El ajustazo que prepara el presidente Javier Milei para 2025 está fuera de cualquier lógica presupuestaria.

El pretendido “superávit” de 2024, que agravó el déficit social argentino y deterioró la infraestructura federal, implicó prorrogar el Presupuesto 2023 y aumentar impuestos, para luego podar el gasto en jubilaciones y pensiones, prácticamente eliminar las obras públicas nacionales, bajar las transferencias a las universidades nacionales y, virtualmente, amputar las transferencias a las provincias.

Lo que viene para 2025 es todavía más dañino. Por eso el presidente y su ministro de Economía no quieren asumir ese debate en el Congreso.

Tan extremo es el plan presupuestario libertario, que la única vía para sostenerlo fue una decisión del Ejecutivo. Mediante el Decreto 1131/2024, publicado el 30 de diciembre pasado en el Boletín Oficial, quedó prorrogado -por segundo año consecutivo- el Presupuesto de dos años atrás.

Para 2025, regirá formalmente el Presupuesto 2023, con las modificaciones incorporadas por el Ejecutivo en 2024, vía decreto o decisiones administrativas.

En estas circunstancias, según analiza la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en su reciente “Informe sobre la distribución del Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2025”:

✔ “Los Gastos Totales de la Administración Nacional previstos para el ejercicio 2025 ascienden a 94,57 billones”. Eso supone “una reducción de 1,51 billones de pesos en comparación con el cierre del ejercicio 2024”.

Pero además, el Ejecutivo lleva el punto de partida del gasto anual a un piso inferior, en más de 21 billones de pesos, al que propuso ante el Congreso cuando envió el autodescartado proyecto de Presupuesto 2025.

En efecto, según la ASAP:

✔ “Si se considera el total de gastos contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que era de 115,92 billones de pesos, la diferencia (negativa) es de 21,35 billones”.

Está claro por qué Milei no quiere discutir el Presupuesto en el Congreso. Es porque se enamoró del modelo autocrático en el ejercicio de la Presidencia.

Mientras tanto, una parte del radicalismo lo aclama, un puñado de peronistas se cuelgan de sus medias y en Estados Unidos acaban de premiarlo como “Titán de la Reforma Económica” y “Campeón de la Libertad Económica”.

¿No tiene derecho a creer que en Argentina esa “gloria” dura para siempre?

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

En el último lunes del 2024, el Gobierno nacional oficializó la prórroga del Presupuesto 2023 para el año que comienza, luego que la ley no avanzara en el Congreso por la decisión del oficialismo de cerrar las negociaciones y no convocar a tratar el tema en sesiones extraordinarias.

A través del decreto 1131/24, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Poder Ejecutivo señaló que "a la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025".

"Mediante el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias se establece que en dicha situación regirá el Presupuesto que estuvo vigente el año anterior, con adecuaciones que deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional", rezan los considerandos.

En ese sentido, se recordó que "para el Ejercicio 2024 se prorrogaron las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023". Es decir, esta será la segunda vez consecutiva que se readecue un plan de gastos y recursos.

"Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la mencionada ley, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente", sostuvo el Gobierno, que dispondrá así de las partidas discrecionalmente.

Finalmente, en el decreto se indicó que "teniendo en cuenta tal circunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de la Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2024". Asimismo, se instruye al jefe de Gabinete para "adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga".

En un acuerdo entre Javier Milei y Sergio Massa previo al balotaje, la discusión sobre el Presupuesto 2024 se había postergado para luego del recambio de gobierno. Pero finalmente, en diciembre de 2023, Milei decidió prorrogar el Presupuesto que había estado vigente ese año, que había sido votado en 2022 durante el gobierno del Frente de Todos.

Así las cosas, durante el primer año de gestión libertaria, el Poder Ejecutivo dispuso de las partidas por decreto, en medio del ajuste fiscal y el recorte de fondos a las provincias.

El 15 de septiembre pasado, en un hecho inédito, el propio Milei asistió al recinto de la Cámara de Diputados para presentar su primer proyecto de Presupuesto, para el ejercicio 2025, el cual se pondría en debate en comisiones días después. "Estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable para este Presupuesto y para todos los presupuestos que vengan de acá en adelante", dijo en esa ocasión.

Durante octubre desfilaron por la Comisión de Presupuesto y Hacienda los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas); la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el director ejecutivo de la ANSeS, Mariano Antonio Salvador de los Heros; los secretarios Yanina Nano Lembo (Niñez, Adolescencia y Familia), Daniel Scioli (Turismo, Ambiente y Deportes) y Carlos Torrendell (Educación), en ese orden. Actualmente, Quirno y Nano Lembo ya no ocupan esos roles.

Los grandes ausentes durante la discusión fueron los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano), los más reclamados por la oposición, sin éxito.

En paralelo a las jornadas de debate en comisión, se mantenían negociaciones desde Casa Rosada con gobernadores, por un lado, y diputados de bloques dialoguistas, por otro. Algunos funcionarios concurrieron al despacho de Martín Menem para tal fin, en un modus operandi similar al que se había visto con la Ley de Bases. También se había activado una conversación con referentes del Senado, porque buscaban un tratamiento "espejo", de modo que cuando la ley pasara a esa cámara no tuviera cambios.

A fines de octubre, el oficialismo convocó a una conferencia de prensa que se suspendió minutos antes. Iban a anunciar un incremento en partidas de educación dentro del proyecto, pero en detrimento de fondos para los partidos políticos. El enojo de sus socios del Pro, no consultados previamente, hizo dar marcha atrás.

Ya comenzado noviembre, se programó la visita del ministro de Salud, Mario Lugones, pero ese encuentro finalmente se suspendió.

El 19 de noviembre, un día antes de la fecha límite para dictaminar antes que concluya el período ordinario y sin certezas sobre si habría extraordinarias, José Luis Espert suspendió la reunión de la Comisión de Presupuesto y brindó un breve anuncio en el Salón Pasos Perdidos. “Todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero”, expresó. El temor de esa jornada tuvo que ver con la posibilidad de que la oposición más dura se alzara con un dictamen de mayoría propio.

Para ese momento, la falta de acuerdos con los dialoguistas pasaba por cinco reclamos que los gobernadores pedían con fuerza: que el 1,9% de coparticipación que iba a financiar la exAFIP, hoy ARCA, retorne a las provincias; coparticipar el impuesto a los combustibles; la distribución del excedente de los ATN no utilizados; una compensación referida al Pacto Fiscal de 2017; y la deuda sobre las cajas previsionales.

Finalmente, ese anuncio de Espert fue el cierre a una Ley de Presupuesto 2025, dado que las negociaciones no se retomaron nunca más con fuerza y, por el contrario, el Poder Ejecutivo decidió no convocar a tratar el tema en extraordinarias, pese a los fuertes reclamos de la oposición. Agunos dialoguistas ya anticiparon que en marzo próximo avanzarán con emplazamientos a la comisión y buscarán dar la discusión.

Después de la última sesión ordinaria del año, el presidente del bloque Vamos por Más (VxM), Darío Nieto, apuntó con dureza contra los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) por la forma en la que votaron durante ese encuentro algunas de las iniciativas y planteó que su forma de proceder fue “solo para perjudicarnos electoralmente y beneficiarse ellos”.

En ese sentido, el oficialista explicó que “así como teníamos al ‘filminas’ de Alberto Fernández mostrándonos datos truchos, un sector de La Libertad Avanza miente con el Presupuesto 2025 poniendo sus intereses por delante de los de los porteños” e indicó que “dicen que luchan contra la casta y son súper libertarios, pero La Libertad Avanza en la Ciudad votó con el kirchnerismo y la izquierda”.

Al mismo tiempo que aseveró que “el Presupuesto 2025 que votamos incluye menos gasto: en 2024 en la Ciudad bajamos un 8,3% el gasto público total, eliminamos el 10% de los cargos políticos y achicamos en casi 10 mil empleados la planta de personal”. También señaló que “por cuarto año consecutivo, se mantiene el equilibrio fiscal. Esto que tanto se festeja en el Gobierno Nacional, desde el Pro lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. En la Ciudad no se gasta más plata de la que hay” y planteó que “se va a invertir el monto más alto a nivel histórico en seguridad. Los porteños estamos acostumbrados a vivir en una de las ciudades más seguras del mundo y eso no va a cambiar”.

“Mientras a nivel nacional Javier Milei subió el impuesto a las ganancias y sinceró las tarifas de energía (y está bien que lo haya hecho), cuando en la Ciudad proponemos actualizar Patentes y ABL, La Libertad Avanza se opone con datos falsos y mentiras”, continuó y señaló que “la tasa de ABL en la Ciudad necesita una actualización porque hoy solo cubre un tercio del costo del servicio. En 2025, el 54% de las viviendas tendrán un tope de aumento del 20% con respecto a 2024 y el 13% del total tendrá un tope de aumento del 35%”.

En cuanto a las patentes, Nieto señaló que “en 2025, el 81% del padrón va a tener una alícuota efectiva menor o igual a la actual, el 37% una reducción en su alícuota efectiva y el 44% mantendrá su alícuota efectiva actual. Promedio CABA 3,8% vs 4,8% PBA”.

“Desde el Pro apoyamos sin especular todas las leyes que promovió LLA en el Congreso y que creemos que benefician a los argentinos. Porque lo hacemos por convicción. En la Ciudad, un sector de LLA vota en contra de proyectos para los porteños sin razones ni argumentos claros, solo para perjudicarnos electoralmente y beneficiarse ellos. Sólo les importa la propia”, completó.

Después de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobara el Presupuesto 2025, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró el recorte presupuestario por 330 mil millones de pesos y lo calificó como “fundamental para alinear las finanzas públicas con los principios de austeridad y eficiencia”.

En ese sentido, el diputado explicó que “logramos un recorte en el presupuesto de 330 mil millones. No logramos todo lo que queríamos, pero hemos alcanzado casi el 66% de nuestros objetivos iniciales” y agregó que “cuando llegamos a esta Legislatura lo hicimos con la vocación de representar un liberalismo posible. Junto con Ramiro Marra establecimos una posición firme: no íbamos a votar este presupuesto sin un recorte en la cantidad de gastos”.

“Habiendo asumido que dejar al Gobierno de la Ciudad sin presupuesto generaría condiciones fiscales y tributarias peores a las que se están discutiendo, focalizamos nuestros esfuerzos en achicar los gastos y reducir impuestos, entre ellos ABL y patentes” y reconoció el trabajo de la gestión de la Ciudad en aceptar ajustes importantes que contribuyen a la sostenibilidad fiscal.

Sobre la relación entre los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y el Pro, Santoro sentenció: “la convivencia entre el PRO y La Libertad Avanza va a depender mucho de lo que ocurra distrito por distrito”.

Luego de una sesión verdaderamente maratónica, convocada para las 9 de la mañana, aunque arrancó sobre el mediodía, el Parlamento porteño aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de ley de Presupuesto 2025. La aprobación se alcanzó cerca de las 5.30 de la madrugada, al cabo de más de 20 horas de debate. Fue por 31 votos afirmativos, 25 en contra y 3 abstenciones.

El proyecto refuerza el Plan Integral de Seguridad que viene sosteniendo la gestión: el área tendrá la mayor inversión de la historia de la Ciudad. Y Educación, que enfrentará enormes desafíos a raíz de los cambios en el aprendizaje y por la necesidad de mejoras edilicias en escuelas, es el área con mayor presupuesto. El 20% del total. También el Presupuesto contempla un plan integral de obras focalizadas en la movilidad urbana y en el impulso de la zona Sur.

Seguridad

Se asigna una inversión histórica al área de seguridad con el 16,5% del total proyectado. Esto permitirá adquirir nuevos patrulleros, pistolas Taser, Byrna y cámaras de videovigilancia, e incrementar la presencia policial en las calles. También se completarán obras en el centro penitenciario de Marcos Paz para resolver el problema de los presos en dependencias porteñas. Prometen que habrá más equipamiento para las fuerzas de seguridad: nuevos patrulleros, más pistolas taser y byrna, más videovigilancia, mayor cantidad de policías en la calle y también se instalarán nuevos "Puntos seguros".

Se van a terminar las obras en el centro penitenciario de Marcos Paz y con la transferencia del Servicio Penitenciario se va a resolver el problema de los presos alojados en dependencias de la Ciudad.

Educación

Es el área que mayor participación presupuestaria presenta con el 20,1%. Para el próximo año la inversión alcanzará los $2 billones 795 mil millones. Se van a destinar recursos a obras y remodelaciones en escuelas y hospitales. Y se desarrollarán los centros TUMO y se mejorarán escuelas a través de nuevas obras edilicias mediante un Plan Maestro, y la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de aprendizaje dentro del plan Buenos Aires Aprende. La Ciudad implementará importantes cambios en el sistema educativo.

Se contempla un aumento del gasto en obra pública, con un 19,3% del total. Entre lo previsto para 2025, se destinarán recursos a obras y remodelaciones en escuelas y hospitales, se implementará el plan Buenos Aires Aprende y avanzar con la modernización de los sistemas de aprendizaje.

Obra pública

Se proyecta un aumento en el gasto de capital, del 19,3% del total del presupuesto, cuando el promedio histórico fue del 16%. Se basa en dos ejes principales: Plan integral de Movilidad Urbana y Revitalización de la zona Sur.

El Plan integral de Movilidad Urbana se divide en la Red de Subterráneos, Micromovilidad, Transporte automotor, Movilidad Eléctrica, Construcción de Pasos Bajo Nivel, Obras viales y Ordenamiento del tránsito. Entre otros, se van a renovar completamente los vagones de la línea B de subtes y renovar estaciones. Se va a poner en marcha el Trambus y una nueva línea de colectivos eléctricos en el Casco Histórico tras la transferencia de las 31 líneas a la Ciudad. Además de ensanchar y renovar la Autopista Dellepiane y construir nuevos Pasos Bajo Nivel.

Se van a renovar completamente los vagones de la línea B de subtes y renovar estaciones, poner en marcha el Trambus y una nueva línea de colectivos eléctricos en el Casco Histórico tras la transferencia de las 31 líneas a la Ciudad.

Y se trabaja en la reactivación del Parque de la Ciudad y de su entorno urbano y la puesta en valor del Autódromo. El nuevo Código Urbanístico impulsa el equilibrio mediante el desarrollo del Sur y la protección de la identidad barrial en el resto de la Ciudad, con controles de alturas y la ampliación de los pulmones de manzana.

Áreas sociales

Educación, Salud y Promoción y Acción Social comprenden la mayor parte de la inversión, con un 61,9% del gasto total. De cada 100 pesos gastados en la Ciudad, 62 se destinarán a áreas sociales.

Coparticipación

La Ciudad continuará con el reclamo ante la Corte Suprema para que se implementen los pagos automáticos y se resuelva la restitución del coeficiente del 3,5, que fue quitado de manera inconsulta e inconstitucional por el gobierno anterior a fines del 2020.

Los proyectos destacados para 2025:

La Ley, en lo financiero, establece el equilibrio fiscal con Déficit Cero y el endeudamiento más bajo de los últimos años. Y permite retomar inversiones en infraestructura para seguir transformando la Ciudad y mejorar la vida de los porteños.

Propuesta de actualización de ABL

En materia de ABL, se trabajó una tabla con mayor y mejor nivel de desagregación, pasando de 7 a 10 escalas, generando un sistema más progresivo y equitativo, se reestructuró la forma de cálculo del ABL y se incorporó un coeficiente geográfico para recomponer, gradualmente, la proporción de la tarifa en el costo del servicio. En 2025 el impuesto se actualizará de acuerdo al índice de inflación más un porcentaje determinado por la zona geográfica en la que se encuentre ubicado el mismo: Comunas Zona I (Sur) 2%,  Comunas Zona II (Centro) 3% y Comunas Zona III (Norte) 4%, previendo bonificaciones según la valuación del inmueble para atenuar el impacto de esta actualización. Más jubilados y pensionados podrán pedir la exención del ABL.

• Tabla con mayor y mejor nivel de desagregación, pasando de 7 a 10 escalas, este cambio resulta en un sistema más progresivo y equitativo.
• Reestructuración en la forma de cálculo del ABL e incorporación de coeficiente geográfico para recomponer, gradualmente, la proporción de la tarifa en el costo del servicio.
• En 2025 el impuesto se actualizará de acuerdo al índice de inflación más un porcentaje determinado por la zona geográfica en la que se encuentre ubicado el mismo:

➢ Comunas Zona I (Sur) 2%

➢ Comunas Zona II (Centro) 3%

➢ Comunas Zona III (Norte) 4%

Para atenuar el impacto de esta actualización se prevén bonificaciones según la valuación del inmueble:

• Los inmuebles con valuación fiscal homogénea (VFH) menor o igual a $26,6 millones tendrán una bonificación a los efectos de que el impuesto anual de 2025 no supere un incremento del 20% con respecto al impuesto de diciembre de 2024 anualizado. Esta bonificación protegerá a 1.076.914 inmuebles, el 54% del total de las 2.004.740 partidas.
• Asimismo, aquellos inmuebles con VFH superiores a los $26,6 millones y hasta los $38 millones tendrán una bonificación a los efectos de que el impuesto anual de 2025 no supere un incremento del 35% con respecto al impuesto de diciembre de 2024 anualizado, protegiendo a 257.391 inmuebles, el 13% del total de las partidas.
• Por último, las restantes 670.435 partidas con VFH superiores a los $38 millones tendrán actualizaciones de acuerdo a la inflación.

Actualización de Patentes

En cuanto a patentes, la nueva propuesta genera progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo en cada escala y una alícuota para el excedente. Y se logra una equidad impositiva para vehículos de similares valuaciones. Autos híbridos y eléctricos mantendrán la exención durante los primeros 24 meses y luego recibirán una reducción de entre el 60% y el 20% sobre el impuesto a pagar, hasta que en el sexto año de radicación deberán abonar la totalidad del impuesto correspondiente.

El esquema previo generaba estancamiento y saltos bruscos entre valuaciones similares. De esta manera, se daban situaciones en las cuales, por ejemplo, un vehículo con un valor superior en $1 generaba un salto de tramo hacia un alícuota superior que, automáticamente, generaba el doble de impuesto.

Se propuso reestructurar la forma de cálculo del impuesto, con el fin de lograr un sistema más equitativo mediante la readecuación de escalas y alícuotas.

El universo de los 1.556.991 vehículos quedará impactado de la siguiente manera:

• El 81% del padrón (1.265.858 vehículos) tendrán una alícuota efectiva menor o igual a la actual durante el año 2025.
• En ese sentido, 37% del total (581.456 vehículos) tendrán una reducción en su alícuota efectiva con respecto al 2024, en tanto que el 44% (684.402 vehículos) mantendrán su alícuota efectiva actual.
• 19% (291.133 vehículos) tendrían un incremento en su alícuota efectiva pero que en ningún caso puede superar el tope del 6%,.

Autos híbridos y eléctricos: hasta ahora estaban exentos del pago del impuesto. A partir de enero de 2025 mantendrán la exención durante los primeros 24 meses. Posteriormente, recibirán una reducción del 60%, 40% y 20% sobre el impuesto a pagar, respectivamente. A partir del sexto año de radicación, deberán abonar la totalidad del impuesto correspondiente.

Más jubilados y pensionados podrán pedir la exención del ABL

• Para solicitar la exención, la normativa vigente establece que la Valuación Fiscal 2011 no debe ser mayor a $75.000. Este requisito se encuentra completamente desactualizado y es difícil acceder a la Valuación Fiscal de 2011, lo que complica la obtención de la exención.
• El otro requisito es percibir un haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o a dos veces y media de la jubilación mínima, lo que resulte mayor.

Nueva propuesta

• Para el 2025 se propuso utilizar como referencia la Valuación Fiscal Homogénea del inmueble, con un valor máximo de $40 millones.
• Se ampliará a más beneficiarios: a partir del año próximo será requisito percibir un haber igual o menor a cuatro veces y media la jubilación mínima.

Desde la recuperación de la democracia en 1983, nunca antes un presidente había decidido no tener Presupuesto propio durante dos años consecutivos.

Javier Milei termina su primer año de gobierno sentado sobre la vieja ley de Presupuesto del año pasado, a la que tuvo que añadirle nueve actualizaciones presupuestarias aprobadas mediante un decreto de necesidad y urgencia y ocho decisiones administrativas.

Eso le permitió ejecutar -en 2024- un ajuste presupuestario no menor a los 35.000 millones de dólares.

Ahora, el Poder Ejecutivo ha decidido no tratar el proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso. Ante este escenario, la Ley de Administración Financiera es muy clara: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior” (artículo 27, Ley 24.156).

¿Cuál es el Presupuesto vigente en 2024? El de 2023, con más las nueve actualizaciones.

Las implicancias de volver a tener un Presupuesto prorrogado son contundentes:

✔El Gobierno contará con recaudación actualizada por la inflación, pero con gastos a “costos viejos”. Eso conduce al ajuste automático de todas las partidas, sin tener que decidirlo explícitamente.

✔Las provincias no tendrán ni una sola nueva obra pública nacional presupuestada en sus territorios.

✔Trece provincias (que no han transferido sus sistemas previsionales a la ANSeS) seguirán sin contar mensualmente con un adelanto de recursos a cuenta del déficit anual de sus cajas jubilatorias.

✔Los gobernadores tendrán que pedirle al Poder Ejecutivo, caso a caso, la aprobación de actualizaciones presupuestarias para afrontar gastos nuevos en sus provincias. En un año electoral, se trata de un recurso político crítico en favor del gobierno.

✔Las retenciones a las exportaciones del campo se congelan en un nivel muy alto para un tipo de cambio atrasado: 33% para el poroto de soja; 12% para trigo y maíz; 31% en aceite y harina de soja.

En consecuencia, la anormalidad institucional que significa no volver a contar con un Presupuesto aprobado por el Congreso, es una jugada planeada por el gobierno nacional para seguir acumulando poder, sostener un alto nivel de discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos y profundizar el ajuste.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El bloque de senadores nacionales de la UCR lamentó la decisión del Gobierno nacional de no incluir el Presupuesto 2025 y el proyecto de ficha limpia en el llamado a sesiones extraordinarias, luego del anuncio que hiciera por las redes el vocero presidencial Manuel Adorni, aunque el decreto todavía no fue oficializado.

La bancada presidida por el correntino Eduardo Vischi afirmó que también hay "una serie de iniciativas promovidas desde este espacio, que consideramos de imprescindible tratamiento".

"La ausencia en el temario del Presupuesto 2025 supone la elección de ir en una dirección de discrecionalidad, de falta de previsibilidad y de poco apego al diálogo, mientras que negar ficha limpia es darle la espalda a la sociedad, enviar señales contrarias a la transparencia y habilitar a que nos representen personas que no deberían ocupar cargos", consideraron.

Los radicales pidieron que se amplíe el temario con otros proyectos "prioritarios" como el de calidad y seguridad de la atención sanitaria o "Ley Nicolás"; el que regula el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico; el de detección temprana del Abuso Sexual Infantil; el que modifica el Código Penal sobre falsas denuncias; el de Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios; y el que crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, la mayoría de ellos con media sanción de Diputados.

"El cambio que mayoritariamente apoyaron los argentinos requiere madurez, responsabilidad y, sobre todo, diálogo constructivo. Cualidades que han permitido avanzar con medidas que, de otra manera, hubieran sido imposibles de sacar adelante", concluyeron los senadores.

Luego del anuncio por redes sociales del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre el temario con el que se convocará sesionar en diciembre, el bloque Democracia para Siempre rechazó que "la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de excluir de las sesiones extraordinarias del Congreso la sanción de la ley de Presupuesto 2025".

"Como lo venimos señalando desde nuestras bancas, el gobierno de Javier Milei nunca estuvo interesado en tener una ley de presupuesto porque prefiere reconducir por segundo año consecutivo el último presupuesto sancionado, el del año 2023. De este modo, la Casa Rosada gastará el dinero que los argentinos tributan al Estado de forma totalmente discrecional", señalaron.

A través de un comunicado, la bancada que conduce Pablo Juliano remarcó que "esta es la primera vez en la historia argentina que el país no tendrá ley de presupuesto por segundo año consecutivo. Esta anomalía habla a las claras de que el presidente Milei prefiere moverse por los márgenes de la legalidad y de la institucionalidad".

"Como diputados nacionales no nos resignamos a cumplir el triste papel que el presidente Milei reserva para el Parlamento. Por eso, no nos prestaremos al show de debatir los proyectos anunciados por el vocero presidencial, que pueden ser sancionados en sesiones ordinarias", advirtieron.

Finalmente, los radicales díscolos manifestaron que esperan que "el Ejecutivo abra las puertas del Congreso en estas extraordinarias para debatir el Presupuesto 2025 que las provincias y cada ciudadano del país necesitan para poder planificar su futuro inmediato. Nada es más urgente que la ley de leyes".

A pocos días de que finalice el año parlamentario, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijó cuales serán sus prioridades para las últimas sesiones del 2024: entre las cuales se encuentran el Presupuesto 2025 y la ficha limpia, que quedó pendiente tras la caída de la sesión de este jueves.

Uno de los principales proyectos para este tramo final del año es el Presupuesto 2025, estimado 13,9 billones de pesos, el cuál toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: una variación del nivel de actividad del 5%, un nivel de precios del 18,3% y un tipo de cambio de 1207 pesos por dólar para fines del próximo año. La iniciativa impulsada por la gestión del alcalde porteño, Jorge Macri, será tratada en conjunto con la Ley Tarifaria y el Código Fiscal 2025.

Otra de las principales prioridades y anticipándose a lo que será un año signado por los comicios de medio termino, será la ficha limpia, que debió haberse tratado esta semana, pero debido a los incidentes entre enfermeros y la Policía de la Ciudad, su tratamiento terminó cayendo. El proyecto busca establecer que personas que sean condenadas por delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública y de fraude en perjuicio de la administración pública no puedan presentarse como precandidatos a jefe y vicejefe de gobierno o diputado.

Además, se prevé avanzar con la sanción de la boleta única en papel, que busca seguir los lineamientos de lo que se aprobó en el Congreso Nacional y que busca simplificar los mecanismos de votación.
Los legisladores porteños también prevén avanzar con la sanción de las modificaciones del Código Urbanístico, entre las cuales se contempla un ajuste al Glosario del Código y a las alturas, a bandas edificables en las áreas de baja densidad y tejido en general en los distintos barrios, considerando sus identidades, que actualmente conforman el ejido de la Ciudad en su totalidad. También hace modificaciones respecto a la aplicación de la mixtura de usos y busca revitalizar el sur de la Ciudad mediante la incorporación de la Capacidad Constructiva Adicional. Además, se incorporan Equipamientos Especiales, se ajustan Urbanizaciones Determinadas y se agregan Áreas de Desarrollo Prioritario.

Los 10 gobernadores dialoguistas de la excoalición Juntos por el Cambio le reclamaron al Gobierno nacional por la aprobación de un Presupuesto 2025 “con equilibrio fiscal”, pero que a su vez “cumpla con la ley”, al resaltar que hoy no disponen “de los fondos que nos corresponden”. 

El comunicado, emitido luego que se cayera la sesión en la Cámara de Diputados por el DNU de canje de deuda, fue firmado por Jorge Macri (Pro-CABA), Leandro Zdero (UCR-Chaco), Ignacio Torres (Pro-Chubut), Gustavo Valdés (UCR-Corrientes), Rogelio Frigerio (Pro-Entre Ríos), Carlos Sadir (UCR-Jujuy), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), Marcelo Orrego (Producción y Trabajo-San Juan), Claudio Poggi (Avanzar-San Luis) y Maximilano Pullaro (UCR-Santa Fe). 

En el texto, los gobernadores consideraron que “es central la sanción del Presupuesto Nacional”. “Tenemos la firme convicción de que el Gobierno nacional debe contar con esta herramienta de gestión para consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores y, como corolario, crear puestos de trabajo en el sector privado”, señalaron. 

Los mandatarios recordaron que durante todo este año le manifestaron “a las autoridades nacionales nuestra predisposición a alcanzar un acuerdo que garantice el equilibrio fiscal, y que en simultáneo resuelva asimetrías y desigualdades en las responsabilidades gubernamentales de las provincias y los recursos que les corresponden por ley”. 

“En el nuevo contexto, nos hemos hecho cargo de la totalidad de las áreas de gestión, pero no disponemos de los fondos que nos corresponden por ley”, subrayaron y continuaron: “Dicho en otras palabras, no pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley para cumplir con quienes mayoritariamente confiaron en nosotros en cada una de nuestras jurisdicciones”. 

En ese sentido, los gobernadores dialoguistas apuntaron que “este año para las provincias argentinas ha sido el peor en términos de recaudación y caída de recursos desde el retorno de la democracia. A esto se suma que muchos de los gobernadores firmantes asumimos en diciembre del 2023 con herencias de administraciones que durante décadas dilapidaron los recursos de los contribuyentes, situación que nos obligó a hacer extremadamente cuidadosos y austeros con cada peso que ingresa a las arcas provinciales”. 

“Apalancados en las medidas del presidente (Javier) Milei, hemos hecho un fuerte ajuste fiscal, una baja sustancial del gasto político y hemos eliminado privilegios de los presupuestos provinciales que eran irracionales y no tenían ninguna justificación. Esta es una batalla cultural que dimos y damos entre todos, y que merece ser destacada ya que no hay antecedentes en la historia reciente donde el Gobierno nacional y gran parte de los gobiernos provinciales avanzan en la misma dirección por convicción”, destacaron. 

Además, en el comunicado recordaron que “en numerosas oportunidades” le plantearon al Gobierno nacional “la importancia de alcanzar acuerdos” en torno a algunos temas. “A pesar de no haber logrado avances concretos este año, deberían sí ser parte del Presupuesto Nacional del 2025”, pidieron.

Y enumeraron, en primer lugar, la compensación del Consenso Fiscal. “Desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el Gobierno nacional ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes”, indicaron. 

Respecto de las cajas de jubilaciones no transferidas, señalaron que “las provincias que conservan sus cajas previsionales aportan recursos a la ANSeS, pero el Gobierno nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. Esto genera una situación de inequidad fiscal entre las distintas provincias, afectando los sistemas previsionales y generando un fuerte pasivo para los Tesoros provinciales”. 

En tercer lugar, sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos, dijeron que “el Gobierno nacional recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara. En este marco, dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros”. 

“Con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, solicitamos al Gobierno nacional que se reduzca el aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa megaestructura ahora disuelta. Salvo a las provincias que no hayan convenido tal deducción o cuenten con fallo favorable”, agregaron. 

Según los gobernadores, “estas medidas no afectan el equilibrio fiscal, dado que representan apenas el 0.3% del Producto Bruto Nacional y pueden ser fácilmente compensadas por otros recortes o eliminación de algunas de las excepciones impositivas que, en conjunto, alcanzan tres puntos del PIB. Además, son reclamos que, por las leyes vigentes y las normas y pactos preexistentes entre la Nación y las provincias, deben ser atendidos”. “Creemos que la búsqueda de consensos es la salida a estas asimetrías, evitando así la judicialización de demandas por incumplimientos de la Nación”, manifestaron. 

Finalmente, revelaron que “son cuestiones que hemos conversado con el Gobierno desde el inicio de nuestras gestiones, sin éxito por el momento”. “El equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley. No dejemos pasar esta oportunidad, la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado, y asumimos nuestra responsabilidad y compromiso para seguir acompañando en este camino”, cerraron. 

El bloque de diputados de la UCR, conducido por el cordobés Rodrigo De Loredo, reclamaron al Gobierno Nacional reencauzar el diálogo a fin de poder aprobar en el Congreso la ley de Presupuesto 2025.

A través de un comunicado, expresaron la necesidad de que Argentina tenga ley de Presupuesto antes de concluir el año y, también, pidieron aprobar la ley de Democracia Sindical en la sesión de este martes que no cuenta con dictamen.

“Manifestamos nuestra preocupación ante la inédita situación de no contar con un Presupuesto aprobad por el Congreso por segundo año consecutivo –un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática reciente- lo que obliga a prorrogar el del 2023 que fuera elaborado por el ministro de Economía del kirchnerismo, Sergio Massa”, cuestionaron.

En esa línea, señalaron que la prórroga habilita al Gobierno Nacional a “administrar recursos públicos con una discrecionalidad alarmante”, y plantearon que eso “representa un déficit en términos de transparencia y control institucional y priva al país de una herramienta clave para garantizar políticas publicas previsibles y responsables”.

También recordaron que el Presupuesto es “la base para la planificación del desarrollo económico, la distribución de recursos entre las provincias y la asignación a sectores claves como la educación, la salud y las jubilaciones”.

Desde el bloque reiteraron su compromiso con la institucionalidad y con la construcción de un país “responsable fiscalmente, justo y transparente”.

“El Gobierno parece sentirse cómodo con la posibilidad de manejar más de 35 billones de pesos de manera discrecional, pero ello no le hace bien a la Argentina. Por eso debe reencauzar el diálogo para que tengamos una ley de Presupuesto”, manifestaron.

Por último, instaron a que en la sesión especial solicitada para este martes se le de tratamiento al proyecto de reforma sindical, para “garantizar la democratización y la transparencia de los gremios. Entre otras cuestiones, para impedir las reelecciones indefinidas y eliminar la obligatoriedad de las contribuciones solidarias”.

La Ley de Presupuesto es fundamental para la administración del Estado y la planificación de las acciones del gobierno nacional y el de las provincias que componen esta Nación. El Presupuesto es una hoja de ruta que otorga previsibilidad, certeza y orden; gestionar sin presupuesto es una anomalía democrática que no se puede hacer costumbre.

La Ley de Administración Financiera contempla excepciones, incluso podría justificarse lo ocurrido este año, ante la compleja situación fiscal heredada por el Gobierno que recién iniciaba su gestión; pero ¿cómo justificar un año más sin Presupuesto en Argentina? Imposible e injustificable, no existe margen alguno para que en 2025 el Poder Ejecutivo Nacional funcione nuevamente reconduciendo el presupuesto 2023.

Si a pesar de las advertencias se intenta repetir esta maniobra, implicaría que el 70% de los Gastos Corrientes y de Capital se ejecutarían bajo absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo, con un esquema de modificaciones presupuestarias dispuestas por decisiones administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros o por DNU. Forzar la institucionalidad para garantizarse discrecionalidad en el manejo de recursos no es una opción válida.

Se pretende así instalar como hábito un vicio institucional con debilidad democrática y anti republicano. Estas anomalías institucionales son muy similares a las utilizadas en algunas gestiones anteriores, es decir que buscan poner en práctica las mismas políticas que se criticaban en el pasado, en ese sentido la actitud es sumamente similar.

El mandato constitucional exige que sea el Congreso de la Nación el responsable de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración general. Sin embargo, en Argentina transitamos un camino de debilitamiento del rol del Poder Legislativo, que al parecer no logra aprobar el verdadero nivel de gasto, y ahora tampoco la deuda como consecuencia del DNU 846/2024, que habilita al Ejecutivo a realizar canjes de títulos en cualquier moneda, sin pasar por el Congreso.

