Diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley que propone restituir artículos de dos leyes que hacen al financiamiento de la educación técnica, por un lado, y de la ciencia y tecnología, por otro, derogados mediante el artículo 30 de la Ley de Presupuesto que se sancionó el pasado 26 de diciembre en el Senado.

Puntualmente, la iniciativa plantea reponer la vigencia del artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional. Asimismo, prevé la conformación de "una comisión con representantes electos de docentes, padres y estudiantes a los efectos de verificar el cumplimiento del artículo".

También plantea la restitución de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De similar forma a lo anterior, busca crear "una comisión con representantes electos del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, del sistema universitario nacional y de investigadores y becarios" que controle el cumplimiento de esta normativa.

Otro de los artículos del FIT establece la derogación de "toda norma que se oponga" a los mencionados artículos.

En los argumentos, los legisladores opositores subrayaron que el Presupuesto (el primero desde que asumió la gestión de Javier Milei), "contiene una gran cantidad de medidas que implican ajustes y recortes contra áreas fundamentales para la población trabajadora".

"Abundan los artículos que plantean pasar 'motosierra' por la educación, la ciencia, la salud, los salarios, el ambiente y muchos otros puntos que contienen reivindicaciones populares. Mientras, otros tantos artículos benefician a grandes empresarios, y habilitan al Gobierno a continuar y profundizar una política de endeudamiento y entrega colonial", cuestionaron.

En la iniciativa, que lleva las firmas de Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, resaltaron que "entre los derechos afectados por esta ley, se dispuso de forma completamente irregular la derogación lisa y llana de normas que garantizaban el financiamiento de la Educación Técnico Profesional y del Sistema Científico Nacional".

En el caso de la educación técnica, explicaron que "se elimina el principal fondo de financiamiento del INET (Instituto Nacional de Educación Técnica)". "Es cierto que los sucesivos gobiernos han incumplido los magros compromisos de financiamiento establecidos en la ley, y que sólo parcialmente dotaron al INET de fondos para transferir a las escuelas técnicas", expresaron, pero dijeron que "también es cierto que con la derogación de este artículo, la situación de desfinanciamiento se profundizará llevando al abismo a la educación técnica, siendo que distintos especialistas calculan que el Presupuesto 2026 derivará en un recorte de 84,5% de los recursos del INET".

En cuanto a la derogación de artículos de la Ley 27.614, "se pone fin a la obligación del Estado de elevar progresivamente la inversión en Ciencia y Técnica para llevarla al equivalente del 1% del Producto Bruto Interno en 2032", apuntaron.

"De esta forma -continuaron-, el Poder Ejecutivo se garantiza tener las 'manos libres' para profundizar el recorte en el sector sin mayores consecuencias. Ya para el año 2026 se calcula que la caída en términos reales del presupuesto de Ciencia y Técnica será de un 48,8%, profundizando un ajuste muy marcado sobre un sector que ya se encuentra paralizado y golpeado por despidos masivos, rebajas salariales (pérdidas del orden del 40% del poder adquisitivo en el sector), censura de artículos de investigación, restricciones en el ingreso a la carrera científica y la no efectivización de cargos ya concursados".

Además de reclamar por la restitución de estos artículos, los diputados del FIT añadieron que esto "se complementa con reclamos de fondo de ambos sectores, para que se destine un presupuesto que realmente atienda todas las necesidades, garantizando salarios igual a la canasta familiar para docentes e investigadores, y las herramientas y materiales necesarios para la tarea de educación técnica y para la investigación científica".

En el marco de una serie de decretos publicados este primer día hábil de 2026, el Gobierno de Javier Milei se puso al día con una serie de normas, entre ellas, las dos leyes aprobadas en el período extraordinario concluido el 30 de diciembre pasado: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Si bien había promulgado ambas normas el lunes pasado, tal cual informó parlamentario.com, faltaba aún su publicación en el Boletín Oficial para que ambas normas tuvieran plena vigencia.

El Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional lleva el número de ley 27.798, y su publicación fue a través del decreto 932/2025. El texto consta de 21 folios, en tanto que la Ley de Inocencia Fiscal tiene como número el 27.799, es el decreto 933/25 y cuenta con 11 páginas.

El Presupuesto Nacional 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Con un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.

El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Otro de los números habla de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.

En cuanto a la reforma el Régimen Penal Tributario, introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.

Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.

La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.

Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.

También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.

Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió este martes al anuncio del Gobierno nacional sobre la disolución de la ANDIS y opinó que "esto ratifica que el Gobierno tiene un problema serio con la respuesta estatal a las personas con discapacidad".

"La Ley de Presupuesto que acaba de aprobar el Gobierno en lo que respecta al financiamiento de la ANDIS ya quedó vieja", señaló sobre las partidas destinadas para el organismo.

El santafesino consideró que esta decisión -comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- "es para borrar las huellas de las coimas en discapacidad". "No es una reforma administrativa, es un plan de impunidad", aseveró.

En diálogo con Radio 10, el opositor apuntó que el colectivo de personas con discapacidad "es una de las principales víctimas del ajuste de Javier Milei". "Es un desastre todo lo que hace el Gobierno en referencia a las personas con discapacidad", agregó.

Para el legislador, el Gobierno -en este tema- "debería abandonar la bipolaridad; debería dejar de ser tan cruel, porque el Congreso le demostró en cinco oportunidades que piensa otra cosa. Y me parece que el Gobierno tiene que tomar nota".

Por otra parte, consultado sobre los tres senadores peronistas que acompañaron el Presupuesto 2026, Martínez confesó: "No me resultó para nada simpático lo que pasó en la votación del Senado". Sin embargo, afirmó que "son ellos quienes tienen que dar respuestas".

"Hay una especie de sobrecarga sobre el bloque que, entre comillas, no contiene. Pero se tiene una mirada muy indulgente sobre la actitud individual o de un grupo", observó y explicó que el Presupuesto contenía el artículo 30 sobre desfinanciamiento en educación, ciencia y defensa, "y esos deseos del Gobierno no tienen nada que ver con lo que ha sido nuestra propuesta electoral".

En esa línea, el diputado sostuvo que en esos casos hay que preguntarse "dónde queda el votante de Unión por la Patria, que puso en nosotros su confianza para que los representemos".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó este martes la sanción de las leyes de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal, ya promulgadas por el Poder Ejecutivo.

El funcionario arrancó su última conferencia del año en Casa Rosada con la referencia a las normas que se aprobaron el pasado viernes en el Senado.

"Estas leyes son probablemente las más importantes de la historia argentina reciente, y constituirán un punto de inflexión de cara al futuro de prosperidad de nuestra querida Nación", sostuvo.

Sobre el Presupuesto, ponderó que es el "primero" en "ser aprobado con déficit cero y sin estar en default". "Que el mismo haya sido acompañado por el Congreso implica un cambio de paradigma", continuó.

"Estos dos años por culpa de una oposición que no quiso respetar el principio de equilibrio fiscal y no aprobó los presupuestos bajo esta lógica, nuestra administración se vio obligada a gobernar dos años sin un presupuesto propio, prorrogando el presupuesto obsoleto heredado del gobierno de la dupla Fernández-Fernández", cargó.

Según Adorni, este plan de gastos y recursos "no es un cheque en blanco para el poder de turno, es más bien un contrato con toda la sociedad". "Es un presupuesto confeccionado en base a la credibilidad, no en base a la manipulación política", expresó.

"Si el Estado recauda más de lo previsto, baja presupuestos; si recauda menos de lo indicado, va a ajustar el gasto público", aseveró y resaltó que "Argentina por primera vez en su historia va a tener un presupuesto que respete la regla fiscal", donde "la política se haga responsable de sus acciones y decisiones".

El jefe de Gabinete agregó que "el Gobierno no hace populismo, no rifa el futuro de los argentinos a cambio de ganar una elección". "Durante años la política gobernó con presupuestos deficitarios, bajo esloganes endebles como la justicia social y la igualdad", observó.

Y opinó que "no hay justicia social cuando el gasto se financia con emisión monetaria y una consecuente inflación que castiga especialmente a los más vulnerables". "Por primera vez hay un Gobierno que entiende que no hay estabilidad sin orden fiscal", completó.

En cuanto a la Ley de Inocencia Fiscal, Adorni señaló que "revierte un paradigma instalado instalado por más de 100 años; en lugar de ser potenciales sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario".

Cuestionó que en el pasado había "un régimen persecutorio donde quien ahorraba para resguardarse de los vaivenes económicos era visto como un criminal de guerra". "Los años de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y evasión impositiva", dijo. Y, en esa línea, afirmó que "fue culpa del Estado depredador el nivel récord de la informalidad".

Esta ley "le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie. Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo; tus dólares, tu decisión".

La norma tendrá como medida principal "blindar a los argentinos ante futuras administraciones que pretendan volver al régimen persecutorio anterior", indicó el ministro coordinador y sumó que "con el régimen simplificado de impuesto a las Ganancias cada ciudadano podrá normalizar su situación patrimonial solo por la facturación efectuada, independientemente de su situación patrimonial".

Además, introduce una "simplificación de sistema tributario" con la modificación de los umbrales por evasión. "17 provincias ya firmaron convenios de intercambio con ARCA para adherirse a la lógica de este nuevo régimen", destacó, aunque mencionó puntualmente que Buenos Aires no estaba entre ellas.

Además de anunciar la disolución de la ANDIS, y ser consultado por la Ley de Emergencia en Discapacidad, al jefe de Gabinete se lo interrogó por las partidas presupuestarias para las universidades. "Es discusión obsoleta que no vamos a dar. La amenaza del cierre y privatización de universidades, y no sé cuántas pavadas que han dicho, siempre nos parecieron cuestiones delirantes", manifestó.

En ese sentido, subrayó que "ninguna dejó de funcionar" y "las universidades no están en riesgo, no van a estar en riesgo nunca y siempre vamos a defender a las universidades porque es lo que corresponde y nuestra filosofía".

Lejos de la lentitud que acompañó las leyes promovidas a lo largo del año por la oposición, las normas aprobadas el viernes pasado en la Cámara de Senadores fueron promulgadas este lunes por el Poder Ejecutivo Nacional.

En efecto, el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional lleva el número de ley 27.798 y consta de 125 folios, en tanto que la Ley de Inocencia Fiscal tiene como número el 27.799 y 19 páginas.

El Presupuesto Nacional 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Con un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.

El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Otro de los números hablan de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.

En cuanto a la reforma el Régimen Penal Tributario, introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.

Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.

La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.

Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.

También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.

Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

La senadora nacional Florencia López (Justicialista-Popular) remarcó que su provincia, La Rioja, es "discriminada" por el Gobierno nacional, a quien acusó de no remitir los fondos coparticipables que le corresponden a la administración provincial.

La legisladora lamentó que desde el Poder Ejecutivo Nacional “no pusieron los fondos de la provincia en el Presupuesto”, y señaló que esto “va a afectar profundamente la economía de La Rioja”.

Tras la sanción de la "ley de leyes", incluido el artículo 30, que deroga legislación sobre financiamiento a educación, ciencia y defensa, la opositora apuntó: "El Gobierno insiste sobre el mismo tema que es la educación pública, que no tiene nada que ver con una cuestión económica, ni con el famoso déficit cero mentiroso que tiene, sino que es una cuestión ideológica, porque van en contra de la educación pública”.

Para López, lo que aprobó el Congreso “es un Presupuesto Nacional de ajuste, entre cuyos recortes sobresale el de la educación técnica, a la que se le quitaron más de un 91% de los recursos”.

“Quieren hacer desaparecer el Estado, pero tampoco te dan la alternativa del empleo privado. Al contrario, han destruido una cantidad tremenda de empleo privado en todo el país. Más de 280.000 puestos de trabajo han destruido y las fábricas están cerrando”, declaró este lunes en declaraciones a radio Splendid.

Además, la riojana agregó que "lo que sí reconoce el Presupuesto es que no va a haber consumo interno, que no va a haber mercado interno, sabiendo que el mercado y el consumo interno es lo que mueve más del 75% de Producto Bruto Interno”.

La noche del viernes, el Senado terminó de aprobar el Presupuesto 2026, pero lo hizo renunciando a un horizonte de país deseable. Con el artículo 30, el oficialismo derogó los pisos mínimos de inversión en Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Técnico Profesional. No es un hecho menor ni meramente técnico: es un hecho político de enorme peso simbólico y totalmente regresivo.

Es cierto que algunos de esos artículos no se cumplieron cabalmente en los últimos años, pero eso no los vuelve irrelevantes. Al contrario, su vigencia obligaba y marcaba una hoja de ruta e inversión. Eran un compromiso del Estado a largo plazo, más allá de quién gobernara. Al derogarlos no están “sincerando” la realidad, sino que la empeoran.

La coyuntura económica y el objetivo deseable de equilibrio fiscal, como mucho podrían haber dado lugar a la suspensión de los artículos. Prefirieron derogarlos porque no creen en ellos, violando la Ley de Administración Financiera que prohíbe taxativamente hacerlo en una ley de presupuesto.

Milei, Sturzenegger y Caputo saben bien que lo simbólico construye lo real. La eliminación de estos artículos no tiene efectos presupuestarios inmediatos, pero hace que la educación, la ciencia y la técnica dejen de ser prioridades del Estado. Es correr el piso y bajar la vara, naturalizando el ajuste en estas áreas como horizonte permanente.

Con esa misma tozudez fue que en Diputados intentaron voltear el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. No lo lograron. Ahora, en cambio, la estrategia decadente de carancheo y transfuguismo del Gobierno fue efectiva. Y es un retroceso profundo, aunque algunos senadores y gobernadores intenten maquillarlo con tecnicismos, necesidades de gestión u obras de cordón cuneta.

Detrás de la excusa de la austeridad está la resignación. Podíamos tener un presupuesto aprobado con equilibrio fiscal sin resignar este horizonte de inversión en ciencia, desarrollo y formación de nuestro capital humano.

No tengo dudas de que todo pasa, y esto también pasará. Tarde o temprano, los argentinos vamos a recuperar el sentido y reconstruir los oficios del lazo: educar, cuidar y curar.

Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y de la denominada ley de “inocencia fiscal”, a las que calificó como “la jornada legislativa más importante de la historia argentina”. En una entrevista con Radio Mitre, el Presidente aseguró que ambos hitos marcan “el quiebre definitivo de 100 años de decadencia” y afirmó que su gobierno ya está preparado para profundizar la agenda de reformas en el Congreso.

Milei sostuvo que la composición parlamentaria actual —que calificó como “superadora”— es resultado del crecimiento político de La Libertad Avanza en apenas dos años. Destacó que su fuerza pasó “de dos diputados a 95 y de no tener senadores a contar con 21”, y atribuyó las últimas victorias legislativas al trabajo de su “ala política”, encabezada por Martín Menem en Diputados, Patricia Bullrich en el Senado y Diego Santilli desde Interior.

El Presidente señaló que, tras la aprobación del presupuesto y la ley tributaria, el Gobierno encara un nuevo tramo legislativo. Enumeró entre las prioridades inmediatas la reforma laboral —que ya obtuvo dictamen—, una nueva ley de glaciares que delega en las provincias la definición de zonas periglaciales y la reforma tributaria. También anticipó que impulsará endurecimientos en el Código Penal.

A partir de febrero, cuando se reabran las sesiones extraordinarias, Milei buscará avanzar con estos proyectos y dejar encaminado lo que llamó “el Consejo de Mayo”, un paquete de reformas estructurales que el Gobierno pretende desplegar durante las ordinarias de 2026. Dentro de esa agenda confirmó que insistirá con la ley de ficha limpia, iniciativa que en su intento anterior no reunió votos suficientes: “Es mentira que estaban los votos; ahora vamos a volver a insistir”, afirmó.

También confirmó que enviará una nueva Ley de Bases el año próximo y aseguró que su administración está dispuesta a construir las alianzas parlamentarias necesarias para sostener el programa oficial: “Vamos a trabajar la política que sea necesaria para avanzar en la agenda de la libertad”.

Respecto a las críticas por la eliminación de los pisos mínimos de inversión educativa y científica, Milei las calificó de falsas y elogió a los senadores radicales que acompañaron al oficialismo. “Es mentira que se elimina la inversión en educación y ciencia”, sostuvo.

Milei rechazó además que la postergación del debate de la reforma laboral haya sido un retroceso causado por la marcha sindical de esta semana. “¿Cuándo me vio levantar el pie del acelerador?”, respondió. Aseguró que la decisión tuvo que ver con una priorización táctica: “Gobernar es dar prioridades, y lo más importante era sacar presupuesto e inocencia fiscal”.

El Presidente ratificó que no se entromete en el Congreso ni condiciona su funcionamiento, y reivindicó la independencia del Parlamento y la Justicia. En el cierre, volvió a presentar las votaciones recientes como el inicio de una etapa nueva: “Ayer dimos los dos primeros pasos fundamentales para volver a construir la Argentina que merecemos. En 2026 vamos a profundizar la transformación”.

Previsiblemente los dirigentes de La Libertad Avanza celebraron en las redes sociales el final “a toda orquesta” que tuvieron en la Cámara alta, donde consiguieron aprobar finalmente el primer presupuesto de la era Milei, como así también la Ley de Inocencia Fiscal.

El presidente Javier Milei publicó un extenso posteo en el que destacó “la aprobación de hoy con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico”.

“No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal”, apuntó el mandatario, que agradeció “enormemente” a Patricia Bullrich, Diego Santilli y todos y cada uno de los 46 senadores nacionales que dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad”.

Asimismo, celebró la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que “viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”. Caracterizó esa norma como “revolucionaria”, al señalar que “estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”.

“Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones de pesos”, agregó el presidente, que destacó también la modificación d el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal, puntualizó, destacando que “se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”.

Milei concluyó invitando “a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que adhieran al nuevo régimen simplificado de ganancias y puedan disponer de sus ahorros de manera segura PARA SIEMPRE”.

“En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”, cerró, para rematar con su tradicional “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

El resto de la dirigencia también celebró

Una de las figuras centrales del viernes fue sin duda Patricia Bullrich, que publicó un video con imágenes y una foto con sus compañeros de bancada y la definición: “¡Equipazo los 20!”

Gran jornada la de hoy.

Les dejo cine. pic.twitter.com/y9Xmxx9RPp

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 27, 2025

Asimismo destacó: “Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento”, para agregar en otro posteo: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.

También celebró Bullrich la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal: “Una de las leyes más importantes de los últimos 30 años. Un Estado que confía en la gente que hace las cosas bien. Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden. La libertad se vuelve norma”.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni resaltó: “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”.

“Por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”, expresó por su parte el ministro del Interior, Diego Santilli, que habló de “un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el presidente Javier Milei”. Asimismo subrayó “la responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió. Ya no va más el despilfarro ni la mentira del ‘Estado presente’ que solo generó pobreza e informalidad”.

Y lamentó que “todavía hay una minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes. ¡Argentina va a ser grande nuevamente!”.

“El Presupuesto 2026 conllevó un gran trabajo por parte del presidente Javier Milei, del ministro Luis Caputo, y de los diputados y senadores, tanto de La Libertad Avanza como de los bloques que nos acompañaron”, apuntó el correntino Lisandro Almirón, en tanto que su par Alejandro Fargosi dijo: “Nada es casualidad. El triunfo de la libertad y la seriedad tiene nombres: Javier Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli”.

“Excelente laburo de equipo”, resaltó el ministro Caputo en respuesta a elogios de Santilli y Bullrich, mientras que el secretario de Prensa Javier Lanari destacó la aprobación de Inocencia Fiscal, señalando no recordar “una ley más importante en términos de cantidad de gente beneficiada. Sin medir aún el impacto a nivel país por movimiento económico. Una verdadera reparación histórica a los argentinos de bien”.

“Presupuesto e Inocencia Fiscal. La ley más importante de los últimos 100 años. Vamos a hacer a la Argentina grande otra vez y no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. Feliz año nuevo para todos, La Libertad Avanza”, posteó el legislador bonaerense Agustín Romo.

Tras dos años sin Ley de Presupuesto, La Libertad Avanza logró sancionar el proyecto en el recinto del Senado por 45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención. Los ojos estuvieron puestos en el Capítulo II el cual establece en su artículo 30 varias derogaciones a leyes educativas, del sistema de ciencia y del Fondo Nacional de la Defensa.

Luego de varias reuniones a contrarreloj, la jefa de bancada del oficialismo, Patricia Bullrich, cerró diferentes acuerdos con senadores que responden a gobernaciones para dejar en pie el Capítulo de la polémica y evitar que la sanción se retrase en caso de que debiese volver a la cámara de origen con modificaciones.

El resultado en el tablero se repitió tanto en la general como en las once votaciones en particular. De esta manera, quedó firme el artículo que establece la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; el 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

Dentro de los 45 votos a favor del proyecto de ley de Presupuesto 2026 estuvieron los 20 integrantes de La Libertad Avanza; los miembros de la Unión Cívica Radical; los 3 del Pro; los 2 misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social; los dos santacruceños; el correntino Carlos “Camau” Espínola; la chubutense Edith Terenzi; el cordobés Luis Juez; la tucumana Beatriz Ávila; la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón.

Por su parte, la senadora cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas se abstuvo en la general y en todas las particulares.

La novedad fue que tres integrantes del bloque peronista Convicción Federal votaron a favor en la general del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y en la votación del Capítulo II: la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada.

El Capítulo II

La única votación que resultó con números diferentes al resto en el tablero del recinto fue la del Capítulo II: fueron 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Los 20 integrantes del oficialismo, los 10 radicales, los 3 del Pro, los 2 misioneros, los 2 santacruceños, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Luis Juez, Beatriz Ávila, Flavia Royón y los 3 de Convicción Federal, Moisés, Andrada y Mendoza votaron a favor.

En contra estuvieron los 21 integrantes del bloque Justicialista que preside José Mayans, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero que integran Gerardo Zamora y Elia Moreno y 2 de Convicción Federal, Fernando Salino y Fernando Rejal. También se opusieron los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Mientras que Julieta Corroza y Alejandra Vigo fueron las únicas en abstenerse.

Al cerrar el debate del Presupuesto, que se extendió hasta pasadas las 21, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, arrancó diciendo que “no estamos acá simplemente discutiendo números; no estamos votando una ley más, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma. No es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

“Un país que durante muchos años se acostumbró a sobrevivir, a sufrir, a desconfiar, a resignarse a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez, y que nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que la Argentina no tenía remedio, que el fracaso era el destino. Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena”, enumeró Bullrich.

La exministra sostuvo que “hace dos años los argentinos, después de haber pasado un gobierno terrible, elegimos cambiar el método, el sistema. Preferimos, por duro que fuera, no dejar los problemas debajo de la alfombra y decidimos enfrentarlos”. Agregó que “sabíamos que no iba a ser fácil contra una lógica instalada en la Argentina donde la plata se sembraba en inflación y destrucción de capital”.

“De repente los argentinos volvimos a creer, a proyectar, a sanar, a sentir que hay futuro, que existe, que el esfuerzo tiene sentido”, dijo. Y agregó: “El cambio no es más un eslogan, una palabra vacía; es algo que toca a cada argentino en su vida real”.

Puntualizó que “hoy venimos a defender y consolidar desde este congreso de la Nación el primer presupuesto que puede ser aprobado como ley fundamental de la Argentina. Un presupuesto que explica un rumbo económico claro, concreto, que lleva una dirección. No es lo mismo vivir bajo una inflación destructora de vida; vivir con superávit que con déficit eternos. No es lo mismo vivir oprimidos por un Estado cuya lógica era reproducirse a sí mismo para cada vez tener más Estado y menos trabajo”.

“Este es un presupuesto que no improvisa, no engaña, no promete lo que después no se puede cumplir; un presupuesto que sostiene una decisión central, fundamental: vivir dentro de las posibilidades concretas de la Argentina. No inventar números”, señaló la jefa del bloque LLA, que aseguró que “hoy el futuro de la Argentina depende de algo muy concreto: que la política esté a la altura que la sociedad está hoy demandando”.

“Durante décadas fuimos empujando a la Argentina de crisis en crisis, con frustración. En diciembre de 2023, uno de cada dos argentinos era pobre, no recuerdo bien quién era presidente y quién ministro de Economía”, ironizó, recordando que la inflación anual rondaba el 200%. “El Estado se lo comía todo, estaba sobredimensionado, sobreregulado, sin credibilidad y sin acceso a los mercados. Frente a ese escenario, no había margen para la tibieza, había que ir a fondo, animarse, y el problema no era la gente, era un modelo que había fracasado una y otra vez. Por eso se tomaron decisiones”, afirmó.

Según Bullrich, “las definiciones difíciles en momentos oportunos llevan a una salida como la que nunca tuvo la Argentina”. Aseguró que “se redujo el gasto innecesario; se achicó la estructura estatal, se eliminaron privilegios, se ordenaron las cuentas. Porque gobernar no es prometer, es decidir, incluso cuando duele, y al mismo tiempo se protegió a los que más lo necesitaban, sin gerentes de la pobreza, sin viveza, sin extorsión”.

“El déficit cero no se negocia: es la línea roja que separa el futuro del desastre”, aseguró Patricia Bullrich.

Con acompañamiento de aliados de bloques provinciales, la UCR, el Pro y tres peronistas, La Libertad Avanza consiguió sancionar el proyecto de Presupuesto 2026, tras un debate de casi ocho horas en el Senado. La norma cosechó 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención. Se trata de primer plan de gastos y recursos desde que Javier Milei asumió como Presidente.

A las 21.12 de este viernes se inició la votación en particular, con especial atención sobre lo que sucedería en torno al Capítulo II, el cual contenía el artículo 30, que en la previa sumó manifiestos rechazos del peronismo y algunos legisladores radicales, por tratarse de la derogación de artículos de distintas leyes que garantizan el financiamiento en educación, ciencia y defensa. Sin embargo, el oficialismo salió victorioso y logró su aprobación, encaminándose así a la sanción definitiva de la "ley de leyes" que llegaría minutos después.

El Gobierno mantuvo negociaciones durante toda la sesión, a través de sus interlocutores -como el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se apersonó en el Congreso-, para que la iniciativa se apruebe sin cambios y se evite así su vuelta a la Cámara de Diputados. También tuvo un rol central en juntar los votos, desde la semana pasada, cuando el texto arribó al Senado, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich.

La ley representa todo un triunfo para el Gobierno, que tras las elecciones esperó al recambio legislativo para aprobar en extraordinarias su Presupuesto. Sobre todo, luego de un año electoral en el que la oposición había manejado la agenda parlamentaria.

