones por servicio de la deuda pública (intereses y comisiones), entre otros.
Los legisladores de la oposición advirtieron que el ministro de Economía y candidato presidencial de UP incumplió con la cláusula que establecía mandar un recálculo en el caso que la inflación superara el 60%.
En medio de la campaña electoral y tras el fuerte salto de la inflación, que registró en agosto 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido para que se interpele al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
Los opositores reclamaron que debe dar “las explicaciones correspondientes de por qué no ha cumplido con la obligación legal de enviar una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre, contenida en el artículo 131 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2023, Ley 27.701″.
En ese sentido, los legisladores recordaron que “desde Juntos por el Cambio logramos incluir una cláusula en el Presupuesto 2023 con la condición que si se superaba el 60% de inflación deberíamos volver a discutir su modificación en el Congreso”.
“A mediados de septiembre se conoció el dato de inflación de agosto 2023, publicado por el INDEC, donde la variación mensual fue de dos dígitos, de 12,4%, lo que arrojó un 80,2% acumulado en el año, superando ampliamente el tope fijado en la cláusula del artículo 131 del Presupuesto 2023, y activando la obligación legal del ministro de enviar al Congreso una ley complementaria”, subrayaron.
En el proyecto encabezado por el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical), cuestionaron que “ha transcurrido el mes de septiembre y el ministro de Economía no solo ha incumplido con su promesa, la cual, según él mismo fue incorporada como señal de buena fe para lograr consenso en la sanción del presupuesto, si no que, ya incorporada la cláusula como una obligación legal en cabeza del Poder Ejecutivo y, en particular, sobre el ministro de Economía, no ha cumplido con la ley”.
Sobre ello, recordaron que el 28 de septiembre de 2022, ante la propuesta de la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Massa había dicho en su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda: “No tengo ningún problema, no tengo ninguna dificultad. Al contrario, creo que puede servir inclusive para viabilizar el voto de todas las fuerzas políticas del Presupuesto”.
Tras el pedido de la oposición y la aceptación por parte del oficialismo en el dictamen, en la “ley de leyes” sancionada el año pasado, quedó establecido que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.
“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, agregaba el texto.
En los fundamentos del proyecto presentado este martes, los diputados de Juntos por el Cambio aseguraron que “es necesaria una revisión del Presupuesto 2023 con una discusión basada en una sólida comprensión de la realidad económica del país, porque es necesario preservar la facultad constitucional del Congreso de sancionar la ley de Presupuesto y porque es imprescindible que en el contexto económico y social que vive el país, que además se encuentra transitando un proceso electoral donde el ministro de Economía es uno de los candidatos a presidente, venga a este Congreso a explicar las razones por las cuales no cumple con la ley”.
La iniciativa lleva las firmas de Alejandro Cacace, Margarita Stolbizer, Martín Tetaz, Héctor Stefani, Adriana Ruarte, Laura Carolina Castets, Danya Tavela, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Pablo Torello, Sofía Brambilla, Oscar Agost, Ana Clara Romero, Carlos Raúl Zapata, María Sotolano, Gabriela Brouwer de Koning, Francisco Monti, Juan Carlos Polini, José Luis Espert, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Claudio Poggi, Alejandro Finocchiaro, Marcela Antola, Sabrina Ajmechet, Soher El Sukaria, Pamela Verasay, Dolores Martínez, Lisandro Nieri, Graciela Ocaña y Marilú Quiroz.
La petición de Horacio Rodríguez Larreta fue aprobada con 31 votos a favor y 24 en contra. El dinero se destinará al pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad.
En el marco de la primera sesión ordinaria después de tres meses sin actividad en el recinto, la Legislatura de la Ciudad autorizó con 31 votos positivos y 24 negativos una ampliación presupuestaria por un total de 639.467 millones para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad.
La iniciativa había sido impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contó con el aval de los bloques Vamos Juntos (VJ), Partido Socialista (PS), Unión Civica Radical – Evoluciónj (UCR-Ev) y Republicanos Unidos (RU); mientras que Frente de Todos (FdT), La Libertad Avanza (LLA) y Frente de Izquierda (FIT) lo rechazaron.
Según se desprende del documento unos 273.963 millones de pesos se invertirán en el pago de los salarios; otros 22.343 millones, destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación y de uniformes, combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad. También se destinarán 146.537 millones para los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad, limpieza de hospitales y escuelas, la recolección de residuos, los servicios de transporte del Ministerio de Educación, la seguridad privada, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, los gastos de los edificios centrales de gobierno y las locaciones de servicios de varios ministerios, entre otros.
Además, se invertirán 91.983 millones para obras y equipamiento de diversos ministerios; también se destinarán 74.089 millones de pesos para la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y subsidios a la educación, recuperadores urbanos, sociales, entre otros.
El debate en el recinto
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y legislador de Vamos Juntos (VJ), Claudio Romero, quien explicó que “la ampliación presupuestaria se hace en un contexto de inflación y su objetivo principal es garantizar el correcto cumplimiento de las paritarias acordadas con los distintos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también la adecuada provisión de alimentos, medicamentos, combustibles, y otros rubros que cuyo precio ha aumentado significativamente en los últimos meses debido al descontrol macroeconómico que estamos atravesando en todo el país”.
“Uno de los pilares fundamentales para el éxito de nuestra gestión ha sido el cumplimiento estricto del presupuesto, teniendo los estándares más altos, alrededor del 99%”, sentenció.
Por su parte, la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast aseveró que “el país está viviendo una de la crisis más grande de la historia, no se va a resolver en el corto plazo, independientemente de quien gane las elecciones en octubre” y pidió mejorar las proyecciones para los próximos presupuestos: “hago un llamado a la responsabilidad que nos convoca, propongo que estimemos con mayor precisión las proyecciones macroeconómicas”, completó.
En tanto la diputada del FIT Vanesa Gagliardi señaló que “estamos discutiendo una ampliación presupuestaria en un contexto muy particular para los trabajadores. Nosotros entendemos que parte de este aumento presupuestario va a salarios, pero no podemos dejar de mencionar que seguimos por debajo de la línea de pobreza. Mientras el Gobierno gasta miles de pesos en publicidad, sigue sin aumentar el salario de los enfermeros”.
A su turno el candidato a jefe de Gobierno por La Libertad Avanza (LLA) y diputado por ese espacio, Ramiro Marra, acotó: “para terminar con el tema de la ampliación presupuestaria tengo una solución: se llama dolarización”.
El legislador de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Lucio Lapeña, destacó que “la Argentina de hoy vuelve sobre lo mismo e incluso peor: volvemos al récord inflacionario, volvemos a ampliar presupuesto por mayor recaudación vía inflación y seguimos corriendo detrás de la dinámica inflacionaria” e indicó que “con esta ampliación vamos a distribuir una mayor recaudación producto de la inflación para atender los mismos gastos que crecen al ritmo inflacionario. Para ser más claros: los recursos aumentan un 30% y se amplía en un 30% el presupuesto vigente hasta este momento”.
“El camino que queremos es con responsabilidad en las cuentas públicas, estabilidad, reformas factibles y gobernabilidad para poder afrontar lo que viene. Por eso tenemos la obligación de seguir manteniendo ordenadas las cuentas públicas de la Ciudad para garantizar el ingreso de los trabajadores”, siguió.
Por su parte el peronista Matías Barroetaveña (FdT) aseguró que “no podemos festejar un superávit fiscal cuando hay déficit en política habitacional, déficit en mantenimiento escolar, déficit en el sistema de salud pública, déficit en políticas alimentarias, déficit en políticas productivas”y consideró que “es momento de dejar de pensar en parches para beneficiar a sectores amigos y pensar una reforma tributaria que ponga el foco de la recaudación en aquellos sectores con mayor capacidad contributiva y así quitarles presión a los pequeños comerciantes, a las pymes y a los vecinos de a pie”.
Los diputados se reunirán en el recinto a partir de las 11, a fin de avanzar con una petición de Horacio Rodríguez Larreta que busca introducir modificaciones al Presupuesto 2023 para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad.
Tras tres meses sin actividad en el recinto, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevará a cabo este jueves a partir de las 11 una nueva sesión ordinaria en la que se buscará avanzar con un pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para introducir una serie de modificaciones al Presupuesto 2023.
El expediente que se pondrá en debate plantea una ampliación presupuestaria por un total de 639.467 millones para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad.
De acuerdo al proyecto, unos 273.963 millones de pesos se invertirán en el pago de los salarios. “Esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad y en la inflación anual estimada”, manifestó Rodríguez Larreta.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, pidió una ampliación de 22.343 millones, destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación y de uniformes, combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.
“En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 146.537 millones en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales y escuelas, la recolección de residuos, los servicios de transporte del Ministerio de Educación, la seguridad privada, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, los gastos de los edificios centrales de gobierno y las locaciones de servicios de varios ministerios, entre otros. Asimismo, se refuerzan los créditos necesarios para afrontar los gastos relativos al acto eleccionario del corriente año”, añadió Rodríguez Larreta.
Por otro lado, en concepto de bienes de uso, el jefe de Gobierno pidió ampliar las erogaciones por 91.983 millones “destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales, la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público a través del alumbrado, el plan de veredas y pavimentación, la demarcación y señalamiento y el mantenimiento de los espacios verdes y conservación del arbolado”.
También se destinarán 74.089 millones de pesos para la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y subsidios a la educación, recuperadores urbanos, sociales, entre otros.
Cabe recordar que esta es la primera ampliación presupuestaria que remite a la Casa en lo que va del año, la cual prevé utilizar para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad, entre otros puntos.
Los radicales Juan Martín y Ximena García advirtieron por la modificación realizada sobre el Presupuesto 2023 y anunciaron que presentarán un pedido de informes.
El Gobierno nacional modificó días atrás el Presupuesto 2023, autorizando un incremento en las partidas para el Ministerio de Educación, con el objetivo de atender gastos vinculados a las Universidades Nacionales. De acuerdo a la resolución, las casas de altos estudios que lideran la lista de beneficiadas están ubicadas, mayormente, en el conurbano bonaerense.
Tal situación despertó el enojo de legisladores de otros distritos, como es el caso de Santa Fe. “Una serie que lamentablemente ya conocemos bien: Santa Fe discriminada. Ahora le toca a la educación superior. El Gobierno distribuye recursos a las universidades sin ninguna proporcionalidad, ni argumentos, ni sentido federal. Profundizan arbitrariamente las inequidades”, advirtió el diputado radical Juan Martín.
A través de un hilo de Twitter, el legislador señaló que “curiosamente, buena parte de las partidas adicionales asignadas se destinan a las universidades del conurbano bonaerense, donde el Gobierno se empeña en despilfarrar fondos para sostener su caudal electoral. Mientras, los santafesinos seguimos recibiendo destrato”.
Martín agregó: ” ‘El estado presente’ y la ‘defensa de la educación pública’ chocan de frente con la realidad cada vez más difícil que atraviesan nuestras casas de estudio. En los hechos implica menos equipamiento, investigación y extensión en el interior del país. El relato no resiste. Cruje”.
Por su parte, su compañera de bloque Ximena García cuestionó que “Santa Fe y las universidades de la provincia pierden fondos en manos del gobierno K”. “(Sergio) Massa y (Juan) Manzur asignaron arbitrariamente y sin criterio federal partidas presupuestarias para las Universidades Nacionales, enviaron fondos sólo a 25 de las 57 universidades que tiene el país. 13 son el AMBA, y la mayoría del conurbano bonaerens, NINGUNA de la provincia de Santa Fe”, detalló.
La legisladora remarcó que los santafesinos tienen “un polo académico y científico de referencia en el país que potencian el crecimiento nacional”. “No hay criterios de distribución de los montos, ni ningún elemento que permita entender la decisión, por eso presentamos un pedido de informes en el Congreso para que den explicaciones”, anunció y completó: “Debemos defender con una mirada federal la educación del país”.
Ellos plantearon hace un mes tratar el tema y no fueron escuchados; ahora, con la supuesta intención de modificar el Presupuesto 2023, reclaman incluir el tema, recordando que el mismo argumento que plantearon en su disidencia parcial ahora enarbola el Gobierno.
El presidente Alberto Fernández anunció este lunes su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley para reasignar recursos de modo de poder cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación federal. Ante ello, desde el interbloque Federal salieron a cruzarlo haciéndole una propuesta para incluir la moratoria previsional en la misma medida.
“Si el presidente Alberto Fernández envía al Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto 2023, entre esos cambios debería incluir los que le permitan cumplir con la moratoria previsional que promueve el oficialismo”, advirtió por su cuenta de Twitter Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal, que recordó que eso “ya lo pedimos hace casi un mes, pero ni bola”.
Recordemos que durante el debate en comisión del proyecto de ley por el cual se crea el plan de pago de deuda previsional, que quedó sin ser tratado en la Cámara baja, los federales propusieron una disidencia parcial en relación a esa iniciativa, que es la que quieren que se apruebe en ese caso.
Con la firma del propio “Topo” Rodríguez, en esa oportunidad plantearon “considerar que las estimaciones sobre el eventual impacto fiscal de esta medida varían del 0,2823% del PBI hasta el 0,48% del PBI, en este último caso acumulado al segundo año de implementación, según distintas fuentes consultadas. En consecuencia, corresponde que se informe cuáles son las finalidades, funciones y partidas presupuestarias a eliminar o reestructurar, con el propósito de afrontar el impacto fiscal del Plan de Pago de Deuda Previsional”.
“Todo ello, en virtud de que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023, no contempla el financiamiento del impacto fiscal resultante de la implementación del Plan de Pago de Deuda Previsional que se propone aprobar”, recordó Rodríguez, a propósito de lo que ahora plantea el presidente al señalar que está imposibilitado por el Presupuesto de cumplir con lo que la Corte reclama sobre la coparticipación federal.
Con mayores porcentajes de incremento en las partidas para seguridad, obras públicas, salud y desarrollo social.
Con incrementos en los porcentajes destinados a seguridad, obras públicas, salud y desarrollo social, la municipalidad de Escobar envió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza del Presupuesto 2023, que contempla un monto global de $33.947 millones, 119,33% más respecto al de 2022, superando así el nivel inflacionario previsto para este año.
El importante crecimiento presupuestario es reflejo -entre varios motivos- de la evolución prevista en el aumento sostenido que tiene nuestro distrito respecto al Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la coparticipación provincial, en el que tiene mucho peso en el cálculo la inversión en materia sanitaria que cada municipio realiza y que es uno de los pilares de esta gestión. Similar evolución se prevé en los recursos provenientes de Nación y Provincia, los cuales son gestionados de forma constante desde el Municipio frente a las demás administraciones. Asimismo, la Administración Municipal de Ingresos Públicos prevé sostener la performance positiva en términos reales de la recaudación, mientras se siguen eliminando tasas y promoviendo programas que, a través de descuentos y exenciones, incentivan el crecimiento comercial.
Entre los principales rubros del presupuesto, se prevé para este año una inversión en Obras y Servicios Públicos de $10.461 millones, lo que representa el 30,82% del total del presupuesto. En materia de Salud se estima una inversión de $7.535 millones, siendo esto un 22,20% del presupuesto. Para el área de Prevención y Seguridad la inversión prevista es de $3.158 millones, un 9,3% del total de los recursos. En materia de Desarrollo Social, la asignación presupuestaria se duplicó, pasando del 1,42% en 2022 a 2,8% en 2023.
Respecto a la política tributaria, en 2023 las tasas, por tercer año consecutivo, irán por debajo de la inflación: habrá una adecuación del 35% en enero y de un 20% en mayo, luego de transitar un año que culminará con una inflación acumulada de más de 90%. Además, en línea con la política de simplificación tributaria que se sigue hace años, se eliminarán 30 tasas, que sumadas a las 50 que corrieron igual suerte en ejercicios anteriores se alcanzarán las 80 tasas derogadas.
Adicionalmente, se promueven descuentos para contribuyentes cumplidores: hasta un 20% en Servicios Generales por pago en término; exenciones en automotor que liberarán de pago a casi 10 mil vehículos, y descuentos de 50% para comercios, que pagarán menos en 2023 en comparación con 2022. Los jubilados también mantendrán las exenciones y ya no deberán tramitar la renovación como en años anteriores. Las casas y comercios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares mantendrán los descuentos del 80%.
La gestión municipal prevé seguir promoviendo la actividad comercial con la eliminación de los costos de habilitación para nuevos negocios o sucursales, sumado a tres meses en la exención del pago de tasas por Inspección de Seguridad e Higiene en caso de adherirse al débito automático. Por otra parte, a través de la creación de nuevas zonas tributarias, los centros de Maquinista Savio, Matheu y Loma Verde serán rezonificados a la baja, por lo que pagarán 15% menos en las tasas por servicios generales.
La norma sancionada en el Senado el pasado 16 de diciembre fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. La observación sobre el artículo referido a la deuda de las provincias con CAMMESA.
El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, que se sancionó el pasado 16 de noviembre en el Senado.
Mediante el decreto 799/22, publicado en el Boletín Oficial, se observó el artículo 89 de la norma, relacionado a la regularización de la deuda de las provincias con CAMMESA.
En los considerandos, el Ejecutivo explicó que “el artículo 89 de dicho proyecto, en su tercer párrafo, dispuso que ‘Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un período no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior’”.
“Dicho párrafo regula cuestiones vinculadas con los cuadros tarifarios, las cuales no se ajustan a los marcos regulatorios vigentes”, se señaló y agregó que “la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía resulta potestad del Poder Ejecutivo Nacional”.
En ese sentido, en los argumentos se expresó que esa redacción del artículo “podría ser considerado como una intromisión en el ámbito provincial, ya que la regulación en el sistema de distribución de la energía eléctrica es de competencia provincial/municipal, excediendo las facultades delegadas a la Nación”.
“Resulta necesario observar el tercer párrafo del artículo 89 del proyecto de ley sancionado”, se expresó y afirmó que “la presente medida no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación”.
El Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.
Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Entre sus principales puntos, durante el debate en Diputados se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales; entre otras modificaciones.
La iniciativa fue aprobada este miércoles en la Cámara baja. Desde la principal bancada opositora advirtieron sobre las deficiencias en materia de viviendas y obras viales, y cuestionaron la política tributaria.
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó este miércoles el proyecto de Presupuesto 2023, el cual fue acompañado por el interbloque Juntos por Entre Ríos, pero marcaron fuertes cuestionamientos.
Desde la principal bancada opositora advirtieron sobre las deficiencias en materia de viviendas y obras viales, pusieron el foco en las subejecuciones presupuestarias y alertaron sobre el explosivo déficit previsional. También hubo críticas a la postergación de vencimientos de la deuda y cuestionaron la política tributaria: “Atenta contra el desarrollo de la provincia”.
El miembro informante de Juntos por Entre Ríos, Esteban Vitor, señaló que “tras una serie de intercambios con el Poder Ejecutivo y los legisladores del oficialismo, se logró “la incorporación de una serie de modificaciones que mejoran la calidad del ejercicio presupuestario”, pero advirtió que “quedan varios aspectos sobre lo que marcamos múltiples críticas”.
En este sentido, el legislador afirmó en la sesión que “el ‘Equilibrio Fiscal’ del que se jacta el Gobierno es coyuntural, no estructural y se logró gracias a la devolución de la Coparticipación Federal de Impuestos y al colapso de la obra pública”.
En cuanto a los Gastos en Personal, señaló que tal “partida está hace una década por encima del 41%”, y puso el foco en la nómina de funcionarios políticos del gobierno, “totalmente desconocida para el común de la gente, ya que este gobierno aún no publica en el sitio web la nómina de autoridades superiores porque eso desnudaría la inevitable verdad de que ha utilizado ese instrumento para nombrar discrecionalmente a figuras cercanas al poder, sin afectar los topes de planta de personal”.
Viviendas y Vialidad
“La inversión pública constituye un elemento central para alcanzar el desarrollo económico, pero para que sea efectiva, es necesario disponer de una adecuada orientación estratégica, algo inexistente en la planificación presupuestaria de nuestra provincia, según lo demuestra la sistemática subejecución de los presupuestos contemplados para este propósito en los últimos 10 años”, apuntó el diputado Vitor.
Además, señaló que “en los últimos 7 años solo se ejecutó la mitad del presupuesto de obra pública y se ha transformado en una costumbre ver una gran brecha entre la obra pública presupuestada y la obra pública finalmente ejecutada, lo cual ubica a Entre Ríos entre las cinco provincias del país con los menores niveles de inversión pública”.
Al mirar con lupa los “mayores vicios” en materia de subejecución del presupuesto de Inversión Pública, el diputado mencionó como principales responsables a la Dirección Provincial de Vialidad y al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, “dos áreas que se relacionan directamente con la actividad productiva de la provincia y el acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos, como el empleo o la vivienda”.
En tal sentido, manifestó que incluso el propio presidente del IAPV reconoció públicamente que solo ejecutó un 7% del presupuesto destinado a vivienda, “lo cual constituye un insulto a todos los entrerrianos” afectados por el déficit habitacional.
El legislador aseguró que “la impericia y la negligencia” también se evidencian en la Dirección de Vialidad: en 2021 solo se ejecutó el 50% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural.
Déficit previsional
“Cada peso que no se invirtió en obra pública fue destinado a compensar el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos”, aseveró Vitor refiriéndose al explosivo déficit del sistema previsional entrerriano y denunció: “Es incomprensible la desidia en este tema, todos los años es lo mismo, el gobierno expresa preocupación sobre estos números, se comenta la necesidad de realizar cambios, el Gobernador promete convocar al diálogo, pero nunca se avanza”.
A su vez, lanzó: “La provincia está gobernada desde hace 19 años por el mismo partido. Les pedimos por favor que se hagan cargo de haber generado una caja jubilatoria explosiva, que se come los recursos de todos los contribuyentes en detrimento del desarrollo de los entrerrianos del futuro”.
“La reestructuración que hizo el gobierno le sirvió para aliviarse los vencimientos durante su mandato en más de 160 millones de dólares, mientras que le pateo más vencimientos al gobierno que esté a cargo en el período 2024-2027, quien tendrá que pagar 110 mil millones de dólares más que los que originalmente le correspondían por el vencimiento del bono en dólares”, advirtió Vitor.
De este modo, “el gobernador Gustavo Bordet se quitó vencimientos de deuda que él tomó y que él gastó, incrementándole la carga a un futuro gobierno a partir del 2024”.
Estructura tributaria distorsiva
El miembro informante afirmó que el presupuesto refleja que “hay una estructura tributaria cada vez más distorsiva” y consideraron que esto “atenta contra el crecimiento del sector privado provincial”.
En tal sentido, le sugirió al Gobernador que “si realmente le interesa generar una matriz productiva que sea competitiva, revise la composición de los ingresos provinciales”.
“En los espacios deliberativos, desde el interbloque de Juntos por Entre Ríos siempre hemos tenido un desempeño responsable, analizando críticamente los temas de la agenda, custodiando los intereses de los entrerrianos y siempre con la perspectiva de mejorar las propuestas y acompañar las iniciativas de ley que potencian el desarrollo de la provincia”, destacó el diputado Vitor.
Al cierre de su disertación, adelantó el acompañamiento del interbloque en general, pero en contra de los artículos 17, 18 y 19, y expresó que confía que estos señalamientos realizados sobre algunos temas centrales “sean tenidos en cuenta para los próximos ejercicios de presupuesto, sabiendo que ello redundará en una mejora permanente de este instrumento público”.
Finalmente, la diputada Gracia Jaroslavsky lamentó que “se haya perdido nuevamente la oportunidad de cambiar la estructura centralizada del Estado”.
“Está claro que el Gobierno provincial no quiso, no pudo o no supo encarar un proceso de reforma integral y modernización de la administración pública”, aseguró la legisladora, quien apuntó contra la decisión de seguir alimentando este “Estado obsoleto, decadente y con compartimientos estancos que nunca pudo lograr la articulación necesaria para mejorar la vida de los entrerrianos y sacar a la provincia del lugar de hermana pobre de la Región Centro”.
La ‘Ley de leyes’ fue sancionada por unanimidad en la sesión especial del Senado, en la que también se convirtió en Ley la prórroga de seis impuestos y una fe de erratas sobre el artículo 89 del Presupuesto.
En la tarde de este miércoles, precisamente a las 17.35, el tablero del recinto marcó que la Cámara de Senadores convirtió en Ley el Presupuesto de Administración General de la Nación 2023 por unanimidad. Durante el cierre de la sesión especial, que duró tan solo 3 horas y que estuvo presidida por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, también se convirtió en Ley la Prórroga de Impuestos.
Sin la presencia de JxC, que no bajó a dar quórum y tampoco presenció el debate en rechazo a la incorporación al temario de la designación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura, el oficialismo logró aprobar los proyectos con la presencia de los senadores aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y la misionera Magdalena Solari Quintana.
Con una lista de oradores acortada, abrió el debate el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra (FdT), que en primer lugar se refirió a la prórroga de impuestos y asignaciones específicas que viene con media sanción de Diputados y explicó que el artículo 2 de la Ley 27.432 “prorrogó por última vez hasta el 31 de diciembre del 2022 cinco impuestos que son motivo de una nueva prórroga”.
En esa línea, detalló que la prórroga consistirá en 5 años hasta el 31 de diciembre de 2027 y enumeró los impuestos que se prorrogan: “Impuesto a las ganancias; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo;
“Además, se prorrogan una serie de asignaciones específicas hasta el 2027 que son nutridos de una serie de impuestos como el IVA, el de Capital de Cooperativas, sobre Bienes Personales, sobre impuestos a los pasajes al exterior”, precisó.
Guerra agregó que también se suspende lo que está establecido en el inciso A del artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales que establecía que el 90% del producido de dicho impuesto debía financiar el Régimen Previsional, pero “al ser suspendido dicho artículo el producido de dicho impuesto se coparticipa conforme al Régimen de Coparticipación Federal”.
Por último, indicó que “extiende por 5 años el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa que se nutre de un impuesto que se aplica sobre el capital de estas organizaciones y con una alícuota del 2%”.
“Los impuestos que estamos buscando su prórroga representan entre el 30 y el 32% de la recaudación tributaria”, remarcó el riojano y resaltó que “son de relevancia su continuidad para financiar, no solamente los presupuestos nacionales, sino también los provinciales, porque son impuestos coparticipables y a su vez el dinero producido de estos impuestos se destina a financiar al Régimen Previsional”.
Relacionando con el Presupuesto 2023, Guerra explicó que “la suma de cuatro impuestos de los que estamos prorrogando, involucran una cifra superior a los 11 mil millones de pesos más del 7% del PBI”, y subrayó: “Estamos sin duda ante un hecho muy importante y necesario que dichos impuestos continúen”.
Los impuestos que estamos buscando su prórroga representan entre el 30 y el 32% de la recaudación tributaria. Son de relevancia su continuidad para financiar, no solamente los presupuestos nacionales, sino también los provinciales“.
Por otro lado, el titular de la Comisión de Presupuesto reiteró que los impuestos son coparticipables y puntualizó en el impuesto a las ganancias que “es coparticipable en su totalidad de recaudación entre provincia, nación y conjuntos de provincias”. “Los bienes personales, primero tienen una detracción de cifras nominales con destino al INCUCAI y luego más del 93% se destina al régimen de coparticipación federal y un 6,2% se distribuye entre las provincias que no han transferido sus cajas previsionales a la Nación”, detalló.
Sobre los impuestos a los créditos y débitos bancarios manifestó que son “íntegramente destinados al ANSeS al igual que el producido de la Ley sobre el precio final de la venta de cigarrillos”, y aclaró que en el caso del impuesto al monotributo “que tiene dos impuestos el impositivo que se distribuye en un 70% al ANSeS y un 30% se distribuye conformen al Régimen de Coparticipación Federal; y lo que es el componente previsional que compone al monotributo se destina al ANSeS”.
En cuanto a las asignaciones específicas precisó que “sobre el producido al IVA un 11% se destina al ANSeS. El impuesto sobre el capital a las cooperativas el 50% se destina al Fondo para la Educación y la Promoción de las cooperativas. El impuesto a los pasajes al exterior se destina el 40% al Instituto Nacional de Promoción Turística y un 60% a la Secretaría de Turismo”.
“La vigencia de estos impuestos es de sustancial importancia tanto para financiar al Presupuesto nacional, a los presupuestos provinciales y al Régimen Previsional, es decir, al ANSeS”, reiteró Guerra y advirtió que “no hacer lugar a la prórroga de estos impuestos, tendríamos consecuencias impredecibles desde un punto de vista social”.
En segundo lugar, se refirió al Presupuesto 2023 y explicó que se realiza para cumplir con lo establecido del artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional y sumó: “El proyecto propone converger a la estabilidad económica, a la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos y a la recomposición y fortalecimiento de los mercados tanto internos como externos”.
En ese sentido, puntualizó en los objetivos centrales de la “Ley de leyes” que “están referidos a fomentar el orden fiscal, propender al superávit comercial, fortalecer las reservas en el Banco Central y generar un desarrollo social”.
Con relación al orden fiscal, planteó que “en el Presupuesto prevé que el déficit base caja no supere el 1,9% y está en consonancia con los compromisos asumidos con el FMI y también referido al financiamiento del déficit fiscal”.
En relación al sostenimiento del superávit comercial, el riojano explicó: “Se creó el Programa de Incremento Exportador que se conoció como ‘dólar soja’ que, además de dicho programa que comenzó a regir en el presente ejercicio, también se fomentó y se incrementó sustancialmente el control de las exportaciones y de las importaciones para evitar maniobras de subfacturación y de sobrefacturación”.
Al hablar del fortalecimiento de las reservas del BCRA, el oficialista señaló que “se consensuó con distintos sectores de la economía como la ganadería, la pesca, la minería, que liquiden exportaciones para que ingresen divisas como así también se buscó los desembolsos de diversos organismos multilaterales todo con el sentido de fortalecer las reservas que es el respaldo de la moneda en circulación”.
Sobre el objetivo con desarrollo en inclusión social, Guerra consideró que “constituye una política muy importante y relevante para el Gobierno y consiste en fortalecer los salarios y jubilaciones de los ciudadanos”.
En cuanto a los parámetros macroeconómicos fijados en el Presupuesto, según el FMI “prevé un crecimiento del producto bruto mundial del 2,9% y para nuestro país está previsto un crecimiento del 2%, porcentaje que también se prevé que se mantenga para el ejercicio 2024 y 2025”.
“El consumo privado y público se prevé un incremento del 2% y de la inversión un incremento del 2,9%. El comercio exterior, continuando con la consolidación de la balanza comercial, se prevé un saldo positivo de más de 12 mil millones de dólares”, explayó Guerra y agregó: “Con todas estas medidas y proyecciones macroeconómicas que implican un reordenamiento se espera que las expectativas inflacionarias sean contenidas para que, de ese modo, se concluya el 2023 con una inflación cercana al 60% y un tipo de cambio con un crecimiento levemente superior en los 169,9 pesos por dólar”.
En cuanto a los números globales del Presupuesto, el riojano precisó: “En materia de gastos se prevé un total de 28,9 billones de pesos que, si consideramos su distribución por finalidades y funciones, tenemos que más de un 64% está destinado a los servicios sociales, donde un gran componente es el pago a los jubilados. También tiene una participación importante la salud, la educación y la ciencia y la técnica”.
“15,5% lo componen los servicios económicos (subsidios), un 10% la deuda pública, un 4% los servicios de defensa y seguridad, y un 5,6% lo que es Administración Gubernamental”, detalló y siguió: “Geográficamente un 22% está concentrado en la Ciudad de Buenos Aires, un 21,2% en la provincia de Buenos Aires, de tal modo que el 43,2% está concentrado en esas dos jurisdicciones. El 17,9% queda en el Estado Nacional y un 38,7% para el resto de las jurisdicciones. Claramente denota una alta concentración”.
En materia de ingresos, indicó que “se prevé una recaudación de 22,4 billones de pesos, de los cuales el 99,6% son de ingresos corrientes y solo un 0,4% son de ingresos de capital. Más del 66% de lo que son los ingresos corrientes son obtenidos de la recaudación de impuestos y un 29% lo aportan las contribuciones a la seguridad social”.
Comparando los gastos con los ingresos, Guerra observó que “tenemos un déficit de 6,4 billones de pesos los cuales se van a financiar con la obtención de fuentes financieras por 30 billones de los cuales se aplicarán por 23,7 billones de pesos. El componente principal, tanto de las fuentes como de las aplicaciones, es el endeudamiento público en pesos”.
Por otro lado, el riojano informó que se han incorporado obras en el proyecto que serán ejecutadas “en cuanto y en tanto” se les asignen los recursos. Por último, consideró que el Presupuesto 2023 “es acorde al contexto en el cual proviene y se encuentra el país. Es un presupuesto realista en la cual financia los servicios esenciales del Estado como así también las políticas esenciales definidas como un plan de gobierno, pero en un arco de restricciones que esta dado por un contexto mundial con una guerra que tiene impactos globales grandes”.
“No hay que olvidar que el país tuvo que encausar una deuda muy elevada que dejó la gestión de gobierno anterior en la cual nos introdujo al sistema nuevamente del FMI y luego tuvimos que sufrir una crisis sanitaria muy costosa y dolorosa. Todas circunstancias que hacen un contexto en el cual se encuentra la Argentina sea de restricciones”, lamentó el senador del FdT.
También destacó que el Presupuesto es “una norma muy importante y fundamental para toda gestión de Gobierno. Es una norma que autoriza a invertir en los servicios esenciales como así también en las políticas que desde el Poder Ejecutivo se definen, permite recaudar los recursos que permiten luego financiar las políticas; fija parámetros macroeconómicos”.
“Se podrá coincidir o no con las proyecciones o las políticas, pero en todo caso eso serán motivos de observaciones, pero lo que no es materia de discusión es privar a un país a tener su Presupuesto como ocurrió el año pasado en al cual la oposición no acompañó y como vemos en esta oportunidad que está ausente para su tratamiento”, criticó Guerra y ponderó: “Es un presupuesto que tiene un fuerte componente federal en materia de obra pública en todas las provincias”.
En último lugar, explicó que el proyecto viene con un “fe de erratas” en el artículo 89 que establece que “tanto el Estado Nacional, estados provinciales y municipales que son los titulares de los servicios energéticos tengan que velar por el pago de la factura que emita la empresa distribuidora del mercado que es CAMESA. Velan que las facturas que emiten contra esa distribuidora finalmente sean pagadas”, y explicó que el sentido de la “fe de erratas” es porque la redacción original establecía que esas jurisdicciones “deberán controlar y garantizar el estricto cumplimento del pago”, corrige y debe decir: “Las jurisdicciones deberán controlar el estricto cumplimiento del pago”, es decir que las jurisdicciones deberán controlar, pero no garantizar el pago de las facturas que emita CAMESA contra las distribuidoras de energía eléctrica.
Luego fue el turno del rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) definió que “un presupuesto de alguna manera es prever o intentar prever qué es lo que vaya a suceder en el próximo año fiscal de un Estado. Obviamente que cuando más cerca de lo que se prevea o de lo que se haya planteado, esté la realidad o la ejecución de ese Presupuesto hay mayor certeza sobre rumbo de una administración pública o de un país. Cuando más lejos se está de eso que se estableció mayor desestabilidad, mayor desconfianza, mayor zozobra”.
“Fundamentalmente la confianza que le da el Congreso a un Poder Ejecutivo, porque de alguna manera, el hecho de aprobar lo que el PEN supone o piensa, o desea, no deja de ser un acto de confianza del Congreso de la Nación”, consideró y remarcó: “En definitiva, lo que estamos haciendo es permitir que se recauden los impuestos de la manera que se ha planteado, y sobre todo estamos autorizando los techos de los gastos en toda la administración pública”.
A su vez, analizó: “Es muy difícil encontrar un Gobierno en los últimos años que haya cumplido, de alguna manera, que refleje lo que el Congreso autorizó ya sea como ingresos o egresos. Creo que es uno de los temas que nos marca hoy por qué tenemos la situación que estamos viviendo, porque ninguno de los equipos económicos ha logrado cumplir lo prometido en este Congreso”.
Por otro lado, aseguró que “cada discusión del Presupuesto de la Nación es un momento de tensión entre Nación y provincias”, debido a que es el momento en el cual “se distribuye lo que hay, sea mucho, poco o más o menos. Y en esa distribución los que somos del interior aspiramos, deseamos y eximios que lo que el interior produce y genera vuelva en obras, en acciones, en mejorar la vida de quienes vivimos en el interior del país”.
En suma, Weretilneck puntualizó en el tema de los subsidios al transporte que “se discutió acá y se avanzó algo, no todo lo que hubiésemos deseado”. “Uno es el transporte, cuando vemos los millones que se destinan al AMBA y que no se destinan al interior del país, y el costo del boleto de transporte en el interior del país y en el AMBA, si bien es un tema que se avanzó hasta los 85 mil millones de pesos, nosotros necesitamos que en el presupuesto del año próximo esta cifra sea mejor”, comparó.
“Lo mismo en los subsidios a la electricidad y al gas, si bien en las distintas leyes que se han sancionado se ha avanzado, la distribución sigue siendo todavía inequitativa, y si bien en Diputados se avanzó, todavía hay que avanzar mucho más”, criticó el rionegrino.
A su vez destacó como “un hecho importante el artículo 117 de la ley, donde se ha planteado un tema que tuvo origen en algunos senadores, que el 117 cuando dice que a los fines de federalizar el impacto del gasto del Presupuesto nacional, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional comprendidas en el inciso A del artículo 8 de la Ley 24.156, así como las empresas y sociedades del Estado del inciso B, y los entes públicos incluidos en el inciso C del citado artículo, que tengan cedes en las provincias harán las acciones necesarias para descentralizar al menos el 50% de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios en cada una de las jurisdicciones. Creo que aquellos que eximimos en el Presupuesto cada vez más federalismo es un tema importante y no menor que merece que destaquemos”.
“A partir de la situación que se deriva de la deuda externa, a partir del peso que tienen los aportes y contribuciones, fundamentalmente las prestaciones sociales como son las jubilaciones, y el tema de los subsidios, vemos que entre estos tres ítems tenemos casi el 70% del gasto de la administración pública nacional, con lo cual es muy complejo poder destinar recursos para todas aquellas actividades, y promociones que se necesitan en todo el país”, explayó.
En otro tramo de su intervención, celebró la “predisposición del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a la provincia de Río Negro, y la predisposición en la Cámara de Diputados de esta discusión entre los senadores de la provincia de Río Negro y los diputados nacional, ya sea del Frente de Todos como de Juntos Somos Río Negro, hemos logrado que este Presupuesto refleje las obras que nosotros necesitamos en la provincia, y que forman parte del proyecto de provincia que muchas veces compartimos los objetivos”.
“Este Presupuesto prevé obras por 12 mil millones de pesos en la provincia, 500 millones en medioambiente, 4 mil millones en obras de agua y cloacas en 12 localidades, prevé 870 millones de pesos en obras educativas en 16 ciudades, 4 mil millones en vialidad nacional, tiene 780 millones de obras del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y tiene distintas obras de salud por 138 millones de pesos en términos generales”, precisó Weretilneck.
Y cerró: “Con lo cual uno siempre aspira a lograr la mayor cantidad de obras y de acciones del Estado federal en la provincia que se puedan, nosotros desde el punto de vista los senadores y diputados de la provincia de Río Negro hemos logrado por lo menos garantizar que este Presupuesto refleje las necesidades actuales y de los próximos años de la provincia”.
A su turno la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) repudió los dichos del senador del Pro Luis Juez que había expresado que “ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”, y la frase del expresidente Mauricio Macri “Alemania, una raza superior” porque “no pueden tomarse a la ligera”.
Hecha esa introducción, la riojana se refirió al Presupuesto 2023 y lamentó que “no estén presente todos los senadores porque nosotros podemos aprobar cientos de leyes, pero la ley más importante es el presupuesto porque se establecen las políticas de Estado y qué prevé para las provincias”.