Sin presupuesto no hay control, no hay brújula ni visión de país compartida. Asimismo, la ausencia de presupuesto también socava los cimientos del federalismo fiscal al no existir un marco claro de distribución de recursos, se genera una incertidumbre que debilita las autonomías provinciales y fomenta la discrecionalidad territorial en la asignación de fondos. Esta falta de previsibilidad en la transferencia de fondos nacionales promueve inestabilidad financiera en las provincias, dificultando la planificación y ejecución de políticas públicas. Además, la discrecionalidad promueve clientelismo político ante la ausencia de reglas claras en la asignación de fondos.

Un nuevo año sin presupuesto aprobado derivará en potenciales conflictos legales entre Nación y provincias ante posibles incumplimientos de leyes y pactos. Por ejemplo, la compensación del Pacto Fiscal firmado en 2017, cuyas actualizaciones no suelen aplicarse con automaticidad y ello genera que los recursos recibidos por las provincias lleguen pérdidas reales; o las asignaciones específicas del impuesto a combustibles utilizadas para financiar el Fondo Compensador de Transporte Público de Pasajeros que fue eliminado, pero el Tesoro se quedó con esa porción cuando y la misma debería ser coparticipable. Ambos son ejemplos de fondos que corresponden por Ley a provincias y el Poder Ejecutivo retiene. Estos acuerdos, entre otros, podrían formalizarse en el Presupuesto 2025 y evitar futuros conflictos legales.

Un federalismo fiscal sano requiere de un presupuesto transparente y participativo, y debe ser un proceso inclusivo que permita a las provincias expresar sus necesidades y participar en la toma de decisiones. Entre las Provincias asoman puntos en común, por ejemplo, la necesidad de priorizar partidas de obra pública y educación, las cuales resultan estratégicas y de elevada sensibilidad para los gobiernos provinciales.

No es una buena práctica que el Presupuesto se haya convertido en una promesa incumplida en forma sistemática, por eso es necesario recuperar el equilibrio de poderes y devolver al Congreso su atribución republicana de controlar y decidir sobre la ejecución del gasto público.

Finalmente, si el oficialismo decide cancelar la discusión en comisiones y el Ejecutivo no llama a extraordinarias para avanzar con su tratamiento, nos queda a la oposición esta semana en la Cámara de Diputados para adoptar una decisión respecto del Presupuesto 2025. Sin Presupuesto, no.

El bloque radical de la Cámara baja que encabeza Rodrigo de Loredo presentó este jueves ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, un pedido para que reabra la discusión del proyecto de Presupuesto 2025, con el fin de que pueda tratarse en sesiones extraordinarias.

El trámite de la ley de leyes se interrumpió sorpresivamente el martes pasado, cuando el citado José Luis Espert anunció que como no habían llegado a “un punto en común que permita garantizar el déficit cero”, interrumpían el tratamiento del proyecto del Ejecutivo.

Los diputados radicales recordaron que durante el presente año, el Estado argentino funcionó reconduciendo el Presupuesto 2023, lo cual representa “una anomalía en cualquier país democrático”. Ahora, a días de la finalización del período parlamentario 2024, y luego de muchas reuniones de comisión y de “una inédita presentación presidencial del Presupuesto 2025”, todo indica que el país seguirá sin presupuesto sancionado.

“Sin presupuesto no hay posibilidad alguna de control. En sentido contrario, disponer de un compromiso presupuestario de base legal es una verdadera señal de responsabilidades compartidas”, sostiene el escrito de los radicales, que advierten que “continuar prorrogando el presupuesto, tanto como bloquear toda posibilidad de modificación, aun aquellas alineadas con el sentido de responsabilidad fiscal, es una maniobra de ventajas fugaces”. Por eso es que instan al oficialismo a “retomar a la brevedad la tarea que permita al país tener un presupuesto”.

Suscriben la nota, además del presidente del bloque, Lisandro Nieri, Martín Arjol, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez, Fabio Quetglas, Julio Cobos, Gabriela Brouwer de Koning, Atilio Benedetti, Roxana Reyes, Natalia Sarapura, Francisco Monti, Martín Tetaz, Pamela Verasay y Gerardo Cipolini.

Fuentes oficiales confirmaron este miércoles que el Gobierno piensa convocar a sesiones extraordinarias, aunque no necesariamente para tratar el Presupuesto 2025 -como sugirió el diputado José Luis Espert este martes al anunciar la suspensión de ese debate en la comisión que él preside-, sino para debatir la reforma electoral.

La revelación proveniente de Casa de Gobierno viene a complementar el anuncio que formuló el viernes pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando en su habitual conferencia de prensa anunció el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO. Ese mismo día llamó la atención de propios y extraños, por cuanto un anuncio de esas características a quince días del cierre del tiempo para dictaminar, solo podía representar “humo”, o bien un tema para tratar en extraordinarias. Teniendo en cuenta además que es uso y costumbre no tratar temas electorales en años de elecciones. Esto es, si quieren implementarlo ya en las próximas elecciones, debía ser incluido en extraordinarias.

Es en definitiva lo que ocurrirá, según confirmaron fuentes oficiales, que aclararon que lo anticipado el 15 de noviembre por Manuel Adorni será incluido no en uno, sino en dos proyectos de ley, para ser tratados en diciembre próximo.

En uno de ellos figurará la eliminación de las elecciones PASO y la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos. El otro será una reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

El viernes Adorni presentó la propuesta como de “fortalecimiento electoral”. La eliminación de las elecciones primarias fue argumentada por el funcionario en la convicción de que se trata de “una encuesta millonaria al servicio de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”.

Solo en 2023, esas elecciones tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, según confió el portavoz, quien en detrimento de las mismas enfatizó que “desde su introducción en el año 2011 solo hubo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas por las PASO, de las cuales el 40% no logró, siquiera, alcanzar el umbral del 1,5% para participar de las elecciones generales”.

En esa oportunidad Adorni también se refirió a la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, sobre la cual dijo que buscarán “mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma”. El fin electoral de algunos partidos políticos es, para Adorni, decididamente “recaudatorio”.

La iniciativa que mandará el Poder Ejecutivo propone que las agrupaciones deberán cumplir ciertos requisitos: Contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral (actualmente es el 0,4) y tener un piso mínimo de 3% en dos elecciones consecutivas. A juicio de Adorni, eso “va a significar un mayor esfuerzo en aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones y sacan, siempre, en orden, el 2% de los votos”.

Con respecto a los partidos nacionales, deberán tener presencia en al menos 10 distritos (actualmente se requiere en 5); se creará una plataforma digital que funcionará para gestionar afiliaciones y revalidaciones, y las agrupaciones tendrán un plazo para adecuarse a la normativa hasta 2026.

Esto es, la reforma dedicada a los partidos políticos deberá ser implementada en las elecciones de 2027, en tanto que la eliminación de las PASO correría ya para las elecciones del próximo año.

La iniciativa contempla modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos con el objetivo de reducir el gasto público y transparentar los recursos. Algunas de estas medidas van a ser el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral cedidos por ley a los medios, la eliminación del financiamiento público para campañas, dejando un único aporte anual proporcional a resultados electorales, la prohibición de encuestas se va a reducir de 8 a 3 días previos a las elecciones y se va a crear la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

Al informar sobre el envío de esta iniciativa para ser tratada en extraordinarias, no hubo ninguna referencia al Presupuesto 2025. Así las cosas, de momento la idea es incluir para su tratamiento en el verano solo la cuestión electoral. Respecto de la ley de leyes, habrá que circunscribirse a los dichos de José Luis Espert: si se alcanza un acuerdo que respete la condición de mantener el déficit cero, se convocará entonces a los legisladores a debatir el Presupuesto en el período extraordinario. Algo que, por lo que se palpa a nivel oficial, lejos está de ser motivo de interés.

Si bien la sesión especial pedida por el Pro y La Libertad Avanza parecía en un principio no correr ningún peligro de realizarse, todo se complicó a partir del día previo, cuando el Gobierno resolvió postergar el tratamiento del Presupuesto 2025. Y finalmente todas las prevenciones se confirmaron a las 12.31, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, consideró caída la sesión, dando inicio al debate en minoría. Antes de las 12.30, la diputada Silvana Giudici le pidió al presidente del Cuerpo una prórroga, pero éste la rechazó, aclarando que esa presidencia había tomado por conducta ceñirse al reglamento y esa determinación alcanzaba a todos. Así, cuando se cumplieron los 30 minutos de espera, se dio por caída la sesión.

La sesión tenía como objetivo, además de Ficha Limpia, debatir el proyecto de reiterancia y reincidencia, como así también una iniciativa que garantiza el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior.

Convocada para las 12 hubo una extensa reunión previa de Labor Parlamentaria, en la que se habían pactado homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento. Pero todo dependía de reunir los 129 diputados indispensables para arrancar, y se llegaba a la sesión solo con la garantía de contar con los diputados del Pro, LLA, la UCR y otras bancadas menores. Con ellos no era suficiente. Igual, estuvieron cerca: al final, participaron los bloques Encuentro Federal (con algunas bajas) y Democracia para Todos, que habían sido puestos en duda el día anterior. Caída la sesión, se dio inicio a la reunión en minoría, en la que los legisladores insistirán en pedir una sesión la semana próxima y dieron por seguro que la próxima semana sí conseguirán quórum.

Impulsora desde hace años de la implementación de la Ficha Limpia, Silvia Lospennato fue la primera oradora de esta sesión en minoría. Y arrancó diciendo que iniciaba esa sesión “con tristeza por no haber llegado al quórum,  pero también con una alegría que quiero compartir con los argentinos”, expresó, en referencia a que esa sesión ponía a prueba ver quiénes se sentaban en sus bancas.

Señaló en ese sentido que muchos decían que “excompañeros míos en el recinto, que habían firmado conmigo estos proyectos, en Juntos por el Cambio, no iban a venir… Eso no ha sucedido”, resaltó Lospennato.

“Después se preguntan por qué el Congreso tiene mala imagen; siempre ranckeamos abajo en la confianza pública… Tienen que mirar alrededor, vean este recinto semivacío y ahí tienen las respuestas”, agregó Lospennato, que expresó su deseo porque el presidente incluya Ficha Limpia en extraordinarias, si las convoca. Y advirtió: “Después de muchos años, cuando los jueces se acuerdan y hay una condena, ¿qué busca el condenado? Fueros… El año que viene probablemente tengamos uno o más condenados por corrupción sentados en estas bancas para tener fueros. Entonces tenemos que aprobar esta ley de ficha limpia”, que planteó como “la garantía de que no queremos corruptos sentados entre nosotros, que los latrocidas vayan presos, que devuelvan cada peso que se robaron –y vamos a volver en marzo con extinción de dominio”.

Y cerró: “Queremos que este Congreso vuelva a ser honorable y no la cueva de fueros para los ladrones a la patria”.

A continuación, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz expresó su convicción de que la semana que viene “lo vamos a resolver”, en referencia al quórum. “Así que tomemos eso como un intermedio en esa batalla que vienen dando muchos hace muchos años”.

Describió lo que veía a su alrededor como “la confirmación de ese principio de revelación del que habla nuestro presidente. Hoy se puede ver bien claro quiénes son los que quieren que los corruptos sigan teniendo protección de fueros, y solo los ciudadanos probos y honestos puedan obtenerlos”.

Mayoraz consideró que “todos los argumentos que se dieron durante el debate son insostenibles, quizás por eso no están sentados dando el debate, porque no pueden fundarlos”. A su juicio, “este proyecto de ley no viene más que a reglamentar el texto de la Constitución: darle letra efectiva al artículo 16, que habla de la idoneidad necesaria para los cargos públicos”.

A su turno, la radical Karina Banfi destacó que “vemos con claridad quiénes estamos a favor de la transparencia y la honestidad de los servidores públicos y quiénes no”. Advirtió que “no queremos ni coimeros, ni ladrones, ni lavadores de guita, ni prestanombres compitiendo de igual a igual en las listas con gente honesta. Estamos construyendo con los otros bloques”.

“Lo vamos a lograr la semana que viene. Es increíble que hayamos naturalizado la posibilidad de convivir con gente que roba la plata de los argentinos. Que tengamos que convivir con gente con causas penales y además tienen sentencia de condenados. La ficha limpia es la respuesta  a este hartazgo, donde hay una demanda de la sociedad que tenemos que cubrir”, sintetizó.

A su turno el oficialista jujeño Manuel Quintar señaló que la ficha limpia “es un pedido social” y explicó que buscaban incorporar al régimen electoral, puntualmente el artículo 33, al “cohecho, al tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito como condición de no estar condenado para ser candidato”.

Así, apuntó contra UP que “tenía un dictamen propio donde hablaban de estos temas que querían discutir”. “Me llamó la atención la pantomima que hizo el bloque porque teniendo 99 diputados y un dictamen de minoría y que no haya bajado ni uno, no sé qué habrá pasado. Quizás hubo un hecho de corrupción condenado confirmado recientemente con un doble conforme que hizo que no tengan la cara para venir a discutir”, disparó en referencia a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner.

Quintar comparó: “¿Por qué un taxista para trabajar tiene que presentar una planilla prontuariales y no tener antecedentes? ¿Por qué razón está mal malversar caudales públicos, pero no estaría mal ser un candidato abusador? ¿Por qué es condición de no ser candidato ser coimero, pero si se puede ser ladrón y candidato?”.

Las razones del enojo de quienes optaron por no sentarse en sus bancas deben buscarse en el fracaso del tratamiento del Presupuesto en el día previo, cuando el titular de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, se presentó en Pasos Perdidos para aclarar que, si bien el Gobierno tiene “voluntad” de “seguir trabajando” para lograr consensos y contar con un Presupuesto nuevo para el año que viene, como “todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero”, el tratamiento quedaba suspendido. Fundamentalmente los gobernadores son los que mostraron su enojo y encontraron en la sesión pedida para este miércoles una manera de hacerlo saber.

En su intervención, la santacruceña radical Roxana Reyes destacó la labor que se llevó a cabo por impulsar ficha limpia y apuntó contra los bloques ausentes que “son las bancas que bancan a la corrupción”. “Podemos tener muchísimas diferencias políticas, incluso dentro de cada bloque, pero no se puede tener diferencia en permitir que los corruptos, los que han sido condenados en primera instancia, se postulen a ser candidatos. Hay que proteger el derecho de los ciudadanos inocentes, nosotros tenemos que dar la garantía de que los corruptos no puedan volver a ocupar cargos públicos. Es una deuda con la sociedad”, expresó.

La radical manifestó que “alguien que está condenado en doble instancia les ha robado a los argentinos. ¿Cuál es la razón para tener esta diferencia que los que nos robaron no pueden venir a sentarse a la banca?”, y desafió a los bloques: “Que vengan a dar explicaciones porque la ciudadanía los eligió para que los representen, no para que defiendan corruptos”.

Brevemente, el presidente de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, enfatizó que “el comportamiento de nuestro bloque ha sido examinado bioquímicamente en estos diez meses”, y cargó contra las “notables ausencias”: “Hubo 3 del Pro, 2 de La Libertad Avanza y 2 diputadas del peronismo de Córdoba”. Asimismo, cargó contra la autoridad del Cuerpo: “Nunca lo ví con tanto apuro al presidente de la Cámara”, con relación a la caída de la sesión.

En representación de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, titular del bloque, auguró que ficha limpia tendrá media sanción: “Si no es la semana que viene, será más adelante”, pero planteó cuestionamientos contra el sistema electoral en general: “Nuestro Código Electoral lo prevé (candidatos con condenas), pero lo prevé con la trampa de la última instancia y algunos políticos poderosos tienen la posibilidad de transitar la condena en libertad”.

En rigor de ficha limpia, añadió que “el remedio que se intenta es de mínima”, y arremetió contra Cristina Kirchner: “Hablan de lawfare, pero ella está soslayando que tuvo todas las garantías penales a favor que no tienen los criminales comunes”. “En medio del proceso pudo ser candidata a presidenta, senadora, vicepresidenta y todo indica que va a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires”, se anticipó.

Para culminar su intervención, señaló que “necesitamos otro tipo de justicia”, y reiteró: “Necesitamos auditorías sobre la justicia ni pactos de impunidad, ni que Ariel Lijo sea juez de la Corte y que se convoque a sesiones extraordinarias para que se apruebe el presupuesto y ficha limpia”.

Luego de una jornada en la que el oficialismo decidió suspender la reunión para dictaminar el Presupuesto 2025, desde el bloque de la Unión Cívica Radical afirmaron que “Argentina debe tener un Presupuesto”. 

Así lo manifestó a través de un comunicado la bancada que conduce Rodrigo de Loredo, la cual participó activamente de las negociaciones con el Gobierno por cambios en la “ley de leyes”, las cuales se torcieron con la decisión de los propios gobernadores -incluidos los de UCR- de no ir a un despacho con disidencias sino a uno propio, ante la negativa de Casa Rosada a sus reclamos. 

“El bloque de diputados de la UCR exige al Poder Ejecutivo que no cierre la discusión por la ley de Presupuesto 2025”, pidieron los legisladores y aseguraron: “Tenemos el compromiso de trabajar por un presupuesto equilibrado y que respete el déficit cero. Argentina no puede estar sin un presupuesto por segundo año consecutivo”. 

Finalmente, los radicales instaron al Gobierno a que “convoque a sesiones extraordinarias para que, en el marco del diálogo y el consenso, podamos sancionar una Ley de Presupuesto para que el año que viene nuestra economía tenga una hoja de ruta que le dé previsibilidad”. 

Luego que el oficialismo decidiera suspender la reunión en la que se iba a dictaminar sobre el proyecto de Presupuesto 2025, diputados de distintos bloques de la oposición salieron a denunciar la intención del Gobierno de “no querer” una ley para así poder gestionar “sin controles” y con discrecionalidad.  

Para el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, “si algo dejó claro el anuncio” de Espert es “lo que veníamos diciendo: el Gobierno nacional no quiere ley de presupuesto para el año 2025”. 

“Lo dijimos desde que el ministro de Economía no quiso venir a exponer, desde que Espert no dio un cronograma y lo dijimos el jueves de la semana pasada en la reunión, cuando dijimos que el mundo de ideal de (Javier) Milei es no tener presupuesto para tener una enorme discrecionalidad en materia presupuestaria y tener vigente el DNU 846 que le permite hacer lo que quiera con la deuda externa”, enfatizó el santafesino. 

Martínez afirmó que “el Gobierno quiere hacer lo que quiere con los recursos de los argentinos”. “Sin ley de presupuesto no hay plata para las provincias, quedó claro con lo que pasó este año”, dijo el presidente de UP. 

Respecto a este año, en el que se prorrogó el presupuesto de 2023 -diseñado en 2022-, el opositor alertó que “es un retroceso para la Argentina no tener presupuesto dos años seguidos”. En cambio, para el oficialismo “el negocio es no tener presupuesto o tener el que quiere Milei sin cambios. Por eso volvieron al plan original de no tener presupuesto”. 

“Todo esto va en contra de que la Argentina tenga presupuesto”, insistió y remarcó que “una Argentina sin presupuesto condiciona gravemente la acción presupuestaria de las provincias en cada uno de sus territorios”. 

Martínez sumó: “Es un retroceso institucional para la República Argentina que dos años seguidos no se tenga la ley de Presupuesto. Y obviamente que vamos a entrar en conversaciones con los otros bloques para ver qué tipo de posición tienen al respecto”. 

Por su parte, el jefe del bloque radical Democracia para Siempre, Pablo Juliano, manifestó en su perfil de la red social X que “el Gobierno no quiere Presupuesto 2025, nunca lo quiso. Se siente más cómodo sin una ley sancionada por el Congreso y sin el control parlamentario. La reconducción del Presupuesto 2023 da vía libre a un ajuste aún más insensible”. 

En el mismo sentido, el formoseño Fernando Carbajal recordó: “Lo dije hace varios días. El gobierno no quiere presupuesto. No quiere leyes ni controles. Vienen por la Constitución, el Estado de derecho y la República”. 

“Sin consensos sobre el Presupuesto 2025, el presidente prefiere administrar los recursos a su antojo, desconociendo el rol del Congreso y los acuerdos con los gobernadores. Finalmente, termina pareciéndose a todo lo que criticó y gobernando con autoritarismo y sin diálogo”, fue el mensaje de la socialista Mónica Fein, de la bancada Encuentro Federal. 

En tanto, su par Esteban Paulón señaló que “el anuncio de @jlespert significa el cierre de las negociaciones por el Presupuesto 2025 y deja en el aire el plan Milei. El gobierno de @JMilei prefiere administrar los recursos públicos a su antojo, a sola firma, y despreciando al Congreso de la Nación y a los gobernadores”.

“Este gobierno nunca quiso un presupuesto para gobernar. Persiguen otro plan, lejos de las instituciones y de los controles, de características totalitarias. Milei viene por todo mientras algunos todavía miran para el costado”, opinó la cordobesa Natalia de la Sota. 

Con un escueto anuncio encabezado por el diputado José Luis Espert, que dejó más interrogantes abiertos que saldados, La Libertad Avanza confirmó que estirará las negociaciones por el proyecto de ley de Presupuesto 2025, sobre el que este martes se iba a dictaminar en una reunión de comisión que se suspendió a último momento. 

“Todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero”, dijo Espert sobre los acuerdos que no alcanzaron el oficialismo y la oposición dialoguista, con los fuertes reclamos de los gobernadores detrás. 

Si bien Espert manifestó la “voluntad” del Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei de “seguir trabajando” para lograr consensos y contar con un Presupuesto nuevo para el año que viene, desde la oposición sospechan que la estrategia final del Poder Ejecutivo es prorrogar el plan de gastos y recursos que viene desde 2023 -diseñado en 2022 durante la gestión del Frente de Todos y prorrogado a lo largo de este año-.

Sin que todavía haya definición sobre la prórroga de sesiones ordinarias o la convocatoria a extraordinarias en diciembre por parte del PEN (lo primero es lo más improbable), el plazo límite para dictaminar proyectos en período ordinario vence este miércoles 20, día en que hay convocada una sesión para tratar ficha limpia y otros temas. 

Desde un atril ubicado en el Salón Pasos Perdidos, y sin aceptar preguntas por parte de la prensa acreditada en el Congreso, Espert expresó que “tras dos meses de intenso trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hemos recibido a siete funcionarios del Poder Ejecutivo de distintas áreas con más de 30 horas de reuniones de trabajo; sin embargo, todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero”. 

Luego de afirmar que por ese motivo se decidió la suspensión de la reunión, el libertario sostuvo: “Que quede claro, la voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener Presupuesto 2025”. 

“Si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el PEN evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento”, agregó el presidente de la Comisión de Presupuesto, sin certezas así de qué pasará en los próximos días. 

Al recordar que este martes se cumplió un año del triunfo de Milei en el balotaje contra Sergio Massa, Espert ratificó la regla fiscal del oficialismo. “Con déficit cero todo, sin déficit cero nada”, aseveró.

El oficialista defendió además que “el déficit cero es clave para que desaparezca el flagelo de la inflación”, la cual “es un fenómeno monetario hijo del financiamiento monetario del déficit fiscal”.  “El déficit cero no es una epifanía que a los liberales que acompañamos al presidente nos apareció, sino que es la comprobación de que con déficit cero la emisión es cero, y con emisión cero no hay inflación”, que “es el peor impuesto para cualquier argentino, para los pobres y para las PyMEs”, completó. 

Foto: HCDN

La Comisión de Presupuesto y Hacienda estaba citada este martes a las 15 y una hora y media antes se suspendió abruptamente. El escenario que le esperaba a LLA no era el mejor y eso fue lo que se evaluó este martes por la mañana en una reunión que Espert junto a Martín Menem, titular de la Cámara baja, mantuvieron con funcionarios en Casa Rosada. 

La falta de acuerdos con los gobernadores originó la decisión del oficialismo de no realizar la reunión en la que la oposición dialoguista podía llegar a firmar un dictamen propio, abriendo la posibilidad de que LLA quedara en soledad e incluso se impusiera por mayoría un despacho de Unión por la Patria (por la cantidad de integrantes).

El correo que recibieron en sus casillas los diputados tomó por sorpresa incluso a los bloques aliados del Pro y la UCR, quienes no estaban anoticiados de los pasos que daría el oficialismo. Al cierre de la semana pasada estos dos bloques comenzaron a ver con serias chances la opción de no ir a un dictamen con disidencias -sobre el texto del Poder Ejecutivo-, sino con un texto propio que atienda las demandas de los mandatarios provinciales, quienes durante la reunión en el CFI el pasado jueves aunaron quejas sobre sus reclamos no atendidos desde Casa Rosada. Por su parte, el bloque Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto ya tenía su dictamen alternativo preparado hace semanas. 

Actores principales en el fracaso de la sesión especial pedida por la oposición para el martes pasado (para reformar la Ley de DNU y rechazar el DNU sobre canje de deuda), los gobernadores sienten que no les han cumplido en nada. En el Presupuesto 2025 tienen especial interés en la incorporación de cinco pedidos: que el 1,9% de coparticipación que iba a financiar la exAFIP, hoy ARCA, retorne a las provincias; coparticipar el impuesto a los combustibles; la distribución del excedente de los ATN no utilizados; una compensación referida al Pacto Fiscal de 2017; y la deuda sobre las cajas previsionales. 

Tras el anuncio de Espert, uno de los diputados del bloque oficialista aseguró a parlamentario.com que la oposición “se está aprovechando de una minoría para cada uno sacar el Presupuesto que quiere”, y que el Gobierno sí quiere dar una “señal institucional” y tener Presupuesto. En la oposición no piensan lo mismo. 

El diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza Alvaro Martínez presentó en las últimas horas un proyecto de ley con el fin de evitar que las personas condenadas con sentencia firme puedan cambiar de género hasta completar la pena impuesta por la Justicia. Tampoco podrán hacerlo los menores de 18 años. Para tal fin el legislador libertario propone modificar el artículo 4 de la Ley 26.743 de Identidad de Género.

El diputado de La Libertad Avanza reconoció que “debemos darnos un debate serio sobre la Ley de Identidad de Género, su modificación o derogación”. En tanto, aseguró que “este proyecto de ley tiene como finalidad la prevención de fraudes siendo utilizado el cambio de sexo en el documento por personas imputadas para evadir la justicia o crear confusión en las investigaciones y en la aplicación y modo de ejecución de la pena. Como así también, brindar seguridad y orden público para que las fuerzas de seguridad puedan realizar su trabajo con mayor eficacia”.

La iniciativa impulsada por el legislador mendocino establece que las personas que quieran modificar su género ante el Registro Nacional de las Personas no podrán tener una condena con sentencia firme hasta tanto cumpla la totalidad de la pena impuesta por la Justicia. “En el caso de las personas imputadas en un proceso penal, la rectificación registral quedará supeditada al momento del dictado de la sentencia. En el caso de la condena firme hasta que no cumple la totalidad de la pena impuesta no podrá acceder a su inscripción registral con el nuevo sexo”, precisó el diputado.

Alvaro Martínez entiende que el Estado para el cumplimiento de sus fines, para garantizar el orden público, para la seguridad y la paz social debe poner límites. “Todos los ciudadanos pueden gozar en libertad el reconocimiento de sus derechos sin entorpecer los del otro. Ahora, cuando las acciones o palabras de otros afectan al resto, inmediatamente se deben establecer límites aunque en ocasiones estos derechos suelen ser difusos. Es necesario entender la premisa que se deben utilizar los derechos sin vulnerar el de los demás”, concluyó el diputado mendocino.

Al filo de que venza el plazo para dictaminar, y aún sin saber si el Gobierno convocará a sesiones en diciembre, la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados fue suspendida abruptamente este martes a dos horas de su citación.

La falta de acuerdos con los gobernadores originó la decisión del oficialismo de no realizar la reunión en la que la oposición dialoguista podía llegar a firmar un dictamen propio, abriendo la posibilidad de que La Libertad Avanza quedará en soledad e incluso se impusiera un despacho de Unión por la Patria (por la cantidad de firmas).

Las explicaciones del por qué de la suspensión las dará el presidente de la comisión, el oficialista José Luis Espert, quien hablará en el Salón Pasos Perdidos a las 14. Según supo parlamentario.com, la letra del anuncio terminó de definirse en una reunión que este martes por la mañana tuvieron en Casa Rosada Espert y Martín Menem, titular de la Cámara baja, con funcionarios.

El correo que recibieron en sus casillas los diputados tomó por sorpresa incluso a los bloques aliados del Pro y la UCR, quienes no estaban anoticiados de los pasos que daría el oficialismo. Al cierre de la semana pasada estos dos bloques comenzaron a ver con serias chances la opción de no ir a un dictamen con disidencias -sobre el texto del Poder Ejecutivo-, sino con un texto propio que atienda las demandas de los mandatarios provinciales, quienes durante la reunión en el CFI el pasado jueves aunaron quejas sobre sus reclamos no atendidos desde Casa Rosada. 

Actores principales en el fracaso de la sesión especial pedida por la oposición para el martes pasado, los gobernadores sienten que no les han cumplido nada. En el Presupuesto 2025 tienen especial interés en la incorporación de cinco pedidos: que el 1,9% de coparticipación que iba a financiar la exAFIP, hoy ARCA, retorne a las provincias; coparticipar el impuesto a los combustibles; la distribución del excedente de los ATN no utilizados; una compensación referida al Pacto Fiscal de 2017; y la deuda sobre las cajas previsionales. 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a reunirse este martes a partir de las 15, con el objetivo concreto de alcanzar un dictamen que permita el debate del proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2025 este jueves en el recinto. Un fin concreto pero de nada sencilla resolución, según se advierte a partir de las informaciones que provienen de los bloques involucrados en la discusión.

La novedad que asiste a esta discusión es que los bloques opositores parecieran tener mayor preocupación que el propio oficialismo respecto de la aprobación de la ley de leyes. No por nada desde el Gobierno se baja la línea que repite todo diputado al que se consulte, respecto de que no hay ningún inconveniente en que no haya acuerdo y, en ese caso, el Ejecutivo tenga que volver a prorrogar el Presupuesto 2023 votado por otro Congreso, allá por diciembre de 2022. En ese caso, el Gobierno reconduciría el Presupuesto vigente y administraría los recursos con la discrecionalidad que eso prevé. Y sobre cifras que han quedado largamente superadas por la inflación de todo este tiempo.

Los gobernadores son los principales preocupados de la situación imperante. Y fueron ellos los que expresaron sus quejas días pasados en el CFI, cuando en una reunión entre un puñado de mandatarios provinciales quedó claro que ninguno siente que sus planteos hayan tenido eco en el Gobierno.

La oposición tiene plan B para el caso de que no haya acuerdo. Por un lado, Unión por la Patria anticipó el jueves pasado que presentarán su propio dictamen. Encuentro Federal también ha dejado saber que presentarán otro dictamen en minoría, en el que ha estado trabajando Nicolás Massot.

El oficialismo prepara el dictamen propio y espera contar con las firmas suficientes para ser el de mayoría. Pero si eso no sucede, si las negociaciones fracasan, no se descarta que la UCR y el Pro se alineen con sus gobernadores y terminen sumándose al dictamen de Encuentro Federal. Todo eso se irá develándose en el transcurso de este martes.

Actores principales en el fracaso de la sesión especial pedida por la oposición para el martes pasado, los gobernadores sienten que no les han cumplido nada. Quieren incorporar a la coparticipación que reciben el 1,9% de la recaudación para sostener la estructura de la ex AFIP, hoy ARCA. También sumar a la masa coparticipable la asignación específica que establece el impuesto a los combustibles destinado al subsidio del transporte del interior. Es un 2,55% del impuesto a destinado a compensar el transporte y obras públicas. El oficialismo tiene otros fines para ese monto.

También piden distribuir el excedente de los ATN no utilizados, y una compensación referida al Pacto Fiscal de 2017.

Hasta ahora no se han puesto de acuerdo con el Gobierno en nada de esas demandas.

Por lo demás, la oposición insiste con elevar los recursos para universidades nacionales, que el Gobierno condiciona a la eliminación de las PASO, algo que los bloques que definen ya le han dicho que no harán.

¿Habrá dictamen al final del día? Por ahora, eso es final abierto.

Esta será una semana muy intensa en la Cámara baja, donde habrá un martes plagado de reuniones de comisión, con la lógica que imprime el hecho de que al día siguiente vence el plazo reglamentario para dictaminar. Y con el agregado de que hay una sesión prevista precisamente para este miércoles.

Con todo, la centralidad de este martes estará dada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert, en la que buscarán dictaminar finalmente para poder ir al recinto. Lo que parecía ser la semana pasada un camino aceitado, aparece con escollos. Se advirtió durante la reunión de gobernadores que se realizó el jueves en el CFI.

Si hay dictamen y el proyecto queda habilitado para llegar al recinto, no perderán tiempo. La sesión será el mismo jueves, con lo cual la Cámara baja tendría dos días intensos en el recinto, con sesiones miércoles y jueves. ¿Por partida doble el segundo día? Se verá.

Vayamos por partes. El miércoles está convocada la sesión pedida por el Pro y La Libertad Avanza para tratar finalmente el proyecto de ficha limpia. Será a las 12, y el temario incluye un proyecto que establece el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia; y el que restituye el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior, promovido por Cambiemos durante esa gestión y derogado por Alberto Fernández después de 2019.

Se sabe que buscarán modificar el texto que salga aprobado de ficha limpia, sobre el tema hay cuatro dictámenes. El de mayoría, suscripto por el oficialismo y bloques de la oposición dialoguista -Pro, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y CREO-, que establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales. Con un texto que establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. Allí se contemplan los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria tiene un dictamen propio, que establece que la prohibición deberá ser por condena firme de la Corte Suprema de Justicia e incorpora los delitos económicos. Hubo, además, un dictamen planteado por el diputado radical Fernando Carbajal y otro por Vanina Biasi, del Frente de Izquierda.

La iniciativa sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, se propone la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, donde se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.

La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Finalmente, el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.

¿Jueves de Presupuesto?

Si sale el dictamen del Presupuesto, el jueves, o más probablemente en la madrugada del viernes, la ley de leyes tendrá media sanción. Para el mismo día la oposición espera realizar la sesión “prorrogada” del martes pasado. Dependerá, precisamente, de lo que suceda con el Presupuesto. Si hay acuerdo con el mismo, no habrá una segunda sesión para avanzar con la reforma de la ley que regula los DNU, ni rechazo al decreto 846 del canje de deuda. Si no hay presupuesto, pasará entonces lo contrario. Una cosa está atada a la otra.

Como sucedió la semana pasada, cuando el compromiso por la ley de leyes hizo cancelar la sesión en la que la oposición confiaba asestarle dos derrotas de alto impacto al Gobierno. Pesó la postura de los gobernadores, que necesitan el presupuesto y convencieron a los diputados necesarios para obturar el quórum. Pero después pasaron cosas. O no pasó lo esperado.

El oficialismo confiaba en tener el dictamen el jueves pasado, aunque no era seguro. Cuando el presidente del bloque UP, Germán Martínez, le preguntó si pensaban firmar dictamen durante esa reunión, Espert fue sincero: “Veremos durante el día”. Por eso hasta se lo vio sosegado al presidente de la comisión, que hasta le permitió a Christian Castillo extender su oratoria sin frenarlo… Mientras tanto, se negociaba.