El ministro del Interior siguió el debate desde uno de los palcos del Senado, acompañado por los primos Menem. (Foto: Comunicación Senado)

Para la Casa Rosada la aprobación del primer Presupuesto de la gestión de Milei (gobernó dos años con la prórroga del plan de gastos y recursos 2023) representa también una señal fundamental hacia los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y los mercados. Tras la media sanción de Diputados, el 17 de diciembre pasado, el Presidente avisó que no iba a vetar la ley, a pesar de que salió de la cámara de origen sin un capítulo que consideraban clave.

Cuando se votó en la Cámara baja, LLA perdió el Capítulo XI, que había generado enorme rechazo en casi todo el arco opositor, por querer introducir mediante un artículo, el 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Al igual que en Diputados, el oficialismo se impuso temprano durante la primera sesión extraordinaria -y la primera con la nueva composición- para que el Presupuesto también se trate por capítulos y no por artículos en la Cámara alta.

Ni bien resultó aprobado el Capítulo I en la votación en particular, se pasó al II y el senador Jorge "Coqui" Capitanich pidió que el artículo 30 se vote por separado, de manera nominal. El presidente provisional, Bartolomé Abdala, que tomó la conducción luego que Victoria Villarruel se retirara ni bien se aprobó en general, le respondió que ya se había aprobado votar por capítulos.

Introdujo entonces una cuestión de privilegio la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien más temprano se había planteado contra el tema. Denunció a la bancada oficialista y las autoridades por "violar abiertamente el reglamento", en sus artículos 207 y 171.

Anabel Fernández Sagasti

La mendocina enfatizó que querían saber "quiénes son los que levantan la mano contra la educación pública, la ciencia y tecnología, y la defensa". "Ese artículo nada tiene que ver con el déficit cero, es una declaración contra la educación pública", aseveró. Tras una nueva intervención de Capitanich, el miembro informante del oficialismo, Ezequiel Atauche, dijo que no iban a aceptar modificaciones y pidió que se pase a votación.

Así, el Capítulo II resultó aprobado con 42 votos positivos de LLA, el Pro, el grueso de la UCR y bloques provinciales; mientras que los 28 votos negativos fueron del interbloque peronista/kirchnerista menos tres del bloque Convicción Federal: el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil; la tucumana Sandra Mendoza, por órdenes de Osvaldo Jaldo; y la jujeña -sin gobernador al cual responder- Carolina Moisés. Éstos tres también acompañaron en general y en el resto de los capítulos, que resultaron todos aprobados.

Los 25 del interbloque "Popular" llegaron a 28 con tres radicales que se opusieron al Capítulo II: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Mientras que hubo 2 abstenciones, de la neuquina Julieta Corroza y la cordobesa Alejandra Vigo, la única que se abstuvo en la votación en general.

Números del Presupuesto 2026

De acuerdo con las variables macroeconómicas proyectadas por el Poder Ejecutivo, el Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Con un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.

El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Otro de los números hablan de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.

Este viernes se realizó la primera y única sesión extraordinaria de diciembre en el Senado, con la sanción del principal tema para el Gobierno. (Foto: Comunicación Senado)

El debate

Como miembro informante, abrió el debate el jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) quien resaltó que “intentamos sancionar un Presupuesto que tenga una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.

Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero y precisó el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.

En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve" y destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit”.

Ezequiel Atauche fue miembro informante del oficialismo.

Desde el lado de la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich eligió hablar por 40 minutos en lo que tocó diferentes cuestiones vinculadas al contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Consideró que el tratamiento de este texto es una “violación sistemática del reglamento”, y sintetizó:  Nos oponemos porque este Presupuesto viola sistemáticamente la Constitución Nacional y necesitamos un debate sin restricciones”.

Integrante del bloque Justicialista, consideró que el presidente Javier Milei ha hecho un “abuso” de la emisión de decretos de facultades delegadas avalados por la Ley de Bases, y con respecto al tratamiento de esta “ley de leyes”. En el final de su extensa intervención en el recinto de la Cámara alta, Capitanich pidió votar en contra del artículo 30 del dictamen en revisión que establece recortes en la educación técnica. “Le quitamos recursos específicos a las escuelas técnicas, pero le sacamos impuestos a las aeronaves y a las embarcaciones”, cuestionó.

También sobre el artículo 30 se refirió el radical Maximiliano Abad, quien arrancó: "En nuestro país la discrecionalidad se convirtió en rutina y la rendición de cuentas en una rareza; yo celebro que estemos a punto de sancionar el Presupuesto, porque eso fortalece la institucionalidad de nuestro país y el funcionamiento republicano".

Sin embargo, a continuación dijo que quería "advertir con gran preocupación que, bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo". "El artículo 30 yo lo llamo 'el artículo escoba', porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia". Y puso como ejemplo la inversión en ciencia de países que admira la gestión mileísta: "Estados Unidos invierte el 3,45% del PBI en ciencia e Israel está por encima del 5%".

"No podemos condenar a la Argentina a la mediocridad", afirmó y consideró que "lo que se viene en Argentina es decisión política: si van a seguir metiendo la mano en las universidades, si van a seguir metiendo la mano a las personas con discapacidad, en los hogares de las zonas frías o si definitivamente se van a animar a desarmar muchos de los privilegios que existen".

Maximiliano Abad

A su turno, la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, resaltó que "han pasado dos años, la mitad de esta gestión, sin una hoja de ruta clara, por eso creo que hoy venimos a subsanar esto". "El Presupuesto no es un trámite administrativo, es un acto profundamente político y una definición sobre el Estado que queremos", señaló.

En ese sentido, la legisladora dijo que este Presupuesto "no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad". "Tiene un superávit financiero que es útil como herramienta, pero la macroeconomía tiene que acompañar al desarrollo productivo del país. El equilibrio fiscal no puede convertirse en un dogma, no puede inmovilizar a la producción", advirtió.

También, Ávila reclamó por las obras: "Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura". "Aprobar este Presupuesto obviamente no es un cheque en blanco", manifestó, al afirmar que eso es mejor que no tenerlo por tercer año consecutivo.

A su turno, el senador Eduardo "Wado" de Pedro centralizó una parte de su intervención en el área educación destacando el artículo 30° “da vergüenza ajena”. “La misma que tuvo el secretario de Hacienda cuando vino a decirnos a la Comisión de Educación que estaban interesados en el tema, porque habían aumentado el presupuesto del sector”, señaló, asegurando que “vino a tomarnos el pelo: todos sabemos que desde que asumió, la educación perdió 45 puntos reales”.

Sostuvo en tal sentido que el funcionario “tiene que defender con coraje sus ideas, no mentirle a la gente”. Y detalló lo que elimina el artículo en cuestión, que en sus incisos elimina la meta del 6% del PBI destinado a la educación. “El secretario de Hacienda mintió, porque cuando el senador Capitanich le preguntó por qué eliminaban el artículo 9, dijo que era porque nunca se había llegado a esa meta”. Por el contrario, De Pedro mostró un gráfico que mostraba que en 2015 se había llegado al 6,1%.

Luego citó el inciso que “deroga una ley que pone como norte que Argentina puede llegar al 1% de inversión en Ciencia y Tecnología en 2032”. Por el contrario, sostuvo que “debemos invertir mucho más en conocimiento”, y advirtió que hoy estamos en “el piso más bajo de los últimos 20 años en inversión en Ciencia y Tecnología”. En cuanto al inciso siguiente, consideró que se mete con “una ley totalmente noble que tiene mucho que ver con esa Argentina pujante del interior”, y se preguntó “cómo vamos a desfinanciar a las escuelas técnicas; desfinanciar las herramientas que necesitan más de 1.900.000 argentinos que quieren estudiar”.

“Hay un discurso gorila que permanentemente dice que los jóvenes no quieren estudiar, no les gusta trabajar… Pónganse de acuerdo: muchas veces en los medios escuchamos de los jóvenes que no quieren estudiar, los vagos, y estamos desfinanciando a la escuela técnica. Es una vergüenza”, cerró.

Eduardo "Wado" de Pedro

“Que nos hablen de obras que no se hicieron, y que lo haga la senadora por Santa Cruz, una provincia donde se pagaron rutas que nunca se hicieron y todavía se están buscando…”, señaló en un pasaje de su discurso el libertario Agustín Monteverde. El economista debutó en el recinto diciendo que “este proyecto de presupuesto rompe con esa lógica: no hay ingresos ocultos por subestimaciones, no tiene atajos contables; aquí hay proyecciones responsables y consistentes, alineadas con el objetivo de reordenar las cuentas públicas porque lo que se busca es devolverle credibilidad a la economía y dignidad a la política”.

“No es insensibilidad ajustar el gasto a los recursos disponibles; en cambio sí es flagrante crueldad financiarlo con inflación, castigando a los que menos tienen”, señaló.

La senadora salteña Alejandra Royón advirtió que “acompaño en general este presupuesto”, adelantó, advirtiendo que “acompañar no es callar, no es no mirar y señalar lo que creemos que está mal”. Y en ese sentido aclaró que “acompaño por una cuestión de federalismo, pero también acompañar es proponer y corregir”.

“En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación –dijo-. En vez de derogar, nos pongamos a gestionar, a hacer mejores propuestas”.

En representación del Frente Pro, el misionero Martín Göerling planteó que el debate del Presupuesto se trata de “en qué se va a gastar el esfuerzo de todos los argentinos. Porque el dinero que se recauda y que se va a gastar que está en esta ley sale de los impuestos de los argentinos, el Estado no genera riqueza, sino que administra la riqueza que generan los argentinos que trabajan”.

El senador del Pro celebró el debate del Presupuesto con equilibrio fiscal “es algo muy positivo para que los argentinos sepan en qué se está gastando eficientemente”. Así, remarcó que “desde el Pro tuvimos la responsabilidad de dar gobernabilidad y dándoles las herramientas para que puedan gobernar, pero apoyar este Presupuesto no significa darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, también le exige responsabilidad al Gobierno y cumplir los acuerdos que hay, por sobre todo con las provincias”.

A continuación, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, celebró el tratamiento del Presupuesto, valorando todo lo bueno que veía en el presupuesto, pero también dijo que gobernar sin presupuesto, como ha hecho esta gestión durante dos años, “es una falta de respeto hacia las instituciones; una expresión de autoritarismo que no se puede permitir”.

Reconoció que jamás se logró cumplir el objetivo de alcanzar el 6% del PBI para la educación y se llegó a niveles de calidad educativa de los peores. ¿Cuál es la conclusión?, se preguntó. “No es darle recursos y plata a la gente para que salga adelante, sino darle más educación”, remarcó. En ese sentido, el correntino reclamó “un esfuerzo enorme para contribuir a la eficiencia, y no se trata de recursos”.

Agregó el jefe radical que “es muy difícil un crecimiento sin educación; es muy difícil que haya inversión pública sin argentinos que puedan ser empleables, y la empleabilidad viene de la mano de la educación”. Cerró adelantando que su bloque votaría a favor en general, mientras que “en particular algunas diferencias podemos tener”.

Como presidente del bloque Convicción Federal, el puntano Fernando Salino sostuvo que el tratamiento “es fundamental” porque “más allá de lo que los gobiernos hablen, el tema es dónde ponen la plata”. Salino hizo mención a una nota del diario La Nación y puntualizó en el precio del dólar de $1423 para el 2026 “son proyectos que empiezan superados porque ese precio no está en el cálculo de nadie”.

“Necesitamos el Presupuesto porque este Gobierno a partir de las auditorías no permite el control. Si no hay plan, no hay control. No quieren el control y no lo valoran por eso no presentaron el Presupuesto antes”, apuntó y criticó los ejes del Presupuesto: “El Gobierno quiere destrozar todas las instituciones intermedias que tengan capacidad de representación y contención”. También cuestionó que se “priorice” la defensa nacional por encima de la educación, la salud, etc.: “Es incomprensible y no supieron explicarlo. El Presupuesto es contradictorio en sí mismo”.

El senador puntano se quejó por la falta de recursos a las provincias y las críticas hacia los gobernadores que “administran mal”; por el superávit fiscal que “no explican para qué lo quieren y no se entiende dónde está la gente dentro de esto”. “Este Presupuesto es objetable desde muchos lugares y es para tranquilizar a los mercados. No tiene nada que ver con el crecimiento y con que las cosas funcionen mejor. Hay costos ocultos inter temporales. Es un Presupuesto con marcados desequilibrios regionales”, apuntó.

En un extenso discurso durante el tramo final del debate del Presupuesto 2026, el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, reclamó por las partidas destinadas al Poder Legislativo, en línea con la advertencia de Victoria Villarruel días atrás.

Al anunciar que su bloque votaría en contra, aseguró que votar el Presupuesto "es votar la decadencia de la República Argentina y entregarle a seis irresponsables el manejo del endeudamiento público".

"Están haciendo un verdadero desastre de la economía nacional", exclamó e insistió que "el Presupuesto no se trata de esta forma, es un trato ineficiente". Sobre la seguridad social, sostuvo que "la mayoría de los jubilados están por debajo de la línea de indigencia... No sé a quién sacaron de la pobreza. Le mantienen el bono de 70 mil pesos con inflación en dólares de los productos".

Al cerrar el debate del Presupuesto, que se extendió hasta pasadas las 21, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, arrancó diciendo que “no estamos acá simplemente discutiendo números; no estamos votando una ley más, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma. No es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

Según Bullrich, “las definiciones difíciles en momentos oportunos llevan a una salida como la que nunca tuvo la Argentina”. Aseguró que “se redujo el gasto innecesario; se achicó la estructura estatal, se eliminaron privilegios, se ordenaron las cuentas. Porque gobernar no es prometer, es decidir, incluso cuando duele, y al mismo tiempo se protegió a los que más lo necesitaban, sin gerentes de la pobreza, sin viveza, sin extorsión”.

“El déficit cero no se negocia: es la línea roja que separa el futuro del desastre”, aseguró Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich debutó como senadora este viernes y cerró el debate. (Foto: Comunicación Senado)

En un extenso discurso durante el tramo final del debate del Presupuesto 2026, el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, reclamó por las partidas destinadas al Poder Legislativo, en línea con la advertencia de Victoria Villarruel días atrás.

El legislador mencionó que, tradicionalmente, los fondos para los tres poderes del Estado representaban "el 5% del Presupuesto", mientras que para el año próximo se prevé un 0,34% para el Poder Legislativo. "Karina (Milei), para hacerle la contra a la presidente (del Senado), le pone 0. No sean tan arrastrados. ¿Cómo van a votar esto? Sin presencia del presupuesto para el Parlamento. ¿Saben qué están haciendo? Obstruir el presupuesto de un poder del Estado. Borrar el funcionamiento de un poder del Estado", lanzó y dijo que el Gobierno está "atacando directamente el Parlamento como hace toda dictadura".

"Votar este Presupuesto es votar la corrupción, porque está contra la Constitución. Nosotros no le podemos dar un cheque en blanco para que manejen la deuda como se les antoje", enfatizó y reclamó que "tienen que venir a rendir cuentas sobre qué están haciendo con la deuda".

Al anunciar que su bloque votaría en contra, aseguró que votar el Presupuesto "es votar la decadencia de la República Argentina y entregarle a seis irresponsables el manejo del endeudamiento público".

En el arranque de su intervención, el formoseño cuestionó "el vergonzoso tratamiento exprés de la ley de leyes en una jornada de medio día" con "un grado de sumisión terrible" por parte de la oposición dialoguista. "El tratamiento exprés es para ocultar información al pueblo", denunció y reclamó que "el ministro de Economía (Luis Caputo) tiene terror de venir al Parlamento, no quiere venir al Parlamento".

Tras volver a criticar que se "violó el artículo 14 del reglamento" sobre los lugares dados al interbloque peronista en las comisiones, el legislador observó que "si hacemos un tratamiento como corresponde, se van a ver las falencias que tiene este Presupuesto, que son graves". En primer lugar, señaló que "está totalmente desactualizado; estamos votando un Presupuesto que ya fue".

En ese sentido, mencionó que días atrás cambió la política cambiaria respecto al esquema de bandas y se anunció "que van a ajustar el dólar por inflación por exigencia del FMI". "Esto afecta la balanza comercial, la exportación y la importación", continuó.

Al cuestionar "este cuento que traen", Mayans apuntó que "la inversión está absolutamente caída en el país y el consumo también. Las provincias van perdiendo cada vez más la coparticipación". "El problema está en la inconsistencia del programa económico", afirmó.

Recordó que en diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió "devaluaron un 118%" y "la canasta que estaba en 300 mil pesos se fue arriba de un millón". "El año pasado la inflación fue del 117%. Ahora estamos en el 31%. ¡31% en dólares! La peor de todas las inflaciones", expresó.

El jefe de la bancada Justicialista cuestionó al oficialismo: "Están defendiendo el plan que empobrece a la gente y le da baja de impuestos a los más ricos, como (Marcos) Galperín, que le dan 220 millones de subsidios".

"Tenemos un país caro en dólares y bajo en salario, y ese es el golpe que tenemos al consumo día a día", resaltó y añadió que "la coparticipación cae porque el sistema económico no funciona y se refleja en la recaudación".

Luego de reclamar que "aumentaron 75 mil millones de dólares la deuda externa del país", el senador consideró que "está en marcha la corrupción de la máquina financiera, y después aparecen los paraísos fiscales", mientras que esto "lo pagan los jubilados, los pensionados, los docentes, las provincias".

"Están haciendo un verdadero desastre de la economía nacional", exclamó e insistió que "el Presupuesto no se trata de esta forma, es un trato ineficiente". Sobre la seguridad social, sostuvo que "la mayoría de los jubilados están por debajo de la línea de indigencia... No sé a quién sacaron de la pobreza. Le mantienen el bono de 70 mil pesos con inflación en dólares de los productos".

En la misma línea, Mayans manifestó que "después de la devaluación brutal que hicieron no se recuperaron más los salarios y esa es la baja de consumo que tenemos".

El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, celebró este viernes el tratamiento del presupuesto, valorando todo lo bueno que veía en el presupuesto, pero también dijo que gobernar sin presupuesto, como ha hecho esta gestión durante dos años, “es una falta de respeto hacia las instituciones; una expresión de autoritarismo que no se puede permitir”.

Dijo que el Presupuesto “tiene que ser aprobado, pero sin lugar a dudas hay que avanzar hacia un presupuesto que nos permita tener un orden y una línea de trabajo”. Rescató de esta gestión haber instaurado “un nuevo paradigma que tiene que ver con un cambio importante en la cultura de entender que no se puede gastar más de lo que se ingresa”.

Pero alertó sobre “dos errores graves que está cometiendo este gobierno. Uno es lo que hizo el kirchnerismo, que creyó que darle dinero a mucha gente iba a resolver los problemas de la pobreza”.

Reconoció que jamás se logró cumplir el objetivo de alcanzar el 6% del PBI para la educación y se llegó a niveles de calidad educativa de los peores. ¿Cuál es la conclusión?, se preguntó. “No es darle recursos y plata a la gente para que salga adelante, sino darle más educación”, remarcó. En ese sentido, el correntino reclamó “un esfuerzo enorme para contribuir a la eficiencia, y no se trata de recursos”.

Por otra parte dijo que “tener un dólar bajo y sectorizar la mirada es algo que ya nos pasó y que hoy es muy difícil que a una empresa le convenga importar antes que fabricar en nuestro país y pueda crecer. Lo que necesita el país es un verdadero vuelco al desarrollo”.

Agregó el jefe radical que “es muy difícil un crecimiento sin educación; es muy difícil que haya inversión pública sin argentinos que puedan ser empleables, y la empleabilidad viene de la mano de la educación”.

Vischi cerró adelantando que su bloque votaría a favor en general, mientras que “en particular algunas diferencias podemos tener”.

En el marco del debate del presupuesto, la senadora salteña Alejandra Royón advirtió que “un país sin presupuesto es un país sin rumbo”. Sostuvo que es “el contrato que el Estado tiene con la sociedad, donde tenemos que reflejar de manera concreta todo aquello que declamamos”.

“Sin presupuesto no hay planificación; sin presupuesto no hay previsibilidad; sin presupuesto no hay previsión, no hay desarrollo, pero por sobre todas las cosas, no hay reglas claras que requieren todas las provincias para poder producir sus planes de gobierno”, apuntó al celebrar que finalmente se estuviera debatiendo durante esta gestión una ley de leyes.

“Acompaño en general este presupuesto”, adelantó, advirtiendo que “acompañar no es callar, no es no mirar y señalar lo que creemos que está mal”. Y en ese sentido aclaró que “acompaño por una cuestión de federalismo, pero también acompañar es proponer y corregir”.

“Para empezar, este presupuesto está constituido con presupuestos macroeconómicos un tanto fáciles y en exceso optimistas. No es el presupuesto ideal, pero entendemos que son mucho mayores los riesgos de que nuestro país no tenga presupuesto que acompañar el presupuesto como está”, dijo, para apuntarle a continuación al artículo 30°, al cuestionar la figura de la derogación.

“En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación –dijo-. En vez de derogar, nos pongamos a gestionar, a hacer mejores propuestas”.

“Soy plenamente consciente de que la ausencia de esta ley es mucho peor que tener una ley imperfecta. Por eso voy a acompañar. Pero acompañar no es un cheque en blanco. Por responsabilidad institucional acompaño, y esperamos que el también el Ejecutivo de muestras de un rumbo de desarrollo, de consenso político y de visión compartida a mediano plazo para nuestro país porque entendemos que es el único camino posible”, cerró la senadora alineada con el gobernador Gustavo Sáenz.

En su intervención durante la sesión extraordinaria de este jueves, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) se manifestó a favor de la aprobación del Presupuesto 2026 y valoró que el Congreso avance con una ley de gastos y recursos tras años de discrecionalidad. “Un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”, sostuvo.

En su discurso, el bonaerense puso el acento en la necesidad de una estrategia de crecimiento que incluya a los sectores productivos con mayor capacidad de generar empleo y divisas. “La palabra decisiva para 2026 es crecimiento. Y si hablamos de crecimiento, es imposible no mencionar a la pesca y el turismo”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que ambos sectores atraviesan una situación crítica por la falta de políticas activas. “La pesca es uno de los complejos exportadores más ignorados, y el turismo, que puede ofrecer oportunidades laborales a miles de jóvenes, hoy está abandonado”, señaló.

Por otra parte, anticipó su votó en contra del Capítulo II, que contiene el artículo 30, sobre ajuste en áreas estratégicas como educación y ciencia. “El oficialismo sostiene una tesis falsa y peligrosa: que el conocimiento y la innovación no tienen nada que ver con el desarrollo”, remarcó, y recordó que la inversión en ciencia cayó al 0,149% del PBI.

Abad cuestionó además el artículo 30 del proyecto: “Lo llamo el artículo escoba, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.

Finalmente, alertó sobre la situación industrial: “Las PyMEs industriales acumulan diez trimestres consecutivos de caída en su nivel de actividad”. Asimismo, adelantó que propondrá un "Régimen de Incentivo Impositivo General para la Industria" para sostener la producción y el empleo.

En medio de un arranque conflictivo, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, presentó una cuestión de privilegio en reclamo por lo ocurrido en la conformación de las comisiones durante la semana pasada en la Cámara alta. La sesión extraordinaria comenzó caliente y el formoseño aseveró que “están violentando la Constitución para sacar un despacho”.

La semana pasada se conformaron cuatro comisiones en la Cámara alta que se abocaron a los despachos del Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal, la Modernización Laboral y la modificación a Ley de Glaciares. Los vocales que le asignaron al interbloque Popular fueron 5, pero el formoseño considera que “en comisiones de 19 integrantes nos corresponden 7 y en las de 17, también”.

Extenso en su discurso, el presidente del bloque peronista lanzó críticas contra La Libertad avanza y contra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. “No se puede obviar el recinto y hay cosas que están establecidas por el reglamento”, cargó Mayans, quien agregó que “no entiendo porque violentan todo esto”

Crítico del proyecto de ley de Presupuesto 2026, se dirigió a los exintegrantes de Juntos por el Cambio y recordó los tratamientos de la “ley de leyes” durante el gobierno de Alberto Fernández: “Cuando ustedes eran oposición pedían que venga el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el jefe de Gabinete, pero ahora vienen con un tratamiento exprés y avanzan con las comisiones por las firmas”.

En defensa de lo expresado por su par de bloque, Cristina López, invocó a Ley de Fueros y expresó que “no se puede tocar un legislador ni su despacho”. Repudió, además, que los otros espacios no se hayan solidarizado con la fueguina y agregó: “Es una vergüenza que se presten a esto”.

Por último, cargó contra el Poder Ejecutivo Nacional y los recursos presupuestarios que definirá el proyecto de ley en virtud de los gastos destinados al funcionamiento del Senado: “No se puede ser que el Senado no tenga presupuesto”.

Sin acuerdo de Labor Parlamentaria, la sesión extraordinaria de este viernes comenzó con un quórum holgado: fueron 47 los legisladores que se sentaron en sus bancas a las 12.19. Casi todas las bancadas dieron el presente con la excepción de los 21 integrantes del bloque Justicialista.

Desde antes de las 12, los 19 miembros de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich a la cabeza, ya estaban repartidos en sus bancas en el flanco derecho del recinto de la Cámara alta. Junto al oficialismo estuvo también el cordobés Luis Juez -Frente Cívico de Córdoba- que conformó el interbloque con los libertarios después de la ceremonia de juras.

Aliados del oficialismo en el Senado, estuvieron los diez legisladores del bloque radical y los tres del Pro.

Con el respaldo de sus gobernaciones, también llegaron temprano la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la cordobesa Alejandra Vigo. También dieron quórum los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la chubutense Edith Terenzi; y el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Por el lado del interbloque opositor, solamente se sentaron los cinco miembros de Convicción Federal: el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el puntano Fernando Salino.

Presentes en el recinto del Senado, pero si dar quórum a la sesión extraordinaria estuvieron los integrantes del bloque Justicialista con José Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti a la cabeza; y los santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno.

Con singular expectativa por el destino que vaya a tener la votación en particular del Presupuesto Nacional 2026, se inició este viernes a las 12.18 la sesión extraordinaria en la que está previsto también el debate del proyecto de Inocencia Fiscal. En la reunión de Labor Parlamentaria no hubo acuerdo respecto de la manera de votar -si era capítulo por capítulo, como se hizo en Diputados, a instancias del oficialismo; o por artículo, como deseaba el peronismo-, por lo que eso lo resolvió el pleno antes de arrancar el debate de la ley de leyes. Mismo escenario que lo que sucedió en Diputados ocho días atrás, el oficialismo logró imponerse en esa votación por 39 votos a favor y 33 en contra, lo que generó la reacción adversa del interbloque conducido por José Mayans, que reclamó por considerar que para imponer esa moción necesitaban los dos tercios del Cuerpo.