“Después de la triste experiencia que tuvimos el año pasado de no poder lograr la sanción del Presupuesto en un año difícil porque no pudimos atravesar ni superar la pandemia y el mundo entró en guerra. En ese año el presidente no tuvo una hoja de ruta y tuvo que reasignar partidas y tuvo que tomar decisiones donde el contexto mundial no era el más apropiado”, sostuvo Vega.
Además, expresó que “nosotros lejos de estar unidos y hablando de cuáles son las posibilidades que tiene Argentina en medio de la crisis mundial, estamos acá divididos, pelando, mirándonos el ombligo y defendiendo los pequeños intereses de cada uno de los sectores políticos”.
“Lejos de atender lo que la ciudadanía en general quiere, lo que en general votó en el 2021 porque creo que votó a sus representantes para que estén sentados acá defendiendo los recursos de cada una de sus provincias, y no sentados de opinólogos en los distintos canales de televisión tratando de menoscabar a quienes tiene hoy la responsabilidad de dirigir los destinos del patria, sino también hablando mal del país sin poner en la mesa el enemigo fundamental que es la inflación”, lanzó con duras críticas la riojana hacia JxC.
Y siguió: “Tendríamos que estar trabajando todos unidos para que realmente la inflación que prevé el presupuesto del 60% sea la que nos permitiría la proyección”.
La última oradora fue la bonaerense Juliana Di Tulio como titular del bloque Unidad Ciudadana que contó con 40 minutos para exponer y decidió hacer un fuerte discurso contra la Justicia y después se burló del libro que publicó el expresidente Mauricio Macri, al que en plena sesión en el Senado por el Presupuesto 2023 llamó “bruto”.
Al inicio de su disertación, la senadora oficialista cargó contra JxC: “Nos dejaron sin presupuesto nacional. Nos exigen una hoja de ruta, dónde está el plan, cuál es el plan para la Argentina, y cuando presentamos el plan o no nos votan, como hicieron el año pasado, o se ausentan de una manera poco responsable”.
“Por suerte, el presupuesto vino en revisión y aunque estemos solamente el oficialismo, y algunos monobloques que honrosamente decidieron acompañar, estamos acá tratando de darle una previsibilidad que a mí me parece muy importante darles a los argentinos, en este marco desastroso, en el que estamos los argentinos y el mundo”, celebró.
En ese contexto, apuntó con munición pesada contra el expresidente Macri: “Hace tres años lo más grave que le pasó al país fue que gobernó Mauricio Macri. Ahora, cuando hablan de hoja de ruta, de plan, de previsibilidad, en qué presupuesto nacional el Poder Ejecutivo del expresidente Mauricio Macri mandó que iba a endeudar a la Argentina en más de 50 mil millones de dólares con el FMI. Eso no estuvo en ninguna hoja de ruta ni nada que se le parezca”.
“Absolutamente vedado para los argentinos ese datito de que Macri volvió a traer a la Argentina el FMI. Que en el 2007 le habíamos dicho chau, con un esfuerzo enorme”, disparó Di Tullio y siguió: “Y ya veníamos además con una deuda gigantesca, porque Mauricio Macri en esos 4 fatídicos años nos endeudó en otros 100 mil millones de dólares. Donde además por supuesto defaultearon la deuda en pesos. Inventaron una cosa bastante compleja de salir, un laberinto del que tenemos que salir entre todos, pero no encontramos la ayuda de ellos, son los grandes inventores de las LELIQs, pero tampoco colaboran a ver cómo desarmamos esa bomba que está a punto de estallar”.
A su vez, cuestionó que “esa deuda fenomenal, que además se fugó 85 mil millones de dólares, y quiero recordar que entre las PASO y las generales se fugaron 22 mil millones de dólares. Para los amigos del expresidente Mauricio Macri”.
“La derecha lo primero que hace en el poder es encarcelar, perseguir, y ha tenido otras épocas mucho más duras. En democracia, sobre todo durante los cuatros años del macrismo, hemos visto cómo armaban causas. El Poder Efectivo, junto al Poder Judicial para los sindicalistas. No solo no se arrepienten, sino que lo van a profundizar”, apuntó la senadora K.
En suma, recordó que “en el 2007 nosotros le dijimos chau al Fondo, pero no era una panacea. A veces nos olvidamos es de dónde venimos. Cuando asumió Kirchner estábamos en el fondo del mar. Kirchner sacó a flote este país. Por políticas muy parecidas, que hoy vuelve a expresar, pero muy recargado, Juntos por el Cambio, a través de su expresidente”.
“El pueblo argentino sabía que si no pagábamos la deuda no podíamos crecer. Que, si no pagamos la deuda no podíamos tener independencia económica, diseñar nuestras propias políticas, por lo tanto, no teníamos capacidad tampoco de tener soberanía política, y no podíamos alcanzar la justicia social, entonces lo que esa sociedad sabía es que había que deshacerse del FMI”, afirmó.
Y volvió a recordar que “en el 2015 teníamos, repartido entre el capital y el trabajo, el 52% para los trabajadores y el 48% para el capital. Hubo tres veces en la Argentina donde se logró esto.
Macri quiere que le sobre la mitad de los argentinos, quiere mano de obra barata. Por eso quiere que los sindicatos no sean fuertes, y por supuesto meterlos en cana”.
“En el 2015 el desempleo lo dejamos en 5,9% y en el 2019 teníamos 8,9, y hoy estamos en 6,9. La pobreza, según la UCA, en el 2015 era del 30%, y en el 2019 el 40%, diez puntos más, y en el 22’ el 36,5%. Bueno, los datos nos dan mejor. Nos dicen que somos el peor gobierno de la historia. Pero por favor, peor que el de Macri no hay”, detalló con crítica.
Y cerró: “Este presupuesto, que no conlleva ajuste, si no reasignaciones presupuestarias. La verdad que yo lamento que no esté la oposición, nuevamente, para hacerse cargo los desastres que nosotros estamos intentando de arreglar. Con mucho esfuerzo, en un escenario habiendo salido de una pandemia, con una guerra, y después de cuatro años del macrismo. 100 mil millones de dólares de deuda, 85 mil fugados, y un hombre que no se hace cargo del pasado, y mucho menos se va a poder hacer cargo del futuro”.
El proyecto de ley proveniente de Diputados por el cual se prorrogan plazos establecidos para una serie de impuestos (seis en total). Una iniciativa que va atada a las proyecciones del Presupuesto y que requiere de mayoría absoluta para su aprobación, es decir, 37 votos.
El proyecto, que había sido girado a la Cámara baja en agosto pasado, propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 un conjunto de impuestos, que caducan en diciembre de este año conforme se había establecido en la reforma tributaria de 2017, aprobada bajo la gestión de Mauricio Macri.
A partir de la iniciativa, se prorroga la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
En sus proyecciones macroeconómicas, el primer Presupuesto diseñado por Sergio Massa prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.
Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Entre sus principales puntos, durante el debate en Diputados se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales; entre otras modificaciones.
En lo que se prevé un inicio con polémica, la Cámara alta se reúne desde las 14:16. El temario incluye el decreto que designa a los representantes ante el Consejo de la Magistratura, pliegos y prórroga de impuestos.
El Senado inició a las 14:16 la sesión especial de este miércoles en la que se buscará la aprobación del Presupuesto 2023, pero la incorporación al temario de la designación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura traerá polémica en el comienzo. Y habrá que ver, en medio de un clima de enojo por parte de la oposición, cómo repercute a la hora de la votación de la “ley de leyes”. Con todo, el Frente de Todos, con apoyo de aliados, tiene los números justos para imponerse.
El temario de la sesión se conoció este martes pasadas las 20, más tarde de lo habitual. Y la lectura del mismo permitió enseguida entender el porqué de la demora. El primer tema previsto es el decreto 86/22 que designa representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Un tema que nunca se vota, pero esta vez será puesto a consideración en el recinto. Cabe resaltar que está firmado por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que la vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra a cargo del Ejecutivo.
Lo que viene después también promete controversias, pues es la designación de miembros de la recientemente creada Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz: Carlos Augusto Borges, Nelson Andrés Sánchez y Marcelo Hugo Bersanelli. Este último es el nombre cuestionado ya que se trata de un exabogado de Cristina Kirchner.
Esos nombramientos ya habían sido puestos a consideración de la Cámara alta, pero semanas atrás el propio oficialismo evitó el tratamiento de esos pliegos y a instancias de José Mayans, titular del interbloque oficialista, los mismos fueron devueltos a la Comisión de Acuerdos. Ahora sí se espera que sean aprobados, pues el oficialismo tiene los votos.
Para después el orden del día contempla los ascensos del general de división Guillermo Olegario Gonzalo Pereda; el vicecomodoro José Alfonso Torres, y otros miembros de las tres fuerzas.
A posteriori, será el turno del proyecto de ley proveniente de Diputados por el cual se prorrogan plazos establecidos para una serie de impuestos (seis en total). Una iniciativa que va atada a las proyecciones del Presupuesto y que requiere de mayoría absoluta para su aprobación, es decir, 37 votos.
El proyecto, que había sido girado a la Cámara baja en agosto pasado, propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 un conjunto de impuestos, que caducan en diciembre de este año conforme se había establecido en la reforma tributaria de 2017, aprobada bajo la gestión de Mauricio Macri.
A partir de la iniciativa, se prorroga la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
Presupuesto 2023
Por último, será el momento de comenzar a analizar el Presupuesto, que fue aprobado en Diputados el pasado 26 de octubre por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.
A la semana siguiente tuvo un tratamiento exprés en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT). En la Cámara alta asistieron funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos los secretarios Gabriel Rubinstein (Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas), pero no estuvo el ministro Sergio Massa.
La oposición pidió, sin éxito, por la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Un día después de la visita de los representantes del Ejecutivo, la comisión emitió dictamen del proyecto. Los senadores de Juntos por el Cambio no suscribieron -al igual que pasó en Diputados-, aunque durante la reunión el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) transmitió la tranquilidad de que desde la oposición no iban a obstaculizar la sesión. Esas declaraciones, por supuesto, fueron previas a toda la polémica por el Consejo.
Pero tampoco firmó el despacho un senador del propio oficialismo, el entrerriano Edgardo Kueider (FNyP-FdT), quien cuestionó con dureza una resolución de la Secretaría de Energía sobre tarifa diferencial electrica para las provincias del norte, quedando afuera Entre Ríos, y anticipó que si eso conllevaba “alguna cuestión que se involucra en el Presupuesto”, no iba a acompañar el eventual artículo referido al tema.
En la votación en la Cámara baja, la UCR acompañó la aprobación del Presupuesto 2023, mientras que el Pro se abstuvo. También votaron a favor los legisladores de Córdoba Federal, Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro, que en el Senado tienen su representación a través de los senadores Alejandra Vigo, Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck, respectivamente.
Otro voto que la bancada oficialista, temporalmente conducida por Anabel Fernández Sagasti ante la ausencia de José Mayans, cuenta a favor es el de la aliada riojana Clara Vega.
En sus proyecciones macroeconómicas, el primer Presupuesto diseñado por Sergio Massa prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.
Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Entre sus principales puntos, durante el debate en Diputados se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales; entre otras modificaciones.
A partir de las 14 sesionará el Senado, pero no es la ley de leyes el único tema previsto. Habrá pliegos judiciales y militares, prórrogas impositivas y, como primer tema, el decreto que designa miembros del Consejo de la Magistratura.
Contrariamente a lo que se esperaba, no será la de este miércoles una sesión tranquila en el Senado. El ruido judicial, con la designación de Martín Doñate como representante de la segunda minoría de esa Cámara, afectará sin lugar a dudas el debate del Presupuesto 2023, lo cual se traducirá en una aprobación de la ley seguramente más ajustada de lo que se preveía.
El temario de la sesión convocada para las 14 se conoció este martes pasadas las 20. Y la lectura del mismo permitió enseguida entender el porqué de la demora. El primer tema previsto es el decreto 86/22 que designa representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Un tema que nunca se vota, esta vez será puesto a consideración en el recinto.
Lo que viene después también promete controversias, pues es la designación de miembros de la recientemente creada Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz: Carlos Augusto Borges, Nelson Andrés Sánchez y Marcelo Hugo Bersanelli. Este último es el nombre cuestionado: se trata de un exabogado de Cristina Fernández de Kirchner.
Esos nombramientos ya habían sido puestos a consideración de la Cámara alta, pero semanas atrás el propio oficialismo evitó el tratamiento de esos pliegos y a instancias de José Mayans, titular del interbloque oficialista, los mismos fueron devueltos a la Comisión de Acuerdos. Ahora sí se espera que sean aprobados: el oficialismo tiene los votos.
Para después el orden del día contempla los ascensos del general de división Guillermo Olegario Gonzalo Pereda; el vicecomodoro José Alfonso Torres, y otros miembros de las tres fuerzas.
A posteriori, será el turno del proyecto de ley proveniente de Diputados por el cual se prorrogan plazos establecidos para una serie de impuestos (seis en total). Una iniciativa que va atada a las proyecciones del Presupuesto y que requiere de mayoría absoluta para su aprobación.
DPP-87.22Por último, será el momento de comenzar a analizar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023.
El récord de votos registrado en la Cámara de Diputados no se replicará en el Senado. En efecto, la Cámara baja aprobó el proyecto el pasado 25 de octubre, con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.
A la semana siguiente tuvo un tratamiento exprés en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT). En la Cámara alta asistieron funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos los secretarios Gabriel Rubinstein (Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas), pero no estuvo el ministro Sergio Massa.
La oposición pidió, sin éxito, por la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Un día después de la visita de los representantes del Ejecutivo, la comisión emitió dictamen del proyecto. Los senadores de Juntos por el Cambio no suscribieron -al igual que pasó en Diputados-, aunque durante la reunión el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) transmitió la tranquilidad de que desde la oposición no iban a obstaculizar la sesión.
Pero tampoco firmó el despacho un senador del propio oficialismo, el entrerriano Edgardo Kueider (FNyP-FdT), quien cuestionó con dureza una resolución de la Secretaría de Energía sobre tarifa diferencial electrica para las provincias del norte, quedando afuera Entre Ríos, y anticipó que si eso conllevaba “alguna cuestión que se involucra en el Presupuesto”, no iba a acompañar el eventual artículo referido al tema.
En la votación en la Cámara baja, la UCR acompañó la aprobación del Presupuesto 2023, mientras que el Pro se abstuvo. También votaron a favor los legisladores de Córdoba Federal, Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro, que en el Senado tienen su representación a través de los senadores Alejandra Vigo, Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck, respectivamente.
Otro voto que la bancada oficialista, temporalmente conducida por Anabel Fernández Sagasti ante la ausencia de José Mayans, cuenta a favor es el de la aliada riojana Clara Vega.
La Cámara alta sesionará para tratar la “ley de leyes” tal cual estaba previsto en el cronograma del oficialismo. La convocatoria todavía no se oficializó.
Aunque la convocatoria todavía no se oficializó, fuentes del oficialismo confirmaron a parlamentario.com que el Senado sesionará este miércoles para tratar la ley del Presupuesto 2023, tal cual estaba previsto en el cronograma que el Frente de Todos se fijó desde un principio.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 25 de octubre, con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. A la semana siguiente tuvo un tratamiento exprés en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT).
En la Cámara alta asistieron funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos los secretarios Gabriel Rubinstein (Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas), pero no estuvo el ministro Sergio Massa.
La oposición pidió, sin éxito, por la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Un día después de la visita de los representantes del Ejecutivo, la comisión emitió dictamen del proyecto. Los senadores de Juntos por el Cambio no suscribieron -al igual que pasó en Diputados-, aunque durante la reunión el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) transmitió la tranquilidad de que desde la oposición no iban a obstaculizar la sesión.
Pero tampoco firmó el despacho un senador del propio oficialismo, el entrerriano Edgardo Kueider (FNyP-FdT), quien cuestionó con dureza una resolución de la Secretaría de Energía sobre tarifa diferencial electrica para las provincias del norte, quedando afuera Entre Ríos, y anticipó que si eso conllevaba “alguna cuestión que se involucra en el Presupuesto”, no iba a acompañar el eventual artículo referido al tema.
En la votación en la Cámara baja, la UCR acompañó la aprobación del Presupuesto 2023, mientras que el Pro se abstuvo. También votaron a favor los legisladores de Córdoba Federal, Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro, que en el Senado tienen su representación a través de los senadores Alejandra Vigo, Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck, respectivamente.
Otro voto que la bancada oficialista, temporalmente conducida por Anabel Fernández Sagasti ante la ausencia de José Mayans, cuenta a favor es el de la aliada riojana Clara Vega.
Todavía no está confirmado si el temario de la sesión incluirá un proyecto con media sanción para prorrogar por cinco años de seis impuestos nacionales, una iniciativa que va atada a las proyecciones del Presupuesto y que requiere de mayoría absoluta para su aprobación.
Los legisladores de ese espacio cuestionaron con dureza al Ejecutivo local y advirtieron que educación y políticas sociales fueron las áreas que “más perdieron”.
Después de que votaran en contra del Presupuesto 2023, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) cuestionaron con dureza al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aseveraron que durante los últimos 15 años “no propuso ninguna solución estructural”.
En ese sentido, Matías Barroetaveña (FdT) afirmó que “la Ciudad tiene recursos europeos y problemas resueltos gracias a los años de gestión del Gobierno Nacional; sin embargo, esta gestión deja una ciudad mucho peor que la que recibió: cada vez más autos, no se construyó un solo metro de subte, cada vez se entierra más basura en el CEAMSE, vendieron la costanera y una desigualdad norte-sur que nos da vergüenza”.
“La realidad del sur de la ciudad muestra indicadores calamitosos en términos de protección social, 8% de indigencia, 29% de la población sin secundaria, en la Comuna 8, más del 30% viven en villas”, expresó y añadió que “en la ciudad macrista, donde había una necesidad, hay un negocio y ahora quieren tener un negocio aún mayor, le estamos regalando 70 mil millones de pesos a la concesionarias de grúas”.
En tanto la diputada Laura Velasco (FdT) afirmó que “este presupuesto exhibe muy a claramente las prioridades de este Gobierno para pocos” y destacó que “el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, principal encargado de llevar adelante las políticas sociales, perdió un punto en la participación presupuestaria total para el año que viene. Se achican y recortan programas destinados a fortalecer a la Economía Popular. En el caso de las personas en situación de calle, si bien incrementa la cantidad de personas destinatarias nos encontramos con un recorte de más de 260 millones de pesos. También hubo ajustes en el programa se asistencia alimentaria a pesar de que este año faltó presupuesto para cubrir la demanda y las porciones son cada vez más pequeñas”.
Por otro lado indicó que “el presupuesto educativo volvió a perder casi un punto, que se suma a los 12 que ya se recortaron en estos 15 años de gestiones macristas en la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, volvió a bajar la participación de la educación pública en el presupuesto del Ministerio y subió la de gestión privada en una Ciudad donde urgen las mejoras edilicias, la construcción de nuevas escuelas y jardines, sobre todo en zona sur, y donde nuestros estudiantes reciben viandas insuficientes, sin valor nutricional y, en muchos casos, en mal estado”.
“En la Ciudad de Buenos Aires seguimos sin tener un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad por lo que las políticas públicas destinadas a mujeres y personas LGBTIQ+ no se encuentran jerarquizadas ni centralizadas, cuentan con presupuestos ínfimos, con recortes de más del 50% respecto al año pasado o aumentos muy por debajo de la inflación estimada”, sentenció.
Por otra parte, Juan Manuel Valdés (FdT) se mostró inconforme por la ausencia de los ministros. “Me llama la atención que Larreta haya decidido que su gabinete no venga a explicar el Presupuesto 2023 a la Legislatura, algo que sucedió todos los años anteriores. Pretenden que aprobemos un presupuesto a ciegas sin poder consultar con quienes redactaron el proyecto”, sostuvo.
“El oficialismo plantea un modelo de Ciudad en el que los contribuyentes se ven obligados a asumir una desmedida carga tributaria, que ha subido alrededor del 53% desde que empezaron a gobernar en 2007, y no para de crecer. Intentamos derogar el impuesto a las tarjetas hace unas semanas, que grava 1,2% cada consumo, pero el PRO no bajó a sesionar. A la vista está que la promesa que hizo el Jefe de Gobierno a todos los argentinos de no crear ni aumentar impuestos es absolutamente falsa. El presupuesto muestra que lamentablemente los porteños seguiremos siendo rehenes de la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta”, concluyó Valdés.
La Legislatura porteña aprobó con 33 votos positivos y 27 negativos el presupuesto para el año próximo, el cual proyecta una suba para el área de educación, una fuerte inversión en materia de obra pública y seguridad.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con 33 votos a favor y 27 en contra el Presupuesto 2023, el cual ha respetado, como referencia para la planificación presupuestaria, las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional. Es por ello que se estima un gasto de 2.154.964 millones de pesos, totalizando el gasto primario 2.066.109 millones de pesos.
La medida contó con el aval de los bloques Vamos Juntos (VJ), Consenso Federal (CF), Partido Socialista (PS), Republicanos Unidos (RU) y Unión Cívica Radical- Evolución (UCR-Ev) y el rechazo del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Frente de Todos (FdT) y La Libertad Avanza (LLA).
De esta manera, producto de las acciones e iniciativas desarrolladas durante los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires proyecta, para el 2023, un Resultado Financiero levemente superavitario, es decir con Déficit Cero.
Por lo tanto, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2023 se espera un crecimiento del Producto Bruto Geográfico del 2%, una inflación en el orden del 60% y un tipo de cambio de 269,9 pesos por dólar para fines del próximo año.
El texto en cuestión establece que los gastos corrientes previstos ascienden a 1.825.276 millones, mostrando un crecimiento nominal del orden de los 854.238 millones y representando el 84,7% del gasto total. En lo que respecta al gasto de capital, el monto presupuestado para el plan de obra pública es de 329.688 millones, lo cual representa un incremento de 150.509 millones y representa el 15,3% del total.
De manera tal que el 63% será afectado a Servicios Sociales, con las mayores partidas asignadas para Educación y Salud; 15,4% para Seguridad y un 12,8% para toda la Administración (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más los órganos fiscales y de control de gestión). Servicios Económicos (4,6%) y Deuda Pública (4,2%) completan el cuadro porcentual.
Cabe señalar que gracias a una petición de los diputados de Republicanos Unidos (RU) se logró la baja de cuatro mil millones de pesos a través de un ajuste en lo que cobra la ciudad por la patente de los vehículos valuados en menos de un millón de pesos. Esta baja beneficiará aproximadamente a 300 mil rodados, es decir, a un tercio del parque automotor porteño. También se logró una mayor eficiencia de la estructura gubernamental reduciendo en aproximadamente 500 millones los contratos y contrataciones de personal. Finalmente, en el área de la construcción, también se logró la baja de la tasa de áridos, incluyendo también un diferimiento de una parte del pago y una simplificación de trámites.
Por otro lado, el Parlamento porteña aprobó la Ley Tarifaria, la cual no propone ningún incremento de alícuotas en tasas e impuestos. En contribuciones como Inmobiliario y ABL, se consigna que ninguna actualización podrá superar el índice de precios al consumidor de la Ciudad (IPCBA). Para automotores habrá bonificaciones en los montos de patentes para que no superen porcentualmente el IPCBA acumulado entre noviembre 2021 y octubre 2022.
El debate en el recinto
El encargado de abrir la discusión en el recinto de sesiones fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), quien afirmó que “lo más importante de este Presupuesto es que la Ciudad tendrá Déficit Cero en el 2023. Esto se debe a que pagamos lo que debemos y no gastamos más de lo que tenemos” e insistió en que “el Presupuesto no prevé aumento de impuestos ni nuevos tributos. Lo que nos diferencia del Gobierno Nacional, que son los reyes del impuestazo”.
Además planteó que “vamos a subir la partida presupuestaria destinada a educación al 20%, manteniendo el 63% en las áreas sociales. Y habrá una baja del 30% en lo que respecta al peso de la deuda” y concluyó señalando que “este es el último presupuesto que va a ejecutar la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que por primera vez en la historia de este distrito le va a dejar unas cuentas ordenadas a cualquier jefe de Gobierno que asuma según la voluntad popular el 10 de diciembre de 2023”.
Durante su intervención, el trotskista Gabriel Solano (FIT) propuso que “el 50% del presupuesto de publicidad de CABA se destine a la recomposición salarial de residentes y concurrentes. El presupuesto de publicidad es el que más crece, un 175%. Son más de 9.000 millones de pesos” e insistió en que “Larreta le echa la culpa a la inflación por los magros salarios de los Residentes, sin embargo es él el que no quiere dar una solución al conflicto. La recaudación de Ciudad está atada a la inflación, pero le niega aumentos acordes a los Residentes. Una situación similar viven docentes, enfermeras y municipales”.
“Los Residentes y Concurrentes no van a dar el brazo a torcer. Siguen de paro y movilizarán a la Legislatura junto a docentes y organizaciones de desocupados. ¿Los vecinos de la Ciudad le vamos a pagar la campaña presidencial a Larreta o un salario digno a los trabajadores de la salud que nos atienden todos los días?”, aseveró.
En contraposición el diputado de la UCR-Evolución Lucio Lapeña destacó que “vamos a acompañar este presupuesto porque no plantea aumentos en los impuestos, no plantea aumentos en alícuotas ni crea nuevos tributos” y resaltó que “el presupuesto de la Ciudad reúne algunos principios básicos que hacen a un buen gobierno: cuentas públicas ordenadas, con superávit, 3 años después de una pandemia. Una política de deuda sustentable y sostenible en el tiempo: se redujo el pago de intereses un 30% y el stock cayó a niveles de 2015. Y una actitud responsable. Es decir, no compromete ejercicios futuros con deudas impagas, déficit fiscal ni proyectos de infraestructura faraónicos”.
“Digo esto porque algo que el Gobierno Nacional no puede mostrar el presupuesto que propone para el 2023 tiene inconsistencias notables, implica déficit fiscal, las deudas se acumulan debajo de la alfombra y todo ello en el último año de una administración muy desordenada y con pocas posibilidades de reelegir. Es muy claro el contraste entre Ciudad y Nación”, completó.
Por su parte la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Mercedes De Mendieta aseguró que “Larreta con este presupuesto de ‘déficit cero’, de ajuste, quiere generar confianza al FMI y EEUU, y que ante la crisis del peronismo lo vean a él como la opción presidencial más viable, la opción que va a llevar adelante el ajuste necesario para sostener lo insostenible, los vencimientos de la deuda externa”. Y remarcó que “n esta carrera no está solo, tiene su disputa con Patricia Bullrich que ya dijo que si gobierna lo va a hacer con ‘austeridad’ y represión. También compite con los liberfachos de Javier MIlei que los corren por derecha y quieren un gobierno como el de Menem, con las recetas de los 90”.
“Pero el ajuste no es sólo en la Ciudad, hoy se cumplen 100 días de Massa en el Ministerio de Economía bajo el gobierno de Alberto Fernández. Y entre los “logros” de Massa para el FMI encontramos los recortes de este año en discapacidad, infraestructura escolar y otras partidas sociales y por supuesto el Presupuesto Nacional 2023 que fue redactado en Estados Unidos con el FMI”, sentenció.
En tanto la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira aseveró que “el presupuesto de la Ciudad es de más de 2 billones de pesos. En los últimos 15 años la recaudación se incrementó un 40%, o sea que el Estado porteño hoy cuenta con muchos más recursos. Por ello nos parece inexplicable que no se aborden problemas muy claros que persisten a lo largo de todos estos años en la Ciudad” y detalló que “uno de ellos es el del sistema de salud, cuyo funcionamiento depende en gran medida de residentes que trabajan por $120.000 con un salario de base de $4000. Aún así, en el presupuesto que presenta el Ejecutivo para 2023, el gasto en personal de la salud es más bajo que hace 15 años atrás. Esta falta de prioridades en el gasto se repite inexplicablemente en diferentes políticas”.
“Mientras, la carga tributaria de los porteños ha aumentado en impuestos regresivos, como sucede con Ingresos Brutos – donde la Ciudad tiene la segunda alícuota promedio más alta del país y la más alta para comercios -o con el impuesto de sellos a los consumos con tarjetas de crédito, por el que se va a recaudar mucho más de lo que se previó recaudar. En definitiva, tenemos un aumento exponencial de la recaudación, por vía de una cada vez mayor presión impositiva a los porteños y las porteñas, pero con una pésima distribución del gasto. Por eso decimos que este presupuesto evidencia la ineficacia de la gestión de Larreta en la administración de los recursos de la Ciudad”, añadió.
A su turno, el legislador de RU Roberto García Moritán subrayó que “las condiciones que nosotros pusimos son menos impuestos, menos gasto y menos regulaciones. Creemos que con estos cambios logrados habremos tenido un impacto concreto en el asunto. Es más que lo que cualquier otro bloque liberal puede mostrar” e informó que “el proyecto tiene déficit cero y tiende a una ciudad desendeudada. Eso lo vemos bien. Nosotros analizamos el tema desde nuestros tres objetivos: menos gastos, menos impuestos y menos regulaciones. No obstante esto, no compartimos la posición de desfinanciar de golpe a la Ciudad y forzar un reacomodamiento de las cuentas públicas a como dé lugar. Creemos que se pueden hacer cambios generando un mínimo impacto en nuestra ciudadanía. Hace falta mucho más, pero hemos dado pasos en la dirección correcta”.
Por su lado el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Leonardo Saifert aseguró que “ahora todos están pensando en cómo hacer para ganarle a la inflación, a nadie se le cae la idea de decir ‘no hay más inflación’. Pareciera que les da alergia pensar en un país normal y sin inflación” y concluyó aseverando que “ahora todos se desgarran las vestiduras con el tema de los impuestos pero cuando se hace una sesión para tratar ese tema, más de la mitad del cuerpo no se presenta a dar quórum. No puedo decir otra cosa más que son una bola de hipócritas. Podrían empezar a tratar los proyectos que presentamos desde La Libertad Avanza y pasarse para este lado ya que tenemos una linda política para bajar los impuestos”.
Los diputados porteños se reunirán este jueves desde las 11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria, en la que también buscarán modificar la Ley Tarifaria para que las personas con discapacidad abonen menos al renovar su licencia de conducir.
Tal y como lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que los legisladores analizarán una serie de iniciativas que conforman un amplio temario, entre el cual se encuentra el Presupuesto 2023.
Según el documento que presentó ante el Parlamento el ministro de Hacienda, Martín Mura, el Presupuesto 2023 ha respetado, como referencia para la planificación presupuestaria, las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional. Es por ello que se estima un gasto de 2.154.964 millones de pesos, totalizando el gasto primario 2.066.109 millones de pesos.
De esta manera, producto de las acciones e iniciativas desarrolladas durante los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires proyecta, para el 2023, un Resultado Financiero levemente superavitario, es decir con Déficit Cero.
Por lo tanto, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2023 se espera un crecimiento del Producto Bruto Geográfico del 2%, una inflación en el orden del 60% y un tipo de cambio de 269,9 pesos por dólar para fines del próximo año.
El texto en cuestión establece que los gastos corrientes previstos ascienden a 1.825.276 millones, mostrando un crecimiento nominal del orden de los 854.238 millones y representando el 84,7% del gasto total. En lo que respecta al gasto de capital, el monto presupuestado para el plan de obra pública es de 329.688 millones, lo cual representa un incremento de 150.509 millones y representa el 15,3% del total.
En tanto en la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones del personal, que representa el 45% del total del gasto. Tiene una previsión de 966.869 millones, que refleja la anualización del gasto en personal para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta la paritaria para el año 2022 y un proyectado de futuras negociaciones paritarias.
En un comunicado, desde el Ministerio de Hacienda afirmó que “las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires continúan seriamente afectadas por la quita intempestiva y unilateral de los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos” e indicó que “a finales de este año, la Ciudad ya habrá dejado de percibir 250.000 millones de pesos, desde que el 9 de septiembre de 2020 el Gobierno nacional decidió quitarle estos recursos. Adicionalmente, para el 2023, se proyecta una pérdida de recursos de 279.000 millones”.
Asimismo se someterá a votación otra iniciativa que buscará introducir una serie de modificaciones a la Ley Tarifaria para el ejercicio 2022, a fin de que las personas con discapacidad paguen menos para renovar su licencia de conducir.
También se analizarán numerosos pedidos de informes, nomenclaturas para diversos espacios públicos de la Ciudad y distinciones para personalidades del ámbito de la cultura, deporte y mundo del espectáculo.
Los diputados locales se reunirán este jueves en el recinto de sesiones para analizar el proyecto y establecer las pautas económicas para el año que viene.
Días después de haber obtenido el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto –a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ)- y como lo adelantó parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para poner en debate durante la sesión ordinaria de este jueves el proyecto de ley del Presupuesto 2023 y la Ley Tarifaria.
El encuentro en el recinto está pactado para las 11 de la mañana y tendrá una fuerte carga en materia económica, ya que además se someterá a votación otra iniciativa que buscará introducir una serie de modificaciones a la Ley Tarifaria para el ejercicio 2022, a fin de que las personas con discapacidad paguen menos para renovar su licencia de conducir.
Cabe recordar que el proyecto del Presupuesto 2023 ha respetado, como referencia para la planificación presupuestaria, las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional. Es por ello que se estima un gasto de 2.154.964 millones de pesos, totalizando el gasto primario 2.066.109 millones de pesos.
De esta manera, producto de las acciones e iniciativas desarrolladas durante los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires proyecta, para el 2023, un Resultado Financiero levemente superavitario, es decir con Déficit Cero.
Por lo tanto, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2023 se espera un crecimiento del Producto Bruto Geográfico del 2%, una inflación en el orden del 60% y un tipo de cambio de 269,9 pesos por dólar para fines del próximo año.
El texto en cuestión establece que los gastos corrientes previstos ascienden a 1.825.276 millones, mostrando un crecimiento nominal del orden de los 854.238 millones y representando el 84,7% del gasto total. En lo que respecta al gasto de capital, el monto presupuestado para el plan de obra pública es de 329.688 millones, lo cual representa un incremento de 150.509 millones y representa el 15,3% del total.
En tanto en la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones del personal, que representa el 45% del total del gasto. Tiene una previsión de 966.869 millones, que refleja la anualización del gasto en personal para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta la paritaria para el año 2022 y un proyectado de futuras negociaciones paritarias.
En un comunicado, desde el Ministerio de Hacienda afirmó que “las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires continúan seriamente afectadas por la quita intempestiva y unilateral de los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos” e indicó que “a finales de este año, la Ciudad ya habrá dejado de percibir 250.000 millones de pesos, desde que el 9 de septiembre de 2020 el Gobierno nacional decidió quitarle estos recursos. Adicionalmente, para el 2023, se proyecta una pérdida de recursos de 279.000 millones”.
Paola Vessvessian fue una de las tres ausentes del Frente de Todos en la votación de la ley de leyes. Ahora contó cuál fue la razón.
Las votaciones del proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados dejaron mucha tela para cortar. Entre ellas, la ausencia de tres diputados oficialistas. Las mismas correspondieron a la santacruceña Paola Vessvessian, la salteña Verónica Lía Caliva y el bonaerense Juan Carlos Alderete. Este último, líder de la Corriente Clasista y Combativa, había manifestado en la previa la disconformidad que tenía con el proyecto. Como Caliva integra esa agrupación, se descuenta que la razón de la ausencia fue la misma. No es el caso de Vessvessian, quien ahora salió a aclarar su situación.
Lo hizo a través de las redes sociales, donde difundió un comunicado ante lo que definió como “erróneas o malintencionadas versiones periodísticas respecto de mi ausencia de las votaciones durante la pasada sesión del 25 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación en ocasión del tratamiento de la Ley de Presupuesto”.
Al respecto, aclaró que se encontraba internada en un nosocomio de la Capital Federal, donde permaneció en esa condición hasta el domingo 30 de octubre.
“Previo al inicio de la sesión mencionada, acudí al cuerpo médico de la Cámara por un malestar agudo”, contó en el comunicado. Y tras aclarar que ella contribuyó con su presencia al quórum, durante el transcurso de la sesión se sometió a un segundo control, tras el cual le indicaron que se retirara de la Cámara para ser derivada a un centro de alta complejidad.
Paola Vessvessian concluyó explicando que en dicho nosocomio el cuerpo profesional que la asistió determinó su inmediata internación, que se prolongó a lo largo de seis días.
“En la actualidad curso la recuperación como paciente ambulatoria”, concluyó la diputada del Frente de Todos.
Según el Centro de Estudios de la Nueva Economía, el proyecto aprobado en Diputados habilita al Gobierno a disponer de modo discrecional de los recursos.
El director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, Víctor Beker, calificó como “dudosas” las cifras nominales incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto para 2023.
“Parte del supuesto de una inflación para el próximo año del 60%. Sin embargo, no existe ninguna explicación que justifique el abrupto descenso en la variación de precios, habida cuenta que 2022 concluirá con una inflación en el orden del 100%”, afirmó al respecto.
“En particular, ello implica que hay una fuerte subestimación de los ingresos, lo cual habilita luego al Poder Ejecutivo a disponer de manera discrecional de los recursos que exceden a lo presupuestado”, describió.
Beker agregó que “en otro orden, el estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso advierte que se encuentran discrepancias entre el monto proyectado de recursos y lo distribuido. De hecho, califica como riesgos fiscales importantes dichos desvíos entre las transferencias corrientes y de capital presupuestadas y observadas a fin de cada período. Y precisamente los atribuye a la mayor inflación respecto de la estimada como pauta”.
“En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, que contemplan un crecimiento del PIB del 2% en 2023, el único rubro que experimenta un incremento sustantivo es el de exportaciones, con un 7,1% sobre 2022. Sin embargo, las contingencias climáticas, que pueden afectar el resultado de las cosechas, pone un signo de interrogación sobre dicha proyección”, completó.
El diputado Juan Carlos Alderete opinó además sobre el decreto para frenar los planes sociales y consideró que “hay un discurso para calmar a la derecha”.
El diputado nacional Juan Carlos Alderete (FdT) se refirió este viernes al futuro de su espacio dentro del Frente de Todos y sostuvo que su organización “solo está pensando en resolver los problemas de la gente que tan mal la está pasando”.
El referente de la Corriente Clasista Combativa manifestó que “sería un error ponerse a pensar en 2023, cuando la gente no tiene acceso un plato de comida diario”. Además, remarcó: “Nosotros nos representamos solos”.
En diálogo con Radio Belgrano, el legislador fue consultado acerca de una eventual fórmula alternativa entre Juan Manzur y Victoria Tolosa Paz -en caso de no presentarse por la reelección Alberto Fernández- y aseguró no saber “nada del tema”. “Nadie nos ha convocado, ni nos han hecho alguna propuesta similar”, aclaró.
Consultado por la situación del Potenciar Trabajo y el reciente decreto publicado por el Poder Ejecutivo para limitar las altas, el bonaerense consideró que “hay un discurso para calmar a la derecha”. Sin embargo, valoró que se haya dispuesto que las obras públicas con presupuestos menores a 300 millones de pesos sean adjudicadas a las cooperativas de trabajo.
Además, sostuvo que “los movimientos sociales son permanentemente descalificados”, cuando “en pandemia fueron ellos quienes arriesgaron su propia vida cuando todos debían quedarse en sus casas, pero los barrios aislados se quedaron sin el plato de comida. Por suerte el presidente los ha reivindicado”.
Por otra parte, sobre su ausencia en la votación del Presupuesto 2023, Alderete agradeció “al bloque por dejarme discrepar; sería incoherente de mi parte apoyar un ajuste por más que digan que es reacomodamiento fiscal”.