La cuestión está trabada con los gobernadores. Las modificaciones vinculadas con procedimientos y regla fiscal, el artículo que prevé qué sucede si los ingresos se reducen, pero le da discrecionalidad al Gobierno sobre qué hacer si los ingresos son superiores a los calculados. Algo que la oposición quiere modificar. Todo eso avanzó de manera positiva.

Sin embargo, los gobernadores terminaron la semana que pasó muy molestos porque ninguno de los planteos que hicieron sobre la coparticipación fue concedido. El Gobierno no cede en materia de obras, ATN, AFIP, cajas previsionales… Por eso el jueves no hubo dictamen. Buscarán llegar a la reunión de Presupuesto y Hacienda prevista para este martes a las 15 con algún avance en los acuerdos. La oposición dialoguista quiere que haya un presupuesto; el Gobierno se hace el desinteresado respecto del mismo, pero sabe que es un reclamo del FMI. Y además, si no hay dictamen martes o miércoles y vencen los tiempos… se revitaliza la sesión del jueves en la que la oposición avanzaría contra los DNU.

Escenario complicado por donde se lo mire.

En su intervención ante la comisión, la diputada Julia Strada (UP) cuestionó “la discrecionalidad de la regla fiscal, que postula el proyecto oficial en su artículo 1°”, según el cual “frente a cualquier caída de la recaudación por parte de lo establecido, el Gobierno decide qué es lo que ajusta”, y se preguntó cuáles son las partidas que resignarían en caso de tener un problema con la recaudación.

Recordó habérselo preguntado a los funcionarios, cuando estuvieron en la comisión, pero advirtió que “nadie respondió cómo se ejecuta esa regla fiscal. No saben, no les interesa… Es la discrecionalidad absoluta del presidente Milei. Es casi como cerrar el Congreso otorgarle esa posibilidad, que encima es in eternum”.

Se quejó porque además el presupuesto elimina mínimos garantizados, y citó el 6% de financiamiento de la educación, el financiamiento de la ciencia y la tecnología, e incluso el financiamiento para equipamiento de las Fuerzas Armadas, cosa que consideró “una tremenda contradicción” para esta gestión.

La diputada santafesina hizo eje en buena parte de su discurso en lo expuesto por los funcionarios que defendieron el presupuesto en esa comisión. Citó el caso del titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, que “confirmó que el bono para las jubilaciones de la mínima va a estar congelado para todo el 2025 en 70.000 pesos. También confirmó De los Heros que se termina la moratoria previsional en marzo de 2025; quienes no tengan los 30 años de aporte, no se pueden jubilar más a partir del año que viene… Y no hubo nada que modificara la voluntad del Poder Ejecutivo en este aspecto”.

Citando al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, recordó que dijo que “no hubo recorte del salario” de los docentes universitarios, sino que “hubo actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria”. Con lo cual, concluyó, confirmó que los salarios cayeron con respecto a la inflación. Hubo silencio cuando le preguntaron sobre eso, recordó.

En cuanto a la paralización de obras en universidades, dijo que “vinieron a la Cámara de Diputados a mentir. Dijeron que las obras las paralizaron los sectores”, siendo que sostuvo que un funcionario del ministro de Economía “los instó a pararlas porque no eran prioritarias”.

En cuanto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, “dijo que una computadora por chico no es fundamental para el aprendizaje, con lo que confirma que la partida de Conectar Igualdad va a caer para el año que viene”.

También citó dichos de la exfuncionaria Yanina Nano Lembo, y entre otras cosas sostuvo que “es mentira” el anuncio de la ministra Sandra Petovello respecto de las Becas Progresar.

Strada se quejó por “la discrecionalidad para la administración de los pasivos”, y alertó en ese sentido contra la reglamentación establecida y respaldada con el decreto 846, del canje de deuda. Según eso, “no pasarán por el Congreso de la Nación para el arreglo de deuda, infringiendo el artículo 75 de la Constitución Nacional. Tampoco piensan cumplir con la Ley de Administración Financiera”.

Sostuvo la diputada de UP que “quieren volver a endeudar a la Argentina, porque es una mentira que quieren pagar la deuda. Quieren postergar los pagos. El DNU lo sacaron porque necesitaban tener la herramienta para sacarse de encima los vencimientos”.

Por último, aseguró que “hoy estamos acá no porque Espert se iluminó, sino porque Unión por la Patria y otros bloques planteamos rechazar este DNU sacado por izquierda y a escondidas, y eso le molesta muchísimo al ministro Caputo: Le arruina el programa financiero que discutamos el DNU”.

A cambio de que se cayera la sesión del martes, dijo, “tenemos esta comisión discutiendo el presupuesto. Tiene que ver con el logro de UP de plantear los temas que al Gobierno sí le molesta y le duelen, seguimos convocando para el 21 para rechazarlo”. “Pero es muy importante también que el artículo 54 del proyecto oficial se retire, porque es inconstitucional y viola la Ley de Administración Financiera. Por eso vamos a rechazarlo, y además vamos a plantear cuáles son las partidas de gastos que queremos que se mantengan en el 2025, respecto de los niveles que venimos defendiendo de 2023, que en definitiva eran más altos”.

Luego de ser nominado vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado de Unión por la Patria Carlos Heller estrenó el cargo con un mensaje en el que anunció la elaboración de un dictamen propio de Presupuesto. Un trabajo que “parte de la idea de que nuestra visión nos lleva a tener un cuestionamiento total de lo contenido en el mensaje del Ejecutivo y todo esto se origina lógicamente en que, en nuestra visión, este proyecto apunta decididamente a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado que se viene llevando a cabo desde que asumió esta administración”.

El proyecto oficial, dijo, “claramente está en las antípodas de las políticas que los diputados de Unión por la Patria nos hemos comprometido a implementar ante nuestros votantes. Queremos otro tipo de país que el que resultaría de tener éxito esta propuesta”.

“Lo primero que tenemos es un fuerte cuestionamiento a la regla fiscal”, dijo Heller, recordando a continuación frases del presidente Javier Milei en oportunidad de presentar precisamente el proyecto de presupuesto el 15 de septiembre pasado. Recordó que habló entonces de “equilibrio fiscal sin importar el escenario económico”. Milei dijo esa vez que “el déficit siempre fue consecuencia de pensar cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés: ver cuánto ahorrar y ver después cómo gastarlo”, evocó Heller.

A juicio del vicepresidente primero de Presupuesto, “se está haciendo omisión de que el presupuesto sería, según nuestra visión, ver qué necesidades tiene la sociedad y a partir de allí ver cómo se generan los recursos para hacerlo factible”.

“Si los ingresos son mayores, el gasto automático podría aumentar en línea con los ingresos, pero el discrecional se mantendrá congelado. El automático está obligado, no es ninguna concesión, pero el otro es gravísimo”, continuó el diputado de UP.

Dijo también el presidente hace justo dos meses, que si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional hasta alcanzar el déficit cero.

Para Heller, “acá hay una serie de cosas que son absolutamente discutibles: decir que el gasto público no tiene que ver con el privado es, como mínimo, una subestimación a la inteligencia colectiva. Creemos que este planteo filosófico que contiene este proyecto de presupuesto es insostenible por donde se lo mire y generará menos actividad y más pobreza”.

Sostuvo que el proyecto “está lleno de inconsistencias en las proyecciones de variables económicas. Parte de un supuesto de cuál sería el nivel de actividad de los meses que faltan del año. Ese cálculo está hecho, daría inflación de 1,4 y ese sería el piso sobre el cual se proyectaría en 2025”.

Heller puso en duda el crecimiento del 5% planteado en el texto del presupuesto, como así también alertó sobre “fuertes reducciones” para las empresas de servicios públicos, lo que a su juicio generará mayores aumentos de tarifas. También anticipó aumentos para los combustibles, a sabiendas de que los mismos “impactan en la actividad económica; eso es más ajuste, recesión y dificultades para poder mantener las proyecciones de inflación para el año que viene, que calculan en 1,4% para todo el año, cuando por ejemplo los organismos internacionales pronostican una inflación de más del doble, bastante en línea con lo que pronostica el REM”.

“Nosotros cuestionamos el presupuesto porque además de lo mencionado, hay ajustes significativos en general, pero también en ítems que para nosotros son sumamente sensibles, como ciencia y tecnología, educación y cultura, seguridad social, viviendas… -enumeró-. Esto significará inevitablemente afectaciones profundas sobre el bienestar de nuestra población”.

Heller anunció que en el dictamen que elaboró UP “vamos a incluir un capítulo vinculado al contenido del decreto 846, en lo que hace al financiamiento del Estado nacional, porque entendemos que hay un cambio de reglas”. El legislador dijo que proponen “la eliminación del texto que establecía las condiciones en las que se podía negociar y se abre al Poder Ejecutivo la posibilidad de negociar sin límites”.

“Por otro lado eliminar la condición de que dos de las tres condiciones deberían estar condiciones en la negociación, le deja al poder ejecutivo manos libres para negociar de cualquier manera y eludir el funcionamiento del Congreso -agregó-. Aceptarlo es anular una facultad que tiene el Congreso de la Nación y en particular la Cámara de Diputados”.

“Más crédito del FMI sería más condicionamiento para las políticas públicas, más recortes”, advirtió.

Luego habló de propuestas modificatorias respecto a las asignaciones familiares, estableciendo que las mismas serán móviles, con actualizaciones mensuales. Crédito para financiar gastos de financiamiento de universidades nacionales, que cuantificó en 5.193.000.000.000 de pesos, una cifra ajustable trimestralmente según el IPC de los últimos tres meses.

Plantean también en el texto de UP restablecer la vigencia del Incentivo Docente por un año. Establecen también una cifra vinculada a los gastos de capital, un incremento adicional por movilidad para las prestaciones que  integran el sistema SIPA. “Planteamos un incremento de 95 mil pesos que será actualizado por el IPC. Son los $70.000 de noviembre, actualizados a marzo y desde ahí con el índice. Y para todos los jubilados, sin discriminación de categoría”.

Atrás quedaron las dudas respecto de las intenciones oficiales de continuar el debate del proyecto de Presupuesto Nacional 2025. Dudas totalmente fundadas y que muy probablemente se hubieran corroborado en los hechos de haber tenido otro destino la sesión convocada por bloques opositores para el martes pasado. Pero sorteado ese gran escollo por parte del oficialismo, ahora trabajan con el objetivo de dictaminar para dejar listo el texto para llegar al recinto en -máximo- dos semanas.

Por eso a las 10.22 de este jueves el diputado José Luis Espert dio inicio a una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la primera de las dedicadas a la ley de leyes del próximo año que no será informativa. Unión por la Patria ya anunció que presentará un dictamen propio. La izquierda también uno de rechazo.

En el inicio de la reunión de este jueves, Espert recordó que esta es la quinta reunión para tratar el Presupuesto 2025, y que sería la primera para analizar entre los diputados el texto del Ejecutivo. Cuando el presidente del bloque UP, Germán Martínez, le preguntó si la idea era dictaminar, el presidente de la comisión aclaró que “la intención está en discutir el presupuesto, ver todas las intervenciones que los diputados quieran tener, y veremos durante el día”.

Al cierre del encuentro que se extendió por casi cuatro horas, Espert anunció: "Seguimos trabajando en la elaboración para consensuar sobre algunas cuestiones del Presupuesto. Citaremos para el próximo martes 19 a las 15".

El inicio del debate

Luego de ser nominado vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado de Unión por la Patria Carlos Heller estrenó el cargo con un mensaje en el que anunció la elaboración de un dictamen propio de Presupuesto. Un trabajo que “parte de la idea de que nuestra visión nos lleva a tener un cuestionamiento total de lo contenido en el mensaje del Ejecutivo y todo esto se origina lógicamente en que, en nuestra visión, este proyecto apunta decididamente a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado que se viene llevando a cabo desde que asumió esta administración”.

El proyecto oficial, dijo, “claramente está en las antípodas de las políticas que los diputados de Unión por la Patria nos hemos comprometido a implementar ante nuestros votantes. Queremos otro tipo de país que el que resultaría de tener éxito esta propuesta”.

Para Heller, “acá hay una serie de cosas que son absolutamente discutibles: decir que el gasto público no tiene que ver con el privado es, como mínimo, una subestimación a la inteligencia colectiva. Creemos que este planteo filosófico que contiene este proyecto de presupuesto es insostenible por donde se lo mire y generará menos actividad y más pobreza”.

Sostuvo que el proyecto “está lleno de inconsistencias en las proyecciones de variables económicas. Parte de un supuesto de cuál sería el nivel de actividad de los meses que faltan del año. Ese cálculo está hecho, daría inflación de 1,4 y ese sería el piso sobre el cual se proyectaría en 2025”.

Por parte de la izquierda, Vanina Biasi recordó que desde el Frente de Izquierda ya dejaron claro que “estamos absolutamente en las antípodas de este proyecto que repudiamos fuertemente, porque es un dibujo, como suele pasar con todos los presupuestos, pero también porque consagra lo que han sido las políticas nacionales de este año con enormes recortes sobre sectores sensibles para la sociedad”.

“No son los primeros que hacen eso”, insistió, pero remarcó que “tiene que ser absolutamente rechazado porque recorta la educación, la salud, deja prácticamente sin fondos, como hemos denunciado, a toda el área para asistir a enfermos de VIH. Han recortado todas las todo lo que tiene que ver políticas asistenciales de mujeres y diversidades”.

Biasi aclaró que el Frente de Izquierda tendrá dictamen propio, y a su turno su par Christian Castillo aclaró que sería “de rechazo”. En su discurso, Castillo se quejó de que el presupuesto del Gobierno “no dice cuánto va a caer la pobreza, cuánto van a crecer los salarios reales, cuánto va a estar la desocupación, que es lo que a nuestro entender debería plantearse como objetivo de los gastos en función de los recursos que tiene un Estado”.

El diputado del MID Eduardo Falcone recordó que su bancada acompaña las políticas generales del Gobierno, pero aclaró que “solamente estamos planteando modificar algunas partidas que están vinculadas con el desarrollo nacional”. Al respecto citó un tema por el cual brega desde el inicio de su gestión: la continuidad de la autovía de la ruta 5. Al respecto, se presentó como “un férreo defensor del RIGI” y señaló que como tal querría que se pudiera financiar la obra con ese sistema. “Pero dado que los costos de los tramos de la autovía están por debajo de lo que propone el RIGI”, sugirió que para este período se incluya la autorización de la construcción de 90 kilómetros de autovía para el plazo de 3 años.

Así las cosas, propuso una modificación de la planilla de autorización de gasto plurianual y aumentar la partida específica de Vialidad que corresponde a ese período.

El resto de su propuesta tiene que ver con “partidas universitarias vinculadas al desarrollo argentino” que aseguró tendrían “muy poco impacto sobre las cifras totales del Presupuesto Nacional”.

En su intervención ante la comisión, la diputada Julia Strada (UP) cuestionó “la discrecionalidad de la regla fiscal, que postula el proyecto oficial en su artículo 1°”, según el cual “frente a cualquier caída de la recaudación por parte de lo establecido, el Gobierno decide qué es lo que ajusta”, y se preguntó cuáles son las partidas que resignarían en caso de tener un problema con la recaudación.

Recordó habérselo preguntado a los funcionarios, cuando estuvieron en la comisión, pero advirtió que “nadie respondió cómo se ejecuta esa regla fiscal. No saben, no les interesa… Es la discrecionalidad absoluta del presidente Milei. Es casi como cerrar el Congreso otorgarle esa posibilidad, que encima es in eternum”.

Su par de bancada Victoria Tolosa Paz expresó: “Es un presupuesto de ajuste y se profundiza el del 2024 en todas las áreas. Ratifican el sendero del ajuste a las jubilaciones en el Presupuesto nacional. No queremos un 2025 donde un tercio de la jubilación va quedando atrasada sin ningún tipo de compensación”.

Tolosa Paz apuntó contra los funcionarios del Gobierno que no asistieron a las reuniones como el ministro de Salud, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el de obra pública. “Este Presupuesto tiene un gasto público que pasó de representar el 20% del PBI al 15,2%, dentro de ese ajuste en un contexto de aumento de pobreza e indigencia, hay un recorte de casi 5 puntos del PBI y 2.3 de ese recorte son servicios sociales”, alertó.

“Vemos un ajuste inconmensurable en el área de niños y adolescentes, vemos la crueldad más grande. El presidente dice que aumentó la AUH y la Tarjeta Alimentar, sin embargo, es una gran mentira porque la inflación no paró de crecer y retiró el IVA. Hay un enrome ajuste para el 2025. Va a detenerse la recuperación de la AUH al calor de la inflación. También desalientan el empleo formal”, apuntó.

En política alimentaria, la diputada de UP comparó que desde el 2002 “nunca hubo una desinversión tan importante. En un contexto donde 7 de cada 10 chicos es pobre ajustan en esto. El Presupuesto refleja una disminución del 65,4% con respecto al 2023. Ley 25.724 sancionada en 2002 políticas de seguridad alimentaria que debe garantizar el Estado nacional en concordancia con las provincias”.

En materia educativa, indicó que hay ocho políticas que tienen impacto directo sobre la inversión en educación y seis de ellas llevan una reducción desde el 50 al 67,7% en las partidas. Sobre las Becas Progresar explicó que “el 35% va destinado a adolescentes para evitar la deserción escolar. En este Presupuesto se busca la reducción del monto y la cantidad”. También señaló la “desinversión” en el sistema de educación inicial con un ajuste del 58,8%. “Esta desinversión en la educación pública pone en riesgo el desarrollo de los próximos años”, alertó.

También cuestionó que no hay plan de alfabetización y que “hay una baja del 14% en salud”. Por último, denunció que “hay un brutal ajuste y desinversión en las provincias y al FONID. Ni hablar del subsidio al transporte y red nacional SUBE”.

El socialista Esteban Paulon lamentó que el proyecto “va a ser enviado al recinto tal como lo mandó el presidente”, y preguntó: “¿Para qué debatimos todas estas semanas? Creo que un ejercicio interesante de la comisión sería recetar diferentes modificaciones”.

“Si este Presupuesto no tiene cambios qué pasa con el acuerdo al cual habrían llegado los gobernadores de distintas provincias con el Gobierno. Hay muchas cosas que deberían resolverse en el Congreso, pero se resuelven afuera con cafecitos, reuniones. Si el acuerdo con los gobernadores son esos 6 puntos que están circulando es una actitud lamentable porque se les perdieron dos temas que son jubilaciones y universidades”, apuntó.

Al cierre del encuentro, el jefe del bloque de UP Germán Martínez señaló: “El mundo ideal para Milei en octubre era no tener aprobado el Presupuesto para el año que viene para darle discrecionalidad absoluta en el manejo presupuestario al Ejecutivo y tener vigente el DNU 846 de la deuda. Milei quería discrecionalidad en lo fiscal, en lo presupuestario, y en el manejo de la deuda”.

“El Gobierno va a buscar una excusa para no tener presupuesto y que le quede vivo el DNU 846”, denunció el santafecino y agregó: “Nadie les garantiza a los que puedan acordar este presupuesto con el Ejecutivo que se va a cumplir en la medida en que el artículo 1 esté redactado, así como está”.

Con un panorama mucho más claro que lo que aparecía hace apenas unos días, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja reanuda este jueves el análisis de la ley de leyes. La reunión está prevista para las 10 de la mañana y fue convocada el martes pasado, horas antes de la sesión especial que había pedido la oposición y que terminó siendo levantada. O “prorrogada”, tal la curiosa nota que sus organizadores elevaron a Martín Menem para confirmar que no llegaban al quórum ese día.

Lo cierto es que todo hubiera cambiado si esa sesión se hubiera llevado a cabo. Así lo habían dejado entrever desde el oficialismo, que enseguida vincularon el temario planteado desde la oposición con las negociaciones llevadas a cabo hasta entonces entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores sobre el Presupuesto. “Esta convocatoria atenta contra las negociaciones del presupuesto que se estaban llevando a cabo”, advirtieron entonces desde el Congreso, de ahí que todos imaginaron que el destino del Presupuesto 2025 estaba atado a la suerte de la sesión del martes.

En la mañana de ese día, y luego de intensas negociaciones llevadas adelante desde el jueves pasado, el Gobierno tenía la fuerte presunción de que las presiones habían tenido éxito y que los números en la Cámara baja les eran favorables. Cerca de las 15, hora prevista para el inicio de la sesión, el oficialismo ya tenía la certeza de que los convocantes no llegaban al número necesario para arrancar la sesión.

La jugada de atar el presupuesto a la sesión en la que los opositores se proponían propinarle un doble golpe al oficialismo tuvo claramente éxito. Y formó parte de la estrategia oficial el parate al que el oficialismo sometió durante las últimas dos semanas a la Comisión de Presupuesto. Esa habría sido la razón entonces de que en vísperas de la visita del ministro de Salud a la comisión que encabeza José Luis Espert, la misma se suspendiera. “Hasta nuevo aviso”.

Para este martes, la intención de la oposición era emplazar al oficialismo para convocar a la Comisión de Presupuesto y dictaminar, como así también ponerle fecha a una sesión. El diputado Ricardo López Murphy sería el encargado de llevar adelante el planteo. Con el llamado a reunirse para este jueves, la movida perdía efecto.

En el horario que debería haber tenido lugar la sesión, Espert, el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete José Rolandi, se reunieron con diputados del Pro y el radicalismo para avanzar con el presupuesto.

Según pudo saber parlamentario.com, la intención del oficialismo es tratar de dictaminar este mismo jueves. Contarían con el número suficiente de firmas, aunque todavía están negociando modificaciones puntuales para garantizar el dictamen.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda cuenta con 47 miembros. El oficialismo cuenta con las firmas de los 6 de La Libertad Avanza, los 7 del Pro, los 5 de la UCR, los 2 del MID, los 2 de Innovación Federal, 1 de la CC y 1 de Producción y Trabajo.

Unión por la Patria tiene 20 miembros en esa comisión y haría un dictamen en disidencia. Christian Castillo presentaría también el suyo por parte de la izquierda.

En caso de no alcanzar los acuerdos necesarios, la firma del dictamen se pospondría para el martes venidero. El miércoles -día de sesión pedida por el Pro y La Libertad Avanza, con un temario que aceptan los bloques restantes, menos UP y la izquierda- es 20 de noviembre, último día para dictaminar. El lunes es feriado.

La sesión para debatir el Presupuesto sería en la última semana de noviembre, probablemente el jueves 28. El debate en el Senado quedaría para las extraordinarias que el Gobierno insistía hasta hace pocos días que no convocaría. En ese caso, se limitaría el temario a la ley de leyes. Después, Congreso cerrado hasta marzo.

Luego de dos semanas sin actividad, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que conduce José Luis Espert fue convocada para este jueves para reanudar el debate del proyecto de ley del Poder Ejecutivo enviado al Congreso el pasado 15 de septiembre.

Recordemos que la última reunión de esa comisión se realizó el pasado 24 de octubre, y contó con la asistencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell. Si bien en esa oportunidad había trascendido que para la semana siguiente podía llegar a haber tres reuniones de esa comisión, eso no sucedió: no hubo ni una sola reunión y, por el contrario, se anunció una conferencia de prensa para el jueves siguiente que se desactivó minutos antes de concretarse. Luego se convocó a una reunión de Presupuesto para el jueves pasado, a la que había sido convocado el ministro de Salud, Mario Lugones, pero la misma también fue suspendida un día antes.

Es imposible no relacionar el anuncio de esta reunión de Presupuesto con la decisión de la oposición que había trascendido de intentar en la sesión de este martes hacer un emplazamiento, primero a la comisión, para que dictamine en fecha a determinar, y luego sesionar a plazo fijo.

La convocatoria para este jueves 14 de noviembre es en la sala del 2° piso del edificio Anexo C, y está suscripta por el director de la Comisión de Presupuesto, Ariel Seguí. Siguiendo con los tiempos que se manejaban hasta la semana pasada, la intención debería ser emitir dictamen este mismo jueves. Se verá.

El organigrama que el oficialismo había difundido de manera informal en los últimos días se modificó sustancialmente conforme se aproximaban las fechas previstas en el mismo. Lo que se esperaba era un esquema organizado en el que se contemplaban cuentas pendientes propias para el oficialismo y para con sus aliados más fieles -una y una al menos-, más el tradicional tratamiento del proyecto del presupuesto, cambió súbitamente.

Puede que esa alteración haya estado motivada en la arremetida final en el recinto de Diputados (por tratarse de fin de año y quedar solo tres semanas para el final del período ordinario), pero las señales muestran atisbos de una actitud deliberada en el sentido que parece estar siendo trazado por el oficialismo.

Digamos todo: el oficialismo ya tiene todo lo que deseaba para este primer año legislativo, que le debería dejar un gusto dulce, más allá de algún claroscuro. En materia de leyes, no podía pedir más con una composición tan escueta en ambas cámaras. Pero hasta en materia de promesas electorales debe darse por cumplido: cuenta con la Ley de Bases, más chica que la propuesta original, pero suficiente; y ha logrado resistir los débiles embates contra el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, que incluye innumerables modificaciones y es la génesis argumental para el embate contra la Ley 26.122, que reglamenta los DNU. Con eso puede darse más que por hecho en 2024, y si lo apuran, también para 2025.

En diálogos privados, las fuentes oficiales aclaran que las dos premisas que llevaron a La Libertad Avanza hasta el poder eran bajar la inflación y más seguridad, y eso lo dan por logrado. No hubo promesas electorales de orden legislativo, al menos de primera generación, y en la materia hicieron lo que podían hacer y más.

En el debe, ponen sí el no haber podido completar la composición de la Corte Suprema, pero quienes escuchan a esos voceros legislativos intuyen que esa sigue siendo una materia pendiente, mas no abandonada.

Llama la atención que en este análisis parcial no entre la aprobación del Presupuesto 2025, cuando el propio presidente Milei pareció darle preponderancia al ocuparse personalmente de presentarlo en el Congreso. Visto a la distancia, hoy esa puesta en escena no parece haber sido más que eso. Contrariando todas las tradiciones -a estas alturas, un clásico libertario-, poniendo al presidente en un lugar que debió haber ocupado el ministro de Economía, sin la obligación de recibir preguntas, y a este último exceptuándolo del trámite de ir a la comisión respectiva.

Llamó la atención que el oficialismo se tomara su tiempo para dar inicio al tratamiento del proyecto. Después de la presentación, se anticipó que dejarían libre la segunda mitad del mes, para arrancar recién con el debate en octubre. Llegado el mismo, se salteó la primera semana, dedicándola al inicio de otro debate coyuntural, el de la privatización de Aerolíneas.

También sonó extraño que en ese cronograma se hablara de reuniones semanales de la Comisión de Presupuesto, dejando casi sin tiempo el debate puntual entre los legisladores. El desfile de funcionarios fue en definitiva escueto, con eclécticos informes de funcionarios que salvo la presentación inicial de Carlos Guberman y Pablo Quirno, desviaron el eje de la discusión hacia orillas diversas.

Mientras tanto, se desarrollaban en otras oficinas diálogos con legisladores de aquellas bancadas que deberían brindar los votos para la aprobación del proyecto, siguiendo el esquema desarrollado en la etapa exitosa del debate de la Ley de Bases. Pero con diferencias: ni fue con todos, ni fue continuo, ni pareció productivo. Tampoco pareció cumplir su objetivo el “debate en espejo” prometido con senadores. Salvo la presencia de los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche en esas charlas privadas, y la aislada de algunos senadores interesados en las escasas reuniones de Presupuesto y Hacienda realizadas, no da la sensación de que cuando el proyecto llegue a la Cámara alta no despierte el interés modificatorio de un número importante de senadores, como sucedió con Bases.

Claro que para que eso suceda, antes debería haber una media sanción. Y a esta altura eso está en veremos.

Van dos semanas sin que la comisión que preside José Luis Espert se reúna. Y para la próxima, el tema sigue sin aparecer en la agenda. Esas ausencias abonan las dudas que crecen, de la mano de los dichos de voceros principalísimos del Gobierno que soslayan la importancia de contar con el presupuesto y dan crédito a la creciente sospecha de que, por primera vez en la historia, una administración prorrogará dos veces seguidas el último texto aprobado.

Llaman la atención también las suspensiones. Primero, la de una conferencia de prensa convocada sorpresivamente para el 30 de octubre para hacer “importantes anuncios” en torno al Presupuesto 2025. La suspensión se anunció diez minutos antes de las 17.30, hora prevista para la reunión. Se supo que el levantamiento obedeció al rechazo de los diputados del Pro, al enterarse de que allí se anunciaría la disposición a redireccionar hacia la educación, partidas provenientes de los fondos destinados a los partidos políticos. Una medida inconsulta, dejaron trascender legisladores aliados. La conferencia de prensa no fue reprogramada.

La semana pasada, también sorpresivamente para unos días en los que se había anticipado que no habría encuentros relevantes por estar buena parte de los legisladores en Estados Unidos, se anunció la reanudación del tratamiento del presupuesto, con la presencia del ministro de Salud. Un día antes, también se suspendió, por problemas de agenda. Sonó inquietante que al anunciarse el impasse, se hablara de “suspensión hasta nuevo aviso”.

Tampoco volvió a reunirse la “mesa de los lunes”, que junta a diputados del Pro y el MID con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La última vez que se hizo ese cónclave estuvieron también los radicales... E inmediatamente después vino la ruptura de ese bloque.

Todo el mundo sabía que la oposición buscaría convocar a debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, que para eso se apuró su dictamen. Para respetar acuerdos, no se intentaría hacerlo la semana que pasó, pero sí lo intentarían para la que viene. Y era de manual que no lo harían en el marco de la reunión formal que se esperaba pidiera el oficialismo para el miércoles 13, sino en una sesión especial que solo requiriera conseguir el quórum.

Sí sorprendió que al conocerse el temario del pedido hecho para este martes 12, se incluyera el tratamiento del decreto 846, sobre canje de deuda. Se sabía que ese objetivo estaba en la mira de los senadores de Unión por la Patria, pero finalmente lo impusieron sus diputados. El oficialismo acusó el impacto y, mientras se abocaba a tratar de desactivar esa reunión, dejó de lado la sesión que informalmente había programado para este miércoles. Podrá decirse que lo hizo ante la certeza de que no tendría los votos para aprobar la privatización de Aerolíneas Argentinas, tema insignia para esa sesión. Pero lo que queda claro es que prefiere mantener las puertas del recinto cerradas, pues tampoco convoca para tratar “ficha limpia”, un tema acordado fundamentalmente con sus socios del Pro. Proyecto que, por otra parte, fue dejado de lado en la sesión del 2 de octubre pasado, que se limitó a ley antimafias y Boleta Única de Papel.

En privado, fuentes oficiales admiten que no los desvela aprobar “ficha limpia”, que eso no estaba en sus propuestas electorales, como así tampoco la Boleta Única, y así y todo la aprobaron. Habrá que ver cómo reaccionan sus aliados del Pro ante el desaire, pues les queda claro que el oficialismo prefiere congelar un proyecto que de ser ley dejaría fuera de carrera a Cristina Kirchner, quien esta semana se espera sea condenada en segunda instancia, quedando así inhibida para ser candidata en caso de transformarse en ley el dictamen aprobado en Diputados.

Ya estaba claro que ese proyecto no regiría para las próximas elecciones, pues con la demora ¿deliberada? en Diputados, los tiempos ya no daban para la aprobación en el Senado. Y tratándose de un proyecto de orden electoral, no debería ser tratado el año que viene, de elecciones. Todos saben que si se tratara de un proyecto de interés del oficialismo, podría ser incluido en un temario acotado de extraordinarias. Eso no sucederá.

El presupuesto también podría tratarse en extraordinarias, de ahí que no debiera haber tantas dudas… pero ya el Gobierno se ocupó de decir y reiterar que no las convocará. Y no hay porqué dudar de semejante insistencia.

Se esperaba que esta semana se diera esa última sesión en Diputados para tratar otros temas, dictaminar el presupuesto y llevarlo al recinto esta semana. Y en una prórroga de ordinarias, hacer un debate exprés en el Senado.

Pero ya esta semana no se vislumbra la reanudación del debate del presupuesto en comisión, más aún si la oposición le asesta una derrota al oficialismo este martes de una semana ya poblada de reuniones de comisión, encima corta por el asueto del Día del Trabajador Legislativo, este lunes.

El diputado nacional Nicolás Massot advirtió sobre el conflicto con Aerolíneas Argentinas que “el Gobierno ha entrado al conflicto con ganas de tenerlo, no de resolverlo”, al tiempo que advirtió que en charlas privadas en el Parlamento los funcionarios reconocieron que no quieren privatizar a la empresa, “sino liquidarla”.

En diálogo con Radio con Vos, el diputado nacional de Encuentro Federal dijo que desde su espacio “no compartimos el sendero que eligió el Gobierno para llegar al equilibrio fiscal: no meterse con privilegios impositivos, pero sí con los jubilados, la educación y la salud”.

"Si efectivamente no hay plata, el esfuerzo fiscal tiene que ser parejo", expresó.

“Nosotros vemos que el Gobierno ha cerrado la Comisión” de Presupuesto y hacienda, y aclaró que “sí creemos que es importantísimo que la Argentina tenga un presupuesto”.

Coincidió con la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, pero aclaró que no comparten el sendero que eligió el Gobierno para alcanzarlo. “Nos parece que tomó el camino fácil, de no meterse con privilegios impositivos y sectores especiales que tienen exenciones tributarias, y meterse (en cambio) con los jubilados y con partidas muy sensibles como las de educación, salud, las transferencias a provincias y demás, y ahí están nuestras diferencias”, señaló.

Massot apuntó que “hemos presentado una propuesta precisamente para refinanciar esas partidas sociales que nos parecen prioritarias, con una revisión de lo que se llama el gasto tributario, que es ni más y menos que esas exenciones impositivas que reciben algunos sectores de la economía”. Y remarcó en ese sentido que “el esfuerzo fiscal tiene que ser parejo y eso estuvo ausente”.

Consultado por el tema Aerolíneas Argentinas, en el que su bancada ha presentado una propuesta, Massot sostuvo que “el Gobierno no quiere avanzar con la privatización; el Gobierno quiere liquidar la compañía. Lo que pasa es que la ley de privatizaciones actual en la Argentina engloba una delegación del Legislativo al Ejecutivo. Entonces, cuando a vos el Ejecutivo te pide una autorización para privatizar la compañía, no te tiene que especificar qué formato le va a dar”.

“Entonces puede ser vender una parte de las acciones; puede sr contratar un tercero para que la gerencie; o puede ser directamente liquidarla, desguazarla y vender los activos. Y vos en el Congreso le tenés que votar la ley por todo o por nada. Y darle la delegación”, resumió.