El Presupuesto diseñado por el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI del 5% para 2026, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Con el antecedente de lo sucedido el 17 de diciembre en Diputados, donde la oposición logró hacer caer el Capítulo XI del texto original, cuyo artículo 75 proponía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos, la gran duda de este viernes pasa por otro artículo ríspido: el 30°. Ese artículo deroga en sus incisos el artículo 9° de la Ley 26.206 de Educación Nacional; como así también los artículos 5°, 6° y 7° de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52° de la Ley 26.058, de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

La oposición dialoguista tiene reparos respecto de esa norma, como así también con el artículo 12°, que autoriza a la Secretaría de Educación a congelar el envío de fondos a una universidad si considera “insuficiente” la información remitida por esa casa de estudios sobre la asignación y el uso que tendrá ese dinero. En principio, el texto asigna como crédito para el funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de 4 billones 785 mil millones de pesos. Pero establece que esas casas de altos estudios “deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieran por todo concepto.

El proyecto estima para el sector público nacional, ejercicio fiscal 2026, un resultado financiero superavitario de $2.734.029.655.055. Además, fija en la suma de $148.069.293.526.549 el total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2026.

El proyecto estima en la suma de $148.295.762.681.598 el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional, y fija en la suma de $20.721.561.948.071 los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la Administración Nacional en la misma suma.

El resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de $226.469.155.049. Asimismo, fija en la suma de $391.506.555.376 el importe correspondiente a gastos figurativos para aplicaciones financieras de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la Administración Nacional en la misma suma.

El debate

Como miembro informante, abrió el debate el jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) quien resaltó que “intentamos sancionar un Presupuesto que tenga una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.

Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero y precisó el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.

En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve" y destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit”.

Desde el lado de la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich eligió hablar por 40 minutos en lo que tocó diferentes cuestiones vinculadas al contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Consideró que el tratamiento de este texto es una “violación sistemática del reglamento”, y sintetizó:  Nos oponemos porque este Presupuesto viola sistemáticamente la Constitución Nacional y necesitamos un debate sin restricciones”.

Integrante del bloque Justicialista, consideró que el presidente Javier Milei ha hecho un “abuso” de la emisión de decretos de facultades delegadas avalados por la Ley de Bases, y con respecto al tratamiento de esta “ley de leyes”. En el final de su extensa intervención en el recinto de la Cámara alta, Capitanich pidió votar en contra del artículo 30 del dictamen en revisión que establece recortes en la educación técnica. “Le quitamos recursos específicos a las escuelas técnicas, pero le sacamos impuestos a las aeronaves y a las embarcaciones”, cuestionó.

También sobre el artículo 30 se refirió el radical Maximiliano Abad, quien arrancó: "En nuestro país la discrecionalidad se convirtió en rutina y la rendición de cuentas en una rareza; yo celebro que estemos a punto de sancionar el Presupuesto, porque eso fortalece la institucionalidad de nuestro país y el funcionamiento republicano".

Sin embargo, a continuación dijo que quería "advertir con gran preocupación que, bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo". "El artículo 30 yo lo llamo 'el artículo escoba', porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia". Y puso como ejemplo la inversión en ciencia de países que admira la gestión mileísta: "Estados Unidos invierte el 3,45% del PBI en ciencia e Israel está por encima del 5%".

"No podemos condenar a la Argentina a la mediocridad", afirmó y consideró que "lo que se viene en Argentina es decisión política: si van a seguir metiendo la mano en las universidades, si van a seguir metiendo la mano a las personas con discapacidad, en los hogares de las zonas frías o si definitivamente se van a animar a desarmar muchos de los privilegios que existen".

A su turno, la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, resaltó que "han pasado dos años, la mitad de esta gestión, sin una hoja de ruta clara, por eso creo que hoy venimos a subsanar esto". "El Presupuesto no es un trámite administrativo, es un acto profundamente político y una definición sobre el Estado que queremos", señaló.

En ese sentido, la legisladora dijo que este Presupuesto "no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad". "Tiene un superávit financiero que es útil como herramienta, pero la macroeconomía tiene que acompañar al desarrollo productivo del país. El equilibrio fiscal no puede convertirse en un dogma, no puede inmovilizar a la producción", advirtió.

También, Ávila reclamó por las obras: "Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura". "Aprobar este Presupuesto obviamente no es un cheque en blanco", manifestó, al afirmar que eso es mejor que no tenerlo por tercer año consecutivo.

A su turno, el senador Wado de Pedro centralizó una parte de su intervención en el área educación destacando el artículo 30° “da vergüenza ajena”. “La misma que tuvo el secretario de Hacienda cuando vino a decirnos a la Comisión de Educación que estaban interesados en el tema, porque habían aumentado el presupuesto del sector”, señaló, asegurando que “vino a tomarnos el pelo: todos sabemos que desde que asumió, la educación perdió 45 puntos reales”.

Sostuvo en tal sentido que el funcionario “tiene que defender con coraje sus ideas, no mentirle a la gente”. Y detalló lo que elimina el artículo en cuestión, que en sus incisos elimina la meta del 6% del PBI destinado a la educación. “El secretario de Hacienda mintió, porque cuando el senador Capitanich le preguntó por qué eliminaban el artículo 9, dijo que era porque nunca se había llegado a esa meta”. Por el contrario, De Pedro mostró un gráfico que mostraba que en 2015 se había llegado al 6,1%.

Luego citó el inciso que “deroga una ley que pone como norte que Argentina puede llegar al 1% de inversión en Ciencia y Tecnología en 2032”. Por el contrario, sostuvo que “debemos invertir mucho más en conocimiento”, y advirtió que hoy estamos en “el piso más bajo de los últimos 20 años en inversión en Ciencia y Tecnología”. En cuanto al inciso siguiente, consideró que se mete con “una ley totalmente noble que tiene mucho que ver con esa Argentina pujante del interior”, y se preguntó “cómo vamos a desfinanciar a las escuelas técnicas; desfinanciar las herramientas que necesitan más de 1.900.000 argentinos que quieren estudiar”.

“Hay un discurso gorila que permanentemente dice que los jóvenes no quieren estudiar, no les gusta trabajar… Pónganse de acuerdo: muchas veces en los medios escuchamos de los jóvenes que no quieren estudiar, los vagos, y estamos desfinanciando a la escuela técnica. Es una vergüenza”, cerró.

“Que nos hablen de obras que no se hicieron, y que lo haga la senadora por Santa Cruz, una provincia donde se pagaron rutas que nunca se hicieron y todavía se están buscando…”, señaló en un pasaje de su discurso el libertario Agustín Monteverde. El economista debutó en el recinto diciendo que “este proyecto de presupuesto rompe con esa lógica: no hay ingresos ocultos por subestimaciones, no tiene atajos contables; aquí hay proyecciones responsables y consistentes, alineadas con el objetivo de reordenar las cuentas públicas porque lo que se busca es devolverle credibilidad a la economía y dignidad a la política”.

“No es insensibilidad ajustar el gasto a los recursos disponibles; en cambio sí es flagrante crueldad financiarlo con inflación, castigando a los que menos tienen”, señaló.

La senadora salteña Alejandra Royón advirtió que “acompaño en general este presupuesto”, adelantó, advirtiendo que “acompañar no es callar, no es no mirar y señalar lo que creemos que está mal”. Y en ese sentido aclaró que “acompaño por una cuestión de federalismo, pero también acompañar es proponer y corregir”.

“En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación –dijo-. En vez de derogar, nos pongamos a gestionar, a hacer mejores propuestas”.

En representación del Frente Pro, el misionero Martín Göerling planteó que el debate del Presupuesto se trata de “en qué se va a gastar el esfuerzo de todos los argentinos. Porque el dinero que se recauda y que se va a gastar que está en esta ley sale de los impuestos de los argentinos, el Estado no genera riqueza, sino que administra la riqueza que generan los argentinos que trabajan”.

El senador del Pro celebró el debate del Presupuesto con equilibrio fiscal “es algo muy positivo para que los argentinos sepan en qué se está gastando eficientemente”. Así, remarcó que “desde el Pro tuvimos la responsabilidad de dar gobernabilidad y dándoles las herramientas para que puedan gobernar, pero apoyar este Presupuesto no significa darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, también le exige responsabilidad al Gobierno y cumplir los acuerdos que hay, por sobre todo con las provincias”.

A continuación, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, celebró el tratamiento del Presupuesto, valorando todo lo bueno que veía en el presupuesto, pero también dijo que gobernar sin presupuesto, como ha hecho esta gestión durante dos años, “es una falta de respeto hacia las instituciones; una expresión de autoritarismo que no se puede permitir”.

Reconoció que jamás se logró cumplir el objetivo de alcanzar el 6% del PBI para la educación y se llegó a niveles de calidad educativa de los peores. ¿Cuál es la conclusión?, se preguntó. “No es darle recursos y plata a la gente para que salga adelante, sino darle más educación”, remarcó. En ese sentido, el correntino reclamó “un esfuerzo enorme para contribuir a la eficiencia, y no se trata de recursos”.

Agregó el jefe radical que “es muy difícil un crecimiento sin educación; es muy difícil que haya inversión pública sin argentinos que puedan ser empleables, y la empleabilidad viene de la mano de la educación”. Cerró adelantando que su bloque votaría a favor en general, mientras que “en particular algunas diferencias podemos tener”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tras la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la votación en particular en la Cámara de Diputados, el oficialismo intentó pero no consiguió los avales entre la oposición dialoguista para restaurar ese articulado en el texto que se va a votar el próximo viernes 26 en el recinto del Senado.

Las modificaciones efectivamente no se hicieron sobre el dictamen y, tras la firma de éste, a la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, los referentes de bancadas aliadas y provinciales le ratificaron la negativa a acompañar una eventual reinstalación de dicho Capítulo, el cual contenía -entre varios puntos- la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Aunque algunas voces del oficialismo pujan por poder restaurarlo, el propio Presidente Javier Milei declaró que aceptará lo votado por el Congreso y no vetará el Presupuesto.

Si la Cámara alta sanciona la ley, se cerrará así el período extraordinario. Ahora bien, si hay cambios, el texto volvería a la Cámara de Diputados. Y al hablar de cambios no específicamente se refiere a nuevos artículos, sino también lo que podría ser el rechazo de alguno de ellos.

Cómo se discutirá y tratará en la votación en particular el Presupuesto, los jefes de bloques terminarán de definirlo en la reunión de Labor Parlamentaria prevista antes de la sesión. En la Cámara baja fue por capítulos, lo que impidió el desagregado de artículos en particular.

Tras lo que festejó como un enorme logro en Diputados con la caída del Capítulo XI, al pasar al Senado, el peronismo/kirchnerismo comenzó a sumar presión sobre un artículo en particular: el número 30, dentro del Capítulo II, que propone derogar legislación clave en cuanto a financiamiento en educación, ciencia y defensa.

De resultar rechazado un artículo, el proyecto debería volver a Diputados para que acepte los cambios o ratifique su versión. El interbloque "Popular", que conduce José Mayans, está compuesto por 28 senadores, a los que al menos dos radicales podrían sumarse, pero para hacer caer el artículo necesitarían 37 votos si hay asistencia perfecta al momento de votar, de lo contrario, la cantidad de votos necesarios para amargar a LLA, baja.

¿Qué derogaciones propone el artículo 30?

El inciso "a" busca dejar sin efecto el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, el cual reza: "El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075 (Financiamiento Educativo), el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB)".

En tanto, el inciso "b" plantea la derogación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada en 2021.

El artículo 5 de esta norma dispone que "el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno 1% del PBI de cada año". Mientras que el 6 dispone cómo sería el incremento progresivo año a año.

Finalmente, el 7 habla de que "la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior", y faculta al jefe de Gabinete para readecuar partidas y cumplir con este objetivo.

El inciso "c" del artículo 30 prevé la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), el cual establece que el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional "será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas. Este Fondo podrá incorporar aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional".

Por último, el inciso "d" avanza sobre la integración del Fondo Nacional de la Defensa, artículo 4 de la Ley 27.565, al derogar el primer inciso que establece el aporte del Estado, dejando solamente el financiamiento en manos de aportes de personas humanas y jurídicas, donaciones y legados.

El inciso que se propone derogar señala que el FONDEF estará integrado "con el 0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020, 0,5% para el año 2021, 0,65% para el año 2022, hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios. Este aporte es independiente a los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional".

El senador nacional Fernando Salino, presidente del bloque Convicción Federal -dentro del interbloque Popular-, admitió que su bancada podría dividirse a la hora de votar el Presupuesto 2026, luego que trascendiera que algunos integrantes del espacio acompañarían en la votación en general el proyecto del Gobierno.

"Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas", dijo sobre el bloque que integran, además de él, la jujeña Carolina Moisés; el riojano Fernando Rejal; el catamarqueño Guillermo Andrada; y la tucumana Sandra Mendoza, última en sumarse.

Salino dirige el bloque de legisladores con impronta y agenda "federal" que a comienzos de este año se alejó de la bancada comandada por José Mayans, aunque se mantuvieron y actualmente mantienen dentro del interbloque peronista/kirchnerista, hoy conformado por los bloques Justicialista, Convicción y Frente Cívico por Santiago, bajo el nombre Popular.

En declaraciones con radio Rivadavia, el puntano confirmó su voto: "Yo voy a votar en contra del Presupuesto". Y, en cuanto a sus pares, expresó que van a "evaluar la situación, ver cuál es la mirada. Algunos tenemos más discrepancias, otros tienen algunas menos, pero no es el Presupuesto que claramente nos gustaría a ninguno de los cinco".

"Seguramente no tendremos una posición uniforme", afirmó. Además, cuestionó el debate exprés de la ley de leyes. "En la Comisión de Presupuesto hubo un atropello, esperábamos un tratamiento mucho más profundo y equitativo. Nuestras preguntas no han sido del todo respondidas", señaló.

Para el opositor, "el oficialismo no terminó de resolver las diferencias que tiene; hay sectores que pretenden que corrijamos lo que pasó en Diputados", indicó en referencia al Capítulo XI que fue rechazado en la cámara de origen y proponía la derogación de leyes insistidas por el Congreso.

En esta línea, consideró que "si el Ejecutivo presiona en este sentido se le va a dificultar"; mientras que si se vota el texto tal cual salió de la Cámara baja "aparentemente los votos están".

"Que a nosotros no se nos respete la proporción y no se nos permita trabajar en el Presupuesto no contribuye en nada a que nosotros aportemos positivamente", se quejó sobre los lugares que le dieron al peronismo en las comisiones. Al mismo tiempo, consideró un "error garrafal" del Ejecutivo que "tendría que tener otro diálogo con los legisladores" porque "en definitiva somos quienes tenemos que votar".

Sobre la iniciativa, Salino criticó el artículo 30 que prevé la derogación de artículos de leyes que hacen al financiamiento en educación, ciencia y defensa. "Yo fui ministro de Educación de San Luis, no puedo aprobar el artículo 30. Fui rector de la Universidad de la Punta, no pudo aprobar el artículo 30", manifestó.

Por otra parte, observó que "el Ejecutivo celebra volver a endeudarse. No propone salirnos de la deuda, sino seguir endeudándonos y crear condiciones para nuevos elementos de deuda".

El senador nacional Jorge "Coqui" Capitanich (Justicialista) opinó este lunes que el proyecto de reforma laboral "de reforma laboral no tiene nada, sino que tiene una reforma tributaria encubierta y regresiva para perjudicar las negociaciones colectivas, debilitar las organizaciones sindicales, y obviamente afectar los derechos de los trabajadores".

"La reforma laboral genera un proceso de reforma tributaria encubierta, para hacer la gran 'Hood Robin', transferir de los pobres a los ricos", apuntó el exgobernador chaqueño, quien precisó que "el costo fiscal de la medida es equivalente a 12 mil millones de dólares".

En ese sentido, mencionó una proyección de "2.179 millones de dólares en el tema del impuesto a las Ganancias a las grandes sociedades", cuya eventual baja de la alícuota beneficiaría "de 144 a 165 grandes empresas, de las cuales 63 cotizan en bolsa", pero "perjudica a las provincias en virtud de la coparticipación".

Luego, el legislador indicó que "el Fondo de Asistencia Laboral es el subsidio al despido" en "4.300 millones de dólares".

En diálogo con radio Splendid, Capitanich opinó que el Presupuesto 2026 "está completamente desdibujado, porque las proyecciones macroeconómicas son absolutamente inconsistentes e incongruentes".

Tras cuestionar el artículo 30, donde se derogan artículos referidos al financiamiento en educación, ciencia y defensa, el senador peronista observó también que "los resultados fiscales que muestra el Presupuesto son absolutamente falsos, porque existe deuda contingente no contabilizada", además de "una deuda social derivada de la subejecución de partidas".

El chaqueño sumó que la propuesta de reforma laboral "no genera empleo", mientras que el Presupuesto "es de ajuste; no hay obra pública, no hay construcción de viviendas, y hay un desfinanciamiento de la educación y salud". "Esto demuestra que gobiernan para los ricos y solamente quieren asignar recursos para ellos", completó.

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que no vetará la ley de Presupuesto 2026, pese a que la Cámara de Diputados eliminó uno de los capítulos centrales del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Tras la media sanción obtenida en una extensa sesión en la Cámara baja, el mandatario adelantó que el Gobierno “acomodará” las partidas para sostener el objetivo de déficit cero, que definió como la prioridad absoluta de su gestión.

La definición presidencial llegó luego de que Diputados rechazara el Capítulo XI de la iniciativa, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Aun así, el proyecto logró avanzar con media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado.

En una entrevista por La Nación+, Milei destacó el recorrido parlamentario de la iniciativa y subrayó las dificultades que debió atravesar el oficialismo para lograr su aprobación en general. “Hemos podido sancionar el presupuesto. Hubo 14 contiendas de alguna manera. La primera fue lograr el quórum. La segunda, que la iniciativa se vote por capítulos. Luego aprobaron 11 capítulos de los 12 propuestos”, enumeró.

En ese marco, fue categórico al descartar un veto presidencial: “A la luz de cómo evolucione el debate sobre el presupuesto, que seguirá en el Senado, yo no voy a vetar la ley de presupuesto”. Y agregó: “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”.

La afirmación busca enviar una señal tanto al Congreso como a los mercados, en un contexto en el que el oficialismo logró avanzar con el núcleo fiscal del proyecto, pero cedió en aspectos sensibles frente a la oposición.

El presidente también se refirió al conflicto político abierto en torno a la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que el oficialismo avanzara con designaciones en ese organismo sin acompañar la propuesta del Pro para que Jorge Triaca ocupara una de las vacantes. La decisión generó reproches internos en la oposición dialoguista y cuestionamientos sobre un eventual quiebre con Mauricio Macri.

Milei rechazó de plano esa lectura y encuadró el episodio dentro de la dinámica parlamentaria. “Yo no creo que haya sido una traición a Macri. Es parte de cómo se maneja la lógica de la política”, sostuvo, al tiempo que negó cualquier acuerdo con sectores del kirchnerismo: “Varios periodistas vienen mintiendo, endosándome nexos con el kirchnerismo. Sin embargo, Cristina Kirchner terminó presa en este Gobierno”.

En el plano institucional, también relativizó la urgencia de cubrir vacantes en la Justicia federal y en la Corte Suprema, al señalar que se trata de temas que deberán abordarse más adelante, una vez resueltos asuntos que considera “más complejos” en el plano económico y fiscal. 

Reforma laboral en agenda

Con el foco puesto en la agenda legislativa de 2026, Milei volvió a insistir en la necesidad de avanzar con una reforma laboral integral. Tras destacar indicadores sociales y económicos de su gestión, el Presidente sostuvo que la modernización del régimen de trabajo es clave para consolidar esos resultados.

“Hoy tenemos a la mitad de los trabajadores en el segmento laboral sin ningún derecho. La modernización no le quita derechos a nadie, se los otorga”, afirmó, y remarcó que el proyecto incluirá incentivos fiscales para las empresas, como reducción de impuestos y devolución anticipada del IVA. “Es importante a efectos de la caja”, subrayó, en un mensaje dirigido tanto al Congreso como al sector empresario.

Consultado por la caída de empresas y del empleo formal, Milei defendió su enfoque macroeconómico y pidió observar el resultado agregado. “Algunas empresas cierran y otras nacen. Se destruyen puestos de trabajo y se crean otros. En el neto estamos mejor”, sostuvo.

Llegan las fiestas, semana corta en un Congreso muy activo hasta el final. Aunque no tanto como se esperaba, por lo que anticipaban quienes redoblaron la apuesta hablando de actividad plena en ambas cámaras, entre el 10 de diciembre y el 30. Al final, será como originalmente había anticipado parlamentario.com: el Presupuesto Nacional 2026 sería ley, lo mismo que el proyecto de Inocencia Fiscal. El resto del temario de extraordinarias quedaría para febrero.

Pasaron cosas, claro está. Porque sobre la marcha se supo de las intenciones oficiales de redoblar la apuesta y terminar el mes al menos con la media sanción de la modernización laboral, también. Fue lo que motivó un andar apresurado de la Cámara alta, que dejó jirones en la relación entre el oficialismo y la principal oposición en el Senado, por el armado apresurado de las comisiones que salteó algunas instancias reglamentarias.

Fue lo que generó una mañana de miércoles en el Senado, con los senadores del ahora denominado interbloque Popular protestando a viva voz por dos cuestiones no menores: la convocatoria a armar las comisiones salteó un artículo del reglamento que establece que debe ser el pleno el que delegue esa facultad en el presidente del Cuerpo; y la conformación de las comisiones se hizo alterando el sistema D’Hont, en detrimento del peronismo. Razón por la cual los senadores alineados tras la jefatura de José Mayans prometieron ir a la Justicia, con la intención manifiesta de trabar la implementación de la reforma laboral. Ya se verá qué tan lejos llegan los senadores peronistas, por un lado, y llegado el momento cómo reacciona la Justicia, no siempre a gusto al tener que inmiscuirse en cuestiones de otro poder.

Lo cierto es que no fueron los métodos del Senado los que complicaron el organigrama dispuesto en esa Cámara para el desarrollo de los dos temas que se habían impuesto aprobar: la ley laboral y la reforma de la Ley de Glaciares. Porque en definitiva, el debate de ambos temas en las comisiones del Senado se hizo de manera civilizada y -si bien acelerado- ordenadamente. Los peronistas decidieron autoexcluirse de las comisiones, cuestión de desautorizar su funcionamiento, y por eso no emitieron dictamen alguno, pero participaron activamente de las reuniones.

El problema surgió en el lugar en el que todo estaba más encarrilado, Diputados, donde el oficialismo se “sobregiró” y se pasó dos pueblos… Fue cuando el texto definitivo del Presupuesto modificó la redacción del dictamen de mayoría alcanzado en noviembre pasado para incluir en un mismo capítulo una serie de cuestiones en las que se destacaba como un letrero lumínico el artículo 75 que derogaba dos leyes a las que no citaba por su nombre, sino por el número. Como si con eso fueran a pasar desapercibidas.

Hablamos de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, dos cuestiones que se llevaron la atención principal durante buena parte de este 2025 y que pasaron no una, sino dos veces por cada una de las cámaras: fueron aprobadas e insistidas por la Baja y la Alta, rechazando con más de los dos tercios sendos vetos presidenciales. La inclusión de ese texto en la ley de leyes dicen que fue sugerida por Luis “Toto” Caputo, obsesionado por mantener el déficit cero, pero pareció obedecer a intenciones aleccionadoras de parte de un Gobierno que hoy se siente mayoría en ambas cámaras.

Pero no lo es, pequeño detalle. Ni en Diputados, ni en el Senado. En la primera de esas cámaras debe reunir en cada sesión un 13% de los miembros para arrancar cada sesión; en la otra, el 22%. Lo mismo para la aprobación de cada proyecto.

La propia oposición se lo hizo notar al oficialismo el miércoles pasado en el inicio de la sesión. No hablamos de la primera votación, en la que el oficialismo consiguió aprobar que en el tratamiento en particular se votara por capítulos, sino a la hora de conseguir el quórum. En las últimas sesiones -todas pedidas por la oposición- se venía viendo que el quórum se reunía antes de los 15 minutos de espera. Esta vez, cuando se iba a tratar un tema que todos querían, aunque no votaran el dictamen de mayoría -hablamos del Presupuesto, que propios y extraños quieren-, se esperó hasta el final. Hicieron transpirar a La Libertad Avanza demorando sentarse en sus bancas hasta las 14.27: faltaban 3 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario que Martín Menem respeta a rajatabla. ¿Hubiera levantado la sesión si a las 14.31 no había quórum? Se supone que sí, y hubiera sido un papelón. Lo cierto es que el bloque Pro llegó sobre el final, pero el quórum lo terminaron dando los diputados de Provincias Unidas, a pesar de que sienten que el presidente de la Cámara los destrató a la hora del armado de las comisiones.

Pero el momento crítico se viviría once horas más tarde, durante el debate en particular de la ley de leyes, al votarse el Capítulo XI. Previamente, a instancias de Nicolás del Caño, la oposición hizo un nuevo y estéril intento por abrir el capítulo y votar por artículos. El oficialismo se hubiera ahorrado el problema que sobrevino luego del rechazo del mismo.

El correlato de lo sucedido en esa instancia se dio horas después en el Senado. La sensación de invulnerabilidad que traía La Libertad Avanza desde el 26 de octubre se rompió apenas se perdió la votación del Capítulo XI. Fue una lección que este oficialismo reforzado en ambas cámaras deberá asimilar, pues no es muy diferente lo que le sucedió en el primer bienio del mandato libertario: del éxito de la aprobación de la Ley de Bases, alcanzado con las minorías cuantitativamente más extremas de la historia, se pasó a la sucesión de derrotas acumuladas en el período ordinario 2025. Por demérito propio. Y en términos legislativos -en política en general- cuando ven débil al adversario, ya no le dejan pasar ninguna.

Muy experimentada en las lides legislativas, Patricia Bullrich tomó rápida conciencia de lo que podía suceder y dejó de lado el trámite exprés para anunciar que pasaban para febrero el tratamiento de los temas pendientes de extraordinarias. En rigor, fue mucho más que sentido común: los senadores que deberían aportar los votos para aprobar la reforma laboral le aclararon que no la votarían, razón por la cual se postergó el debate para febrero. Aunque ambos temas fueron dictaminados, lo que no es un detalle menor. También se admite que podrá haber cambios en el dictamen del proyecto de modernización laboral, lo cual permite distender los ánimos.