En diálogo exclusivo con parlamentario.com, el senador entrerriano ratificó su rechazo a la resolución de la Secretaría de Energía que beneficia a las provincias del norte con una tarifa eléctrica diferencial: “Es un criterio arbitrario y discriminatorio”. También adelantó en las iniciativas en las que está trabajando.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la que se emitió dictamen al proyecto de Presupuesto 2023, el senador oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos) expresó su “queja y enojo” hacia la resolución de la secretaría de Energía en la que establece una tarifa diferencial eléctrica para las provincias del norte argentino solicitada por 10 gobernadores y adelantó que “si esto conlleva a alguna cuestión que involucra en el Presupuesto este gasto yo voy a manifestar mi rechazo”.
En ese contexto, parlamentario.com dialogó con el legislador entrerriano quien ratificó su rechazo a la resolución 719 y sostuvo que es un criterio “arbitrario y discriminatorio”, al tiempo que brindó los motivos por los que no firmó el dictamen del Presupuesto 2023: “No vamos a convertirnos en los financistas del norte y del sur y nosotros en el medio”.
Por otro lado, el senador criticó a su bloque porque ha presentado proyectos sobre zonas cálidas, pero “quedó ahí durmiendo en comisiones, no se trata, no hay voluntad política de sacarlo. Hice planteos en el bloque, tensionamos en el bloque varias veces, hicimos muchos movimientos. Sin embargo, oídos sordos a esto no pasó nada”.
–Se termina de tratar el Presupuesto 2023 y usted en el debate en Comisión hizo un planteo en torno a la situación que se da en su provincia y en otras sobre los subsidios que tienen que ver con la energía eléctrica que se da con respecto a la región de la Patagonia que tiene la zona fría, pero ¿qué pasa con Entre Ríos y otras provincias que son de zona caliente?
-El año pasado cuando tratamos el proyecto de zona fría que era algo que ya estaba vigente, pero para las provincias y regiones del sur. El proyecto que vino fue una ampliación de esos límites, corrieron las líneas más al norte basándose en los criterios técnicos establecidos en los mapas de calor isotérmicos con los que cuenta la Secretaría de Energía. ¿Cómo se financia zona fría? se conforma un Fondo Fiduciario donde todos los usuarios del país del gas pagan en sus boletas un porcentaje, se les incrementa el costo por ejemplo nosotros los entrerrianos que no estamos beneficiados por zona fría, pagamos nuestras boletas todo el año al aporte para financiar el descuento que se le hace a las zonas frías. Es un criterio solidario, el sur tiene frío, tiene que calefaccionase, gasta más gas, entonces bueno hacemos nuestro aporte desde ahí.
En el debate en Comisión alguien dijo ¿qué pasa con el norte, con el calor y con la electricidad? Ahí dijeron que estaban trabajando algo para el Norte Grande que no incluye Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, la parte centro del país y nosotros tampoco vamos a convertirnos en los financistas del norte y del sur y nosotros en el medio siendo que, por el mismo criterio técnico que se aprobó zona fría, a nosotros nos correspondería zonas cálidas porque, de hecho, si se ve el mapa isotérmico, provincias como Salta, Tucumán, tiene la misma consideración que Entre Ríos en términos de temperatura.
Lo que pasó es que yo presenté un proyecto de zonas cálidas para beneficiar a todas las provincias que no están incluidas en zona fría que quedó ahí durmiendo en comisiones, no se trata, no hay voluntad política de sacarlo hice planteos en el bloque, tensionamos en el bloque varias veces, hicimos muchos movimientos, pero sin embargo oídos sordos a esto no pasó nada. Ahora viene secretaría de Energía, saca una resolución 719/22 donde favorece a las provincias del Norte Grande con una salvedad: no aplica ningún criterio técnico para beneficiar a las provincias. El argumento es que esas provincias lo solicitaron, porque lo pidieron. Entonces yo planteo que, si es por pedirlo, aviso que yo también lo estoy pidiendo. Lo pido, mande un escrito al presidente de la Nación, al ministro de Economía y también a la secretaria de Energía de la Nación.
Además, presenté un proyecto en el Senado para que incorporen a las provincias que no están incluidas en zona fría teniendo en cuenta un criterio técnico vigente en la propia secretaria de Energía que justifica y avala porque le da mucho mayor respaldo a una medida de semejante naturaleza. Ese planteo lo hice por escrito y se lo hice a Massa también y hoy en la reunión de Presupuesto lo dejé claramente planteado para que la provincia de Entre Ríos y demás regiones se incluyan en estos beneficios para la temporada estival vinculados a un descuento en el costo de la energía, debido al incremento del consumo que se va a dar naturalmente por la necesidad de refrigeración de la temporada.
-Entre Ríos aporta a través de la represa de Salto Grande
-Bueno ese es un tema que… a ver ¿por qué a uno lo motiva con mucho énfasis a presentar y pelear por esto? Porque nosotros somos una provincia energética. Nosotros somos, y la región de Salto Grande particularmente yo soy de Concordia, ahí está emplazada la represa que es un complejo hidroeléctrico que abastece el 3,7% de la energía del país. Pero, además, si consideramos el consumo eléctrico de Entre Ríos, consume el mismo caudal de generación de energía, por lo tanto, si estuviera vivo Pancho Ramírez y dijera ‘vamos a declarar a la provincia de Entre Ríos como República’ tendríamos soberanía energética. Tendríamos energía suficiente para autoabastecernos, independientemente de que la represa fue una construcción financiada por el Gobierno Nacional, en este caso fue binacional, pero ya está totalmente amortizada porque es una construcción del 78’, pero está emplazada en Recursos Naturales de Entre Ríos y, por lo tanto, el recurso natural lo produce la provincia y por eso existen las regalías.
Con ese criterio uno viene a plantear este tipo de cosas y, además, teniendo en cuenta que cuando se construyó la represa esto nace en la época de Perón en el 46’ se firmaron los convenidos con la República de Uruguay para la construcción y se establecieron puntos básicos como objetivos que perseguía la construcción de la represa, esos eran los beneficios que iba a haber para la región. Con esas premisas se trabajó para convencer a toda la gente de la región de que emplazar una represa allí no era algo que iba a causar un daño, sino que iba a ser beneficioso para la región. Uno de los beneficios más importantes era la energía barata y hoy, si le traigo una boleta de luz es varias veces más cara que la de capital federal.
Hay una deuda con la región vinculado a este tema que no está saldada y así como están las cosas no se van a saldar nunca porque el marco regulatorio energético, así como está dispuesto, de ninguna manera prevé que si no se modifica esto se solucione. Encima de esto, tenemos que soportar que se tomen medidas arbitrarias como la que establece la resolución 719 donde beneficia, en la temporada estival, a las provincias del norte y deja totalmente afuera a la provincia de Entre Ríos. Es intolerable.
Estamos, por un lado, trabajando ya, de hecho, ayer tuvimos una Reunión con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet; el presidente de CTM, Luis Benedetto; estuvo la gente de ENERSA, que es la distribuidora de energía de Entre Ríos; invitamos a algunas cooperativas; estuvieron colegios de ingeniarnos, UTN; la secretaria de Energía de la provincia, trabajando en una iniciativa mía que tiene que ver con esto de las generadoras de energía como Salto Grande.
CAMESA, que es quien compra y distribuye y vende la energía, les compra a las generadoras, en este caso a Salto Grande y le paga $1.500. ¿Sabe a cuánto les vende a las distribuidoras? en $5.000. ¿Cómo le explico a los entrerrianos semejante barbaridad y cuál es la lógica? El proyecto que estamos trabajando es que las distribuidoras cobren el mismo costo de que les compran a las generadoras de energía de todas las provincias en los términos de su producción. Nosotros generamos el 100%, pero hay provincias que generan el 70%. También es una suerte de incentivo a las provincias.
Me opuse a la resolución 719, me opongo férreamente porque solicito y exijo que se incorpore a las provincias de Entre Ríos y, como considero que debe ser equitativo, también que se sume a Santa Fe, Córdoba y demás provincias que no están incluidas a la zona fría como debería haber sido en un principio y que se deje de lado este criterio arbitrario y discriminatorio que ha tomado la secretaría de Energía.
-Senador por este motivo usted no ha firmado el despacho del proyecto de la mayoría del Presupuesto
-Si, porque yo estoy analizando cómo se compensa el costo de esa baja de energía que se va a dar por la resolución 719 al Norte, no vaya a ser, no lo pude discernir aún, pero ¿de dónde sale esa diferencia, esa rebaja que se va a hacer en las provincias del norte? No vaya a ser que nosotros encima que ya financiamos al sur ahora tengamos que subsidiar al norte. En ese caso, de ninguna manera lo vamos a permitir. Si eso tiene un impacto presupuestario quería ver en qué artículo se impactaría para discutirlo oportunamente en el recinto.
El senador oficialista de Entre Ríos expresó su “enojo y queja” a la resolución de la secretaria de Energía que establece una tarifa diferencial eléctrica a las provincias del norte argentino.
Al hacer uso de la palabra en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de este jueves, en la que se emitió el dictamen a la Ley de leyes, el senador oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos) criticó la resolución de la secretaría de Energía que beneficia con una tarifa diferencial eléctrica a las provincias del norte y adelantó que “si esto conlleva a alguna cuestión que involucra en el Presupuesto este gasto yo voy a manifestar mi rechazo”.
En su alocución, Kueider se refirió a la resolución de la Secretaría de Energía sobre las tarifas diferenciales y expresó: “Las provincias del norte en el período estival se ven beneficiadas con esta resolución porque van a tener una tarifa diferencial eléctrica”.
“Vengo a traer mi queja, mi oposición y profundo malestar con esa resolución que discrimina a la provincia de Entre Ríos y otras provincias que componen el centro del país”, disparó Kueider y siguió: “Lo digo porque la resolución 719/22 tomada arbitrariamente por un pedido de gobernadores, y felicito la gestión de ellos, pero que no contiene y carece de sustento técnico. Tranquilamente lo podría demostrar con los mapas isotérmicos que tiene la Secretaría disponibles en los cuales se basaron, por ejemplo, cuando sancionamos la Ley de Zonas Frías que favoreció a gran parte del país con la tarifa del gas”.
En esa línea, criticó: “En esta ocasión para implementar un beneficio en el verano en la tarifa eléctrica, que también vamos a sufrir los entrerrianos, y que también estamos incluidos en los mismos criterios de varias provincias que hoy están favorecidas por esa resolución 719. En esta ocasión la secretaria de Energía dice que ‘el establecimiento de dicha medida tiene sustento en la solicitud efectuada conjuntamente por las mismas donde manifiestan la cuestión que las inclemencias climáticas propias del periodo estival bla bla’, el anclaje técnico y el justificativo de esta medida tiene que ver en que se las han pedido”.
“Con el mismo criterio yo la estoy pidiendo. En el día de ayer he elevado la queja y la solicitud correspondiente al presidente de la Nación, al ministro de Economía y a la secretaría de Energía. Por un lado, para la provincia de Entre Ríos, pero por una cuestión de equidad como debería haber sido, he presentado formalmente en este Senado un proyecto de declaración solicitando al Ejecutivo que incorpore a todas las provincias que, con criterio técnico y equidad le correspondería exactamente la misma mediad y sean favorecidas de la misma manera”, informó el entrerriano.
Además, recordó: “Que ese criterio técnico está muy relacionado con el proyecto que presentamos el año pasado. Yo presenté un proyecto de zonas cálidas, varios lo hicimos. En aquella oportunidad veníamos de tratar zonas frías, una ampliación de las zonas que todos votamos desde la solidaridad porque plantearse que en el sur hace frío y las condiciones son extremas, quién votaría en contra. ¿Cómo se financia? con un fondo fiduciario que aportamos todos los argentinos, entre ellos los entrerrianos, todos y no estamos beneficiados por las zonas frías”.
“En ese momento, en las discusiones de comisión, alguien planteó que en el verano en el norte tenemos muchas dificultades y necesitamos refrigerarnos haciendo uso de la energía eléctrica la cual no está nada barata en la Argentina. Se planteó trabajar en un proyecto del Norte Grande y empecé a trabajar en un proyecto de zonas cálidas porque la lógica era que los entrerrianos en la boleta de gas vamos a financiar la calefacción del sur y en la eléctrica vamos a financiar a la refrigeración del norte. Sin embargo, no somos beneficiarios de nada”, cuestionó el senador oficialista.
Y cerró: “Si vamos a los criterios de zonificación que tiene ENARGAS, que son los mapas isotérmicos, a la provincia de Entre Ríos le corresponde tanto como a varias de las provincias incluidas en la resolución2, y solicitó “la inclusión de esto. Tiene que ver con lo presupuestario. Expreso mi rechazo a esta resolución de la secretaria de energía y por supuesto si esto conlleva a alguna cuestión que involucra en el Presupuesto este gasto yo voy a manifestar mi rechazo”.
El proyecto quedó listo para su aprobación en el recinto. En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, desde la oposición enumeraron los artículos que pretendían modificar. Un oficialista alertó no votar un artículo sobre tarifas eléctricas si no se incluye su provincia.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FdT), finalizó este jueves el debate del Presupuesto 2023 al emitir dictamen favorable y quedó listo para su aprobación en el recinto en una sesión que, a priori, sería el miércoles 16 de noviembre.
Menos de 48 horas duró el debate de la “Ley de leyes” en la Cámara alta, cuyos lineamientos principales fueron explicados este miércoles por funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos, el viceministro Gabriel Rubinstein, Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (secretario de Finanzas).
La ausencia del ministro, Sergio Massa, generó malestar en Juntos por el Cambio quienes reclamaron para que se presente a explicar la iniciativa, quienes también habían solicitado la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el presidente del BCR, Miguel Pesce.
En la reunión de este jueves, desde la oposición enumeraron los artículos que pretendían introducir modificaciones y no adelantaron si acompañarán o no el proyecto. Mientras que el oficialista entrerriano Edgardo Kueider se quejó por el artículo que beneficia al norte argentina en las tarifas de energía, no firmó el despacho y alertó que, si no se incluyen a todas las provincias, votará en contra.
Al inicio de la reunión, Guerra destacó que “en la jornada de este miércoles hemos tenido la oportunidad de escuchar a funcionarios del Ministerio de Economía, que en una nutrida delegación estuvieron presentes. Han sido bastante amplio y así también las preguntas que se formularon han sido respondidas”.
En el uso de la palabra, el radical Juan Carlos Romero (Salta) consultó si el bloque oficialista aceptará modificaciones a la iniciativa para “saber la utilidad de un debate”, a lo que el presidente de la Comisión respondió: “Se trabajó de forma conjunta entre las comisiones y se ha tenido la posibilidad de asistir, en donde se han planteado todas las inquietudes, revisiones que han considerado necesario”.
“En nuestra Cámara no vamos a tener modificaciones al proyecto y aspiramos a que sea tratado y aprobado, así como ha venido con la media sanción de Diputados”, remató Guerra.
A su turno, el vicepresidente de la Comisión, el radical Víctor Zimmermann (Chaco), adhirió a las palabras de Guerra y reconoció que “ayer hemos tenido una jornada muy interesante de trabajo con los funcionarios que vinieron a darnos información. Si bien fue en forma parcializada, después vimos a la noche una foto del ministro de Economía que a la noche recibió a los funcionarios y senadores que tienen la posibilidad de hacerlo, no estoy en contra de eso, pero me hubiese gustado que viniera el ministro y el presidente del Banco Central a nuestra casa como lo hemos requerido”.
Por otro lado, el chaqueño se refirió a las variables macroeconómicas y al tema inflacionario que “son dos temas que preocupan y mucho”, y agregó: “Sobre todo en palabras del viceministro Gabriel Rubinstein que dijo que es una de las mayores preocupaciones que tienen como política económica y social para el año que viene de llegar al 60% de inflación es un enorme desafío”.
“Nos dijo que las consultoras internacionales dicen que la inflación del año que viene va a ser del alrededor del 90%. Que tenemos pocas fuentes de financiamiento y que, en muchos casos, lo único que queda es la emisión monetaria”, retomó Zimmermann las palabras del viceministro.
Y siguió: “Es en ese marco que preguntamos por qué no ponen en marcha un plan de estabilización monetaria que son palabras que se las escuchamos al ministro, y nos dijo que concretamente es imposible hacerlo y que están tomando medidas aisladas. Un plan de estabilización significa colisión de la política monetaria, mejorar la balanza de pagos, controlar el aumento de los salarios, el aumento de los combustibles”, sobre este último punto, el radical mencionó que “anoche tuvimos un nuevo aumento que nos preocupa”.
En ese contexto, hizo algunas consideraciones de “preocupación” del Presupuesto 2023 tomando como referencia el documento de la Oficina de Presupuesto del Congreso que “establece que hay una caída en términos reales en el gasto, que incluye una disminución presupuestaria en universidades, de transferencia a las provincias del 14%, hay una caída del punto de vista de ANSeS”.
“Hay un agregado que me preocupa y mucho que entre el anteproyecto enviado por el Ejecutivo a Diputados los agregados tuvieron un costo fiscal importante de 567.700 millones de pesos, pero no hubo modificación del fondo total del gasto”, remarcó y explicó: “Cuando se incrementa un gasto a alguien se lo tenemos que quitar si no aumentamos el gasto total”.
Ese punto no fue el único que Zimmermann expresó disconformidad, también mencionó el artículo 12 que tiene que ver con las partidas a universidades, el artículo 27 que tiene que ver con la Ley de Biotecnología moderna que “se ha debatido mucho aquí, pero la nano no tiene financiamiento. Es un avance significativo la nano porque Argentina no tenía”.
“También queríamos hacer un agregado al artículo 50 que tiene que ver con las transferencias para financiar las cajas que no se mandaron a la Nación y fue un pedido de los 10 gobernadores del norte argentino. Queríamos plantear la posibilidad de rever el artículo 81 que tiene que ver con el Fondo al Subsidio del Transporte porque hay una enorme preocupación por la distribución de un fondo para el transporte que el 80% queda en el AMBA”, agregó.
En ese sentido, el radical sumó el artículo 86 sobre el corredor bioceánico y sostuvo: “La hidrovia Paraná-Paraguay es importante para tener transporte fluvial. Los del norte no tenemos posibilidad de acceso de utilización a la hidrovía porque no tenemos los puertos. El jefe de Gabinete asumió el compromiso de incorporar esas obras de infraestructura para que las provincias del norte tengan la posibilidad de acceso e igualdad de oportunidades”, y volvió sobre la redacción del artículo: “Solo habla de que se van a gestionar los créditos para el financiamiento nacional e internacional para hacer las obras. No veo necesario poner un artículo para hacer las obras”.
Otro de los puntos que criticó Zimmermann fue respecto al aumento de la cuota social en el monotributo de un 105% a un 492% y aclaró: “En el monotributo están los pequeños contribuyentes, pequeños industriales, comerciantes”.
En último lugar, se refirió a la tarifa diferencial para los electrodependientes: “Ayer la secretaria de Energía nos dio una respuesta, porque los 10 gobernadores del norte pedían una tarifa diferencial para el verano de un piso de 700 kWh y en el resto de los meses una posibilidad de tarifa de 500 kWh. Eso no ha sido posible y la funcionaria anunció que la resolución sería de 600 kWh”, y expresó: “Estas cosas nos preocupan, pagar la boleta de la luz es una dificultad enorme”.
En el uso de la palabra, el rionegrino Alberto Weretilneck sostuvo que las discusiones que se “están dando hoy tiene que ver con que los últimos presupuestos, sea del color de gobierno que sea, estuvieron bastante lejos o muy lejos de lo que los gobiernos han presupuesto como el de Guzmán con un 39% de inflación”. Para el senador, la macroeconomía “es el punto más preocupante para todos nosotros”, y adelantó el acompañamiento al proyecto.
Puntual fue la pregunta de la vicejefa del bloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, a Zimmermann: “¿Van a acompañar o no el presupuesto?”, a lo que le radical le respondió: “Yo no estoy en condiciones de opinar por los 33 senadores de nuestro interbloque porque lo que nos puede significar a nosotros la satisfacción o alegría, quedó claro que a los amigos de Entre Ríos no les cae bien la tarifa diferencial. Es lógico que algunos senadores no les interese esta cuestión. Es probable que se vote diferente”, y aclaró: “Nosotros estamos comprometidos y permanentemente activos trabajando y quédese tranquila que vamos a estar cuando convoquen a la sesión”.
Tras las palabras vertidas por el chaqueño, la oficialista siguió: “Venimos de un año sin presupuesto porque Diputados decidió dejar sin presupuesto a la Nación por segunda vez en la historia”, y explicó: “Para nosotros y para el país es importante generar los consensos políticos para que este proyecto que, considero que es realista y muestra objetivos realistas que se pueden llegar a cumplir, tiene como objetivos la inversión en capital en el país”.
A su turno, la senadora oficialista Juliana Di Tullio habló puntualmente de los subsidios al transporte porque “cuando se habla del AMBA como si fuera un territorio nuevo en nuestra Nación”, y recordó que “cuando gobernó el expresidente Macri, con una resolución los gobernadores y la gobernadora de la provincia de Bs.As , María Eugenia Vial actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero fue gobernadora de mi provincia renunció al subsidio de los transportes y muchos gobernadores también para que la capital fuera beneficiada”.
“No miren al conurbano, miren a la capital federal. Todos los argentinos subsidiamos 32 líneas de la Ciudad de Buenos Aires que no pasa del otro lado de la General Paz. La provincia de Buenos Aires recibe el 9% de subsidios de los nacionales para el transporte y el 91% lo pone el pueblo para que el boleto salga $18, pero lo pone mi pueblo de la provincia, no todos los pueblos de las provincias del país”, manifestó Di Tullio.
“Cuando hablamos de subsidios al transporte y desigualdades, díganme ¿el resto de las provincias cuánto reciben? ¿Qué porcentaje ponen? La verdad es que hay que tener memoria porque cuando fuimos a dar vuelta ese decreto que era injusto porque en la provincia de Buenos Aires viven millones de personas, sobre todo en el conurbano bonaerense, no en el AMBA. Yo soy senadora por la provincia de Buenos Aires y mi mandato es defender esos intereses, no del AMBA que no sé qué es. Yo no vivo en el AMBA, vivo en Morón donde el pueblo trabajador paga $18 el boleto por la contribución de todos, no del resto de las provincias”, explayó.
Y pidió a los legisladores que “cuando hablemos de equidad, de diferencias, de distorsión, que tengan memoria y registro de los que significa porque la provincia de Buenos Aires genera al país mucha riqueza”.
De la vereda de enfrente le salió al cruce la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) quien explicó: “El AMBA, como es un distrito jurisdiccional no existe, es un concepto para poder administrar la vida de 6 millones, 3 que viven en la Ciudad de Buenos Aires y otros 3 que vienen y transitan la Ciudad. No obstante, esto el decreto donde el presidente de la Nación ordenó cerrar las escuelas y crear la figura jurídica del AMBA poniéndola en un decreto donde decía que esa jurisdicción debía cerrar las escuelas”.
“Es falso que la Ciudad de Buenos Aires no pone ni aporta dinero en el subsidio al transporte, tanto de las líneas exclusivas de la Ciudad como las interjurisdiccionales al igual que hace la provincia de Buenos Aires dado que es un territorio donde se transportan argentinos, la Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires aportan y acompañan”, aclaró Tagliaferri y coincidió en que tiene que haber una distribución equitativa, lógica, que tenga en cuenta la cantidad de kilómetros, población, entre otros puntos.
También se sumó a la discusión la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) quien solicitó a Di Tullio la información sobre el Fondo Fiduciario al transporte porque “es una caja negra y usted tiene acceso y acá no se ve porque simplemente nos llega una descripción mínima. Yo he podido acceder a puntitas de salida, pero no de ingresos, veo que usted sí”.
Por otro lado, pidió tener superávit porque los números del Presupuesto “hablan de una inflación del 60% que nos resulta dibujada, esconden un déficit mayor. Por eso pido que estudien cómo hacer para que tengamos un superávit”.
La comisión presidida por Ricardo Guerra retomará el cuarto intermedio este jueves a las 15. La oposición había reclamado la presencia de Massa.
El Frente de Todos buscará emitir dictamen este jueves del proyecto de ley de Presupuesto 2023, cuya discusión arrancó hace menos de 24 horas en la Cámara alta.
Luego de la reunión de este miércoles, a la que asistieron secretarios del Ministerio de Economía, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra (FNyP-FdT), retomará el debate a partir de las 15 en el Salón Illia.
Desde la oposición habían reclamado por la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; además de manifestarse en contra del tratamiento exprés de la iniciativa, más allá de los consensos que tuvo en la Cámara de Diputados.
Pero los planes del oficialismo continuarían según lo previsto: el despacho se firmaría este jueves, dado que la semana próxima habrá merma de senadores en Buenos Aires por distintos motivos; y la sesión se convocaría el 17 de noviembre.
Tras la reunión con funcionarios, una tropa de senadores oficialistas, más la aliada Clara Vega, cenaron en el Ministerio de Economía junto a Massa.
El secretario del Ministerio de Economía reconoció: “No nos conformamos con una inflación del 60%, nos parece horrible”. Además, le aclaró al senador Víctor Zimmermann que “no estamos inmersos en un plan de estabilización”.
En la ronda de preguntas y respuestas en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la que se inició el debate por el presupuesto 2023, el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, hizo hincapié en la inflación y advirtió que “cada vez que hablemos de inflaciones anuales estamos coqueteando con la hiperinflación”, al tiempo que reconoció que la inflación que se prevé del 60% para el año que viene “no nos conforma, nos parece horrible”.
Ante las consultas realizadas por el vicepresidente de la Comisión, el radical Víctor Zimmermann, respecto a si “¿existe un plan de estabilización como dijo el ministro, Sergio Massa, unos días atrás?”, Rubinstein explicó: “No estamos inmersos en un plan de estabilización porque tiene cosas más completas, otras características para llegar a una inflación que en el país tendría que ser de 5% anual. Estamos en una situación diferente de hacer o tomar medidas en los distintos frentes que permitan esa baja de la inflación. Un plan de estabilización es algo mucho más duro en términos de bajar la inflación porque requeriría políticas fiscales más fuertes”.
“Sobre cómo se puede bajar la inflación a pesar de que el gasto pueda ser considerado elevado, hago una distinción entre qué genera la inflación y el crecimiento porque uno puede tener un mismo nivel con distintas estrategias de impuestos y gastos”, sumó a su explicación.
Además, reconoció que “nosotros tenemos un alta de inflación que no tienen otros países, ni los pobres, ni los desarrollados. La inflación es un fenómeno de desequilibrio en el mercado monetario sea por aumento de oferta o disminución de la demanda, pero no por la composición del déficit. Nosotros estamos enredados en niveles altísimos de déficit que no podemos financiar y generan altísima inflación, es una prioridad bajar la inflación”.
“No nos conformamos con una inflación del 60%, nos parece horrible. Los países se escandalizan cuando la inflación llega al 10% anual y nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo para llegar al 60%, pero crecer no te garantiza que bajas la inflación”, sostuvo.
En esa línea, advirtió: “Teníamos una situación preinflacionaria en julio, la situación se desbordó y el riesgo de hiperinflación era inminente. Lo hemos reducido, aunque no eliminado, cada vez que hablemos de inflaciones anuales estamos coqueteando con la hiperinflación, pero por lo menos hemos reducido en forma significativa con distintas acciones”.
“Hay medidas que son parciales como las brechas cambiarias que es un problema enorme que crea toda clase de incentivos negativos, fomenta la corrupción, desalienta la exportación. Tomas medidas especiales sabiendo que hay un costo colateral es importante contar con reservas y desarrollar al BCRA, no son un programa integral de estabilización, pero permiten una hoja de ruta con elementos positivos”, comentó el funcionario.
En ese contexto, cerró: “Hasta no tener un mercado unificado de cambios o no tener brechas cambiarias, es la situación heredada y estamos avanzado en mejorar y buscar las políticas que permitan poder dar el salto para eso se necesita superávit fiscal y reservas en el BCRA para lidiar con los vaivenes del mercado”.
El secretario de Finanzas expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado donde sostuvo que “el desafío más importante que tenemos es el 2.3 de financiamiento por mercado de capitales”.
El secretario de finanzas, Eduardo Setti, cerró la primera jornada de expositores este miércoles en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en la que profundizó algunos aspectos del proyecto de Presupuesto 2023.
Al comienzo de su presentación, Setti informó que el financiamiento del 2022 “en el mercado local aportó 2.1 billones de pesos es decir un 2.7% del PBI, mientras que el BCRA aportó $620.051 millones, lo que equivale a un 0,8% del PBI, acreedores externos aportaron 150 mil millones de financiamiento neto de capital, incluyendo FMI y quitando pagos del Club de París”.
Además, comentó las nuevas estrategias de financiamiento que se tuvieron que llevar adelante desde que Massa se hizo cargo del Ministerio de Economía: “Tomamos el compromiso de tener un fuerte compromiso con las metas del FMI. Para incentivar la participación privada se busca mantener tasas reales positivas dentro de un rango sostenible o validar precios del mercado secundario, es decir, mantener un orden respecto a lo que hacemos con las emisiones”.
“El Tesoro ofrece distintos tipos de instrumento para el largo plazo, encontramos que la apetencia del mercado son los bonos duales, instrumentos de cobertura CER y vinculados al dólar”, comentó y remarcó: “Es uno de los objetivos que tenemos en mente y es lo que nos obsesiona el ordenamiento de la curva en pesos hacia futuro porque creemos que no tenemos un problema de deuda, sino que tenemos un problema de perfil de deuda. La deuda es sostenible, pero debemos ir tratando de alargar la curva”.
Por otro lado, Setti informó que para descomprimir y darle previsibilidad al mercado son las operaciones de Conversión que “cuando tenemos grandes torres de vencimientos hacemos canje de deuda con vencimientos a futuros. Eso genera previsibilidad porque no generan vencimientos a corto plazo y despeja incertidumbre del mercado”.
“En junio se generó una distorsión en el mercado. Creemos que a fin de año la apetencia del mercado se nos va a hacer difícil pensar en la curva de largo plazo, en enero o febrero retomaremos el camino que nos llevara a un ordenamiento previsible a largo plazo”.
Respecto a los próximos vencimientos detalló: “En noviembre de 855 millones y 839 millones en diciembre, lo que equivale a 1.72 billones. Estamos pensando lanzar una operación de conversión que nos de previsibilidad a fin de año”.
“De acuerdo a las necesidades y fuentes de financiamiento de un 3,6% del PBI; Acreedores Externos Oficiales aporta 0,4%; FMI 0,4%; BCRA 0,8% y mercado 2,0%”, precisó. Asimismo, comparó sobre las proyecciones 2023 acorde a lo firmado con el FMI se estima “un 2,5% PBI, donde acreedores Externos Oficiales aporta 0,2%, FMI -0,5%, BCRA 0,6% y mercado 2,3%”, y aclaró Setti que “el 0,6% del PBI es el que estamos buscando como BCRA”.
Además, el secretario de Finanzas afirmó que “se proyectan desembolsos de Acreedores Externos por 3.989 millones y pagos por 2745 millones un neto de 0.2”, mientras que del FMI “se proyectan desembolsos por USD 15.478 millones y pagos por USD 18.440 millones (USD 17.161 millones de capital y USD 1.280 millones de intereses), alcanzando un financiamiento neto equivalente a un -0,5% del PBI que van a ser menores a los pagos”.
“El desafío más importante que tenemos es el 2.3 de financiamiento por mercado de capitales donde tenemos distintos tipos de instrumentos”, expresó el funcionario y cerró: “El financiamiento en el 2020 el BCRA 7.3 y 1.4 el mercado; 2021 fue de 4.6 el BCRA y 1.6 el mercado; 2022 un 0.8 el BCRA y 2.2 el mercado. En el 2023 está proyectado 0-6 para el BCRA y 2.3 vía mercado. Esto marca el horizonte que le queremos dar a la política de financiamiento es más saludable hacerlo por mercado que por vía del Banco Central”.
El secretario de Hacienda profundizó la explicación de los lineamientos del Presupuesto 2023 y destacó que el Gobierno “hizo un esfuerzo político para elaborar un escenario macroeconómico realista”.
Otro de los expositores que pasaron en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado este miércoles, fue el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, quien profundizó en los lineamientos generales del proyecto de Presupuesto 2023 y destacó que “la reducción progresiva del déficit primario es uno de los objetivos de política fiscal del Gobierno”.
En su disertación, el secretario de Hacienda explicó los cuatro principales lineamientos que tiene el mensaje que acompaña al Presupuesto. En primer lugar, hizo hincapié en el escenario macroeconómico para el 2023 que “a la luz de la visión técnica y política del Poder Ejecutivo es un escenario realista por cuanto anticipa para el año que viene ciertos comportamientos de las variables macroeconómicas sobre la tasa de inflación, crecimiento económico, el crecimiento del mercado de trabajo, y consecuentemente el comportamiento de la recaudación que es el cálculo de recaudación uno de los principales vectores de la formulación de la ley”, y resaltó: “Es un escenario consistente, realista en términos que es alcanzable”.
En segundo lugar, otro de los lineamientos que tuvieron en consideración a la hora de formular el Presupuesto, tiene que ver con “el resultado fiscal midiendo puntualmente el resultado primario que es la diferencia entre la totalidad de la recaudación y el gasto primario. Hay una política que lleva adelante el Gobierno nacional y que este Congreso ha acompañado porque también está contenida en nuestro acuerdo con el Fondo que tiene que ver con una meta de resultado primario que para el 2022 es un déficit primario del 2,5% y para el 2023 es del 1,9%”.
Otro de los lineamientos que detalló es la consolidación de los recursos de lo que explicó: “El Poder Ejecutivo viene llevando adelante una política tributaria que busca profundizar la recaudación de todos aquellos tributos o impuestos que son de naturaleza progresiva a los efectos de fortalecer la recaudación nacional, dañar lo menos posible la actividad económica y contar los recursos suficientes para financiar aquellas políticas públicas que promueven el cuidado y la protección de los sectores vulnerables y de todas las áreas de la sociedad y de la economía que necesitan el apoyo de la actividad pública”.
En cuarto lugar, se encuentra el ordenamiento fiscal, del que precisó: “No es ni más ni menos que la vieja idea de priorización de gastos, todo el proceso de formulación de Presupuesto en el seno del Ejecutivo estuvo dominado en la necesidad de identificar cuáles son aquellos gastos prioritarios, cuáles son aquellos que deben contar con el financiamiento prioritario porque son las políticas de principal interés”.
Por otro lado, sobre los números del escenario macro-fiscal, Rigo precisó que, para áreas como la Secretaría de Hacienda, es “clave” porque “es el elemento crucial que permiten calcular la recaudación. El hecho de que se trata de un escenario macro realista nos deja confiados respecto del cálculo de recursos y de la capacidad efectiva que vamos a tener como Poder Ejecutivo en 2023 para recaudar esos tributos y financiar las políticas”.
“En el año 2023, y respecto al 2022, se plantea una moderación en el crecimiento, de un 4% a un 2% en el 2023. El tipo de cambio nominal sería de 269,9 que se plantea para diciembre de 2023, con una inflación, también en la punta, de 60%”, detalló Rigo.
Además, informó que se prevé un crecimiento real del mercado de trabajo de los salarios: “Se propone un 63,2% de crecimiento o variación interanual que, medida contra la inflación que prevemos para el año que viene, implica un crecimiento real del salario por encima de la inflación esperada. Este comportamiento para la línea de trabajo es consistente con el que venimos observando este año, por sobre todo el segundo semestre que tuvo un crecimiento positivo en términos reales y prevemos que esa tendencia se prolongará durante el 2023”.
En esa línea, comentó que respecto al salario comercial -diferencias entre exportaciones e importaciones- medidas en millones de dólares se observa un “mejoramiento de 7.700 millones de dólares en el 2022 a 12.300 millones para el 2023”. “Estas son las variables sobre las que se apoya el cálculo de la recaudación”, resaltó Rigo.
Retomando el ordenamiento fiscal, planteó que el objetivo de déficit primario para el 2023 de -1,9% del PIB en el Sector Público Nacional y ocurre porque “en nuestros compromisos internacionales, el déficit primario, lo mediamos en el Sector Público Nacional, es la visión más amplia. Ese 1,9% es un resultado que lo medimos en la caja, es la performance de las cuentas públicas medida por lo recaudado y lo pagado. Es el déficit primario del SPN medido en base caja, comparable con el déficit de 2,5% del PIB de la Administración Pública Nacional”.
Sobre la Administración Pública Nacional, respecto a lo devengado en el 2022 “estamos esperando un resultado devengado de 3,6% del PIB es equivalente al 2,5% en la caja del 2022 que es el resultado al que tendemos. Del mismo modo en el 2023 ese 2,5% en el devengado es compatible con el 1,9%”, y aclaró que “parte de este ordenamiento fiscal tiene que ver con la consolidación fiscal, de reducción progresiva del déficit primario que es uno de los objetivos de política fiscal del Gobierno. Este proyecto de ley es compatible con esto”.
Por otro lado, comparó los ingresos totales con los gastos primarios: “Prevemos un crecimiento interanual de los recursos que es superior al de los gastos, lo que nos posibilita lograr un resultado que disminuya en términos del PIB. Prevemos que la recaudación, respecto de la 2022, crezca el 78,1% en la variación interanual en tanto que los gastos primarios crecerían al 68,5%”.
“Dentro de lo que es recaudación tenemos un crecimiento importante de los ingresos tributarios -IVA, ganancias, créditos y débitos- están creciendo muy cercano a ese promedio todos por encima de la inflación esperada”, destacó el secretario de Hacienda y agregó que “una mejor performance puede apreciar para aportes y contribuciones. Luego tenemos ingresos no tributarios y otros recursos que tiene el Estado que está creciendo un poco por debajo del promedio”.
Respecto al gasto primario, remarcó que “hay un crecimiento real del gasto esperado, superior a la inflación. Esperamos que el gasto público tenga un crecimiento en términos reales porque es una premisa del Gobierno mantener en este momento de la economía activo a la política fiscal, buscando estos crecimientos reales y positivos”.
Sobre el gasto público, el secretario de Hacienda se detuvo sobre las cinco principales finalidades: Administración Gubernamental, Servicios de Defensa y Servicios Sociales, “todas estas funciones están creciendo claramente por encima de la inflación”, pero en el caso de Servicios Económicas observó un menor crecimiento porque “eso obedece a que dentro de esa finalidad tenemos los subsidios económicos -transporte y energía- que, producto de las políticas de segmentación, y de revisión de tarifas tienen una expresión menor en el 2023. La Deuda Pública, son los servicios asociados a la deuda que tiene una expresión que crece menos proporcionalmente un año contra otro”.
A su vez, respecto a la finalidad de Servicios Sociales se puede apreciar que “el crecimiento interanual como lo presenta el proyecto es positivo, real 71%. Cuando miran la asignación por jurisdicción hay asignaciones un poco menores”.
Según Rigo, el Sector Público Nacional en base caja hay un “sendero de progresiva reducción del déficit primario 3 puntos del PIB en el 2021, 2,5 puntos en 2022, 1,9 del PIB en 2023”.
Respecto a la recaudación nacional en 2023, Rigo destacó la caída del 0,18% de la presión tributaria. “Del 23,95% del PBI en 2022 a 23,77% en 2023. Si nosotros miramos el gasto primario en término del PBI, y lo comparamos en una serie histórica vemos una reducción global. Pero esto tiene prioridades, el gasto de capital en infraestructura se mantiene en niveles similares al del 2022, y hasta un poco más, tiene un crecimiento del 0,5% respecto al 2019, al inicio de la actual gestión. Para que esto se mantenga y todo el gasto caiga, entonces hay otros que se tienen que reducir. Básicamente tenemos un decrecimiento del gasto en subsidios, donde tenemos 0,9% en subsidios en energía y transporte”.
Finalmente, se refirió a las cinco prioridades políticas que el mensaje que acompaña el proyecto de ley destaca, que son: “la infraestructura, la salud, la educación, la ciencia e innovación, y la inclusión social con perspectiva de género”.