Massot precisó que el planteo de su bloque es el siguiente: “Nosotros estamos de acuerdo en que hay que encontrarle variantes al gerenciamiento de la compañía; en algunas cosas no estamos de acuerdo, entonces le acotamos el margen. Le dijimos: sí estamos de acuerdo en que se venda una parte del paquete accionario de la compañía y se incorporen socios privados que la modernicen y que hagan de la gestión de Aerolíneas una gestión más eficiente; también estaríamos de acuerdo eventualmente en que sin venta de acciones se celebre un contrato de gerenciamiento con algún tercero privado”. Pero advirtió que “en lo que no estamos de acuerdo es en que la compañía se liquide sin ninguna alternativa para el día después en términos de conectividad, y todo el impacto que eso tiene en la economía”.

“Nos parecen absolutamente fuera de lugar esas medidas de fuerza extremas con los pasajeros de rehenes que estamos viendo estos días; tampoco queremos que se mezcle el debate. A veces esta espuma lo que hace es facilitar soluciones que en realidad nos traen un problema peor”, alertó.

Aseguró además que “el Gobierno nos reconoció en el Congreso que no quiere privatizar Aerolíneas, sino liquidarla. Nos lo dijeron en el Congreso… No lo dijeron en la comisión, porque entiendo que no han tenido las agallas para hacerlo, pero en varias de las reuniones que ocurren dentro del Congreso y que forman parte de las discusiones que hacen a las diversas leyes, nos dijeron eso. Y de hecho fíjate que ahora, cuando el Gobierno dice ‘la mando a la quiebra’, es algo parecido y para mandarla a la quiebra no tienen que pasar por el Congreso. Ellos querían pasar por el Congreso para licuar un poco la responsabilidad política de hacerlo”.

A juicio de Massot, “el Gobierno ha entrado al conflicto con ganas de tenerlo, no con ganas de resolverlo. Tampoco han planteado leyes de emergencia para derogar los convenios colectivos que sin duda tienen que ser revisados.

Hay un montón de instancias que el Gobierno, si quisiese resolver este tema, todavía tiene por explorar, que ni siquiera las quiere explorar. Porque se siente cómodo con este conflicto, cree que revalida identidad planteando liquidar una compañía”.

“Bueno –agregó-, hay algunos que tenemos responsabilidades en lo que vaya a ocurrir, que teneos que mirar un poquito más allá. La verdad, es de necios no reconocer que hay un aporte económico real en tener conectada a la Argentina. La discusión es cuánto nos cuesta, no si tenerlo o no tenerlo”, precisó.

Llegó noviembre y el oficialismo busca llevarse varios triunfos legislativos en el final del período ordinario: Por un lado, el Presupuesto 2025, el cual continúa con su debate en reuniones informativas de comisión y por otro, el dictamen de la privatización de Aerolíneas Argentinas que está listo para que el tema sea tratado en el recinto de la Cámara de Diputados.

El diputado nacional Carlos Zapata (La Libertad Avanza – Salta) se refirió a ambos temas y se mostró optimista de conseguir los dos triunfos en el recinto. Asimismo, también habló del proyecto de ficha limpia, texto con despacho de comisiones que establece la prohibición para que aquellas personas condenadas por corrupción sean candidatas.

En diálogo con parlamentario.com¸ el legislador oficialista avistó una posible fecha para que el proyecto de la “ley de leyes” sea dictaminado y luego, tratado por la Cámara de Diputados en una posterior sesión. En tal sentido, destacó la labor de los funcionarios del Gobierno nacional por los acuerdos llevados adelante en virtud de lograr  los votos necesarios.

También, fue consultado por los tiempos de tratamiento de cada proyecto teniendo en cuenta que a finales de este mes culmina el período ordinario y  que, también, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que “no está previsto convocar a sesiones extraordinarias”. En tal sentido, confió en que el Presupuesto 2025 tenga media sanción antes del 30 de noviembre.

- ¿Confían en el oficialismo que se pueda avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas en el recinto de la Cámara de Diputados?

- Si. Primero que yo siempre tengo una actitud optimista. La conjunción, de apoyo a la iniciativa, de los distintos bloques no sé. Hace pensar que sí, de que vamos a estar en condiciones de conseguir las voluntades de conseguir la media sanción.

- ¿Cuál es el espacio a convencer?

- La respuesta es obvia: Unión por la Patria jeje. La Unión Cívica Radical, Innovación Federal, la Coalición Cívica también apoyó, el espacio de Miguel Pichetto (Encuentro Federal)… hay muchas voluntades que se han inclinado para apoyar. Yo creo que sí, que está al alcance juntar las voluntades.

- En relación al Presupuesto 2025, ¿cómo llevan el debate actualmente?

- Bien. Se viene avanzando mucho. Están trabajando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados (José Luis Espert), tambien está involucrado el de la Cámara de Senadores (Ezequiel Atauche) y los funcionarios vienen acompañando mucho como (Carlos) Guberman y (José) Rolandi que han tenido reuniones con distintos bloques. Se están evaluando determinados reclamos y requisitos sobre si vamos a aumentar en determinadas cuestiones y que se va a recortar. En principio, por lo que conozco, se van arribando puntos de encuentro. Yo calculo que la semana del 20 podemos estar con dictamen y llegando al recinto. Es una posibilidad y trabajamos para eso.

- ¿Con este panorama se prorrogarían las sesiones ordinarias?

- No hace falta, creemos que tendríamos la media sanción en ordinarias. Si hace falta, bueno en el Senado, que es lo que corresponde, son (sesiones) extraordinarias, más que prórroga.

- ¿Las leyes de interés del oficialismo, como por ejemplo ficha limpia, pueden llegar a ser tratadas dentro del período de sesiones extraordinarias?

- Es probable, como es probable que haya sesiones especiales antes de que se trate el Presupuesto. Tenemos varias leyes interesantes que tienen una muy buena adhesión de los distintos bloques que están en condiciones de llevar al recinto para tener media sanción, y eso forma parte de los acuerdos que se van logrando con la situación particular de cada bloque que tienen miembros que fueron a los Estados Unidos a observar las elecciones, pero depende el tiempo de regreso y los compromisos que tengan para acordar sesiones especiales. Mismo, también, pueden ser parte del temario de (sesiones) extraordinarias perfectamente.

Las recurrentes referencias oficiales minimizando la importancia de contar o no con el Presupuesto 2025 despertaron inquietud en los últimos días dentro de la oposición, respecto de las verdaderas intenciones del Gobierno de aprobar la ley de leyes.

Hizo ruido esta semana el mensaje del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que afirmó que el Gobierno no piensa convocar a extraordinarias. Ya ese funcionario había relativizado el interés oficial por aprobar el Presupuesto, y en la entrevista a la que hacemos referencia volvió a mostrarse despreocupado por la posibilidad de que no llegue a avanzar el proyecto del Ejecutivo presentado el pasado 15 de septiembre. “Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del Presupuesto actual”, dejó claro Francos.

Desde un primer momento la oposición más cercana al Gobierno tomó estas señales de “despreocupación” oficial como una estrategia de presión, a través de la cual dejaban claro que si desde la vereda de enfrente presionaban demasiado con cambios en el texto enviado por el Ejecutivo, no tendrían ningún problema en pegar el portazo.

Pero ahora se plantean desde esos sectores si realmente el oficialismo quiere tener el Presupuesto aprobado, o más bien prefiere lo contrario. A esta altura, hay muchos ya convencidos de esto último.

Llamó la atención desde el principio el cronograma planificado por el oficialismo para el tratamiento del proyecto, con reuniones semanales y espaciadas. Por caso, acaban de cumplirse dos semanas sin debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En rigor, se esperaba que esta semana no se reuniera la misma, por eso llamó la atención que se convocara para este jueves a una reunión a la que asistiría el ministro de Salud, Mario Lugones. Al final, la misma fue suspendida un día antes, “por razones de agenda”. Se desconoce si eso implica que ese funcionario vaya a concurrir la próxima semana, o si ya no irá. Pero lo cierto es que se esperaba que el próximo encuentro ya fuera para dictaminar, cuestión de llevar el texto al recinto la semana siguiente.

Aquellos que piensan que el Gobierno está “muy tentado” por prorrogar el presupuesto vigente dudaban igual de que por primera vez en la historia una administración optara por no aprobar la ley de leyes dos veces seguida, porque faltaba una buena excusa que justificara el portazo en cuestión. Parece que ahora la han encontrado.

La sesión de la discordia

No por esperado dejó de molestar a La Libertad Avanza el pedido de sesión de parte de la oposición para el martes que viene. El oficialismo planeaba convocar a una reunión para el miércoles próximo en la que tratarían la privatización de Aerolíneas Argentinas y ficha limpia. Dos temas de alto impacto que no dejaban margen para agregar uno más. Igual, sabían en cercanías de Martín Menem que la oposición se tomaría esta semana para juntar fuerzas y tratar de llevar al recinto la próxima el proyecto de reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia.

Lo que no esperaban era que se incluyera un tema más para esa sesión especial, como es la derogación del DNU 846/24 que habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.

Un tema realmente sensible para el Gobierno, por cuanto mientras a la ley de los DNU el presidente Javier Milei ya adelantó que si sale la veta, el rechazo al decreto de canje de deuda sería garantía de una derrota catastrófica posterior en el Senado, donde se alcanzaría fácilmente el número para derogarlo.

Altas fuentes parlamentarias del oficialismo hicieron notar a parlamentario.com que “ningún diputado identificado con los gobernadores firmó” el pedido de sesión. Tampoco lo hizo el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, advirtieron.

Para el oficialismo, “los gobernadores son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del Gobierno”. Sucede que “cada gobernador negocia a qué obras se le asigna presupuesto, del total que prometió el Gobierno anterior sin plata”.

Las fuentes consultadas advirtieron que la convocatoria opositora a sesionar el martes que viene “atenta contra las negociaciones del presupuesto que se estaban llevando a cabo”. Esta podría ser la señal que dé por tierra con el debate de la ley de leyes, advierten desde el espacio opositor.

La pregunta es ahora es si, ante tamaña situación planteada, la oposición, la oposición podrá reunir el número necesario para el quórum el martes que viene. Por ahora, sumando tan solo a los bloques convocantes, el número de diputados llega a 128. Sin contar a la izquierda, que sin duda se sumaría.

Pero dadas las circunstancias, habría que estar muy atentos a los diputados alineados con gobernadores para ver si el oficialismo logra neutralizar esa sesión, única alternativa para evitar una doble derrota en caso de que la misma arranque.

Luego de una semana sin reuniones por el Presupuesto 2025, se esperaba que este jueves 7 de noviembre a las 11 se reanudara el debate de la “ley de leyes” con la visita de Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación. Sin embargo, por cuestiones de agenda de los funcionarios del Poder Ejecutivo -según informaron fuentes del oficialismo-, el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se suspendió hasta nuevo aviso.

De esta manera, quedarán completas dos semanas enteras sin reuniones informativas vinculadas al proyecto del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2025, el primero de la era Milei. La última reunión fue la del pasado 24 de octubre cuando el secretario de Educación, Carlos Torrendell, participó del debate en la Cámara de Diputados.

Con esta nueva suspensión, surgen dudas respecto a los tiempos del tratamiento que tenía previsto La Libertad Avanza. Habrá que ver si finalmente el ministro de Salud se presenta la próxima semana. Lo cierto es que se esperaba la firma del dictamen para entonces, cuestión de llevar el proyecto al recinto la semana siguiente, probablemente el 20 de noviembre. Puede firmarse el dictamen el mismo martes 19, pero lo cierto es que los tiempos se acortan y la actividad en Presupuesto y Hacienda llama la atención por su baja intensidad. Legisladores de la oposición se quejan porque, a diferencia del tratamiento de otros presupuestos, las reuniones para debatir este proyecto han sido realmente “pocas y espaciadas”. “Sin hablar de que el ministro de Economía se resiste a venir a presentarlo”, acotó un legislador opositor.

Lo cierto es que mientras fuentes oficiales daban como lógico un debate del presupuesto en el recinto de Diputados para la semana del 20, para darle tiempo al Senado para tratarlo en tiempo y forma, un diputado de La Libertad Avanza confió otros tiempos a parlamentario.com. Dijo que el despacho del presupuesto estaría la semana del 20, y la sesión para darle media sanción sería el 27 de noviembre.

Esa alternativa se daría de bruces con las expresiones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien manifestó esta semana que no habrá sesiones extraordinarias. En este caso, es dable imaginar que, si se mantuviera a rajatabla lo expresado por el funcionario, se prorrogara el período ordinario en diciembre hasta que el texto sea tratado por el Senado.

Un plenario de las comisiones de Economía y de Análisis y Seguimiento de Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para escuchar la opinión de un puñado de investigadores, rectores universitarios y economistas sobre las perspectivas y el impacto del Presupuesto 2025.

El encuentro se llevó a cabo en el Anexo “C” bajo el tema “Argentina 2025: Perspectivas Económicas y Tributarias”. El titular de la Comisión de Economía, el pampeano Ariel Rauschenberger (UP) explicó que “el objetivo es recabar la opinión de expertos y especialistas sobre el impacto que tiene para el 2025 el Presupuesto desde el punto de vista macroeconómico y tributario que afecta a distintos actos de la realidad política y económica y social del país”, la reunión se dividió en tres bloques: Ciencia, Tecnología y Universidades; Centros de Estudios Económicos e impacto en provincias; y Sistema cooperativo.

El encargado de abrir la ronda de expositores fue el investigador del CONICET Agustín Salvia quien detalló que “Argentina viene padeciendo un problema estructural de empobrecimiento de clases medias y una marginación de sectores más pobres, pero esto no nace del actual contexto ni régimen económico. Esto se viene acumulando hace décadas que han sido muy corrosivas en la economía de alta informalidad con muy pocas capacidades productivas, producción de trabajos muy precarios y alta marginalidad laboral”.

En esa línea, precisó que la clase media viene experimentando un proceso de “deterioro en su capacidad de ahorro y de inversiones”. “Pensar un presupuesto para el próximo año en términos de diagnóstico socioeconómico es pensar que Argentina no es homogénea ni regional ni social”, analizó.

“La proyección es que la situación mejore si Argentina baja la inflación como viene sucediendo, sin que produzca desempleo y mejoras en el nivel de actividad en los sectores de consumo y de producción. Para el mercado interno la situación es recesiva. Es de esperar al año que viene una reactivación y una mayor tasa de crecimiento económico”, avizoró.

En esa línea, advirtió: “Pero nos vamos a encontrar con valores de pobreza del 40%, indigencia del 15% lo que habla de una Argentina que sigue teniendo problemas estructurales en materia de inclusión y de capacidad de incorporar a la población al mercado formal”.

“Hoy necesitamos romper la reproducción intergeneracional de la pobreza. Si bien necesitamos de un crecimiento económico que permita la creación de empleo para que las propias familias puedan invertir en su propio capital y desarrollo humano, también necesitamos que el Estado tenga capacidad de inversión en infraestructura social para romper ese circuito y que las provincias también hagan su trabajo. Eso implica una fuerte inversión en salud, educación y protección”, consideró.

Salvia sostuvo que los programas sociales son “insuficientes” para lograr ese objetivo y que “no son la medida educada para atender la transferencia de ingresos y resolver estos problemas”, y cerró: “Esto es grave en el país no en el actual contexto, se viene padeciendo este problema hasta en los gobiernos de (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner). Hay que crear inversión y trabajo e inversión en capital humano y no burbujas ficticias de consumo”.

Luego fue el turno de Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, quien expresó que la realidad del sistema universitario desde la economía del país implica que “históricamente el sistema universitario era el 0,8% del PBI cuando otros países tienen un arancel y están por arriba del 0,9%. Ahora estamos en un 0,4% del PBI”.

“El sistema científico y técnico que, muchas veces se visibiliza en el CONICET cuya base está en las universidades públicas y hoy la disminución de lo que implica el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología repercute directamente en lo que es el sistema de investigación de Argentina y en el sistema universitario y su relación con el futuro de la economía del país”, alertó.

Así, señaló que Argentina tiene más de dos millones y medio de estudiantes universitarios con un porcentaje menor y “calidad de graduados que es algo que ni siguiera se pone en discusión de que nuestros graduados son recibidos en cualquier empresa de Europa porque el nivel de la calidad universitaria de Argentina es enorme”.

Alpa indicó que el porcentaje del PBI “bajó casi a la mitad debido a la reducción del salario real de más del 50% y el salario docente y no docente el 90% del Presupuesto universitario”, y contó que mantuvo una reunión con embajadores alemanes quienes se sorprendieron por la baja inversión en ciencia y técnica y “Estaban muy extrañados por la baja en las universidades”.

“Desde diciembre de 2021 venimos trabajando con 7.1 de política universitaria que hace mucho de los temas que se venían comentando. Hace más de tres años que venimos trabajando fuerte en nuestras carreras como políticas como la duración de las carreras, el salario, las tecnicaturas, y escuela de formación profesión enfocado en la salida laboral en función de lo que el país necesita”, comentó.

Por último, el rector denunció que los programas de extensión que estaban en el presupuesto prorrogado “no se han ejecutado y fueron debilitados bajo las líneas de investigación. El prestigio de nuestros graduados es de excelente primer nivel en la formación. Es fundamental que esa economía se logra con la inversión del presupuesto y pública”, y remató: “Está en el futuro del país la inversión que se haga en ciencia, técnica y el sistema universitario”.

El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, denunció una “campaña de desprestigio de las universidades”, y alertó que “vamos a terminar el año con una participación del gasto público universitario en términos del PBI de una de las más bajas de 2006 a esta parte con un sistema universitario que es más grande que el de aquel entonces. Es un 0,5% del PBI es uno de los gastos en educación superior más bajos de casi los últimos 20 años con tasa de matriculación más alta de América Latina”.

Pinazo apuntó contra el Gobierno por sus críticas sobre la tasa de egresos y explicó: “Argentina tiene menos universidades por habitante que Brasil, que México”, detalló que según encuestas “en el área metropolitana de Buenos Aires se triplicó el número de egresados y el 42% pertenece a menores de ingresos por lo cual es falso que los pobres no llegan a las universidades”.

“Este recorte es inédito que nos ubica muy por debajo, con tasas de matriculación más alta en educación superior en América Latina”, remarcó y cerró: “Cuando discutimos Universidad pública en Argentina, no estamos discutiendo el derecho de quienes habitamos la Universidad, sino que hablamos de la capacidad de tener ciencia y tecnología, de tener grandes profesionales; es un derecho comunitario”.

En suma, el rector de la Universidad de Mar Del Plata, Alfredo Lazzeretti, expresó: “El Presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional prevé 3,8 billones de pesos; está bastante alejado del presupuesto que elabora anualmente el Consejo Interuniversitario Nacional, que en está alrededor de 7 billones pesos”.

Además, se refirió a que “para hablar del desarrollo de la economía del país ya no es más la ecuación capital-trabajo lo que va dinamizar la economía argentina en un futuro, es capital-trabajo y conocimiento”. Al respecto, manifestó que “el no invertir en las universidades públicas, que es donde se genera más del 80% de los graduados, es una decisión equivocada desde cualquier mirada ideológica que uno tenga cuando quiera analizar el desarrollo del país”.

Luego, instó a los legisladores a “poner énfasis y profundizar el análisis del presupuesto y de todas sus partidas, para ver de qué manera podemos contribuir a dotar al sistema universitario público argentino de un presupuesto que nos permita arrancar con cierta normalidad el ejercicio 2025”.

El titular de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, agregó: “Las Universidades tienen un rol importante para la sociedad, no solo como un factor de movilidad social ascendente, sino que además contribuyen al desarrollo del país. Necesitamos que se reconsidere el presupuesto ya que es insuficiente y no podemos brindar la calidad y eficacia que se nos exige”.

En materia económica, la directora del Centro de Economía Política Argentina, Alejandra Scarano, explicó que “el diagnóstico sobre el cual se elabora el Presupuesto tiene que ver con el déficit fiscal. Y para ello se hace un blindaje fiscal: este trata básicamente de que, si los ingresos son mayores a los previstos, se bajan los tributos; en cambio sí se recauda menos, se ajustan las partidas del gasto discrecional”.

En tanto, el profesor e investigador económico Guido Zack sostuvo que “la regla fiscal del Presupuesto tiene un mecanismo que es pro cíclico, cuando la economía crece más hay mayor disponibilidad de recursos y eso habilita a bajar impuestos, pero cuando crece menos provoca una reducción de gastos. Esta visión no tiene en cuenta la integralidad del sistema tributario y fiscal. El sistema actual es distorsivo, desigual y fomenta la informalidad”.

Al analizar los números del presupuesto en la parte tributaria, Guillermo Michel, ex director General de Aduanas, reafirmó que “este presupuesto no tiene ninguna norma específica respecto a normas tributarias, no prevé ninguna modificación tributaria de fondo, ni ninguna eliminación de exenciones, incluso nada respecto al ajuste por inflación”.

Luego, Mariana González, directora económica del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), hizo hincapié en las proyecciones económicas incluidas en el proyecto de presupuesto 2025. “Según la regla fiscal se pretende alcanzar superávit primario y financiero con bajos ingresos, con lo cual todo el ajuste que recae sobre el gasto es absolutamente extraordinario”, aseveró.

También, participaron Horacio Fernández y Mariana Rivolta, del Instituto de la CTA Autónoma. Fernández remarcó que “este Presupuesto necesita un cambio de 180°, para tener un compromiso con nuestra gente; por más que se introduzcan modificaciones, si no se anula la discrecionalidad estamos complicados”. En el mismo sentido, Rivolta puntualizó que “En este caso pensamos que la regla, justamente, es que no hay ninguna regla, que pueden hacer lo que dispongan en función de garantizar los superávits que los acreedores necesitan”.

En la continuidad, Roberto Arias, coordinador de políticas públicas de la consultora EGES, y ex secretario de Política Tributaria de la Nación, planteó los objetivos de la política económica en tres ámbitos: el de corrección de externalidad y provisión de bienes públicos; la redistribución del ingreso; y la estabilización y el crecimiento económico. “Creo que las reglas fiscales, evitar la asistencia monetaria del tesoro y tener un programa que vaya consolidando las cuentas es algo totalmente necesario”, sintetizó.

Del Centro de Investigación de Economía Nacional (C.I.E.N.), expuso Lucas Nieto Catania, acompañado por Lucila Martínez Pelliza, quien se mostró preocupado por las proyecciones macro del presupuesto al catalogarlas “excesivamente optimistas”. Por zoom, Alejandro Nicolás Pegoraro, de la consultora Politikon, de la provincia de Chaco, que resaltó que “aún con la caída muy fuerte de los ingresos, que generó una caída del gasto también muy importante, las cuentas públicas provinciales hoy están mostrando resultados positivos”.
En tanto, Vicente Alberto Pollola, asesor financiero de la Comisión Federal de Impuestos, también por zoom, se abocó en su exposición principalmente a la recaudación de los tributos que sean coparticipables o de asignación específica.

En el último bloque, de sistema cooperativo, Julián Moreno, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), formuló la idea de que “no existe en el mundo un país con aproximadamente cincuenta millones de habitantes que genere trabajo para toda su población activa y no considere fundamental su entramado industrial; hoy, Argentina, poco a poco lo está perdieron”. También formaron parte representando a Cooperar Alberto Bavestrello, su vicepresidente primero y Cesar Basañez; y Luis Usero, gerente General de la Cooperativa de Electricidad de Santa Rosa.

Tras casi un mes de trabajo ininterrumpido, la Comisión de Presupuesto, a cargo de la oficialista Paola Michielotto (VxM), finalizó las rondas de ministros en la que los funcionarios explicaban el alcance de los gastos proyectados en cada cartera en el Presupuesto 2025.

En esta última jornada de exposición estuvo presente el jefe de Gabinete, Javier Salas Bulacio; el administrador de AGIP, Germán Krivocapich; la subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores; y la subsecretaria de gestión operativa, Claudia Jaime; entre otros miembros del equipo.

De esta manera, Salas Bulacio señaló que “el compromiso es desarrollar una gestión ágil y eficiente, sosteniendo y profundizando la sustentabilidad de las cuentas públicas”.

Para el desarrollo de proyectos de inversión, manifestó que se acordaron préstamos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para obras viales, así como también con el Banco Interamericano de Desarrollo para la adquisición de equipos de diagnóstico por imágenes y la implementación de la Historia Clínica Electrónica. También aseguró que se planteó una estrategia de manejo de pasivos orientada a renovar los vencimientos de la deuda, extender los plazos existentes, y minimizar los costos y riesgos asociados, para fortalecer la sostenibilidad financiera de la Ciudad.

En materia de recaudación, la Administración Gubernamental de Ingresos públicos anticipó que se trabajará para rediseñar los impuestos patrimoniales con el fin de ir eliminando distorsiones y poder mejorar la progresividad tributaria. Asimismo, aseguró que proponen la expansión de uso de un sistema de compras electrónicas, a través de la implementación de nuevas tecnologías para mejorar los procesos licitatorios y en el uso de los convenios marco. Y anticipó que se impulsará un sistema de revisión de las redeterminaciones de las contrataciones adjudicadas para optimizar su ejecución.

Asimismo, anticipó que la AGIP mejorará la atención de contribuyentes para fortalecer la cultura tributaria con acciones que eleven el cumplimiento voluntario de las obligaciones, y reducir la evasión. Para ello realizarán la actualización del nuevo portal del Contribuyente con el objetivo de mejorar la experiencia de los vecinos al momento de hacer trámites y consultas.

El presupuesto proyectado para el próximo año será de 213.430 millones de pesos. “Desde el ministerio trabajamos todos los días para asegurar la eficiente utilización de los recursos aportados por los vecinos de la Ciudad”, sostuvo Salas Bulacio.

Cabe recordar que durante más de 20 días, expusieron la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo. También autoridades del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Magistratura y la Procuración General. Le siguieron la Sindicatura General, Jefatura de Gabinete de ministros, el Ministerio de Salud, de Justicia, de Seguridad, de Cultura, el de Infraestructura, de Desarrollo Humano, Espacio Público y de Educación. A lo largo de las jornadas, también asistieron las empresas estatales, entes autárquicos y organismos descentralizados de gestión como Autopistas Urbanas SA, Subterráneos de Buenos Aires SE, el Teatro Colón, la Corporación Buenos Aires Sur y el Instituto de la Vivienda.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó este martes la importancia de que se apruebe el Presupuesto 2025 y, por el contrario, aclaró que si eso no sucede seguirán prorrogando el actual. Recordemos que el Presupuesto vigente es el de 2023, pues el correspondiente al primer año de Javier Milei al frente del Ejecutivo no fue enviado al Parlamento.

Consultado por Radio Colonia, Francos señaló que “el Presupuesto está presentado en el Congreso, se está debatiendo… Nuestros funcionarios han hecho varias visitas”. Precisó también que su segundo en la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, está hoy en Estados Unidos, adonde viajó por las elecciones en ese país, pero “ha estado todos estos días hablando” en el Congreso sobre el Presupuesto.

“El Ejecutivo está abierto a escuchar todas las propuestas que el Congreso quiera hacer sobre el Presupuesto, siempre y cuando no modifiquen lo que es un tema fundamental, que es el equilibrio fiscal. Si eso no se modifica, y necesitan realizar algún cambio, bueno, tendrán que decir si le aumentan una partida a cuál le disminuyen”, planteó Guillermo Francos.

Aclaró el funcionario que “no tenemos una urgencia tampoco en que el Presupuesto sea aprobado. Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del Presupuesto actual”.

Cuando le preguntaron sobre las sesiones extraordinarias, Francos respondió que “no está previsto que se convoque a sesiones extraordinarias”.

También le preguntaron sobre el rumor que circula sobre la posibilidad de que los dos nombres propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema, a lo que Francos se desentendió: “Escuché el comentario; la verdad que no lo hemos analizado oficialmente”.

En el marco de la 12° jornada de ronda de Presupuesto 2025, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Miguel, se reunió con la Comisión de Presupuesto, a cargo de la oficialista Paola Michielotto, para dar precisiones acerca de los gastos que esa cartera prevé desarrollar el próximo año.

La funcionaria estuvo acompañada por su jefa de Gabinete, Julia Domeniconi; el subsecretario de Planeamiento Educativo, Oscar Ghillione; la subsecretaria de Gestión de Aprendizaje, Lucía Feced, entre otros miembros del equipo.

En ese contexto, Miguel presentó el plan “Buenos Aires Aprende”, el cual destaca la construcción de 108 nuevas escuelas, la ampliación de la jornada completa y la inclusión de inglés y educación digital desde temprana edad. También subrayó la creación de la Universidad de la Ciudad y la implementación del Plan Sarmiento.

Además, enfatizó la necesidad de construir políticas colectivamente para abordar los desafíos y detalló que en la elaboración del presente Plan participaron más de 1.700 directores, docentes, estudiantes y especialistas, con 40 encuentros organizados con supervisores escolares.

De esta manera, el plan contempla los “aprendizajes fundacionales”, mediante los cuales se pondrá el foco en lengua y matemática, con estrategias que combinan políticas universales y personalizadas. También se implementarán evaluaciones para medir el impacto de las políticas y ajustar estrategias en escuelas públicas y privadas.

Sobre esa misma línea, la funcionaria explicó que se buscará ampliar la jornada extendida, a fin de alcanzar a 17.000 estudiantes, con actividades adicionales dedicadas a lengua y matemática. Asimismo, anticipó que, en 2025, se implementará un programa piloto de capacitación en inteligencia artificial en todas las escuelas.

También se buscará fomentar las escuelas accesibles y respetuosas de la diversidad, en conjunto con otros organismos de la Ciudad, se trabaja en eliminar barreras para el desarrollo pleno de cada estudiante.

A su vez, para mejorar la calidad y eficiencia en la formación, se prevé la reformulación de los planes de estudio de los Institutos de Formación Docente. A su vez se logró acordar un nuevo concurso de titularización para regularizar la situación laboral de más de 2.700 docentes de los 29 institutos de formación; entre otros puntos.

En ese contexto, Miguel agradeció a sus antecesores, Esteban Bullrich y Soledad Acuña, por sus contribuciones a la educación en la Ciudad. Para cerrar su exposición subrayó el compromiso de transformar la educación en la Ciudad y mejorar las oportunidades para todos los estudiantes, fortaleciendo la infraestructura y modernizando contenidos, implementando nuevas plataformas tecnologías para la gestión administrativa y pedagógica y promoviendo mejoras en el entorno de aprendizaje en cada institución.

En una semana marcada por la ausencia de algunos legisladores que viajaron a las elecciones en Estados Unidos, se retomará el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2025, con la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones.

La semana pasada, centrado en darle prioridad al dictamen sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, se interrumpió el tratamiento de la "ley de leyes" en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista José Luis Espert.

El último encuentro para abordar el Presupuesto 2025 fue el 24 de octubre, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Ahora será el turno de otro área sensible: la salud. Este jueves, de 11 a 15 está previsto que asista Lugones, quien asumió el pasado 1ro. de octubre, tras la renuncia de Mario Russo, funcionario que no concurrió al Congreso durante su gestión. La reunión será en el escenario habitual, la sala del segundo piso del Anexo "C".

Según supo parlamentario.com, La Libertad Avanza aspira -de manera ambiciosa- a llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el 20 de este mes; y que sea aprobado en el Senado a principios de diciembre.

Dentro de la oposición que contribuyó a la sanción de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, funcionarios del Poder Ejecutivo mantienen negociaciones con referentes de los bloques aliados como el Pro y el MID, y la UCR.

También desde Casa Rosada se realizan conversaciones con gobernadores, otra pieza clave. De hecho, este martes el presidente Javier Milei recibirá a los mandatarios radicales. Desde las provincias ya hay un pedido del mendocino Alfredo Cornejo para que recursos que iban a la AFIP (disuelta) retornen a las jurisdicciones.

Por su parte, uno de los bloques dialoguistas como es Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, trabaja en un dictamen propio de presupuesto, que pone el foco en la reducción de ciertos gastos tributarios (como economía del conocimiento) y otras áreas (como la Secretaría General de la Presidencia y la SIDE) para aumentar partidas para universidades y jubilaciones, por ejemplo.

La semana pasada, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás con una conferencia de prensa a la que había convocado para dar un "anuncio importante" sobre el Presupuesto 2025. El mensaje iba a estar relacionado con incrementar el presupuesto para las universidades, pero en detrimento del financiamiento de los partidos políticos, lo que provocó el malestar con sus socios del Pro, no consultados previamente.

El Gobierno asegura que la función Salud representa un 5,6% del Presupuesto

En el mensaje del Presupuesto 2025 enviado en septiembre por el Poder Ejecutivo, y presentado por el propio Milei, se asegura que la función Salud "representa el 5,6% del Presupuesto Nacional, enfocándose en distintos programas y organismos del Estado Nacional, incluyendo hospitales y centros de salud de relevancia".

"Entre los programas de la función se destacan la Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (Agencia Nacional de Discapacidad), cubriendo la asistencia médica a los pensionados y sus familias, con un total de 660.000 beneficiarios para 2025", señala.

El PEN afirma que "el Ministerio de Salud dará cumplimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con la distribución de 34,5 millones de dosis de diversa índole" y "asimismo, el programa Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud realizará una cobertura de 20,2 millones de personas del Sistema Público de Salud".

"Entre los organismos descentralizados, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, entre otros, figuran con destacada asignación presupuestaria", agrega en otro pasaje.

Presentada puntualmente el 15 de septiembre pasado nada menos que por el presidente de la Nación en el Congreso, comienza en noviembre una carrera contrarreloj para aprobar la ley de leyes. Un proyecto que el mismo Gobierno ha transparentado que no le quita el sueño aprobar o no. Está claro que esa es una novedosa táctica utilizada desde lo más alto de esta administración, pero también es cierto que el mileísmo no se desvive por contar con esa herramienta. Más bien, preferiría seguir como este año.

No es lo que la oposición prefiere, obviamente. Tal cual han transparentado aun desde los sectores críticos -pero dialoguistas-, quieren aprobarle al Gobierno su primer presupuesto enviado al Congreso, aunque lógicamente con algunas modificaciones y por eso es que reclaman interlocutores a quiénes transmitirle las propuestas.

Más allá de que el mismo 15 de septiembre se conoció el texto elaborado por el Palacio de Hacienda, el inicio del debate en la Comisión de Presupuesto arrancó sin demasiado apuro. Ni a la semana siguiente, ni en el transcurso del mes de septiembre. Ni siquiera en la primera semana del mes siguiente, sino recién el 8 de octubre. Sin la presencia del ministro de Economía, cosa que se presumía desde un primer momento y que ya a esta altura nadie espera escuchar en la comisión.

Con todo el mes de noviembre por delante, ya es tiempo de trazar un cronograma, respecto del cual muchos legisladores -propios y ajenos- se animan a arriesgar fechas. Sobre todo a partir de que la última semana ya no se reunió la comisión que preside José Luis Espert. De hecho, eso sucedió después de que en lugar de una reunión semanal se hicieran dos. En la última, a la que asistió Carlos Torrendelli, el titular de Presupuesto y Hacienda hizo un rápido resumen de lo trabajado allí, detallando la asistencia de siete funcionarios y el debate durante -hasta entonces- veinte horas. Con la de esa jornada, se llegó a 25. Todo en el marco de cuatro reuniones informativas. Habida cuenta del impasse posterior, sonó a balance final.