Asimismo los senadores dialoguistas le aclararon al oficialismo que votarían el presupuesto proveniente de Diputados, sin los cambios que desde la Casa Rosada habían anticipado para compensar las pérdidas que anticipan el capítulo perdido. De hecho, el oficialismo no tenía asegurada la aprobación del Presupuesto si volvía a Diputados. Y por más diatribas que lance el presidente, necesitan que el Presupuesto salga y demostrar que el Parlamento ya no es un territorio hostil para el oficialismo.

Así se llegará el viernes 26 al Senado, donde tendrá lugar la última sesión del año en este Congreso que fue tan adverso para La Libertad Avanza a lo largo del año. Será la hora en que La Libertad Avanza vuelva a ganar una votación en la Cámara alta y tener aprobadas sus primera leyes, desde febrero de 2025.

Cuando poco antes de las 3 de la tarde La Libertad Avanza ganó la primera votación del nuevo Congreso, pareció que ya todo estaba resuelto, y eso que aún quedaban más de 12 horas por delante. Acababa de votarse una moción presentada por el jefe del ahora numeroso bloque oficialista para que cuando llegara el momento de la votación en particular el Presupuesto 2026, se hiciera capítulo por capítulo, sin dejar a la vista los artículos sobre los que había polémica.

La votación tuvo 130 votos a afirmativos, 112 negativos y una abstención, y pareció quedar claro que ese número era la base con la que contaba el oficialismo no solo para aprobar el primer presupuesto de la era Milei, sino también para blindar el capítulo de la discordia: el XI, aquel donde quienes armaron la ley guardaron los artículos más controvertidos, sobre todo el 75, que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, sancionadas este año, vetadas por el presidente e insistidas por las dos cámaras con más de dos tercios de los votos.

Ese capítulo tenía otros temas clave, como reformas en asignaciones familiares que planteaban eliminar su movilidad automática -incluida la AUH- de modo tal que el gobierno pudiera definir los montos de manera discrecional; y ajustes en el régimen de zonas frías. También establecía precisiones sobre la transferencia de fondos reclamados por el gobierno porteño en cumplimiento de fallos de la Corte Suprema, como así también aportes para el financiamiento del Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura.

Los 130 diputados que aprobaron en ese inicio de la sesión votar “a capítulo cerrado” estaban votando contra todo lo citado, por lo que se deducía que llegado el momento votarían de manera positiva ese capítulo. Si bien no tenía dudas, el gobierno suspiró aliviado y se limitó a esperar el devenir de los hechos. El presidente se adelantó a celebrar yendo al streaming libertario del Gordo Dan donde tan a gusto se siente que se queda horas, y donde lo aguardaban sus fieles para seguir celebrando lo que consideran fue un año maravilloso.

Pero… puede fallar. Y hubo señales de ello: promediando la jornada seguían las quejas de aliados que no se daban por vencidos, reclamándoles a sus interlocutores libertarios que abrieran ese capítulo, pues no querían votar por ejemplo la derogación de dos leyes que habían apoyado y hasta militado. El eje de la discordia era el artículo 75, más allá de que hubiera diputados que puntualmente no quisieran tampoco eliminar zonas frías.

Se percibía que había problemas al permanecer tanto tiempo Luis Petri al frente de la sesión, lo mismo que Bertie Benegas Lynch: cuando Martín Menem no preside, no necesariamente está descansando, sino tratando de solucionar entuertos. Evidentemente los números no estaban del todo cerrados.

Catamarqueños y tucumanos aseguraban que no votarían ese artículo. Ergo, el capítulo completo estaba en riesgo. Ya lo habían adelantado días atrás. Por eso, cuando tras la aprobación en general y antes del inicio del debate en particular de la ley de leyes, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda adelantó que habría cambios, muchos pensaron que en un arranque de pragmatismo el Gobierno había aceptado eliminar el artículo 75. Con eso hubiera alcanzado para evitar el traspié. Pero el oficialismo seguía metido en la burbuja del 26-O, que los llenó de certezas que no se corresponden con las matemáticas. Si bien ganó sorpresiva y contundentemente esa elección, y posteriormente se transformó en una aspiradora legislativa haciendo crecer exponencialmente su número de legisladores -fundamentalmente a expensas del Pro-, tiene solo 95 diputados y 21 senadores. Para arrancar cada sesión necesita negociar para hacer sentar a 34 diputados y 16 senadores más en cada sesión. Y reunir el mismo número para cada votación. La Libertad Avanza sigue siendo minoría en las dos cámaras.

Con ese espíritu, los cambios que Benegas Lynch anunció que aceptarían no eran los que pedía la oposición, sino que eran más condicionamientos, referidos a la Ciudad de Buenos Aires, cuestión de condicionar aún más el voto amarillo. Cristian Ritondo mostró su primera aspereza pública con el oficialismo en dos años de gestión, al advertirle que los dos artículos que acababan de anunciar no tenían que ir en el capítulo XI, sino en el II. Le aclaró al presidente de la Cámara que el Pro votaría en general y en particular a favor, “pase lo que pase, porque es lo que creemos”, pero dejó a continuación un mensaje críptico: le advirtió a Martín Menem que “estamos en extraordinarias y no se pueden tratar temas que no se han mandado desde el Poder Ejecutivo. Solamente se lo dejo planteado, señor presidente, así no estamos repartiendo cargos que son imposibles de tener, porque lo prohíbe la Constitución Nacional”.

Se ve que ya imaginaba lo que el presidente de la Cámara tenía reservado para después de que se aprobara lo que necesitaban: las designaciones para cubrir vacantes en la AGN.

Pamela Calletti jurando para la Auditoría General de la Nación.

Un rato más tarde, las sonrisas y abrazos que abundaron en el oficialismo cuando la aprobación en general, se vieron del lado de enfrente: el capítulo XI acababa de ser rechazado por una diferencia de apenas 6 votos. Los votos a favor fueron esta vez 117: se habían evaporado una docena de los votos del inicio de la sesión.

El oficialismo se encargó de maximizar la derrota legislativa. No porque no lo mereciera -todo fue autoinfligido, pues por impericia o audacia innecesaria agruparon múltiples medidas polémicas en un solo capítulo, exhibiendo una inocultable extorsión a sus aliados-, pero en lugar de celebrar la aprobación de su primer presupuesto, en una jornada en la que, a diferencia de lo que fue todo el año, anudó votaciones ganadas una tras otra, y una sola perdida, desde lo más alto se hizo saber la indignación libertaria.

Solo un gobierno que tiene mayorías propias holgadas puede aprobar rápido y sin reparos el presupuesto; en general, siempre se ve obligado a ceder algo. Aun cuando tenga esas mayorías citadas, cuestión de satisfacer aliados. Por eso resultó autoflagelante que, considerando que La Libertad Avanza sigue siendo minoría, se quejara al extremo de amenazar con el veto. El propio Diego Santilli, que trabajó intensamente para acordar con los gobernadores, sugirió al día siguiente que buscarían revertir la situación en el Senado. Repetía la postura que bajaban quienes mandan en el Gobierno, consiguiendo el resultado opuesto: la impetuosa Patricia Bullrich debió reconocer el jueves que la reforma laboral que pretendían aprobar el viernes 26 quedaba para febrero.

Exequiel Atauche y Patricia Bullrich al frente del plenario por la reforma laboral (Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)

Los propios socios que tienen que asegurar los votos para la norma habían cambiado su postura y se oponían a aprobar a libro cerrado y de manera exprés la ley que más le interesa a Milei. Para evitar que el mejor momento de LLA en el Congreso se transformara en una pesadilla, decidieron pasar también a febrero la reforma de la Ley de Glaciares.

Cambio de planes: se resolvió dictaminar la media sanción del Presupuesto 2026 proveniente de Diputados el mismo viernes, de modo tal de debatirlo el 26 de diciembre -fecha originalmente elegida para la reforma laboral-, para que en caso de hacerle modificaciones al texto durante la semana, en busca de recomponer parte de lo perdido en el capítulo malogrado, las aprobara Diputados entre el lunes y martes venidero, en vísperas de fin de año.

Experimentada en las lides parlamentarias por haber sido tres veces diputada nacional -le falta experiencia en el Senado, confiesa con exageración-, Patricia Bullrich se dio cuenta enseguida de que el escollo diminuto que se había dibujado en el horizonte podía convertirse en un iceberg y atendió los mensajes que la oposición más dialoguista le expresó: solo aprobarían el Presupuesto que Diputados aprobó.

En resumen: no se incorporará nada al texto que salió de la Cámara baja y las adecuaciones presupuestarias el Gobierno deberá hacerlas a través de leyes complementarias y/o decretos. Y en el camino a febrero, harán ciertas modificaciones al proyecto de Modernización Laboral, cuestión de garantizar su aprobación.

También hubo una reunión de Martín Menem con Cristian Ritondo para hablar de lo sucedido en la madrugada del jueves, cuando LLA oficializó un acuerdo con UP y los gobernadores del Norte para nombrar auditores, desatendiendo lo pactado un año atrás con el Pro, que quería nombrar allí a Jorge Triaca. Más allá de lo aclarado, el partido amarillo ya estaba herido por haber sido vaciado su bloque por el Gobierno, y sigue sumando motivos para una revancha que cuando llegue el momento espera tomarse.

El reforzado oficialismo demostró en pocos días que es capaz de todo cuando se siente superior, incluso de obligar a sus aliados a humillarse. Privilegia la batalla cultural, impulsando reformas drásticas, por encima de lo necesario. En una semana, La Libertad Avanza se dio un baño de realidad en ambas cámaras.

No alcanza con autopercibirse mayoría: las negras también juegan y esta forma de actuar de parte del oficialismo solo genera resentimientos y hace que los votos cada vez le salgan más caros.

Después de que Patricia Bullrich lo reiterara en varias oportunidades, se confirmó oficialmente la sesión extraordinaria del próximo viernes 26 de diciembre a las 12.00. Con el anuncio de la postergación de la Modernización Laboral, el temario incluye al proyecto de ley de Presupuesto 2026 y a la Inocencia Fiscal.

Ambas iniciativas alcanzaron la media sanción en la Cámara de Diputados este jueves por la madrugada y consiguieron el pase a la firma en la Cámara alta este viernes a primera hora. Del mismo modo, los dictámenes pasaron a la firma sin modificaciones en su contenido, por lo que La Libertad Avanza buscará tener el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei.

La oficialización de la sesión fue rubricada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. La cita fue convocada para el 26 de diciembre, un día después del feriado navideño.

Cabe recordar que además del tratamiento de estos dos proyectos de ley, estará la jura del rionegrino Enzo Fullone, quien ocupará la banca que dejó Lorena Villaverde, a quien el Senado no le aprobó el diploma por su presunta vinculación con el narcotráfico y la causa expirada en 2002 donde fue detenida en Estados Unidos intentando transportar cocaína. De todos modos, la legisladora continuará su mandato en la Cámara de Diputados hasta 2027.

De esta manera, el oficialismo en la Cámara alta podrá contar con el bloque completo que tendrá a 20 integrantes más el senador Luis Juez del Frente Cívico de Córdoba en un interbloque.

En el último día de una intensa semana en el Congreso, el oficialismo en el Senado consiguió el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026, aprobado en la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados, y lo llevará al recinto el próximo 26.

El despacho de mayoría (con 11 firmas sobre 17) replica la media sanción, donde La Libertad Avanza perdió en la votación en particular la inclusión del Capítulo XI que, entre otras cosas, preveía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

De esta manera, al oficialismo le quedará por delante la negociación de cambios de cara a la sesión dentro de una semana. Luego que trascendiera que desde Casa Rosada desestimaban la efectividad del plan de gastos y recursos ante la caída de ese capítulo clave, este viernes el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que trabajarán para "corregir ese articulado".

En caso de lograr con aliados modificar el proyecto, éste debería volver a la cámara de origen para su sanción definitiva, en una posible sesión dentro de los últimos dos días hábiles del año. Con una semana por delante -Navidad de por medio-, el Gobierno buscará resolver las estrategias para intentar reponer lo perdido en Diputados. Entre ellas no se descartó un eventual veto, lo que ya despertó enormes críticas. En el Poder Ejecutivo ratifican que las cuentas no le cerrarán si aplican esas leyes el año próximo.

Desde que Javier Milei asumió se encuentra prorrogado el Presupuesto 2023. Esta semana, a la hora de dictaminar en la Cámara baja, LLA sumó el polémico artículo 75 para derogar dos leyes que fueron aprobadas, vetadas e insistidas por el Congreso por dos tercios.

Entre sus habituales aliados y representantes de algunos gobernadores, el oficialismo no logró aval para tal decisión, pero como la votación fue por capítulos, se cayeron también muchas otras cuestiones, como el recorte al régimen de zonas frías y la posibilidad de que las asignaciones familiares no se actualicen por el índice de movilidad.

El Senado tiene dictamen de Presupuesto y sesionará la próxima semana.

Buen trabajo de Ezequiel, del bloque y la comisión. https://t.co/2bmgG3G04b

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2025

Este viernes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, acompañado por otros funcionarios, quien hizo un repaso de la gestión económica estos dos últimos años y señaló que el texto aprobado en Diputados "en esencia no es diferente a lo que planteamos en el proyecto de ley original".

Durante el encuentro que se realizó por tres horas en el Salón Azul, el funcionario respondió preguntas de los senadores, entre ellas recibió numerosos reclamos por la obra pública en distintas provincias y contestó también sobre los fondos a las jurisdicciones con cajas previsionales no transferidas.

También, el secretario defendió uno de los artículos rechazados por la oposición que sí logró aprobarse en la Cámara baja: el número 30, que deroga artículos referidos al financiamiento de la educación, ciencia y defensa.

En una de las intervenciones, el senador Eduardo "Wado" de Pedro reclamó que el presidente Javier Milei había dicho en cadena nacional que "en el presupuesto iban a enviar las partidas necesarias para que esté garantizado el funcionamiento del sistema educativo nacional y el financiamiento universitario". Entonces, preguntó por qué ahora se proponía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Guberman dijo que le resultaba "incómodo" que desde Unión por la Patria "pregunten por la educación" ante "el desastroso resultado de la calidad educativa que encontramos". "El presupuesto en educación aumenta en 7,8% en términos reales, es de las partidas de todo el presupuesto que más crece", defendió y agregó: "La discusión tiene más un componente político que otra cosa y no quiero entrar en ese juego".

"Me parece una falta de respeto a la inteligencia de los senadores decir que están invirtiendo un 7%, cuando todos saben que la caída es del 45% en términos reales desde que asumió el gobierno de Milei", devolvió el legislador kirchnerista. Y, a continuación, lo interrogó directamente: "¿En el dictamen que está circulando van a volver a incluir los artículos que pusieron en Diputados para sacarle el financiamiento a la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario?".

Pero esta vez no respondió el secretario de Hacienda, sino el presidente de la comisión, Ezequiel Atauche, que expresó: "Se ha firmado el mismo dictamen que vino de la Cámara de Diputados". En tanto, el oficialista celebró el despacho y sostuvo que la aprobación del Presupuesto será "un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país". "Esperamos que el Presupuesto se sancione pronto por el bien de todos", sumó, tras agradecer a Milei y miembros del Gabinete.

En otro tramo de su exposición, Guberman hizo referencia a la reforma tributaria -todavía no presentada-. “Es intención nuestra en avanzar en la eliminación de todos los gastos tributarios que hay. Estamos convencidos que todos los individuos tienen que pagar los mismos impuestos por el mismo nivel de ingreso o renta. De hecho, estamos trabajando en un proyecto de reforma tributaria porque queremos eliminar todo el gasto tributario de todos los impuestos”, aseguró.

En la ronda de respuestas durante la presentación del Presupuesto 2026 en el Senado, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, respaldó la suspensión de distintos artículos de leyes sobre financiamiento educativo, en ciencia y defensa, ya que “en los últimos 20 años nunca se cumplieron, porque la situación no se dio”.

Fue el senador chaqueño Jorge Capitanich quien trajo el tema sobre la mesa de debate: “Las leyes que suspenden, por ejemplo artículo 30, nosotros estamos en contra, ¿se van suspender de forma indefinida? ¿Se van a reformar estructuralmente?”. “El tema central del artículo 6 de la Ley 26.206 o la Ley 27.614 respecto de los artículos 5,6 y 7 cuya meta es el 1% en materia de ciencia y tecnología que es muy importante. Es un problema severo como la Ley de Defensa con la Ley 27.565”, apuntó el legislador de UP.

Guberman explicó que “la suspensión de leyes lo único que planteamos es blanquear la realidad, porque desde que existen la mayoría de estas leyes, nunca se cumplieron los presupuestos mínimos que fijan estas leyes”.

“Lo que queremos decir es que, en lugar de hacernos los desentendidos y no cumplir, preferimos suspender para que todos quedamos legalmente cubiertos, ustedes por aprobar el Presupuesto que eventualmente no cumple con esa ley y los funcionarios porque nos parece razonable hacer el planteo”, manifestó.

Guberman dejó abierta la posibilidad de que “si la economía crece y las condiciones están dadas para volver a poner en el Presupuesto el financiamiento de todas estas leyes, bienvenido sea y ojalá lo podamos hacer, pero hoy y lamentablemente en los últimos 20 años no ha sido la situación y por eso no se cumplieron en ningún momento”.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, abrió este viernes el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2026 en el Senado, donde en una de sus primeras frases dijo que lo aprobado por la Cámara de Diputados "en esencia no es diferente a lo que planteamos en el proyecto de ley original".

La frase resultó resonante ya que luego de la media sanción, y la caída de un capítulo clave para el oficialismo que, entre otras, proponía la derogación de las leyes de discapacidad y universidades, desde Casa Rosada trascendiera que el Presupuesto votado -eventualmente convertido en ley- no tendría el efecto esperado para el Gobierno.

Antes de pasar a las preguntas, en su exposición inicial, el funcionario comenzó destacando lo realizado desde la llegada de Javier Milei al poder. En ese sentido, señaló que había "una acumulación de déficit fiscal por 10 años" que "en 2023 llegó a 4,6% del PBI", y además no existía "capacidad de financiamiento de ninguna clase en los mercados, y sin la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria porque el impacto inflacionario era insostenible para adelante".

También habló de "un Estado sobredimensionado" y dijo que "no solo había un problema de gastos, sino también de impuestos. Había que avanzar por los dos lados: eliminando gastos y bajar impuestos".

"Lo que logramos de manera bastante rápida fue ordenar las cuentas fiscales. El año pasado terminamos con un superávit del 0,3% del PBI. Este año vamos a estar alrededor de una cifra similar", anunció Guberman.

Respecto de algunas de las medidas tomadas para bajar el gasto público, enumeró la reducción del 15% del empleo público, que "se discontinuaron 1.700 obras públicas de tamaño menor", y la quita de subsidios, pasando de "60% de la factura pagada por el Estado, que este año será alrededor del 30%".

Sobre la inflación, el secretario de Hacienda expresó: "Estamos convencidos que va a seguir a la baja". "La brecha cambiaria está prácticamente desaparecida", siguió y apuntó que "el riesgo país que venía bajando fuerte" antes de las elecciones, pero durante el proceso electoral "se duplicó". "Pasado ese momento y con el resultado claro, vuelve a ubicarse a niveles inferiores a la etapa previa de la incertidumbre electoral", ponderó.

Justamente sobre lo que fue el proceso electoral, Guberman recordó que el proyecto de Presupuesto se hizo con variables medidas el 1ro. de agosto pasado, con una inflación proyectada en 10% para el año que viene, cuando "el mercado esperaba 16%"; y un tipo de cambio a $1.423 que el mercado estimaba en $1.550. "Esto fue parados en agosto, cuando hicimos el escenario macroeconómico y las variables no eran muy distintas a las que esperaba el sector privado", resaltó.

"Este año estamos planteando un proyecto de Presupuesto que en 2026 se mantenga en línea con lo que estamos haciendo estos dos últimos años, con un superavit financiero alrededor de 0,3% del PBI", sostuvo el funcionario.

Además, remarcó que se priorizan "los gastos que tienen cláusulas de ajuste automático, como jubilaciones y asistencia social y el remanente lo asignamos al resto de las prioridades de gasto que tiene el Poder Ejecutivo".

En cuanto a la composición del Presupuesto, precisó que "tiene 45% destinado a previsión social (jubilaciones y pensiones), 16% a asistencia social, 11% a salarios de todo el sector público, y 9% es la cuenta de intereses de la deuda. Solo esto suma el 82%".

"En el 18% restante quedan subsidios, el gasto universitario, esas dos cosas solas son prácticamente el 10%. Por eso, el 92% del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión", agregó y mencionó también que "el 2% es para gasto de capital" y "el 7% del resto para movilización de fuerzas federales, necesidad de compra de medicamentos y vacunas, compras de libros y plan de alfabetización... el grueso de la gestión de políticas públicas".

Al detallar estos porcentajes, Guberman enfatizó que lo hacía "para que veamos la dificultad de tomar decisiones o ajustar determinadas cuestiones dentro del Presupuesto" ante el escaso margen.

Por otra parte, al referirse a la relación con las provincias, expuso un gráfico con las jurisdicciones que presentan incumplimiento de la regla del gasto, y señaló que "si ese indicador está en rojo, no pueden tomar deuda". "Muchas provincias están con intención de acceder a mercados de deuda, y nosotros no estamos en contra de eso, pero hay una Ley de Responsabilidad Fiscal que si las provincias se mantienen en esa trayectoria no van a poder endeudarse. No es una decisión del Estado nacional bloquear cualquier iniciativa de acceso al mercado, sino que hay una ley", explicó.

Después de haberle otorgado la media sanción en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado convocó a una reunión este viernes 19 a las 10 en el Salón Arturo Illia para abordar el proyecto de ley que establece los gastos y recursos del ejercicio fiscal del 2026. La idea es emitir dictamen este mismo viernes.

A partir de la caída del Capítulo XI en el recinto de la Cámara baja, el Gobierno nacional adelantó este jueves que va a proponer una serie de modificaciones a la iniciativa. Esto fue comunicado ante la prensa por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien junto a Martín Menem y Patricia Bullrich llevó a cabo las conversaciones en virtud del avance de la norma.

“Nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, adelantó el funcionario. El oficialismo en la Cámara alta pretende llevar el tema al recinto el próximo viernes 26 de diciembre junto al dictamen de Inocencia Fiscal que se comienza a debatir este viernes a las 9.

La idea del Poder Ejecutivo Nacional sería la de buscar modificaciones que permitan asegurar el equilibrio fiscal, luego de que quedaran vigentes las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, dispuestas a derogarse por el Gobierno y que estaban en el artículo 75 del capitulo “Otras disposiciones” que la oposición le volteó a La Libertad Avanza. Sin embargo algunas fuentes descartaron que vaya a avanzarse en ese sentido.

Si el oficialismo introduce modificaciones al dictamen que proviene de la Cámara de Diputados, la “ley de leyes” deberá pasar una vez más por el recinto que preside Martín Menem en rigor de aprobarse tal cual salió este miércoles o si quedan firmes las modificaciones que buscarán meter en el Senado.

En el debut de la composición parlamentaria y durante la primera sesión extraordinaria, el oficialismo en la Cámara baja logró la aprobación en general del Presupuesto 2026 con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.

Los votos afirmativos fueron 94 de La Libertad Avanza (no votó el presidente Martín Menem), 22 del interbloque Fuerza del Cambio, 7 de Innovación Federal, 3 de Elijo Catamarca, 2 de Independencia, 2 de Producción y Trabajo, 1 de La Neuquinidad y 1 de País Federal (el puntano Claudio Álvarez).

En tanto, los 97 negativos correspondieron 88 a Unión por la Patria, 4 del Frente de Izquierda, 2 de Encuentro Federal, 1 de Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), 1 de Primero San Luis (Jorge "Gato" Fernández) y 1 de País Federal (Marcela Pagano).

Las 19 abstenciones fueron 17 de Provincias Unidas y 2 de la Coalición Cívica, ambas bancadas dentro del interbloque Unidos -que también integra Encuentro Federal-.

Además de cinco ausentes de UP, tampoco estuvieron Gerardo González (País Federal) y Javier Noguera (Independencia).

Los votos que cambiaron en el Capítulo XI

A la hora de votar en particular el Capítulo XI, que resultó rechazado, el oficialismo perdió votos en el camino. Junto a 94 votos a favor de LLA, se mantuvieron 11 del Pro, 3 de la UCR y 1 de Por Santa Cruz, hablando del interbloque Fuerza del Cambio.

Sin embargo, por ese mismo interbloque Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID; y Álvaro González (quien aclaró que no iba a votar la derogación de leyes sensibles a cambio de la coparticipación de CABA), del Pro, se ausentaron.

Además, desde Fuerza del Cambio, los radicales Gerardo Cipolini y Darío Schneider se abstuvieron.

Sí acompañaron en el Capítulo XI 6 diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones) y 2 de Producción y Trabajo (San Juan). Fueron en total 117 votos afirmativos. 

En contra votaron 123 diputados: 88 de Unión por la Patria, 18 del interbloque Unidos, 4 del Frente de Izquierda, 2 de País Federal (uno revirtió su voto de la general a este capítulo específico), 1 de Primero San Luis y 1 de Defendamos Córdoba.

Pero además, de la general al Capítulo XI, pasaron de afirmativo a negativo, 3 de Elijo Catamarca, 2 de Independencia (Tucumán), 1 de la Neuquinidad (Karina Maureira), 1 de Innovación Federal (el salteño Bernado Biella, el único en su bloque).

Y por el interbloque Fuerza del Cambio, también votaron en contra Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y el correntino Diógenes González (UCR).

Los diputados que habían votado a favor la insistencia de leyes y ahora avalaron su derogación

La fuerte polémica dentro del Capítulo XI pasó, sobre todo, por el artículo 75, que proponía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Los diputados que en su momento votaron por la insistencia de ambas normas (en contra de los vetos del presidente Javier Milei) y esta vez avalaron el capítulo que contenía la derogación de las mismas fueron: Alberto Arrúa, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.

Verónica Razzini, de La Libertad Avanza, también votó a favor este jueves: meses atrás, en el caso de discapacidad había avalado su insistencia y en el caso de universidades había estado ausente. También a favor del Capítulo XI lo hizo el santacruceño José Luis Garrido, aunque a viva voz aclaró estar en contra de ese artículo; él había avalado la insistencia de discapacidad, mientras que había apoyado el veto sobre universidades.

Por su parte, a favor del capítulo, votaron los radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri. En su caso, en el pasado sólo habían avalado la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario en septiembre pasado.