En otro tramo de su ponencia, hizo alusión a las modificaciones que sufrió el proyecto en Diputados que fueron de orden “legal o natural” a través de artículos que algunos permiten al Ejecutivo “incrementar ciertas asignaciones”. En esa línea, recordó el artículo 116 del dictamen de mayoría que “dispuso una serie de asignaciones complementarias unos 300 mil millones de pesos que tiene que ver con la finalidad Servicios Sociales”, y destacó que “es uno de los cambios más importantes”.
“El artículo 7 que dispone asignaciones complementarias para la ley de Bosques Nativos. El artículo 81 que dispuso el incremento y la creación del Fondo Compensador para el transporte de pasajeros. El artículo 18 y el 83 que son asignaciones puntuales”, ponderó Rigo y agregó las modificaciones sobre obras plurianuales.
El secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía expuso los lineamientos de la “Ley de leyes”. Además, alertó que “estamos en un proceso de caída de la demanda de dinero que alimenta permanentemente a la inflación”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, arrancó este miércoles el debate sobre el proyecto de Presupuesto 2023 con la exposición de diversos funcionarios del Ministerio de Economía, el primero de ellos fue Gabriel Rubinstein, secretario de Programación Económica, quien remarcó que “este presupuesto nos da una mejora en el orden fiscal y nos posibilita hacer realista la inflación del 60%”.
Al comienzo de su presentación, Rubinstein agradeció la invitación a la Cámara alta y se refirió a aspectos de tipo macroeconómico del proyecto, respecto del que explicó que han asumido “niveles de crecimiento del PBI para este año del 4% y 2% para el año que viene”, pero aclaró que son “estimaciones” que están sujetas a revisión porque “es posible que este año termine más alto y eventualmente puede haber algún crecimiento mayor”.
“Algunos han estimado que ese 2% viene más bajo, peor lógicamente son conjeturas que recogen el espectro de situaciones, cómo vemos que se desenvuelve el comercio exterior, como se lleva el comercio internacional que está más difícil, qué pasa con la sequía, etc. Todas las estimaciones que van cambiando permanentemente, pero creemos que es suficientemente realista y que da un buen marco de lo que podría llegar a ser la actividad económica que viene con un arrastre positivo del año pasado, pero que se espera un arrastre negativo de las bajas de actividades de los últimos meses de este año”, explayó el secretario de economía.
Respecto a la inflación que se contempla de un 95% para este año reconoció que “estará en ese orden”, y del 60% para el 2023. “Un nivel de ingresos del PBI para el año que viene que baja de 17,6% a 16,8% hay una baja de 0.7; y una baja de gastos del 20,0% al 18,7% del PBI con una caída del 1,8”, alertó.
De los supuestos macroeconómicos, Rubinstein manifestó que “el que genera más dudas es el de la inflación del 60%, uno puede preguntarse si es realista una inflación del 60% cuando venimos con una inflación más alta, y ajustes en tarifas, y en general cuando las consultoras locales e internacionales están previendo una inflación del 90 o 100% o incluso más”.
“Ahí caben varias apreciaciones porque si el Congreso vota este Presupuesto, para nosotros es realista ese nivel de inflación porque es muy importante en los niveles de déficit que vote finalmente el Congreso para hacer las estimaciones financieras y monetarias que le dan el marco general a la inflación”, explicó el funcionario.
Por otro lado, retomó las explicaciones de Sergio Massa sobre el orden fiscal y aclaró que “el orden fiscal es diferente para cada país, para cada situación dentro de cada país. El orden fiscal tiene que ver con las formas de financiamiento sobre ¿qué posibilidades hay de endeudamiento externo de un país?”, y ejemplificó: “Uruguay acaba de renunciar a un bono que coloca 1,20% adicional, una tasa muy baja y nosotros no podemos ni siquiera acceder porque estamos con bonos que rinden 30% van fluctuando en valores de un riesgo país del 2.600% entonces no tenemos esa posibilidad porque hay bajísimos niveles de reservas”.
“Hemos vivido un stress muy grande en junio que hemos superado felizmente, pero la situación no es fácil, no es para nada holgada, entonces lo que queda es la emisión monetaria. Algo puede acompañar el crecimiento del producto en un 2 o 3%, no crece el 50%. Lo que queda es ver si hay demanda de dinero porque a veces hay situaciones donde hay demanda de dinero”, sumó a su disertación.
En ese sentido, siguió: “Se dice que al emitir es una causa de la inflación porque aumenta la demanda de dinero. En la pandemia aumentó la demanda de dinero de la gente porque no la gastaba”, y agregó: “En los planes de estabilización exitoso como el Plan Austral aumentó la demanda de dinero, pero nosotros tenemos los casos que cae la demanda de dinero le pasó al gobierno en 2018-2019 que por más que intentó un control monetario por las devaluaciones y la crisis financiera, hay un desequilibrio monetario que convalidaba tasas de inflación altas y lo mismo pasó en momentos de hiperinflación que se define como una violenta caída de demanda de dinero”.
“Eso nos está pasando ahora”, alertó el secretario y continuó: “En un año la relación base monetaria- PIB era de 6 puntos y ahora está en 4.5 estamos en un proceso de caída de la demanda de dinero que alimenta permanentemente a la inflación”.
Asimismo, planteó que el orden fiscal tiene que ver con “la situación que uno enfrenta y, en este caso, significaría tener el menor déficit posible que es idealmente 0 e idealmente ir hacia el superávit fiscal. Nuestra estimación para este año con un déficit primario del 1,9% considerando todos los aspectos financieros y el financiamiento, nos da esa posibilidad de decir que podemos tener una inflación del 60% incluso menos, pero no 100% porque eso significaría con un proceso de continuidad fuerte de la caída de demanda de dinero que no podamos contener”.
Por otro lado, se refirió al desorden fiscal al que definió: “Cuando un déficit desfinanciado por el impuesto inflacionario que es la permanente desvalorización del dinero”, y relató: “Hace tiempo antes salíamos a la calle con un billete de 100, después salíamos con 500, 800, después con mil, tres mil. Uno si no tiene 10 mil siente que se queda sin plata”.
Este Presupuesto nos da la posibilidad de tener una inflación del 60%, incluso menos”.
“Por eso la emisión monetaria que no tiene contrapartida en un aumento de la demanda real de dinero, es netamente inflacionaria. Esto no es ni de derecha ni de izquierda, ni liberal ni marxista”, aclaró Rubinstein y agregó: “Si uno tiene 1,9% de déficit, la base monetaria es 4,7% del PBI, no hay posibilidad de financiamiento externo, no hay posibilidad de financiamiento con reservas, el financiamiento interno es un rollover de la deuda, la inflación va a ser del orden del 50% y si se quiere manejar eso con controles, no va a funcionar”.
Sin embargo, aseguró que “las políticas de ingresos, de precios, salarios, tipo de cambio, pueden ayudar para acomodar las cosas a una inflación de financiamiento macroeconómico. Pueden hacer su trabajo para que baje la inflación en un 4%”.
“Para bajar el impuesto inflacionario lo más importante es bajar el déficit todo lo que sea necesario”, resaltó el funcionario y sumó: “Esto lo vemos como un presupuesto de transición en este orden fiscal, tener la situación más ordenada fiscalmente, menos impuesto inflacionario, más impuestos legislados por el Congreso”.
En suma, bregó por tener la macroeconomía de hace 20 años atrás que “logramos tener un superávit fiscal primario del 3% del PBI donde ese ahorro del sector público se traducía en el ahorro externo, con un tipo de cambio unificado sin brechas, sin controles de cambio. En esa situación logramos una inflación del 5% anual”.
“Volver a esos índices macroeconómicos está bien y la economía crecía. Este presupuesto es una transición en ese camino, una mejora fiscal, un orden fiscal, que nos debería posibilitar hacer realista esa inflación del 60% y una macroeconomía para que florezca la inversión, el crecimiento y el empleo”, cerró.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también exigió la participación del titular del BCRA, Miguel ángel Pesce, y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, porque “este proyecto contiene una enrome cantidad de gastos para el tema de políticas sociales”.
Pasados a penas cinco minutos de iniciada la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para comenzar el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023, el vicepresidente de la misma, el radical Víctor Zimmermann, reclamó la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa.
En primer lugar, celebró empezar el debate a la iniciativa que viene con media sanción de Diputados porque “se trata de la estimación de recursos y fijación de gastos para el programa del Poder Ejecutivo para el año 2023 donde están comprendidas todas las políticas públicas para el país”.
“Yo necesito hacer un requerimiento en nombre de mi interbloque porque, a pesar de los importantes funcionarios que están en la mesa y que van a participar del debate, nosotros hicimos un planteo por escrito por que nos parece que es muy importante que esté en esta reunión iniciando la jornada el ministro de Economía, Sergio Massa; y el presidente del Banco Central; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, porque este proyecto contiene una enrome cantidad de gastos para el tema de políticas sociales y nos hubiese gustado que están ellos. Mi provincia tiene un alto índice de pobreza y marginalidad creemos que es muy importante.”, explicó el radical.
No obstante, sostuvo: “Vamos a escuchar con mucha atención a estos funcionarios, vamos a hacer preguntas en relación a este tema, pero no quería dejar pasar lo que consideramos desde el Senado que sería muy importante la presencia del ministro de Economía y demás funcionarios”.
De la vereda de enfrente, la vicejefa del bloque Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, remarcó que “estamos con el amplio gabinete de Economía para que puedan evacuar todas las dudas los senadores”.
“Hablé personalmente con el ministro -Massa- hoy especialmente no podía venir, pero se comprometió, como vemos acá, que todo su gabinete está dispuesto a responder todas las preguntas”, contó.
El interbloque Juntos por el Cambio reclamó formalmente este martes la presencia del ministro de Economía. Lo hizo a través de una nota dirigida a la presidenta del Cuerpo, Cristina Kirchner; el secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, en la que hicieron hincapié en la necesidad de que Sergio Massa asista al Senado igual que lo hizo el pasado 28 de septiembre a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.
“La práctica democrática requiere un fuerte compromiso con la deliberación parlamentaria y la deliberación pública, y en este marco no puede dejar de soslayarse la importancia que posee esta Honorable Cámara como fuente de representación de las provincias”, señalan en la nota, en la que reclaman también la asistencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
La legisladora María Bielli aseguró que esa reducción en las partidas presupuestarias podría terminar afectando a los procesos de reurbanización que se viene llevando a cabo en esos barrios.
A días de que la Legislatura de la Ciudad ponga en debate el proyecto del Presupuesto 2023, la diputada del Frente de Todos (FdT) María Bielli denunció a través de sus redes sociales la reducción de las partidas presupuestarias en esa iniciativa, las cuales serán destinadas a los barrios populares que están en proceso de reurbanización y en aquellos que aún no cuentan con una normativa para regularizar situación.
Según el informe de la diputada, la partida de fondos destinada al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo a cargo de implementar las políticas habitacionales, en el 2023 “tendrá la misma participación en el presupuesto total que la que tenía en el 2015, cuando no estaban iniciados ninguno de estos procesos” de reurbanización.
En ese sentido afirmó que “el IVC es el organismo encargado de llevar adelante la política habitacional de una Ciudad en la que la cantidad de personas viviendo en villas aumentó un 40% en los últimos 12 años” y remarcó que “ya durante el primer semestre se ejecutó sólo 34% del presupuesto asignado. Para 2023 hay un recorte del 9% en obras. Muchos de los 57 barrios populares de la Ciudad brillan por su ausencia. No tienen asignado presupuesto Cildañez, Piletones, Fatima, Inta, entre otros barrios”.
“¿Qué pasa con el barrio Padre Ricciardelli (ex 1-11-14)? Mientras espera una ley de urbanización muy anunciada, tiene una ejecución de sólo el 19% en el primer semestre del año y un recorte del 40% para el año entrante”, continuó.
Sobre esa misma línea, Bielli aseveró que para “la Villa 15 (Ciudad Oculta) el recorte es de un 50%”, mientras que “en la Villa 21-24, que está dentro de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo, hay $512.789.275, un 50% menos con respecto al 2022. Durante este año, hasta el primer semestre, solo se ejecutó el 32%”.
Además señaló que “en los barrios con proceso de urbanización: para la Villa 20 hay un 71% menos que en el año 2022. Este año, sólo ejecutaron el 29% en la primera mitad del año” e indicó que “el Playón de Chacarita cayó más del 25% entre 2017 y 2023 y en Rodrigo Bueno se ejecutó sólo un 17% en 2022”.
“Parece que Larreta escuchó a quienes decían que las políticas de reurbanización eran erróneas. El presupuesto del IVC en 2023 tendrá la misma participación en el presupuesto total de la Ciudad que la que tenía en el 2015, cuando no estaban iniciados ninguno de estos procesos”, agregó y concluyó señalando que “los números hablan por sí solos. Cuando se vote el Presupuesto de la Ciudad es importante que se sepa que quienes más necesitan de políticas habitacionales quedarán excluidos de las prioridades de un gobierno con presupuesto billonario y superavitario”.
La presidenta de Diputados diferenció el tratamiento que tuvo la “ley de leyes” este año respecto del anterior. Aclaró que cualquier cambio electoral debe hacerse “en el marco del consenso parlamentario”.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se refirió este martes en declaraciones radiales al fuerte respaldo que recibió el Presupuesto 2023 en la sesión de la semana pasada y destacó las dos razones que considera fueron fundamentales para alcanzar ese número contundente; por un lado, que “la letra del proyecto se basa sobre bases realistas” y, por otro, que “hubo un equipo económico y un ministro (Sergio Massa) que trabajaron codo a codo desde que empezó el debate en las comisiones hasta que se terminó de votar”.
En este sentido, la massista remarcó la diferencia con el rechazo registrado el año anterior con críticas a Martín Guzmán: “Esto desarma el mito de que el discurso de cierre de Máximo (Kirchner) había sido la causa de que no se apruebe. Lo que hubo el año pasado fue una ausencia política del Ministerio de Economía, una relación muy distinta hacia el interior del bloque del Frente de Todos y con los bloques de la oposición”.
Sobre el rechazo al artículo que establecía el pago del impuesto a las Ganancias sobre los sueldos de todos los integrantes del Poder Judicial, la titular de la Cámara baja adelantó que “se va a seguir trabajando” porque “existe el compromiso de distintos bloques opositores de terminar con este privilegio inaceptable”.
Por otra parte, consultada por las PASO, Moreau aclaró que su rol será el de presidir ese debate en un eventual tratamiento de un proyecto que busque la suspensión o derogación. No obstante, opinó que las primarias “son una herramienta para definir el ordenamiento de las listas según la elección de la gente” y que “profundizar el sistema democrático no puede ser considerado un gasto sino una inversión”. Pero se mostró proclive a modificar su obligatoriedad: “Es cierto que a muchos ciudadanos no les interesa participar de la vida interna de los frentes políticos, tal vez se puede abrir esa discusión”.
Convencida de que “cualquier cambio debe realizarse en el marco del consenso parlamentario porque son las reglas de juego del sistema electoral”, la presidenta de Diputados coincidió con su líder político de que en el Frente de Todos deberían debatirlo “puertas adentro” para alcanzar una decisión desde una mesa política de la conducción del espacio.
Para finalizar, sobre el debate que hay en torno a la ley de humedales, Moreau afirmó que le “parece” una “oportunidad histórica para tratar el tema. Las crisis ambientales no se resuelven con una medida aislada sino con políticas de Estado, la Argentina tiene que ser sustentable y productiva”.
La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó este miércoles a las 16.20 en el Salón Azul. Participan secretarios del Ministerio de Economía.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ricardo Guerra (FNyP-FdT), arrancó este miércoles con el debate del proyecto de Presupuesto 2023, que la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.
La reunión comenzó a las 16.20 en el Salón Azul con la participación de los secretarios Gabriel Rubinstein (Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas). No está presente el ministro Sergio Massa.
El interbloque Juntos por el Cambio reclamó formalmente este martes la presencia del ministro de Economía. Lo hizo a través de una nota dirigida a la presidenta del Cuerpo, Cristina Kirchner; el secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, en la que hicieron hincapié en la necesidad de que Sergio Massa asista al Senado igual que lo hizo el pasado 28 de septiembre a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.
“La práctica democrática requiere un fuerte compromiso con la deliberación parlamentaria y la deliberación pública, y en este marco no puede dejar de soslayarse la importancia que posee esta Honorable Cámara como fuente de representación de las provincias”, señalan en la nota, en la que reclaman también la asistencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Recordemos que durante el dilatado tratamiento del proyecto de presupuesto en la Cámara baja asistieron 9 ministros y, entre otros funcionarios, también lo hizo el titular del BCRA. Tolosa Paz no fue porque no era ministra entonces, pero sí lo hizo su antecesor, Juan Zabaleta.
Suscriben la nota los senadores Alfredo Cornejo (presidente del interbloque), Humberto Schiavoni (presidente del bloque Pro), Luis Naidenoff (titular del bloque radical) e Ignacio Torres (presidente del bloque Cambio Federal).
En la previa de la reunión se confirmó una ampliación de los invitados: Leonardo Madcur, titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores; Matías Tombolini, secretario de Comercio; Flavia Royón, secretaria de Energía; Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento; Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo; y Jorge Neme, secretario de Planificación de Desarrollo y Competitividad.
A diferencia de lo sucedido en la Cámara baja se sabe que el trámite en el Senado será más veloz, dado que todas las modificaciones que el proyecto sufrió en Diputados fueron acordados en paralelo con los senadores y los gobernadores.
Así, se estima emitir dictamen el jueves de esta semana, mientras que el debate de la “ley de leyes” en el recinto sería el 16 o 17 de noviembre, según pudo saber parlamentario.com.
Para esa discusión no se esperan mayores novedades. Allí el oficialismo cuenta con aliados suficientes para garantizar la aprobación del proyecto de Presupuesto. Si bien el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, sigue internado y se descuenta que no podrá participar del trabajo legislativo en lo que resta de este período ordinario, el bloque oficialista ha recuperado la presencia del misionero Maurice Closs -también con problemas de salud-, con lo que garantiza 34 senadores sentados en sus bancas. A ellos se sumarán para el quórum la misionera Magdalena Solari Quintana, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, con lo que el oficialismo no tendría problemas para el arranque de la sesión.
Estas mismas voluntades asegurarán la aprobación de la iniciativa. En esa votación en general habría que sumar -en caso de replicarse en el Senado el comportamiento de los diputados de cada sector- el apoyo de los 18 radicales, más la cordobesa Alejandra Vigo, en cuyo caso la ley de Presupuesto podría llegar a contar con 55 votos. Aunque nadie puede llegar a asegurar el apoyo completo de toda la bancada radical. Recordemos, sin ir más lejos, que el presidente del interbloque JxC, Alfredo Cornejo, se ha mostrado de acuerdo con Ricardo López Murphy en cuanto a que “tal y como está no debería votarse el Presupuesto”.
Recordemos que el Pro se abstuvo en Diputados, igual que los sanjuaninos de Producción y Trabajo, espacio que lidera el senador Roberto Basualdo. Según pudo saber parlamentario.com, los cuatro senadores de Cambio Federal, el espacio que encabeza el chubutense Ignacio “Nacho” Torres, aún no han tomado una decisión.
De acuerdo a las proyecciones macroeconómicas, el Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.
Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Entre sus principales puntos, durante el debate en la Cámara baja se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales.
En la votación en particular, el Frente de Todos retiró del proyecto el artículo que prorrogaba las facultades del Poder Ejecutivo sobre retenciones; fue rechazado el artículo para eliminar la exención del impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial; y se agregó un artículo para garantizar que los gastos en educación no serán inferiores al 1,33% del PBI.
Tras rehuir durante semanas una definición respecto de una eventual sesión, el diputado de La Libertad Avanza anunció cuál será su actitud en ese caso.
Finalmente Javier Milei se pronunció respecto de lo que hará eventualmente cuando el proyecto de derogación de las PASO llegue al recinto, si es que eso sucede: no dará quórum.
Con lo cual, se le caerían al Frente de Todos 2 o 3 votos con los que se especulaba que alcanzarían a ganar una votación para la que necesitan mayoría agravada.
Así lo admitió este lunes por la noche en el programa Una vuelta más, del canal TN, el diputado nacional Javier Milei.
Al ser consultado sobre su posición respecto de la eliminación de las elecciones PASO, tema en el que siempre ha sido renuente a expresarse, arrancó diciendo que tenía entendido que el proyecto ya ha sido mandado. “Tienen que traerlo, debatirlo en comisión y después va al recinto”, detalló, para dejar claro a continuación su rechazo total hacia las PASO: “Son un invento nefasto inventado por el kirchnerismo, y que tanto el kirchnerismo, Macri, Bullrich, Larreta, Vidal, las quisieron eliminar”, aseguró. Y volvió a repetir lo que viene diciendo desde un primer momento: “Para mí es una discusión de casta. Y yo juego con las reglas”.
Ante la insistencia respecto de qué hará si llega el momento del debate, Milei recordó que el tema necesita “mayoría calificada” y anunció: “Yo no les voy a dar quórum”. Agregó: “El kirchnerismo no tiene los votos, ¿me comprendés? Yo no les voy a dar quórum. No, porque para mí esta es una discusión de casta… Que se arreglen entre ellos”.
El periodista Diego Sheinkman insistió para que quedara clara su postura, y Milei volvió a señalar que no dará quórum. “Al retirarte, le dificultás el quórum al kirchnerismo. Yo estoy en contra de una discusión de casta. Yo voy a ganar las elecciones y no quiero que haya gente llorando por mi culpa, que lo arreglen entre ellos. ¿Te das cuenta que es una discusión de casta?”.
“No es de casta, es de la política”, le aclaró el conductor, a lo que Milei respondió que “el problema es distinto: quieren utilizar una herramienta para torcer la voluntad de la gente y eso lo intentó Cambiemos cuando estaba en el poder. Porque todos querían eliminarlas porque querían exterminar a los kirchneristas de esa manera”.
“Fijate lo repugnante que son, el asco que dan”, enfatizó, señalando como ejemplo luego el tuit de Luciano Laspina emitido el viernes pasado. “Es monumental, cuando se entera, lo que dice es que tienen los votos de la boleta única y que si mandan las PASO, (ellos) mandan la boleta única. ¿Y entonces para qué hicieron esa persecución mediática?”.
Según Milei, “tienen el proyecto y lo usan como parte de una negociación, es grosero. ¿Vos te das cuenta que es un nido de ratas eso? Que sea un nido de ratas no hace que me comporte como las ratas”.
Y finalmente, volvió a repetir: “No doy quórum, listo… No soy parte de la runfla ladrona de la Argentina”. Con lo cual, se infiere que ni dará quórum en una sesión sobre el tema, ni tampoco se sumará durante el debate. Se infiere así, porque no lo aclaró.
A continuación le preguntaron por su ausencia en la votación en particular del Presupuesto, particularmente por el artículo que impone una tasa aeroportuaria, que se aprobó por un voto. “Otra mentira de Juntos por el Cambio, son unos delincuentes mentirosos”, remarcó, fiel a su estilo.
Y devolvió: “Es la ‘Tasa Amaya’ -por el voto a favor del diputado de Encuentro Federal Domingo Amaya, que votó a favor ese artículo-, porque fue quien le puso el voto”.
“Primero había que dar quórum; ¿quién lo dio? Los radicales”, recordó, para destacar luego que él ni dio quórum, y votó en contra del Presupuesto. Recordó entonces que la votación en general alcanzó los 180 votos positivos, con lo cual apuntó a los opositores que apoyaron. “El kirchnerismo tiene 117, porque Máximo (Kirchner) no estaba”, señaló, aunque en realidad el líder de La Cámpora sí votó, aunque no dio quórum.
Y destacó que, como ha informado parlamentario.com, este Presupuesto fue “el más votado en 20 años”, cosa de la que él personalmente se desentendió.
La vicegobernadora bonaerense participó de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2023, Pidió a la dirigencia política “estar a la altura de las circunstancias”.
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, calificó al proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2023 como “previsible, sostenible, y de muchísima inversión”, durante la presentación de los principales lineamientos de la Ley de Leyes.
Junto al ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, la titular de la Cámara alta expresó que “este presupuesto nos lleva a pensar en la recuperación de esta provincia, a salir de esta pandemia que nos detuvo durante muchísimo tiempo y de ese gran endeudamiento que contrajo el gobierno anterior”.
En esa línea, Magario destacó que “el impacto del pago de deuda es cada vez menor” en las finanzas provinciales por decisión del gobernador Axel Kicillof, ya que “el presupuesto para 2023 lo reduce al 4,1 por ciento, cuando en 2019 era de casi el 20 por ciento”.
“Esto es justicia. Porque ese 15 por ciento de diferencia se ha invertido en salud, en educación, en la promoción de las industrias, en el sistema de la producción”, manifestó.
A su vez, puso de relieve que “pese a la inflación, a la situación difícil que atraviesa la Argentina y que no podemos negar, la Impositiva es discreta, prudente, y acorde a la situación económica”.
Y, en ese sentido, agregó “sin excesos, sin abusos, al contrario, tratando de acompañar a nuestras pymes, intentando que el aumento de los impuestos sea el menor posible, sobre todo en los sectores de menores y medianos ingresos, y que prevé que sólo aquellos que tienen más posibilidades, colaboren en una cuestión solidaria, con el conjunto del pueblo bonaerense”.
Magario resaltó, además, “el aumento real en inversión en obras educativas” que se observa en este proyecto de ley de Presupuesto.
“Esto significa más escuelas, más jardines, más centros de formación terciaria; esto es educación pública, libre, gratuita y de calidad para todos y todas los bonaerenses”, sostuvo, y lo comparó con el nivel de inversión proyectado con el período 2016 a 1019 cuando, indicó “hubo una baja de la inversión en educación y el 90 por ciento de esos recursos eran los sueldos de los docentes”, dijo.
Asimismo, la vicegobernadora bonaerense destacó “el incremento en inversión para salud” y opinó que esta área “no sólo debe tener inversión en los momentos críticos como lo fue la pandemia, sino de manera permanente”.
“Para nosotros la salud, la educación, el desarrollo productivo, la generación de políticas ambientales y de género no son un gasto”, afirmó.
En referencia a la perspectiva socio ambiental que contiene el Presupuesto 2023, Magario afirmó que “poder trabajar el destino de recursos en el cuidado de nuestro ambiente es proteger ese mundo que van a habitar nuestros hijos y nuestros nietos”; al tiempo que consideró: “es el tiempo que se viene, es la inversión que hay que hacer, es el mundo que les vamos a dejar y que ellos defienden así que nosotros también tenemos que defender”.
Por último, la presidenta del Senado de la provincia se refirió al tratamiento de la iniciativa en la Legislatura y manifestó: “La sociedad nos demanda a los dirigentes políticos estar a la altura de las circunstancias. Ese es nuestro compromiso”.
El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia Pablo López expuso en la Legislatura bonaerense los principales lineamientos del proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2023.
Prevé fuertes inversiones con el objetivo de seguir dando respuesta a las brechas estructurales existentes y avanzar en la integración de la Provincia mediante políticas inclusivas y un Estado presente.
El ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López; junto a la vicegobernadora, Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín; expuso los principales lineamientos del proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2023, el cual mantiene como ejes prioritarios de gestión el incentivo a la producción, una mayor inclusión social, y mejoras en la infraestructura provincial.
A su vez, se destaca, que la iniciativa prioriza las áreas esenciales como Salud, Educación, Vivienda y Seguridad, con la perspectiva de género como eje transversal.
Con el objetivo de lograr una transformación estructural de la provincia, el Presupuesto 2023 sigue apostando a un “Estado Presente” que logre cerrar las brechas en términos de infraestructura productiva y social existentes, además de impulsar el proceso de desarrollo a través de una política productiva activa, que fomente el cambio tecnológico y la generación de nuevos puestos de trabajo.
Durante la exposición, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López agradeció a las y los legisladores y manifestó que “en estos tres años de gestión y guiados por el gobernador Axel Kicillof, nuestra determinación de reconstruir un Estado presente fue lo que permitió, inclusive frente a adversidades imprevistas, comenzar el proceso de transformación de la Provincia”.
“A través de una inversión en infraestructura en educación, salud y seguridad sin precedentes, y el apuntalamiento de la producción, el empleo y la promoción de la integración regional es que alcanzamos un crecimiento sostenido y mejoramos los niveles de inclusión social”, agregó.
El funcionario provincial detalló en su alocución que “este Proyecto de Presupuesto 2023 profundiza las políticas necesarias para avanzar hacia un desarrollo con inclusión en la Provincia. En ese sentido, hemos incrementado la inversión de capital sostenidamente entre 2020 y 2022, y proyectamos cerrar el año 2022 con un crecimiento real de 45,4%, lo que permitió situar los niveles de inversión un 80% más altos que en 2019”.
Para 2023, se prevé una nueva expansión real del gasto de capital del orden del 24%, que expresa la continuidad y congruencia de este modelo de Provincia: productiva, inclusiva e integrada, según se detalló en la presentación.
Las prioridades
En el proyecto de Ley de Presupuesto, según explicó en la presentación el ministro López, se reflejan “siete ejes centrales” de la inversión proyectada por la Provincia para 2023.
Uno de esos ejes es “Promoción de la producción, el empleo y la inclusión social”: para 2023, el desafío principal es “sostener y potenciar la recuperación económica ya iniciada para continuar incentivando la industria, el sector agropecuario y la creación de empleos formales”.
En ese sentido, “se continuarán llevando adelante políticas públicas que potencien la producción, el empleo y la inclusión social; la inversión en políticas productivas ascenderá a $14.427 millones, lo que implica un incremento de 14% real respecto al 2022 y casi 7 veces más elevada en términos reales que aquella llevada adelante en 2019”.
Los Ministerios de Desarrollo Agrario, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y el Instituto Cultural tendrán un “rol clave” en este eje, en conjunto con el aporte de la Banca Pública que “continuará ofreciendo diversas líneas de crédito con tasas subsidiadas”.
Dado que “es fundamental que el sostenimiento de la reactivación sea inclusivo, en 2023 la inversión en políticas sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia alcanzará un máximo histórico: $283.733 millones”.
Esto representa un incremento del 8% real respecto a este año y un 89% en términos reales respecto a 2019, según se detalló. Estas políticas incluyen Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, los programas Envión, Más Vida, UDIs y políticas de niñez, entre otras.
El segundo eje es la “Inversión en infraestructura”: el Presupuesto 2023 plantea una inversión de capital total de $553.635 millones, “aumentando un 24,9% en términos reales respecto de 2022 y 123,3% en términos reales respecto a 2019, llegando a representar el 8,0% del gasto total”.
El 83% de estos fondos serán destinados a “áreas clave para el logro de los ejes prioritarios planteados”: Educación, Salud, Seguridad, Vivienda, Vialidad, e Infraestructura hídrica y energética.
En 2023 se prevé seguir “avanzando en las obras claves para la reconstrucción de la provincia”, que incluyen la construcción de estaciones transformadoras de energía; obras de vivienda en varios municipios; obras de vialidad destinadas a inversión y mantenimiento en rutas y caminos rurales; planes de rehabilitación y ensanche de calzadas; pavimentación de caminos productivos; obras de Iluminación, señalamiento y de seguridad vial; obras de agua y saneamiento, que incluye la construcción de plantas potabilizadoras de conducción de agua potable, acueductos, desagües pluviales y cloacas; obras de hidráulica, destinadas al mejoramiento y limpieza de cursos de agua en varios municipios de la provincia; entre otras.
El tercer eje es la “Inversión en Salud”: “mantener y consolidar los avances en materia de salud pública seguirá siendo una prioridad aún luego de la pandemia”.
La inversión no salarial para 2023 para el sistema sanitario, que incluye equipamiento, insumos e infraestructura, será de $162.350 millones, manteniendo “niveles históricamente elevados y representando un incremento de 88% en términos reales respecto al año 2019 y de 5,8% respecto de 2022”.
El cuarto apartado de inversión es Educación donde “es prioridad de la gestión lograr una educación pública de calidad y esto se evidencia en los niveles de inversión en obras y equipamiento que son históricos, superiores en un 435% en términos reales respecto de 2019 y del 48,8% respecto de 2022”.
En 2023, el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación alcanzará los $1.827.587 millones, de los cuales $64.257 millones serán para obras y equipamiento.
En particular, el presupuesto contempla $23.900 millones para el programa Escuelas a la Obra, $4.327 millones en tecnología educativa y $3.273 millones para fortalecimiento edilicio de jardines. Además, se continúa trabajando en “el fortalecimiento de las trayectorias educativas”.
El quinto eje presentado por el ministro López es la inversión en seguridad: el gobierno puso en marcha “una inversión histórica para fortalecer” a la Policía de la provincia de Buenos Aires y al Sistema Penitenciario Bonaerense.
En esta línea, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contarán con un presupuesto total para equipamiento e infraestructura de $62.093 millones, “lo que implica una mejora del 406% en términos reales con respecto a 2019”.
Se destacan $39.150 millones para equipamiento; $20.786 millones para la infraestructura penitenciaria; y $6.980 millones para infraestructura en Seguridad; y, entre otras.
Perspectiva de género es el sexto eje de inversión del Presupuesto 2023; es el segundo presupuesto con perspectiva de género en la provincia y la incorporación de la perspectiva de género en la construcción del presupuesto “parte de considerar que la desigualdad de género es estructural y requiere ser atendida de manera urgente”.
Este segundo presupuesto con perspectiva de género alcanzará los $128.935 millones, lo que representa un 2,5% del presupuesto total.
El séptimo, y último, eje de inversión, según se detalló, es la perspectiva ambiental: con la creación del Ministerio de Ambiente en 2021 se jerarquiza la política ambiental en la Provincia de Buenos Aires, según se estima en el gobierno.
Y en ese sentido se consigna que, tal es así que dicho Ministerio cuenta con un presupuesto de $11.969 millones en 2023, representa “un aumento de 47% real respecto a 2022 y de cinco veces más respecto de 2019”.
Además, desde agosto del 2022 el Ministerio de Hacienda y Finanzas en conjunto con el Ministerio de Ambiente se encuentran trabajando en una metodología para elaborar un Presupuesto con Perspectiva Ambiental mediante el etiquetado de actividades presupuestarias en consonancia “con el objetivo de darle prioridad a un desarrollo que dé respuesta a las necesidades socioambientales de las y los bonaerenses”.
Por otra parte, el ministro también destacó que el proyecto de Ley Impositiva 2023 está diseñado sobre la base de “la recuperación económica, y permitirá proyectar recursos que se canalicen a generar y sostener políticas públicas productivas con inclusión social”.
Como en los años anteriores, se continúa con la premisa de dotar de “mayor progresividad a la estructura tributaria, evitando aumentar la carga sobre la mayoría de las y los habitantes de la provincia y haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva”. Y “se atiende especialmente la realidad de las Pymes, que son el principal factor de generación de empleo”.
En el caso de Ingresos Brutos, “se mantiene el universo de pequeñas y medianas empresas beneficiadas por la alícuota diferenciada, a través del incremento del 95% del monto máximo de facturación”.
Además, se incluye una exención por 12 meses a nuevos contribuyentes del Régimen Simplificado. Esta medida es “un acompañamiento desde el Estado y, además, busca incentivar el registro de esas actividades’, según se detalló.
En lo que hace al impuesto Inmobiliario se establecen “topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio”. La gran mayoría de los y las contribuyentes tendrán aumentos iguales o menores al 60%, dijo López.
Respecto al impuesto Automotor, “se reduce la alícuota media a pagar por los contribuyentes, con un tope de crecimiento del gravamen de 40% que garantiza una disminución de la carga impositiva”.
Los legisladores de ese espacio criticaron con dureza la decisión del Ejecutivo de que los ministros de las distintas áreas no participen de la tradicional ronda de exposiciones en las que cada cartera explica los gastos previstos para el próximo año.
A días de que la Legislatura de la Ciudad ponga en debate el Presupuesto 2023, los diputados del bloque Frente de Todos (FdT) cuestionaron con dureza la determinación del Gobierno local de no llevar a cabo la tradicional ronda de ministros, en la que los representantes de las distintas áreas explican los gastos de previstos para el próximo año.
En ese sentido la peronista Claudia Neira (FdT) recordó que “se prometió una ronda de debate con los Ministros de la Ciudad pero ahora el Ejecutivo Porteño incumple con su compromiso” e insistió en que “estamos discutiendo la calidad institucional de nuestra Legislatura, porque es necesario un debate serio: se trata de dialogar, debatir e interactuar para construir entre todos mejores políticas públicas para la Ciudad”. Asimismo, explicó que “durante años tuvimos estas rondas de Ministros -como sucede en el Congreso Nacional- pero ahora fueron suspendidas por Larreta”.
Además argumentó que “no vamos a convalidar este accionar”, motivo por el cual el Frente de Todos decidió no avalar con su presencia la reunión de Comisión donde finalmente se dictaminó el proyecto. “Cuando hablamos del Presupuesto no estamos hablando de números sino de políticas públicas, y eso debe ser discutido en profundidad con los Ministros de cada Área”, continuó la legisladora.
Sobre esa misma línea, explicó la postura de su bloque planteando que “por ejemplo, en el Presupuesto 2023 encontramos que se asignan $80.000.000 a la unidad de coordinación del Consejo de Seguridad que prevé la Constitución y la Ley; sin embargo, ese Consejo nunca se constituyó y lo venimos reclamando hace tiempo. Esa discusión necesitamos darla con el Ministro de Seguridad, no entre los propios legisladores”.
Por último, Claudia Neira enfatizó que “ante la falta de diálogo del oficialismo porteño, que no le interesa poner en debate algo tan central como el Presupuesto, tenemos que hacernos una pregunta: ¿queremos una Legislatura pintada al óleo o una Legislatura que trabaje?”
Mientras que Juan Manuel Valdés (FdT) afirmó que “en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta decidió que su gabinete no venga a explicar el Presupuesto 2023 a la Legislatura, algo que sucedió todos los años anteriores” y remarcó que “pretenden que la Legislatura sesione a ciegas sin poder consultar con quienes redactaron el proyecto”.
“En el Congreso Nacional, más de 17 funcionarios nacionales, con ministros incluidos, fueron a exponer el Presupuesto 2023 y así conseguimos una amplia aprobación. Lástima que en CABA no podamos tener un debate tan rico”, agregó y concluyó precisando que “la Ciudad tendrá un Presupuesto de 2 billones de pesos en 2023 que seguramente será utilizado con fines electorales. Recaudados a partir de los Ingresos Brutos, las grúas y del impuesto a tu tarjeta de crédito. Todo esto sin que ningún Ministro venga a dar explicaciones”.
Al mismo tiempo que la diputada Cecilia Segura (FdT) planteó que “hay razones de sobra para exigirle a Larreta que respete las instituciones y envíe a sus ministros a la Legislatura a discutir el presupuesto con los representantes del pueblo”.
La Comisión de Presupuesto firmó este viernes el dictamen favorable de esa iniciativa y estableció para el mes próximo la llegada del mismo al recinto de sesiones. El texto proyecta una suba para el área de educación, una fuerte inversión en materia de obra pública y seguridad.
Después de varias reuniones en las que se analizó el proyecto que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitió a la Legislatura porteña, la Comisión de Presupuesto –a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ)- dio dictamen favorable para que el Presupuesto 2023 y la Ley Tarifaria puedan ser debatidas en el recinto de sesiones.
Según informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com, la fecha elegida para llevar a cabo el debate en sesión será el próximo 10 de noviembre. Ese mismo día también se avanzaría con una modificación la Ley Tarifaria para el ejercicio 2022, a fin de que las personas con discapacidad paguen menos para renovar su licencia de conducir.
En la reunión que se dio dictamen favorable a este paquete de iniciativas estuvieron presentes los diputados Diego García Vilas, Juan Pablo Arenaza, Emmanuel Ferrario, Facundo Del Gaiso, Natalia Fidel, Esteban Garrido, Lucía Romano, Paola Michielotto, Matías López (VJ), Diego Weck, Gustavo Mola, Lucio Lapeña, Marcelo Guouman (UCR-Ev) y Roy Cortina (PS).