En efecto, la semana que pasó no fue convocada esa comisión, que sí trabajó el martes -día habitual dedicado al tratamiento del presupuesto- con la privatización de Aerolíneas Argentinas, cuyo dictamen fue suscripto a lo largo de esa jornada. Para esta próxima semana todavía no hay convocatoria formal a volver a reunirse, y de hecho el propio presidente de la Cámara habría anticipado previamente que para la primera semana de noviembre no preveía reuniones de importancia, dada la presencia en Estados Unidos de numerosos legisladores, invitados por las elecciones en ese país.

Más allá de esas cuestiones, esta es una administración que da señales cuando suceden cosas… pero también cuando no pasan. Son todo un dato tanto las reuniones que se hacen, como las que se suspenden. O más aún estas últimas. De ahí que no pasara desapercibida la no reunión de esta última semana en la Comisión de Presupuesto.

Ni qué decir de la conferencia de prensa anunciada para el miércoles pasado, para hacer un “importante anuncio” sobre el Presupuesto, suspendida minutos antes de la hora prevista. Trascendió que la misma iba a girar en torno a reasignaciones de partidas para atender los requerimientos de la oposición respecto del tema educación, pero utilizando otras asignaciones destinadas al financiamiento de los partidos políticos. El rechazo de los aliados a esa medida habría sido el factor de la suspensión de esa conferencia que nunca fue reprogramada.

Los diputados del Pro y del MID, habituales participantes de la “mesa de los lunes” en Casa Rosada (que a veces se lleva a cabo otro día), se plantaron en contra de ese anuncio y el tema se congeló.

Como tampoco se realizó la última semana una reunión de esa mesa. Repetimos: son todo un dato las reuniones que se hacen, como las que se suspenden.

Más allá de esas demoras, los tiempos todavía juegan a favor del Gobierno. Según confiaron a parlamentario.com fuentes parlamentarias consultadas, en la semana del 20 de noviembre se trataría el presupuesto en el recinto. La semana anterior habría una última sesión sobre otros temas en Diputados.

La semana siguiente, o la primera de diciembre, sería la sesión de tratamiento del presupuesto en el Senado, donde el oficialismo confía que habría disposición a aprobar lo que salga de la Cámara baja, conforme es uso y costumbre. Podría ser en el marco de extraordinarias, o una ampliación de ordinarias, no hay precisiones todavía al respecto.

En el marco de la 10° jornada de exposición, la Comisión de Presupuesto, a cargo de Paola Michielotto (VxM), recibió al ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua, para que de detalles funcionarios sobre las propuestas de gasto y recursos de las distintas áreas, en el marco del Presupuesto 2025.

El funcionario estuvo acompañado por Guillermo Krantzer, secretario de Transporte; Gabriel Zárate, subsecretario de Proyectos y Obras; Darío Antiñolo, subsecretario de Tránsito; Antonio Cortés, subsecretario de Planificación de la Movilidad; Claudia Guerrero, subsecretaria de Gestión de Movilidad; Carlos Frugoni, presidente y director general de Autopistas Urbanas (AUSA) y Javier Ibáñez, presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

En su exposición, el ministro reflexionó que en los últimos 30 años la Ciudad ha avanzado en autonomía y en infraestructura, pero advirtió que aún no gestiona aspectos críticos como la energía, el puerto, la terminal de ómnibus de Retiro y la administración de ferrocarriles metropolitanos, así como la infraestructura de las comunicaciones.

Con respecto al Plan de Gobierno 2024-2026, Bereciartua explicó que se centra en seis ejes principales: Movilidad, Desarrollo del Sur, Orden-Seguridad-Convivencia, Desarrollo de Talento, Bien Público y Cuidado, y Encuentro con los vecinos y espacios públicos. Según el ministro, se trabaja para reducir emisiones y fomentar la economía circular, a través del Plan de Movilidad Sustentable y proyectos como “Buenos Aires camina.”

Además, el ministro subrayó los logros en transporte público, como la transferencia del subte, la implementación del Metrobús y la red de ciclovías, que ya supera los 300 km. También se planteó que la Ciudad tiene una red de movilidad de anillos concéntricos que necesita modernización.

Los datos mostrados arrojan que en la Ciudad se realizan diariamente 7,9 millones de viajes de 3,6 millones de personas, casi la mitad usa el transporte público. En este sentido puntualizó que la cantidad de usuarios de transporte público ha disminuido por la pandemia, quedando un 15% por debajo de los niveles de 2019 y un 44% en el caso del subte, planteando el desafío de aumentar su atractividad para incrementar esos valores, a través de la mejora de la experiencia en subtes y colectivos, recientemente transferidos a la Ciudad.

Según su presentación, en la red de subte, que transporta 730 mil pasajeros diarios, las inversiones apuntan a la modernización del material rodante y de las estaciones para atraer más usuarios.
En relación con el sistema de colectivos, que representa el 70% del transporte de la Ciudad, el ministro subrayó el plan de renovación integral tras la transferencia de las primeras 32 líneas. Se enfocarán en mejorar la experiencia del usuario, optimizar recursos y definir la cantidad necesaria de unidades y trazas.

A su vez Bereciartua enumeró el trabajo que está haciendo el Ministerio en centros de trasbordo: Facultad de Derecho, Plaza Virreyes, Primera Junta y un estudio para desarrollar otro en Plaza Italia.
En materia de Seguridad Vial se planteó que aumentarán los controles de alcoholemia y de estupefacientes en terminales y cabeceras de colectivos y relacionado al medio ambiente destacó que se está promoviendo el uso de vehículos de energías limpias, como el gas y la electricidad.

Asimismo, el funcionario destacó las obras en Dellepiane denominada “Autopista Parque” y la construcción de los pasos bajo nivel, pero señaló que se requieren créditos de organismos multilaterales para avanzar en más proyectos.

El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza suspendió la conferencia de prensa anunciada para este miércoles a las 17.30, en la que se prometía hacer “importantes anuncios” en torno al Presupuesto 2025.

La novedad se conoció minutos antes de la hora prevista para esa presentación.

Obviamente el anuncio había generado singular expectativa, sobre todo teniendo en cuenta que esta semana la reunión habitual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda no había tenido lugar.

Con relación al tema convocante, había trascendido que podría llegar a tener que ver con el anuncio de reasignación de partidas del proyecto de presupuesto 2025 presentado el pasado 15 de septiembre. Uno de los temas era sobre las partidas para universidades nacionales.

La suspensión de la reunión que iba a tener lugar en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo sorprendió a todos y fue vinculada por fuentes consultadas con el anuncio conocido este mismo miércoles por la tarde sobre la salida de Diana Mondino de Cancillería. La ministra de Relaciones Exteriores fue eyectada del cargo inmediatamente después de que la Argentina se manifestara en contra del embargo a Cuba en Naciones Unidas.

La ahora exfuncionaria será reemplazada por el actual embajador argentino en Washington, Gerardo Werthein.

Así las cosas, se especula con que se buscó evitar quitarle atención con otro tema a la noticia predominante de este miércoles de paro de transporte.

Mientras tanto, se desarrollaba el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, donde se esperaba que se emitiera dictamen sobre la propuesta para modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Un proyecto que va en contra de los deseos del oficialismo y los aliados.

El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza llevará a cabo este miércoles a las 17.30 en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo una conferencia de prensa donde darán un importante anuncio vinculado al Presupuesto 2025, el cual se encuentra en pleno tratamiento de comisión.

Particularmente, esta semana fue la primera en la que no hubo encuentros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, tras tres semanas de debate con exposiciones de funcionarios del Gobierno nacional. El tratamiento de la “ley de leyes” comenzó el 8 de octubre pasado y ha tenido 4 encuentros.

A su vez, este anuncio se dará mientras estén reunidas las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, las cuales se reúnen para avanzar con el dictamen de la reforma a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Dicho despacho va en contra de los deseos del oficialismo y los aliados, quienes buscaron extender el debate para dejarlo fuera del período ordinario.

Especialistas en seguridad social expusieron este martes ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, respecto de las partidas previstas en el Presupuesto 2025. 

El primer orador de la jornada fue Rafael Rofman, economista y magíster en Demografía Social, quien explicó: “Cuando uno habla del presupuesto para la seguridad social es muy distinto a cuando uno se habla del presupuesto de otras actividades del Estado nacional. Porque allí se marca qué se está pensando en términos de política pública. Y la verdad que leer el presupuesto es un poquito decepcionante, porque no dice demasiado; no hay números, hay muy poca discusión sobre qué se quiere hacer con el sistema”. 

Respecto a los bonos extraordinarios para jubilados y pensionados, el expositor recordó que en su presentación ante la Comisión de Presupuesto, el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, apuntó que “están en otro rubro, en obligaciones del Tesoro, pero no en la ANSeS”; por ello “no hay recursos pensados explícitamente en estos términos para el año que viene”. Además, “no está muy claro qué pasa con la moratoria”. 

Rofman advirtió también por “una baja muy fuerte en el gasto de pensiones no contributivas por invalidez” que ronda entre “un 14 a 15%, lo cual parecería incluso que va a haber algún tipo de bloqueo en el otorgamiento; ahí sí habría una decisión política implícita”. “Hay una baja fuerte también en las prestaciones de las fuerzas armadas y de seguridad”, agregó. 

El economista alertó por “una subestimación del gasto del año que viene”, que sube a “23,5% en términos nominales respecto de lo que estimamos se va a terminar de gastar en 2024, pero el problema es que el gasto va a ser más que eso, de 38% si no hay bonos o de 46% más si hay”. 

Rafael Rofman (Foto: HCDN)

Por su parte, el coordinador del programa Justicia Fiscal de ACIJ, Alejandro Gaggero, observó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se trata de “un presupuesto que queda muy lejos de compensar el importante ajuste que hubo en 2024”. Las pensiones no contributivas por invalidez registrarán “una caída real del 39%, pero si calculamos lo sucedido desde 2023 hay casi una reducción de la mitad”, indicó. Aunque aclaró que, siguiendo “las metas físicas, la reducción es mucho menor, de alrededor del 15%”. No obstante, “esta partida va a ser la más baja desde 2018, en un contexto de crisis social muy fuerte”, afirmó. 

Además, sobre lo destinado al gasto social hizo hincapié en “el riesgo que implica que las reducciones sean mayores” por el déficit cero que se propone y las “metas macroeconómicas muy optimistas” que se proyectan. 

Sobre el artículo 68 del proyecto, que plantea desindexar asignaciones familiares, Gaggero opinó que “podría implicar una mayor vulnerabilidad para estas partidas ante, por ejemplo, un aumento de la inflación”. 

A su turno, el economista y profesor de Finanzas Públicas Oscar Centrángolo sostuvo: “He visto pocos presupuestos tan pobres como éste en términos de mensaje”. “Los jubilados están bajo la línea de pobreza; se hizo flexible un gasto que todos pensábamos que era un poco más rígido. Este gasto bajó tres puntos de producto en los últimos años”, resaltó. 

Aunque coincidió con que “el equilibrio fiscal es esencial hoy” y “las moratorias no son la solución para resolver los problemas de los informales”, porque “han sido un parche nefasto, pero un parche que ha resuelto algún problema”, aclaró que “si uno saca la moratoria tiene que ver cómo se resuelve un problema que se resolvió mal por la moratoria. La PUAM bien diseñada resuelve una parte del problema, que es el que no aportó. Pero también está el tipo que aportó 28 años y va a la PUAM, es una barbaridad”. 

Tras preguntas de la diputada Margarita Stolbizer (EF), Centrángolo dijo que “tiene que haber una prestación universal para aquel que no logra una prestación contributiva; la discusión que no está saldada es si es universal o mínima”. 

En otro orden, apuntó que en el Presupuesto 2025 “un tema muy ausente y que va a generar mucho lío son las cajas provinciales, las transferencias que se están debiendo”. “La Nación está en deuda con casi todas (las provincias), con algunas con excusas y otras sin excusa”, añadió. 

Facundo Hernández, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, detalló que “ANSeS concentra el 63% del gasto en niñez y adolescencia previsto en el Presupuesto 2025” y esto asciende a alrededor del 81,4% si se tiene el cuenta el programa Alimentar y Mil Días. “La movilidad de las asignaciones está atada a la movilidad previsional y en el proyecto se desvincula la movilidad de la AUH y las asignaciones familiares”, explicó. 

Habló luego de dos escenarios, el primero, con la inflación que prevé el Gobierno; el segundo, de acuerdo al Relevamiento de Expectativa del Mercado que toma el Banco Central. “En ese contexto, la inversión del 2025, que ya es mucho menor a la que se ejecutó en 2024, tendría una caída del 3,2%”, aseguró. 

Tomó luego la palabra la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, quien ahondó que “las asignaciones familiares de trabajadores formales y no formales subirían 8% y 13% respectivamente en el escenario 1; y caerían 8,3% y 3,8% respectivamente, en el escenario 2. Y ya venimos de una baja del año pasado del 18%”. 

“En 2024 la AUH aumentó un 54% en relación al 2023, y eso nosotros lo saludamos desde la Defensoría, fue muy importante esa suba; pero disminuyeron un 17% las asignaciones familiares”, expresó. Además, sobre la suba de la AUH señaló que habría que analizar “en cuánto ese aumento fue absorbido o no por el proceso inflacionario” sobre todo en los dos primeros meses del año. 

Al resaltar la brecha que hay entre alguien que recibe AUH y Alimentar con los trabajadores formales que reciben asignaciones familiares, y “cobran muchísimo menos que un trabajador no formal”, advirtió que eso “distorsiona la política de seguridad social y el mercado laboral”. 

“Venimos a instar a los legisladores para que eliminen el artículo 68, o por lo menos lo que tiene que ver con infancias y adolescencias, porque desacopla el aumento automático mensual por IPC”, pidió y también reclamó “acoplar los pisos y los techos, el mínimo no imponible de Ganancias y el tope de cobro de asignaciones” porque eso implica que “haya miles de niños que no cobran ni una cosa ni la otra”. 

En su exposición, la funcionaria alertó que en el país hay 8,2 millones de niños que están debajo de la línea de pobreza y 3,2 millones de niños en la indigencia. 

Durante la reunión expusieron además Julio Pérez, de la Izquierda Diario y Federico Despoulis, especialista en Seguridad Social. 

Hacia el final se despacharon un conjunto de proyectos de resolución y declaración sobre cierre de delegaciones de la ANSeS en distintas provincias y pedidos de informes sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otros.

Continuando con las rondas de funcionarios, la Comisión de Presupuesto, presidida por la oficialista Paola Michielotto (VxM), recibió al ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, quien dio detalles acerca de los gastos previstos por dicha Cartera en el Presupuesto 2025.

La reunión se realizó en el Salón Montevideo, donde Quirós expuso las mejoras de infraestructura realizadas en los hospitales de la ciudad, cuya antigüedad promedio es de 120 años, señalando la importancia de su renovación progresiva. Entre las cuales se destacó la creación de nuevos centros de atención, el desarrollo de la historia clínica digital.

Para el presupuesto 2025, el ministro destacó la finalización de las 24 obras en marcha, la creación de dos nuevos centros integrales de salud y la realización de 20 intervenciones mayores en hospitales públicos. Además, se prevé la remodelación de áreas específicas como el servicio de guardia del Hospital Pirovano, la guardia pediátrica del Hospital Santojanni, el área de salud mental del Hospital Rivadavia, el edificio de diálisis del Durand, y una renovación histórica en el Penna que abarcará el área ambulatoria.

El ministro también detalló que se desarrollará un nuevo servicio de endoscopía en el Hospital Muñiz y un conector entre áreas críticas en el Zubizarreta. En el Hospital Udaondo se actualizará la guardia y se habilitará un nuevo servicio de clínica médica en el hospital Álvarez, además de reorganizar toda el área de administración y se remodelará el pabellón Gómez del Gutiérrez, en colaboración con la cooperadora, incluyendo áreas de internación y cuidados críticos, con una inversión de 8 millones de dólares, de los cuales, Quirós subrayó que “una parte importante proviene de la cooperadora”.

Entre las obras en marcha, el titular de la cartera sanitaria destacó el Centro de Cuidados Integrales en Devoto, el centro regional de hemoterapia y la mejora de infraestructuras en los hospitales de Barracas y el área ambulatoria del Hospital Fernández. También destacó la remodelación de las tres plantas quirúrgicas del Pirovano, que integrará ortopedia, ginecología, obstetricia y cirugía general en una planta única con diez quirófanos, será un cambio significativo para el equipo quirúrgico de ese hospital, reconocido como equipo médico modelo.

El ministro informó que el sistema de turnos 147 ha incrementado sus consultas este año en comparación con el anterior, aunque aún resulta insuficiente y por eso se está implementando un sistema informático que permitirá a los ciudadanos registrar solicitudes de prestaciones cuando no logren conseguir un turno, facilitando su disponibilidad futura.

En cuanto al dengue, Quirós explicó que la Ciudad es un área epidémica con brotes temporales, reiteró que la fumigación es efectiva solo en fases específicas de la epidemia, y que durante la fase actual (identificada como fase 2), no se justifica el uso de fumigación masiva. Insistió en la necesidad de proporcionar repelentes a los trabajadores de la salud y a los pacientes sospechosos de dengue, como medida para evitar la transmisión a través de mosquitos.

La Cámara de Diputados dio inicio el pasado 8 de octubre al tratamiento del Presupuesto Nacional 2025 con un ritmo activo e intenso con reuniones informativas por semana. No obstante, esta semana se interrumpió el ritmo de reuniones para debatir el proyecto.

La semana pasada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, había acelerado la discusión con dos reuniones que estuvieron dedicadas a Capital Humano. Así, martes y jueves se registraron las visitas de los secretarios de Niñez, de Turismo y de Educación. Para esta semana se hablaba de tres encuentros, aunque no habían trascendido quiénes serían convocados a exponer. No será así.

Llamó la atención que no se anunciara ninguna reunión para esta semana, cuando suelen anticiparse la semana anterior. Fuentes consultadas por parlamentario.com atribuyeron el impasse al paro de transporte, aunque no descartaron que para el jueves pudiera haber novedades. Difícil: el paro está previsto para el miércoles y el jueves se sumará la UTA. Aunque con el paro nacional que entre otras cosas dejará sin vuelos a los usuarios, alcanza para postergar la reanudación del tratamiento del presupuesto.

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja era llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. En un cronograma que trascendió la semana pasada se establecía como finalización de las reuniones con invitados el próximo martes 6 de noviembre. Según esos cálculos, el dictamen quedaría para el martes 12 de noviembre, mientras que el debate en el recinto sería entre el 26 y el 27 de dicho mes.

El turno en la Cámara alta sería en extraordinarias.

Hay que tener en cuenta además que en la primera semana de noviembre está prevista una ralentización de la actividad en el Congreso por la presencia de numerosos legisladores en las elecciones de Estados Unidos, invitados a presenciar los comicios previstos para el 5 de noviembre, en calidad de observadores. Eso no quita puda hacerse al menos una reunión informativa esa semana. Se verá.

A la primera reunión programada asistieron para respaldar la “ley de leyes” el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Luego, el 15 de octubre fue el turno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el director ejecutivo de la ANSeS, Mariano Antonio Salvador de los Heros, en tanto que la semana pasada asistieron los secretarios Yanina Nano Lembo, Daniel Scioli y Carlos Torrendell.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró este lunes la posición del Gobierno en torno al Presupuesto 2025. Si bien afirmó que el Poder Ejecutivo "quiere que se apruebe" el plan de gastos y recursos, consideró también que no tener ley no sería "un perjuicio" porque "el Gobierno ha demostrado que puede gobernar sin tener un Presupuesto".

Al ser consultado en radio Cadena 3 sobre el futuro de la "ley de leyes", el funcionario respondió: "Es importante (la aprobación), por supuesto que sí. El Presupuesto tiene toda una política, que es el planteo que viene haciendo el presidente desde el inicio de su gestión, y ya lo había hecho en la campaña, sobre la necesidad de llegar a un equilibrio fiscal y al déficit cero. Nos parece importante que el Parlamento apruebe el Presupuesto, porque marca una concepción diferente a la que han tenido los presupuestos históricamente".

Sin embargo, remarcó que "el Gobierno ha demostrado que puede gobernar sin tener un Presupuesto aprobado, como ha pasado este año (con la prórroga del Presupuesto 2023); así que no es que nos vamos a poner mal porque el Parlamento no nos apruebe un Presupuesto".

Luego, Francos valoró el trabajo parlamentario que se viene realizando entre diputados, senadores y funcionarios para buscar consensos en torno al proyecto y expresó: "Esperamos por supuesto que se apruebe".

"Si se quiere hacer un gasto mayor en algunas de las partidas tendrá que sacarse de otras, y buscarse la justificación. Y el Gobierno verá si está dispuesto a hacer esa transferencia de fondos. Hay flexibilidad del Gobierno, uno no puede pensar que tiene absolutamente cerrado todo", sostuvo el ministro coordinador.

Pero subrayó que si desde la oposición "piensan que negando la aprobación del Presupuesto nos generan un perjuicio, yo creo que no, que se puede perfectamente transitar el camino de la gestión sin tener un presupuesto aprobado, pero eso no quiere decir que el Gobierno no quiera que se apruebe". "El Gobierno quiere que se apruebe el Presupuesto, porque con eso manda señales muy claras, no solamente a la sociedad argentina sino al mundo", completó.

Mientras el texto de la “ley de leyes” se debate en la Cámara de Diputados, el presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este jueves al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio "Nacho" Torres (Chubut) Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

De la reunión también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. En el encuentro realizado en Balcarce 50 conversaron respecto al tratamiento del Presupuesto 2025 y los acuerdos para que el texto sea finalmente aprobado.

En tal sentido, Milei insistió con la premisa de respetar el déficit cero, y luego los mandatarios elevaron cuestionamientos correspondientes a sus jurisdicciones como una nueva ley de coparticipación, obras públicas, las reasignaciones de partidas y la caja previsional.

Al término de la reunión, el gobernador chubutense Ignacio Torres manifestó que "pudimos abordar algunas de las temáticas que consideramos centrales para nuestra provincia, entre ellas, las reasignaciones de partidas y la eliminación de algunas de ellas”, y agregó: “También la consideración de obras de infraestructura clave para el desarrollo de Chubut”.

Además, señaló que "otra de las cuestiones centrales fue el estado actual de las rutas, que para nuestra provincia y, en definitiva, para la región patagónica, es algo prioritario, sobre todo considerando que el mal estado de éstas genera un impacto negativo directo en la economía provincial, pero también en la economía nacional, afectando sectores fundamentales para nuestro desarrollo, como el comercio, el turismo y la industria".

En el cierre, reiteró que "vamos a seguir profundizando las distintas líneas de diálogo con Nación, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el armado del Presupuesto 2025”. Sin embargo, confirmó que tendrá una reunión con la rectora de la Universidad de la Patagonia “para evaluar en conjunto el abordaje de distintas estrategias que permitan garantizar las partidas que tanto necesita nuestra universidad”.

En una reunión que se extendió por casi cinco horas, diputados de la oposición cuestionaron en duros términos las partidas destinadas a educación en el Presupuesto 2025 y dieron una serie de cifras que el secretario del área, Carlos Torrendell, refutó con otras.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda este jueves, el cívico Maximiliano Ferraro observó: "Estamos viendo cómo aumenta el financiamiento en otras áreas que no parecieran ser tan prioritarias como la educación".

Habló entonces de que en el proyecto se prevé una "inversión del 0,88% del PBI, por debajo de lo que ya se ha invertido en el 2024, que representa el 0,91% del PBI, bajo con respecto al 2023, cuando la inversión fue del 1,48% y la mitad del mayor histórico de 1,8% que se dio en 2013".
"El presupuesto se incrementará sólo en un 0,6%", afirmó el porteño e indicó que "todos los programas tienen un ajuste que van entre el 9% y 51%".

A su turno, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna cuestionó "la degradación del Ministerio a Secretaría, la eliminación del FONID, el desfinanciamiento de las universidades, la intervención de Educar, el desmantelamiento de programas estratégicos, como Conectar Igualdad o Libro para Todos", entre otras medidas.

La entrerriana apuntó que se proyecta un "30% de disminución" de partidas para la educación superior y aseguró que "el presupuesto está formulado desatendiendo necesidades objetivas". Sobre las políticas que impulsará la Secretaría, a las que hizo alusión Torrendell en su exposición inicial, se preguntó: "¿Cómo lo va a hacer si el desfinanciamiento es tan brutal?".

Al responder, el funcionario remarcó que "de ninguna manera se puede comparar un presupuesto realizado como se ha hecho hasta hora, en base a la deuda y emisión, con uno de déficit cero; en cualquier comparación de ese tipo las conclusiones terminan siendo profundamente injustas".

Al decir que evitaba hablar en términos del PBI, Torrendell afirmó que la inversión en educación en el presupuesto será comparable a la de 2012, cuando se invirtió 5%. Al repasar los porcentajes año por año, detalló que en 2023 fue del 6% "y en 2024, año actual del cual se habla del ajuste, de un 4,6%, y el proyectado un 5%, retomando la inversión de 2012".

"Ahí sí se están diciendo las cosas cómo son. Dentro de un presupuesto que no es comparable estamos hablando de la inversión, excepto del año pasado, comparable con 2012", insistió. "¿Por qué pudiéndose endeudar y emitir se gastó tan poco en educación? Menos de lo que estamos proporcionalmente proponiendo para el año que viene", continuó.

Al contestar planteos de Osuna, el secretario dijo que "la plata del FONID fue a la alfabetización y a fortalecer a aquellos sectores con más dificultades", mientras que sobre el programa Conectar Igualdad señaló: "La deuda que dejó el Gobierno anterior fue de mil millones de dólares. Un gasto en educación que no tiene comprobación empírica de que sirva para que los chicos aprendan, además de lo discutible que fue el costo de las netbooks. No hay un desmantelamiento de Conectar Igualdad, hay un reordenamiento".

Respecto de la construcción de jardines, el funcionario del Ministerio de Capital Humano expresó que pretenden "no seguir con la idea de que multiplicar edificios es incluir". "Tenemos un descenso de la natalidad desde 2012 que está impactando en las escuelas iniciales y primarias", apuntó y explicó que "hay una inversión dirigida hacia donde están los estudiantes".

Avanzada la reunión, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió al cruce de la postura del funcionario sobre "la idea de inversión inteligente". "En lugar de estar en un proceso que vaya a una inversión inteligente, creo que estamos en una desinversión total", enfatizó. A propósito de lo dicho por María Inés Brogin, subsecretaria de Gestión Administrativa, sobre que "el presupuesto (en educación) hoy está ejecutado en un 66%", el santafesino aportó datos tales como que la construcción y equipamiento de edificios educativos en el ámbito rural o la asistencia financiera para obras tienen 0% de ejecución.

El opositor también advirtió sobre un "brutal proceso de desfinanciamiento de la escuela técnica" para la cual se prevé un 10% de aumento desde lo ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2023 y el año que viene, como si no hubiera habido inflación este año y no vaya a haber el que viene. Además, consultó sobre si buscarán reducir de seis a cinco años la formación.

"La educación técnica está siendo acompañada, la ejecución se ha multiplicado", sostuvo Torrendell y confirmó que la propuesta de reducir un año será "optativa". "Se reduce un año si las escuelas y las provincias así lo piden; fue un pedido de las escuelas y los gremios", aseguró.

Durante otro tramo del encuentro, el secretario de Educación contestó sobre las partidas previstas para las universidades nacionales, tema sobre el que respondió mayormente el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

"Como lo ha dicho el presidente, el vocero presidencial, el subsecretario, el Congreso -respetando el marco del déficit cero- podrá estudiar qué partidas se pueden reasignar; ha habido distintas ideas en los planteos, puede haber otras; efectivamente puede seguramente ampliarse el presupuesto universitario sobre la base de los análisis que ustedes con seriedad encararán", expresó Torrendell.

Al acompañar este jueves al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se encargó de defender lo que fue el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento para las casas de altos estudios y lanzó dardos contra el Consejo Interuniversitario Nacional.

El funcionario respondió a los cuestionamientos de la oposición sobre las medidas del Gobierno respecto de la educación superior, y dijo desconocer "toda elucubración política" sobre la razón del veto, al contestarle al cívico Maximiliano Ferraro.

Respecto de un artículo que había sido rechazado tanto por el oficialismo como por Unión por la Patria en la votación original de la ley en la Cámara baja, sobre las auditorías a las universidades, el subsecretario expresó: "Al poner obligatoriamente en un artículo de la ley que era sólo la AGN, lo que pretendían era sacar a la SIGEN de las auditorías. Lo cual además era redundante, porque ya estaba la AGN, tal cual establece la Ley de Educación Superior".

"Igual ya sabemos la enorme velocidad que la AGN tiene para auditar, siendo la única auditoría actualizada de hace seis años y de una sola facultad de la Universidad de Buenos Aires", agregó.

Sobre los datos aportados por Ferraro, Álvarez lanzó que "tal vez sus fuentes le han mentido" porque "no existe ninguna polinómica para sacar el presupuesto universitario". "Si sus fuentes con el CIN, le recuerdo que el presidente del CIN tiene un alineamiento político claramente con un sector del radicalismo y su influencia política lo lleva a decir cualquier cosa", disparó.

A continuación, recordó que en el CIN "votaron seis veces establecer pautas de distribución presupuestaria objetiva y nunca lo cumplieron". "Nosotros estamos tomando esa idea", defendió y criticó al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien "dijo en una entrevista que no sabía cuánto presupuesto necesitaba" pero "quería el doble de algo que desconoce".

"Antes la plata la imprimían, entonces, ¿cuánto necesitas que te imprima? No había ninguna razonabilidad en la distribución del presupuesto. ¿Sabe cómo se distribuía el presupuesto antes diputado? Por lobby en esta casa. Aquel diputado que tenía mayor vínculo con las universidades lograba mayor índice de presupuesto", enfatizó.

El subsecretario afirmó: "Nosotros el presupuesto lo hicimos ejecutando lo que realmente se ejecuta, no hay ni un sólo programa en las universidades que hoy se encuentre desfinanciado. Tenemos el 100% de los programas, de las carreras y de las actividades en las universidades financiados".

"El criterio de asignación de presupuesto nuestro es por la cantidad de carreras que están ejecución, la cantidad de docentes reales, la cantidad de no docentes reales, la cantidad de gasto de electricidad real", agregó.

Luego, el funcionario apuntó contra la Universidad Nacional de Artes, al manifestar que "es una de las administraciones más desastrosas que existe, teniendo siete edificios en alquiler, de los cuales uno ya está con intimación de desalojo y dos casi". "Simplemente era pedir plata sin ninguna planificación", siguió.

"Ayer los vimos hacer bailes en la estación de Once, que me parece muy bien", dijo en referencia al flashmob que estudiantes realizaron este miércoles con la canción "Fanático" de la cantante Lali -que contiene dardos a Milei-, y la oposición aplaudió; para a continuación asegurar que sin embargo "esa universidad, que no cabe duda no es oficialista, va a tener un aumento de 431%". "A usted que le preocupa Areco, va a tener 388%", añadió en respuesta a Ferraro sobre la Universidad Nacional de San Antonio de Areco.

Por otra parte, durante las preguntas, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, planteó: "Nosotros negociamos con ustedes que haya una garantía salarial para los docentes que menos cobran en las universidades nacionales, al cual ustedes accedieron. ¿Ya se les giró este mes la garantía?".

Álvarez informó que "ya está ejecutado el pago en este próximo salario, pero por cómo están las paritarias en el caso de la garantía salarial no docente no es de acción automática, requiere un acta previa y la vamos a firmar esta tarde con el sindicato para que el dinero llegue lo más rápido posible".

"El diálogo es permanente con todos. Yo fui a todas las reuniones paritarias, nunca se suspendió el diálogo", remarcó.

La reunión de la Comisión de Presupuesto se extendió por casi cinco horas (Foto: HCDN)

Primero en consultar este jueves, el diputado Ferraro había destacado la presencia de Álvarez: "Esperamos poderlo ver más seguido". Sobre tema universidades, el porteño recordó que "empezamos a debatir esto en el mes de abril y yo estoy convencido que ustedes querían el conflicto de poderes y el veto de la ley".

"Estamos en el reino del 'miente, miente que algo quedará'", expresó y resaltó que en el proyecto de ley "establecíamos la obligatoriedad de las auditorías" pero "muchos diputados de La Libertad Avanza con aliados votaron en contra", junto a UP. "Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que las universidades tienen que mejorar y auditarse; pero ustedes tendrían que haber acompañado la forma polinómica", reprochó.

Ferraro consultó entonces cuál era "el criterio de distribución de recursos" entre las casas de altos estudios y observó que "en gastos tributarios estimados tenemos estimados 27 millones de pesos; gastos de privilegios corporativos en la Argentina", que sumados a los recursos para defensa e inteligencia suman lo que representa el 45% para educación.

Por otra parte, durante la reunión, la diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlottauer preguntó sobre la constante acusación de "adoctrinamiento" en las universidades por parte del Gobierno.

"Obviamente ninguno de nosotros considera que una persona adulta, estudiante universitario, con capacidad crítica sea eficaz de ese adoctrinamiento, gracias a Dios, por eso tenemos gran apoyo entre estudiantes. Sin embargo, lo que nosotros llamamos adoctrinamiento es la imposición de una línea política a partir del uso abusivo de una posición de autoridad. Tenemos muchos casos de docentes que le dicen a los alumnos 'si usted es liberal, mi materia no la va a aprobar'. O el caso que autoridades les impiden a agrupaciones no oficialistas presentarse a elecciones", argumentó Álvarez.

Al ser consultado por la radical Danya Tavela sobre las partidas previstas para universidades, que "no representan lo que ha planteado el CIN, es del 53% de lo que solicitaron", el funcionario justificó: "Lo que presentó el CIN de 7,2 billones es un presupuesto expansivo porque incorporan un montón de cosas que son proyectos, no cosas que van a quedar desfinanciadas. Primero se evalúan esos proyectos, no significa desfinanciar". "El CIN hace lo que quiere y presentó ese proyecto de hiper expansión del sistema universitario que no está justificado por la matrícula y no controlan", criticó.

Por otro lado, afirmó que "el corte para las proyecciones presupuestarias es agosto y hay que incorporar todos los aumentos posteriores".

Al contestarle al diputado de la izquierda Christian Castillo, el subsecretario de Políticas Universitarias sostuvo que "no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria" para los docentes. "Los rectores sí se han actualizado los salarios de acuerdo a inflación", apuntó.

Y señaló que "hoy con el retroactivo que van a recibir de garantía salarial de octubre de 6,8% -los docentes y no docentes- se van a convertir en la mejor paritaria del Estado".

"Contra toda campaña del miedo, no vamos a cerrar ninguna universidad, no se van a desfinanciar las universidades y vamos a sostener la oferta", ratificó y le dijo al diputado del FIT estar de acuerdo con "universidad de los trabajadores". "Nosotros estamos de acuerdo; nosotros creemos que la universidad es de los trabajadores porque la pagan. Los trabajadores argentinos pagan la universidad. Nosotros creemos que a la universidad hay que retirarla del control de cierta burocracia y devolverla a sus verdaderos dueños, que son los trabajadores", completó Álvarez.