Luego de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación aprobara el Presupuesto 2026, el legislador de La Libertad Avanza (LLA) Leonardo Saifert salió al cruce de los representantes de Unión por la Patria (UP), Provincias Unidad (PU) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) en Casa y analizó sus dichos para rechazar la iniciativa.

Y si mi estimada @Juli_Strada, dijimos que íbamos a bajar impuestos, la gente nos votó y eso es lo que estamos haciendo.
Y para tu inmensa alegría, esto recién empieza.
😉 pic.twitter.com/Dy6K2UB6pP

— Leo Saifert (@LeoSaifert) December 17, 2025

En ese sentido, apuntó con dureza contra Julia Strada de UP y remarcó: “dijimos que íbamos a bajar impuestos, la gente nos votó y eso es lo que estamos haciendo. Y para tu inmensa alegría, esto recién empieza”.

También arremetió contra Aldo Leiva (UP). “Dice que los diputados de LLA son Judas porque adoran a los mercados mientras que ellos adoran al pueblo”, comenzó diciendo y remarcó que “adoramos al mercado porque el marcado y el capitalismo es lo que saca a la gente de la pobreza, mientras que ustedes, los populares, los nac&pop, los solidarios, los del amor, lo sensibles, se fueron dejando a más de la mitad del país pobre”.

Dice que los diputados de LLA son Judas porque adoran a los mercados mientras que ellos adoran al pueblo.
Y si, adoramos al mercado porque el marcado y el capitalismo es lo que saca a la gente de la pobreza, mientras que ustedes, los populares, los nac&pop, los solidarios, los… pic.twitter.com/burvrCkayG

— Leo Saifert (@LeoSaifert) December 17, 2025

Saifert también salió a cuestionar los dichos del diputado Santiago Cafiero (UP) y tildó a sus declaraciones de “pelotudez”. “Siempre insistiendo con la misma pelotudez: ‘Esto ya lo vivimos’. No boludo, nunca viste esto, nunca viste emisión cero, equilibrio fiscal, baja de impuestos y baja del gasto al mismo tiempo”, continuó el libertario.

Siempre insistiendo con la misma pelotudez.
"Esto ya lo vivimos".
No boludo, nunca viste esto, nunca viste emisión cero, equilibrio fiscal, baja de impuestos y baja del gasto al mismo tiempo. pic.twitter.com/YSjWX8F6d8

— Leo Saifert (@LeoSaifert) December 17, 2025

A través de sus redes, el diputado porteño apuntó contra Néstor Pitrola (FIT) a quien tildó de “zurdo piojoso” y concluyó arremetiendo contra Jorge Rizzotti (PU) por su opinión. “Según Rizzotti, degenerado fiscal no es el que gasta, gasta y gasta. Degenerado fiscal es el que baja impuestos. Le preguntas dónde queda Retiro y te manda a Constitución”, completó.

La traidora de Pagano asintiendo con la cabeza todas las burradas brutales que dice el zurdo piojoso de Pitrola. pic.twitter.com/MYRdRO6g2E

— Leo Saifert (@LeoSaifert) December 18, 2025

Según Rizzotti, degenerado fiscal no es el que gasta, gasta y gasta.
Degenerado fiscal es el que baja impuestos.
Le preguntas dónde queda Retiro y te manda a Constitución. pic.twitter.com/FbjkNbQbbI

— Leo Saifert (@LeoSaifert) December 18, 2025

El oficialismo consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. No obstante, la alegría oficialista trocó por decepción poco más de una hora después.

A las 0.19 de este jueves se inició la votación en particular, que tal cual se había votado al principio de la sesión, se hizo por capítulos (12 en total). Esa propuesta generó fuerte discordia, pues mereció insistentes reproches a lo largo de la jornada. Al punto tal que durante la votación en particular, antes de llegar al capítulo de la discordia, el XI, hubo una moción de reconsideración presentada por Nicolás del Caño, que fue rechazada (tuvo 115 votos a favor y 124 en contra ese pedido).

Es que durante toda la sesión sobrevoló la polémica en torno al Capítulo XI, donde se encontraba el artículo 75, que buscaba derogar las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Claramente la decisión oficial de votar por capítulos tenía por objeto “blindar” ese artículo en particular. Previsiblemente entonces la votación de ese capítulo atrajo toda la atención y terminó siendo votada cerca de la 1.30 de la madrugada. Sorpresivamente -aunque durante la jornada esa chance fue creciendo- el capítulo completo fue rechazado por 115 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones.

Registrado ese traspié, desde la propia oposición intentaron salir al rescate de algunos artículos “caídos” con el rechazo del Capítulo XI. Fue ahí que Nicolás Massot, del interbloque Unidos, propuso incorporar una serie de artículos correspondientes al dictamen de minoría de esa bancada, que incluían cuestiones tales como la eximición de derechos de importación del INVAP, presupuesto de la CONAE y la prórroga de la Ley de Energías Renovables.

Con los efectos del impacto negativo que el rechazo había generado en el seno del oficialismo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, optó poco antes de las 2 de la madrugada pasar a un cuarto intermedio para analizar las propuestas.

Sin embargo, al retornar media hora después, si bien parecía que se había aceptado la propuesta, tras un intento fallido de Germán Martínez por interpretar la situación, se pasó directamente a la votación del Capítulo XII, desechando cualquier alternativa para recuperar algo de lo que se había perdido.

En un último intento para garantizar más la protección de ese capítulo, antes de iniciar la votación en particular, el miembro informante de LLA, Alberto "Bertie" Benegas Lynch había comunicado la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires dentro del Capítulo XI sobre “Otras disposiciones”, a continuación del artículo 78.

De esta manera, procedió a leer la redacción del artículo 79: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865/2020' ”.

En el Capítulo XI también sumaron el artículo 80 respecto de la “modificación en las planillas de la jurisdicción 5 Poder Judicial”, y procedió a leer lo que propone: “Disponese que el jefe de Gabinete de Ministros, a través de decisión administrativa, asignará dentro de la jurisdicción cinco Poder Judicial de la Nación la suma de pesos 21,347 millones correspondiente al inciso 4 de la categoría 8 ‘Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación’ a la categoría 1 actividades centrales, actividad 4 gestión del Consejo de la Magistratura con imputación al inciso 4 de dicho programa presupuestario”.

Hecha la propuesta, tomó la palabra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien planteó que “por el articulado deben ir en el Capítulo II ambos artículos. No se ponen en cualquier capítulo. Sino hagan un capítulo nuevo. Tenemos que ser un poco más leales y advertimos que no se pueden tratar temas que no ha mandado el Ejecutivo”.

En el mismo sentido se manifestó el cívico Maximiliano Ferraro, quien alertó que “es una extorsión la propuesta porque quiere incorporar una deuda legítima a la Ciudad de Buenos Aires que vienen reclamando hace tiempo. Es parte del chantaje y transacciones”.

También se pronunció en contra el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, quien alertó que “se está consumando el cuadro de lo que están intentando hacer en el desarrollo de la votación en particular” y explicó que “quieren blindar el artículo 75 y por eso meten cosas en el Capítulo XI. Coincido con el diputado Ritondo”.

El santafesino advirtió que “están cometiendo una perversidad agregando el financiamiento del Poder Judicial en el Capítulo XI con la única finalidad de que si algún juez hoza suspender la aplicación de la votación de este capítulo se le cae la guita. Esto hay que decirlo, están convirtiendo el artículo 75 en la contradicción de todo el articulado y por eso están votando por capítulos. Están queriendo blindar el 75. Son unas chantas, pero ¿dónde están las fuentes de financiamiento de lo que están agregando?”.

Salió en defensa del oficialismo Silvana Giudici, quien la emprendió contra el kirchnerismo diciendo que “compraban votos a cambio de obras públicas y en este recinto hicieron el fraude más grande de la historia, así que cierren la boca cuando hablan de gallos y medianoches”. Y agregó: “Que se quede tranquilo Martínez, le puedo explicar que cuando uno agrega un artículo tiene que correr lo que va a agregar, que va en la sección de ‘otras disposiciones’”, y aseguró que el Capítulo XI “no corre ningún riesgo y la asignación va a salir del Presupuesto Nacional”.

Con los tapones de punta salió el diputado Pablo Juliano, quien chicaneó: “A ver campeón de la vida (a "Bertie" Benegas Lynch) en el Capítulo IX podés decir ‘De las provincias y del Gobierno de la Ciudad’ y no le haces trampa a los discapacitados. Genio de la ocurrencia, campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarte en la gente. Lo podés poner en el Capítulo IX y evitás que Giudici se angustie para que no se le mueva la planilla. Ahí meten el acuerdo político, pero no a costa de las universidades y de las personas con discapacidad. Atorrantes”.

Habló a continuación el diputado del Pro, Álvaro González, quien aclaró que él tenía que ver con las dos modificaciones propuestas por el oficialismo: una por ser legislador por la Ciudad de Buenos Aires; y la otra por ser miembro del Consejo de la Magistratura. “En función de lo decidido en Labor, que se vota por capítulo, no voy a entrar en el ‘plan canje’ y quiero que quede constancia de que no voy a acompañar el Capítulo XI de este Presupuesto”, dijo y fue aplaudido. Luego, en la votación se cayó el polémico capítulo y la oposición estalló en festejos.

El miembro informante, "Bertie" Benegas Lynch, felicitado por todos tras la aprobación en general. (Foto HCDN)

Qué decía el polémico Capítulo XI

El Capítulo XI, uno de los más polémicos, incluía una incorporación al texto que La Libertad Avanza formalizó esta semana: el artículo 75 con la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.

En el artículo siguiente, el oficialismo sumó que "los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad".

"Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)", añade el texto, que buscaba apaciguar la propuesta de derogación de una ley sobre la que el Poder Ejecutivo acaba de sufrir un fallo judicial adverso.

Por el contrario, los dictámenes alternativos de la oposición, tanto de Unión por la Patria como del interbloque Unidos, proponían incorporar estas dos leyes y la de Emergencia Pediátrica como parte del Presupuesto.

En tanto, el artículo 70 establecía la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que sean a discreción del Ejecutivo.

En cuanto a la Ley de Zonas Frías se eliminaba la ampliación de localidades y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Era el artículo 69.

La palabra en el recinto

En la presentación del despacho de mayoría, Alberto "Bertie" Benegas Lynch -en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- señaló que la gestión de Javier Milei todavía no tuvo ley de Presupuesto aprobada y valoró que “el Gobierno nacional en tres oportunidades está sugiriendo bajar el gasto" mientras desde el Parlamento “le pedimos que rompa el equilibrio fiscal, la deuda y más impuestos”.

Luego, agregó que "es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y destacó que el Gobierno “independientemente de que no tenía presupuesto lo manejó junto al equilibrio fiscal”.

Para el dictamen de minoría, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria expresó: “Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado PyME-industrial”. También, reclamó por la intención del oficialismo de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Dialoguista del Gobierno nacional a través del gobernador salteño Gustavo Sáenz, la diputada Yolanda Vega manifestó que “el Presupuesto se apoya en principios de superávit fiscal, financiero y desinflación". La legisladora de Innovación Federal consideró que "es una herramienta necesaria que nos brindará como país mayor seguridad institucional y jurídica para el crecimiento económico”.

La salteña Yolanda Vega avaló votar por capítulos en la particular

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman fustigó al oficialista Lisandro Almirón, quien protagonizó un hecho insólito en su intervención: “Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan”. Además, criticó a los opositores de bloques provinciales que “discursean” pero dan quórum. “¿Cómo puede ser que cuando llega la hora de votar se escondan como ratas en una cañería?”, se quejó respecto a la moción que prevaleció para votar el Presupuesto en capítulos.

La porteña consideró que este es “un presupuesto del FMI” y “lo que se discute en este presupuesto es lo poquito que queda después que se cobre el FMI, después que se cobre (Scott) Bessent”. Sobre la ley, advirtió que “el ajuste para las mujeres en el conjunto de los programas es de un 89%. Es ajuste con batalla cultural, porque atacan específicamente la educación sexual integral”. Mientras que “en educación y cultura la caída es de un 47,7%. Es una brutalidad”, enfatizó.

Por el bloque radical, el mendocino Lisandro Nieri lanzó una sugestiva crítica: “Es increíble destacar la normalidad”. “Venimos de una Argentina con crecimiento del gasto y constante presión sobre el sector privado”, cargó, y comparó esta iniciativa con lo que ocurre en su provincia para “dar calidad en los servicios públicos como educación, seguridad y justicia”.

En otro tramo, el diputado cornejista añadió: “Creo que hay un pendiente, que es recuperar el crédito y la remonetización de la economía; por eso nuestro bloque va a acompañar el proyecto de Inocencia Fiscal, que simplifica y corrige los montos”.

En el espacio de oradores individuales, el libertario Lisandro Almirón destacó una lista con obras destinadas a la provincia de Corrientes. Lo que no se dio cuenta es que estaba leyendo el dictamen de minoría de Unión por la Patria. “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”, había señalado el legislador oficialista antes de que Germán Martínez le aclarara qué era lo que estaba leyendo.

Integrante del interbloque Unidos, Miguel Pichetto cuestionó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al cambio en el sistema de bandas. “Se habla de un dólar de 1.700 a 1.900 pesos”, señaló en relación a la meta del Gobierno nacional de fijarlo en $1.423 a diciembre de 2026.

“Ha habido cambios que son importantes que tienen que ver con una política devastadora con la industria, el trabajo y la destrucción de empleo”, aseveró el legislador de Encuentro Federal. Luego, insistió con el ingreso de productos de China y apuntó contra el Poder Ejecutivo: “La política del Gobierno es más pro-China que pro-americana”. “Tratemos de mejorar la vida de nuestros trabajadores que están a niveles de pobreza”, pidió.

Definidamente opositor, el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica consideró al dictamen del Presupuesto 2026 de ser “ilusorio y ficticio”. En el recinto, también sostuvo que “arranca el año con el doble de la inflación de la prevista y subestima la suba de precios que todavía están sufriendo los argentinos”.

Sin tapujos, reiteró que se trata de “un claro cachivache jurídico”, y explicó: “Quedó confirmado al incorporar por la ventana un artículo que es totalmente ilegal porque viola la ley de administración financiera, pero también confirmaron que este presupuesto no es meramente un ejercicio de austeridad fiscal, sino que el oficialismo tiene la clara decisión política de desprenderse y abandonar los oficios de enseñar, de curar y cuidar que sostienen el lazo social en la Argentina”.

Por el bloque de Provincias Unidas se expresó Pablo Juliano quien denunció el reparto de ATN a Jalil y Jaldo para aprobar el Presupuesto: “En este segundo tiempo del gobierno se puso a jugar a la casta más rancia".

Así, denunció: “Hablo de los ATN. El último mes repartieron 66 mil millones de pesos. Se la dieron a los que mandaron al arco como Osvaldo Jaldo (Tucumán) que recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto. Pero le pegan en la mano a los que tienen las cuentas ordenadas, a esas provincias productivas las extorsionan. Lo ponen a jugar a Jalil que aportó votos en las elecciones a Unión por la Patria. Le están dando 10.500 millones por mes".

"Se puede ser sensible, aprobar recursos para las leyes que votamos como la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento para las Universidades y cuidar el equilibrio fiscal, como estipula nuestro dictamen. En la sensibilidad no engendramos populismo sino un mensaje de futuro. Me parece que no hay futuro para un gobierno que amedrenta y aprieta. Esa receta ya se probó", cerró.

Por su parte, el diputado Jorge Taiana (UP) consideró que el Presupuesto 2026 “es de ajuste y deja fuera a la mayoría de la población, a la mayoría del empresariado argentino y solo beneficia a unas pocas grandes empresas y honra (o deshonra) los compromisos internacionales y la deuda que ha asumido”.

Para Taiana el proyecto busca “desactivar, desmantelar, hacer todavía más frágil y débil el desarrollo educativo, científico y tecnológico argentino” porque “ataca primero a disminuir inversiones de educación general, después disminuir la educación técnica, quitar los objetivos, achicar el sistema científico tecnológico, paralizar los distintos organismos, el INTI, el INTA,  la CONEA, el INVAP, la CONAE, busca que todo el sistema de conocimiento en la Argentina se paralice porque no piensan que sea necesario, piensan que una Argentina basada en la explotación primaria y básicamente de inversión extranjera, no necesita ni industria, ni desarrollo científico tecnológico”.

El diputado de UP señaló que las cifras del presupuesto son “inverosímiles” y que “el 10% de inflación es falso”. Así, advirtió que “ese presupuesto es incumplible y solo se va a cumplir a través del endeudamiento. Este presupuesto lo que supone es más endeudamiento en un gobierno que ha endeudado todo lo que ha podido. Endeudó con el Fondo Monetario, endeudó con el Tesoro de Estados Unidos, tomó créditos en donde pudo en los organismos multilaterales y no puede volver a los mercados porque todavía el riesgo país es muy alto”.

“En el artículo 75 llaman a derogarse las leyes 27.793 y 27.795. Ni siquiera dicen de qué se trata. A ver si pasaban desapercibidas porque son las leyes que ustedes mismos, junto con nosotros, votaron. Votaron hace muy poco y que ante el veto presidencial votaron la mayoría y eso es una ilegalidad. No se puede en un presupuesto anual derogar dos leyes permanentes”, criticó.

Por la izquierda, el diputado Nicolás del Caño denunció que en diciembre varias provincias han recibido los ATN y criticó a los gobernadores por “ser los más oficialistas de todos” como Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco. “Consiguen aprobar el Presupuesto por estos aportes discrecionales”, apuntó.

Además, advirtió que “se quieren derogar las leyes que acá fueron aprobadas como Emergencia en Discapacidad, Universidades, jubilaciones. Es un presupuesto hecho a la medida del pacto con el FMI”.

A su turno, el diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau, sostuvo que el Presupuesto “son proyecciones del Gobierno respecto de lo que va a suceder con la economía, a partir de eso cuánto va a recaudar y cómo lo va a gastar”. Al respecto, el economista analizó que “para cumplir la proyección de inflación del 2025 hace falta que en noviembre y diciembre sean deflacionarios, por ende, la proyección no se cumple. El valor del dólar será $1423, hoy el Banco Nación lo vende en $1475 y, además, cambiaron el tipo de bandas con esto vamos a tener desplazamiento cambiario y más dificultades de cumplir con las metas inflacionarias”.

Lousteau planteó que las consultoras que relevan el Banco Central pronostican una inflación “sin el cambio de las bandas el doble que tiene el Presupuesto y lo mismo pasa con el supuesto superávit. No se entiende qué estamos discutiendo”. Respecto del crecimiento, indicó: “La caída del PBI en el 2024 fue 3,6%. En el 2025 este Presupuesto tiene un crecimiento del 5,4%, no se va a llegar a eso con suerte trepará al 4,3%. Para que suceda hace falta que el último trimestre crezca 4,3%, es decir tiene que crecer ocho veces más para alcanzar el presupuesto de este año”.

“Cuando al crecimiento de este año que es del 4 y medio se le resta el arrastre estadístico, el crecimiento real es del 3% y es importante porque el arrastre para el año que viene es cero. El presupuesto plantea que para el año que viene vamos a crecer en promedio 5% eso sería el 7,4%”, detalló el economista.

Así, precisó que la industria contra noviembre del 2023 está 5% abajo, la construcción 20% abajo, el consumo en autoservicios 35% menos, metalúrgica 13% abajo, ventas minoristas 32% abajo, recaudación de IVA, créditos y débitos 7% abajo. “Esto está pasando ahora mientras el Gobierno dice que el año que viene vamos a crecer de punta a punta al 7,4%”, comparó y agregó que “perdimos 19 mil empleadores en menos de dos años; se perdieron 240 mil empleos, 154 mil del privado, 58 mil público y 30 mil empleos de casas particulares, solo la mitad se recuperó por monotributo, hay una pérdida neta de trabajo registrado de 121 mil trabajadores en dos años”.

Lousteau explicó: “Cuando haces caer la demanda porque cae el poder adquisitivo y al mismo tiempo esa demanda menor es abastecida con atraso cambiario y la suba de importaciones hay menos producción”. “Este plan lo único que hace es configurar dos argentinas no solo es por la ventaja comparativa para producir, sino por la decisión del Gobierno de elegir ganadores todo el tiempo como con el RIGI con las rebajas impositivas”, cuestionó.

Por último, manifestó que “de forma ilegal ahora contraria a la Ley de Administración Financiera quieren derogar en el artículo 75 las leyes que este Congreso aprobó por dos tercios”, y planteó: “Hay una pugna entre la libertad y la igualdad, no queremos libertad para algunos ni mediocridad para algunos, se zanja con fraternidad, que esté incluido en la misma comunidad y este presupuesto no tiene eso y por eso no lo vamos a acompañar y estamos en contra del artículo 75”.

Debutó en el recinto como orador Fernando De Andreis, quien agradeció en primer lugar que el Pro le diera la oportunidad de cerrar el debate por esa bancada y anunció que “nuestro bloque va a acompañar esta ley más allá de que no es el presupuesto que nosotros hubiéramos hecho”.

En su discurso, expresó su opinión de que “hay que acelerar al máximo los procesos de privatización de todas las empresas estatales que producen pérdidas; y en ese sentido bastante lento venimos”. Con todo, felicitó al Gobierno por “el equilibrio fiscal”.

En otro pasaje, se refirió al entendimiento con el Gobierno sobre cumplir lo dispuesto por la Justicia respecto de la coparticipación con la Ciudad y celebró que “se haya alcanzado un acuerdo y que se haya incluido un artículo en ese sentido”. Porque si no se cumple con lo que dice la justicia, agregó, “la seguridad jurídica se derrumba y otra vez vamos a ser un país imprevisible”.

A su turno, el diputado Máximo Kirchner (UP) también criticó el artículo 75 y pidió a los diputados que aprobaron las leyes “las vuelvan a acompañar”. Además, advirtió que el Presupuesto busca “afectar el piso del 6% del presupuesto para invertir en la educación pública sancionada en 2006. Afecta a las escuelas técnicas que son grandes proveedores de la industria. ¿Qué país se quiere con esto?”.

También cuestionó la eliminación de la ampliación de la zona fría, elimina la emergencia en Discapacidad por lo que preguntó: “¿Realmente hace al número del presupuesto y del equilibrio fiscal la eliminación de esta norma? Se busca un falso equilibrio fiscal atacando a la educación, la prestación de servicios públicos y a las familias que tienen un integrante con discapacidad, ¿para qué? Para pagarle al FMI”.

A su turno, el libertario Alvaro Martínez dijo que se estaba discutiendo “dos modelos de país: el del déficit, el que fracasó, el de la inflación, el de la pobreza, el de la creación de impuestos desmedidos; y el otro modelo, el que empezó en diciembre de 2023, el de decirle la verdad a los argentinos”. Cargó contra el kirchnerismo diciendo que “cada presupuesto que presentaron era una vergüenza”, y afirmó que en cambio este presupuesto plantea “por tercer año consecutivo este presupuesto planea el equilibrio fiscal real y un superávit financiero sin emisión real y sin usar al BCRA como una imprenta para tapar los agujeros de la política”.

Con el debut "a todo trapo" de los nuevos legisladores, tras ganar La Libertad Avanza significativo terreno dentro del recinto, se realiza este miércoles desde las 14.27 la primera sesión extraordinaria de esta mitad de diciembre, en la que el oficialismo buscará darle media sanción al Presupuesto 2026. Según supo parlamentario.com, la votación será después de las 22.

En el comienzo de la sesión, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, propuso el plan de votar capítulo por capítulo en particular. Con el apoyo de los legisladores de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan, Catamarca y Neuquén, más el Pro, la UCR y el MID, La Libertad Avanza impuso su propuesta con 130 votos a favor, 112 en contra y 1 abstención -Karina Banfi-.

Una vez culminado el debate por la "ley de leyes", seguirá "Inocencia Fiscal", enviado en junio pasado, y el de "Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que ingresó junto al Presupuesto el pasado 15 de septiembre, pero nunca se habían discutido. El tercer tema corre chances de no ser tratado y que la sesión quede sin quórum para ese momento. 

El dictamen del oficialismo

El Presupuesto diseñado por el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI del 5% para 2026, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Uno de los cambios a la redacción original que más polémica causó este martes fue la incorporación de un artículo (el 75), que propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitaria, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos. Este artículo forma parte del capítulo más cuestionado, el XI de los XII que contiene el dictamen. 

En el artículo siguiente, el oficialismo sumó que "los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad".

"Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)", añade el texto, que busca apaciguar la propuesta de derogación de una ley sobre la que el Poder Ejecutivo acaba de sufrir un fallo judicial adverso.

En cuanto al presupuesto universitario fija una partida en $4,785 billones.

Por el contrario, los dictámenes alternativos de la oposición, tanto de Unión por la Patria como del interbloque Unidos, proponen incorporar estas dos leyes y la de Emergencia Pediátrica como parte del Presupuesto.

En tanto, el artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional sino que serán a discreción del Ejecutivo.

En cuanto a la Ley de Zonas Frías se elimina la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Otro artículo que genera polémica en el dictamen de LLA es el 30: prevé la derogación de artículos de distintas leyes relacionadas a financiamiento en educación, ciencia y defensa.

En el dictamen, de 83 artículos, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable y se incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026.

En una de las modificaciones sumadas a último momento (pero no plasmada todavía en el texto del dictamen), con el objetivo de garantizar el apoyo Pro, el oficialismo prometió agregar la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada por la quita de fondos al distrito durante la gestión de Alberto Fernández.

La palabra en el recinto

En la presentación del despacho de mayoría, Alberto "Bertie" Benegas Lynch -en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- señaló que la gestión de Javier Milei todavía no tuvo ley de Presupuesto aprobada y valoró que “el Gobierno nacional en tres oportunidades está sugiriendo bajar el gasto" mientras desde el Parlamento “le pedimos que rompa el equilibrio fiscal, la deuda y más impuestos”.

Luego, agregó que "es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y destacó que el Gobierno “independientemente de que no tenía presupuesto lo manejó junto al equilibrio fiscal”.

Para el dictamen de minoría, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria expresó: “Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado PyME-industrial”. También, reclamó por la intención del oficialismo de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Dialoguista del Gobierno nacional a través del gobernador salteño Gustavo Sáenz, la diputada Yolanda Vega manifestó que “el Presupuesto se apoya en principios de superávit fiscal, financiero y desinflación". La legisladora de Innovación Federal consideró que "es una herramienta necesaria que nos brindará como país mayor seguridad institucional y jurídica para el crecimiento económico”.