Cabe recordar que el proyecto del Presupuesto 2023 ha respetado, como referencia para la planificación presupuestaria, las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional. Es por ello que se estima un gasto de 2.154.964 millones de pesos, totalizando el gasto primario 2.066.109 millones de pesos.
De esta manera, producto de las acciones e iniciativas desarrolladas durante los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires proyecta, para el 2023, un Resultado Financiero levemente superavitario, es decir con Déficit Cero.
Por lo tanto, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2023 se espera un crecimiento del Producto Bruto Geográfico del 2%, una inflación en el orden del 60% y un tipo de cambio de 269,9 pesos por dólar para fines del próximo año.
El texto en cuestión establece que los gastos corrientes previstos ascienden a 1.825.276 millones, mostrando un crecimiento nominal del orden de los 854.238 millones y representando el 84,7% del gasto total. En lo que respecta al gasto de capital, el monto presupuestado para el plan de obra pública es de 329.688 millones, lo cual representa un incremento de 150.509 millones y representa el 15,3% del total.
En tanto en la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones del personal, que representa el 45% del total del gasto. Tiene una previsión de 966.869 millones, que refleja la anualización del gasto en personal para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta la paritaria para el año 2022 y un proyectado de futuras negociaciones paritarias.
En un comunicado, desde el Ministerio de Hacienda afirmó que “las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires continúan seriamente afectadas por la quita intempestiva y unilateral de los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos” e indicó que “a finales de este año, la Ciudad ya habrá dejado de percibir 250.000 millones de pesos, desde que el 9 de septiembre de 2020 el Gobierno nacional decidió quitarle estos recursos. Adicionalmente, para el 2023, se proyecta una pérdida de recursos de 279.000 millones”.
“La falta de resolución de este conflicto vuelve a obligar a la Ciudad a continuar con la implementación de medidas de contingencia, tal como sucedió en el 2021 y 2022. Estas medidas lograrán evitar que esta quita de recursos afecte la debida prestación de los bienes y servicios públicos que esta administración debe brindarle a los vecinos y vecinas de la Ciudad como a quienes trabajan, estudian o la visitan”, continuó el texto.
Respecto a las proyecciones para el próximo año, el Gobierno de la Ciudad destinará para Salud, Educación y Promoción Social, entre otros servicios sociales, el 63% del total del presupuesto. Además, se mantendrá la inversión en Seguridad con el 15,4% del total del presupuesto.
Asimismo se estima un Resultado Económico Primario superavitario de 420.176 millones de pesos, ya que por Ingresos Corrientes se esperan 2.156.597 millones, en tanto que por Gasto Corriente Primario (sin intereses) se proyectan 1.736.421 millones. A la vez se proyecta un Resultado Primario -también superavitario- de 97.892 millones.
Presidida por Cecilia Moreau, la Cámara baja dio media sanción a la ley de leyes con la mayor cantidad de votos positivos que se recuerde desde la crisis de 2001.
No es lo mismo lograr la aprobación de un Presupuesto “con lo justo”, que conseguir una amplia mayoría. Esta era la premisa a obtener por quien hasta hace casi tres meses estaba precisamente al frente de la Cámara de Diputados.
Conocedor entonces de esta consigna, Sergio Massa se propuso al promover el tratamiento de la ley de leyes obtener un fuerte respaldo que se tradujera en una amplia aprobación en ambas cámaras. Sobre todo en la que mejor conoce y mayor vidriera proporciona, dadas las circunstancias.
El resultado de 180 votos positivos registrado a las 5.12 de la madrugada del miércoles justificaba la amplia sonrisa que el ministro de Economía -presente en el recinto- exhibió una vez aprobado en general el Presupuesto 2023. Que más tarde cayeran, producto de la votación en particular, algunos artículos, es un dato accesorio y en definitiva menor.
Sobre todo si se tiene en cuenta que el proyecto de presupuesto tenía como antecedente inmediato el rechazo registrado el año pasado. No fue la primera vez que un Gobierno se quedó sin presupuesto, pero sí la primera en que la oposición se lo rechazó.
Así las cosas, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, acordó en septiembre pasado con los jefes de todos los bloques un cronograma para el tratamiento que permitió un debate que no había tenido ningún presupuesto de la actual gestión.
Lo cierto es que fundamentalmente el apoyo de los radicales en sus dos vertientes le permitió al oficialismo exhibir un resultado inédito en al menos dos décadas: el primer presupuesto elaborado por Sergio Massa contó con un respaldo récord para los últimos 20 años.
En efecto, según un análisis realizado por parlamentario.com, el número mayor alcanzado para la media sanción de un presupuesto en la Cámara baja era hasta ahora, desde 2003 a la fecha, la del Presupuesto 2017, aprobado el 3 de noviembre de 2016 durante la gestión Cambiemos, que consiguió 177 votos a favor, 58 en contra y 4 abstenciones.
El número alcanzado poco después de las 5 de la mañana de este miércoles 26 de octubre de 2022 de 180 votos afirmativos, 22 negativos y 48 abstenciones, superó ese registro.
El anterior presupuesto aprobado durante la gestión de Alberto Fernández fue el de 2021, que tuvo media sanción el 17 de diciembre de 2021 con 139 votos afirmativos, 15 negativos y 90 abstenciones.
Ese había sido hasta ahora el único proyecto que le habían aprobado a la actual gestión, pues no hubo Presupuesto 2020.
Pasando a la gestión Cambiemos, el Presupuesto 2019 fue aprobado el 25 de octubre de 2018 con 138 afirmativos, 103 negativos y 8 abstenciones; mientras que el Presupuesto 2018 tuvo media sanción en Diputados el 22 de diciembre de 2017, por 165 afirmativos, 64 negativos y una abstención.
El primer presupuesto aprobado durante la gestión de Mauricio Macri fue el de 2017, que salió el 3 de noviembre de 2016 y, como dijimos, era hasta ahora el que más votos a favor había tenido: 177, afirmativos, 58 negativos y 4 abstenciones.
El anterior fue el Presupuesto 2016, que en realidad aprobó la gestión de Axel Kicillof durante el último año de Cristina Kirchner, y salió el 8 de octubre de 2015 con 137 afirmativos, 80 negativos, 1 abstención.
El Presupuesto 2015 fue aprobado el 9 de octubre de 2014, con 133 votos a favor y 112 en contra; en tanto que el de 2014 tuvo media sanción el 26 de septiembre de 2013, con 134 votos afirmativos y 113 negativos.
El Presupuesto 2013 salió el 11 de octubre del año anterior, con 142 votos a favor y 87 en contra; mientras que el de 2012 se votó el 14 de diciembre de 2011 y resultó aprobado con 141 votos afirmativos y 103 netativos.
En 2011 no hubo presupuesto, mientras que el de 2010 consiguió media sanción el 15 de octubre de 2009, con 136 votos a favor y 88 en contra.
Siguiendo con nuestro racconto, el Presupuesto 2009 se alcanzó el 16 de octubre de 2008, con 149 votos a favor y 87 votos en contra; mientras que el Presupuesto 2008 salió el 22 de noviembre de 2007, con 123 votos a favor y 62 en contra.
El Presupuesto 2007 se alcanzó el 23 de noviembre del año anterior y tuvo 143 votos a favor, 77 en contra y 6 abstenciones; mientras que el de 2006 se votó el 16 de diciembre de 2005, consiguiendo 162 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones.
Tiempos de Néstor Kirchner, el presupuesto 2005 se votó el 4 de noviembre de 2004, y tuvo 146 votos a favor y 118 en contra, en tanto que el de 2004, votado el 13 de noviembre de 2003, consiguió 90 votos a favor y 74 en contra.
Cerramos este racconto con el Presupuesto 2003, que consiguió 107 votos a favor y 61 en contra.
1°) Presupuesto 2023: 180 afirmativos, 22 negativos, 48 abstenciones.
2°) Presupuesto 2017: 177, afirmativos, 58 negativos, 4 abstenciones.
3°) Presupuesto 2018: 165 afirmativos, 64 negativos, 1 abstención.
4°) Presupuesto 2006: 162 afirmativos, 53 negativos, 3 abstenciones
5°) Presupuesto 2009: 149 afirmativos, 87 negativos.
6°) Presupuesto 2005: 146 afirmativos, 118 negativos.
7°) Presupuesto 2007: 143 afirmativos, 77 negativos, 6 abstenciones.
8°) Presupuesto 2013: 142 afirmativos, 87 negativos.
9°) Presupuesto 2012: 141 afirmativos, 103 negativos.
10°) Presupuesto 2021: 139 afirmativos, 15 negativos, 90 abstenciones.
11°) Presupuesto 2019: 138 afirmativos, 103 negativos, 8 abstenciones.
12°) Presupuesto 2016: 137 afirmativos, 80 negativos, 1 abstención.
13°) Presupuesto 2010: 136 afirmativos, 88 negativos.
14°) Presupuesto 2014: 134 afirmativos a 113 negativos.
15°) Presupuesto 2015: 133 afirmativos, 112, 0 abstenciones.
16°) Presupuesto 2008: 123 afirmativos, 62 negativos.
17°) Presupuesto 2022: 121 afirmativos, 132 negativos, 1 abstención.
18°) Presupuesto 2003: 107 afirmativos, 61 negativos.
19°) Presupuesto 2004: 90 afirmativos, 74 negativos.
Además, el presidente del Frente de Todos en la Cámara de Diputados explicó porque no se decidió retirar el artículo sobre retenciones.
El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue consultado este jueves acerca del rechazo, en el Presupuesto 2023, del artículo para eliminar la exención del impuesto a las Ganancias del Poder Judicial y afirmó: “No lo tomamos como un rechazo definitivo porque el tema está instalado en la sociedad, y con un debate maduro que más tarde o más temprano será aprobado”.
En diálogo con FM La Patriada, el santafesino defendió que se “intentó retomar” una cuestión que ya había sido planteada en 1996, 2013 y 2017. Además, reprochó que el jueves de la semana anterior “hayan aplaudido a (Marcelo) Casaretto” en la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero el martes en el recinto “la posición era otra”, en alusión al no acompañamiento de los diputados de la oposición.
“Seguramente hubo lobby de parte de los jueces, los tribunales orales, los fiscales o los jueces provinciales, pero obviamente a nosotros no nos iban a llamar”, lanzó el oficialista, quien consideró que “el debate está más maduro en la sociedad por considerar el no pago de Ganancias de parte del Poder Judicial como una inequidad o privilegio incomprensible”.
En tal sentido, recordó que la partida original del proyecto presupuestario que llegó desde el Poder Ejecutivo no contenía ese artículo. Sin embargo, aclaró: “Había anexo enviado por el Ministerio de Economía donde se hacían puntualizaciones muy precisas sobre el dinero que se gasta o deja de ingresa por sostener ciertos beneficios”.
Respecto a la media sanción otorgada a la “ley de leyes”, Martínez manifestó que “fue una buena señal de institucionalidad política” el haber logrado la oposición -en su mayoría- apoyará la iniciativa. Asimismo, expresó: “Quedó demostrado que hay un oficialismo dispuesto a transitar el camino del diálogo, y una oposición que se anima a deliberar con el oficialismo para dar con el consenso”.
“A las 22 horas de tratamiento en la sesión hay que agregarle 32 horas de reuniones con ministros y 15 de debate en comisiones. Fue un trabajo de más de 70 horas netas”, ponderó.
Por otro lado, el diputado habló sobre por qué retiraron el artículo sobre retenciones: “Lo que se pidió era tener una nueva sesión de facultades para administrar la suba y baja de retenciones, pero si se perdía la votación iba haber problemas por un frente judicial abierto en Córdoba. Fue importante sacar la votación, pero el debate sigue”. “Lo retiramos para dejar una posición más sólida del Estado argentino”, añadió.
Destacó la inclusión de obras para la provincia por 12.000 millones de pesos, a partir del trabajo de los representantes de Juntos Somos Río Negro en el Congreso.
El senador nacional Alberto Weretilneck valoró la sanción en Diputados del proyecto de Presupuesto 2023, que “incluye una serie de obras esenciales para los rionegrinos y rionegrinas”.
“En JSRN tenemos como desafío defender los intereses de nuestra provincia y durante el tratamiento del Presupuesto 2023 hemos dado una nueva muestra de fuerte federalismo, con la incorporación de obras trascendentales que mejorarán la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Río Negro”.
Weretilneck valoró el trabajo conjunto realizado con los diputados Luis Di Giacomo y Agustín Domingo. “Creo que logramos el mejor presupuesto para la Provincia, con grandes partidas destinadas a las rutas nacionales, gasoductos, líneas de electricidad, salud y tecnología satelital”, expresó el exgobernador.
Explicó que de los $12.000 millones presupuestados en obras para el año que viene, el 30% será para las rutas nacionales 40, 151, 22 y 23.
Destacó que 16 ciudades rionegrinas recibirán obras de saneamiento y de agua potable por $4.200 millones a través del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento ENHOSA.
También resaltó la inclusión de grandes partidas para remediación a través del GIRSU. “Pudimos incorporar seis ciudades del Alto Valle (Cipolletti, Campo Grande, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Fernández Oro y Allen) al sistema de residuos sólidos urbanos, para el cuidado del medio ambiente”.
El proyecto de ley aprobado este miércoles y girado a la Cámara alta incluye $870 millones en obras educativas nuevas y ampliaciones escolares. También la construcción de un nuevo hospital para Sierra Grande.
Finalmente, el exgobernador rionegrino remarcó la ampliación presupuestaria lograda para el área científica tecnológica, destinadas a fortalecer el desarrollo satelital, y nuevas inversiones en el centro de medicina nuclear.
El libertario se retiró del recinto y no se quedó a la votación en particular de los artículos. Con su ausencia, el oficialismo logró imponer la Tasa de Seguridad de la Aviación por un voto de diferencia. La oposición lo calificó como “la tasa Milei”.
El diputado libertario Javier Milei (La Libertad Avanza) recibió durísimas críticas de Juntos por el Cambio luego de que abandonara el recinto de la Cámara de Diputados, tras la votación general del Presupuesto 2023, y no se quedara para la votación en particular de los artículos, lo que le permitió al oficialismo aprobar un nuevo impuesto a los pasajes de avión bajo el nombre de “Tasa de Seguridad de Aviación”, ya que la votación del mismo se definió tan solo por un voto.
Milei se retiró de la sesión de manera sorpresiva luego de la aprobación en general del Presupuesto junto a su compañera de bloque, Victoria Villarruel, y no se quedó para votar los artículos en particular.
Uno de los más polémicos fue el artículo 121 que creaba un nuevo impuesto a los vuelos de $250 pesos para todas las personas que viajen en tramos de cabotaje e internacionales ya sea por vuelos de línea o privados.
El mismo, se aprobó por un voto de diferencia, 120 afirmativos y 121 negativos, y desde la oposición de Juntos salieron a criticar la actitud de los libertarios, ya que si hubieran estado presentes no se habría aprobado.
Quien alerto sobre la falta del diputado en el recinto, fue el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, quien le planteó a Cecilia Moreau:“Presidenta, yo hace una hora y media había preguntado si los diputados de la oposición, no del bloque de Juntos por el Cambio, pero que habían estado presentes en la votación en general del Presupuesto, si habían vuelto. Si me pueden informar por Secretaría si el bloque que preside el diputado Milei ha vuelto, porque yo no lo llego a ver. Y es muy frustrante. Hemos perdido la votación de una tasa por un voto. Eso es la creación de un tributo, es decir un impuesto. Queremos saber si el diputado ha vuelto”.
Otros diputados opositores también expresaron su enojo por la actitud de Milei y volcaron su repudio en redes sociales. Una de ellas fue la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI – Buenos Aires) quien escribió a través de su cuenta de Twitter: “Se acaba de crear la “Tasa Milei”, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagaran los argentinos en cada boleto de avión. La votación la perdimos 120 a 121 del oficialismo. Si @JMilei hubiera estado en su banca no se creaba. No todo son discursos también hay que votar”.
También apuntó contra Victoria Villarruel, Carolina Píparo (Avanza Libertad) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) que “si hubieran estado en su banca, esta nueva tasa no existiría. Ejercieron su Libertad de retirarse, pero a vos te condenaron a pagar un nuevo impuesto”.
“@JMilei te rajaste. Nosotros seguimos sentados aquí peleando para que no suban impuestos, ni delegarle a los k facultades para subir retenciones. ¿Dónde estás vos y tus diputadas? Te aclaro que la @ccari_ok no dio quorum y voto negativo el presupuesto y cada artículo. ¿Vos?”, disparó en otro tuit.
En la misma línea se expresó la diputada Paula Oliveto Lago: “Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan, pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No sé si son cómplices o irresponsables”.
Maximiliano Ferraro, presidente del espacio fundado por Elisa Carrió, denunció: “La oposición unida, la que defiende la Constitución y la República, logró que el Congreso no delegue su facultad de establecer derechos de exportación (retenciones) ¿Dónde estaban los diputados libertarios para frenar al kirchnerismo?”.
Por su parte, la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, se sumó a la ola de críticas contra el diputado libertario y también puso foco en las ausencias de Carolina Píparo y Victoria Villarruel, también integrantes de La Libertad Avanza.
“‘Los “libertarios’ Milei, Píparo y Villarroel dicen combatir la presión tributaria, PERO se retiraron cuando se estaban por votar las retenciones y más impuestos a electrodomésticos. Gritan mucho, pero a la hora de los bifes se borran. Poco apego por el trabajo”, dice el tuit de Banfi y completó: “Si hubiesen estado rechazábamos la creación de la tasa de impuesto aeroportuaria. Dicen qué hay que bajar impuestos, pero cuando les toca poner el traste en la silla y conseguirlo, se van a dormir”.
La diputada Mercedes Joury (Pro), chicaneó: “¿El diputado Milei sabrá que los proyectos se votan en general y en particular? O ¿tal vez se retiró del recinto porque ahora es funcional al kirchnerismo y está a favor de la suba de impuestos? Que alguien lo despierte y le avise que se aumentó una tasa por su ausencia”.
“Perdimos la votación de los artículos 120 y 121 por tres votos y por uno. Crean la Tasa de Seguridad de la aviación. Misteriosa ausencia de los libertarios defensores de la baja de impuestos. Sus seguidores nos echan la culpa y nos acusan de tibios #LaLocuraEsTotal”, comentó Fernando Iglesias (Pro).
El santafesino Federico Angelini apunto: “Hola @JMilei con mucho respeto te cuento que los proyectos se votan en Gral. y en particular. Gracias a que @juntoscambioar dio la batalla en particular, logramos frenar aumentos de retenciones al campo, y con tus 3 votos hubiéramos podido frenar nuevas tasas e impuestos. Una lástima”.
“Que la cuenten como quieran, pero por la ausencia de @JMilei, @VickyVillarruel y @CarolinaPiparo , los argentinos tenemos un nuevo impuesto. Aunque JxC este solo, vamos a seguir peleando en contra del kirchnerismo”, marcó el radical mendocino Álvaro Martínez.
El diputado cordobés destacó la aprobación de una iniciativa de su bloque para que 13 provincias, que no transfirieron sus cajas previsionales, perciban las remesas según una actualización automática.
El presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, se refirió este miércoles a la aprobación del proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara baja y contó que “la idea era votar en general el Presupuesto, a pesar de todos los desmanes que el oficialismo ha hecho para introducir temas de último momento”. También destacó el rechazo de los artículos sobre pago de Ganancias del Poder Judicial y la prórroga para que el Ejecutivo suba retenciones.
Respecto al impuesto a las Ganancias, Gutiérrez explicó: “En particular, fue una victoria sobre un reclamo que puede tener una base de justicia, y que es el rechazo a la imposición del pago de Ganancias para jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial”. Además, remarcó que “es un tema para discutir, pero no como una bomba de último momento, no de esta manera intempestiva como lo hizo el kirchnerismo a la que ya nos tiene acostumbrados”.
En cuanto al tema retenciones, sostuvo que fue “una dura derrota oficialista sobre los derechos de exportación, ya que debieron retirar la prórroga para que el Ejecutivo suba retenciones, lo que a todas luces atenta contra la patria productiva y que se asienta en falta de juridicidad ya que las retenciones están vencidas”.
“Destaco que se haya aprobado la iniciativa que nuestro bloque pidió en comisión, para que las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales perciban las remesas según una actualización automática con el índice de movilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”, agregó.
Por último, lamentó que se haya aprobado un artículo agregado al dictamen de comisión que crea una tasa para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que se va a aplicar y encarecer los vuelos.
“Creo que es necesario remarcar y repudiar este final bochornoso, cuando este oficialismo pseudo progresista incorpora de último momento un piso del 1.33% del PBI para Educación que introdujo en la sesión, rompiendo mínimas normas de convivencia”, criticó.
Por último, preguntó: “¿Por qué no fijar pisos para salud, por qué ese porcentaje, etcétera? … tienen esta manera de tratar brutalmente los temas que habla a las claras de la visión primitiva del kirchnerismo para abordar todo”.
El ministro de Economía estuvo presente durante el día en el Congreso. En el final de la sesión celebró la aprobación del proyecto que ahora pasa al Senado.
Tras la media sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto de ley del Presupuesto 2023, el ministro de Economía, Sergio Massa, agradeció públicamente a los legisladores y afirmó: “Es un gran paso en el camino que iniciamos para ordenar la economía del país”.
“Agradezco a todas y todos aquellos que acompañaron y aportaron al debate, aún en aquellos temas en los que no hayamos tenido coincidencias”, escribió en su cuenta de Twitter.
El expresidente de la Cámara baja se mostró agradecido con los diputados presentes en el recinto por “debatir durante más de 22 horas”, y “aprobar la hoja de ruta del Estado Argentino en materia de inversión para el 2023”. El proyecto obtuvo la media sanción con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.
Massa estuvo durante el día en la Cámara de Diputados, donde se involucró personalmente en las negociaciones y siguió de cerca la situación desde el despacho de Moreau. A la hora de la votación se hizo presente, junto a otros funcionarios, en el recinto.
Los radicales, en sus dos expresiones, y el bloque Encuentro Federal acompañaron al oficialismo. También hubo un voto a favor de un diputado Pro. Quiénes fueron los ausentes del Frente de Todos.
El oficialismo consiguió este miércoles por la mañana dar media sanción al proyecto de Presupuesto 2023, en una votación en general que resultó con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.
Al Frente de Todos lo acompañaron sus habituales aliados del interbloque Provincias Unidas (4). Además, votaron positivamente el interbloque Federal (8); el bloque SER (2); y el neuquino Rolando Figueroa.
Desde el interbloque Juntos por el Cambio, apoyaron la iniciativa para garantizar su aprobación los 33 diputados del bloque UCR; los 12 legisladores de Evolución Radical; los 4 de Encuentro Federal; y el monobloquista salteño Carlos Zapata, de Ahora Patria.
Además hubo un diputado del Pro que se diferenció del resto de su bancada y votó a favor: el rionegrino Aníbal Tortoriello.
Las 49 abstenciones vinieron desde JxC y fueron las del bloque Pro; los sanjuaninos de Producción y Trabajo Marcelo Orrego y Susana Laciar; y Claudio Poggi, de Avanzar San Luis.
Por su parte, desde el principal interbloque opositor, votaron en contra los diputados de la Coalición Cívica; el porteño Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos); la tucumana Paula Omodeo (CREO); y la macrista Graciela Ocaña.
También rechazaron el Presupuesto los cuatro diputados liberales, Javier Milei, Victoria Villarruel (La Libertad Avanza); José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad); y los cuatro legisladores del Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Romina Del Plá.
Entre los ausentes estuvieron Alberto Asseff y Gustavos Santos, por el Pro; y Paola Vessvessian, Verónica Lía Caliva y Juan Carlos Alderete, por el Frente de Todos. Este último, líder de la Corriente Clasista y Combativa -sector que integra también Caliva- había manifestado en la previa la disconformidad que tenía con el proyecto.
Fue hacia el final de la sesión, en una discusión que se extendió por una hora. La votación se realizó a mano alzada. Habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para alcanzar ese fin.
Los fondos destinados a la educación fueron motivo de discusión tanto antes de la sesión como durante el debate maratónico por el Presupuesto 2023, que comenzó este martes y concluyó este miércoles minutos después de las 9 de la mañana.
Fue precisamente en la última hora que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, planteó: “A pedido de nuestro bloque y en consonancia con lo que el diputado (Hugo) Yasky manifestó en el debate en general, pedimos incorporar un nuevo artículo para que se faculte al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a efectos de alcanzar en materia educativa un monto no inferior al equivalente al 1,33% del PBI”. “Es una garantía que le estamos dando al conjunto de la sociedad de que los gastos en educación no van a ser menor a ese nivel”, sostuvo.
“¿Cuánto significaría eso en millones y millones de pesos? ¿Esa resignación de dónde la va a sacar?”, consultó el jefe del Pro, Cristian Ritondo, a lo que el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, respondió que “esto no es una cuestión de imaginación; cuando uno establece un porcentaje respecto al producto depende el monto de la partida del valor del producto”. Y puso como ejemplo lo que se hizo con ciencia y tecnología, por ejemplo.
Pero la propuesta comenzó a generar revuelo dentro del recinto. En ese sentido, la diputada del Pro Silvia Lospennato observó: “No entendemos la propuesta porque es absolutamente irregular”. Mientras que, indignada, la legisladora de la Coalición Cívica Mónica Frade pedía que se trate en comisión.
Luego tomó la palabra Yasky, quien con gráfico en mano, mostró la evolución del gasto educativo en los últimos años y señaló que “en el año 2022 se invirtió 1,28%”. Entonces, reveló que hubo “una reunión de CTERA con el ministro de Economía (Sergio Massa) y el de Educación (Jaime Perczyk)” en la cual “se acordó introducir en el Presupuesto el compromiso de llegar, mínimo, al 1,33%” para “poder cumplir con las obligaciones mínimas”. Y solicitó que se haga una votación nominal del nuevo artículo “para que quede claro, después de todo lo que se dijo, quiénes son los que quieren que el gasto educativo crezca y quiénes son los que no quieren”.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá cuestionó que se busque “resolver cuestiones importantes en el último segundo”, lo que “fuerza y confunde algunas cuestiones”. “Por supuesto que estamos a favor de que se aumente el presupuesto educativo, aunque sea insuficiente en relación al monto que debería tener”, dijo, pero advirtió que “el problema” tenía que ver con que “se tiene que aclarar de dónde no se va a sacar el dinero”. “Si se saca de los servicios de deuda, no tenemos ningún inconveniente, lo votamos con las dos manos”, enfatizó, pero rechazó que se vayan a reasignar partidas a partir de afectar recursos “de ANSeS, de seguridad social, de vivienda o de salud”.
A su turno, la presidenta de la Comisión de Educación, la oficialista Blanca Osuna, recordó la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) que se aprobó en 2006. “Era y es una ley convenio; hay una proporción que es la que nosotros estamos definiendo que compromete a la Nación, y hay otra que compromete a las provincias, que forma parte de los presupuestos provinciales”, explicó y agregó que “la meta (en la norma) era el 6% de inversión consolidada”.
En esa ocasión, “estamos ratificando un piso de inversión en proporción al PBI, donde está faltando, obviamente, lo que van a invertir las provincias. Esa tarea se hace en el Consejo Federal de Educación”, apuntó la entrerriana, que opinó que “la Argentina necesita hoy una nueva Ley de Financiamiento Educativo” ya que desde 2010 en adelante siempre “hubo un artículo donde se definía un porcentaje en relación al PBI” para esta partida. Y se mostró a favor de votar el nuevo artículo “porque es lo que nos asegura que la educación tenga la inversión que se merece”.
El clima comenzó a exasperarse y la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, pidió una reunión de jefes de bloques para “ordenar” la lista de oradores. Como no tuvo éxito amagó con poner a votación la propuesta, pero los ánimos se caldearon más e incluso los diputados del bloque Pro se pararon de sus bancas.
En medio de gritos cruzados, pudo hablar el radical Miguel Bazze, que arrancó: “Por supuesto que estamos de acuerdo, desde nuestro interbloque venimos reclamando que la inversión presupuestada es poca. Obviamente estamos totalmente de acuerdo en que es muy conveniente garantizarle un piso en el Presupuesto a la educación”. Pero alertó que “cuando se incluyen artículos de esta naturaleza a esta hora faltan precisiones” como planteó Del Plá, sobre “de dónde se sacan estos recursos”.
Vicepresidente de la Comisión de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, expresó: “Estamos a favor, los educadores siempre queremos más plata para educar”. No obstante, opinó que “esto se parece mucho, a esta hora de la mañana, a tratar de evitar que los medios salgan a decir que este es un presupuesto a la baja, eso es lo que se está buscando”.
Después que Heller volviera a explicar la propuesta, el diputado del Pro Álvaro Gónzalez pidió cerrar la discusión. “Llevamos 21 o 22 horas en este recinto. La gente en el día de ayer se fue a trabajar, volvió y nos vio sentados acá. Se levantó esta mañana y nos sigue viendo acá. Y con este espectáculo que estamos dando me parece que no le hacemos ningún bien a esta institución”, remarcó, para recordarle luego a sus pares que “hay un manual legislativo ‘el oficialismo viene y se lleva la ley, la oposición viene y hace los discursos’. Ya está. Terminemos, demos por cerrado el debate, votemos por sí o por no y continuemos”. Y, así las cosas, se votó de a mano alzada, resultando positivo, pero no quedando registro nominal.
La legisladora Claudia Neira (FdT) aseguró que envió una carta al Gobierno de la Ciudad para que se realice la habitual ronda de ministros en el marco del debate de esa ley e insistió en la importancia de abrir espacios de diálogo.
A días de que se ponga en debate el Presupuesto 2023, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira envió una carta al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, mediante la cual le pidió que se realice la habitual ronda de ministros en la Legislatura porteña, a fin de que cada cartera pueda explicar los gastos que tienen previstos para el próximo año.
En ese sentido, la peronista recordó que “desde principio de año, venimos solicitando la apertura de estos espacios de diálogo” e indicó que “tal es así, que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), se comprometió públicamente a garantizarlos previo a la votación. Sin embargo hasta el momento, no hemos tenido novedades”.
“Necesitamos que se habiliten estos espacios de discusión, tal como sucede en el Congreso Nacional. Esperamos así, poder discutir sobre los gastos y recursos que tendrá la Ciudad para el año que viene”, sentenció la legisladora al mismo tiempo que compartió imágenes de rondas de ministros que se hicieron con anterioridad en el Parlamento local.
Lo cierto es que por el momento desde el Ejecutivo no confirmaron que los ministros de las distintas áreas se presenten en la Legislatura, pese a que el tratamiento del Presupuesto 2023 continúa con su curso y que se espera que en las próximas semanas llegue al recinto de sesiones.
El oficialismo no alcanzó los votos para imponer esa medida en la Ley de Presupuesto 2023. Además, retiró el artículo que facultaba al Poder Ejecutivo a modificar las alícuotas de retenciones.
En el tramo final de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, durante la votación en particular del Presupuesto 2023, se cayeron los artículos 100 y 101 del proyecto, que buscaban establecer que jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, independientemente de la fecha de su nombramiento.
Sin los apoyos necesarios, el Frente de Todos vio naufragar su intención, la cual mantuvo durante toda la jornada, incluso cuando circularon versiones desde la oposición de que podía existir un “compromiso” para votar una ley aparte. Pero no fue así.
Así las cosas, cerca de las 7 de la mañana de este miércoles, el artículo 100, que incorporaba a todos los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a la tributación de Ganancias, resultó rechazado con 116 votos a favor, 134 en contra y 0 abstenciones. En tanto, el artículo 101, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones.
Antes de pasar a la votación, la diputada del FIT Romina Del Plá pidió que se diferencien a los jueces de los empleados, pero esa propuesta no fue considerada por el oficialismo. Tampoco la del liberal José Luis Espert, quien planteó que se incorporen “tres líneas” al artículo para que se establezca una “compensación” a los jueces por la detracción en Ganancias y de esa manera “evitar la litigiosidad”.
Enfática en la defensa del artículo 110 de la Constitución Nacional, el cual reza que la remuneración de los magistrados “no podrá ser disminuida en manera alguna”, la diputada Graciela Camaño dijo que “la Constitución no tiene ninguna contradicción”, sino que garantiza que “los jueces no sean bajo ningún punto de vista condicionados” y “no tengan dependencia ni del Poder Ejecutivo ni Legislativo”. “La solución es la ley que nos rige”, aseguró sobre la norma sancionada en 2016, y cuestionó que “el oficialismo introdujo un tema de conflicto absolutamente innecesario en el Presupuesto”.
Desde el oficialismo, el diputado Leopoldo Moreau recordó que en 1996 se votó la ley que buscaba incluir a los funcionarios judiciales a Ganancias, pero la Corte Suprema de esa época dictó la Acordada N°20 por la cual “el Poder Judicial se autoimpuso que estaba excluido” y “en aquel momento la Corte violentó la Constitución”.
Sobre la ley que rige desde 2017, se preguntó: “¿Esa ley está violentando la independencia del Poder Judicial? ¿O sea que hay jueces que tienen violentada su independencia y otros que no? Es un argumento absolutamente contradictorio”.
“Es vergonzoso que se esté discutiendo si la independencia u honestidad de los jueces se puede tasar. No es tasable”, exclamó el legislador y consideró que avanzar en esta medida “es justo, hace a la equidad tributaria y no podemos ser débiles ante los fuertes”.
Finalmente, antes de pasar a la votación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, ponderó el discurso que había tenido su par Rodolfo Tailhade, en el que expuso las opiniones acerca de este tema por parte de dos jueces de la Corte: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Además, rechazó la postura de la oposición sobre que se necesitaba una mayoría especial para aprobar los artículos. “No hay ninguna creación de ningún impuesto y de ninguna alícuota”, señaló.
Por otra parte, el oficialismo retiró del proyecto el artículo 95 que establecía una prórroga en las facultades del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de retenciones hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese caso se vislumbraba una votación más pareja, algo que incluso mencionó el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, cuando pidió que algunos legisladores que se habían parado tras la votación general volvieran al recinto porque “podemos ganar”. Sin embargo, finalmente no hubo votación.
Antes que Heller anunciara el retiro del artículo, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, mencionó el artículo 755 del Código Aduanero y argumentó que “la propia jurisprudencia de la Corte es la que sugiere que la singularidad de la materia aduanera”, por la cual “autoriza al Poder Ejecutivo a disponer gravámenes o a desgravar según la conveniencia”.
En contra de ese argumento, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Ricardo Buryaile, habló de un “error de concepto” ya que “el artículo 755 el Código Aduanero es muy claro cuando habla de que los derechos de exportación e importación son tributos” y, por ende, por el artículo 75 de la Constitución son atribución del Poder Legislativo.
Durante la extensa votación en particular, se aprobaron por 126 votos afirmativos, 118 negativos y 2 abstenciones los artículos 71 y 72 que habilitan un blanqueo a las importaciones de insumos y bienes de capital para la industria y compra de inmuebles usados.
Por otra parte, el artículo 89, referido a la deuda de las provincias con CAMMESA, resultó avalado con 129 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones. La redacción del artículo se modificó en su tercer párrafo y quedó de la siguiente manera: “Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado Nacional y las jurisdicciones deberán publicar en un período no mayor a 90 días cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”.
“Asimismo se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Para el caso de las distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2022 no tenga deuda con CAMMESA y/o con el mercado eléctrico mayorista, la Secretaría de Energía establecerá mecanismos especiales de reconocimiento de créditos en los términos que establezca la reglamentación”, agrega.
También quedó aprobado el artículo 97, impulsado por legisladores fueguinos del oficialismo y la oposición, que aumenta los impuestos internos a los productos electrónicos: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados. Fue por 124 votos afirmativos, 111 negativos y 7 abstenciones.
Por un voto se aprobó el artículo que crea una “tasa de seguridad de aviación”, con el ajustado resultado de 123 votos a favor y 122 en contra. Tras ese hecho, Juan Manuel López escrachó la ausencia de Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, al recordar que “por un voto” se perdió y se creó esa nueva tasa.
Otro artículo polémico, que se aprobó con 129 votos afirmativos y 120 negativos, fue el que beneficia al gremio de Camioneros en relación al pago del impuesto a las Ganancias. Se trata del artículo 104 que prevé incluir “como sexto párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, con vigencia a partir del año fiscal 2022″, un apartado en el que se sostiene que para trabajadores de “actividades de transporte terrestre de larga distancia (…) la deducción allí prevista no podrá exceder el importe que resulte de incrementar en cuatro (4) veces el monto de la citada ganancia no imponible”.
El jefe del bloque valoró el trámite del debate del proyecto de presupuesto y reivindicó el aumento de la inversión que implica la propuesta oficial.
Cerca de las 5 de la madrugada, cerró el debate del Presupuesto 2023 el presidente del bloque oficialista Germán Martínez, quien celebró el tenor del debate, con discursos en algunos casos “apasionados”, dijo, pero los diferenció de los “maleducados discursos que acabamos de escuchar”. Se refería, estaba claro, al encendido mensaje que acababa de dar el cordobés Rodrigo De Loredo, el antepenúltimo del debate, que generó fuertes reacciones de parte del oficialismo.
“Este Presupuesto que ustedes nos traen acá es la más clara expresión del rendimiento ante la realidad, por eso les decimos: háganse cargo de la Argentina pobre y profundamente desigual que nos dejan”, había expresado el jefe del bloque Evolución Radical en un discurso muy picante.
Martínez diferenció claramente el tratamiento de la ley de leyes con la registrada el año anterior -rechazada además por la oposición- y destacó la orientación del Presupuesto actual “con todos los condimentos que me permiten reivindicar la sensatez, responsabilidad, a la hora de plantear los objetivos de la política económica”.
“Excepto poquísimas excepciones, nadie ha puesto en cuestionamiento la orientación de este presupuesto y eso lo quiero reivindicar”, remarcó el legislador santafesino, y en ese marco destacó “las valoraciones y adjetivaciones positivas que en ese tratamiento merecieron de parte de los diputados opositores”.
Reivindicó también el proceso que el trámite legislativo tuvo en comisión, y en ese marco destacó la visita de numerosos funcionarios. Destacó no solo “la conducción que tuvo nuestro compañero Carlos Heller”, sino también “porque hubo una tarea colectiva que quiero reivindicar, de ir buscando todos los elementos que hacían falta incorporar y nos permitían avanzar en el consenso, sin desvirtuar el presupuesto”.
“Hicimos un ejercicio virtuoso de esta tarea”, agregó, y anticipándose a lo que pudiera suceder en la votación en particular, dijo que seguramente les llamaría la atención la postura que algunos diputados podrían llegar a tener. “Pero nada de lo que pase en algunas votaciones nos debe hacer perder de vista la tarea hecha en comisión, que reivindicamos, y estamos convencidos de que el proyecto que hoy traemos, claramente reúne elementos que mejoran lo presentado por el Gobierno el 15 de septiembre”, resumió.
“En el revoleo de cifras, algunas cosas no quedan en claro. Venimos a reivindicar un proyecto que aumenta la inversión en obra pública e infraestructura en 633%; esos son puestos de trabajo, esos son argentinos y argentinas que viven mejor”, sostuvo. Agregó que “además de todas las partidas sociales que se incorporaron, venimos a reivindicar la inversión social que hace posible que estemos el año que viene con 733 espacios de primera infancia que no teníamos en 2019. Venimos a plantear un presupuesto que complementa la enorme tarea que se hizo recientemente alrededor del ReNaBaP, que plantea avanzar en la política de integración socio urbana en la Argentina”.
Continuó celebrando “un presupuesto que pasó en Ciencia y Tecnología de 0,22 al 0,34 del producto y eso es el resultado también de la ley que votamos en esta casa”. Y agregó: “Venimos desde el más profundo federalismo, de partidas para el transporte del interior de 6 mil millones en 2019 a 86 mil millones de pesos como piso en 2023. En síntesis, venimos con orgullo a reivindicar este presupuesto”.