En la cuarta reunión informativa de la Comisión de Presupuesto que analiza la ley de leyes para el próximo año, fue el turno este jueves del tema educativo. Se presentó entonces el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien en su exposición inicial habló de “un cambio de paradigma que tiene que ver con la política del Gobierno nacional y del Ministerio de Capital Humano, centrado en pasar de una concepción del derecho y deber a la educación de una forma abstracta y declamatoria, a la concepción de un derecho a la educación que se centre en aprendizajes reales para todo; enhebrar simultáneamente una mayor libertad educativa, lograr mayor aprendizaje y trabajar como un sistema y una red atomizada de individuos e instituciones y funcionarios”.

Torrendell habló de “una política educativa focalizada en los aprendizajes. Eso a su vez implica pasar del concepto del Estado educador a la sociedad educadora”, dijo, y remarcó la necesidad de contar con una “presencia del Estado, pero de manera más integrada, respetuosa y participativa, para lograr, como se ha hecho en muchos países, un entramado que permita los aprendizajes”.

“En Argentina también eso conlleva una política educativa federal y participativa”, dijo, resaltando que desde diciembre esta administración ha logrado, “en un diálogo muy consistente con las provincias, consenso y unanimidad, en particular en políticas de alfabetización, obras prioritarias y convenios específicos”.

Torrendell sostuvo que “la clave está en no distraernos con otras cuestiones, sino concentrarnos en generar las condiciones para que nuestros chicos logren efectivamente el aprendizaje”.

El secretario citó por educación básica la inicial, primaria y secundaria. Tres niveles sobre los que hay tres ejes fundamentales de trabajo que expresan las ideas del Gobierno en esa área. Remarcó la necesidad de “centrarnos en primer lugar en la alfabetización”, reconociendo que según los resultados nacionales y regionales, nuestro país tiene “un desafío grande”. Por eso, “el Ministerio de Capital Humano definió esta política como central. Y los organismos internacionales han reconocido que este es un trabajo potente, con créditos cercanos a 900 millones de dólares para respaldar lo asignado por el ministerio”.

Torrendell citó una línea nueva de alfabetización “que contiene un financiamiento este año cercano a los 700 mil millones. Destinadas a la gestión educativa, 600 mil millones, y otras líneas del Presupuesto que se suman a esta preocupación por la educación básica”.

El segundo elemento clave que citó el funcionario es la “evaluación y conectividad”. Para hacerlo, dijo, se necesita “un sistema que en línea pueda proveer información a los distintos funcionarios, provincias y Nación, pero fundamentalmente a los directores y docentes. Implica tener un sistema en línea que provea esa información a todos”.

“No va a haber aprendizaje y alfabetización si no la respaldamos con el uso de información adecuada para la mejora de cada escuela y esquemas provinciales”, agregó, para citar por último “el uso inteligente de la inversión, con un cambio de paradigma, de manera de pasar de distribuir recursos de forma atrasada a hacerlo al finalizar cada mes, o los primeros 2 o 3 días hábiles del mes que sigue”. Así, señaló, se garantiza “un manejo eficiente”. Y remarcó que “eso que puede parecer no relevante, se ha convertido en una marca de la gestión. La transferencia como corresponde de todos los recursos a las provincias y universidades”. Para Torrendell, “es clave para que este sistema funcione, la  transparencia, rendición de cuentas y superación de un paradigma de que esos recursos se distribuían sin mayor vinculación con la evaluación. No podemos saber si muchos de los recursos han tenido algún impacto en el aprendizaje, porque no se ha evaluado. Ahí tenemos otro demérito que tenemos que cambiar”.

Carlos Torrendell dijo que en la inversión en educación tradicional, “tiene estas características: una inversión que no es productiva en materia de aprendizajes”. Al respecto, observó que si se analiza la curva de inversión con el aprendizaje, la Argentina está teniendo resultados inferiores al promedio. “Eso ha implicado que esos recursos no están orientados a buenos resultados de aprendizaje, sino que se han invertido en otras acciones, y no han tenido tanto impacto educativo específico”.

“También ha habido una inversión dispersa”, reconoció, por lo que se han agrupado líneas de presupuesto, dijo, de manera de ordenar mejor la forma de invertir los recursos.

Habló después de un problema de “inequidad”, y se basó en “estudios que evidencian que debajo del concepto de educación pública nos encontramos con una fuerte inversión inequitativa en los recursos de educación. Le estamos dando más recursos a los alumnos que más tienen”, reconoció, por lo que aseguró que “estamos orientados a corregir” esa situación. Al respecto, hizo hincapié en el problema del malgasto: “Veníamos pagando 300 dólares por conexión a las escuelas, cuando podrían reducirse fuertemente, y estamos generando un sistema de financiamiento por escuela, de tal manera de poder gastar en conectividad por lo menos 4 veces menos que lo que venía gastándose”.

Al llegar al tema de las universidades, Torrendell dijo que el presupuesto destinado a las mismas equivale a 2/3 de la secretaría que él conduce. “Casi unos 4 billones de pesos invertidos en materia de universidades. Y tres ejes fundamentales que nos preocupan, que tienen que ver de nuevo con centrarnos en el logro de los aprendizajes, la verdadera inclusión de los estudiantes, y finalmente que se gradúen, que es el desafío de las universidades en la Argentina”.

“Hay un trabajo fuerte que se ha iniciado en materia de información sobre las universidades, por el que el Gobierno va a acompañar, en diálogo con ellas, para mejorar la gestión, de tal manera de lograr la consolidación de los alumnos matriculados, saber qué está sucediendo con ellos, conocer sus trayectorias y lograr que se gradúen”, planteó. Y tercero, continuó, “tenemos que lograr una mayor objetivación de los recursos en educación; inversión inteligente, y hacer notar que en el gasto primario de presupuesto nacional, el gasto universitario pasó del quinto al tercer lugar. Cerca de 4 puntos del presupuesto, y hay un desafío para poder administrarlo correctamente y lograr que los resultados de aprendizaje se puedan concretar”.

El funcionario enfatizó en el “compromiso del Gobierno” para un afianciamiento de la educación superior. Y llegó a la política salarial, que “deberá continuar debatiéndose y continuar el diálogo como se ha tenido con las universidades, manteniendo la premisa del déficit cero”.

Sobre el final de su exposición, Torrendell insistió en poner a la alfabetización como “prioridad”, lo que redundaría en una “mayor equidad educativa”. “Tenemos que lograr eso”, enfatizó, alertando sobre los “malos resultados”, en los que llamó a consolidar el foco de la política educativa. “Aproximadamente la mitad del abandono en los niveles secundarios se explica por los malos aprendizajes en el nivel primario”, garantizó.

Por eso aseguró que “vamos a concentrarnos en dirigir recursos en la capacitación de los docentes”, y habló de abonarles a los docentes “en función de la capacitación”. Ese pago por capacitación “va a estar vinculado con este punto”.

“Hemos apostado fuerte a la política de más horas y jornada extendida, y focalizar en la alfabetización”, dijo, pero aclaró que hablaba de más tiempo en las escuelas, pero dirigido a los aprendizajes. “Más tiempo solo no es suficiente, si no está focalizado en los aprendizajes”, dijo, insistiendo en que todo debe ser acompañado por la evaluación.

Torrendell cerró insistiendo en que “la política de alfabetización es transversal”, y remarcó el desafío para todos los niveles “implica un foco importante en primer grado y desde allí se va expandiendo”.

“La educación es un elemento clave dentro de la política del Gobierno; no se trata de sumar recursos, sino de invertirlos para que efectivamente sean equitativos y logren que los chicos aprendan”, concluyó el secretario de Educación.

Al ser consultado por la diputada Danya Tavela sobre las  políticas que se van a llevar adelante y los cambios en los números presupuestarios, el secretario de Educación sostuvo: "Hay un desafío planteado con el presupuesto actual que es que con relación al presupuesto vigente que da unos 3 billones para universidades con los últimos aumentos otorgados más la garantía, efectivamente vamos a concluir el año gastando unos 3,3 billones según lo proyectado hasta el momento”.

“El presupuesto actual va a requerir una reasignación específica, lo cual muestra, con las limitaciones que impone, el cuidado del déficit cero, dentro de ese contexto ya para el año que viene se está planteando cerca de 4 billones para universidades", explicó y consideró que el Congreso "tiene la oportunidad de, respetando el marco de déficit cero que va a permitir un crecimiento verdadero para todos, estudiar qué partidas se pueden reasignar. Efectivamente puede ampliarse el presupuesto universitario sobre la base de los análisis que, con seriedad, encararán ustedes”.

"Hay un presupuesto enviado en épocas de inflación y lo que hay que hacer es hacer esa reasignación para poder llegar a salarios que vayan subiendo constantemente para poder mejorar esa situación laboral con el tiempo. En ese sentido la propuesta planteada tiene esa lógica", respondió sobre la problemática salarial.

Torrendell afirmó: "Es un desafío arduo y positivo ver cómo invertimos en educación para lograr los resultados. Tenemos que lograr simultáneamente dos cosas, por un lado, distribuir los recursos de tal manera de evitar intermediarios y dirigir los recursos a los agentes que pueden tomar mejores decisiones para supervisar esa asignación, y una distribución con criterios de evaluación y de implementación".

"No es lo mismo desarrollar un presupuesto en un contexto de emisión y deuda que en uno de déficit cero, por lo que hay que gobernar mejor los recursos por lo que no es un maquillaje, lo que puede ser un maquillaje es presentar en el presupuesto más recursos para educación y luego no invertirlos en que los chicos aprendan, maquillajes hubo de forma abundante sub ejecutando el gasto. Ahora estamos desarrollando una política a cara lavada lo que queremos es resolver los problemas de nuestros alumnos", comparó.

En el marco de la sexta jornada de rondas informativas sobre el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, la Comisión de Presupuesto, a cargo de la oficialista Paola Michielotto (VxM), recibió a María Leticia Montiel, secretaria Legal y Técnica de la Ciudad quien acudió en representación de las Secretarias que componen la jurisdicción Jefatura de Gobierno, y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.

La primera en exponer fue Montiel, quien estuvo acompañada por el secretario General, Fulvio Pompeo; el secretario de Comunicación, Gustavo Gago; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, César Torres; el titular de la Oficina de Integridad Pública, Joaquín Moro; la titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, María Gracia; y el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, José Grippo.

La funcionaria expresó que quieren generar oportunidades para que cada ciudadano sea protagonista del desarrollo, promoviendo un estado proactivo, cercano, con un enfoque humanista e innovador.
También señaló que han diseñado programas y líneas de acción que se centran en atraer inversiones, fortalecer la seguridad urbana, y consolidar el rol de Buenos Aires en foros y redes internacionales, como la Cumbre de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 2025.

Luego fue el turno de la exposición del Ministerio de Cultura. En el inicio de las alocuciones, agradeció a los legisladores el fuerte apoyo para la implementación de la nueva Ley de Mecenazgo que, según analizó, está impactando positivamente y destacó que hay más de 500 proyectos por sobre la media de lo que se venía presentando.

En ese contexto, Ricardes explicó que “desde el Festival del Verano, decidimos poner al ciudadano en el centro de la escena, es decir, en el centro de la gestión” y sostuvo que “con esa misión como Norte, hemos definido 5 grandes ejes que nos permite hacer mayor sinergia entre todos los contenidos y de manera transversal”.

En este sentido, enumeró “Buenos Aires – Ciudad de libros, Buenos Aires – Ciudad de las artes, Buenos Aires – Ciudad de talentos, Buenos Aires – Ciudad con historia y Buenos Aires – Ciudad de película” y destacó que para todos estos ejes tienen 3 premisas básicas: “la calidad, la relevancia y el impacto, teniendo presente la construcción de un presupuesto responsable, el cuidado de los recursos y la generación de empleo de calidad”.

Luego que el presidente del bloque radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, destacara a través de sus redes sociales que un aspecto cuestionado en torno a partidas de educación será quitado del proyecto de Presupuesto 2025 -por acuerdo de la oposición dialoguista con el Gobierno nacional-, el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro le salió fuerte al cruce.

"Rodrigo, es hora que termines con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política. No engañen a la sociedad para justificar sus actos de cinismo, que distorsionan la representación política que los ciudadanos nos confiaron", lanzó el porteño, molesto por la foto de La Libertad Avanza, el Pro y la UCR en Casa Rosada.

Luego que De Loredo hiciera referencia a que se eliminará la suspensión que se preveía del artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo, que garantiza el financiamiento del sistema aspirando a una inversión consolidada del 6% del PIB, Ferraro explicó que "el 'supuesto acuerdo' para no suspender las metas de inversión no tiene ninguna consecuencia real ni material. Son metas que se incumplen desde la sanción de la ley, que solo se respetó en 2015. Por si no lo sabías, el presupuesto del próximo año no será la excepción".

"Según el Observatorio de Argentinos por la Educación (OAE), las partidas nacionales serán del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y en 2023 (1,48%). Será el presupuesto en educación más bajo en relación al PBI desde 2013", continuó.

El "lilito" enfatizó que "no se trata de ir a la Casa Rosada, pisoteando los principios republicanos de división de poderes, para modificar dos artículos. Se trata de liderar desde la posición y la convicción. Hoy la sociedad nos exige coraje: rechazar en comisión y en el recinto las afrentas del presidente y su gobierno contra la identidad y los sueños de las clases trabajadoras y medias de la Argentina".

"Esta visita es solo una foto. Pareciera que adoptaste la peluca como accesorio para la supervivencia o conveniencia política", disparó Ferraro. Y siguió: "La única manera de asegurar el financiamiento y defender la educación es discutiendo cada partida y crédito asignado en un presupuesto del gobierno que recorta salarios, becas e infraestructura educativa en todos los niveles, manteniendo especialmente un ajuste que pone en crisis y peligro el funcionamiento normal de las universidades públicas en todo el país".

A través de su posteo en X, Ferraro lo invitó a asistir este jueves a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para debatir el tema en presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y que "juntos" exigan "respuestas sobre qué políticas educativas son prioritarias, qué partidas van a modificar, cuánto van a incrementarlas y cómo se van a financiar". "Que no quede solo en una foto", cerró el hombre de la CC.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, disertó en la tercera jornada del tratamiento del Presupuesto 2025 y tal como se esperaba, desde Unión por la Patria le preguntaron sobre la idea del Gobierno nacional respecto al arribo de las Sociedad Anónimas Deportivas en los clubes de fútbol.

La pregunta fue realizada por la diputada nacional Magalí Mastaler, quien le recordó a Scioli su paso como legislador de Unidad Ciudadana (bloque kirchnerista del período 2017 – 2019), por el que fue presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara baja y por el que presentó un proyecto de ley que prohibía el desembarco de las SAD a los clubes de barrio, y le enrostró: “Usted está queriendo satisfacer el sueño del principal aliado de este gobierno que es Mauricio Macri”.

Ante la mirada de todos los presentes, Scioli contestó: “No se impone que privaticen los clubes, se trata de dar una alternativa societaria que va a pasar por la aprobación de los dos tercios de asamblea de los clubes para analizar el ingreso de capitales privados para satisfacer las necesidades que tienen muchos clubes”. En esa línea, siguió: “Hay instituciones que funcionan con este esquema de inversiones privadas”, y sobre el arribo de las SAD, añadió que “es voluntaria”.

En defensa de su postura, diferente a cuando fue diputado kirchnerista, el funcionario expresó: “En aquel momento tenía esa visión, pero hoy las realidades en el fútbol exigen modernizar y generar las condiciones para que los clubes puedan decidir”. Del mismo modo, consideró que se trata de “elegir otro camino para los socios” –mencionó los casos de Talleres de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensa y Justicia-.

En el cierre del tema, cargó contra el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia: “Cuando veo la resistencia que hay desde el presidente de la AFA, a no romper un status quo y a sostener esto como sea, me acuerdo que decía que no podía haber más de 20 equipos en primera divisón y hace poquito se aprobó un torneo de 30”. “No se está imponiendo nada, se busca dar una opción”, reiteró Scioli.

La exposición de Daniel Scioli

En el inicio de su exposición, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires anunció que está trabajando para “lograr que Argentina sea sede de grandes acontecimientos deportivos a través de inversión privada”. Mencionó, entre esas posibilidades, la idea de llevar a cabo la Fórmula 1 en el país.

Por medio de diapositivas, el exembajador de Brasil dividió su exposición en las tres áreas que su Secretaría gestiona, en todas detalló el porcentaje asignado en rigor del Presupuesto 2025, y se refirió a temáticas como el desarrollo del turismo nacional, el uso de Inteligencia Artificial, la ayuda a clubes de barrio y la administración del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En primer lugar, Scioli destacó la promoción del turismo nacional en eventos y congresos, a través del programa Argentina Te Incentiva, y mencionó a la Ruta 40 como una obra a reconvertir para ser de “gran atractivo turístico”. En se punto, destacó las diferentes campañas de difusión –del área- a través de redes sociales, campañas digitales e influencers.

También, se refirió al uso de la Inteligencia Artificial y cargó que “nos permite innovar en materia turística”. Habló también de la consolidación de destinos y fomento a la competitividad a través de la puesta en valor de atractivos turísticos. Asimismo, confirmó que se llevarán a cabo obras de mejoramiento edilicio en el Complejo de Chapdmalal y en Embalse en Córdoba.

Daniel Scioli, junto a Ana María Vidal, subssecretaria de Ambiente.

Asimismo, reiteró que a través de las Subsecretarías de Deporte y Turismo van a trabajar para “lograr que Argentina sea sede de grandes acontecimientos deportivos a través de inversión privada”, y mencionó la posibilidad de traer a la Fórmula 1. “Queremos entusiasmar a los privados en invertir en estos acontecimientos”, explicó.

Qué dijo sobre los incendios forestales

Como titular del organismo que tiene a cargo el tema Ambiente, Scioli habló del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y señaló que “buscamos asistir en su integridad” por medio de “instalación y monitoreo para detección temprana de incendios”.

Asimismo, defendió al Gobierno nacional respecto al cierre del Fondo Fiduciario de Bosques Nativos: “Hoy, el Gobierno tiene para transferir el presupuesto asignado el 80% del 2023 y el 25% del año 2022”, y refirió que se trata de “7.500 millones de pesos antes de cerrar el Fondo y 16.000 millones después de cerrarlo”.

En tal sentido, abrió la ronda de preguntas el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien alertó por las partidas destinadas para la Subsecretaría de Ambiente. "Vemos un presupuesto 2024 con un porcentaje muchísimo menor al que está ejecutando en el resto de la administración pública nacional", arrancó.

También apuntó que si se toma la inflación proyectada por el Ejecutivo para el año que viene, de 18,3%, la caída de los recursos para este área sería de 24,5%. El porteño habló de "más de 5.000 millones de pesos de caída en términos reales" para la Ley de Manejo del Fuego.

Respecto al Fondo de la Ley de Bosques Nativos, se destinan en el Presupuesto 2025 "solamente 9.000 millones de pesos, esto implica un 2,5% del piso legal". Tras reconocer que el piso contemplado en la ley nunca se cumplió, Ferraro preguntó: "¿Cómo podemos hacer un esfuerzo para superar lo que es un mínimo histórico?". "Sería el presupuesto más bajo desde la sanción de la Ley de Bosques. Sería asignar 170 pesos por cada hectarea de bosque nativo", agregó.

En ese tramo, el funcionario delegó las respuestas en la subsecretaria de Ambiente, Ana María Vidal, quien respondió sobre Parques Nacionales y aclaró que “no está dentro de nuestras competencias”. En relación a los incendios en Córdoba, advirtió que “la emergencia fue promulgada y sigue adelante”; y por último, le contestó a Ferraro sobre el Presupuesto: “Tenemos techos en las partidas”.

En el marco de las jornadas de debate en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión de Presupuesto, a cargo de la diputada Paola Michielotto (VxM), recibió a la Jefatura de Gabinete para que pueda dar detalles acerca de los gastos que prevé realizar y que están explicitados en el Presupuesto 2025.

En esta cuarta jornada, expuso la Jefatura de Gabinete de Ministros, representada por el licenciado Gabriel Sánchez Zinny, vicejefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, quien estuvo acompañado por el equipo de las distintas áreas que integran la cartera: Secretaría de Deportes, Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Innovación y Transformación Digital (SECITD), Instituto de Estadísticas y Censos (IDECBA), Unidad de Proyectos Especiales Instituto de Formación Política y Gestión Pública (UPEIFPGP) e Instituto Superior de la Carrera (ISC).

Sánchez Zinny destacó los principales lineamientos de la gestión, poniendo énfasis en la educación, con la implementación de una nueva currícula de primaria y programas como "Secundaria Aprende".
Respecto a la Secretaría de Desarrollo Urbano, se planea reducir los tiempos de subsanación con el bot transaccional, que permitirá a los vecinos hacer el seguimiento de sus trámites. Además, se avanzará con proyectos como "Ciudad 3D", una plataforma que centraliza los datos de cada parcela de la ciudad, y el uso de drones para actualizar información. Sánchez Zinny también se refirió a la modificación del Código Urbanístico, que está atravesando su correspondiente trámite parlamentario y busca concentrar el desarrollo en las grandes arterias, preservando la identidad de los barrios y el pulmón de manzana, además de proteger el patrimonio urbano.

En cuanto al Sur de la Ciudad, se destacó el compromiso de revitalizar esta área, cumpliendo con el objetivo asumido por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. En este sentido, durante la exposición, se subrayó que, para lograr un mayor equilibrio entre el norte y el sur, se han presentado incentivos para fomentar la construcción de viviendas e inversiones y mejorar la infraestructura.

También se detalló que la Secretaría de Deportes asiste a 260 clubes y 78 federaciones, habiendo otorgado 138 subsidios y 158 becas a deportistas. Además, se realizarán 11 obras de reacondicionamiento en los 12 polideportivos y cinco parques de la Ciudad, a los que concurren, según la información aportada por los funcionarios, 130 mil vecinos. También se detalló que están renovando las instalaciones del Autódromo para que cumplan con estándares internacionales, con el objetivo de atraer competencias mundiales.

Por último, sobre la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, Sánchez Zinny informó que se gestionan más de 43 áreas y plataformas, con 3 millones de logueos mensuales y más de 280 mil descargas de documentos. El Chatbot del Gobierno de la Ciudad ha tenido más de 20 millones de conversaciones anuales y ha otorgado hasta 300 mil turnos mensuales. Sobre su futuro, afirmaron que se está trabajando en la implementación de un sistema de identidad digital descentralizado para devolver a las personas el control sobre sus datos.

En cuanto al Instituto de Estadísticas y Censos (IDECBA), se enfocará en la modernización de su producción, elaborando estadísticas económicas y sociales como el PBI, encuestas de hogares y de personas en situación de calle. Asimismo, el instituto gestiona 25 áreas temáticas y colabora con universidades e institutos de estadística en proyectos conjuntos y capacitación.

Esta fue la cuarta jornada de la ronda de áreas del Poder Ejecutivo Porteño que están asistiendo a la Legislatura para explicar sus distintos planes de gestión contenidos en el presupuesto 2025. Durante estos encuentros, los responsables de las áreas no sólo brindan información relacionada a su gestión y al contenido del presupuesto 2025, sino que también responden las preguntas que tienen los diputados y aclaran las dudas que surjan. En este sentido, se desarrolló una agenda dividida en diferentes días para ir barriendo las distintas partidas presupuestarias según las áreas y mañana será el turno del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

La tercera reunión informativa de comisión en torno al proyecto de Presupuesto 2025 se llevará a cabo este martes, a partir de las 15, en el segundo piso del Anexo de la Cámara de Diputados.

Tras el paso de los secretarios de la cartera económica Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas), en la apertura del debate; y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, la semana pasada, ahora será el turno de otros dos funcionarios.

De 15 a 17.30 está previsto que asista la secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, quien depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, otra funcionaria clave de la gestión que, al igual que Luis Caputo, no quiere asistir a la Cámara baja.

Según un informe realizado por la organización Infancia en Deuda, en el Presupuesto 2025 hay 0% de incremento para la aplicación de la ESI y un 30% menos de recursos destinados al fortalecimiento de jardines de infantes, entre otros aspectos.

El segundo turno, de 17.30 a 20, será para el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, exdirigente del kirchnerismo, que apoyó en la campaña a Sergio Massa, pero se pasó a las filas libertarias al comienzo de la gestión de Javier Milei.

La presencia del exgobernador bonaerense fue requerida por la oposición semanas atrás, a raíz de los incendios en Córdoba. El tema estará seguramente presente en la reunión.  Un informe de organizaciones civiles, publicado por la Fundación Vida Silvestre, advierte que en el Presupuesto 2025 se prevén para la Ley de Bosques apenas $10.000 millones, un 2,84% de lo que efectivamente se debería destinar.

Además, esta semana habrá no una sino dos reuniones informativas. El jueves a las 10 será el turno de Carlos Torrendell, secretario de Educación, área que es mirada con especial atención por la oposición.

Mientras se realizan las reuniones informativas de la Comisión de Presupuesto, con la expectativa del oficialismo de culminar a fines de noviembre con la media sanción en el recinto de Diputados, las negociaciones por el proyecto se llevan a cabo -en una metodología similar a la Ley Bases- puertas adentro, entre funcionarios y los bloques dialoguistas.

Los pedidos de la oposición son muchos. La postura del oficialismo es que el déficit cero es "innegociable". A su vez, también participan de las reuniones en el despacho de Martín Menem referentes de La Libertad Avanza en el Senado, como el presidente provisional, Bartolomé Abdala. El Gobierno quiere que cuando el proyecto pase a la Cámara alta no haya modificaciones que provoquen su regreso a Diputados.

Entre los cambios que se le piden al oficialismo figuran aumento para jubilaciones y la partida a las universidades; eliminación del artículo que suspende leyes que hacen al financiamiento en educación y el que deroga la movilidad de las asignaciones familiares. También hay una lupa puesta sobre la deuda a las provincias por las cajas previsionales.

Mientras desde la UCR anticipan que en la redacción del Presupuesto buscarán evitar que el Poder Ejecutivo pueda eventualmente tener discrecionalidad de futuras partidas (producto de la subestimación de la inflación), desde el bloque de Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, trabajan en un dictamen propio, con una revisión sobre los gastos tributarios y las partidas millonarias para la SIDE.

El titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, se presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en su breve exposición inicial recordó que al asumir la gestión recibió por parte del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la directiva de “la excelencia en el servicio y transparencia en la ejecución”.

La ANSeS “si bien no define las políticas públicas previsionales y asistenciales, que corresponden principalmente a la ministra de Capital Humano, tiene a su cargo la responsabilidad de llevar adelante su ejecución de modo eficaz, eficiente y con un claro sesgo de empoderamiento al ciudadano”, señaló.

De los Heros apuntó que “hasta ahora los procedimientos que ejecutaba la ANSeS para el otorgamiento de las prestaciones previsionales y asistenciales estaban diseñados de modo de sugerir subrepticiamente a los ciudadanos que estaban recibiendo una ayuda que graciosamente les concedía el gobierno de turno. Esto generaba una sensación de dependencia en nuestros beneficiarios, que no se condecía con la dignidad que les corresponde”.

“Esta nueva gestión pretende devolver la dignidad a los beneficiarios de la ANSeS, de modo que queden empoderados como verdaderos titulares de los derechos que les corresponden”, aseguró el funcionario y subrayó que “en ningún caso son regalos o dádivas por las que deben agradecer a un gobierno”.

El director del organismo previsional sostuvo que “ni ANSeS ni su red de oficinas alrededor de todo el país buscan forzar la asistencia presencial de los beneficiarios para recibir aquello que por derecho les corresponde”. “El objetivo es facilitarles la vida a los ciudadanos, llegar a ellos directamente sin intermediarios, y del modo más eficaz y eficiente”, cerró.

Al responder consultas hechas por los diputados nacionales Ignacio García Aresca y Victoria Tolosa Paz, De Los Heros afirmó que la partida presupuestaria dirigida al Anses “tiene un incremento del 1% y llega al 45% del Presupuesto total”. Asimismo, señaló que en la gestión anterior estaba “venia de ser el 38%”, e indicó que el aumenta muestra “la sensibilidad social del Gobierno nacional”.

Por otro lado, se refirió a la AUH y confirmó que con la gestión actual alcanzó 104% de aumento, mientras que la Tarjeta Alimentar tuvo un 6%. “Para el 2025 se está previendo, a valores constantes, un incremento del 4% en ambas prestaciones”, destacó el funcionario.

Además, señaló que, dentro del proyecto, “las pensiones de ANDIS tienen movilidad por IPC”, y añadió que “el bono de 70.000 pesos (destinado a los jubilados y pensionados) está proyectado mantenerse, pero sin ajuste de inflación”. “Respecto del Plan 1000 días, las metas físicas prevén un incremento del 10% porque hay 590.000 beneficiarios y se estiman 60.000 embarazadas más”, agregó.

Respecto a la consulta del cordobés, el funcionario de la cartera previsional explicó que “hay todo un trabajo técnico que tiene cuatro etapas”, e indicó: “La primera etapa es que la provincia manda todos los datos a ANSES para hacer una simulación y en base a eso hay un convenio provisorio con supuesto déficit. Después se procede a una auditoria, y para terminar se cotejan esa información que fuera utilizada para ver si es consistente lo que daría un acuerdo definitivo”.

En relación a las cajas provinciales no transferidas, reiteró que “las particularidades de las cajas de financiación se dejan afuera para la estimación del déficit”, y manifestó que “desde el 2017 hasta 2024 no hay un solo convenio definitivo, pero hay muchos provisorios”. En ese punto mencionó que “desde el 2017 hasta el 2023 solo se hicieron cinco auditorías, y en 2024 se hicieron cinco, con ánimos de llegar a seis para fin de año”.

En medio de las preguntas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del debate del Presupuesto 2025, el diputado nacional Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – Buenos Aires) se cruzó con la funcionaria cuando le preguntó por el protocolo anti-piquetes y le recordó el caso Santiago Maldonado en su anterior gestión al mando del Ministerio.

El contrapunto entre la ministra y el legislador inició cuando Bullrich se defendió de las acusaciones por el incremento en las partidas presupuestarias: “No es verdad que es el presupuesto que más se aumenta porque Capital Humano aumenta un 35% y nosotros el 19%”. En tal sentido, amplió que “es una decisión del presidente y las prioridades están claras porque hoy, la AUH está cubriendo el 95% de la pobreza (en realidad se refería la Canasta Básica de Alimentos) y en el gobierno anterior, solo el 40%”.

“Los datos dicen otra cosa ministra”, irrumpió Del Caño, comentario que despertó el regaño de José Luis Espert, en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien, enojado, reiteró que “usted no tiene uso de la palabra”. En ese momento, el legislador del FIT mencionó un recorte en materia de educación y añadió: “Hay más dinero para la represión que para la educación”.

Con relación al protocolo anti-piquetes, medida implementada por el Gobierno nacional a los pocos días de asumir, Patricia Bullrich lo defendió: “Durante 25 años salieron todos los días a la calle a impedir que los argentinos lleguen en su trabajo”, y agregó: “Hay una decisión de este gobierno de que haya orden público, que las calles no estén tomadas todos los días y nunca consideramos delincuentes a los manifestantes”.

En ese punto, la ministra de Seguridad de la Nació aportó que “en 2022 hubo 9.778 piquetes y en 2023 8.239 con costos de 494 millones de dólares”, y se vanaglorió: “En 2024 –el protocolo mencionado- permitió el ahorro de 405 millones de dólares por no tener piquetes todos los días”.

Asimismo, amplió: “Los que rompen autos, los que incendian autos, los que rompen bienes públicos ¿Qué son si no son delincuentes? Explíquemelo usted”, le refirió a Del Caño, y siguió: “Siempre distinguimos el manifestante del señor que agarra un palo, le rompe la cabeza a otra persona o que quema un auto que es un delincuente”.

Entre gritos y abucheos desde los principales bloques de la oposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, Bullrich trajo a debate lo ocurrido en el debate de la Ley de Bases cuando varios legisladores resultaron heridos en medio de los incidentes en las afueras del Congreso: “Los diputados, para mí y para la Ley Argentina, no tienen coronita, si se ponen adelante a querer pegarle a la policía van a tener las mismas consecuencias”.

Respecto al caso de Santiago Maldonado, Nicolás del Caño le consultó por la pericia que se conoció en las últimas horas que afirma que “el cuerpo no estuvo todo el tiempo que permaneció desaparecido en el mismo sitio donde fue encontrado el 17 de octubre de 2017”.

En medio de gritos, Bullrich contestó que “el informe fue desechado por los 55 peritos y fue considerado insignificante porque como dice la causa, el cuerpo estuvo siempre en el mismo lugar”. “La causa se aclaró y va a seguir en el mismo lugar”, concluyó.

Por último, la funcionaria respondió sobre lo ocurrido con la niña gaseada en las afueras del Palacio Legislativo el mes pasado durante una sesión en Diputados: “Un grupo intentó entrar al Congreso y una mamá irresponsable se puso delante de la policía”. Agregó, además, que “hay un video que muestra que el gas salió de los mismos manifestantes”.

Para terminar, Bullrich señaló que “luego, un policía tira un gas y la niña estaba cubierta por una chica que no era la mamá”. “Le vamos a mostrar cuadro por cuadro que el policía no gasea a la niña y después, va a decidir la justicia”.

El presidente Javier Milei cargó duro este martes contra el diputado nacional Miguel Pichetto, quien en la última sesión tuvo un fuerte discurso contra el Gobierno y le endilgó que aplica “un ajuste al estilo (José Alfredo) Martínez de Hoz”, el ministro de Economía de la última dictadura. 

“Pichetto es un ignorante en términos de economía porque, primero, es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz. Básicamente una de las cosas que no hizo el programa de Martínez de Hoz fue el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto es en democracia. Estas analogías son bastante poco felices”, expresó el mandatario. 

Durante una entrevista con Antonio Laje en el canal LN+, el presidente consideró que el jefe de Encuentro Federal fue “bastante irresponsable” por hacer una crítica “tan airada” ya que “no es economista, no entiende de esto y habla de algo que no sabe”.

Al ser consultado por el periodista sobre si Pichetto no era un aliado en el Congreso, Milei disparó: “Él es aliado del ‘partido del Estado’, es un tipo que siempre vivió del Estado, es un tipo que fue el que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, el que usó los artilugios institucionales para protegerla a Cristina (Kirchner) y es el mismo que se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada cuando tiraban las banderas de Néstor y Cristina”. 

Además, lo describió como un ser “inconsistente e incoherente” que, “de estar con el kirchnerismo, se fue con (Mauricio) Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras”.

Por otra parte, en medio del conflicto universitario, que con la ratificación del veto produjo la toma de numerosas facultades, el líder de La Libertad Avanza afirmó que “la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, está fuera de discusión, no se toca”. 

Sobre las partidas previstas para las universidades en el Presupuesto 2025, que son la mitad de lo previsto por el Consejo Interuniversitario Nacional, dijo: “Acá está el Presupuesto, vean cómo lo vamos a reasignar. Yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva”. 