La salteña Yolanda Vega avaló votar por capítulos en la particular

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman fustigó al oficialista Lisandro Almirón, quien protagonizó un hecho insólito en su intervención: “Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan”. Además, criticó a los opositores de bloques provinciales que “discursean” pero dan quórum. “¿Cómo puede ser que cuando llega la hora de votar se escondan como ratas en una cañería?”, se quejó respecto a la moción que prevaleció para votar el Presupuesto en capítulos.

La porteña consideró que este es “un presupuesto del FMI” y “lo que se discute en este presupuesto es lo poquito que queda después que se cobre el FMI, después que se cobre (Scott) Bessent”. Sobre la ley, advirtió que “el ajuste para las mujeres en el conjunto de los programas es de un 89%. Es ajuste con batalla cultural, porque atacan específicamente la educación sexual integral”. Mientras que “en educación y cultura la caída es de un 47,7%. Es una brutalidad”, enfatizó.

Por el bloque radical, el mendocino Lisandro Nieri lanzó una sugestiva crítica: “Es increíble destacar la normalidad”. “Venimos de una Argentina con crecimiento del gasto y constante presión sobre el sector privado”, cargó, y comparó esta iniciativa con lo que ocurre en su provincia para “dar calidad en los servicios públicos como educación, seguridad y justicia”.

En otro tramo, el diputado cornejista añadió: “Creo que hay un pendiente, que es recuperar el crédito y la remonetización de la economía; por eso nuestro bloque va a acompañar el proyecto de Inocencia Fiscal, que simplifica y corrige los montos”.

En el espacio de oradores individuales, el libertario Lisandro Almirón destacó una lista con obras destinadas a la provincia de Corrientes. Lo que no se dio cuenta es que estaba leyendo el dictamen de minoría de Unión por la Patria. “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”, había señalado el legislador oficialista antes de que Germán Martínez le aclarara qué era lo que estaba leyendo.

Integrante del interbloque Unidos, Miguel Pichetto cuestionó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al cambio en el sistema de bandas. “Se habla de un dólar de 1.700 a 1.900 pesos”, señaló en relación a la meta del Gobierno nacional de fijarlo en $1.423 a diciembre de 2026.

“Ha habido cambios que son importantes que tienen que ver con una política devastadora con la industria, el trabajo y la destrucción de empleo”, aseveró el legislador de Encuentro Federal. Luego, insistió con el ingreso de productos de China y apuntó contra el Poder Ejecutivo: “La política del Gobierno es más pro-China que pro-americana”. “Tratemos de mejorar la vida de nuestros trabajadores que están a niveles de pobreza”, pidió.

Definidamente opositor, el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica consideró al dictamen del Presupuesto 2026 de ser “ilusorio y ficticio”. En el recinto, también sostuvo que “arranca el año con el doble de la inflación de la prevista y subestima la suba de precios que todavía están sufriendo los argentinos”.

Sin tapujos, reiteró que se trata de “un claro cachivache jurídico”, y explicó: “Quedó confirmado al incorporar por la ventana un artículo que es totalmente ilegal porque viola la ley de administración financiera, pero también confirmaron que este presupuesto no es meramente un ejercicio de austeridad fiscal, sino que el oficialismo tiene la clara decisión política de desprenderse y abandonar los oficios de enseñar, de curar y cuidar que sostienen el lazo social en la Argentina”.

Por el bloque de Provincias Unidas se expresó Pablo Juliano quien denunció el reparto de ATN a Jalil y Jaldo para aprobar el Presupuesto: “En este segundo tiempo del gobierno se puso a jugar a la casta más rancia".

Así, denunció: “Hablo de los ATN. El último mes repartieron 66 mil millones de pesos. Se la dieron a los que mandaron al arco como Osvaldo Jaldo (Tucumán) que recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto. Pero le pegan en la mano a los que tienen las cuentas ordenadas, a esas provincias productivas las extorsionan. Lo ponen a jugar a Jalil que aportó votos en las elecciones a Unión por la Patria. Le están dando 10.500 millones por mes".

"Se puede ser sensible, aprobar recursos para las leyes que votamos como la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento para las Universidades y cuidar el equilibrio fiscal, como estipula nuestro dictamen. En la sensibilidad no engendramos populismo sino un mensaje de futuro. Me parece que no hay futuro para un gobierno que amedrenta y aprieta. Esa receta ya se probó", cerró.

Por su parte, el diputado Jorge Taiana (UP) consideró que el Presupuesto 2026 “es de ajuste y deja fuera a la mayoría de la población, a la mayoría del empresariado argentino y solo beneficia a unas pocas grandes empresas y honra (o deshonra) los compromisos internacionales y la deuda que ha asumido”.

Para Taiana el proyecto busca “desactivar, desmantelar, hacer todavía más frágil y débil el desarrollo educativo, científico y tecnológico argentino” porque “ataca primero a disminuir inversiones de educación general, después disminuir la educación técnica, quitar los objetivos, achicar el sistema científico tecnológico, paralizar los distintos organismos, el INTI, el INTA,  la CONEA, el INVAP, la CONAE, busca que todo el sistema de conocimiento en la Argentina se paralice porque no piensan que sea necesario, piensan que una Argentina basada en la explotación primaria y básicamente de inversión extranjera, no necesita ni industria, ni desarrollo científico tecnológico”.

El diputado de UP señaló que las cifras del presupuesto son “inverosímiles” y que “el 10% de inflación es falso”. Así, advirtió que “ese presupuesto es incumplible y solo se va a cumplir a través del endeudamiento. Este presupuesto lo que supone es más endeudamiento en un gobierno que ha endeudado todo lo que ha podido. Endeudó con el Fondo Monetario, endeudó con el Tesoro de Estados Unidos, tomó créditos en donde pudo en los organismos multilaterales y no puede volver a los mercados porque todavía el riesgo país es muy alto”.

“En el artículo 75 llaman a derogarse las leyes 27.793 y 27.795. Ni siquiera dicen de qué se trata. A ver si pasaban desapercibidas porque son las leyes que ustedes mismos, junto con nosotros, votaron. Votaron hace muy poco y que ante el veto presidencial votaron la mayoría y eso es una ilegalidad. No se puede en un presupuesto anual derogar dos leyes permanentes”, criticó.

Por la izquierda, el diputado Nicolás del Caño denunció que en diciembre varias provincias han recibido los ATN y criticó a los gobernadores por “ser los más oficialistas de todos” como Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco. “Consiguen aprobar el Presupuesto por estos aportes discrecionales”, apuntó.

Además, advirtió que “se quieren derogar las leyes que acá fueron aprobadas como Emergencia en Discapacidad, Universidades, jubilaciones. Es un presupuesto hecho a la medida del pacto con el FMI”.

A su turno, el diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau, sostuvo que el Presupuesto “son proyecciones del Gobierno respecto de lo que va a suceder con la economía, a partir de eso cuánto va a recaudar y cómo lo va a gastar”. Al respecto, el economista analizó que “para cumplir la proyección de inflación del 2025 hace falta que en noviembre y diciembre sean deflacionarios, por ende, la proyección no se cumple. El valor del dólar será $1423, hoy el Banco Nación lo vende en $1475 y, además, cambiaron el tipo de bandas con esto vamos a tener desplazamiento cambiario y más dificultades de cumplir con las metas inflacionarias”.

Lousteau planteó que las consultoras que relevan el Banco Central pronostican una inflación “sin el cambio de las bandas el doble que tiene el Presupuesto y lo mismo pasa con el supuesto superávit. No se entiende qué estamos discutiendo”. Respecto del crecimiento, indicó: “La caída del PBI en el 2024 fue 3,6%. En el 2025 este Presupuesto tiene un crecimiento del 5,4%, no se va a llegar a eso con suerte trepará al 4,3%. Para que suceda hace falta que el último trimestre crezca 4,3%, es decir tiene que crecer ocho veces más para alcanzar el presupuesto de este año”.

“Cuando al crecimiento de este año que es del 4 y medio se le resta el arrastre estadístico, el crecimiento real es del 3% y es importante porque el arrastre para el año que viene es cero. El presupuesto plantea que para el año que viene vamos a crecer en promedio 5% eso sería el 7,4%”, detalló el economista.

Así, precisó que la industria contra noviembre del 2023 está 5% abajo, la construcción 20% abajo, el consumo en autoservicios 35% menos, metalúrgica 13% abajo, ventas minoristas 32% abajo, recaudación de IVA, créditos y débitos 7% abajo. “Esto está pasando ahora mientras el Gobierno dice que el año que viene vamos a crecer de punta a punta al 7,4%”, comparó y agregó que “perdimos 19 mil empleadores en menos de dos años; se perdieron 240 mil empleos, 154 mil del privado, 58 mil público y 30 mil empleos de casas particulares, solo la mitad se recuperó por monotributo, hay una pérdida neta de trabajo registrado de 121 mil trabajadores en dos años”.

Lousteau explicó: “Cuando haces caer la demanda porque cae el poder adquisitivo y al mismo tiempo esa demanda menor es abastecida con atraso cambiario y la suba de importaciones hay menos producción”. “Este plan lo único que hace es configurar dos argentinas no solo es por la ventaja comparativa para producir, sino por la decisión del Gobierno de elegir ganadores todo el tiempo como con el RIGI con las rebajas impositivas”, cuestionó.

Por último, manifestó que “de forma ilegal ahora contraria a la Ley de Administración Financiera quieren derogar en el artículo 75 las leyes que este Congreso aprobó por dos tercios”, y planteó: “Hay una pugna entre la libertad y la igualdad, no queremos libertad para algunos ni mediocridad para algunos, se zanja con fraternidad, que esté incluido en la misma comunidad y este presupuesto no tiene eso y por eso no lo vamos a acompañar y estamos en contra del artículo 75”.

Debutó en el recinto como orador Fernando De Andreis, quien agradeció en primer lugar que el Pro le diera la oportunidad de cerrar el debate por esa bancada y anunció que “nuestro bloque va a acompañar esta ley más allá de que no es el presupuesto que nosotros hubiéramos hecho”.

En su discurso, expresó su opinión de que “hay que acelerar al máximo los procesos de privatización de todas las empresas estatales que producen pérdidas; y en ese sentido bastante lento venimos”. Con todo, felicitó al Gobierno por “el equilibrio fiscal”.

En otro pasaje, se refirió al entendimiento con el Gobierno sobre cumplir lo dispuesto por la Justicia respecto de la coparticipación con la Ciudad y celebró que “se haya alcanzado un acuerdo y que se haya incluido un artículo en ese sentido”. Porque si no se cumple con lo que dice la justicia, agregó, “la seguridad jurídica se derrumba y otra vez vamos a ser un país imprevisible”.

NOTICIA EN DESARROLLO

En la apertura del debate del proyecto de ley de Presupuesto 2026, el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch cargó muy duro contra el kirchnerismo y sostuvo que “la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social”.

En una extensa introducción de agradecimientos, el presidente de la Comisión de Presupuesto le dio las gracias al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni; al exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el actual, Manuel Adorni; al ministro del Interior, Diego Santilli, “y todo el Gabinete”; también “especialmente” al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

“Y muy especialmente y doblemente a nuestro presidente Javier Milei por la irrenunciable batalla cultural y donde puso el nivel del debate”, expresó.

“Bertie” habló de “diputados y senadores que en los últimos 40 años se han dedicado a degradar el Congreso y a entorpecer la vida de los ciudadanos con legislación bochornosa”.

Al mencionar que la gestión de Milei todavía no tuvo ley de Presupuesto aprobada, valoró que “el Gobierno nacional en tres oportunidades está sugiriendo bajar el gasto y autorregularse respecto del gasto, y pasa por el Congreso porque tiene que ser validado” y desde el Parlamento “le pedimos que rompa el equilibrio fiscal, la deuda y más impuesto”.

“Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, afirmó el legislador, que destacó que el Gobierno “independientemente de que no tenía presupuesto lo manejó junto al equilibrio fiscal”.

El libertario recordó que en la reunión de la Comisión de Presupuesto, una diputada de Unión por la Patria sostuvo que “ ‘el equilibrio fiscal está en el ADN del peronismo’. Una cosa insólita que no se condice con los antecedentes del peronismo”.

Al equilibrio fiscal “se lo está tratando de mostrar como si fuera algo contrario a la contención social”, opinó y consideró que “la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social, es sacarle justamente el yugo del Estado por más de 40 años”.

“Los artífices de la destrucción están pidiendo la corrección de las cosas en dos años”, continuó en su discurso cargado de críticas para la oposición, pero sin mayor explicación sobre la letra del proyecto.

Para “Bertie”, “la gente entendió que no es posible tener una sociedad de saqueadores, donde todos tenemos la mano metida en el bolsillo ajeno y es una carrera a ver quién llega primero al gobierno”.

“La estructura estatal es elefantiásica, con lo cual hay que pagar cuentas. Entonces la forma de alivianar eso primero es bajando el gasto”, apuntó y pronosticó que el año próximo estará “fundamentalmente dedicado a las inversiones”, con un cartel, en lo posible “luminoso”, que diga: “No queremos más al kirchnerismo, no queremos ser más el Congo, respetamos la propiedad privada”.

En el cierre, el oficialista señaló que “se dice que con el kirchnerismo estábamos mejor”, sin embargo “la gente entendió electoralmente que no”. Y, a continuación, ilustró sin filtro: “Vendieron nuestras casas, vendieron nuestros autos y nos fuimos de viaje a Europa, tomamos vino fenómeno de la Toscana, la pasamos bárbaro, nos sacamos muchas fotos y cuando volvimos a Argentina la realidad es que tenemos que vivir debajo de un puente o adentro de un caño. Esa es la realidad. Entonces hay que bajar cocos con los dientes para poder morfar. Eso dejó el kirchnerismo, un naufragio humanitario”.

Para presentar el dictamen de minoría de Unión por la Patria, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue crítica del despacho que elevó La Libertad Avanza -con el aval de las bancadas peronistas de Tucumán, Misiones y Catamarca- y señaló que se trata de la “consolidación de un proyecto de ajuste brutal contra el pueblo argentino”.

“Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado pyme-industrial”, aseveró. Al igual que lo hizo Julia Strada minutos antes, la diputada opositora reclamó por la intención del oficialismo de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La referencia de las legisladoras del bloque peronista hace referencia al artículo 75 del dictamen de la Ley de Presupuesto 2025 que elevó el oficialismo. De todos modos, LA Libertad avanza logró imponer la moción para llevar a cabo la votación particular en bloques de capítulos, por lo que el llamado “Otras Consideraciones” será tratado todo junto en un paquete de 12 artículos.

Sobre este tema, Victoria Tolosa Paz cuestionó a La Libertad Avanza y aseguró que “han elegido cerrar la discusión de un presupuesto”. Y luego, expresó: “No tengo buenas noticias para el conjunto del pueblo argentino”. Cargó, además, que “vienen a extranjerizar la economía, a primarizar la economía y a entregar el sueño de desarrollar la economía”.

También señaló que este proyecto de presupuesto “no trae mejoras para jubilados, ni para las personas con discapacidad, ni para la educación pública, ni para el sistema sanitario, ni mucho menos para que el país crezca y se desarrolle en el tiempo”.

El otro punto que cuestionó fue la eliminación de las metas de inversión en materia educativa y en el sistema tecnológico: “Borran dejar de cumplir la meta de inversión del 1% en ciencia y tecnología que son valores de la Argentina”. Para cerrar, enfatizó: “Acá estamos para mostrar que hay otro camino”.

En la primera votación de la nueva composición de la Cámara de Diputados, el oficialismo impuso su moción para que el proyecto de ley de Presupuesto 2026 se vote en particular capítulo por capítulo. La oposición, por su parte, reclamaba abrir los artículos sobre los que hay polémica.

La moción propuesta por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, resultó aprobada con 130 votos afirmativos, 112 negativos y 1 abstención (de Karina Banfi). Al oficialismo lo acompañó el interbloque Fuerza del Cambio (Pro-UCR-MID-Por Santa Cruz) y bloques provinciales que responden a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones, Salta y Neuquén.

En tanto, se opusieron los integrantes de Unión por la Patria, el interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y País Federal (exlibertarios).

“En Labor Parlamentaria hubo un consenso con el tratamiento de las órdenes. En lo que no hubo consenso es en que la votación en particular se realice capítulo por capítulo. Mi moción es que se realice capítulo por capítulo”, planteó Bornoroni.

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano se manifestó en contra, al señalar que esa forma “no va a permitirle a un montón de diputados que cuando se trate la votación en particular puedan manifestar su voto afirmativo o negativo en un montón de artículos”.

“Va a terminar siendo engorroso el plan que está proponiendo el diputado Bornoroni”, dijo el radical y puso como ejemplo el capítulo XI -sobre el que más polémica hay- que “dispone de un montón de materias”. “¿Queremos que el debate del Presupuesto sea a los empujones y sin nitidez?”, se preguntó y expresó que “está cargado de muchísimo sentido común que tratemos en particular artículo por artículo”.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman lanzó: “No nos olvidamos de (Edgardo) Kueider, no nos olvidamos de cómo se llega a la votación de leyes infames contra el pueblo. No me gusta que compren votos, no me gusta que extorsionen con ATN”. Y reclamó que la votación sea “artículo por artículo” y “que el que vote por derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, por derogar el presupuesto universitario dé la cara”.

En la misma línea, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, recordó que, en el último Presupuesto votado en 2022, el otrora oficialismo tuvo “abiertos cada uno de los artículos para que se puedan hacer los aportes”. “No es nada que no se haya hecho nunca. Al contrario, la regla y la práctica con el Presupuesto es que cuando hay propuesta de modificaciones y cuando hay una tensión o una polémica alrededor de un artículo, ese artículo se separa del resto”, indicó.

El santafesino advirtió que “están queriendo hacer algo que el antecedente anterior es la Ley Bases”. “No hay que camuflarse más, ni para perjudicar a los discapacitados, a la comunidad universitaria, ni para afanarle los fondos a las escuelas técnicas, ni para terminar con 6% del PBI destinado a educación, ni para generar un daño irreversible en la ciencia y tecnología, ni para eliminar el régimen de zonas frías”, enfatizó.

Por el oficialismo, la diputada Silvana Giudici ratificó: “La voluntad de esta mayoría es votar capítulo por capítulo, tal como lo establece el artículo 157, 190 y 192 del reglamento. No estamos incumpliendo ninguna de las consideraciones que ustedes alertaron”.

Tras el discurso de la massista Cecilia Moreau, Giudici pidió pasar a la votación y La Libertad Avanza tuvo su primera victoria de la jornada.

Al filo del horario tope, la Cámara de Diputados reunió el quórum a las 14.27 y dio por iniciada la sesión extraordinaria que va a debatir el proyecto de Ley de Presupuesto 2026. Además de La Libertad Avanza, se sentaron antes de los 30 minutos de espera el Pro, el MID, la UCR y los aliados peronistas de Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán.

Los 94 integrantes de La Libertad Avanza -resta la jura del formoseño Atilio Basualdo- llegaron a las 13.55 en su mayoría. Lo mismo hicieron los representantes de Innovación Federal, Independencia, el santacruceño José Luis Garrido y los sanjuaninos Producción y Trabajo. Sin embargo, a las 14.25 el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, debió pedir que se acercaran al recinto quienes estaban en los pasillos.

Confiados en que sería rápido, los legisladores del oficialismo empezaron a mostrarse preocupados. Incluso, algunos comenzaron a mirar el teléfono móvil una y otra vez.

El oficialismo no lograba romper la barrera de los 127 y a las 14.23 ingresaron los legisladores del Pro con Cristian Ritondo a la cabeza. Así como entraron Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi y el resto del Pro. Otra que llegó a poco del límite fue la monobloquista Karina Banfi. Con ánimos generar suspenso, los integrantes de Provincias Unidas decidieron pararse.

El grueso fuerte de Unión por la Patria llegó temprano al recinto, pero ninguno aportó al quórum: el jujeño Guillermo Snopek arribó al hemiciclo a las 14.05, pero cuando el tablero se acercaba al 129, todos los integrantes de la bancada peronista esperaron parados en sus lugares.

Finalmente, a tres minutos del límite, los cordobeses de Provincias Unidas, Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal, Lourdes Arrieta junto a Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica se sentaron y la pantalla marcó 140 diputados.

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz criticó con firmeza el presupuesto y el paquete de reformas que impulsa el Gobierno nacional. Señaló que las iniciativas no contemplan garantías para áreas estratégicas del Estado y avanzan en un modelo que, a su entender, “recorta derechos y degrada la soberanía”.

“Va a tener presupuesto, pero es intocable. No garantiza nada para la gente: asegura más ajuste. No garantiza la continuidad del Garrahan, ni la obra pública, ni que no se tome más deuda. Nada de eso está contemplado”, afirmó la legisladora en diálogo con Delta 90.3.

Tolosa Paz también alertó sobre la estrategia parlamentaria del oficialismo: “Se arranca votando el presupuesto de Milei y después no nos queda margen para dar vuelta la historia de este presupuesto trágico”.

En esa línea, cuestionó la actitud del Gobierno frente a políticas sensibles. “Aparecieron agrandados, con la soberbia de haber ganado, y firmaron con entusiasmo la derogación de la ley de discapacidad. Sería mucho más inteligente buscar un equilibrio, pero eligieron el ajuste brutal”, sostuvo.

La diputada amplió sus críticas al rumbo económico general. “La reforma no va a mejorar la vida de los argentinos. Puede haber crecimiento para el Gobierno, pero sin generar un solo puesto de trabajo. Lo que buscan es la extranjerización del país”, planteó. Y sobre la reforma laboral fue categórica: “Trae un negocio financiero, no más derechos ni empleo”.

Respaldó sus afirmaciones con datos de empleo: “Desde que llegó Milei, perdimos 169 mil trabajadores privados y 205 mil si sumamos a los trabajadores públicos”.

Finalmente, anticipó un escenario complejo para el programa económico oficial. “Podrán mostrar crecimiento y sostener una inflación ficticia, pero no van a poder tapar que no tienen acumulación de reservas. Este modelo va a fracasar”, concluyó.

La mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió un dictamen para el proyecto del Gobierno de Javier Milei que prevé superávit, poder reforzado para el Ejecutivo, amplias exenciones y un paquete de derogaciones que marca un giro estructural.

El texto, de más de 80 artículos y numerosas planillas, no solo fija los números del próximo ejercicio: redibuja facultades, elimina mandatos legales históricos, redefine incentivos productivos y ordena una reingeniería profunda en materia energética, educativa, previsional y de financiamiento público.

El dictamen fija como principio rector que el Presupuesto 2026 debe cerrar con equilibrio o superávit financiero. De hecho, estima un resultado superavitario de $2,734 billones, con un gasto total (corriente y de capital) de $148,069 billones y un cálculo de recursos por $148,296 billones.

El gasto se distribuye por finalidad de la siguiente manera: Administración Gubernamental $8,859 billones; Defensa y Seguridad $7,111 billones; Servicios Sociales $106,522 billones; Servicios Económicos $11,458 billones; y Deuda Pública $14,120 billones. También se cuantifican gastos figurativos por $20,722 billones y se detallan fuentes y aplicaciones financieras, con amortizaciones de deuda por $279,175 billones.

Así, el proyecto fija como regla que el Presupuesto 2026 deberá cerrar equilibrado o en superávit, y proyecta un resultado financiero positivo de $2,734 billones.

El gasto total asciende a $148,069 billones, con una distribución que conserva la centralidad del gasto social ($106,5 billones), seguido por deuda pública ($14,1 billones), servicios económicos ($11,5 billones) y administración gubernamental.

Los recursos, por $148,296 billones, acompañan esa meta, mientras que las fuentes y aplicaciones financieras mantienen altos niveles de amortizaciones y refinanciación.

Uno de los ejes que más debate generó es la extensa delegación de facultades en el jefe de Gabinete y, en forma refleja, en el Poder Ejecutivo:

■ Distribuir y reestructurar partidas con gran margen operativo.

■ Aumentar créditos cuando se financien con organismos internacionales, recursos con afectación o donaciones.

■ Incrementar cargos y horas cátedra, aun cuando la regla general congela dotaciones y prohíbe cubrir vacantes sin autorización expresa.

■ Publicación obligatoria y trimestral de las plantas de personal, en formato abierto.

Todo ello configura un esquema en el que el Congreso fija el marco general, pero el Ejecutivo ejecuta con alto grado de discrecionalidad controlada.

Universidades, reparto automático y derogaciones sensibles

El presupuesto universitario se fija en $4,785 billones, con exigencias estrictas de información y ejecución por clasificador funcional.

Se mantiene la vigencia del artículo 7 de la Ley de Financiamiento Educativo, que asegura transferencias automáticas a provincias y CABA para educación.

Pero el capítulo educativo también trae derogaciones de fuerte impacto:

■ Derogación del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional 26.206, un artículo clave que establecía compromisos nacionales en planificación y metas.

■ Derogación del art. 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058.

■ Eliminación de artículos centrales de la Ley 27.614 de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, afectando metas de inversión.

La inclusión de estas derogaciones convierte al Presupuesto en una ley de reforma estructural.

Empleo y energía

En empleo y energía, se destinan $11,290 mil millones al Fondo Nacional de Empleo (FNE) y el Estado asume obligaciones de pago en el Mercado Eléctrico Mayorista con NASA, EBY y ENARSA bajo el régimen de la Resolución SE 58/24, liberando a CAMMESA para esos casos y evitando tratamientos más favorables respecto de otros acreedores que hayan adherido. Se asignan $15,843 mil millones al Fondo de Bosques Nativos y $1,625 mil millones al programa de protección de bosques, con facultad de ampliación.

El dictamen incluye un capítulo internacional: aprueba aporte argentino al FOMIN IV (BID/BDC) por USD 12.450.592,89 en cuatro cuotas, faculta al BCRA a realizar los pagos con fondos provistos por el Tesoro, y formaliza la adhesión y aceptación de los convenios constitutivos. Además, se aprueba el aumento de capital en FONPLATA por USD 347,846 millones (en 10 cuotas hasta 2036) y un aporte a la AIF del Banco Mundial por USD 12,5 millones a pagar antes del 30 de junio de 2026.

El dictamen despliega un paquete de medidas energéticas de notable alcance:

■ Exenciones aduaneras e impositivas

■ Para importaciones de INVAP, VENG y DIOXITEC, siempre que la industria nacional no pueda proveer.

■ Intervención del Estado en el Mercado Eléctrico Mayorista

■ El Estado asume obligaciones con NASA, ENARSA y Yacyretá bajo el esquema de la Resolución 58/24, liberando a CAMMESA para esos casos.