Martínez concluyó su discurso en tono electoral: “Con aciertos y errores, vamos a tratar que este presupuesto sea la hoja de ruta que permita reconstruir la esperanza en el pueblo argentino y que el 10 de diciembre otro compañero de este espacio político siga gobernando los destinos de la patria”.
El proyecto del Poder Ejecutivo, que tuvo una treintena de modificaciones, obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. La votación en particular demandó cuatro horas.
A las 5.12 de este miércoles, y con la presencia en el recinto del extitular de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, el oficialismo consiguió aprobar en la votación en general el proyecto de ley de Presupuesto 2023, con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Tras las votación en particular, durante la que se retiraron y agregaron distintos artículos, y que demandó cuatro horas, se dio por cerrada la sesión con la media sanción de la iniciativa que ahora deberá ser tratada en el Senado.
En la votación particular, el oficialismo decidió retirar el artículo 95 del dictamen del Presupuesto, que prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Claramente así lo decidió a partir de la certeza de que fracasarían en la votación.
No lo hizo y sí perdió la votación el Frente de Todos en el artículo referido al pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial. Hubo 134 votos en contra de ese artículo -incluso cinco por parte del propio oficialismo- y 116 a favor.
El debate de la “ley de leyes” comenzó cerca de las 14 de este martes, luego que el Frente de Todos alcanzara el quórum con la presencia de aliados y un puñado de diputados de la UCR y Evolución Radical.
Tal como se preveía, votaron a favor, en general, el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal y el radicalismo con sus dos expresiones. En la previa, antes de la inclusión de ciertas modificaciones, se pensaba que el interbloque Juntos por el Cambio iba a acompañar en su mayoría y el resultado iba a ser más holgado, pero no resultó así: el Pro se abstuvo y la Coalición Cívica se opuso.
La incorporación de un artículo para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial, sea cual sea la fecha en que hayan ingresado, generó la mayor polémica en la recta final, y la advertencia de inconstitucionalidad por parte de los representantes del sector, a la que varios diputados de la oposición se acoplaron.
No solo por esa cuestión, sino por estar en las antípodas de la política económica del Gobierno, tampoco acompañaron el Presupuesto -con distintos argumentos- las dos bancadas de liberales y los legisladores del Frente de Izquierda.
En sus proyecciones macroeconómicas, el primer Presupuesto diseñado por Sergio Massa -quien estuvo en la Cámara baja durante la sesión- prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.
Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Entre sus principales puntos, durante el debate se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales.
Como miembro informante del oficialismo, abrió la discusión el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien advirtió que “no se puede volver a dejar al país, no al Gobierno, sin Presupuesto”, en referencia a lo sucedido el año pasado, cuando por primera vez en la historia se rechazó un Presupuesto. Además, negó que se trate de un plan de gastos y recursos que contenga “ajuste” y, por el contrario, lo calificó como “realista” y de “cumplimiento posible”.
También desde el Frente de Todos, el diputado Itai Hagman, defendió los cambios que se dieron al proyecto de modo de que “el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales”, y cargó contra la oposición al decir que el programa de “de ajuste drástico de la inversión pública ya se probó en la Argentina y nunca funcionó”.
Artífice de la inclusión del artículo referido a la eliminación de la exención de Ganancias para jueces, el entrerriano Marcelo Casaretto aclaró: “No tocamos las remuneraciones, sí (establecemos) un esquema de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. “La idea es avanzar con la redacción tal como la tiene el dictamen, porque llevaría a una situación de equidad tributaria”, agregó.
Luego fue el turno del macrista Luciano Laspina, quien criticó las “prioridades” que se plantean en el proyecto, y habló de una “derrota ideológica para el oficialismo” porque “es el primer presupuesto del kirchnerismo” que contiene recortes. Sin embargo, enfatizó: “No estamos de acuerdo con la naturaleza del ajuste del gasto”.
Desde la UCR, el cordobés Víctor Hugo Romero alertó que la reducción del déficit fiscal que plantea el Presupuesto está basada en dos pilares: un ajuste en la prestación de los servicios sociales, y una disminución en los subsidios energéticos. “Y acá hay una gran diferencia. Hay que trabajar en la eficiencia del gasto, pero fijarse muy bien cuando hacemos la racionalidad del gasto”, dijo en el mismo sentido que su par Laspina y advirtió que “lo único que crece son las transferencias a las empresas del Estado”.
Sobre las proyecciones macro, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda observó respecto del tipo de cambio que el mismo se toma como “variable de ajuste para contener la inflación”, lo cual “genera problemas en la balanza comercial, y básicamente impacta en las reservas”.
El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, anticipó el acompañamiento, pero no sin críticas a algunos puntos del Presupuesto. Sobre ello, se preguntó: “¿Por qué el Poder Ejecutivo insiste para que se le deleguen facultades para fijar retenciones?”. Además, remarcó que este es un Presupuesto que “no escapa al flagelo del ajuste por tener una economía inflacionaria”.
A su turno, el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo justificó su respaldo al Presupuesto aclarando: “No comulgamos con la idea de impedir que el Ejecutivo tenga la posibilidad de llevar adelante el plan de gobierno. En todo caso deberá hacerse de los resultados”, tras lo cual expresó pros y contras del proyecto presentado por el Ejecutivo. Desde ese mismo interbloque, el misionero Diego Sartori coincidió con su colega y destacó la posibilidad de que en su provincia vaya a existir una zona franca, y al respecto adelantó que en el tratamiento en particular pediría la inclusión de un agregado.
Muy puntilloso con los datos, el liberal José Luis Espert alertó que los subsidios “este año van a llegar a casi 15 mil millones de dólares, acumulando desde 2003 la friolera de 165 mil millones de dólares”. Al respecto advirtió que “los grandes beneficiarios de esto no son los argentinos, sino parte del empresariado prebendario, muchos de ellos nombrados en ‘los cuadernos de la corrupción’, beneficiados con quitas que alcanzan a 140 mil millones de pesos, largos planes de pagos por las deudas que contrajeron y no pagaron a tiempo”.
A continuación, Javier Milei alertó que “cuando uno mira los números, el oficialismo dice que no hay ajuste”, pero se preguntó: “¿Cómo es que mejora el resultado primario y financiero?”, y respondió con un tono de voz elevado: “Lo que está diciendo, lo que está gritando es que son casta porque básicamente, mientras se espera una inflación el 60%, el gasto público está aumentando 70% y eso ocurre a pesar del ajustazo sobre el sector privado en lo que tiene que ver con los subsidios a los sectores que se vinculan con el sector energético de la luz y del gas”.
Desde la otra vereda, pero también en contra, Romina del Plá alertó que “una de las cosas que crece enormemente en este presupuesto son los servicios de deuda externa”, y sumó: “Resulta que el ajustazo que estamos sufriendo las y los trabajadores, que están sufriendo los jubilados todo en nombre de resolver el tema del endeudamiento. Esa renegociación de la deuda privada y de los bonos. Sin embargo, no resuelve el tema de la deuda y nos van a llevar a un nuevo default, más tarde o más temprano, y lo dicen ustedes mismos”.
Integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño circunscribió su discurso al tema del artículo referido al pago de Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial, señalando que “no vamos a vulnerar ningún artículo de la Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado”, y concluyó: “El tema está resuelto nosotros. Nos vamos a seguir basando en el artículo 100 de la Constitución”, con relación a que no aceptará la modificación para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias.
Por el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman consideró que “la foto de este presupuesto es clara, lo único que crece en forma considerable es el pago de intereses de la deuda. Lo único que se mantiene a rajatabla, son los beneficios que le dan a esos sectores del poder económico. Todo lo demás baja”.
En su intervención, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela consideró que “este Presupuesto evidencia que no hay un plan económico que lo sustente”, pero “en un año electoral (como será el 2023), que de por sí genera muchísima incertidumbre en cada uno de nosotros, reducir la incertidumbre y la discrecionalidad a la que se somete la gestión en todos sus niveles cuando hay un Presupuesto reconducido para nosotros es algo importante”, de modo de “evitar las prebendas y el disciplinamiento político”.
Además, valoró que “a diferencia del año anterior fue mucho más amplia y participativa la discusión del Presupuesto” y enumeró algunas de las incorporaciones que lograron desde su espacio, como “la deducción especial en Ganancias por gastos educativos” de modo de llevar un “alivio a los trabajadores” y “cambiar el concepto de la educación de gasto a inversión”.
Decididamente en contra del proyecto, Ricardo López Murphy argumentó que el mismo “tiene un marco macroeconómico altamente inadecuado y una estrategia inviable”.
“Se hacen proyecciones sobre el sector externo muy fantasiosas con una falta de realismo que impide un debate inteligente en los dilemas que enfrentamos”, dijo al referirse que el proyecto plantea una inflación del 60 por ciento y un dólar a 269 pesos.
En su discurso, la diputada Paula Oliveto afirmó que “este Presupuesto tiene suba de impuestos”. Además, sobre el artículo referido a las facultades del Ejecutivo sobre retenciones, lanzó: “Nos piden que nosotros confiemos en la voluntad de Massa para subir o no subir derechos de exportación. La verdad, presidente, la Coalición Cívica no cree en Massa y no le daríamos jamás un cheque en blanco a Massa para que haga con el campo lo que quiera”.
Una de las voces esperadas era la de la diputada oficialista Vanesa Siley respecto a los artículos que proponen que el Poder Judicial pague Ganancias, ya que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales y, al respecto, aclaró: “Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido, yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores”.
A su vez, remarcó: “No hay que considerar nunca más que el salario es ganancia y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.
Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestionó el proyecto afirmando que “este es un presupuesto que esconde una falta de austeridad con los gastos discrecionales y superfluos. Que además ajusta áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país, en una simulación de cumplimiento de la meta del déficit pautada con el FMI”.
Desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado rechazó el proyecto afirmando que “parece serio, por fuera, pero es el Caballo de Troya del kirchnerismo”, y agregó que los números del presupuesto “están dibujados”, pero sostuvo que es una constante del oficialismo “querer gobernar con superpoderes para poder beneficiar a sus amigos y perjudicar a quienes piensan distinto”.
Palabra autorizada en la materia, el diputado Pablo Tonelli considero que “el tema de ganancias y jueces está resuelto desde el 2016”, al mencionar a la ley que reglamenta que aquellos jueces y magistrados que hayan sido designados a partir del primero de enero de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias. “Eso ocurrió porque hay 180 de 780 magistrados en actividad que pagan el impuesto en la actualidad”, subrayó.
En esa línea, agregó que “hay una valla que es el artículo 110 de la Constitución que impide reducir remuneraciones a jueces”, y explicó que hablaba de “la llamada intangibilidad de las remuneraciones”.
La diputada nacional Jimena Latorre mencionó la gravedad del artículo 89 que hace referencia a la refinanciación de la deuda de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA y que asciende a 455 mil millones de pesos y señaló: “La propuesta de este presupuesto es que esa deuda (que en un 50% corresponden a Edenor y Edesur) sea solidariamente asumida por los Estados provinciales”. Agregó: “¿Y qué ha hecho la S.A. para cobrar sus acreencias? Nada, pero se me ocurre que podría pedir la ejecución del contrato, solicitar medidas cautelares para garantizar sus acreencias, antes de plantear extender ilegalmente la deuda a los Estados provinciales”.
El mendocino Julio Cobos propuso incorporar una modificación para aumentar la deducción de ganancias de los créditos hipotecarios. “El artículo 85 de la ley de Impuesto a las Ganancias dice en el tercer párrafo que se puede devengar los intereses bancario e hipotecario hasta la suma de 20.000 pesos. Esto data del 2001, es decir 20.000 dólares, si lo actualizamos hoy son 3 millones de pesos. Si lo analizamos por la inflación, que ha sido el 10.000% desde entonces, serían 2 millones de pesos. Lo que podemos fijar al menos como pauta razonable, que sea una cifra equivalente al mínimo no imponible que está en 330.000 pesos y guarda relación con un crédito mínimo que hoy paga una cuota de 60.000 y le serviría por lo menos para morigerar los efectos del crédito e incentivar el crédito. Le pido al presidente de la Comisión de Presupuesto que evalúe esta posibilidad de incorporar la modificación para actualizar ese importe”.
Para la diputada Silvia Lospennato, “este presupuesto es un buen ejemplo del corporativismo argentino, o de cómo los grupos de poder se apropian de los recursos del Estado para su uso y goce. Este es un Presupuesto corporativo que garantice negocios para unos pocos, que carga el ajuste en la clase media y que premia a los amigos del poder”.
También sostuvo que es “un presupuesto que les da la espalda a los niños y a los ancianos. Desinvierte en educación y no compensa a los jubilados que desde que se aplica la ley de este Gobierno, no paran de perder frente a la inflación. En este presupuesto se pretende que se delegue al Poder Ejecutivo la facultad para crear nuevas zonas aduaneras especiales. Sin decir cuántas, o dónde, sin decir para beneficiar a qué empresas”.
Respecto a los derechos de exportación, incluidos en el artículo 95, el diputado Ricardo Buryaile sostuvo que “los derechos de exportación son un pésimo impuesto, y de un tiempo a esta parte se han estigmatizado. Entonces ya no se toma como una herramienta tributaria, de desacople de precios, sino que es la estigmatización: si no querés retenciones tenés tal o cual calificativo”
“Lo que pasa con las retenciones es que perdemos tecnología, hay fuga de capital privado. Veamos lo que pasea en los países de alrededor: Brasil en los últimos 10 años ha crecido el 100% en la cosecha de soja, mientras que Argentina cayó el 30% y tenemos capacidad ociosa en la industria aceitera, la más importante del mundo”, agregó el exministro de Agroindustria.
Respecto al debate sobre Ganancias, el oficialista Rodolfo Tailhade se refirió a los artículos 100 y 101 del dictamen, sobre la obligación de magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de pagar el impuesto a las Ganancias, y consideró que “las declaraciones juradas de los jueces de la Corte son una vergüenza, un bochorno”, y dio detalles específicos de algunas de ellas.
Ramiro Gutiérrez se refirió por su parte al artículo que crea una tasa extra en los pasajes aéreos, tanto de cabotaje como internacionales, para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Destacó que el objetivo de esa tasa es “el mantenimiento, la conservación y la actualización del equipamiento, no solo para la optimización de las infraestructuras, sino también para los métodos operativos con los que trabaja la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y con una limitante: no pueden ser aplicados para la contratación de personal que realice tareas que le incumben o desarrolla la institución”.
Por su parte, el diputado del Pro Fernando Iglesias arrancó irónico: “Voy a sorprenderlos a todos, voy a defender al peronismo. Voy a hacerles un reconocimiento. Es falso eso que dicen que el peronismo nunca ajustó. Es más, los mayores ajustadores de la historia argentina fueron, y son ustedes. Dígalo conmigo, el diputado guevarista banquero, ajuste. En 1975 y en 2002 los dos ajustes más grandes”.
“Las locuras de la década saqueada kirchnerista la estamos pagando hoy, con un ajuste. Así que bienvenidos al ajuste compañeros. Es el plan de Massa, el plan PTM. Poco, tarde y mal. Y el único objetivo es pasarle la bomba de tiempo al próximo Gobierno, como le pasaron a De la Rua y explotó, y como le pasaron a Macri, que no reeligió, pero terminó el mandato, para disgusto del club del helicóptero”, planteó Iglesias.
El fueguino Héctor Stefani se refirió al intento de eliminación de la Ley 19.640, el régimen fiscal fueguino: “Lamentablemente la Argentina es un país que sufre de macrocefalia, tiene en cuatro provincias aglutinada mucha población, y la única ley que hizo que se distribuya un poco más equitativamente ese desarrollo humano, es la Ley 19.640, una de las pocas políticas públicas que tiene la Argentina que hace cinco décadas que se aplica, que reduciendo impuestos generó que empresarios vayan a vivir a Tierra del Fuego, y eso con la seguridad jurídica, generó trabajo que con tanta falta le hace a la República Argentina”.
“Hemos escuchado todo tipo de adjetivos sobre el proyecto, yo le agregaría ‘invotable’. Pero no invotable en el sentido como de que, como suele ocurrir, quienes no somos oficialismo vemos las políticas de quienes sí lo son como políticas que no acompañaríamos. Eso es de sentido común, pero yo diría que este es un proyecto invotable incluso para el propio oficialismo. Que reconocen cada vez que uno tiene la posibilidad de hablar francamente, de que la situación del país es inviable. Y este es un presupuesto que lo que hace es tirar la pelota para adelante”, sostuvo el diputado del Pro Francisco Sánchez.
La misionera oficialista María Cristina Britez se refirió al artículo 126 que faculta al Ministerio de Economía Áreas Aduaneras Especiales. “Nosotros los misioneros vemos con mucho optimismo y mucha esperanza este artículo 126. Ojalá esta vez estas buenas intenciones vayan atados a hechos concretos y positivos y no como la última vez”, enfatizó, remarcando que en su provincia “se está generando mucha expectativa en relación a este artículo, y si después nosotros no cumplimos con nuestra promesa, eso genera frustración, confusión en la ciudadanía. Y eso es grave, serio y peligroso. Se degrada el poder de la palabra. Se pone en tela de juicio la legitimidad del accionar de los políticos. Que en definitiva es la única herramienta que tenemos para transformar para bien la realidad de los argentinos”.
En su intervención sobre el final del debate del Presupuesto, el diputado oficialista Eduardo Valdés recordó que en 1996 Juan Carlos Maqueda votó a favor de que los jueces tributen Ganancias, y se preguntó si el Senado hubiese votado a Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti si hubieran dicho en la audiencia pública que los magistrados no debían pagar el impuesto.
“Este Presupuesto que ustedes nos traen acá es la más clara expresión del rendimiento ante la realidad, por eso les decimos: háganse cargo de la Argentina pobre y profundamente desigual que nos dejan”, había expresado el jefe del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, en un discurso muy picante.
En el cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, diferenció claramente el tratamiento de la ley de leyes con la registrada el año anterior -rechazada además por la oposición- y destacó la orientación del Presupuesto actual “con todos los condimentos que me permiten reivindicar la sensatez, responsabilidad, a la hora de plantear los objetivos de la política económica”.
Y concluyó su discurso en tono electoral: “Con aciertos y errores, vamos a tratar que este presupuesto sea la hoja de ruta que permita reconstruir la esperanza en el pueblo argentino y que el 10 de diciembre otro compañero de este espacio político siga gobernando los destinos de la patria”.
“Nadie tiene coronita”, señaló el legislador, parafraseando a la diputada Carla Carrizo.
Alrededor de las 4.30 de la madrugada hizo uso de la palabra el diputado oficialista Eduardo Valdés, que se refirió en su totalidad a la cuestión del pago de ganancias por parte de los jueces. Lo hizo recorriendo la historia, remontándose a la creación de ese impuesto, en el año 1973 por parte del general Juan Domingo Perón, que instituyó el Impuesto a las Ganancias para los altos ingresos. Ley que fue reformada, recordó, en 1996, cuando se estableció que la dieta de los legisladores y los sueldos del Poder Judicial debían tributar el impuesto a las Ganancias.
“Esa ley la votan el actual ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, y la actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich, que eran diputados en 1996, y esa ley se funda en el principio de igualdad ante la ley”, enfatizó.
Valdés recordó que la Corte Suprema de Justicia que presidía entonces Julio Nazareno estableció al mes siguiente que los miembros del Poder Judicial no deben tributar. “Actualmente tienen cuatro miembros: uno Maqueda, que fue uno de los que votó esa ley; los otros tres, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, cuando tuvieron la audiencia pública en el Senado para ver si eran designados, los tres dijeron que los jueces debían pagar. Incluso Rosenkrantz llegó a decir que iba a militar por eso”, remarcó, para cuestionar luego que no hubieran cumplido con ese compromiso, lo que consideró “una falta al contrato que se establece en la audiencia pública”.
Y se preguntó: “¿Los hubiera votado el Senado si hubieran dicho a la inversa que no debían pagar el impuesto a las Ganancias? Yo creo que hay una cuestión a analizar en ese momento, que es qué pasó con ese contrato inicial que es el que establece la audiencia pública”.
Por último, Valdés mencionó que en 2018, bajo el precepto constitucional del artículo 16 que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley, miembros de Juntos por el Cambio encabezados por el diputado Luis Borsani, acompañados por Mario Negri, José Luis Riccardo, Carla Carrizo y Marcela Campagnoli, entre otros, presentaron un proyecto muy similar a la propuesta actual de Marcelo Casaretto. Allí afirmaban entre sus fundamentos, dijo Valdés, que “es inimaginable sostener que una persona cobre más por el simple hecho de haber sido designado antes que los demás”.
Recordó que el tema fue tratado en la sesión del 24 de octubre de 2018, cuando se trataba el proyecto de 2019 y “en esa oportunidad la diputada Carla Carrizo, a quien reivindico, dijo que nadie tiene coronita en la Argentina”. Aclaró que varios diputados comenzaron a levantarse en ese momento y el titular de la Cámara postergó el tema para tratarlo la semana siguiente, pero eso no sucedió.
Eduardo Valdés concluyó reclamando que “no nos debemos dejar influenciar por los poderes fácticos. Nadie tiene coronita, como dijo en aquel entonces Carla Carrizo”.
Con mucha ironía, el diputado de JxC diferenció los “ajustes neoliberales” de los aplicados por el peronismo.
El diputado Fernando Iglesias habló entrada la madrugada y lo hizo a pura ironía: “Voy a sorprenderlos a todos, voy a defender al peronismo. Voy a hacerles un reconocimiento: es falso eso que dicen que el peronismo nunca ajustó. Es más, los mayores ajustadores de la historia argentina fueron, y son ustedes. Dígalo conmigo, el diputado guevarista banquero, ajuste. En 1975 y en 2002 los dos ajustes más grandes”.
“Claro, no eran ajustes neoliberales. Eran ajustes de peronistas, ajustes por inflación. Como este ajuste que están aplicando ahora. Eran ajustes peronistas, sin paros de la CGT, sin piqueteros en las calles, ni saqueos, ni intentos de golpes de Estado. Pero los ajustes más grandes de la historia, de ustedes”, agregó el legislador, un reconocido antiperonista.
Y agregó Iglesias: “Esto pasó porque a los días más felices, peronistas, le siguen los días más infelices, también peronistas. Porque cuando alguien reviente la tarjeta, en algún momento alguien la tiene que pagar”.
Sobre el final, Iglesias remarcó que “las locuras de la década saqueada kirchnerista la estamos pagando hoy, con un ajuste. Así que bienvenidos al ajuste, compañeros. Es el plan de Massa, el plan PTM: Poco, tarde y mal. Y el único objetivo es pasarle la bomba de tiempo al próximo Gobierno, como le pasaron a De la Rúa y explotó, y como le pasaron a Macri, que no reeligió, pero terminó el mandato, para disgusto del club del helicóptero”.
El diputado del FdT pidió que “nadie se preocupe por los magistrados, que no caen en la indigencia por pagar Ganancias”, y dio detalles de algunas declaraciones juradas.
Respecto al debate por el proyecto de Presupuesto 2023, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade se refirió a los artículos 100 y 101 del dictamen, sobre la obligación de magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de pagar el impuesto a las Ganancias, y consideró que “las declaraciones juradas de los jueces de la Corte son una vergüenza, un bochorno”, y dio detalles específicos de algunas de ellas.
“La ley que obliga a todos los funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público a pagar el impuesto a la Ganancia no es la única ley que incumplen los magistrados: entre otras incumplen con la 26.871 que es la del Ingreso Democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público, incumplen la 26.856 que es la Ley de Publicidad del Poder Judicial, incumplen la 26.857 que era una reforma de la Ley de Ética Pública”, indicó el legislador, que se manifestó en contra de las acordades de los ministros de la Corte “a través de las cuales vulneran de manera explícita las leyes que salen del Parlamento argentino, como por ejemplo con la Ley de Declaraciones Juradas”, a las que calificó como “una vergüenza, un bochorno”.
Respecto a la posibilidad de que los funcionarios del Poder Judicial efectivamente paguen Ganancias, señaló que la Corte, a través de sus cuatro ministros, “ya se ha manifestado públicamente a favor: Rosenkrantz y Rosatti lo han hecho en las audiencias públicas en el Senado, Lorenzetti en distintas declaraciones periodistas, y el ministro Maqueda cuando era diputado nacional votó en 2016 la 24.631, que justamente derogaba las extensiones”.
Y a los opositores de esta reforma, a los que “se preocupan por los pobres jueces y fiscales que por ahí caen en la indigencia”, Tailhade les pidió que “se queden tranquilos” ya que “me tomé el trabajo de pedir declaraciones juradas de jueces y fiscales, y la verdad que no viven muy mal. Y tampoco van a vivir mal si les sacamos el impuesto a las Ganancias”.
En este sentido es que dio detalles de las declaraciones juradas de algunos de los magistrados: “Por ejemplo, Borinsky, el juez del padel, declaró tres departamentos en Colegiales, dos construidos entre 2016 y 2019; no paga Ganancias. Pablo Bertuzzi en 2015 declaró un Toyota Corolla valuado en 230 mil pesos y deudas por 350 mil pesos, en 2017, una semana después de impulsar el juicio contra Amado Boudou, se compró una casa de 476 metros cuadrados en Temperley y a fin de ese año, el otrora indigente, declaró 70 mil dólares en Estados Unidos y otras dos cajas de ahorro con 91.500 dólares”.
Y prosiguió: “Eduardo Casal tenía en 40 años de profesión 100 mil dólares, en 3 años de procurador interino, esos 136 mil dólares los llevó a 439 mil cash. Su esposa Ana María de Rosa es prosecretaria administrativa en la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal, ¿saben cuándo se creó esto? En 2018 la creó Casal y la puso a la mujer como prosecretaria. Ninguno de los dos pagan Ganancias”.
Además, mencionó a Mario Villar, “el fiscal de Casación que va a ser la próxima estrellita del lawfare ahora en noviembre cuando tenga que discutir en Casación Hotesur y Los Sauces. Pasó de 180 mil dólares a 385 mil en tres años. También abrió una cuenta en el exterior y ahorró 1 millón y medio de pesos en esos tres años. La esposa es la secretaria del fiscal Luciani. Tampoco pagan Ganancias”.
Finalmente, se refirió al fiscal Raúl Pleé, “con nueve propiedades, y un departamento que compró el 23 de agosto de 2018 cash 240 mil dólares, no paga Ganancias”; y a “Ricardo Sáenz en 2016 tenía 13 dólares en el banco, tres años después 214 mil 500 dólares en efectivo, tampoco paga Ganancias”.
“Así que la verdad me parece bastante bochornoso que los jueces estén dando vuelta acá intentando evitar que cumplan con la ley como todos los argentinos cumplimos”, concluyó.
El gravamen incluido en el proyecto de Presupuesto 2023 servirá para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Un artículo que se sumó sobre el final fue el que impuso el oficialismo para crear una tasa extra en los pasajes aéreos, tanto de cabotaje como internacionales, para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
“Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del Presupuesto.
Lo defendió en el recinto el diputado del oficialismo Ramiro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Transporte, quien destacó que esa tasa tiene un tope máximo de 0,25% del salario básico de un oficial principal de la Policía de Seguridad Aeroportuario, y los destinatarios de esa tasa serán los pasajeros de los vuelos internacionales, regionales y de cabotaje, que utilicen el sistema nacional de aeropuertos de la República Argentina.
El objetivo de esa tasa es, señaló el legislador bonaerense, “el mantenimiento, la conservación y la actualización del equipamiento, no solo para la optimización de las infraestructuras, sino también para los métodos operativos con los que trabaja la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y con una limitante: no pueden ser aplicados para la contratación de personal que realice tareas que le incumben o desarrolla la institución”.
Gutiérrez aclaró que es constitucional dicha tasa, por cuanto es legal, es proporcional y es equitativa. “Aproximadamente 250 pesos es lo que reportaría en un valor máximo que hoy puede ser un objeto de consumo, como un lácteo y un yogur”, destacó el legislador nacional.
En su exposición, el diputado mendocino solicitó que se aumente la deducción de ganancias para los créditos hipotecarios.
El diputado nacional mendocino Julio Cobos explicó este miércoles que “el Presupuesto es un instrumento de planificación gubernamental que afecta a Nación, provincia y municipio. Tiene que tener las variables macroeconómicas que supuestamente se van a producir a lo largo del año y definir ingresos y egresos y ahí se definirá el superávit o el déficit fiscal. Necesitamos generar orden: la Administración Pública creció en la cantidad de Ministerios, con 29 fondos fiduciarios, 33 empresas del Estado; tenemos un país federal pero que sigue concentrando sus recursos la Nación y no los descentraliza y tienen que venir los intendentes para ver qué convenio firman, sería mucho más fácil si el presidente de la Nación se dedicase a las relaciones exteriores, defensa, educación, salud y obras nacionales y no municipales y provinciales”.
“Dentro del orden, también debe estar ordenado el Presupuesto. No se pueden agregar artículos que lo desvirtúan. Sabemos que es una herramienta que debe tener el Ejecutivo y que tiene que ser aprobado por el Congreso, pero resulta que desviamos la atención con una serie de artículos como el que se hace solidariamente responsable a las provincias por la deuda de Cammesa, a través de las deudas que generaron las distribuidoras, muchas concesionadas; ¿qué pasa con Edenor y Edesur, va a ser solidariamente responsable la Nación porque dependen de ella? Si es así, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, etc., van a ser doblemente solidaria con la Nación: a través de impuestos que seguramente vamos a tener que generar para pagar la deuda de Cammesa y a través de los recursos que se pretenden retener cuando las empresas distribuidoras no cumplan”, señaló el legislador mendocino.
Cobos señaló que “este Presupuesto tiene cosas que le sobra, cosas que le falta. ¿Cómo generamos crecimiento, desarrollo? No hay crédito hipotecario en Argentina. Hace meses que tratamos de cumplir con un acuerdo político para restaurar el sistema de crédito hipotecario en Argentina, solucionar el tema del pasado, de los créditos UVA tanto hipotecarios como prendarios, pero también ver un camino hacia adelante. Se ha descuidado algo que podría haber sido un incentivo para el crédito hipotecario hasta que encontremos una solución definitiva que está siendo postergada primero por la renuncia de (Martín) Guzmán, luego por esperar las medidas de la ministra (Silvia) Batakis, después vinieron los bancos, después que asumiera el ministro (Sergio) Massa, luego que votamos el presupuesto”.
Frente a lo señalado anteriormente, Julio Cobos propuso incorporar en el Presupuesto una modificación para aumentar la deducción de ganancias de los créditos hipotecarios. “El artículo 85 de la ley de Impuesto a las Ganancias habla en el tercer párrafo que se puede devengar los intereses bancario y hipotecario hasta la suma de 20.000 pesos. Esto data del 2001, es decir 20.000 dólares, si lo actualizamos hoy son 3 millones de pesos. Si lo analizamos por la inflación, que ha sido el 10.000% desde entonces, serían 2 millones de pesos. Lo que podemos fijar al menos como pauta razonable, que sea una cifra equivalente al mínimo no imponible que está en 330.000 pesos y guarda relación con un crédito mínimo que hoy paga una cuota de 60.000 y le serviría por lo menos para morigerar los efectos del crédito e incentivar el crédito. Le pido al presidente de la Comisión de Presupuesto que evalúe esta posibilidad de incorporar la modificación para actualizar ese importe”.
Finalmente, el legislador radical señaló que “el país está desordenado con una inflación que lo lleva a mayor pobreza, mayor desempleo, que falta cualquier tipo de inversión, sumado a la variedad del tipo de dólares. Recuperemos las variables, no alcanza con la meta del Fondo Monetario, tenemos que ir camino el superávit. Este país tuvo inflación de un dígito fuera de la convertibilidad y había tres puntos de superávit del PBI, un único tipo de dólar competitivo, balanza comercial positiva y reserva del Banco Central. Estas son las variables que tenemos que recuperar para ordenar nuestra economía, pero también debemos ordenar la administración”.
La diputada de Juntos por el Cambio cargó contra el “silencio cómplice” de los que “ya no lloran la pobreza por televisión”.
En el debate por el proyecto de Presupuesto 2023, la diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato habló de un presupuesto “ejemplo del corporativismo argentino”, y advirtió el “silencio cómplice” de los que “ya no lloran la pobreza por televisión”.
“En esta ley se fijan las prioridades de un gobierno, y detrás de las prioridades de uno encuentra los valores en que se sustentan esas prioridades”, comenzó su alocución la legisladora y señaló que se puede ver en el articulado “parte del fracaso de nuestro país”.
En este sentido, enumeró: “En primer lugar este presupuesto es un buen ejemplo del corporativismo argentino, o de cómo los grupos de poder se apropian de los recursos del Estado para su uso y goce. Este es un Presupuesto corporativo que garantice negocios para unos pocos, que carga el ajuste en la clase media y que premia a los amigos del poder”.
También sostuvo que es “un presupuesto que les da la espalda a los niños y a los ancianos. Desinvierte en educación y no compensa a los jubilados que desde que se aplica la ley de este Gobierno, no paran de perder frente a la inflación. En este presupuesto se pretende que se delegue al Poder Ejecutivo la facultad para crear nuevas zonas aduaneras especiales. Sin decir cuántas, o dónde, sin decir para beneficiar a qué empresas”.
Además, consideró que es un proyecto que “vuelve a subir impuestos a los artículos electrónicos, para seguir beneficiando una industria súper protegida en contra de todos los consumidores. Un presupuesto que sube el aporte de todos los monotributistas, para el beneficio de obras sociales que, primero no los quieren recibir y cuando los reciben les prestan un servicio de muy baja calidad”.
“Este Presupuesto vuelve a premiar a los evasores, una vez más con un nuevo blanqueo, con una tasa de ingreso bajísima, y sin ningún beneficio para los contribuyentes cumplidores”, agregó..
Retomando la idea del corporativismo, Lospennato indicó que “como si no alcanzara con todas las extensiones impositivas que nos mandaron en la separata, vuelven a crear otro beneficio diferencial escandaloso para los camioneros. Para ese gremio que ha hecho de la extorsión bloqueando las plantas industriales una práctica habitual”.
“Y todo esto pasa en este hermoso clima de paz social. Por eso le digo a los argentino que disfruten del silencio cómplice de los que ya no lloran la pobreza por televisión, del silencio cómplice de los que ya no hacen paro aunque tengamos el salario real más bajo de los últimos 20 años, del silencio cómplice de los que no tiran piedras, aunque los jubilados hayan perdido el 13% contra la inflación. De la complicidad de los gremios docentes oficialistas y de las agrupaciones estudiantiles kirchneristas que hoy no marcharon ni tomaron escuelas frente al brutal recorte del presupuesto educativo”, manifestó la legisladora con dureza.
Y concluyó: “Disfruten del silencio cómplice porque cuando ganemos en el 2023 van a volver los paros, las piedras el periodismo, los artistas militantes que se escandalizaran por todo lo que pasa en la Argentina. Pero tengan una certeza, el relato ya no va a tener el mismo efecto porque el relato se les cayó a pedazos”.
El diputado radical advirtió que “el Gobierno continúa con la política de ‘parches’ y no construye confianza”.
El diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR – Córdoba) lanzó una serie de críticas al Presupuesto 2023, aunque adelantó su acompañamiento. “Ante la crisis y la decisión del Gobierno de no cambiar el rumbo como oposición es necesario que Argentina tenga un presupuesto para el 2023 para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos”, manifestó.
El legislador cordobés sostuvo que este presupuesto “es más realista del que se presentó en el 2022 y este Congreso no lo aprobó”, pero advirtió que “lo planteado en aquel momento era acertado”, con relación a la composición del proyecto para el año 2023.
“La inflación que se preveía era del 33 por ciento y actualmente es más del 100. Se preveía una reducción del gasto del subsidio económico del 0,9 por ciento, pero la realidad nos mostraba diferencias entre los funcionarios del Poder Ejecutivo que era imposible hacer esa deducción, una reducción del gasto público y un tipo de cambio que ya cuando lo tratamos en el presupuesto estaba desactualizado”, expuso.
Además, afirmó que el proyecto actual “no define un programa de gobierno porque no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza ni cambiar el rumbo que tenemos en la Argentina”. A su vez, consideró: “La realidad de estos tres años de gestión la podemos observar en los resultados que cada argentino vive en la realidad”.
En esa línea, explicó que el presupuesto plantea una disminución del déficit basados en un ajuste en la prestación de los servicios sociales y una disminución en los subsidios energéticos. “Hay que trabajar en la eficiencia del gasto, pero también hay que fijarse bien cuando hacemos la racionalidad del gasto. Lo único que crece son las transferencias a las empresas del Estado que sabemos la falta de eficiencia que tienen”, indicó.
Con relación a las proyecciones macroeconómicas que establece el presupuesto, remarcó que “es del 2 por ciento en crecimiento, pero cuando vemos el análisis de esas proyecciones sólo crece por sobre el promedio el sector agrícola”. A su vez, consideró que el crecimiento está basado en una exportación de la producción primaria.
En el cierre de su alocución, Romero reiteró su postura sobre el presupuesto: “No presenta un programa económico porque cada vez hay más pobreza. Tenemos más endeudamiento y el camino no es el correcto. Hay que trabajar por un camino distinto: una consolidación de las finanzas públicas trabajando en la eficiencia de las de la recaudación, pero no aumentando impuestos si no combatiendo la evasión y trabajando en la eficiencia del gasto y para eso necesitamos un presupuesto que incluya un plan de gobierno y no es el que estamos tratando”.
Así lo expresó el diputado de la Coalición Cívica, quien además se refirió al artículo 122 del proyecto que delega facultades al jefe de Gabinete de Ministros.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI) adelantó su voto negativo este martes en el debate por el Presupuesto 2023, señalando que “jamás tendrán nuestro voto para comprometer el futuro de los niños, niñas y adolescentes en este contexto de catástrofe educativa”.
En el inicio de su alocución sobre la ley de leyes, el presidente de la Coalición Cívica expresó: “Este es un presupuesto que esconde una falta de austeridad con los gastos discrecionales y superfluos. Que además ajusta áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país, en una simulación de cumplimiento de la meta del déficit pautada con el FMI”.
En esa línea, cuestionó al oficialismo sentenciando: “¿Cómo les da la cara para hacer un ajuste en educación que podría ser de hasta el 8%, conforme a lo informado por UNICEF, o que podría alcanzar el 15%?”. Además, expuso que, según el informe de Argentinos por la Educación considerando distintos escenarios, “en términos reales implicaría una reducción que podría alcanzar un 0,02% del PBI”.
“No podemos acompañar un presupuesto que recorta en más de un 50% el programa 32 correspondiente a información y evaluación de la calidad educativa. Nosotros tenemos que recuperar la cultura de la evaluación para ver a dónde estamos parados y a dónde queremos ir”, cuestionó el legislador.
Por otro lado, Ferraro pidió que “no mientan”, con relación al aumento en infraestructura, becas e incentivo docente. Asimismo, sostuvo que la incorporación del articulo 122 “es una delegación de facultades al jefe de Gabinete de Ministros a realizar esas adecuaciones presupuestarias correspondientes. Es decir, no es un incremento presupuestario, sino que serán futuras readecuaciones en desmedro de otras partidas o programas que hoy desconocemos”, enfatizó.
Del mismo modo, añadió que “estamos en un contexto de responsabilidad fiscal y de ajuste de gastos, pero no se puede permitir que se realicen recortes en áreas sensibles como es la educación, como en la oferta de jardines de infantes, infraestructura y evaluación”.
En el cierre de su alocución, el diputado remarcó: “Podrán tener nuestro voto para recortar los privilegios a corporaciones o a sindicalistas a, pero jamás tendrán el voto de la Coalición Cívica para comprometer el futuro de los niños, niñas y adolescentes en este contexto de catástrofe educativa”.
La diputada opositora sostuvo que los números de la partida “están dibujados”. Además, advirtió: “Se van a llevar una sorpresa en el 2023 cuando tengan que contar los votos en las urnas”.