Ante la posibilidad de que la oposición no acompañe la “ley de leyes”, Milei aseguró que “no” tiene “problema” en que no haya ley. “Gobernaré con el de 2023”, anticipó y agregó: “No es mi problema, es un problema del Congreso si no lo quiere aprobar”. 

Buscando cumplir con los plazos establecidos y retomando la ronda de ministros que desde hacia varios años no se implementaba, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió a funcionarios de la Vicejefatura porteña a fin de que pudiesen detallar lo previsto en materia de gastos e inversiones de esa cartera de gestión para el año 2025.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Montevideo, en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto, presidida por la oficialista Paola Michielotto (VxM). Además, estuvieron presentes los diputados Claudia Neira, Juan Pablo Modarelli, Matías Barroetaveña, Juan Manuel Valdés, Alejandro Grillo (UP), Sebastián Nagata, María Sol Méndez (CP), María Fernanda Mollard (UCR-Ev), Pablo Donati (FLR), María Luisa González Estevarena, Gimena Villafruela, Sol Méndez, Matías López (VxM) y Sandra Rey (LLA).

El texto en cuestión estima un presupuesto de 13,9 billones de pesos, el cuál toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: una variación del nivel de actividad del 5%, un nivel de precios del 18,3% y un tipo de cambio de 1207 pesos por dólar para fines del próximo año.

Además, el presupuesto contempla un gasto corriente que tendrá como concepto de mayor incidencia a las remuneraciones del personal, que representa el 42,4%, con una previsión de $5,9 billones, lo que refleja la anualización de la partida y tiene proyectado futuras negociaciones paritarias.

El proyecto rediseña la forma de del impuesto del ABL-Inmobiliario, que es el que grava a todos los inmuebles situados en el distrito capitalino. De esta manera, ahora, el calculo de la tasa incorporará un coeficiente geográfico, de manera tal que los porcentajes de aumentos dependerán del lugar de ubicación de la propiedad y la cuota no tendrá más ajustes a diferencia del esquema actual que se incrementa por inflación. También, habrá bonificaciones por zonas que aliviarán la suba.

Es así que se contemplarán tres zonas: sur, oeste-centro y norte. Según se informó, en la primera de las zonas la actualización del impuesto será del 25%, en la segunda –que reúne la mayor cantidad de boletas– será del 50% y la del norte alcanzará al 100%.

En cuanto al pago de patentes, la iniciativa de Macri también propone una reestructuración en este sentido. La nueva metodología genera progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo en cada escala y una alícuota para el excedente.

La ONG Infancia en Deuda junto a por ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y Justicia) elaboraron un informe en el que señalan una serie de recortes en el proyecto de Presupuesto 2025 en materia de género, infancias, adolescencias y asistencia a situaciones de violencia.

En primera instancia, indicaron que “el programa Acompañar no está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2025 mientras que la línea 144 deja de contar con una partida que especifique su presupuesto”. A su vez, agregaron que “tampoco se incluye en el proyecto la erogación asociada a Educación Sexual Integral”.

Por otro lado, denunciaron “un recorte del presupuesto para el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), con una caída del 27% respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con lo ejecutado en 2023”.

“El presupuesto destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles disminuye un 30% respecto del presupuesto vigente de 2024 y un 69% en relación con lo ejecutado en 2023”, añadieron en el informe. Asimismo, acusaron que “la inversión en infraestructura social y del cuidado cae un 48% en relación al presupuesto vigente de 2024 y un 83% respecto a lo ejecutado en 2023”.

Sin embargo, destacaron que en el contenido de la “ley de leyes” se contemplan aumentos en políticas alimentarias, y mencionaron: “AUH y AUE ascienden 7,81% respecto al presupuesto vigente de 2024 y 65,64% respecto del presupuesto ejecutado en 2023, mientras que la prestación alimentaria aumenta 25,94% respecto al presupuesto vigente del 2024 y 4,59% respecto al presupuesto ejecutado en 2023”

No obstante, consideraron que “el Poder Ejecutivo propone eliminar el ajuste automático de estas prestaciones, lo que dejaría a las familias bajo dos riesgos: la posibilidad de reducciones por decisiones discrecionales y la perdida de valor debido a la inflación”.

En otro sentido, desde el informe encabezado por Infancia en Deuda manifestaron: “Si la inflación en 2025 supera el 18% previsto en el proyecto, como sugieren varias estimaciones entre ellas el relevamiento de expectativas del mercado del BCRA, las partidas presupuestarias tendrían caídas aún más fuertes que las que se estiman en el informe”.

“Es fundamental que en el marco el debate legislativo coma se reviertan estas reducciones para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales de Argentina en materia de Derechos Humanos y garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, a niñas, adolescentes y personas LGBTQ+”, concluyeron.

A un mes exacto de la presentación del proyecto en el Congreso de la Nación por parte del presidente Javier Milei, continuará este martes el análisis del Presupuesto 2025 y para eso ha sido convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert. Invitaron a que a partir de las 15 exponga la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuya presencia está prevista se extienda hasta las 17.30, y luego será el turno, entre las 18 y las 20.30, del director ejecutivo de la ANSeS, Mariano Antonio Salvador de los Heros.

Será la continuidad de un debate del Presupuesto que arrancó el martes 8, con la presencia de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno.

Quien no figura en el cronograma de invitados hasta el momento es el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia requiere la oposición, que insistirá con ello este martes cuando se aborde un proyecto de resolución para que se lo cite. Recordemos que en su sesión del miércoles pasado, Diputados aprobó tratar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar en tal sentido el proyecto suscripto por los diputados de Unión por la Patria Cecilia Moreau, Germán Martínez, Paula Penacca, Mónica Macha, Roxana Monzón, Nancy Sand, Juan Marino y Jorge Romero.

Por eso es que una hora antes de la continuidad del debate del Presupuesto se ha convocado a en la misma sala del segundo piso del Anexo C a ese plenario de Asuntos y Presupuesto para debatir la citación. El proyecto recuerda la presentación hecha por el presidente en el recinto de Diputados, algo que refieren los diputados de UP como una “puesta en escena” que “dista mucho de cumplir con los mandatos constitucionales respecto a la formación y posterior sanción del presupuesto”.

“Es el ministro de Economía quien tiene a su cargo la elaboración y control de ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional”, señala el texto, invocando el artículo 20 inciso 2 de la Ley 22.520.

Lo cierto es que ninguna ley ni reglamento establece la obligación de ningún funcionario a exponer sobre el Presupuesto. Atento a ello, el proyecto de Cecilia Moreau recuerda que “se ha hecho costumbre en los últimos años que los ministros de Economía sean quienes presenten, expliquen y respondan sobre cuestiones relativas al proyecto del Presupuesto nacional. Y, como todos sabemos, la costumbre es una fuente del derecho parlamentario. En ese sentido, han pasado por esta casa cumpliendo con ese deber casi todos los ministros de Economía en los últimos años”.

Sin embargo, el ministro Caputo no tiene ninguna intención de concurrir al Congreso a exponer sobre la ley de leyes. Eso mismo sostiene el proyecto que analizarán el martes a partir de las 14, cuando señala que “el domingo 6 de octubre el ministro Caputo, sobre su visita a esta Cámara, ha expresado textualmente en una entrevista ‘No voy a ir yo, es una puesta en escena del kirchnerismo, un show, yo trabajo como un perro, no voy a gastar mi tiempo para hacerle el show. Va la gente que corresponde, el que quiera hablar conmigo lo recibo sin problemas’”.

“Claramente la actitud es contraria a los acuerdos mínimos que hacen al funcionamiento de las instituciones, al respeto por la República y a la división de poderes, además de un desprecio y destrato absoluto hacia nuestra calidad de representantes del pueblo”, añaden los diputados de UP, que recuerdan que “son muchos los bloques de esta cámara que consideran primordial las explicaciones del ministro y así se lo hicieron saber al presidente de la HCDN para que pudiera interceder, pedido que claramente no fue canalizado con una respuesta favorable”. Y rematan: “Es por ello que se hace imperioso que se cite al Ministro de Economía a través de un proyecto de resolución”.

De esto queda claro que surgirá de esta reunión una convocatoria al ministro, pero en definitiva estará en su voluntad la asistencia o no a la comisión.

Dentro de la primera y segunda ronda de preguntas en la primera jornada de debate del Presupuesto 2025, los diputados nacionales Julia Strada, de Unión por la Patria, y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, le consultaron al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, respecto al DNU 846/2024 publicado el pasado 23 de septiembre por el que el Gobierno nacional quedó habilitado a realizar canjes de deuda pública sin cumplir las condiciones de la Ley de Administración Financiera y sin aval del Poder Legislativo.

En primera instancia, Strada le recriminó al representante del Gobierno nacional que “hagan la propuesta de canje y pasen por el Congreso de la Nación porque esas son las formas de discutir”. Molesta por tener el espacio de pregunta al final de la ronda, aseveró que “(Luis) Caputo tomó millones de deuda”, y agregó: “Esa herencia es su propia deuda”.

En la segunda ronda de preguntas y respuestas, Massot, entre varias cuestiones que presentó ante el funcionario Quirno, planteó que el DNU 846 “podía haber formado parte de esta discusión”, alentado al invitado del Gobierno a que amplíe detalles respecto al decreto.

El secretario de Finanzas, en el medio de cada pregunta, le respondió a la legisladora de UP: “Tenemos el absoluto respeto de los diputados de la Nación y de este Congreso”, y le enrostró que “no dijo nada sobre decretos anteriores que fueron en contra de lo que usted está sugiriendo”. En ese punto, Quirno reiteró: “Hubo decretos de necesidad y urgencia de gestiones anteriores que permitían el canje de deuda en dólares y en pesos por moneda en pesos”.

De igual modo, Quirno señaló que en DNU de gestiones anteriores “dejaron exceptuado el artículo 65” de la Ley de Administración Financiera (establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales), y cargó: “Se hicieron transacciones en contra de lo que está sugiriendo porque estamos tratando de mejorar la situación”.

Durante una extensa reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que transcurrió sin sobresaltos, funcionarios del Ministerio de Economía defendieron este martes el Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno. Se trata del primer plan de gastos y recursos de la gestión de Javier Milei, quien lo presentó el pasado 15 de septiembre en el recinto de la Cámara baja en un hecho inédito. 

Previo a este primer encuentro de la comisión y durante la jornada, la oposición reclamó por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya afirmó que no tiene intención de asistir. Se verá en las próximas semanas si los bloques suman presión para que efectivamente concurra. 

Quienes dieron el puntapié inicial para el debate fueron los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas), quienes estuvieron junto al presidente Milei antes de partir rumbo al Congreso. En la reunión que tuvieron en el Ministerio de Economía estuvo también, por supuesto, Caputo y hubo varias selfies que los propios protagonistas se encargaron de publicar en redes. 

De izquierda a derecha, Quirno, Milei y Guberman en el Ministerio de Economía

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en el Congreso es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Asimismo, la intención es que el tratamiento en ambas cámaras sea “en espejo” para evitar que una vez que el proyecto pase al Senado se le introduzcan modificaciones. Es decir, evitar la experiencia de la Ley de Bases. 

Al responder una primera tanda de consultas de legisladores de Unión por la Patria, quienes cuestionaron distintos aspectos del proyecto, Guberman se refirió al presupuesto para universidades. En la iniciativa se estiman 3,8 billones de pesos para el próximo año, mientras que desde el Consejo Interuniversitario Nacional proyectaron 7,2 billones. 

En la previa del debate sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que preveía la recomposición salarial en lo que respecta a este año, el secretario de Hacienda señaló: “La proyección nuestra para el año que viene es incrementar el presupuesto en términos nominales lo suficiente para que los salarios, como todas las partidas, se ajusten al ritmo de la inflación”. E insistió que se busca “incrementar en términos iguales a la inflación (que se proyecta) las partidas para salarios y gastos de funcionamiento”. “Si hay más inflación, hay más recaudación, y también estas partidas van a ser ajustadas de esa manera”, agregó. 

Luego que el diputado Carlos Heller le consultara por el artículo 27 del proyecto, que propone la suspensión de ciertos artículos de distintas leyes que hacen al financiamiento educativo (como el que habla de un 6% de inversión del PBI), el funcionario aclaró que “se suspenden (para el año que viene), no es que se eliminan”. Al remarcar que el cumplimiento de esas normas “obliga a determinados niveles de gasto” que “tienen que ver con la capacidad del Gobierno de mantener el equilibrio” presupuestario, “no podríamos cumplir con todas esas normas dada la restricción presupuestaria que tenemos”, justificó. Guberman dijo que “si las provincias quieren gastar más” en educación, pueden, pero desde Nación “no estamos en condiciones de cumplir con esas obligaciones”. 

Por otra parte, respondió sobre el bono adicional que reciben los jubilados, sin especificar una futura actualización. “La discrecionalidad del bono nos da la flexibilidad de que si queremos incrementarlo más adelante lo podemos incrementar; asignaremos partidas de donde consideremos apropiado. Le garantizamos a los jubilados y pensionados que como mínimo van a tener el mismo bono”. 

Además, sobre el recorte en pensiones no contributivas por discapacidad, Guberman recordó que “se comenzaron a hacer las auditorías y los resultados son tremendos”. Según los primeros datos, “el 80% de las pensiones que se estaban pagando no correspondían, eran presos, personas prófugas de la justicia, gente que no sabía que tenía ese beneficio”. Con la mira en que se complete ese proceso de auditorías, “es la idea que el año próximo se va a necesitar menos gasto en esas partidas porque no va a haber nadie que reciba una pensión por discapacidad y no la merezca”, afirmó. 

Heller también lo consultó al secretario de Hacienda sobre el artículo 68, que deroga la movilidad de las asignaciones familiares. “No se me ocurre otra razón que no sea la de reducir el poder adquisitivo de las mismas”, opinó el opositor, a lo que Guberman contestó: “Creemos que las movilidades como están puestas no tienen nada que ver con la lógica de la asignación. Nosotros queremos desindexar la economía”. 

Sobre la incorporación de organismos al presupuesto, el representante del Ejecutivo le agradeció a Heller que “haya hablado del PAMI como una caja, porque eso muestra la visión que ha habido del organismo por mucho tiempo y nosotros no queremos que pase más, que no sea una caja de nadie”. Y explicó que buscan “meterlo adentro del Presupuesto para controlarlo de mejor manera, hacer un mejor seguimiento de lo que están haciendo y poder eliminar la intermediación y el abuso de los fondos públicos como otros organismos que han estado al margen de la Ley de Administración Financiera”. 

Durante la reunión, el funcionario negó un congelamiento de los salarios del sector público, al tiempo que especificó el presupuesto previsto para el área de salud. Tras las preguntas del diputado de la izquierda Christian Castillo, quien observó que en el presupuesto “cae un 11,5% la inversión en el Hospital Posadas y un 11,6% en el Garrahan”, Guberman apuntó que “la función salud está incrementando el presupuesto respecto a lo que es este año. Pasa de 0,64 del PBI a 0,86 del PBI. Lo que sí hay es un reordenamiento” de las partidas. 

“¿Cuánto van a subir las tarifas de luz, agua, gas y transporte durante el año que viene?”, preguntó Castillo en su intervención, a lo que el secretario de Hacienda anunció que “según la información que maneja la Secretaría de Energía estaríamos hablando en mayo de un 7% de aumento” en las tarifas de los servicios. “Puede ser más o menos si el escenario macroeconómico que estamos planteando se cumple o no. El ajuste en los subsidios no tiene tanto que ver con suba de tarifas, sino con ordenar quiénes son los que reciben los subsidios y quiénes no”, agregó. 

Otra de las consultas de Castillo fue sobre los gastos tributarios. “¿Cuánto es lo que le estamos subsidiando a la empresa Mercado Libre, por la Ley de Economía del Conocimiento? ¿Por qué es necesario subsidiar a alguien que se fue a Uruguay para no pagar impuestos y tiene ingresos millonarios?”, lanzó sobre Marcos Galperin. Guberman indicó que hay “una asignación de cupo fiscal por 295 mil millones de pesos para todo lo que es economía de conocimiento”, que se distribuye de acuerdo a la cantidad de empleados de las empresas y no está apuntado o dirigido a una en particular. 

“¿Estamos frente a un proyecto de presupuesto que consolida el ajuste de 2024 o es una nueva ronda de ajuste?”, preguntó el diputado de UP Itai Hagman, mientras su par Julia Strada advirtió que “el presupuesto tiene una discrecionalidad enorme” y reclamó saber “cuáles son las partidas que no están consideradas como automáticas” porque “sabemos que van a quedar expuestas ante, por ejemplo, una devaluación”. 

Guberman explicó que “en la estructura del presupuesto de hoy, el 73% de los gastos son ajustables por inflación o por indicadores salariales. De 100 pesos que hay en el presupuesto, 73 son con ajuste automático. Eso, si hay más inflación, va a crecer, va a haber más recaudación también y se va a poder pagar. Si hay menos inflación, esos gastos van a bajar, va a haber menos recaudación, se van a poder pagar igual y eventualmente habrá que ver qué necesidad de ajuste hay sobre el resto de las partidas. Si hay más inflación que la prevista, no vamos a poder gastar el cien por cien de esa mayor inflación reflejada en impuestos. Si la inflación es menor, hay un 73% por lo menos del gasto que automáticamente va a ser menor. Por lo tanto, el ajuste, como quieren plantearlo, no tengo problema de usar la palabra, habrá que ver de ese 27% que queda donde se pueden hacer los recortes”. Las jubilaciones, los salarios de empleados públicos y partidas para universidades están dentro del 73%, subrayó. 

“El presupuesto siempre es un techo al gasto”, expresó el funcionario de la cartera económica y completó: “La regla fiscal no implica que estemos congelando nada, lo que dice es que vamos a tener que tener equilibrio fiscal mientras nosotros estemos en el Gobierno. No vamos a tener discrecionalidad de gastar de cualquier manera cualquier incremento de recursos que haya por inflación”. 

José Luis Espert (Foto: HCDN)

En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, destacó que “estamos asistiendo a un presupuesto histórico desde nuestro punto de vista” por dos motivos. El primero, porque “si no es la única, debe ser una de las pocas veces que un presidente ha presentado” el plan de gastos y recursos. Y segundo, indicó, “el artículo 1 en vez de fijar el gasto público como habitualmente ha ocurrido con todos los presupuestos, esta vez pensando en la gente, dice que el déficit fiscal tiene que ser cero”. 

El oficialista subrayó que para la gestión es fundamental la reducción de la inflación. “Que la inflación sea lo más baja posible es central para la prosperidad de los pueblos”, sostuvo, y luego aseguró que ese objetivo es también un mandato constitucional que tienen los legisladores. 

Para Espert, bajar la inflación permitirá después debatir una “reforma laboral, previsional, impositiva, al régimen de coparticipación y al régimen de comercio exterior” que el país necesita. 

Antes de la exposición de los funcionarios, Espert le dio la palabra al jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien recordó: “Con el diputado Heller presentamos una nota pidiendo por la presencia de una cantidad de funcionarios para poder debatir a fondo las 3.828 fojas de este presupuesto”. Y señaló que el pedido tenía a la cabeza ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. 

El santafesino resaltó que en una entrevista este fin de semana, Caputo “dijo que no iba a venir porque no se iba a prestar a un show”. Entonces, preguntó si concretamente se le había cursado una invitación, “si hay intención de que venga, si le comunicó que no va a venir, porque estaríamos ante una situación inédita de no solamente no venir, sino de decir ‘no vengo por tal motivo’”, apuntó. 

El opositor consideró “grave” que el ministro “no quiera venir” y que además “lo diga públicamente, que diga que no se quiere prestar a un show”. “Es una afrenta contra esta Cámara de Diputados y este Congreso”, continuó Martínez, que calificó la ausencia del funcionario como “una pésima señal institucional” y comenzar “de forma muy torcida el debate de este presupuesto para el ejercicio 2025”. Tras su reclamo, Espert no respondió a la inquietud. 

En su exposición inicial ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró que “tener equilibrio fiscal nos permite ordenar la macro y realizar una estrategia de financiamiento, que significa recuperar el crédito para Argentina, que estaba totalmente dilapidado, totalmente destruido, dada la situación que heredamos en diciembre de 2023”.

“Ante esta regla fiscal que nosotros entendemos y abrazamos con convencimiento es que hay una situación totalmente ligada al déficit fiscal, que ha sido históricamente el aumento de deuda en la Argentina. La deuda es directa hija de los déficit fiscales. Los diferentes gobiernos no es que emiten deuda adicional, nueva, porque se les da la gana, lo hacen justamente porque tienen necesidades financieras, que se expresan cuando uno gasta más de lo que ingresa”, señaló. 

El funcionario se refirió entonces a la herencia recibida: “Recibimos una deuda del Tesoro del equivalente de 487.213 millones de dólares” de los cuales “425.552 millones de dólares eran la deuda del Tesoro a noviembre de 2023”. A su vez, “la deuda de pasivos remunerados del Banco Central era casi 62 mil millones de dólares”, apuntó y dijo que “esa deuda está directamente relacionada con las acciones del Tesoro, que no tenía fuente de financiación pura” y se financió “detonando la hoja de balance del Banco Central”. 

Quirno afirmó que cuando llegaron a la gestión, “el 30% de la deuda consolidada tenía vencimientos a un día, el equivalente a 66 mil millones de dólares vencían a un día. Esa fue la situación que heredamos”. “El Tesoro estaba escondiendo” deuda “bajo la alfombra”, resaltó y agregó que “el 90% de la deuda estaba indexada”. 

En defensa de la premisa del Gobierno, el secretario de Finanzas sostuvo que “el equilibrio fiscal nos permite que el Tesoro no necesite financiamiento adicional” y también “refinanciar los vencimientos que va teniendo en cada momento”. “Al no tener necesidad de financiamiento no se le pide financiamiento al Banco Central para que financie al Tesoro”, resumió. 

Luego, continuó: “La situación de superávit fiscal nos permitió desarrollar una estrategia financiera desde el primer momento, bajo la cual esos casi 60 mil millones de dólares que estaban en el Banco Central fueron eliminados en un período de siete meses”. Esto fue a partir de “diferentes colocaciones en el mercado de pesos por encima de nuestros vencimientos” y “vía recompra de títulos” lo que generó “la absorción de pesos”. 

“Redujimos la cantidad de deuda en dólares que debíamos” y “otra parte de esos pesos se utilizó para la compra de dólares”, detalló, para sumar que “estuvimos acumulando reservas en pesos en la cuenta del Tesoro del Banco Central”. 

En esta línea, Quirno precisó que “ahora de la deuda emitida, solamente el 29% está indexada”. “De noviembre de 2023 a agosto de 2024 la deuda consolidada se redujo por el equivalente de 46.418 millones de dólares”, indicó. 

También reveló que “la deuda con privados, que es la deuda exigible, porque después está la deuda intra sector público -que tiene refinanciamiento asegurado-” más la que se tiene con organismos internacionales se redujo en el porcentaje que representa en el PBI, pasando de 56,5% a 50,8%. Mientras que la deuda en pesos pasó de “casi el 21% a casi 13%”. 

Sobre esto, el funcionario añadió que “el nivel de deuda en dólares en noviembre de 2023 es de 266.737 millones” y “en agosto de 2024 es prácticamente 10 mil millones de dólares menos”. 

Respecto de los vencimientos del año próximo, detalló que “los vencimientos 2025 en pesos son del orden de 101 billones de pesos; con el sector privado son en el orden de 45 billones de pesos”; mientras que “los vencimientos 2025 con organismos internacionales son 7.800 millones de dólares”. 

“Hemos podido sortear una cantidad muy grande de obstáculos, sanear la hoja de balance del Banco Central, hemos reconstituido una curva en pesos en tasa fija. Es todo parte de un proceso de ganar credibilidad poco a poco, para seguir extendiendo la vida promedio de nuestra deuda, y que pueda ser refinanciada sin problemas. Creemos que es un perfil de deuda que es refinanciable, una vez que en el futuro accedamos a los mercados de capital”, concluyó. 

Como puntapié inicial de la primera reunión sobre la “ley de leyes” para el período 2025, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió al secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, quien presentó el contenido del texto y remarcó que “nos estamos atando de manos por el convencimiento de esta gestión con el equilibro fiscal”.

Durante los primeros 50 minutos del encuentro que se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo, el funcionario tuvo un breve cruce con el presidente de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, a quien le enrostró que “desde que no tenemos superávit fiscal, no tenemos crecimiento en la economía argentina”, y agregó: “Probemos tres o cuatro años mantener las cuentas ordenadas a ver si logramos el crecimiento”.

Inicialmente, Guberman le agradeció a Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, por “delegarle” la presentación del Presupuesto 2025 en comisiones. En tal sentido, también destacó que este proyecto “empieza a hacer historia desde el momento en que el presidente de la Nación lo presentó en el Congreso”, en alusión a la visita del presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre.

Asimismo, deslizó críticas contra las anteriores gestiones de gobierno y sus respectivos presupuestos de administración nacional: “Desde que existe la Ley de Administración Financiera, por primera vez hay un presupuesto que habla de presupuesto y no de una ley ómnibus ajena a la administración”.

En tal sentido, se refirió a la principal bancada opositora y amplió: “No entiendo esa lógica de que el superávit y el equilibrio fiscal es malo”, y recordó que “el último (con esta digresión de equilibro fiscal) fue el del 2014 y no se hicieron estas quejas”, en referencias al séptimo año de mandato de Cristina Kirchner.

Una de las diapositivas presentadas por Guberman para graficar las expectativas del Poder Ejecutivo en los próximos presupuestos.

Los ejes del Presupuesto 2025

Acto seguido, el secretario de Hacienda de la Nación planteó que tanto la gestión actual como el próximo presupuesto y los siguientes estarán basados en tres ejes: “El acompañamiento social sin intermediación; la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa; y la modernización y simplificación del Estado”.

Para el primer punto, el cual será gestionado a través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, reiteró que “hemos detectado abusos en el comportamiento de las organizaciones sociales que lo que hacían era utilizar a los sectores más vulnerables para hacer negocios”, y añadió que “solo restaban recursos y El Estado tiene que llegar de manera directa y no a través de intermediaciones”.

De cara al futuro, Guberman señaló que los montos de la Asignación Universal por Hijo y la A. U. por Embarazo “cayeron un 18% en 2023, pero incrementaron un 16% este año, y se prevé lo mismo para 2025”. A su vez, se refirió a la Canasta Básica Alimentaria y anticipó que “la idea es que la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar alcancen a cubrir el 100%, como lo vienen haciendo desde mayo”.

En virtud de los ministerios de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y de Defensa, que comanda Luis Petri, el funcionario destacó que “arribamos y las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas estaban devastadas y desequipadas”. En ese punto, alertó sobre la situación del Servicio Penitenciario: “Usaban armas que fueron compradas para colección por la antigüedad que tenían”. También, mencionó que encontraron “chalecos antibalas vencidos y municiones inútiles”.

Destacó, en ese punto, como un logro de la gestión mileista a “la reequipación y dotación de recursos a los servicios de inteligencia”. “Había cinco grupos que no cumplían una función real desparramados en el Ejército, la Armada y la PFA”, pero “con “la reestructuración de la SIDE logramos tener mayor capacidad de prevenir situaciones con el terrorismo internacional y tareas contra el narcotráfico”, consideró.

Asimismo, reafirmó que “la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa están reflejados en los resultados en Rosario”. Reiteró, también, que el própisto de este eje es “el mantenimiento de orden público como venimos haciendo”. En relación a Defensa, concluyó que “el requipamiento es el proceso de transformación para hacer frente a cualquier amenaza externa”.

Respecto al tercer eje, amplió que el sentido de la modernización y simplificación del Estado se observó con “la reducción del mismo sobre la cantidad de organismos, pero sin perder las capacidades de acción”. Mencionó el pase de 18 a 9 ministerios y auguró que “con un Estado más chico y más eficiente se pueden lograr mejores resultados”.

En tal sentido, se refirió a la creación de la cartera que tiene como ministro a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), y recordó que su creación fue para “que el sector privado sea el motor de la economía”. “Estamos en un proceso fuerte de desregulación”, cerró sobre la presentación de los 3 ejes.

Por otro lado, el representante del Poder Ejecutivo explicó que el contenido de este proyecto de ley “se estructura en 10 programas con una política de Estado”, y sumó que “se llevan el 60% del gasto público”. En tal sentido, amplió que “lo más importante es con gastos previsionales (el principal) será de 36,5% el principal, luego un 7,4% para asignaciones, 3,6 para financiamiento universitario 3,6%, un 2,9 para política alimentaria, y un para 2,2 pensión por invalidez”.

Sin embargo, admitió que los gastos que serán reducidos son los que corresponden a “servicios económicos, subsidios energéticos y de transporte”, y también mencionó “al gasto de la administración gubernamental también se achica”. “Se ha empezado un proceso de ordenamiento y para 2025 habrá 50 programas menos”, sentenció.

Otros puntos del Presupuesto

En rigor de los datos ya establecidos en el proyecto cuando el jefe de Estado lo trajo personalmente al Palacio Legislativo, Guberman remarcó, en varias oportunidades, que “lo que mejora la regla fiscal es que el escenario macroeconómico hace que el presupuesto se vuelva neutral”, y reiteró: “Nos estamos atando de manos por el convencimiento de esta gestión con el equilibro fiscal”.

A partir de eso, manifestó que “el último año con superávit fue 2010 y de ahí empezamos a tener déficit fiscal y resultados negativos”. “Toda esa etapa entre 2010 y 2023 hay acumulaciones de deuda y el compromiso es con el equilibrio fiscal”, sumó.

Luego, insistió con que el Presupuesto 2014 “se presentó con equilibrio, pero terminó con déficit”, y defendió, con tono optimista, lo que para el Poder Ejecutivo es el gran objetivo: “Independientemente de cual sea el escenario macroeconómico, no vamos a terminar con déficit porque nosotros arrancamos con la estimación de ingresos y de ahí construimos los gastos que podemos afrontar”. “No podemos emitir deuda para financiar el gasto del Estado Nacional”, volvió a remarcar.

Con relación a las empresas estatales, Guberman las responsabilizó de “generar un gran agujero fiscal en el Estado nacional”, y también explicó: “El PAMI, el año que viene, sin Impuesto País, debe salir de la caja de Tesorería Nacional”. Pero advirtió que “no se reduce porque se siguen dando medicamentos y atención medica que corresponde a los jubilados y pensionados”.

Por último, dejó un sugestivo mensaje vinculado a la sanción de leyes en el Congreso de la Nación, puntualmente en la previa de la sesión especial que definirá el destino de la Ley de Financiamiento Universitario: “Si aumentamos algo, debemos discutir (también) a quien le vamos a estar retrasando sus ingresos” porque “todo esto tiene que ver con el equilibro fiscal y la discusión que debemos tener es, que si no estamos de acuerdo, debemos ver como se reasignan unas partidas y otras”, concluyó.

Desde las 14.28 de este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista José Luis Espert, arrancó con el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2025, el primero de la era de Javier Milei, quien lo presentó el pasado 15 de septiembre en el recinto de la Cámara baja en un hecho inédito. 

Aunque la oposición reclamó por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para esta primera reunión de comisión, eso no sucederá. Tampoco es la intención del funcionario asistir más adelante, pero se verá hasta dónde llega la presión de los bloques dialoguistas, que serán clave para que el oficialismo tenga ley. 

Así las cosas, por el Poder Ejecutivo se encuentran este martes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quienes estuvieron junto al presidente Milei antes de partir rumbo al Congreso. En la reunión que tuvieron en el Ministerio de Economía estuvo, por supuesto, también Caputo y hubo varias selfies que los propios protagonistas se encargaron de publicar en redes. 

De izquierda a derecha, Pablo Quirno, Javier Milei y Carlos Guberman en el Ministerio de Economía este martes

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Si bien estaba estipulado que comenzase en la jornada del martes 1 ro. de octubre, debió posponerse una semana por la sesión especial celebrada ese mismo día. Desde La Libertad Avanza buscarán tener el dictamen a finales de noviembre. 

Tras la presentación de la “ley de leyes” el pasado 15 de septiembre, los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en las dos cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, se reunieron en varias ocasiones con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y los principales funcionarios del Palacio de Hacienda para definir el plan legislativo. La intención es que el tratamiento en ambas cámaras sea “en espejo” para evitar que una vez que el proyecto pase al Senado se le introduzcan modificaciones. Es decir, evitar la experiencia de la Ley de Bases. 

En el texto presentado por Milei se estima que la inflación se desacelere a un 18,3% interanual, el nivel más bajo desde 2009 (14,8%), según la medición del IPC Congreso, mientras que el crecimiento se proyecta en un 5% del PBI y estima un valor del dólar a $1.207.

Del mismo modo, se pronostica “levemente superavitario” en términos del PBI, con un resultado primario que alcanzaría 1,3%. En 2024, el Gobierno considera que sería positivo en un 1,5% del PBI.

Con relación al sector público nacional, el Gobierno estima resultado financiero superavitario de $190.655 millones, con recursos totales de $125.936.982 millones (el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto a 2024) y gastos totales de $125.744.647 millones (16,5% del PBI).

A partir de estos números, los gastos totales serán inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI). En cuanto al Producto Bruto Interno, se proyecta una suba del 5% para 2025 y que siga con un crecimiento sostenido del 5% en 2026 y del 5,6% en 2027. La suba estará impulsada por la industria y el comercio, con subas de 6,2% y 6,7%, respectivamente.

En virtud del sector agropecuario, el proyecto de ley indica un avance del 3,5%, tomando la recuperación de la cosecha del período actual. En suma, los rubros de bienes “crecen en promedio 5,6%, por encima de los servicios, que suben 4,4%”, explica el documento. A su vez, el Gobierno espera que las exportaciones por bienes y servicios crezcan 7,7% el año que viene, después de la caída de 7,5% de 2023 y el salto de 23,2% de este año.

En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, destacó que “estamos asistiendo a un presupuesto histórico desde nuestro punto de vista” por dos motivos. El primero, porque “si no es la única, debe ser una de las pocas veces que un presidente ha presentado” el plan de gastos y recursos. Y segundo, indicó, “el artículo 1 en vez de fijar el gasto público como habitualmente ha ocurrido con todos los presupuestos, esta vez pensando en la gente, dice que el déficit fiscal tiene que ser cero”. 

El oficialista subrayó que para la gestión es fundamental la reducción de la inflación. “Que la inflación sea lo más baja posible es central para la prosperidad de los pueblos”, sostuvo, y luego aseguró que ese objetivo es también un mandato constitucional que tienen los legisladores. 

Para Espert, bajar la inflación permitirá después debatir una “reforma laboral, previsional, impositiva, al régimen de coparticipación y al régimen de comercio exterior” que el país necesita. 

Antes de la exposición de los funcionarios, Espert le dio la palabra al jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien recordó: “Con el diputado (Carlos) Heller presentamos una nota pidiendo por la presencia de una cantidad de funcionarios para poder debatir a fondo las 3.828 fojas de este presupuesto”. Y señaló que el pedido tenía a la cabeza ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. 

El santafesino resaltó que en una entrevista este fin de semana, Caputo “dijo que no iba a venir porque no se iba a prestar a un show”. Entonces, preguntó si concretamente se le había cursado una invitación, “si hay intención de que venga, si le comunicó que no va a venir, porque estaríamos ante una situación inédita de no solamente no venir, sino de decir ‘no vengo por tal motivo’”, apuntó. 