Se habilita al Poder Ejecutivo a determinar diferencias de ingresos de distribuidoras debido a emergencias tarifarias y compensarlas mediante créditos contra CAMMESA, a cambio de renuncia a acciones judiciales.

Nuevo esquema para subsidios de gas (zona fría)

Se sustituye íntegramente el artículo 75 de la Ley 25.565, redefiniendo el recargo que financia subsidios en la Patagonia, Malargüe y la Puna.

A la vez, se modifican artículos de la Ley 27.637 y se derogan cinco de sus disposiciones.

El proyecto exime de impuestos, tasas y derechos aduaneros:

Vacunas del calendario oficial y medicamentos para VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis.

Importaciones de gasoil y diésel para generación eléctrica hasta 1 millón de m³ en 2026, también sin impuesto a los combustibles ni al CO₂.

Estas medidas tienen impacto directo en costos de generación y salud pública.

Cupos para productividad, PyMEs y conocimiento

El Presupuesto fija una batería de cupos fiscales orientados a sectores estratégicos:

■ Ley 22.317 (crédito fiscal para capacitación técnica): $8.355 millones.

■ Biotecnología y nanotecnología: $2.000 millones.

■ Economía del Conocimiento: $310.000 millones.

■ Industria automotriz-autopartista: $5.000 millones.

■ Reintegros de IVA: límite de $30.000 millones.

Previsión social: deudas, juicios y prórroga de pensiones

En previsión social, se destinan $212,288 mil millones para deudas previsionales (SIPA/ANSES) y $367,206 mil millones para retroactivos de Fuerzas Armadas y de Seguridad, con orden de prelación y prioridad por edad. Se establece que el IAF debe financiar al menos el 46% del costo de haberes de retiro y pensión; se prorrogan pensiones graciables por 10 años con condiciones patrimoniales y de incompatibilidad; y se fijan reglas de continuidad y rehabilitación cuando cesen causas de baja.

En relación con las provincias, ANSES tendrá $122,763 mil millones para transferencias a cajas previsionales provinciales, con adelantos mensuales a cuenta del déficit (provisorio o definitivo) reconocido; y se exceptúan de la Ley 23.928 (convertibilidad) ciertas emisiones y préstamos provinciales en moneda nacional destinados a infraestructura o reestructuración de deuda, siempre que respeten el régimen de responsabilidad fiscal.

La ley destina:

■ $212.288 millones para deudas previsionales de ANSES.

■ $367.205 millones para retroactivos de Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Además, prorroga por 10 años las pensiones graciables y fija un estricto régimen de incompatibilidades patrimoniales.

Crédito público

El bloque de crédito público autoriza operaciones y emisiones con un tope del 18% en moneda y jurisdicción extranjera; permite letras del Tesoro por V.N. $70 billones y nuevos instrumentos a corto plazo por V.N. $15 billones para noviembre–diciembre 2026; amplía crédito a corto plazo para Tesorería ($4 billones) y ANSES ($2,5 billones); mantiene la suspensión del Decreto 493/04 y el diferimiento de pagos de deuda anterior a 2001; habilita la continuidad de la normalización de esa deuda con informes semestrales al Congreso; y faculta al Estado a otorgar avales, colocar bonos de consolidación (décima serie) y fijar condiciones de reembolso de deudas provinciales (Club de París y laudos). Se establece, además, el “roll-over” de servicios en dólares intra-sector público, reemplazándolos por nuevos títulos; y se dispone el reemplazo de amortizaciones y 60% de intereses de letras intransferibles del BCRA por nuevos títulos a 5 años, con tasa ligada a reservas/BCRA–SOFR (con techo), abonando 40% de intereses en efectivo. Se actualiza el artículo 55 de la Ley 11.672 para operaciones de administración de pasivos (derivados, canjes, opciones, entidades ad hoc) y el artículo 179 de la misma ley para responder requerimientos judiciales por pasivos consolidados (derogando el artículo 9 de la Ley 23.982). Se autoriza uso del FUCO por hasta $1,2 billones.

En fondos fiduciarios y entes, se aprueban flujos y presupuestos de fondos fiduciarios del Estado nacional, con obligación de informes trimestrales detallados al Congreso; y se aprueba el presupuesto de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), la Unidad Especial de Transmisión Eléctrica, la Comisión Nacional Antidopaje, INAMU, INCAA y el PAMI, con exigencia de planes de acción y presupuestos de caja antes del 31 de enero.

Entre las principales decisiones figuran las siguientes:

■ Autorización para emitir letras por V.N. $70 billones.

■ Emisión de instrumentos a corto plazo por V.N. $15 billones.

■ Reemplazo de servicios en dólares dentro del sector público por nuevos títulos.

■ Reemplazo del 60% de los intereses de las letras intransferibles del BCRA por bonos a 5 años.

■ Renovación del diferimiento de pagos de deuda previa a 2001.

Se actualizan también artículos de la Ley 11.672 para habilitar operaciones de derivados, canjes y compras de cartera, un salto cualitativo en gestión financiera estatal.

Derogaciones

El dictamen incluye un catálogo extenso de derogaciones, poco habitual en leyes de presupuesto:

Artículos de la Ley de Educación Nacional, de la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Educación Técnico Profesional, de la Ley del FONDEF, de la Ley 27.637 (zona fría) y de la Ley 27.160, además del artículo 9 de la Ley 23.982 sobre deuda consolidada.

En el artículo 75° de la ley de leyes se derogan también las leyes 27.793 de Emergencia en Discapacidad y 27.795 de Financiamiento Educativo.

Este paquete revela la decisión política de utilizar la Ley de Presupuesto como vehículo para desmontar mandatos normativos y redefinir prioridades del Estado.

La Cámara de Diputados volverá a abrir las puertas de su recinto para realizar este miércoles la primera sesión extraordinaria, para tratar nada menos que la mitad de los proyectos que pidió el presidente Javier Milei para este verano.

El tema principal es el proyecto de Presupuesto 2026, y será entonces la primera vez que el Gobierno libertario habilita el debate de la ley de leyes, luego de haber prorrogado en dos oportunidades el Presupuesto 2023.

Además de la ley de leyes, en la sesión prevista para las 14 se tratarán también el proyecto de reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, también conocido como de Inocencia Fiscal; como así también el proyecto que establece un marco jurídico institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

La sesión fue pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y es la primera vez después de 9 meses que el oficialismo pide una sesión especial, ya que la última fue el 19 de marzo, cuando se debatió el decreto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa fue la única sesión pedida en todo el período ordinario por La Libertad Avanza.

Ahora se debatirá el proyecto de Presupuesto 2026, que esperan tenga dictamen en la comisión que preside Bertie Benegas Lynch y que comenzará este martes al mediodía.

A continuación de ese debate, que se presume será bastante extenso, avanzarán con el debate del proyecto sobre reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, conocido como “inocencia fiscal”, que tendrá dictamen este martes en plenario convocado para las 15. Luego será el turno del proyecto presentado el 15 de septiembre pasado por el que se establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

Este último proyecto fue presentado junto al Presupuesto 2026, y obliga a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la sanción de leyes con resultado financiero negativo. Si durante la ejecución se alteran los ingresos o egresos, el jefe de Gabinete deberá aplicar ajustes inmediatos, priorizando recortes en partidas no protegidas por ley, e informar al Congreso en un plazo de cinco días.

El proyecto también impone límites al Poder Legislativo: cualquier ley que implique nuevos gastos solo entrará en vigencia cuando las partidas correspondientes se incorporen al presupuesto del año siguiente, salvo que se establezca un financiamiento específico y suficiente. Además, obliga a que cada iniciativa parlamentaria que afecte recursos o aumente erogaciones venga acompañada de un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda.

En cuanto al proyecto de Inocencia Fiscal, propone cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.

Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.

El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.

Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.

Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.

La Ley de Leyes

El proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno nacional tiene como premisa el superávit fiscal y la disciplina presupuestaria: propone un escenario de equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%; y la inflación estimada para el presente año es de 24,5%, para 2027 5,9% y para 2028 3,7%.

Por otro lado, se estima que el tipo de cambio nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028. Así las cosas, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.

El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit de aproximadamente 2 billones. Y el 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.

Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.

Luego de haber constituido las comisiones de Legislación Penal, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a tres reuniones este martes con el objetivo de avanzar con los dictámenes del proyecto de ley de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Meramente informativa, la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado, se reunirá a las 10 para dar comienzo a un debate exprés del proyecto de ley de Inocencia Fiscal. La intención del oficialismo es volver a reunirse a las 15 en un plenario junto a Presupuesto y Hacienda para dictaminar la iniciativa y llevarla al recinto de la Cámara de Diputados el día siguiente.

La iniciativa ingresó el pasado 5 de junio por Mesa de Entradas de la Cámara baja y establece modificaciones al Régimen Penal Tributario: el primer cambio que introduce es la de elevar el monto considerado “evasión fiscal” de 1.5 a 100 millones de pesos. También propone reformas al Código Civil y Comercial de la Nación y a la Ley 11.683 de Procedimientos Fiscales.

Al mediodía, la sala del 2° piso del Anexo C del Palacio Legislativo estará ocupada por los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que este lunes ratificó a Bertie Benegas Lynch en la presidencia. El temario se compone por el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 y por el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

La Libertad Avanza cuenta con 20 vocales propios dentro de Presupuesto y Hacienda, y también están los porteños del Pro Daiana Fernández Molero y Fernando de Andreis; el mendocino Lisandro Nieri; la sanjuanina Nancy Picón Martínez; el catamarqueño Sebastián Nóblega; la tucumana Elia Fernández; y el misionero Oscar Herrera Aguad, que serán quienes van a firmar el despacho de mayoría.

Por su parte, Unión por la Patria adelantó que volverá a presentar un dictamen de minoría que va a ser firmado por sus 18 vocales; y Provincias Unidas, que debe presentar a sus 3 representantes, también va a emitir un despacho diferente al del oficialismo.

Al caer la tarde, Gabriel Bornoroni, jefe de bloque oficialista, y otros legisladores libertarios y aliados elevaron este martes la petición formal ante Martín Menem para llevar a cabo una sesión extraordinaria este miércoles a las 14 con el objetivo de dar media sanción al Presupuesto 2026, a Inocencia Fiscal y al Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

La segunda reunión de la jornada en la Cámara de Diputados fue la constitutiva de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En el primer encuentro formal, Bertie Benegas Lynch fue ratificado al frente de la misma y anunció que este martes a las 12.00, se vuelven a reunir para pasar a la firma el dictamen de la “ley de leyes” del ejercicio fiscal 2026, y también el proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, ingresado el 15 de septiembre pasado.

Al igual que en la Comisión de Legislación Penal, el bloque de Unión por la Patria hizo reserva de los cargos de vicepresidente 1° y de secretario 2°. Por su parte, el Pro designó a la diputada nacional Daiana Fernández Molero en la Vicepresidencia 2°. Por último, La Libertad Avanza designó al salteño Julio Moreno Ovalle en la Secretaría 1°, pero en la 3° dejó el cargo vacante.

Antes de finalizar la reunión, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, reiteró el pedido que elevó en la reunión anterior: la ampliación de giros en el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Actualmente solo tiene giro en Presupuesto y Hacienda y el santafesino pidió que pase por Legislación Penal.

De todos modos, la nómina quedó establecida con 20 vocalías para La Libertad Avanza, 18 para Unión por la Patria, 3 para Provincias Unidas (al igual que en Legislación Penal no presentaron los nombres), F. Molero y Fernando de Andreis del Pro, Eduardo Falcone del MID, Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo, Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca, Elia Fernández de Independencia y Oscar Herrera Aguad de Innovación Federal.

El reclamo de la izquierda y Provincias Unidas

Previsiblemente la izquierda hizo conocer su protesta por haber sido excluida de la Comisión de Presupuesto. Recordemos que hasta la anterior conformación del Cuerpo, Christian Castillo integraba Presupuesto y Hacienda. La diputada de izquierda Romina Del Plá denunció que en la constitución de la comisión “hay una grave anomalía que es la exclusión con completa saña del FIT en la conformación de esta comisión que hemos integrado a lo largo de los años que la izquierda integra el Congreso Nacional”.

La diputada recordó que “cuando se dictaminó en el período ordinario en relación al Presupuesto, que se va a someter a debate, el FIT tuvo un dictamen propio de rechazo con fundamentos profundos y creo que la exclusión deliberada del Frente de Izquierda en la constitución de la comisión forma parte de tratar de evitar que haya un cuestionamiento de fondo a las graves inconsistencias que tiene este Presupuesto que mañana debatiremos”.

“Queremos dejar asentada nuestra queja y rechazo a este método de constitución de comisiones que no representa, como dice el reglamento, la representación que hay en la Cámara de todas las fuerzas políticas”, cerró.

Romina del Plá reclamó porque el oficialismo dejó sin lugar al Frente de Izquierda en la Comisión de Presupuesto.

También se esperaba la protesta del interbloque de Provincias Unidas, y fue a través del diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien se quejó porque designaron solo 3 miembros de ese espacio en Presupuesto y Hacienda, al considerar que les correspondían 4. El diputado de la Coalición Cívica remarcó que el interbloque Unidos tiene 22 miembros, por lo que “la integración que remitió el presidente de la Cámara es violatoria de lo que establece el 105 del Reglamento en relación a poder establecer la representación de los sectores políticos”.

“La distribución se hizo a través del sistema D'Hondt, donde los resultados le daban 20 diputados al oficialismo y se le ha quitado un lugar a un interbloque que hoy está empatado con otro interbloque en ser la tercera minoría, y si uno toma el criterio que ustedes adoptaron para tener 20 miembros, al interbloque de Unidos el cociente daba un total de 4 diputados para integrar la Comisión de Presupuesto”, reclamó.

En resumen, Maximiliano Ferraro consideró decisión “arbitraria y violatoria del artículo 105 del reglamento de la Cámara de Diputados en el espíritu de representación de los espacios políticos”.

Inaugurado el período extraordinario el mismo 10 de diciembre, cuando se activó formalmente el recambio legislativo, los días siguientes estuvieron monopolizados por la disección dedicada al proyecto de Modernización Laboral finalmente presentado el jueves 11, pero no se aprovechó el resto de esa primera semana “extraordinaria” para activar las comisiones, como se había supuesto en un principio.

En efecto, a la hora de imaginar el cronograma elegido por el Gobierno, se sospechaba con toda lógica que entre el miércoles y el viernes se aprovecharía para poner en marcha la maquinaria legislativa al menos en Diputados, para dar cuenta en comisión del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos de los temas que monopolizarán la atención en la Cámara baja al menos este mes de diciembre. Con los dictámenes en la mano, se podría haber avanzado con la sesión entre el martes y el miércoles, y así arrancar el debate en el Senado ese mismo jueves.

Sin embargo sobre la marcha se supo del interés oficial de activar la Cámara alta ya no solo para la ley de leyes, sino aprovechar este período acotado de diciembre para avanzar con la reforma laboral. Una alternativa auspiciosa, en términos de uso intensivo de los recursos legislativos, pero complicada para cuando se la lleva a la práctica.

Ni se aprovechó la primera semana de extraordinarias para avanzar con el Presupuesto, ni se pudo arrancar con el debate laboral, como se había ilusionado Patricia Bullrich, que en modo “topadora” había amagado con dictaminar el mismísimo jueves 11 con semejante tema.

Así las cosas, toda la atención y actividad plena estará dedicada a esta semana que se inicia con un lunes en el que se comenzará a recuperar el tiempo ¿perdido? Será con sendas reuniones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara baja, que sucederán este mismo lunes, con reuniones previstas para las 16, en el caso de la comisión que seguirá siendo encabezada por la ahora diputada de LLA Laura Rodríguez Machado; y las 17, cuando se ponga en marcha la de Presupuesto y Hacienda, que seguirá en manos de Bertie Benegas Lynch. En ambos casos serán reuniones constitutivas, en las que se fijarán las fechas para tratar los proyectos de Presupuesto y de Inocencia Fiscal, que se descuenta serán al día siguiente, directamente para pasar a la firma los dictámenes.

Está también el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una norma que establece que el Presupuesto Nacional deberá ser siempre equilibrado o superavitario, y que cualquier nuevo gasto o ley que implique erogaciones debe contar con financiamiento explícito y sustentable -tema que generará no poca controversia-, pero el texto no ingresó aún al Congreso.

La idea de La Libertad Avanza es que una vez cuenten con los dictámenes correspondientes, el martes 16, se lleve todo al recinto en sendas sesiones a realizarse el miércoles 17 y el jueves 18, o bien en una sola sesión maratónica el miércoles. En cualquier caso, los diputados quedarán ya el mismo jueves relevados por lo que resta del año: habrán cumplido su misión de diciembre y podrán pasar las fiestas tranquilos, a la espera de que el Senado haga lo suyo y ellos puedan irse tranquilos de vacaciones al menos la primera quincena de enero.

Lo que viene en el Senado

La Cámara alta tiene prevista una reunión de jefes de bloques para este martes 16 a las 11 de la mañana. Será en el Salón Gris, de la Presidencia de la Cámara, y allí prevén organizar el trabajo legislativo en el Senado para este período extraordinario. O al menos para lo que resta del mes, en semanas complicadas por los feriados de las fiestas, que caen sucesivamente miércoles y jueves.

Por lo pronto, este martes deberán ponerse de acuerdo con la integración de las comisiones. En principio, para el debate de la Modernización Laboral tendrán que armar Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social. En el primero de los casos, por el componente impositivo incluido en el texto del citado proyecto, y que ya ha generado reacciones críticas de parte de la oposición, que advierte que ese factor obliga a que el proyecto ingrese por la otra Cámara. Un tema que complica, en el que podría llegar a intervenir la Justicia, y que llegó a hacer pensar a muchos en una separación de ese componente para tratarlo en Diputados y evitar así inseguridad jurídica futura. Pero de momento eso fue dejado de lado.

Para las leyes que vienen de Diputados, se constituirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y de paso también se constituirá la de Minería, Energía y Combustibles, para cuando se aborde la reforma de la Ley de Glaciares.

Lo cierto es que este martes se hablará del debate de la Modernización Laboral, que el interbloque encabezado por José Mayans buscará extender el máximo posible, al reclamar la realización de reuniones informativas que el oficialismo a priori no quería conceder. Tendrá que hacerlo, pero al menos deberá conformarse con reducir el número de invitados: Unión por la Patria quiere un centenar; La Libertad Avanza aceptaría una treintena. Así las cosas, con un número más reducido de expositores se podría liquidar el trámite entre miércoles y jueves, para emitir dictamen el lunes venidero, ya en la previa navideña.

También podría pasar a la firma entre jueves y viernes, por la necesidad de que pasen siete días entre la emisión del dictamen y la llegada al recinto, que en todo caso quedaría reservada para el lunes y/o martes 29 y 30 de diciembre. Fechas en las que también tendrían que tratar el Presupuesto 2026, para convertirlo en ley. Es de imaginar que un doble debate de semejantes temas plantea un objetivo de máxima demasiado ambicioso, que tal vez llegado el momento exigirá moderar expectativas y dejar pendiente parte del debate para el regreso del receso, con una nueva convocatoria a extraordinarias que, inexorablemente, habrá para parte de enero y febrero.

En el tercer día desde que inició el período de sesiones extraordinarias, fueron convocadas las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La idea primordial de La Libertad Avanza es obtener los dictámenes y llegar al recinto el próximo miércoles 17 de diciembre, a más tardar el jueves 18.

Con el fin de avanzar con el proyecto de ley de Presupuesto 2026, la comisión homónima será constituida este lunes 15 de diciembre a las 17. Bertie Benegas Lynch será ratificado como presidente y se prevé que el martes sea el encuentro donde pasarán a la firma el dictamen de la “ley de leyes” para el ejercicio fiscal del siguiente año.

Una hora antes, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado -formalmente dentro del bloque oficialista- será designada nuevamente presidenta de la Comisión de Legislación Penal el lunes a las 16. El martes, también, se volverán a reunir en plenario junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para pasar a la firma el proyecto de ley de inocencia fiscal.

En el plan inicial de extraordinarias estaba la idea de tratar también el proyecto de ley de “compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, el cual ingresó el pasado 15 de septiembre junto al Presupuesto 2026. Por lo tanto, la Comisión de Legislación Penal se abocará al “principio de inocencia fiscal”, texto que propone elevar a 100 millones de pesos el monto considerado como evasión dentro del Régimen Penal Tributario (actualmente está fijado en 1.5 millones).

La diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado seguirá a cargo de Legislación Penal.

El Gobierno busca tener Presupuesto tras dos años de prórroga

Si bien la oposición, previo emplazamiento, motivó al oficialismo a que dictamine el proyecto de ley de Presupuesto 2026 el pasado 4 de noviembre, el despacho perdió estado parlamentario por no haberse llevado al recinto dentro de los plazos del período ordinario. De todos modos, La Libertad Avanza solo deberá repetir el pase a la firma y la iniciativa estará lista para ser llevada a una sesión extraordinaria.

Así las cosas, el oficialismo logró imponer el dictamen de mayoría con el aval del Pro, el radicalismo. Liga del Interior -varios firmantes hoy están dentro de La Libertad Avanza- Innovación Federal (Misiones y Salta) y Producción y Trabajo (San Juan). En aquella ocasión hubo cuatro despachos: el oficialista, el de Encuentro Federal y los de rechazo del Frente de Izquierda y Unión por la Patria.

La propuesta del Gobierno nacional tiene como premisa el superávit fiscal y la disciplina presupuestaria: propone un escenario de equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%; y la inflación estimada para el presente año es de 24,5%, para 2027 5,9% y para 2028 3,7%.

Por otro lado, se estima que el tipo de cambio nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028. Así las cosas, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.

El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit de aproximadamente 2 billones. Y el 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.

Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.

Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 durante sus dos primeros años a cargo del Poder Ejecutivo. La última vez que la Cámara de Diputados debatió la Ley de Presupuesto en el recinto fue el 26 de octubre del 2022. Es decir, hace más de 1100 días.

A un ritmo vertiginoso, tal cual se anticipaba por el plazo convocado de sesiones extraordinarias, el oficialismo aspira a un tratamiento exprés del proyecto de ley de Presupuesto 2026, tema prioritario de la agenda del Gobierno.

De acuerdo a la hoja de ruta planeada por La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, las comisiones que deben dictaminar esa iniciativa, como los proyectos sobre “Inocencia Fiscal” y “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria” se constituirán el próximo lunes 15.

Este miércoles, primer día en funciones de los nuevos diputados, todavía no había definición sobre la conformación de las comisiones urgentes. Si bien LLA y Unión por la Patria se repartirán la mayoría de los lugares en igual cantidad -pues casi están empatados numéricamente-, el resto de las sillas está en disputa.

Tras ser reelecto como presidente del cuerpo, Martín Menem quedó la semana pasada facultado para determinar la cantidad de miembros que cada bloque tendrá en las comisiones. Si fuera por sistema D’Hondt (utilizado para el reparto de escaños en las elecciones), muchas bancadas quedarían sin representación. Por eso, las negociaciones son netamente políticas.

Otro tema a resolver es la vicepresidencia tercera, que quedó vacante tras la igualdad entre el interbloque Unidos y el conformado por el Pro y la UCR -entre otros- que todavía no tiene nombre.

Las comisiones que deberán conformarse para tratar los tres proyectos económicos son las de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, que continuarían en manos de quienes fueron sus recientes presidentes: los oficialistas Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

La convocatoria a las reuniones constitutivas saldría este viernes, con el fin de tener la primera reunión el lunes y al día siguiente, martes 16, dictaminar las iniciativas. En tanto, miércoles 17 se llevaría al recinto el Presupuesto y el jueves 18 el resto de los proyectos.

De cumplir con esta meta, el oficialismo espera que el Senado trate los temas en comisiones en la previa de Navidad para que, una vez pasados los siete días entre el despacho y el recinto -regla de la Cámara alta-, se puedan sancionar antes de fin de año.

El proyecto de “Inocencia Fiscal”, más conocido como de incentivo al uso de los dólares del colchón, fue enviado en junio pasado, pero nunca se trató. Es el que tiene giro a ambas comisiones.

En tanto, el proyecto de “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, que busca establecer como norma el equilibrio fiscal y penalizar a funcionarios que autoricen o aprueben gastos extrapresupuestarios, ingresó en septiembre junto al Presupuesto 2026. Hasta el momento, tampoco se había debatido.

Por su parte, sobre la “ley de leyes” hubo discusión durante octubre por el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto votado por la oposición, con la presencia de funcionarios que dispuso el oficialismo. Incluso, se firmaron despachos, obteniendo La Libertad Avanza el de mayoría. Pero fue con la ahora vieja composición parlamentaria. La semana que viene debutarán, con plena actividad, los nuevos diputados.

En las últimas semanas el Presupuesto 2026 fue objeto de negociaciones entre Casa Rosada y los gobernadores, a través del ministro del Interior, Diego Santilli. Por su parte, el propio presidente Javier Milei se encargó de recibir a los mandatarios provinciales y pedirles su apoyo para la aprobación de este y otros temas en una reunión a los que los invitó tras el triunfo electoral.

Desde que asumió la gestión libertaria se encuentra prorrogado el Presupuesto 2023, modificado a discrecionalidad del Poder Ejecutivo vía decreto. Aliados, representantes de bloques provinciales y la llamada “oposición dialoguista” coinciden en que es vital que se sancione un nuevo plan de gastos y recursos. “Los votos están”, aseguran desde uno de los bloques dispuesto a acompañar.

En su viejo rol comunicacional, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de un texto en X que el decreto con el llamado a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre será publicado en la madrugada del próximo martes en el Boletín Oficial. El temario está compuesto por seis iniciativas que comienzan con el proyecto de ley de Presupuesto 2026 y termina con las reformas anunciadas por Javier Milei.

En el comunicado, Adorni sintetizó esta serie de temas como “el avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, y culminó con su reiterada frase “Dios bendiga a la República Argentina”. El decreto con la convocatoria ya fue firmado por el presidente de la Nación y se hará oficial el próximo martes 9 de diciembre a la madrugada. Cabe recordar que el lunes 8 es feriado.

El primer tema que el Gobierno nacional busca aprobar es el Presupuesto 2026: la gestión libertaria prorrogó durante sus dos primeros años la normativa sancionada para el 2023 y es una de las condiciones que le pidieron los gobernadores para luego, poder avanzar con las reformas anunciadas por el Gabinete nacional.