La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) manifestó su rechazo este martes al Presupuesto 2023 en la sesión especial de la Cámara de Diputados. “Parece serio, por fuera, pero es el Caballo de Troya del kirchnerismo”, señaló.
Asimismo, la legisladora dijo que los números del presupuesto “están dibujados”, pero sostuvo que es una constante del oficialismo “querer gobernar con superpoderes para poder beneficiar a sus amigos y perjudicar a quienes piensan distinto”.
Del mismo modo, denunció que “las empresas agropecuarias del Estado están exentas de pagar impuestos que sus pares privados se encuentran obligadas a abonar”, y expuso: “Le van a confiscar una parte de la coparticipación a las provincias para pagar deudas de Cammesa, van a crear nuevas tasas, van a generar más zonas aduaneras mientras le van a reducir impuestos a sus amigos del Sindicato de Camioneros”.
En el cierre de su alocución, anunció que “estas sorpresas que nos hemos encontrado dentro del Presupuesto hacen que no lo acompañemos”, y advirtió que “en 2023 el oficialismo también se va a llevar una sorpresa, cuando haya que contar los votos que se encuentren dentro de las urnas”.
Así lo señaló el diputado de Juntos por el Cambio, quien además se refirió al artículo 100 del proyecto que propone que todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias.
El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) reafirmó este martes durante el debate del Presupuesto 2023 su rechazo al proyecto y apuntó: “Es difícil encontrar un mamarracho más grande que este y, encima es una ofensa a la idea de República”.
Y no se refería solamente al tema de la eliminación de la exención del pago de Ganancias en el Poder Judicial, cosa que había adelantado ya el viernes pasado. En el inicio de su exposición, Tonelli dijo que el proyecto “está lleno de normas inconstitucionales, ilegales e inconvenientes”, e hizo referencia a dos en particular: la aplicación del impuesto a las ganancias a todos los jueces (artículo 100 del proyecto del Presupuesto 2023) y la modificación a la Ley de Administración de Recursos Públicos (artículo 18).
“El proyecto llegó en tiempo y forma, y era razonablemente aceptable, armónico y consensuado. El ministro de Economía Sergio Massa vino al recinto, lo presentó y respondió todas las preguntas a los diputados, pero resulta que al terminar el debate todo eso se diluyó”, relató Tonelli, quien además, afirmó: “Se agregaron una multiplicidad de artículos que nunca se trataron y lo convirtieron (al proyecto de presupuesto) en un bodrio”.
El legislador opositor afirmó que “el tema de ganancias y jueces está resuelto desde el 2016” al mencionar a la ley que reglamenta que aquellos jueces y magistrados que hayan sido designados a partir del primero de enero de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias. “Eso ocurrió porque hay 180 de 780 magistrados en actividad que pagan el impuesto en la actualidad”, subrayó.
En esa línea, agregó que “hay una valla que es el artículo 110 de la Constitución que impide reducir remuneraciones a jueces”, y explicó que hablaba de “la llamada intangibilidad de las remuneraciones”. Del mismo modo, Tonelli sostuvo que la norma está pensada “en beneficio de los litigantes para que ningún gobierno pudiera manipular las remuneraciones de los jueces y, así, disponer de la voluntad de los jueces”.
Respecto a la ley sancionada en 2016, el legislador afirmó que “el efecto surgirá en unos años cuando ya, todos los jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial estén pagando el impuesto a las ganancias en el marco de la ley”.
El segundo aspecto que Tonelli mencionó es el artículo 18 del proyecto del presupuesto que propone dejar sin efecto dos artículos de la Ley 25.152 (Administración de Recursos Públicos) que propone que “el Poder Ejecutivo no gaste por encima del Presupuesto”. Tonelli consideró que “es una forma de no cumplirlo o en el peor de los casos, gastar por encima de lo aprobado”.
“El proyecto está totalmente desnaturalizado con estas cuestiones agregadas entre ‘gallos y medianoches’. No sólo no vamos a apoyar este presupuesto, sino que también vamos a votar explícitamente en contra de estos dos aspectos anticonstitucionales e ilegales”, sentenció Tonelli.
El diputado de Juntos por el Cambio ratificó su oposición a la aprobación del presupuesto y sostuvo que el Banco Central “es un Papá Noel que derrocha la plata”.
En la sesión de este martes en el recinto de la Cámara de Diputados en el debate la ley de leyes, el diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) reiteró el rechazo al proyecto del Gobierno porque “tiene un marco macroeconómico altamente inadecuado y una estrategia inviable”.
En el inicio de su exposición, López Murphy señaló: “Se hacen proyecciones sobre el sector externo muy fantasiosas con una falta de realismo que impide un debate inteligente en los dilemas que enfrentamos”, al referirse que el proyecto plantea una inflación del 60 por ciento y un dólar a 269 pesos.
“El Gobierno le brinda un seguro de cambio gratuito a los inversores para que ganen con la inflación o con la devaluación, nunca se hizo algo así”, advirtió y añadió que “ese bono genérico es de imposible colocación con una magnitud de realización inexistente”.
En esa línea, manifestó que “el tipo de cambio se ha venido atrasando sistemáticamente” y sostuvo que “el BCRA es un gigante Papá Noel que derrocha la plata: toma crédito a tasas extravagantes y presta a tasas bajas; compra dólares caros y los vende baratos; y encima, se endeuda en dólares para generar reservas y las pone en moneda devaluada”.
“El Estado pierde 600.000 millones de dólares en imprenta por seguir emitiendo billetes de bajas denominación. Las monedas se venden como metal porque no tienen valor fiduciario y, además, nadie en el BCRA controla el ingreso y salida de ‘dólar soja’, que encima se compra más de lo que se vende”, remarcó el legislador.
El diputado porteño remarcó su postura de oponerse a la aprobación del presupuesto y lo consideró “ley botica” porque según su parecer, “hay de todo en este presupuesto: se inventan artículos el día anterior, se dejan de hacer inversiones en temas razonables y se achican los gastos en sectores como Defensa”.
En el cierre de alocución, López Murphy criticó que “no haya un proyecto para poner un orden en la dinámica de la seguridad social”, y concluyó: “Hay una presión del Estado sobre la sociedad civil al aumentar el gasto público del 25 al 45 por ciento”.
La diputada oficialista se refirió a los tres artículos del presupuesto que establece que el Poder Judicial pague Ganancias y sostuvo que “no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.
Palabra esperada era la de la diputada nacional y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley (FdT), en la sesión de este martes en el debate del Presupuesto 2023 en la Cámara baja, respecto a su postura sobre los artículos incorporados por su propio bloque que proponen que el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias ante lo que afirmó: “No podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.
Al inicio de su intervención, Siley aclaró que hablaría de los artículos 100,101 y 102 del Presupuesto que refiere al pago del impuesto a las ganancias al Poder Judicial: “¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde hablar? Cuando una se encuentra en una posición incómoda porque no comparte la dirección de esta definición, lo mejor es hablar desde la sinceridad”.
“En ese sentido, impuesto a las Ganancias ¿no? y ahí decimos desde hace muchísimos años los trabajadores y trabajadoras en la Argentina que el salario no es ganancia. Que la ganancia y, así fue pensado este tributo que originalmente tenía otro nombre, la ganancia es aquella diferencia, aquella rentabilidad, aquellos frutos de la explotación ajena que permite generar la famosa riqueza en base a la cual se distribuyen el ingreso en la Argentina”, explicó.
En esa línea, recordó que “los orígenes de este tributo con Prebisch allá por 1932, no por casualidad mismo hombre que años después, del Golpe del 55’, traería al Fondo Monetario Internacional al país”, y le tiró un palito a la Justicia: “No es por casualidad, por eso creo que algunas juezas y jueces deberían apuntar bien las sentencias hacia donde las direccionan”.
“Se ha dicho mucho sobre este impuesto que fue Perón el que lo puso a los salarios, al trabajo personal, la famosa cuarta categoría. También aquí una diferencia, una claridad que hay que arrojar: cuando Juan Domingo Perón en su tercera presidencia allá por el año 73’ amplía a los altos ingresos este tributo que, en un principio y sin desnaturalización es un tributo progresivo, pero que se ha deformado con el tiempo, cuando lo plantea es porque había un dibujo que lo hacían los gerentes de las empresas y se ponían la rentabilidad como salario y evadían un impuesto a la riqueza”, repasó la diputada.
Y siguió: “Esto hacía que en aquella época tribute un 2% de los asalariados en el país. Las sucesivas crisis económicas de Argentina a raíz de la implantación del Neoliberalismo, y luego lamentablemente de aquellos que dijeron que nadie iba a pagar ganancias, pero terminaron haciendo que el doble pague ganancias, este tributo a los altos ingresos o a la riqueza, se ha desvirtuado a su cuarta categoría”.
En ese sentido, lamentó que “se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado y hoy estamos meta a poner todo el tiempo consecutivamente parches”. Asimismo, aclaró: “Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido, yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores y que esa masa total representa el 96% del Poder Judicial Federal, que no negocia salarios porque no tiene paritarias y porque no tiene convenio colectivo es el Poder Judicial de la Nación, no así los provinciales”.
“En el Poder Judicial Federal 765 jueces hay nada más, más de 30 mil son trabajadores y trabajadoras que tienen sindicato y que hay alguien que lucha por sus derechos y condiciones laborales”, contó Siley.
Por otro lado, recordó que en el 2016 el bloque del Frente para la Victoria “planteó esta reforma del presupuesto lo hizo acompañado de algunas cosas que, cuando volvió del Senado fue recortado ese presupuesto y ahí fue que el bloque se ausentó de la votación porque volvió recortado, porque un plan económico es completo no son golpes esporádicos donde pretendemos medidas como estas que terminamos lamentablemente dañando el salario de trabajadores tal vez con buenas intenciones”.
“En el 2016 lo que se proponía era que, además, de que tribute el Poder Judicial a partir del 2017, se aumentaran las deducciones y se actualizaran las escalas. También se proponía que se recentaran las retenciones a la minería que había sacado Macri o gravar la renta financiera, todo eso se sacó en el Senado y por eso no acompañamos en ese momento”, enumeró la sindicalista.
Al cierre de su alocución, sostuvo que sus compañeros de bancada “referencia al problema de la inflación, de la distribución del ingreso, ese 40 para el trabajo y 60 para el capital, en este momento donde realmente nunca ha sucedido en la Argentina que un trabajador registrado sea pobre, con organizaciones sindicales como la mía que se junto cuatro veces este año para arreglar paritarias para combatir la inflación”.
“¿Vamos a generar que asalariados les pasen a asalariados? Eso no es redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza es cuando le sacamos al capital como lo proponía Axel Kicillof en el 2016 y le transferimos al trabajo para equilibrar el reparto”, reclamó Siley y cerró: “No hay que considerar nunca más que el salario es ganancia y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.
Así lo manifestó la legisladora de Identidad Bonaerense quien, además, criticó al Gobierno por “llevar un conflicto a un sector que estaba siendo prolijo con su discusión salarial”.
La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) se refirió este martes al tema controversial del Presupuesto 2023 sobre el artículo que exige que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias y sostuvo que “es una movida del oficialismo para fastidiar y atropellar al Poder Judicial”.
En esa línea, la legisladora consideró que la propuesta es “anticonstitucional” y que “ya existe una norma” que establece el pago de ganancias por parte de los jueces. “En 2017 acompañamos el dictamen por minoría de Axel Kicillof, que planteó que los jueces que ingresaran en tiempo posterior a la aprobación de la norma paguen ganancias”, enfatizó.
A su vez, Camaño consideró que el tratamiento del tema “fue inadecuado” y afirmó que “está por fuera de las reglas de la Constitución Nacional”. En tal sentido, llevó a la exposición una frase de la Reforma Constitucional de 1953: “Los jueces no pagaron ganancias durante años porque siempre se buscó que estén lejos de aquellos que tienen el poder de la bolsa”.
Por otro lado, advirtió que “el Gobierno generó una huelga en un sector que estaba siendo prolijo en su discusión salarial”. Asimismo, subrayó que el avance de la cuestión “sería un antecedente nefasto”.
“No vamos a vulnerar ningún artículo de la Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado”, exclamó Camaño, quien concluyó: “El tema está resuelto nosotros. Nos vamos a seguir basando en el artículo 100 de la Constitución”, con relación a que no aceptará la modificación para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias.
Así lo expresó la diputada porteña durante el debate del Presupuesto 2023 y confirmó el voto en contra de su bancada. Consideró que el proyecto es “una ficción”.
La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto confirmó el voto en contra de su bancada al Presupuesto 2023, al cual calificó como “una ficción”.
Para la legisladora, los votantes de la oposición esperan que “se controle y denuncie cuando algo está mal” y “que nos opongamos a un Presupuesto que nada tiene que ver con la realidad y que no convalidemos una ficción que nos dice, cuando hoy tenemos 100% de inflación, que el año que viene va a bajar 40%”.
“El ajuste está, está a los jubilados que tienen un sueldo jubilación de indigencia. Está en los trabajadores que no llegan al 15 de cada mes. El ajuste está por inflación”, advirtió y consideró entonces que aprobar “este Presupuesto mentiroso” sería “ser parte del problema y no de la salida que la Argentina necesita”.
En su discurso, la porteña afirmó que “este Presupuesto tiene suba de impuestos”. Además, sobre el artículo referido a las facultades del Ejecutivo sobre retenciones, lanzó: “Nos piden que nosotros confiemos en la voluntad de (Sergio) Massa para subir o no subir derechos de exportación. La verdad, presidente, la Coalición Cívica no cree en Massa y no le daríamos jamás un cheque en blanco a Massa para que haga con el campo lo que quiera”.
La opositora cuestionó además que el proyecto “no tiene políticas públicas para los pobres y los indigentes”, y contiene “ajuste en materia de redistribución”. Asimismo, se quejó de que “sostiene regímenes beneficiando a los empresarios de siempre”. “El patrimonialismo va de la mano de la corrupción, y avalarlo sería también defraudar nuestro contrato electoral”, sumó.
“Le dan beneficios a los camioneros que no le dan a ningún otro sector”, fustigó y completó diciendo que “el equipo económico está totalmente errado” porque en este proyecto “el crédito no existe, la timba financiera te da intereses usurarios y cada vez los trabajadores están mucho más perjudicados”.
La diputada de Izquierda apuntó contra el oficialismo y la oposición: “Comparten plenamente y hay un reconocimiento común del ajuste en este presupuesto”. Además, advirtió que “crece enormemente los servicios de deuda externa”.
En la sesión de este martes en el recinto de la Cámara baja donde se debate la ley de leyes, la diputada nacional Romina Del Pla (PO/FIT) reiteró el rechazo al proyecto del Gobierno porque “es un ajustazo” y “una estafa monumental a la población”. También apuntó contra el Fondo Monetario Internacional y contra la oposición.
Al inicio de su alocución, Del Pla disparó: “Vamos al grano de este presupuesto dibujado en Washington por Georgieva y compañía”, al tiempo que recordó el discurso del diputado del FdT Máximo Kirchner en Plaza de Mayo el Día de la Lealtad Peronista en donde dijo que “el tema de la deuda no está resuelto”, a lo que la diputada de izquierda ironizó: “Chocolate por la noticia”.
“Una de las cosas que crece enormemente en este presupuesto son los servicios de deuda externa”, advirtió y sumó: “Resulta que el ajustazo que estamos sufriendo las y los trabajadores, que están sufriendo los jubilados todo en nombre de resolver el tema del endeudamiento. Esa renegociación de la deuda privada y de los bonos. Sin embargo, no resuelve el tema de la deuda y nos van a llevar a un nuevo default, más tarde o más temprano, y lo dicen ustedes mismos”.
En esa línea, apuntó: “Entonces importa porque el ajustazo es para sostener un negociado antinacional y antipopular de la deuda y aun así ni siquiera lo resuelve”, y alertó: “O sea que vamos a una situación aún peor”. “Esto lo que explica es esta orientación que hacen tanto JxC como otros bloques de la supuesta oposición vayan a votar a favor del presupuesto o se vayan a abstener, pero que hayan hablado a favor del Presupuesto”, criticó.
“Está claro que siempre aparecen artículos de último momento que distraen parte de la atención, pero la orientación estratégica la comparten plenamente y hay un reconocimiento común del ajuste en este presupuesto”, cuestionó Del Plá.
A su vez, lanzó: “Hay una verdadera política de Estado que es contra las masas laboriosas, contra jubilados, donde se achica el gasto en los sectores de asistencia social, de educación, y por más que insistan en declaraciones de que no es un presupuesto de ajuste, este es un presupuesto de ajuste”.
“Lo es porque, entre otras cosas, comenten una estafa que es fenomenal porque proyectan la inflación con cuentas propias y los gastos los hacen subvaluando. Siempre les va a dar una situación de mayor recaudación de lo que tienen presupuestada, pero mientras tanto el mecanismo de la inflación que han usado todos los gobiernos y ministros”, planteó la diputada.
En esa línea, apuntó contra el ministro de Economía, Sergio Massa, porque “viene a aplicar el ajuste de (Martín) Guzmán, pero recontra recargado”, y preguntó: “¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es proyectar para abajo la inflación y entonces, a pesar de la cláusula gatillo que metieron para que el FMI siga controlando a qué se destina cada una de las partidas que es el único objetivo de esa cláusula gatillo, siguen teniendo las partidas a su gusto porque la inflación sigue licuando los salarios y las jubilaciones que es el objetivo central”.
“No se esfuerzan en resolver el déficit financiero y tampoco se esfuerzan nada en tratar de mejorar algo la situación de los que peores están. Si hay algo indignante en el tratamiento de este presupuesto, es haber escuchado a la directora de la ANSeS contestar en la Comisión de Presupuesto que un jubilado puede cubrir su canasta básica con un poquito menos que 30 mil pesos. Les debería dar vergüenza a los que se dicen nacionales y populares”, enfatizó.
Con un tono elevado y a los gritos, Del Plá señaló: “Tenemos un presupuesto que es una estafa monumental para la población, es un presupuesto antiobrero. Es un cheque en blanco, ficción completa. Esto no se puede acompañar”.
“El lema de este Gobierno de ‘primero los de abajo’ va a quedar en el marco de las estafas al pueblo en el mismo nivel que la pobreza cero de Macri y el salariazo de Menem”, advirtió y cerró: “En educación ajustes de todo tipo y color. Hay que eliminar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría que ningún trabajador pague. Con el artículo 100 vamos a reclamar que se separe a los jueces y fiscales de los empleados si no se está votando enchufarles los impuestos a los empleados”.
Si bien el oficialismo es optimista respecto de su aprobación en general, hay artículos como los referidos a las retenciones o el impuesto a las Ganancias para jueces que tendrá una pelea voto a voto.
Avanza en la Cámara de Diputados la sesión en la que se debate el Presupuesto 2023, que se estima culminará este miércoles por la mañana. Si bien el Frente de Todos es optimista de su aprobación en general, la pelea por algunos artículos durante la votación en particular será ajustada y con final abierto, aunque con pronósticos más adversos para el oficialismo.
A cuatro horas de comenzada la sesión, fuentes del Frente de Todos confirmaron a la prensa acreditada que el dictamen irá a la votación tal cual está, ante versiones que indicaban que se podía llegar a retirar el artículo 100, que establece la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias para jueces y funcionarios del Poder Judicial, independientemente de la fecha de su nombramiento.
En ese caso, el Frente de Todos no conseguiría imponer una mayoría, ya que el rechazo proviene no solo del interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Federal, sino también de los bloques liberales y hasta del Frente de Izquierda -con el argumento de que afecta a los trabajadores-. Además, la oficialista Vanesa Siley, secretaria general de SITRAJU, tampoco acompañará.
Desde la oposición tenían la intención de plantear un “compromiso” para que se vote una ley por separado en este caso, en un plazo de 30 días, pero el oficialismo, consciente de que puede perder, insistirá con su votación para dejar así expuestos a quiénes acompañan y quiénes no.
“Los artículos que están objetados, están objetados por cuestiones políticas”, aclaraban desde la bancada oficialista, donde podrían perder no solo ese artículo, sino también estar muy ajustados en el artículo 95, que prorroga las facultades del Poder Ejecutivo para subir las alícuotas de retenciones.
Mientras transcurría la tarde, y el ministro de Economía, Sergio Massa, se encontraba reunido con Cecilia Moreau en la Presidencia, un diputado de la oposición aseguraba enfáticamente por los pasillos que “hay dos artículos que no van a estar en el Presupuesto: el 95 y el 100”.
El debate por el Presupuesto 2023 se inició a las 13.44 -un poco más tarde de lo previsto para garantizar la presencia de diputados que venían con los vuelos demorados-, en base a un dictamen suscripto el jueves con las firmas de los representantes del oficialismo, el aliado habitual Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionera) y, con disidencias, el cordobés Ignacio García Aresca. El mismo tuvo modificaciones a lo largo de los días siguientes, hasta difundirse el definitivo pasado el mediodía del lunes.
Como dijimos, en principio estaría garantizada la aprobación en general del proyecto, según se descuenta del clima imperante a lo largo del debate.
Está dicho que uno de los temas que más polémica generó en este debate es la inclusión de un artículo anunciado el jueves pasado a través de una iniciativa del oficialista Marcelo Casaretto, para que los jueces paguen Ganancias. “Hoy algunos jueces pagan, pero solamente por una parte de sus remuneraciones”, expresó el entrerriano ese día.
La modificación consta en el artículo 100, que señala “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
El proyecto estableció además una “cláusula gatillo” sugerida desde la oposición por el tema de la inflación calculada para el año entrante, del 60%. Se estableció en el artículo 138 que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.
“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, puntualiza el texto aceptado por el oficialismo.
En cambio algo que no fue aceptado, pero que la oposición insistirá hasta último momento en modificar -y en última instancia buscará “voltear” en la votación en particular- es el tema de las retenciones, más puntualmente la posibilidad del Ejecutivo de modificarlas hacia arriba.
El diputado liberal ratificó el voto negativo a la ley de leyes y le preguntó al oficialismo: “¿Dónde viven? La inflación en la Argentina vive continuamente acelerándose”. Además, tildó al proyecto de “mamarracho nefasto”.
Tal como era de esperar, el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) ratificó el rechazo de su bloque al Presupuesto 2023 en la sesión de este martes en el recinto de la Cámara baja al cuestionar que la “inconsistencia técnica más grosera es el supuesto de inflación del 60%”. Además, calificó al proyecto de “mamarracho nefasto”.
“Por cuestiones de índole moral, técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto”, abrió su discurso el liberal, adelantando la postura de su espacio a la hora de la votación.
En esa línea, desagregó las cuestiones mencionadas. En primer lugar, se refirió al plano moral y explicó que “hay que entender que el déficit fiscal es inmoral porque hay que financiarlo. Lo puede financiar, por ejemplo, tomando deuda, una verdadera atrocidad porque es cargarle la fiesta de las generaciones presentes a todas las generaciones futuras, algo verdaderamente aberrante”.
“No solo eso, porque si no lo financia con deuda lo financia con emisión monetaria, con señoreaje. Además, genera inflación. Una inflación que genera una redistribución del ingreso castigando a los más vulnerables”, precisó y chicaneó: “Justamente un Gobierno que se autoproclama progresista, redistribuye el ingreso en contra de los más vulnerables”.
En ese sentido, indicó que “no solo en un solo período, sino que además por las consecuencias que trae la inflación, afecta la acumulación de capital y afecta nuevamente a los trabajadores con pocos empleos y de baja remuneración”. “La última alternativa es subir los impuestos explícitamente, es decir, una expropiación. Es decir que lo mires por donde lo mires el déficit fiscal es una aberración”, apuntó Milei.
“Cuando uno mira los números, el oficialismo dice que no hay ajuste”, planteó, pero se preguntó: “¿Cómo es que mejora el resultado primario y financiero?”, y respondió con un tono de voz elevado: “Lo que está diciendo, lo que está gritando es que son casta porque básicamente, mientras se espera una inflación el 60%, el gasto público está aumentando 70% y eso ocurre a pesar del ajustazo sobre el sector privado en lo que tiene que ver con los subsidios a los sectores que se vinculan con el sector energético de la luz y del gas”.
El liberal, resaltó que “como eso solo no les alcanza, además, aumentan los impuestos y por eso la recaudación crece cerca de un 80%”, lo que calificó de “más inmoralidad, más impuestos, más violencia, más robo contra el sector privado porque la joda de la política sigue”.
“La inconsistencia técnica más grosera que tiene el presupuesto ese supuesto de una inflación del 60%”, disparó Milei y les preguntó al Frente de Todos: “¿Dónde viven? La inflación en la Argentina vive continuamente acelerándose”. Asimismo, explicó: “Si tomo la inflación de los últimos 12 meses estamos en el 83%, pero si tomo la inflación de los últimos 3 meses oscila entre el 100 y el 125% es decir que la inflación en el país viene en un claro sendero de aceleración”.
“Eso tiene que ver por la monstruosidad de emisión monetaria”, planteó el economista y citó las palabras de Milton Friedman: “La inflación es siembra y en todo lugar es un fenómeno monetario creado por un exceso de oferta de dinero porque creció la creación de dinero, porque cae la demanda o pasa como en Argentina las dos cosas a la vez”.
En ese sentido, indicó que “tenemos un problema con la emisión pasada dado que la política monetaria tiene un rezagó de 18 a 24 meses. La monstruosidad de emitir 11 puntos del PBI durante los dos primeros años de este Gobierno hoy hace que la inflación no la puedan parar de ninguna manera porque eso ya ha sido jugado”.
“Tenemos problemas con la emisión presente porque en el fondo, cuando miran el financiamiento de este déficit fiscal, se asume que el 75% va a ocurrir en el mercado interno. Ahora, cuando no logran financiarse terminan emitiendo dinero, desastre de emisión monetaria y eso genera también inflación”, precisó el diputado liberal.
Y siguió: “Como si esto fuera poco, también tenemos el problema de las leliqs porque hoy son el doble que la base monetaria y están pagando porque están los mercados totalmente cerrados a tasa del orden del 100% esto quiere decir que las leliqs van a ser 4 veces la base monetaria”.
A su vez, advirtió que “lo más problemático es que aún con una demanda de dinero estable, cosa que no se da en Argentina y menos con estos niveles de inflación, la inflación podría viajar a niveles del 200%. Estamos al borde del cataclismo en materia inflacionaria”.
“¿Qué problema hay? si todo lo que hacen es inconsistente”, ironizó y sumó: “Los propios diputados del oficialismo reconocieron que estábamos en una situación inestable y vaya que, si la es, por sobre todo la demanda de dinero, por lo cual acaban de confesar cuando iniciaron la sesión que estábamos frente a un dibujo, frente a una mentira nefasta”.
En tanto, volvió a apuntar contra el oficialismo: “Se pusieron a hablar de crecimiento económico, pero ahora encontraron que estamos 1% arriba que el máximo nivel de la serie que teníamos en 2011”, y aclaró: “Eso implica 0,1% de crecimiento anual cuando en realidad la población en argentina crece un poco mas del 1% al año, no alcanza para absorber nada y en especial dada la elasticidad deberíamos crecer un 3%”.
“Al margen de que el PBI per cápita esta 13% debajo del que teníamos en el 2011. Es maravilloso, en un momento del discurso hacen una reseña y señalan al multiplicador keynesiano una herramienta borrada de la teoría económica porque viola la restricción de presupuesto y nosotros mencionamos acá una herramienta que lo viola. Esto es dantesco”, cuestionó.
Y cerró enfático: “Por todas estas inconsistencias, por los problemas morales, por los problemas técnicos y por la montaña de aberraciones que dicen ustedes mismos nosotros vamos a rechazar este mamarracho nefasto”.
El jefe de bloque de Identidad Bonaerense planteó dos cuestiones respecto del Presupuesto: una sobre el Poder Ejecutivo, y otra respecto al pago de Ganancias del Poder Judicial.
El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, adelantó este martes el apoyo al proyecto del Presupuesto 2023 en la sesión especial de la Cámara de Diputados, y aclaró que el Gobierno se quedó el año pasado sin presupuesto por responsabilidad propia.
Reconoció del mismo que “se trató en tiempo y forma, de manera responsable”, y señaló que acompañarán, en general, lo establecido en el proyecto de ley del Presupuesto 2023”, pero planteó dos observaciones: una para saber “porqué el Poder Ejecutivo insiste para que se le deleguen facultades para fijar retenciones”, y la segunda es que cree que “hay una cuestión institucional con algún motivo extrapresupuestario para distraer los esfuerzos con lo que trabajaron en el presupuesto nacional”.
Respecto a las cuestiones del Presupuesto que generan diferencias, sostuvo que “hay partidas que se escriben con la izquierda, pero se ejecutan con la derecha”, con relación a que lo consideró como “un presupuesto que no escapa al flagelo del ajuste por tener una economía inflacionaria”.
Por otro lado, se mostró positivo porque afirmó que “sesionar para aprobar un presupuesto a mediados de octubre es inédito, a diferencia de años anteriores que se atrasó por diferentes cuestiones”, explicó “Topo” Rodríguez, quien además remarcó que “buscarán insistir en que la Argentina debe invertir y generar empleo”.
Además, responsabilizó al Poder Ejecutivo por “no haber tenido presupuesto durante el 2022”, y remarcó que, en diciembre del 2019, el Gobierno decidió “no tener rumbo, ni impronta presupuestaria, al reutilizar el proyecto que había dejado la gestión saliente”.
Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo reconocieron que se incorporaron modificaciones, pero cuestionaron la inclusión de un beneficio para el sindicato de Camioneros y la exención de Ganancias para los jueces.
El bloque Pro de la Cámara de Diputados anticipó temprano su decisión de no acompañar y abstenerse en la votación del Presupuesto 2023.
Mediante un comunicado, la bancada que conduce Cristian Ritondo argumentó: “Esta posición se fundamenta en que si bien el Gobierno ha aceptado incorporar algunas cláusulas que hemos solicitado desde Juntos por el Cambio también se ha negado a revisar varios artículos a los que nos opondremos en la votación en particular”.
En ese sentido, recordaron que “el Gobierno nacional aceptó incorporar un congelamiento de la planta de personal para evitar que el fin de un mandato presidencial se convierta en la oportunidad para aumentar la planta del Estado y de las empresas públicas. También aceptó la incorporación de una cláusula gatillo para evitar el uso discrecional de los fondos extra presupuestarios que podrían generarse si la inflación anual supera la pauta del 60% prevista en este Presupuesto 2023”.
“Sin embargo, estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, adelantaron.
Los macristas también señalaron que no permitirán que “el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se dé en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias. Y consideramos que, si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del artículo 110 de la Constitución Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.
“También nos opondremos a los acuerdos corporativos que benefician a unos trabajadores sobre otros y cuyo costo deberán asumir todos los argentinos. No vamos a ser socios del Gobierno para beneficiar indebidamente al gremio de camioneros”, remarcaron.
Finalmente, los diputados del Pro expresaron: “Sosteniendo nuestro compromiso electoral votaremos en contra de todos los artículos que proponen subir impuestos y tasas”.
El diputado del Pro rechazó las “prioridades” que se plantean el proyecto, y habló de una “derrota ideológica para el oficialismo” porque “es el primer presupuesto del kirchnerismo” que tiene recorte.
El diputado nacional Luciano Laspina, la voz autorizada en temas económicos del interbloque Juntos por el Cambio, criticó este martes el proyecto de Presupuesto 2023 en cuanto a las “prioridades” sobre las cuales se recorta el gasto público.
“No estamos de acuerdo con la naturaleza del ajuste del gasto”, planteó el macrista, que igualmente en el comienzo de su discurso valoró “las formas” en las que se dio un “debate civilizado respecto a lo que necesita Argentina en materia fiscal” durante el tratamiento en comisiones.
Para el santafesino, “estamos en un final de ciclo. Recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público” lo cual es “una derrota ideológica para el oficialismo”, opinó.
Pero al mismo tiempo, se trata del “principio de una nueva forma de discutir el tratamiento de las cuentas públicas en Argentina, sin medias verdades, eslogan, o teorías indefendibles”.
“Es un Presupuesto que corrige el gasto en 1,2 del PBI; en el artículo 6 se congela la planta del personal del Estado”, señaló y celebró “ese retorno un poco tardío a la responsabilidad fiscal”.
Por más que “cumple con la meta del acuerdo con el FMI”, el legislador observó que “el ajuste recae fundamentalmente en tarifas” y hay “muy poco de ajuste en términos de gasto del Estado, de la burocracia, de la austeridad republicana que requiere un momento de crisis como la que tenemos hoy en Argentina”.
“Se recorta a la educación, las universidades y las provincias”, resaltó y cuestionó que “no hay ninguna medida de reforma estructural del Estado” y “no se habla del déficit inmoral de las empresas públicas”. En esa línea, explicó que se destinan “27 mil millones de pesos para el programa Previaje al mismo tiempo que recortamos el Programa Alimentar; le transferimos a Aerolíneas Argentinas 90 mil millones de pesos al mismo tiempo que recortamos partidas en educación”. Por eso, rechazó que se sigan “manteniendo los privilegios y la sin razón de muchas partidas”.
Sobre esos argumentos, Laspina consideró que “este Presupuesto se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto, gasta en cosas que no debe”, cuando “a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal”.
En otro tramo, alertó que “la deuda del Banco Central pasó en tres años de 20 mil millones de dólares a 60 mil millones de dólares” y “los intereses del Banco Central generan una expansión de dinero a una velocidad de más del 200% anual, quiere decir que tenemos que agradecer tener una inflación del 100%”.
“Por más que asusten a la gente con el miedo al cambio, yo les digo que no lo van a lograr porque la gente tiene pánico del status quo, de la inflación que no para de subir, de la pobreza, de la falta de empleo, de la inseguridad”, lanzó e insistió que “ordenar las cuentas públicas es condición necesaria pero no suficiente para salir de este desastre”.
En su alocución también cuestionó el beneficio sobre impuesto a las Ganancias para el gremio Camioneros, el cual representa “84.175 millones de pesos”, que es “el doble del bono para la indigencia” que se está otorgando por el Gobierno.
“Es un sin sentido”, enfatizó y acusó al sindicato liderado por Hugo Moyano de haber fustigado “a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández. Se aprovecha de la debilidad de los gobiernos para sacar provecho para su propio sector y consolidar su poder corporativo”. “Este Congreso no puede ser rehén de las corporaciones, mucho menos las que tiene comportamientos extorsivos y mafiosos”, añadió.
Tras su discurso, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, salió a contestarle y pedirle cuidar el tono. “Nosotros no somos rehenes de nadie. Si lo planteamos en esos términos, esto vale para un trabajador camionero y también cuando se legisla sobre el impuesto a las Ganancias de los jueces”, señaló.
El diputado del FdT advirtió que el programa que impulsa la oposición “no es nuevo y nunca funcionó en la Argentina”, y pidió profundizar el camino que impulsa este presupuesto.
En su intervención en el debate por el Presupuesto 2023, el diputado del Frente de Todos Itai Hagman destacó el camino propuesto por el proyecto presentado desde el Ejecutivo, de perseguir el objetivo de que “el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales”, y consideró que el programa de “de ajuste drástico de la inversion publica” de la oposición “ya se probó en la Argentina y nunca funcionó”.
El diputado subrayó en primer lugar que el presupuesto se discute, efectivamente, “en un contexto de restricciones, tanto macroeconómicas por desequilibrios básicos, como también por restricciones que emanan del acuerdo que la Argentina firmó, y que la mayoría de este cuerpo acompañó con el FMI, que nos pone determinadas metas fiscales, monetarias, y demás a cumplir”.
Y señaló que, si bien estas restricciones existen, la manera de cumplir esas metas no las define el FMI, las define el Congreso: “Y por eso nos tomamos muy en serio el trabajo de analizar cada una de las partidas que envió el PEN, de realizar modificaciones en áreas muy sensibles, con un norte, con un objetivo. Que es que el ahorro fiscal no recaiga e ninguna política publica que garantiza en la Argentina derechos fundamentales. Ese fue el horizonte de trabajo de la Comisión”.
En este sentido, se refirió a “los datos falsos” que circularon en los últimos días en el debate público, y mostró graficos en los que señalaba una comparación entre las inversiones proyectadas en los presupuestos 2015, 2019 y 2023: “En la Argentina de cada 100 pesos que se destinaban a salud publica en el Presupuesto 2015, en el 2019 se destinaban 83, y en el 23 vamos a destinar 92. En Educación en el 2019, de esos 100, se proyectaban 66 y en el 2023 vamos a destinar 82. En Obra Publica en el 2019 se destinaron 49 y en el 2023 vamos a destinar 63”, enumeró.
Para el legislador, estos gráficos “en forma de V corta” que tienen los indicadores de inversión publica en la Argentina “son el mejor gráfico de lo que ha pasado en los últimos años”, y que el único indicador donde vemos una V corta invertida “es en gasto de pago de intereses de deuda, donde de cada 100 pesos que se destinaban en 2015, en el 2019 se destinaron 237 y en el 2023 se van a destinar 116”.
“Creo que estos datos nos tienen que hacer tomar conciencia de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos, y que efectivamente no hemos logrado todavía revertir toda la caída que sufrimos, pero estamos en una dirección”, agregó.
Asimismo, se refirió al articulado en el proyecto respecto a incluir al Poder Judicial en el pago del Impuesto a las Ganancias, y señaló: “Cuando uno habla de equilibrar las cuentas publicas, hay muchas maneras para hacerlo, una discusión es en qué vamos a ahorrar más plata, y en este presupuesto se ahorra fundamentalmente en subsidios energéticos; la otra discusión es cómo hacemos para mejorar la progresividad de la recaudación. En este sentido, que tengamos la posibilidad de incorporar que los magistrados y los funcionarios del Poder Judicial paguen impuestos a las ganancias es una manera de equilibrar las cuentas mirando el lado de los ingresos. Es una manera de resolver parte del problema fiscal que tenemos, pero también algo que es una ofensa simbólica para la mayoría de los argentinos, que vive como una gran desigualdad injustificable que existan privilegios como los que todavía existen en la Argentina de que haya un sector minoritario que no le caben las generales de la ley, que es pagar los impuestos que paga cualquier ciudadano”.
Por otra parte, hizo una referencia sobre la discusión de política económica que trasciende el presupuesto: “Tenemos un debate en la sociedad argentina muy explicito sobre modelos de país, modelos económicos. Creo que tenemos un debate que, a diferencia de años anteriores, es un debate mas sincero. Hoy muchos dirigentes de la oposición dicen con menos vergüenza que país se imaginan”, señaló Hagman, en referencia a la presentación del nuevo libro del expresidentes Mauricio Macri de este lunes.
Por esto, sostuvo que “ya nadie nos va a acusar de hacer una campaña del miedo si yo digo que el programa que se ofrece a la Argentina es de privatización y desguace de empresas publicas, de ajuste drástico de la inversion publica, de achicamiento del Estado, de apertura económica indiscriminada, de terminar con cualquier tipo de protección a la industria nacional, de hacer una reforma que elimine derechos laborales, de hacer una reforma previsional que impide que un montón de adultos mayores que trabajaron toda su vida pero no lo hicieron dentro del sector formal puedan jubilarse, de hacer una reforma fiscal que retrotraiga y le quite presión tributaria a los sectores de mayor poder adquisitivo, de reprimir la protesta social; todo eso esta escrito y publicado. No es una campaña del miedo, eso sincera un debate”.
Y que, en todo caso, “lo llamativo es que se presente es programa como una novedad, como si eso nunca se hubiera aplicado en nuestro país. Es el programa que llevó a la peor crisis economica y politica probablemnte de nuestra historia que fue la crisis del 2001”.
“Justamente frente a ese fracaso sistemático de ese programa en la Argentina, también se conformó nuestro espacio político, tratando de reparar, de tomar un camino de producción y empleo, de retomar y poner como objetivo la distribución del ingreso, de recuperar parcialmente capacidad estatales que habían sido podadas, de aun de manera insuficiente reducir significativamente la pobreza y la indigencia en nuestro país. Por supuesto que si hoy tenemos ese debate también tiene que ver con falencias propias”, agregó.