El opositor consideró “grave” que el ministro “no quiera venir” y que además “lo diga públicamente, que diga que no se quiere prestar a un show”. “Es una afrenta contra esta Cámara de Diputados y este Congreso”, continuó Martínez, que calificó la ausencia del funcionario como “una pésima señal institucional” y comenzar “de forma muy torcida el debate de este presupuesto para el ejercicio 2025”. Tras su reclamo, Espert no respondió y pasó a darle la palabra a Guberman. 

NOTICIA EN DESARROLLO

Veintitrés días después de que el recinto de la Cámara baja abriera sus puertas para que el presidente de la Nación expusiera sobre el primer presupuesto nacional que manda al Congreso, arrancará este martes el debate propiamente dicho.

Será, como corresponde, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado oficialista José Luis Espert, y asistirán funcionarios del Palacio de Hacienda. Mas no lo hará el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia se descuenta será reclamada a viva voz por los diputados de la oposición.

En su lugar, asistirán a esta primera reunión programada para este martes 8 de octubre a las 14, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Dos funcionarios que ya han pasado por la Cámara baja en oportunidad del debate de la Ley de Bases.

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Si bien estaba estipulado que comenzase en la jornada del martes 1 ero. de octubre, debió posponerse una semana por la sesión especial celebrada ese mismo día. Asimismo, desde La Libertad Avanza buscarán tener el dictamen a finales de noviembre.

Tras la presentación de la “ley de leyes” en presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado 15 de septiembre, los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en las dos cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, se reunieron en varias ocasiones con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y los principales funcionarios del Palacio de Hacienda para definir el plan legislativo.

En el texto presentado por Milei, se estima que la inflación se desacelere a un 18,3% interanual, el nivel más bajo desde 2009 (14,8%), según la medición del IPC Congreso, mientras que el crecimiento será del 5% del PBI y propone un valor del dólar a $1207.

Del mismo modo, el texto se proyecta “levemente superavitario” en términos del PBI, con un resultado primario que alcanzaría 1,3%. En 2024, el Gobierno considera que sería positivo en un 1,5% del PBI.

Con relación al sector público nacional, el Gobierno estima resultado financiero superavitario de $190.655 millones, con recursos totales de $125.936.982 millones (el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto a 2024) y gastos totales de $125.744.647 millones (16,5% del PBI).

A partir de estos números, los gastos totales serán inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI). En cuanto al Producto Bruto Interno, se proyecta una suba del 5% para 2025 y que siga con un crecimiento sostenido del 5% en 2026 y del 5,6% en 2027. La suba estará impulsada por la industria y el comercio, con subas de 6,2% y 6,7%, respectivamente.

En virtud del sector agropecuario, el proyecto de ley indica un avance del 3,5%, tomando la recuperación de la cosecha del período actual. En suma, los rubros de bienes crecen en promedio 5,6%, por encima de los servicios, que suben 4,4%”, explica el documento. A su vez, el Gobierno espera que las exportaciones por bienes y servicios crezcan 7,7% el año que viene, después de la caída de 7,5% de 2023 y el salto de 23,2% de este año.

Tras el inicio del debate sobre el Presupuesto 2025, la diputada de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira analizó la propuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acerca de los gastos para el próximo año y cuestionó con dureza el plan que prevén implementar.

En ese sentido, Neira planteó que “el primer problema que vemos en el presupuesto no es presupuestario, es político. La verdad que esta es una gestión que es nada. Este proyecto como plan de Gobierno, en principio tiene gusto a nada, ¿no? Como plan de Gobierno, cada una de las políticas que se expresan en este presupuesto, creo que uno lo podría definir con la palabra: nada. Plan de Gobierno, Jorge Macri, nada”.

“Lo que se plantea no tiene ningún tipo de horizonte de transformación. Deberíamos ir por la transformación de esta Ciudad, por tener un horizonte que nos permita soñar con mejorar en serio, los problemas que esta Ciudad tiene. Volvieron los topes, ministro, tanto que discutimos cuando fue la ampliación por los topes que nosotros decíamos ‘no es momento de levantar los topes’ y ahora volvemos con los topes, ahí van, van y vienen. Mucha ida y vuelta hay en este Gobierno”, indicó y precisó que la “discrecionalidad para nosotros en esta Ciudad, en esta Legislatura, la verdad es que para nosotros es inaceptable. ¿No les parece importante que lo discutamos en esta Legislatura? Porque esta oposición no está pintada al óleo y lo queremos discutir”.

Sobre esa misma línea, Neira planteó que “la verdad es que necesitamos información sobre los ingresos brutos de profesionales y también de monotributistas no profesionales, porque la verdad es que nosotros estamos de acuerdo que se haya dado marcha atrás. Porque no nos parece momento para discutir, avanzar sobre nuevos impuestos y sobre ingresos brutos a profesionales, para nada”.
“Ahora bien, ¿no es momento de discutir que hay monotributistas que pagan ingresos brutos? Muchos que tienen iguales tareas que los profesionales. Por ejemplo, maestros mayores de obra que están en el mismo colegio de ingenieros y pagan ingresos brutos. ¿No tenemos que ir a eximir también a esos sectores?”, sentenció.

Días después de que se presentaran el Presupuesto 2025 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, se reunió con la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración financiera y Política tributaria para explicar el presupuesto de la Ciudad y responder consultas de los diputados.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Montevideo y estuvo presidido por la oficialista Paola Michielotto (VxM); y contó con la presencia del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Matías López (VxM) y los legisladores Matías Lammens, Claudia Neira, Juan Pablo Modarelli, Matías Barroetaveña, Juan Manuel Valdés, Alejandro Grillo (UP), Graciela Ocaña, Sebastián Nagata (CP), Darío Nieto, María Luisa González Estevarena, Gimena Villafruela, Juan Pablo Arenaza (VxM), Pablo Donati (FLR), Guillermo Suarez, Inés Parry, Aldana Crucitta (UCR-Ev), Lucía Montenegro, María del Pilar Ramírez (LLA), Cele Fierre (FIT) y Jessica Barreto (PS).

Al inicio de la exposición, Arengo, que estuvo acompañado por su equipo, remarcó la convicción de hacer de Buenos Aires una Ciudad donde se prioriza “el compromiso, el esfuerzo y la eficiencia”. Remarcó la importancia de diversos ejes en la planificación presupuestaria, y mencionó que se tomó como “referencia, para el año 2025, las variables macroeconómicas establecidas en el Proyecto de Presupuesto nacional” y detalló que se contempló “una variación del nivel de actividad del 5%, una evolución del índice de precios del 18,3% y un tipo de cambio de 1.207 pesos por dólar para diciembre del 2025”.

Sobre esa misma línea, Arengo destacó el equilibrio fiscal, que presenta una histórica reducción del peso de los intereses de la deuda, con un alto nivel de inversión en la obra pública, con foco en el Plan de Movilidad y Revitalización del Sur. Además, detalló que el área de Seguridad tendrá la mayor participación de la historia y subrayó “la decisión estratégica de destinar el 61,9% del total a las áreas sociales como Educación, Salud y Promoción Social”.

El presupuesto seguirá su tratamiento en la Comisión de Presupuesto a lo largo de varias jornadas. La primera de ellas será el próximo 14 de octubre y a partir de allí comenzará una ronda de ministros que, en días diferentes, irán visitando la Legislatura para brindar los detalles de las previsiones presupuestarias de sus correspondientes áreas.

Luego de que Jorge Macri presentara en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la norma, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, asistirá este viernes a las 10 al Salón Montevideo para participar de una reunión con diputados locales para darles precisiones respecto del Presupuesto 2025.

El director de esa cartera y otros funcionarios del Ministerio asistirán a una reunión de la Comisión de Presupuesto, a cargo de la oficialista Paola Michelotto (VxM), en la que explicarán la iniciativa y también responderán inquietudes de los legisladores.

El texto en cuestión estima un presupuesto de 13,9 billones de pesos, el cuál toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: una variación del nivel de actividad del 5%, un nivel de precios del 18,3% y un tipo de cambio de 1207 pesos por dólar para fines del próximo año.

Además, el presupuesto contempla un gasto corriente que tendrá como concepto de mayor incidencia a las remuneraciones del personal, que representa el 42,4%, con una previsión de $5,9 billones, lo que refleja la anualización de la partida y tiene proyectado futuras negociaciones paritarias.

El proyecto rediseña la forma de del impuesto del ABL-Inmobiliario, que es el que grava a todos los inmuebles situados en el distrito capitalino. De esta manera, ahora, el calculo de la tasa incorporará un coeficiente geográfico, de manera tal que los porcentajes de aumentos dependerán del lugar de ubicación de la propiedad y la cuota no tendrá más ajustes a diferencia del esquema actual que se incrementa por inflación. También, habrá bonificaciones por zonas que aliviarán la suba.

Es así que se contemplarán tres zonas: sur, oeste-centro y norte. Según se informó, en la primera de las zonas la actualización del impuesto será del 25%, en la segunda –que reúne la mayor cantidad de boletas– será del 50% y la del norte alcanzará al 100%.

En cuanto al pago de patentes, la iniciativa de Macri también propone una reestructuración en este sentido. La nueva metodología genera progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo en cada escala y una alícuota para el excedente.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dará inicio al tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2025. Tal como adelantó este medio, la cita será el martes 8 de octubre a las 14 en el segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo.

En la primera reunión, están convocados el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Pese a que también estarán presentes funcionarios del Ministerio de Economía, el gran ausente, por el momento, es Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda.

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Si bien estaba estipulado que comenzase en la jornada del martes 1 ero. de octubre, debió posponerse una semana por la sesión especial. Asimismo, desde La Libertad Avanza buscarán tener el dictamen a finales de noviembre.

Tras la presentación de la “ley de leyes” en presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado 15 de septiembre, los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en las dos cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, se reunieron en varias ocasiones con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y los principales funcionarios del Gobierno nacional para definir el plan legislativo.

En el texto presentado por Milei, se estima que la inflación se desacelere a un 18,3% interanual, el nivel más bajo desde 2009 (14,8%), según la medición del IPC Congreso, mientras que el crecimiento será del 5% del PBI y propone un valor del dólar a $1207.

Del mismo modo, el texto se proyecta “levemente superavitario” en términos del PBI, con un resultado primario que alcanzaría 1,3%. En 2024, el Gobierno considera que sería positivo en un 1,5% del PBI.

Con relación al sector público nacional, el Gobierno estima resultado financiero superavitario de $190.655 millones, con recursos totales de $125.936.982 millones (el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto a 2024) y gastos totales de $125.744.647 millones (16,5% del PBI).

A partir de estos números, los gastos totales serán inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI). En cuanto al Producto Bruto Interno, se proyecta una suba del 5% para 2025 y que siga con un crecimiento sostenido del 5% en 2026 y del 5,6% en 2027. La suba estará impulsada por la industria y el comercio, con subas de 6,2% y 6,7%, respectivamente.

En virtud del sector agropecuario, el proyecto de ley indica un avance del 3,5%, tomando la recuperación de la cosecha del período actual. En suma, los rubros de bienes crecen en promedio 5,6%, por encima de los servicios, que suben 4,4%”, explica el documento. A su vez, el Gobierno espera que las exportaciones por bienes y servicios crezcan 7,7% el año que viene, después de la caída de 7,5% de 2023 y el salto de 23,2% de este año.

Luego de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentara en la Legislatura porteña en Presupuesto 2025, los legisladores de Vamos por Más (VxM), Confianza Pública (CP), La Libertad Avanza (LLA), Republicanos Unidos (RU) y Unión por la Patria (UP) analizaron en las redes sociales la medida.

En ese sentido, la vicepresidenta tercera de la Legislatura y diputada de CP, Graciela Ocaña, cuestionó que en el Presupuesto se haya contemplado el cobro de ingresos brutos a profesionales y que luego se diera marcha atrás; e incluso lo comparó con lo ocurrido con el Código Urbanístico, en el que se había incorporado la obligatoriedad de construir viviendas para encargados de edificios y terminó siendo sacada del texto. “Igual que con la Ley Franchella. Todos borradores que circulan como propuesta de Ley. Nos alegra que se modifique el texto elevado esta tarde. No se puede seguir cargando con impuestos a la clase media”, aseveró.

Mientras que el oficialista, Facundo del Gaiso (VxM) manifestó que “los legisladores del bloque de la Coalición Cívica no van a votar el artículo del presupuesto que les cobraría impuestos a los ingresos brutos a los profesionales. El brutal ajuste ya lo pagan los jubilados y los sectores medios”.

Asimismo, el libertario Ramiro Marra (LLA) compartió en sus redes sociales un mensaje que buscaba explicar lo ocurrido en relación a los IIBB para profesionales. “Urgente: alerta de fake news. Desde el Gobierno de CABA confirmaron que en la Ciudad no se cobrará ingresos brutos a profesionales. El malentendido se desprende de un borrador de trabajo que presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria”, señaló.

En tanto, Yamil Santoro (RU) precisó que “vamos a trabajar en este nuevo presupuesto desde la Legislatura para que haya un gasto público más eficiente y menos impuestos. Ese es nuestro compromiso”.
Finalmente, Juan Manuel Valdés (UP) consideró que es “un papelón de Jorge Macri y su equipo que no sabe qué presupuesto presentó. Es más fácil si se plantan frente al ajuste de Javier Milei y se dejan de ajustar a la clase media”.

Los senadores del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical dieron inicio este miércoles al tratamiento del Presupuesto 2025 en un encuentro con los ministros de Economía y Hacienda de Chaco, Corrientes, Jujuy, Mendoza y Santa Fe.
En lo que consideraron una reunión positiva y enriquecedora, que también contó con la participación del presidente del bloque de diputados nacionales Rodrigo de Loredo, su vicepresidenta Karina Banfi, diputados nacionales y el Auditor General de la AGN, Alejandro Nieva, destacaron que estas oportunidades contribuyen al fortalecimiento del vínculo entre el Congreso y las provincias.
En representación de las carteras provinciales expusieron, de manera presencial y a distancia, Alejandro Abraam (Chaco), Marcelo Rivas Piasentini (Corrientes), Federico Cardozo (Jujuy), Víctor Fayad (Mendoza) y Pablo Olivares (Santa Fe), para sumar su visión sobre la realidad de cada distrito, las necesidades y el impacto de la llamada “ley madre” en las administraciones.
Esta primera reunión es un punto de partida esencial para analizar en profundidad el Presupuesto enviado por el gobierno nacional, con una mirada descentralizada y enfocados en trabajar en propuestas que lo mejoren. Se trata, ni más ni menos, de la hoja de ruta que permite planificar y establecer prioridades.
Convencidos de que el Presupuesto 2025 debe expresar una perspectiva profundamente federal, asignaturas como la educación, la salud, las economías regionales y la obra pública, se erigen como pilares fundamentales para proyectar las esperanzas de cambio.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó este lunes una nueva reunión en Casa Rosada en presencia de diputados nacionales del oficialismo y los bloques aliados de cara al inicio del tratamiento de los proyectos de ley que proponen la privatización de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.

Tal como sucede cada lunes, funcionarios del Poder Ejecutivo recibieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los legisladores Gabriel Bornoroni -jefe de bancada-, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Carlos Zapata y Nadia Márquez del oficialismo; y a los representantes de los bloques aliados Diego Santilli, Sergio Capozzi, Hernán Lombardi, Silvina Lospennato, Silvina Giudici y Patricia Vázquez, por el Pro; y al titular de bloque del MID, Oscar Zago.

En representación del Gabinete nacional acompañaron a Francos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña.

Este miércoles, las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda llevarán cabo una reunión plenaria de carácter informativo para dar inicio al debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas. Los proyectos puestos a consideración fueron impulsados por Hernán Lombardi y por el jefe de bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Presupuesto 2025

En la previa de esta reunión en Balcarce 50, José Luis Espert, en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, adelantó qué funcionarios expondrán en el primer debate del Presupuesto 2025: “Primero estará (Guillermo) Francos, después Carlos Guberman (secretario de Hacienda) y Pablo Quirno, secretario de Financiamiento”.

Asimismo, se refirió al debate por la que el oficialismo busca avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas: “Este miercoles comienza la discusión, que es una semana antes del Presupuesto (el martes 1ero. de octubre), y será para sanear (la empresa) de la pudrición que hay con los sindicatos”.

Con relación al tratamiento de la “ley de leyes”, consideró que “será un tratamiento largo”, ya que desde el oficialismo calculan, a priori, que serían ocho reuniones semanales y manifestó que “trataremos de dictaminar a fines de noviembre”.

Estuve reunido con el Jefe de Gabinete de Ministros @GAFrancosOk , para evaluar cómo vamos a trabajar el presupuesto 2025 en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Queremos un tratamiento en profundidad y en diálogo con los diferentes bloques. pic.twitter.com/cq4YteXfeN

— José Luis Espert (@jlespert) September 23, 2024

Todavía no se realizó la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para comenzar con el debate de la "ley de leyes" en la Cámara de Diputados, pero hay un hecho que se sabe va a ocurrir: la oposición -y no sólo Unión por la Patria- reclamará al oficialismo por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, de quien ya trascendió no tiene intención de asistir.

Por primera vez en la historia, este año fue el mismísimo presidente Javier Milei, en su faceta de economista, quien acudió el 15 de septiembre, fecha límite para la presentación del proyecto, a exponer sobre el plan de gastos y recursos. El primero en la gestión libertaria, que a lo largo de 2024 ha prorrogado el anterior. De esta manera, el propio mandatario -con su impronta personal- encabezó la presentación que habitual y tradicionalmente es realizada por el titular de la cartera económica.

Cuando arranque la discusión en los próximos días, el Gobierno pretende enviar dentro de la primera tanda de funcionarios a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y Pablo Quirno Magrane, secretario de Finanzas. Para la Casa Rosada la presencia de Milei fue más que suficiente para suplir la ausencia de Caputo. Pero todo indica que esto no conformará a la oposición. Teniendo en cuenta además que la invitación a Caputo fue también reclamada durante el tratamiento de la Ley de Bases -y posteriormente el Paquete Fiscal-, sin éxito.

Durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri, la relación de Caputo con el Congreso no fue de la más fluida. Tras numerosas insistencias por parte del kirchnerismo, fue convocado el 4 de abril de 2018 a una reunión en la Bicameral de Deuda Exterior, donde lo esperaron con preguntas filosas sobre conflicto de intereses. Todo terminó en un escándalo.

Previamente, en su rol como secretario de Finanzas, Caputo sí había concurrido en otras ocasiones al Parlamento, secundando a quien entonces era ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Cuando a éste le pidieron la renuncia en diciembre de 2016, el expresidente Mauricio Macri desdobló la cartera, quedando Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda y ascendiendo Caputo a ministro de Finanzas.

Durante su paso por la gestión de Cambiemos, la oposición lo tomó constantemente como destinatario de denuncias. Las primeras fueron por el dólar futuro: diputados del entonces bloque Frente para la Victoria-PJ lo acusaron de haberse beneficiado de la devaluación cuando Macri llegó al poder, a través de su fondo de inversión Axis.

En noviembre de 2017, el kirchnerismo la emprendió por lo que definió como “un nuevo escándalo internacional” como los “Paradise Papers”. Cinco meses después de esto fue que el ministro fue a la Bicameral de Deuda, comandada en ese momento por el senador José Mayans.

En su exposición, Caputo defendió el gradualismo que había encarado la gestión macrista y aseguró que la deuda iba a empezar a “descender” en 2021. Todavía no se había tomado el préstamo con el Fondo Monetario Internacional.

Al rechazar acusaciones en su contra y en referencia a las licitaciones de bonos, respondió en esa ocasión: "Si hubiera querido favorecerme, me hubiera quedado en el sector privado”. Sobre su participación en el circuito offshore, dijo que poseer este tipo de sociedades “no es delito”. “El único tema es tenerlas declaradas”, señaló ante las preguntas del exdiputado Axel Kicillof.

El mensaje de Caputo a Cerruti en aquella jornada

Cuando ya habían pasado más de tres horas del encuentro, y durante el cual hubo un corte de luz incluido, la entonces diputada Gabriela Cerruti saltó de su silla a los gritos, mostrando el papel que el secretario de Caputo le había enviado, con la inscripción: “Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala”, acompañado por una carita feliz. La legisladora explotó, mientras Mayans intentaba frenar el lío: “Si no hay orden levanto la sesión”. “Igual levántala porque nos vamos”, le dijo Caputo al senador y se terminó todo abruptamente. Había justificado que solo podía quedarse hasta cierto horario.

Luego de la tensa reunión, el kirchnerismo cargó contra Caputo por haber mostrado "una actitud misógina e intimidatoria" con Cerruti. “Hace dos años y medio esperábamos poder interpelar al ministro de Finanzas y cuando llega el día se va sin responder todas las preguntas y mucho menos aclarar ninguno de los conflictos de intereses que le asoman por todos lados. Su actitud ofende al conjunto del Congreso de la Nación”, enfatizaron desde la bancada del FpV-PJ en un comunicado.

Más tarde, Caputo pidió disculpas por la TV y explicó que había reaccionado "como padre". "Es cierto, le mandé un papelito a la diputada sin ninguna mala intención, inocentemente. La vi el otro día en (el programa) Intratables decir que yo le había traspasado la empresa Axis a mi hija", expresó.

Y agregó: "Para mí lo importante es que estuve cuatro horas y media contestando absolutamente todas las preguntas, no una vez, sino dos, tres, cuatro veces. Quedó demostrado que tengo pruebas de todo, inversamente a lo que se me acusa. Las pruebas fueron contundentes y eso los sorprendió. Creían que yo iba a ir como un pollito mojado porque no me defendía”.

Con este último antecedente de su paso por el Congreso, hoy del lado nuevamente del Poder Ejecutivo, pese a haber sido incluso en un pasado parte de las críticas de Milei, quien ahora lo considera "el mejor ministro de Economía de la historia", habrá que esperar a las próximas semanas para ver si Caputo puede mantener su decisión de no ir a la comisión o si la presión opositora pesa más. Sabe La Libertad Avanza que, más allá del tercio circunstancial que logró para frenar el veto de la ley de jubilaciones, deberá conceder pedidos de los bloques dialoguistas para lograr la aprobación del Presupuesto. Ahí hacen falta más votos que los de los "87 héroes".

Desde el domingo pasado, fecha en que el presidente de la Nación, Javier Milei, presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso, los principales funcionarios de Casa Rosada han mantenido reuniones con los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras para definir una hoja de ruta para el tratamiento del mismo.

Este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, recibieron en Balcarce 50 al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los titulares de las comisiones de Presupuesto, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, para comenzar a definir el inicio del tratamiento de la “ley de leyes”.

Según supo parlamentario.com, el inicio del trabajo en el seno de la comisión que preside José Luis Espert será a partir del martes 1ero. de octubre, y no la semana que viene, como había trascendido originalmente. Además, desde el oficialismo dan por hecho que serán, como mínimo, ocho semanas de debate, las cuales quedarán estipuladas para los martes de cada semana.

Fuentes consultadas por este medio detallaron que abrirán “la puerta a expositores” que desde otros bloques quieran invitar, y que también asistirán funcionarios, con la prioridad sobre los de Economía. Sin embargo, no hay confirmación de que Luis Caputo asista, algo que desde la oposición ya anticiparon reclamarán con firmeza.

Esto no implica que el análisis del Presupuesto arranque recién en octubre. Eso sucederá en el ámbito de la comisión, pero sí trabajarán los legisladores con representantes del Palacio de Hacienda. Se sabe en ese sentido que está prevista una reunión para el lunes en el Ministerio de Economía, en la que legisladores del oficialismo y aliados se reunirán con funcionarios para analizar eventuales modificaciones que puedan llegar a hacerse en el texto conocido el domingo pasado. La idea sería darle a la ley de leyes un tratamiento similar al que se le dio a la Ley de Bases cuando fue enviada por segunda vez. Esto no implica en modo alguno que llegue a la comisión justo a la hora de dictaminar, pero sí ordenar su tratamiento para cuando se inicie el verdadero debate.

Dentro de La Libertad Avanza prefieren ser cautelosos en estipular tiempos exactos de debate y un posterior dictamen,  pero sí confirman que los martes de octubre y noviembre estarán abocados al trabajo en comisiones de la Ley de Presupuesto 2025. Lo que sí se estima en la Cámara baja es que, antes de adentrarse de lleno al Presupuesto 2025, el oficialismo y sus aliados quieren avanzar con la agenda de iniciativas electorales.

Por un lado, el proyecto de ficha limpia, que busca prohibir que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales, quedó listo este martes para ser debatido en el recinto, luego de que se firmaran los correspondientes dictámenes.

En cuanto a Boleta Única de Papel, el texto fue aprobado con modificaciones en el Senado el jueves pasado y vuelve en revisión a Diputados. Se espera que en las próximas horas se establezca en la agenda la fecha de tratamiento en comisiones, donde se deberá analizar si se insiste con el texto original, o bien se aceptan las modificaciones, entre otras la que quitó el ítem que permitía votar lista completa con un solo tilde.

Por su parte, desde el principal bloque opositor, los integrantes de la Comisión de Presupuesto de Unión por la Patria se reunieron este miércoles en las oficinas del bloque para analizar el proyecto. Y anticiparon: “Queremos un debate profundo y que vengan todos los funcionarios, empezando por el ministro de Economía y el presidente del BCRA”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, enviaron una nota al oficialista José Luis Espert en la que expresan "la necesidad de comenzar con premura el tratamiento" del proyecto de Presupuesto 2025 y proponen una larga lista de invitados.

El pedido fue presentado luego que todos los diputados de UP que integran la comisión se reunieran en las oficinas del bloque para analizar la iniciativa enviada por el Gobierno, que fue presentada el pasado domingo por el presidente Javier Milei en el recinto de la Cámara baja.

En la nota a Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, se solicita que se convoquen a todos los ministros: Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Diana Mondino (Relaciones Exteriores y Culto), Mario Russo (Salud) y Patricia Bullrich (Seguridad).

También a una decena de secretarios: José Luis Daza (Política Económica), Carlos Guberman (Hacienda), Pablo Quirno Magrane (Finanzas), Pablo Lavigne (Industria y Comercio), Marcos Ayerra (PyME, Emprendedores y Economía del Conocimiento), Sergio Iraeta (Agricultura, Ganadería y Pesca), Carlos Torrendell (Educación), Julio Cordero (Trabajo), Leonardo Cifelli (Cultura) y Franco Mogetta (Transporte).

La solicitud plantea además que se inviten al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; la administradora de la AFIP, Florencia Misrahi; el director General de la Seguridad Social, Santiago Mozetic; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; el presidente de Trenes Argentino, Matías Galparsoro; el presidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Agustín Rodríguez Grellet; y el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Núñez.

Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, concurrieron este miércoles a la Casa Rosada para comenzar a delinear el recorrido legislativo que tendrá el proyecto de Presupuesto 2025, que el pasado domingo el presidente Javier Milei presentó en la Cámara baja.  

Según supo parlamentario.com, la próxima semana se convocará a la comisión para una primera reunión, a la que no irá el ministro de Economía, Luis Caputo, quien estuvo en el encuentro que se desarrolló en el Salón de los Escudos. 

De la reunión también participaron el presidente de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

“Estamos enfocados en el ordenamiento del gasto de la Nación para que los argentinos puedan vivir mejor”, posteó Espert en su cuenta de la red social X. 

Reunión de trabajo con @GAFrancosOk, @LuisCaputoAR, @MenemMartin, @ezeatauche, @catalanlisandro comenzando con el Presupuesto 2025. Estamos enfocados en el ordenamiento del gasto de la Nación para que los argentinos puedan vivir mejor. pic.twitter.com/UatiIQWmIu

— José Luis Espert (@jlespert) September 18, 2024

Durante el encuentro de este miércoles al mediodía, los legisladores oficialistas y funcionarios reiteraron su objetivo de realizar un “tratamiento conjunto” entre la Cámara de Diputados y el Senado, de manera que “todas las propuestas de modificaciones” que tengan los senadores, se trabajen al mismo tiempo que se debate el proyecto en la cámara de origen. 

Fuentes consultadas por parlamentario.com detallaron que abrirán “la puerta a expositores” que desde otros bloques quieran invitar, y que también asistirán funcionarios, con la prioridad sobre los de Economía. Sin embargo, no hay confirmación de que Caputo asista, algo que desde la oposición ya anticiparon reclamarán con firmeza. 

Por el momento, desde La Libertad Avanza son cautelosos con estipular tiempos de dictamen y discusión en el recinto. “El debate podría ser hasta noviembre o más”, admiten, pero prefieren no poner fechas sobre el trámite. Sí destacan que son altas “las ganas de trabajar para que el Gobierno tenga Presupuesto”. 

Lo que sí se estima en la Cámara baja es que, antes de adentrarse de lleno al Presupuesto 2025, el oficialismo y sus aliados quieren avanzar con la agenda de iniciativas electorales. 

Por un lado, el proyecto de ficha limpia, que busca prohibir que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales, quedó listo este martes para ser debatido en el recinto, luego de que se firmaran los correspondientes dictámenes. 

En cuanto a boleta única de papel, el texto fue aprobado con modificaciones en el Senado el jueves pasado y vuelve en revisión a Diputados. Se espera que en las próximas horas se establezca en la agenda la fecha de tratamiento en comisiones, donde se deberá analizar si se insiste con el texto original, o bien se aceptan las modificaciones, entre otras la que quitó el ítem que permitía votar lista completa con un solo tilde.

Por su parte, desde el principal bloque opositor, los integrantes de la Comisión de Presupuesto de Unión por la Patria se reunieron este miércoles en las oficinas del bloque para analizar el proyecto. Y anticiparon: “Queremos un debate profundo y que vengan todos los funcionarios, empezando por el ministro de Economía y el presidente del BCRA”. 

Las y los miembros de nuestro bloque, que integran la Comisión de Presupuesto, se reunieron para proyectar el trabajo sobre el #Presupuesto2025.

Queremos un debate profundo y que vengan todos los funcionarios, empezando por el Ministro de Economía y el presidente del BCRA. pic.twitter.com/GtleFYxzDq

— Diputados UP (@Diputados_UxP) September 18, 2024

Los legisladores nacionales que responden al oficialismo cordobés salieron a rechazar el pedido del presidente Javier Milei a las provincias, luego que en su discurso durante la presentación del Presupuesto 2025 solicitara a los gobernadores un ajuste de 60 mil millones de dólares. 

A través de un comunicado, los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge; y la senadora Alejandra Vigo sostuvieron que “es absolutamente insostenible y fuera de toda lógica la idea de que las provincias deben ajustar en 60.000 millones de dólares (aproximadamente 10 puntos del PIB)”. 

“Para poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos de IARAF), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría una reducción de más de 68% del gasto provincial”, explicaron. 

El ajuste disparatado que el Presidente pretende que hagan las provincias.

Es absolutamente insostenible y fuera de toda lógica la idea de que las provincias deben ajustar en 60.000 millones de dólares (aproximadamente 10 puntos del PIB).

Para poner las cosas en perspectiva, si…

— Alejandra Vigo (@alevigo) September 17, 2024

Los legisladores indicaron que “esto significaría, en términos prácticos, que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas”. “Es inimaginable que el conjunto de provincias invierta en esos servicios fundamentales un tercio de lo que invierten hoy”, resaltaron. 

En esa línea, insistieron con que “es un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste. No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas que dependen de los servicios públicos que las provincias proveen”.

“Cualquier debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público es válido, pero proponer una reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad. Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país”, concluyeron. 

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto reiteró el reclamo hacia el Gobierno nacional por la suma de 61 mil millones de pesos y cuestionó la presentación del presidente Javier Milei en el Congreso: “El presupuesto en sí no reconoce a las provincias las deudas y si no se hace cargo de las obligaciones que le corresponden, esto es más ajuste”.

La queja del mandatario se dio durante la reunión virtual que encabezaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con mandatarios y funcionarios de 17 provincias en la jornada del lunes. “En La Pampa no se discute el equilibrio fiscal, lo tuvimos siempre desde que somos provincia”, mencionó.

Asimismo, siguió: “Cuando dicen que las provincias no hicimos el ajuste, si analizan la inflación en la provincia de La Pampa, que en siete meses llegó al 88% y que la recaudación provincial más los recursos coparticipables llegaron al 40,7%, está demostrado que nosotros somos eficientes, no hablo de ajuste”.

Por otra parte, valoró la reunión con Francos a quien le atribuyó “una explicación mucho más amplia que lo que se conoció del presupuesto”. “Fue una buena oportunidad para demostrar que estamos abierto al diálogo. Nos invitaron y ahí estuvimos. Siempre vamos a dar nuestra posición y lo hicimos una vez más”, expresó Ziliotto.

En el final, el gobernador pampeano cargó que “no nos sentimos parte de las causas que generaron el déficit fiscal. Vemos que sí pasa en otras provincias que tienen déficit. En La Pampa no tenemos deudas y hay provincias, como Nación, que son deficitarias a partir de que tomaron deuda, y para gastos corrientes. Nuestro equilibrio fiscal es algo natural y estamos de acuerdo con eso, nos acostumbramos a vivir con lo nuestro, pero parte de lo nuestro se lo está quedando el gobierno nacional ilegalmente”.

La diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria) alertó este martes sobre el recorte en partidas destinadas a la educación y a la ciencia y tecnología en el proyecto de Presupuesto 2025, presentado recientemente por el Gobierno. 

“El Presupuesto 2025 agrava el desfinanciamiento de la educación. Lo que Milei denomina ‘cepo al Estado’ es en realidad la negación de los derechos establecidos por ley”, subrayó la entrerriana. 

Y explicó que el artículo 27 del proyecto de ley propone suspender distintos artículos de varias normativas, “en el marco de la emergencia pública” declarada por el artículo 1 de la Ley de Bases. 

En ese sentido, se plantea suspender el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (27.206). A través de esto, “se desresponsabiliza al Estado de financiar a la educación” al “eliminar la obligación del gobierno de turno a invertir 6% del PBI en educación”, apuntó Osuna. 

Además, se incluye suspender los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia (27.614). “En el 2025 no se cumplirá con la progresividad en la inversión del Estado hasta alcanzar la participación de ciencia, técnica e innovación del 1% del PBI en 2032”, advirtió la diputada y agregó que así se “elimina el desarrollo y la soberanía científica y tecnológica de nuestro país”. 

También, el artículo 27 del proyecto busca la suspensión del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058). “Elimina la posibilidad de que los jóvenes se formen para el trabajo”, cuestionó la vicepresidenta de la Comisión de Educación. Dicho artículo prevé la existencia de un Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, financiado por un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2% del total de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional. 

Osuna señaló además que “el funcionamiento de las universidades nacionales está en peligro” porque “Milei sigue recortando el presupuesto a la educación superior”. “El presupuesto asignado es casi la mitad de los recursos que solicitó el Consejo Interuniversitario Nacional”, dijo y añadió que en este Presupuesto no se “reestablece el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo cual perjudica gravemente el salario docente”.