Respecto a estas falencias, el diputado admitió que a pesar de que “la Argentina se viene recuperando de manera sostenida en términos de actividad, y de empleo, y de que hay una recuperación muy significativa en términos de ganancias de las empresas, y que sin embargo eso no ha ido acompañado de una manera similar en los salarios y en los ingresos. Y ahí está nuestra deuda pendiente. Yo creo que este presupuesto tiene que ser el punto de partida para una política económica que se proponga revertir como primer objetivo en el corto plazo esa situación. Por eso quiero decir que es muy importante que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, que nos quieren convencer que si hacemos los deberes que un sector del poder económico quiere, vamos a conseguir esos resultados. Nunca paso eso en la Argentina”.
Por esto, para el legislador, lo primero que tenemos que hacer es “clausurar la posibilidad” de intentar estabilizar la economía argentina por vía de la devaluación: “Hoy una devaluación en la Argentina no haría otra cosa que hundir la economía, que empobrecer mas a la población y bajar los ingresos. No podemos hacer propio ningún discurso que apele intereses que son ajenos a los del pueblo argentino. No es cierto que las demandas salaria van a provocar inflación, no es cierto que no tenemos que hacer política social para que el Estado le llegue con transferencias directas a los sectores excluidos en la Argentina, necesitamos más de esas políticas, no menos”, concluyó.
Así lo advirtió el diputado oficialista al defender el proyecto en el arranque de la sesión. También negó que se trate de un Presupuesto “de ajuste” y mencionó los incrementos que prevé para áreas sensibles.
Miembro informante del oficialismo, el diputado Carlos Heller abrió este martes el debate por el proyecto de Presupuesto 2023 y advirtió, en virtud de lo ocurrido el año pasado, que “no se puede volver dejar al país, no al Gobierno, sin esa herramienta que es el Presupuesto”.
En esa línea, el porteño consideró que esta iniciativa, que recibió 30 modificaciones, es “realista” y “de cumplimiento posible”. “No es cierto que este sea un Presupuesto de ajuste”, enfatizó en tres oportunidades, al tiempo que resaltó que “está orientado en cinco pilares”: infraestructura, salud, educación, ciencia e innovación, e inclusión social activa con perspectiva de género.
Además, precisó que “se incorporaron 95.166 millones de pesos al Ministerio de Educación, esencialmente en lo que tiene que ver con las becas y el Fondo de Incentivo Docente” y unos 322.575 millones de pesos para distintas áreas sensibles, como políticas alimentarias, asignaciones familiares, becas, integración socio-urbana, entre otros sectores.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda valoró que el proyecto “es el producto de sostenidos debates, es una versión mejorada de la enviada por el Poder Ejecutivo”.
En el arranque de su discurso, Heller analizó la situación internacional y dijo que, en ese marco, el proyecto contiene “un conjunto de supuestos sobre la evolución de las variables volátiles de la economía y las finanzas”.
“Necesariamente hay que ponerlo en el contexto global de lo que está sucediendo en el mundo”, insistió, y agregó que “el Presupuesto es una herramienta de gestión, es un Estado que va a ejecutar sus políticas, es el plan de gobierno”.
Al enumerar distintos pronósticos de recesión que hay para los próximos años, el oficialista subrayó que “los organismos multilaterales siguen diciendo que Argentina va a crecer en 2022 un 4%”, que era la “proyección del Presupuesto que no se aprobó”, mientras que en 2023 crecerá un 2%, también la cifra que contiene la iniciativa, por encima de las proyecciones que hay para Brasil (1%), México (1,2%) y Chile (1%).
Pero además, el legislador se refirió a “la herencia”, para recordar que durante los años del gobierno de Cambiemos hubo una pérdida del PBI de 3,9% y “los salarios reales de los trabajadores cayeron 18,5%”. También, “hubo que enfrentar una renegociación de deuda por 100 mil millones con privados” y el “acuerdo con el Fondo, que fue el menos malo de los acuerdos posibles”, sostuvo y completó: “Nuestro Gobierno no tuvo otro camino que el de la renegociación”.
Luego, Heller aportó índices de recuperación de la economía tras la caída por la pandemia y remarcó: “Está claro que con crecer no alcanza y hace falta un Estado activo que además actúe en la regulación de la puja en favor de los que menos tienen y más necesitan”.
“Somos absolutamente conscientes de que es muy grande el vaso vacío, que son muchísimas las cosas que tenemos por delante y es necesario resolver, y que por eso hay que trabajar mucho para ir avanzando en esa dirección, y entendemos que el proyecto de Presupuesto va en esa dirección”, afirmó.
El diputado señaló que de acuerdo a este Presupuesto, “los salarios crecerán un 2% en términos reales en 2023”. Y, en cuanto a la cifra de inflación del 60%, la calificó como “una meta alcanzable”. “Frente a todos los desafíos que plantea el flagelo inflacionario, la búsqueda de un camino de descenso gradual, sin recurrir al shock antiinflacionario es lo aconsejable en un escenario como este”, argumentó y habló de un objetivo del 44% en 2024 y del 33% en 2025.
El oficialista expresó que “si bien se elabora en un contexto cargado de incertidumbres y amenazas recesivas, este proyecto propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo, los ingresos de la población, y al fortalecimiento del mercado interno”.
“Se pasará de un déficit primario de 2,5 en 2022 a 1,9 en 2023”, detalló y dijo que se hará con “reordenamiento de gastos, con reducciones a los subsidios a las empresas, especialmente a las de energía, y un aumento en el gasto de las partidas sociales”. En ese sentido, apuntó que “las prestaciones de la seguridad social crecerán 81,1%; los gastos en salud crecerán 85,9%; en educación y cultura 76,5%; y en ciencia y tecnología 128,6%”.
Autor de la iniciativa que elimina la exención para funcionarios y empleados de la justicia, el legislador recordó que los magistrados no ofrecieron ninguna propuesta alternativa.
El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos) celebró este martes el “tratamiento profundo” que tuvo en comisión el proyecto de Presupuesto 2023, con la presencia de numerosos funcionarios durante el debate. “Fueron largas jornadas de más de 10 horas consecutivas”, remarcó, asegurando que semejante tarea “no registra antecedentes en este Congreso”.
El entrerriano enfatizó que “este es un presupuesto que marca el crecimiento de la Argentina” registrado a partir de 2021, tras la pandemia. “Estaríamos ante tres años consecutivos de crecimiento”, dijo, lo cual “no tiene antecedentes” en los últimos años, sostuvo, valorando también el crecimiento del empleo.
Admitió sí la “inflación alta”, recordando que la habían recibido de esa manera y luego cargó cuentas sobre la pandemia y la guerra, pero también reconoció que entre las causas hay que contar el déficit fiscal y la emisión monetaria. Aclaró que el déficit ha venido bajando estos años y por eso está previsto un 1,1% para el año que viene, en tanto que respecto de la emisión monetaria aseguró que “también va bajando gradualmente. Y esa baja inflacionaria es la que nos permite trabajar sobre una recuperación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones”.
Como diputado entrerriano, Casaretto destacó también los 14.700 millones de pesos de inversión nacional previstos para la provincia de Entre Ríos.
Por último, el diputado oficialista se refirió al tema que él mismo impulsó el jueves pasado ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara: la exención de Ganancias que rige para los jueces y empleados del Poder Judicial. Recordó en tal sentido haber impulsado una iniciativa similar hace un año y medio, que nunca tuvo tratamiento, y precisó que “ahora tenemos la posibilidad de incluirlo dentro del Presupuesto de la Nación argentina”.
Basó su postura en el artículo 16° de la Constitución, que establece que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”, tras lo cual recordó que este lunes recibieron en la comisión en la que él es secretario a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, quienes mostraron disposición a discutir el tema.
“Les pedimos que nos trajeran alguna propuesta, pero no nos trajeron ninguna”, aclaró Casaretto, que aseguró entonces que “la idea es avanzar con la redacción tal como la tiene el dictamen, porque llevaría a una situación de equidad tributaria”.
Y garantizó que “no tocamos las remuneraciones, sí (establecemos) un esquema de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.
El número reglamentario se logró cuando bajaron al recinto algunos legisladores de Evolución Radical y la UCR. Máximo Kirchner no se sentó en su banca.
Con muy poco apoyo opositor a la hora del quórum, se abrió este martes a las 13.44 la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el Presupuesto 2023.
Para habilitar el número reglamentario, el Frente de Todos contó con el apoyo de sus habituales aliados del interbloque Provincias Unidas: los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo; y los misioneros Diego Sartori y Eduardo Fernández.
Además, dieron el presente desde un comienzo los dos miembros del bloque SER: el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Claudio Vidal.
Aun sin alcanzarle, el alivio para el oficialismo llegó a las 13.41 cuando comenzaron a asomar un puñado de radicales. Los primeros fueron de la bancada Evolución Radical, entre ellos, Emiliano Yacobitti, Danya Tavela, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Gabriela Brouwer de Koning y María Victoria Tejeda. No dio quórum el titular de ese bloque, Rodrigo de Loredo, ni tampoco Martín Tetaz o Alejandro Cacace, quien apareció una vez iniciado el Himno.
Para las 13.43 llegarían los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez; y un minuto después los diputados de la UCR Jorge Rizzoti (Jujuy), Víctor Hugo Romero (Córdoba), Miguel Bazze (Buenos Aires) y Martín Arjol (Misiones).
Así, la gran parte del interbloque Juntos por el Cambio no aportó al quórum; como tampoco Identidad Bonaerense y Córdoba Federal, ambos del interbloque Federal.
Como se anticipaba, la izquierda y los liberales no bajaron al recinto para que se pueda abrir la reunión.
Al Frente de Todos le faltaron cuatro al momento del quórum, entre ellos Máximo Kirchner.
El legislador del Pro cuestionó que en el único área donde “no se expresa” esa falta de recursos es en las empresas del Estado.
Exministro de Educación, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro se pronunció en torno a la controversia que generó el ajuste en la educación que implica el proyecto de Presupuesto 2023 que se debatirá este martes, considerando “imposible precisar de cuánto será, en realidad, la caída en el partidas educativas, si 15,5% como calcula Argentinos por la Educación o 19,53% como nos da a nosotros a partir de la última actualización”.
Sucede que, señala el exministro de la gestión Cambiemos, “en todas esas estimaciones juega un papel preponderante la inflación, que es el drama de este país. Las correcciones a valores constantes están hechas a partir de la optimista proyección del Gobierno que, como pasó este año, está muy lejos de la realidad. Toda diferencia empeorará las cuentas”.
Advirtió Finocchiaro que “sí hay una cosa innegable: estamos ante un presupuesto a la baja, ante un ajuste. Ajuste que no solo se ve en el presupuesto enviado al Congreso, sino en las decisiones administrativas de este año que recortaron recursos votados, o las subejecuciones inexplicables en programas sensibles”.
“Y lo que le queremos decir a este gobierno es que el recorte no debe ser por la escuela, como tampoco debe hacerse por los programas de asistencia a la infancia y a la adolescencia”, enfatizó el legislador del Pro.
Finocchiaro advirtió que “los mayores recortes en este presupuesto educativo se dan en áreas como universidades, como becas para estudiantes. Sectores que ya hoy están manifestando dificultades no para desarrollarse, para crecer, sino para afrontar los gastos esenciales de funcionamiento como los servicios”.
Mientras tanto, continuó, “esa falta de recursos no se expresa en otras áreas que parecen estar viviendo un período esplendoroso, como las empresas del Estado. En ellas las plantas no paran de crecer, muchas veces los salarios promedio están por encima del mercado, la gestión es mala, crecen los déficits operativos y no hay transparencia en la información. Es ahí donde deben afinar el lápiz y no truncando el futuro de nuestros estudiantes, que es el de todos”.
No existe una postura unificada en el seno de los distintos sectores ajenos al oficialismo. La sumatoria de artículos considerados “controversiales” complicó una postura de consenso.
Lo que a priori el jueves pasado parecía sería una sesión sin mayores inconvenientes más allá de su extensión, se complicó en las últimas horas, de cara al debate del Presupuesto 2023. Y si bien persiste en el seno de la oposición la postura de que el Gobierno no debería quedarse por segundo año consecutivo sin Presupuesto, las posturas ya no son uniformes y en las últimas horas ganaron posiciones los que consideran que el oficialismo no debe tenerla fácil para esta sesión.
En principio, la reunión de Labor Parlamentaria arrancó al mediodía, una hora más tarde de lo previsto. Y en consecuencia, la sesión comenzará a las 13.30, una hora más tarde de la prevista originalmente. Esa reunión fue muy breve, apenas se extendió poco más de 15 minutos y durante la misma se acordó que se traten al inicio las cuestiones de privilegio pendientes de la sesión del 12 de octubre pasado.
La inclusión en el proyecto oficial de Presupuesto 2023 de una serie de artículos sobre el final generó la consecuente reacción de parte de una oposición muy sensible a ese tipo de situaciones. Sin dudas el elemento más controversial agregado sobre el final ha sido el artículo que refiere al pago de Ganancias de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, que es considerado por muchos en Juntos por el Cambio “parte de la pelea” que mantiene el oficialismo con la Justicia en general. El tema despertó reticencias en el seno de JxC, donde consideran que se trata de un artículo que también ha sido puesto para generar incomodidad en el seno de la principal oposición.
Lo cierto es que lo ha logrado, pues mientras en el Pro no están de acuerdo con votarlo, por considerar que se trata de un artículo “endeble” que no resistiría el primer amparo en contra que se presente, desde Evolución Radical (12 diputados) se mostraron a favor desde el primer momento.
El mismo tema ha generado críticas desde el interbloque Federal, que a priori parecía alineado con el Presupuesto pues el diputado cordobés Ignacio García Aresca había suscripto el dictamen con disidencias, y ahora, a raíz de ese artículo polémico, su apoyo aparece condicionado.
La realidad es que el oficialismo deberá esforzarse para conseguir el quórum, aunque desde la oposición trascendió que serán varios los que le pondrán el cuerpo para que la sesión pueda arrancar. El problema en todo caso lo tendrá el oficialismo a la hora de la votación en general. Ahí, el Pro ya ha adelantado a través de sus principales referentes la decisión de abstenerse. En el caso de los radicales, la postura sería aprobar en general el proyecto, lo mismo que Evolución, y buena parte de los bloques minoritarios de la principal oposición. No es el caso de Ricardo López Murphy, que ya adelantó su rechazo.
Con todo, no es el artículo sobre Ganancias de los jueces el único que genera controversias en el ámbito opositor. El beneficio que alcanza a 130.000 afiliados del gremio Camionero con una exención para Ganancias es otro de los cuestionamientos. También, por supuesto, el tema referido a las retenciones.
Nuevamente el intento de eliminar la exención del impuesto a las ganancias para jueces y empleados judiciales genera fuertes polémicas. En el marco de un ordenamiento general del sistema tributario para IDESA habría que contemplar subsidios explícitos en lugar de exenciones.
Los jueces y los empleados judiciales están eximidos del impuesto a las ganancias. En el pasado hubo varios intentos fallidos de eliminar dicha exención. Ahora, en el marco de la discusión del Presupuesto 2023, oficialismo y oposición analizan llevarlo a cabo. Los magistrados manifestaron su enérgico rechazo y el sindicato de empleados judiciales amenaza con huelgas y protestas.
El instituto IDESA elaboró un informe en el que expresa que las exenciones de impuestos para determinados grupos de trabajadores, organizaciones, sectores y regiones son moneda corriente en el sistema tributario argentino. En el proyecto de Presupuesto 2023 se enumeran y se estima de manera aproximada su costo. Consisten, por un lado, en unas 40 eximiciones y reducciones de alícuotas en el IVA, impuesto a las ganancias, a los combustibles, a bienes de consumo, a los bienes personales, al cheque y a las cargas sociales. Por el otro, en 17 regímenes de promoción en beneficio de actividades industriales, no industriales, minería, bosques, biocombustibles, bienes de capital, autopartistas, industria del conocimiento, naval, pymes y –el más grande y emblemático– régimen de promoción de Tierra del Fuego.
¿Cuál es el costo fiscal de estas exenciones? Según el proyecto de presupuesto, se estima que en el año 2022 el costo fiscal de las exenciones es el siguiente:
Estos datos muestran que el costo fiscal de la eximición del impuesto a las ganancias de jueces y empleados judiciales es relevante. Pero mucho más importante es el costo del resto de las eximiciones contempladas dentro del sistema tributario. La evidencia más ilustrativa es que, si se eliminara este oscuro instrumento de asignación de recursos públicos, se podría prácticamente eliminar el déficit fiscal primario, sostiene IDESA.
En el contexto de un sistema tributario muy oneroso, tanto por la carga burocrática como de presión tributaria, ganan legitimidad los mecanismos que permiten eludir toda o parte de esta carga. Pero, lejos de ser una solución, agravan los problemas, ya que el alivio para los beneficiados es a costa de una mayor carga para el resto de la sociedad. La cuestión de fondo es que los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) aplican similares impuestos a las mismas personas por los mismos hechos imponibles. Una venta es gravada, como mínimo, con IVA por la Nación, con ingresos brutos por las provincias y con tasas de los municipios. Un inmueble o un automóvil están gravados por el impuesto a los bienes personales a nivel nacional y por los impuestos patrimoniales provinciales y municipales. Bajo este desorden naturalmente se exacerban las demandas y las presiones sectoriales por tratamientos especiales para sacarse de encima parte de esta alta presión impositiva. Esto ocurre a nivel nacional, pero también pululan los tratamientos diferenciales en los impuestos provinciales y municipales.
Eliminar las exenciones –es decir que todos los contribuyentes paguen los impuestos que corresponden– no implica dejar de ejecutar políticas de promoción o apoyo. En la medida que se justifiquen pueden seguir ejecutándose, pero estableciendo subsidios directos con una partida presupuestaria específica. De esta manera, se hace más explícito el costo fiscal de la promoción, el cual debe ser contrastado con los beneficios sociales esperados. Mientras que la eximición tributaria opera como una transferencia de fondos públicos encubierta, el subsidio directo es más explícito y transparente.
De todas formas, el principal desafío es ordenar el sistema tributario tomando como eje la unificación de impuestos. Por ejemplo, tender a un único impuesto a las ventas haciendo que el IVA absorba ingresos brutos y tasas municipales. Lo mismo con los impuestos a la propiedad, unificando bienes personales con los impuestos provinciales y municipales aplicados a inmuebles y automotores. Como parte de esta simplificación, las exenciones deberían ser sustituidas por subsidios explícitos, cuando se justifiquen.
La Asociación de Magistrados llevará a la vicepresidencia sus planteos por el intento oficialista de que ellos paguen el impuesto a las Ganancias.
En vísperas del debate en el recinto de la Cámara baja del proyecto de Presupuesto 2023, donde figura un artículo destinado a que los funcionarios y empleados judiciales paguen el impuesto a las Ganancias, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional será recibida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Será este miércoles al mediodía, después del debate del Presupuesto en la Cámara baja y cuando el proyecto ya esté en manos del Senado para su debate. La cuestión es que la asociación que conduce Marcelo Gallo Tagle pidió una reunión con la titular del Senado, Cristina Kirchner, como así también solicitó una reunión con la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.
Por lo pronto, este lunes sus miembros fueron recibidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde expusieron sus reparos hacia el artículo donde buscan que paguen ganancias. En la nota remitida al Senado, los funcionarios judiciales le piden a la titular de esa Cámara que “tenga a bien recibir a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta institución, con el objeto de ser escuchados respecto del proyecto de ley de Presupuesto que sustituye el artículo 82 incisos ‘a’ y ‘c’ de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.
Los representantes de la Asociación de Magistrados se reunieron con los miembros de la Comisión de Presupuesto de Diputados en rechazo a la propuesta introducida en el Presupuesto 2023 para que todos los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.
En vísperas del debate de la Ley de Leyes en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión prevista para este martes, las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron este lunes por la tarde a los representantes de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional.
La propuesta hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto el pasado jueves e introducida en el dictamen para que todos los integrantes del Poder Judicial -desde jueces a empleados- paguen el impuesto a las Ganancias, fue el motivo de la reunión que se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.
Además, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también le pidieron audiencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los recibirá este miércoles al mediodía. Seguramente habiéndose concretado ya la aprobación del Presupuesto 2023 en la Cámara baja. Habrá que ver si el polémico artículo vigente.
A lo largo de las presentaciones, los magistrados hicieron hincapié en que “no” están en contra de pagar Ganancias, pero quieren que “se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
El titular de la Comisión, el oficialista Carlos Heller, explicó: “Nos corresponde a nosotros determinar a través de las mayorías necesarias si este punto incluido en el dictamen se saca o se posterga y, en ese escenario, tener en cuenta la referencia que los jueces nos están haciendo de convocar a una mesa de diálogo para encontrar un consenso”.
Sin embargo, dejó en claro: “Nosotros no podemos en ningún caso resignar nuestro rol y las decisiones se toman por mayoría. Vamos a recoger todo lo que se dijo y formará parte, de acá a mañana, de nuestro debate para determinar qué es lo que tenemos voluntad de avanzar en la dirección y que hoy no podríamos avanzar mucho más”.
El debate
Al inicio de la reunión Heller contó que “el pasado viernes a las 19.52” recibió un pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidiendo que “reciba a una delegación con carácter de urgente”, y aclaró: “Más urgente que esto no pude”.
“Todas las reuniones de la Comisión de Presupuesto han sido transmitidas. Hemos estado 32 horas recibiendo funcionarios del Poder Ejecutivo, donde los diputados han hecho preguntas. Hemos tenido tres días de debates intensos y todo esto ha sido público, no ha habido ninguna deliberación que haya sido privada”, explayó Heller.
El primero en hacer uso de la palabra fue Marcelo Galle Tagle, presidente de la Asociación e Magistrados, quien agradeció “enormemente” por la “prontitud” de la reunión. “Lo que queremos transmitir hoy acá es una postura, en la cual estamos abroquelados todos los integrantes del Poder Judicial. Hubo manifestaciones de todas las instituciones y asociaciones que conforman la representación de los distintos estamentos. Lo que nosotros hemos advertido acá es la uniformidad en cuanto a la opinión que se ha gestado. Incluso en aquellas representaciones que hacen al ámbito del Poder Judicial”, explicó.
Y siguió: “Hubo una manifestación unánime y uniforme en el mismo sentido. También fuimos recibidos por la Corte Suprema que daban un fuerte apoyo a la independencia del Poder Judicial aspirando a que las gestiones que estábamos realizando obtuvieran el tratamiento más razonable posible para llegar a una solución adecuada”.
“Nos preocupa la inclusión del artículo que alcanza y afecta a los integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos como así también a los empleados tanto en el ámbito nacional, federal como provincia, en cuanto a la inclusión dentro de la Ley de Presupuesto el impuesto a las Ganancias”, manifestó puntualmente Tagle.
En esa línea, expresó que la primera preocupación que les genera es que “desde lo legal no es tolerable o correcto incorporar una ley donde se afecta con un tributo dentro de la Ley de Presupuesto que así lo establece la Ley de Administración que desde 1992 su artículo 20 señala esta prohibición”.
“Somos conscientes de que en algún Presupuesto una de estas cuestiones ha sido tratada o incluida. Lo que nosotros señalamos es que una inadecuada incorporación en una situación anterior no justifica seguir insistiendo en el mismo error”, sostuvo.
“Hay un avasallar constitucional que se refiere a la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y de los integrantes del Poder Judicial en tanto en el artículo 110, cuya Norma fue ratificada con la Convención Constituyente de 1994 desde que, existiendo esta Norma ya en la Constitución Nacional, al momento de hacerse las modificaciones correspondientes a nuestra Constitución fue ratificada y convalidada esa misma situación”, remarcó el funcionario judicial.
En suma, resaltó que esa “intangibilidad” alcanza a “todos” los integrantes del Poder Judicial porque “ya hay miembros que están tributando impuestos a las Ganancias”. “Entendemos que esta inclusión en el Presupuesto de esta norma afecta, tanto la intangibilidad de aquellos que hoy por hoy no están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, como la intangibilidad de aquellos que hoy, bajo la norma vigente, están si alcanzados por el impuesto a partir de la Regulación establecida desde 2017 hasta el presente”, cuestionó Tagle.
En ese sentido, aclaró que “no hay ningún juez que no esté de acuerdo en tributar el impuesto a las Ganancias”, pero consideró que “hay que trabajarlo y regularlo” de tal manera que no afecte el artículo 110 de la Constitución Nacional. “Esto no es un privilegio. Nosotros no estamos buscando la preservación de algo que no es privilegio, sino que es la intangibilidad establecida en el artículo 110 de la Constitución”, insistió el magistrado.
“Avanzar con esta idea se estaría yendo en contra de lo que el propio Poder Ejecutivo en el año 2017 al establecer el protocolo de cómo fue la modificación para la Tributación de Ganancias de los Magistrados que hoy así lo hacen. Se establecieron las normas y las pautas para seguir avanzando con el impuesto a las Ganancias por lo cual lo que se está proponiendo a través de esta norma también iría en contra de un acuerdo realizado a partir de una acción que inició la Asoc. de Magistrados, que concluyó con esta transacción en la cual el Estado Nacional fue parte y suscribió el acuerdo que hoy se estaría dejando sin efecto”, explayó.
“No estamos diciendo que ‘ningún juez no quiere pagar ganancias’, lo que queremos es que se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
Y sintetizó: “Lo que queremos preservar acá es que estamos frente a una cláusula constitucional que impide que se ve afectada la intangibilidad de los sueldos. Se está afectando una sentencia judicial que estableció cómo van pagando impuestos a las Ganancias los jueces designados a partir de esa fecha”, y agregó: “Estamos conscientes de lo que se aspira con esta propuesta, lo que nosotros entendemos es que no sería la vía adecuada. No estamos diciendo que ‘ningún juez no quiere pagar ganancias’, lo que queremos es que se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
En ese sentido, consideró que fue “excesivamente apresurado” para “sentarnos a conversar”. “Lo ideal sería tener un espacio de trabajo en conjunto en donde podamos consensuar las formas de evaluar esta situación que, avanzando de esta manera tan precipitada sin opciones de diálogo y saltando un obstáculo como es una cláusula constitucional, nos pone en una situación frágil y de mucha inseguridad porque estamos representados todos los espacios del Poder Judicial”. Por último, Tagle se mostró predispuesto a buscar canales de diálogo para “tratar de evitar que se avance con una disposición que contraría la Ley y la Constitución”.
A su turno, Mariano Llorens, vicepresidente Estamento Jueces, manifestó que, con respecto a la tributación del impuesto a las Ganancias del Poder Judicial, “hay mucha confusión” porque “hay gente que cree que estamos en contra del pago de este tributo, y eso no es cierto”. Asimismo, recordó que “esto se viene debatiendo desde la década del 90 y es este mismo Parlamento que nos dio las soluciones esa vez a partir de un acuerdo de los grandes sectores de ese momento”.
“El salario lo componen dos grandes ítems que son el salario y las compensaciones salariales. Nosotros tranquilamente podríamos pedir que en esas compensaciones nos devuelvan la matrícula para trabajar en estudios de abogados. Eso sería un escándalo”, planteó Llorens y sumó: “Nosotros no pedimos otra cosa que ser iguales ante la ley”.
Llorens recordó que esa discusión se dio en el 90’ y en el 2017, por lo que “no queremos volver a esa discusión porque ya está dada. Nosotros lo que decimos es que la intangibilidad del sueldo no pasa solo por pagar impuestos a las Ganancias, sino que es una garantía que tienen los jueces de tranquilidad. Es un impuesto que los jueces estamos dispuesto a pagar porque estamos designados para hacer cumplir la ley y cumplir la ley”, pero explicó que “cuando hay intentos de modificación legislativa solo pedimos que nos escuchen”.
Antes de ceder la palabra, Heller le aclaró a Llorens que los médicos también tienen retención de matrícula y ganan mucho menos y pagan ganancias. El vicepresidente de Estamentos le retrucó: “La diferencia es que nosotros tenemos una garantía constitucional”.
Juan Manuel Culotta, consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, brindó algunos datos: “188 magistrados de la justicia federal y nacional ya están pagando, que es un 25% del padrón”, pero advirtió que hay una “enorme cantidad de vacantes en el padrón” y detalló: “Hay 27 vacantes en trámite en el Poder Legislativo, 51 en el Ejecutivo y 155 en el Consejo de la Magistratura y -según este cálculo- si se suman todas esas vacantes va a haber un 43% de magistrados que paguen el impuesto”.
“Sería contraproducente una decisión del Poder Legislativo que abarque a todos los jueces por esta gran litigiosidad que se genera al día y que complicaría la aplicación de la Ley”, cerró.
En su alocución, Paula Castro, secretaria de actas de la Asociación, remarcó que es un tema que “se viene tratando hace mucho tiempo y ha quedado zanjado en 2016 con la Ley a partir de la cual todos los magistrados, jueces, han empezado a pagar en todo el país”.
“Muchas están pagando del Ministerio Público y de la fiscalía también pagan y, también, los empleados. Quienes ingresaron a partir del 2017 están pagando Ganancias de acuerdo a lo que corresponde a la tributación. Creemos que, en todos los espacios hemos coincidido, en la intangibilidad que es una garantía constitucional hacia los magistrados”, sostuvo y aseguró que “esto se está cumpliendo en poco tiempo va a haber incremento en esos porcentajes y en poco tiempo va a haber toda una justicia que pague”.
Por su parte, Nora Monella consideró que “como representantes de los jubilados – tanto jueces, fiscales, como defensores y funcionarios -, quisiera agregar que somos respetuosos de la división de poderes; respetuosos y defensores de la independencia judicial, y por eso nos atenemos a la Ley. Es decir, los jubilados tenemos, además de la garantía constitucional, los tratados internacionales que nos respaldan y, por eso, entendemos que el consenso logrado a partir del año 2017 forma parte de esa mentada independencia judicial”.
En tanto, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT)-impulsor de la iniciativa- realizó un repaso sobre el tema. “Hubo una Ley en 2016 que tampoco fue aceptada por el Poder Judicial. En definitiva, hubo cautelares que frenaron la aplicación de esa Ley que se había tratado en el Congreso. Y solamente se trató la resolución de las cautelares, cuando acá, en oportunidad de tratar el presupuesto 2018, se dijo ‘vamos a tratar de vuelta la derogación total’, ante lo cual se paró la discusión en el Congreso y apareció la acordada de la Corte que dejó sin efecto las cautelares. Habían pasado ya dos años, y la ley se aplicaba, producto de que nadie admitía lo que en el Congreso se había votado”.
“Ahora aparece la discusión sobre la base de que se emitió un dictamen, y ustedes pidieron esta audiencia. Pero nunca se interesaron antes en encontrar un diálogo, o en encontrar una solución. Entonces recién se habló acerca de que esto es una cosa saldada. Pero para la sociedad no lo está”, completó.
El vicepresidente de la Comisión, Luciano Laspina (Pro), manifestó: “Nuestra posición como interbloque la vamos a definir entre hoy y mañana”. Asimismo, propuso evaluar un tratamiento diferencial entre jueces y funcionarios judiciales y agregó que el costo fiscal de la exención actual que se estima en $238.000 millones es “un punto importante”.
Participaron los legisladores -del oficialismo y de la oposición- el titular del bloque oficialista Germán Martínez, Sergio Palazzo (FdT), Itaí Hagman (FdT), Víctor Romero (UCR), Danya Tavela (Evolución Radical) y Paula Oliveto (CC).
Entre las numerosas modificaciones que se realizaron al proyecto enviado por el Ejecutivo, se incorporó una cláusula por inflación, impuesto a las Ganancias para jueces y un artículo que beneficiará a un grupo de afiliados al gremio de Camioneros.
A pocas horas de que la Cámara de Diputados se abocara al debate del proyecto sobre el Presupuesto 2023 enviado por el Poder Ejecutivo y, pese a que el dictamen tuvo numerosas modificaciones en la última reunión de Comisión, el texto continuaba siendo objeto de análisis para eventuales modificaciones que garanticen su aprobación.
El proyecto de Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Entre las principales modificaciones, el Frente de Todos aceptó la “cláusula gatillo” por inflación propuesta desde Juntos por el Cambio. Otra muy controversial es la que impulsó el oficialista Marcelo Casaretto para que todo el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias. También se incorporó un artículo que beneficia al gremio de Camioneros en relación al pago de Impuestos a las Ganancias.
Sobre los pedidos para la incorporación de obras, algunos ya tomados y otros que seguirán estudiándose, se introdujeron cambios en la redacción del artículo 11 en el que se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a “incorporar la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios en la medida en que ellas se financien con cargo a las facultades previstas”, y se lo autoriza a “efectuar las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.
El artículo 13 también sufrió modificaciones, ya que establece la vigencia del artículo 7 de la Ley de Financiamiento Educativo “en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de educación u organismos equivalentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función, formal y no formal, de la educación”.
En cuanto al artículo 17, se establecerá un aumento de 1.000 millones de pesos para la Ley de Bosques (pasa de 8.000 millones a 9.000 millones); y de 500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (pasa de 500 millones a 1.000 millones).
Sobre el Fondo de Compensación al Transporte Público del interior, se fija en el artículo 81 una suma de 85 mil millones de pesos -que había sido acordada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del norte grande- como “piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.
Además, se crea un Consejo Federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.
Asimismo, el Ministerio de Transporte “será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.
El artículo 83 también fue modificado, el cual trata sobre las partidas destinadas a la provincia de La Rioja, que será de “47 mil millones a favor de la provincia y de los municipios”, y explica que “el 100% serán transferidas en 12 cuotas mensuales y equivalentes”.
Uno de los puntos más polémicos, que había sido reclamado tanto por el oficialismo como por la oposición, era el vinculado a la deuda que las provincias tienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Por eso, se cambió la redacción del artículo 89, de modo de no poner en riesgo los fondos que por coparticipación les corresponden a las jurisdicciones. A partir de la modificación, se indica que “la Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito, e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales”.
“Las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”, estipula y resalta que “vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”.
Otro de los cambios fue sobre el artículo 96 que crea un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.
Por otra parte, se agregó al artículo 61 el Fideicomiso de fortalecimiento al Sistema Nacional de Aeropuertos, ya que solamente contemplaba al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos para la exención de derechos de importación, tasas por servicios portuarios, de impuestos internos y del IVA para las “importaciones para consumo de bienes de capital, material aeroportuario y de los repuestos relacionados destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento del sistema nacional de aeropuertos”. Los beneficios regirán hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive.
A su vez, se suprimió el artículo 129 que había sido pedido por el diputado oficialista Sergio Palazzo que derogaba una exención que encarecía el costo de la medicina prepaga.
Entre las nuevas incorporaciones, se incluyó un artículo que beneficiará a un grupo de afiliados al gremio de Camioneros, ya que modificará el esquema de deducciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de ese sector y que aliviará la carga tributaria sobre sus salarios.
Se trata del artículo 104 que prevé incluir “como sexto párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, con vigencia a partir del año fiscal 2022″, un apartado en el que se sostiene que para trabajadores de “actividades de transporte terrestre de larga distancia (…) la deducción allí prevista no podrá exceder el importe que resulte de incrementar en cuatro (4) veces el monto de la citada ganancia no imponible”.
También se modificó el artículo 115 que deroga el artículo 13 de la Ley de Financiamiento Productivo que trata sobre “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” que podrán ser negociadas mediante herramientas o sistemas informáticos que faciliten la realización de operaciones de factoraje, cesión, descuento y/o negociación de facturas.
A su vez, los artículos 71 incorpora que “podrá destinarse a la adquisición de un inmueble usado que sea afectado con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o por un plazo no inferior a 10 años a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia”.
El artículo 72 también agrega la creación de un Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina “mediante el cual las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”.
Por otro lado, el artículo 95 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 las facultades del Poder Ejecutivo sobre retenciones.
Artículo 138: “Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.
Además, indica que “el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”.
Otro cambio importante fue la eliminación de la exención en el impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial. Si bien rige que los nombrados desde 2017 sí paguen el tributo, se avanzó con una modificación para que estén alcanzados todos “independientemente de la fecha de su nombramiento”.
De esta manera, el nuevo inciso “a” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría “las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
Asimismo, el nuevo inciso “c” del mismo artículo, reza: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por otra parte, se anunciaron incrementos en políticas alimentarias, por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.
También se aceptó que se puedan deducir de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia; y la creación de una tasa de seguridad de aviación.
Aunque la redacción no se definió por completo, el oficialismo sí se comprometió a incluir un artículo referido a las zonas francas, un reclamo que pidió fuertemente el misionero Diego Sartori -del oficialismo provincial-, tras lo cual terminó acompañando el dictamen.
Además, a pedido de los diputados de Tierra del Fuego, tanto del oficialismo como de la oposición, se contempló una suba de impuestos internos a los productos electrónicos: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados.
La Federación Agraria Argentina cuestionó la norma como “inconstitucional, arbitraria y que favorece la concentración de capitales”.
La Federación Agraria Argentina remitió notas a los diputados de la Nación para solicitar que no aprueben el artículo 95° del dictamen de mayoría del Presupuesto, en el que se busca prorrogar hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación.
Al respecto, solicitaron que “no acompañen una norma inconstitucional, arbitraria y que favorece la concentración de capitales, en detrimento de la economía de desarrollo del interior argentino. Y proponemos mantenga el Poder Legislativo las facultades de legislar en materia de impuestos y de Derechos de Exportación”.
Entre los motivos para sustentar dicho pedido, desde la FAA advierten: “En materia Tributaria, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se encuentra prohibida, atento los presupuestos Constitucionales y los antecedentes Jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Entre los fundamentos jurisprudenciales encontramos principalmente que rige el principio de legalidad o de reserva de ley, rígido y estricto en materia tributaria, y que los Derechos de Exportación tienen una naturaleza innegable de carácter tributaria, es decir se trata de impuestos. En este sentido, el Poder Legislativo, no puede bajo ningún concepto delegar tales facultades, de acuerdo al artículo 75° de nuestra Constitución Nacional. Por tanto, admitir la prórroga de la facultad al PEN para determinar derechos de exportación, sería admitir la delegación de dichas facultades, lo cual sería abiertamente contrario a nuestra Ley Suprema, que lo prohíbe”.
Y continuó: “Agregamos, que, en la práctica contributiva, si bien el Derecho de Exportación es un impuesto que debe tributar el exportador, siempre es trasladado al productor agropecuario en materia agraria, lo cual afecta directamente el precio que percibe el productor. En resumidas palabras, es el productor agropecuario sobre quien repercute directamente el tributo, distorsionándose en la realidad el fundamento original del cobro de dicha tributación, perjudicando de manera directa la distribución de los esfuerzos y afectando a los más pequeños en beneficio de los más grandes exportadores de productos agropecuarios. Esta realidad desdibuja el rol de desarrollo productivo, económico y social del sujeto agrario que moviliza la economía argentina y sobre todo de las comunidades más pequeñas y postergadas”.
Asimismo, la entidad aprovechó el contacto con los legisladores para señalarles: “Finalmente, y dada la enorme sequía que impacta fuertemente sobre vastas zonas de nuestro país, así como también diversas inclemencias climáticas como granizo y/o helada, que padecemos con más fuerza los productores más pequeños, les pedimos tengan a bien considerar la incorporación en el tratamiento legislativo de estos y tantos otros temas que atentan contra la producción y el desarrollo de nuestro país. En particular, en relación con este tema, desde hace años venimos solicitando desde FAA que se puedan actualizar los fondos previstos por la Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, así como también avanzar con la creación de un seguro multirriesgo, por citar algunas propuestas de varias. Muchas veces pareciera que la agenda del Congreso va por un sendero muy distinto al que transitamos los que vivimos y producimos en el campo. Por eso los invitamos a abordar estas problemáticas a la brevedad”.