En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Los asuntos a tratar serán los siguientes:

- Presupuesto 2026

- Inocencia Fiscal

- Compromiso nacional para la…

— Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2025

Si bien el proyecto de ley, tal como lo envío el Poder Ejecutivo de la Nación el pasado 15 de septiembre, ya fue dictaminado, deberá pasar nuevamente por la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque fue despachado dentro del período ordinario  y su vigencia concluyó el viernes pasado. De todos modos, el oficialismo especuló siempre con esa posibilidad ya que planeaba abordarlo después del recambio por el que pasó de tener 37 miembros a 95.

La “ley de leyes” será tratada por la comisión que preside Bertie Benegas Lynch y pasará al recinto en búsqueda de la media sanción. Luego, cuando llegue al Senado, Ezequiel Atauche convocará a Presupuesto y Hacienda para repetir el proceso. En síntesis, el oficialismo buscará diagramar un tratamiento exprés para poder cerrar el año calendario con el Presupuesto sancionado.

El segundo punto del temario de sesiones extraordinarias es el proyecto de ley de inocencia fiscal: Fue presentado en junio por José Luis Espert como orador desde Casa Rosada y propone aumentar los montos tipificados en el delito de evasión fiscal. El marco regulatorio actual tiene fijado los montos en 1.5 millones de pesos y la iniciativa busca llevarlo a 100 millones de pesos.

Luego siguen las reformas que el presidente Milei va a presentar en cadena nacional el próximo martes a la noche: el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la modernización laboral y la reforma al Código Penal de la Nación.

Por último, el temario incluye al proyecto de adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. Este tema se coló sobre el final y fue solicitado por algunos gobernadores patagónicos.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas desde el próximo miércoles 10 de diciembre al miércoles 31 de diciembre. Serán cuatro semanas con un total de 13 días hábiles. Obviamente habrá un segundo tramo de extraordinarias que contemplará tal vez la segunda parte de enero y todo el mes de febrero.

Será este mismo viernes, o pasará a lo largo de este último fin de semana largo del año, pero lo cierto es que el presidente Javier Milei firmará en estas horas el decreto que, tras su publicación en el Boletín Oficial del martes 9, convocará al Congreso a sesiones extraordinarias. La fecha tentativa es la que siempre se mencionó: miércoles 10 de diciembre, primer día en el que los mandatos de los diputados y senadores nacionales elegidos el 26 de octubre y que ya prestaron el juramento correspondiente, comienzan a regir formalmente. Y todo indica que sería hasta fin de mes (30 de diciembre), aunque algunos no descartan la posibilidad de que la convocatoria se haga “de un tirón” hasta el último día de hábil de febrero (viernes 27), cuestión de tener todo listo y sin necesidad de emitir decretos complementarios a lo largo del verano.

Como sea, no hay mayor misterio en torno a los temas a tratar: Presupuesto 2026 e inocencia fiscal, son las prioridades del mes de diciembre; en tanto que la modernización laboral, las reformas al Código Penal, la tributaria y la Ley de Glaciares figurarán también en el temario.

De estas últimas, la que podría ser incluida dentro del texto del decreto que se conocerá la medianoche del martes es la reforma laboral, cuyos detalles circularon intensamente por algunos medios en las últimas horas. En caso de ser incluido el tema en el mismo -como todo indica-, comenzaría a ser debatido en la Cámara alta, mientras Diputados hace lo suyo con la ley de leyes. Al respecto, el dictamen alcanzado en noviembre pasado por el Presupuesto -en realidad fueron cuatro- perdió vigencia al cambiar la conformación de las cámaras.

Así las cosas, dicho dictamen debería ser debatido en comisiones a lo largo de la semana que viene y, a más tardar, tener dictamen el martes 16, para su tratamiento en el recinto el día posterior. Tal cual suele suceder con los tratamientos de los presupuestos en el Senado, allí el tema debería tener un trámite exprés, posiblemente entre las fiestas.

En cuanto a la modernización laboral, algunos optimistas especulan con una media sanción antes de fin de año. Se verá. El proyecto está “terminado pero en revisión”, señalan algunas fuentes oficiales, y podría llegar a conocerse oficialmente este martes. El mismo incluiría flexibilización de jornadas, bancos de horas, indemnizaciones escalonadas y restricciones a la huelga.

En cuanto al proyecto de inocencia fiscal, el mismo ingresó al Congreso el 6 de junio pasado, pero nunca fue tratado en comisión. Propone instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino. Según palabras del Gobierno, la propuesta prevé dejar de lado un régimen que definen como “persecutorio” aplicado por el fisco, donde se partía de una presunción de culpabilidad del contribuyente.

El texto propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas. En un segundo capítulo, establece modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de armonizar el régimen de prescripción en materia tributaria y de la seguridad social. Además, se incorpora la posibilidad de prever plazos reducidos en las leyes de previsión social, en condiciones análogas a las contempladas en materia impositiva.

Por otro lado, impulsa la creación de un régimen especial y simplificado aplicable a la recién implementada declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, que alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan ciertos requisitos patrimoniales y de ingresos.

Lo que tiene que ver con glaciares y la reforma del Código, se conocerá más a fondo en las próximas semanas y quedará para su debate en el mes de febrero. No se descarta que alguno de estos temas, sobre todo las modificaciones penales, queden para llegar al recinto a lo largo del período ordinario.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre, integrado por 24 ediles, aprobó el presupuesto para el ejercicio financiero 2026, que contempla una suma de $578.906.001,955 destinada a las distintas áreas del Municipio. La votación contó con el respaldo mayoritario de los representantes, lo que permitió la sanción de la iniciativa.

Del total, el 79% provendrá de recursos propios del Municipio, mientras que un 20% será aportado por la Provincia y el resto por la Nación. Con esta distribución, la gestión local busca garantizar la continuidad de la obra pública y atender las necesidades de la comunidad en sectores clave como salud, educación y cultura.

El intendente Julio Zamora celebró la aprobación y destacó que el presupuesto “contempla el equilibrio fiscal y nos permite continuar con el crecimiento de la comunidad”. Además, subrayó que durante 2026 se impulsarán políticas de empleo y capacitaciones laborales, junto con la consolidación de hospitales y centros de salud, incluyendo la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos.

Las áreas con mayor asignación serán Obras y Servicios Públicos, Salud y Protección Ciudadana. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos dispondrá de más de $297 mil millones para mantenimiento de espacios verdes, higiene urbana, deportes y cultura. En tanto, Salud recibirá más de $132 mil millones, con un incremento porcentual respecto del ejercicio anterior, destinados al funcionamiento de hospitales y centros especializados.

Por su parte, el presidente del HCD, Miguel Escalante, valoró el consenso alcanzado y sostuvo que “cuando se trata de la comunidad de Tigre, aún en las diferencias, todos remamos hacia el mismo lugar”. La aprobación también contempla partidas para Protección Ciudadana, con más de $56 mil millones, y para Inversión Pública, con más de $45 mil millones, que financiarán obras en polideportivos, escuelas y espacios urbanos, consolidando un plan integral de desarrollo para el distrito.

Después de intensas negociaciones y de que casi cayera la sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó con 38 votos positivos y 21 negativos el Presupuesto para el 2026 en el cual se prevén cambios en el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), pone el foco en la obra pública y la reducción de la carga tributaria para prestadores de servicios no profesionales.

La medida contó con el aval de los bloques Vamos por Más (VxM), La Libertad Avanza (LLA), Consenso Federal (CF), Coalición Cívica (CC ARI), Unión Cívica Radical - Evolución (UCR-Ev), Confianza Pública (CP), Volver al Futuro (VF) y Republicanos Unidos (RU); y el rechazo de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

El texto en cuestión estima un presupuesto de 17,3 billones de pesos, el cuál toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: en ese sentido, se calcula un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

De acuerdo a las proyecciones del Gobierno porteño en la Ley de Leyes, la misma tendría un resultado financiero superavitario de seis mil millones de pesos.

En lo que respecta a los gastos en servicios esenciales como educación, salud y promoción y acción social, el Ejecutivo porteño determinó que contemplen la mayor parte de la inversión: el 61,7% del presupuesto, con un crédito de 10,6 billones de pesos.

En este sentido, educación es el área con mayor participación, con el 20% del total, equivalente a 3,4 billones. Mientras que salud representará el 16,5% del gasto, con 2,8 billones de pesos, los cuales serán destinados a sumar nuevos Centros de salud y Acción Comunitaria (CESAC) y tecnología en el caso de los hospitales.

A la vez que Promoción y Acción Social contará con el 9,3%, unos 1, 6 billones de pesos; y en materia de seguridad, se prevé una asignación del 15% del presupuesto, lo que implica un crédito de 2, 6 billones.

Por su parte, los intereses y gastos de la Deuda Pública tendrán una participación del 1,5%, con 253 mil millones proyectados para 2026.

Uno de los puntos más relevantes de este presupuesto tiene que ver con la obra pública, ya que se contempla el inicio de la construcción de la Línea F de la red de subterráneos. De esta manera, el gasto de capital alcanzará el 20% del presupuesto en 2026, por encima del promedio histórico del 16%. Transporte será la función más relevante, con 5,9% del total, cifra que cuadruplica la inversión de 2023.

En cuanto al avance de dicha línea de subterráneos, el presupuesto contempla 285.164 millones para las primeras etapas de ingeniería, obra civil y equipamiento, que se desarrollarán en cinco años, con un costo total estimado en 1.500 millones de dólares.

En tanto la licitación nacional e internacional se abrirá en octubre y se espera que las obras comiencen en el segundo semestre del año que viene. Cabe señalar que el proyecto también contempla una serie de obras tendientes a mejorar la movilidad urbana.

En lo que respecta al ABL, el Gobierno porteño informó que el mismo sufrirá algunas modificaciones. Es que según informaron desde la gestión de Macri, el esquema implementado durante el 2025 (inflación + zona geográfica) logró que este tributo que grava el patrimonio recupere progresividad en el sistema tributario. Sin embargo, debido a las diferencias en las valuaciones que convivían entre los distintos barrios se decidió hacer modificaciones.

De esta manera, el impuesto inmobiliario se actualizará sólo por la inflación. En tanto, la tasa del ABL también ajustará por el índice de precios en aquellos inmuebles con una valuación fiscal igual o inferior a 32 millones de pesos; en el caso que el valor fiscal sea superior a ese monto, el mecanismo será inflación más 1% mensual.

En relación a las patentes, se reestructuró el cálculo del impuesto automotor mediante nuevas escalas y alícuotas. Es así que el próximo año continuará aplicándose este sistema, que determina el tributo según la valuación de octubre de 2025. Del total de 1.115.726 vehículos alcanzados, el 92% se ubica en los tres tramos más bajos, con una alícuota máxima del 3,5%.

Finalmente, una de las novedades más relevantes del proyecto es que se busca la exención total o la reducción gradual de la carga tributaria para prestadores de servicios no profesionales inscriptos en el Régimen Simplificado.

Este cambio alcanzaría a los sectores de plomería, electricidad y gas, además de peluquería, centros de estética, administración de consorcios, fotografía y limpieza, entre otros.

Después de numerosas negociaciones y fuertes internas políticas, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde pasadas las 21 en el recinto para llevar a cabo una nueva y maratónica sesión ordinaria, en la que se pondrá en debate el Presupuesto 2026 y otros 500 proyectos.

La reunión estuvo a punto de caerse por la falta de acuerdos entre las distintas fuerzas, pero finalmente este jueves se llevó a cabo la reunión de labor parlamentaria en la que se acordaron los temas a debatir. Arrancó por la tarde, pero solo para aprobar un cuarto intermedio hasta las 20.30, que se extendió algo más de media hora más, pero finalmente se pudo poner en marcha.

Sin lugar a dudas, todos los focos están puestos sobre la aprobación del Presupuesto 2026, uno de los principales intereses del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

El texto en cuestión estima un presupuesto de 17,3 billones de pesos, el cual toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: en ese sentido, se calcula un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

De acuerdo a las proyecciones del Gobierno porteño en la Ley de Leyes, la misma tendría un resultado financiero superavitario de seis mil millones de pesos. Además, prevé el avance de grandes obras de infraestructura para el distrito capitalino.

En el marco de un año atípico para la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que hubo pocas sesiones, pero una intensa actividad parlamentaria en comisiones, el oficialismo pensaba cerrar el 2025 a lo grande, con una sesión maratónica en la que se aprobarían importantes proyectos.

Sin embargo, según informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com, la sesión ordinaria de este jueves estaría en grave peligro: el oficialismo no habría alcanzado los acuerdos necesarios para lograr la aprobación del Presupuesto 2026 y otras iniciativas, de manera tal que la oposición no daría quórum.

La falta de acuerdo entre los espacios tiene que ver con distintas peticiones: bajas en impuestos, quitas de otros, modificaciones en el presupuesto, exenciones de distintas índoles, entre otros puntos. Además, se mezclan otro tipo de negociaciones: quienes serán las nuevas autoridades de la Casa tras el recambio parlamentario y quienes podrían presidir las comisiones en el próximo periodo.

Lo cierto es que, ante este panorama, el encuentro en el recinto que estaba pautado para mañana se caería y sería reprogramado para el próximo jueves 4 de diciembre. Esto podría obligar a que la Legislatura deba reprogramar la sesión preparatoria que estaba pensada para esa misma fecha.

En tanto el lunes 1 de diciembre se realizará una sesión especial en la que el jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Gabriel Sánchez Zinny, se presentará ante los diputados para darles detalles acerca de la gestión de Jorge Macri durante el año y los desafíos para el 2026; así como también responder sus inquietudes.

A días de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ponga en debate el Presupuesto 2026, la presidenta del bloque Unión por la Patria (UP) y una de las ganadoras de los Premios Parlamentario 2025, Claudia Neira, exigió que se introduzcan cambios en el proyecto para eliminar los ingresos brutos a los monotributistas.

A través de sus redes sociales, la peronista afirmó que “necesitamos que los monotributistas, a quienes Javier Milei quiere aumentar los impuestos, dejen de pagar Ingresos Brutos en la Ciudad” e indicó que “también es necesario acompañar a los sectores gastronómicos que están tan golpeados y a los clubes de barrio, que son de los últimos espacios de contención de los jóvenes en este contexto social”.

“Con la emisión de deuda de Jorge Macri, la Ciudad va a contar con 200 millones de dólares adicionales: esto es más que suficiente para incorporar las bajas de impuestos que impulsa nuestro bloque. Sin embargo, no parece estar en la agenda del oficialismo ni sus aliados de LLA”, sentenció.

Cabe recordar que según informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com, el jueves 27 de noviembre la Casa llevará a cabo una sesión ordinaria en la que pondrá a consideración de los legisladores el Presupuesto 2026, estimado en 17,3 billones de pesos, el cual toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: en ese sentido, se calcula un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

Después de un año atípico con poca actividad en el recinto e intensas reuniones de comisión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para cerrar el año a puro trabajo: se fijaron las fechas para el debate del Presupuesto 2026, el informe del jefe de Gabinete y la sesión prepatoria y elección de autoridades.

Según pudo saber parlamentario.com, el jueves 27 de noviembre la Casa llevará a cabo una sesión ordinaria en la que pondrá a consideración de los legisladores el Presupuesto 2026, estimado en 17,3 billones de pesos, el cual toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: en ese sentido, se calcula un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

En tanto el lunes 1 de diciembre se realizará una sesión especial en la que el jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Gabriel Sánchez Zinny, se presentará ante los diputados para darles detalles acerca de la gestión de Jorge Macri durante el año y los desafíos para el 2026; así como también responder sus inquietudes.

Finalmente, el 3 o 4 de diciembre se llevará a cabo la sesión preparatoria, en la que se elegirán las nuevas autoridades de la Legislatura de la Ciudad y se le tomará juramento a los legisladores que fueron electos en los últimos comicios.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reiteró que los temas que se tratarán en extraordinarias serán “principalmente Presupuesto, modernización laboral y reforma tributaria. En ese orden”. Y apuntó en ese sentido que “vamos a trabajar coordinados con el Senado para ir adelantando lo más rápido posible”. Contó que han iniciado recorridas en las provincias que definió como “el tour de la gratitud”, y no descartó que ello implique ir instalando la idea de la reelección.

Entrevistado en el canal TN, el riojano aclaró que todo lo que se dice en torno a los textos que debatirán los legisladores no es acertado, dado que los que hablan “no conocen la letra de los proyectos que va a mandar el Gobierno, ni nosotros lo conocemos”; al tiempo que resaltó la importancia de la ley de modernización laboral, dado que hay “ocho millones y medio (de personas) en la informalidad”.

Minimizó en ese sentido las críticas hacia el proyecto laboral, enfatizando que el mismo representa “un incentivo en el sistema para que esa gente pase a la formalidad. Los que tanto dicen defender a los laburantes deberían estar interesados en que pasen a la formalidad”.

Al preguntársele cuándo fue la última vez que se trató una reforma laboral, Menem citó a “la fallida del 2001”, y remarcó que “era muy chico yo”.

El presidente de la Cámara señaló que están trabajando en el proyecto de reforma laboral “Toto Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, para llegar a una muy buena modernización para que la gente entre al sistema”.

Con todo, aclaró que “lo prioritario va a ser el presupuesto, pero vamos a ir trabajando en paralelo el resto”. Entre esas cuestiones está la reforma del Código Penal, respecto a lo cual Menem dijo que buscan “que los delincuentes tengan mayores penas para que la gente esté más segura en las calles”.

“Están terminando de definir (los proyectos), todavía no han ingresado, por lo que cualquier opinión es poco seria”, agregó.

Respecto del acuerdo anunciado con los Estados Unidos, Martín Menem dijo que “hay una coincidencia ideológica con (Donald) Trump en el rumbo”. A su juicio, “la gente vive mejor en este tipo de países; a los que abrazan las ideas del socialismo les ha ido mal”.

Por otra parte aseguró que “los viajes del presidente están rindiendo sus frutos; y en materia de inversiones es fenomenal… Tenemos que estar orgullosos del presidente que tenemos”.

Respecto de las negociaciones con los gobernadores, el presidente de la Cámara consideró que “en ningún momento se perdió la confianza” de los mismos, y atribuyó algunos cruces a “la previa electoral”. “Hay expresiones que se tensan un poco, pero todo vuelve después a la normalidad”.

“La confianza está instalada con los gobernadores; queremos seguir trabajando junto a ellos, queremos que la Argentina se encamine hacia un mismo rumbo y los gobernadores nos tienen que acompañar”, agregó en otro pasaje en el que destacó que el mensaje de las urnas “ha sido contundente”, y tomó como un dato en ese sentido que la semana pasada en Córdoba se haya anunciado una baja de impuestos.

Sobre el final, al ser consultado sobre la causa ANDIS en la que se lo ha involucrado junto a su primo Lule Menem, el presidente de la Cámara baja remarcó que “la justicia tiene que investigar sin intervención del poder político”, pero destacó que “el dictamen del fiscal no menciona a nadie, porque hay algunos periodistas pícaros que con toda mala fe tienen como un embarazo psicológico con los Menem, y el dictamen del fiscal no menciona nombres”.

Menem concluyó resaltando el “vínculo de trabajo y de confianza” constituido con Karina Milei, en el marco de la instalación del partido La Libertad Avanza en todo el país, y anunció que la semana pasada empezaron lo que definió como “el tour de la gratitud”.

“Sembramos la semilla de La Libertad Avanza y el 26 de octubre dio su fruto -apuntó-. En las elecciones conseguimos 64 de los 127 diputados que se eligieron, o sea la mitad más uno; y 13 senadores de 24, también la mitad más uno. Ahora empezamos una gira de agradecimiento, porque queremos seguir trabajando en las provincias, queremos que las provincias adopten esta agenda”.

Cuando Franco Mercuriali le preguntó si esa era una gira de campaña para la reelección, Menem la enmarcó en un intento de “agradecerle a la gente de todos los distritos”, y admitió: “Seguramente esa base será la que nos va a llevar a consolidar el proyecto del presidente, y seguramente vamos a trabajar para la reelección del presidente en 2027. No tengan dudas”.

En la Casa Rosada, Javier Milei encabezará reuniones con su equipo económico y político para ajustar el proyecto que será enviado al Congreso. El desafío no es menor: con La Libertad Avanza arañando las 90 bancas en Diputados (en modo interbloque se acercaría al centenar) y una veintena de senadores propios, el oficialismo depende de acuerdos con bloques aliados y gobernadores para alcanzar mayorías simples y, en algunos casos, los dos tercios.

El ministro del Interior, Diego Santilli, será el encargado de tender puentes. Luego de reuniones que ha mantenido con Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Martín Llaryora, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa y Carlos Sadir, este lunes recibirá a Alberto Weretilneck (Río Negro), y continuará con una agenda federal que incluye temas fiscales, obras públicas y el paquete de reformas. Su misión: sumar voluntades en provincias para que sus legisladores acompañen las leyes clave.

A propósito de eso, en el caso del gobernador rionegrino, éste resultó muy afectado por la elección del 26 de octubre, ya que se quedó sin diputados y senadores, por lo que su poder negociador con el Gobierno nacional ha quedado muy resentido.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo coordinará la estrategia política. Aunque sin agenda pública confirmada, se espera que participe en reuniones internas para definir cómo negociar en un Congreso fragmentado, donde el oficialismo busca armar interbloques con sectores del Pro y partidos dialoguistas.

El miércoles, Milei participará en un evento de Corporación América, reforzando su mensaje de apertura económica y previsibilidad para atraer inversiones, mientras negocia en el plano interno.

Con el peronismo reducido a 28 senadores y sin aliados sólidos, el Senado se presenta como un terreno menos hostil que en otras gestiones, pero aún complejo para aprobar reformas profundas. En Diputados, la clave será la ingeniería parlamentaria: sin interbloque con el Pro confirmado, cada voto cuenta.

El Presupuesto 2026 será la primera prueba de fuego para esta estrategia. Si el Gobierno logra aprobarlo sin sobresaltos, enviará una señal de gobernabilidad hacia adentro y hacia afuera.

A semanas de que finalice el año parlamentario, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para debatir el Presupuesto 2026 y la Comisión de Presupuesto, a cargo de la legisladora de Vamos por Más (VxM) Paola Michielotto, firmó los dictámenes favorables de los proyectos sobre la Ley Arancelaria, la Ley Impositiva y el del Código Fiscal.

Según pudo saber parlamentario.com, la Ley de Leyes será debatida en el recinto en los próximos días, ya que la intención del Ejecutivo es tener aprobada la norma antes del recambio del cuerpo parlamentario.

En ese contexto, Michielotto destacó “el trabajo realizado hasta el momento por la Comisión, ha sido un proceso de escucha, análisis y diálogo responsable que nos permitió tener una mirada más clara y saber cuáles van a ser los desafíos para el próximo año”.

También remarcó “el compromiso de todos los bloques que, más allá de las diferencias, pudieron hacer sus aportes, sus miradas, y las distintas propuestas que se ven reflejadas en los dictámenes que vamos a poner en tratamiento”.

Por su parte, el legislador de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Lucio Lapeña resaltó que varios de los aportes realizados por su bloque “han sido tenidos en cuenta" aunque consideró que "todavía falta mucho por debatir y buscar punto en común”; mientras que la presidenta del bloque Unión por la Patria (UP), Claudia Neira, sostuvo que “según este presupuesto, el Estado no debe tener política de vivienda" y sentenció que "todavía estamos a tiempo de cambiarlo, de hacer algo por los porteños”.

El Presupuesto 2026

El texto en cuestión estima un presupuesto de 17,3 billones de pesos, el cuál toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: en ese sentido, se calcula un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

De acuerdo a las proyecciones del Gobierno porteño en la Ley de Leyes, la misma tendría un resultado financiero superavitario de seis mil millones de pesos.

En lo que respecta a los gastos en servicios esenciales como educación, salud y promoción y acción social, el Ejecutivo porteño determinó que contemplen la mayor parte de la inversión: el 61,7% del presupuesto, con un crédito de 10,6 billones de pesos.

Uno de los puntos más relevantes de este presupuesto tiene que ver con la obra pública, ya que se contempla el inicio de la construcción de la Línea F de la red de subterráneos. De esta manera, el gasto de capital alcanzará el 20% del presupuesto en 2026, por encima del promedio histórico del 16%. Transporte será la función más relevante, con 5,9% del total, cifra que cuadruplica la inversión de 2023.

En cuanto al avance de dicha línea de subterráneos, el presupuesto contempla 285.164 millones para las primeras etapas de ingeniería, obra civil y equipamiento, que se desarrollarán en cinco años, con un costo total estimado en 1.500 millones de dólares.

En lo que respecta al ABL, el Gobierno porteño informó que el mismo sufrirá algunas modificaciones. Es que según informaron desde la gestión de Macri, el esquema implementado durante el 2025 (inflación + zona geográfica) logró que este tributo que grava el patrimonio recupere progresividad en el sistema tributario. Sin embargo, debido a las diferencias en las valuaciones que convivían entre los distintos barrios se decidió hacer modificaciones.

De esta manera, el impuesto inmobiliario se actualizará sólo por la inflación. En tanto, la tasa del ABL también ajustará por el índice de precios en aquellos inmuebles con una valuación fiscal igual o inferior a 32 millones de pesos; en el caso que el valor fiscal sea superior a ese monto, el mecanismo será inflación más 1% mensual.

En relación a las patentes, se reestructuró el cálculo del impuesto automotor mediante nuevas escalas y alícuotas. Es así que el próximo año continuará aplicándose este sistema, que determina el tributo según la valuación de octubre de 2025. Del total de 1.115.726 vehículos alcanzados, el 92% se ubica en los tres tramos más bajos, con una alícuota máxima del 3,5%.

Finalmente, una de las novedades más relevantes del proyecto es que se busca la exención total o la reducción gradual de la carga tributaria para prestadores de servicios no profesionales inscriptos en el Régimen Simplificado.

A días de que finalice el año parlamentario, el Pro –dirigido por el diputado de Vamos por Más (VxM) Darío Nieto- se encuentra trabajando a toda velocidad para lograr reunir los votos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2026, que establece un gasto de 17,3 billones de pesos y hace especial énfasis en la obra pública.

Según trascendió, el oficialismo porteño estaría dialogando sobre los pedidos de las distintas fuerzas políticas para así lograr el apoyo necesario para que sea aprobada la iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

De esta manera, desde la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) se solicitó avanzar con el otorgamiento de un título de uso precario y gratuito de un predio en favor de la Fundación Vientos de Amor, el cual se encuentra ubicado en Avenida Varela 969 y Arrotea 952, en el barrio de Flores. Mientras que el bloque Volver al Futuro (VF) solicitó lo mismo para la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), con un inmueble ubicado en Avenida Jujuy 1341/1343.

En ese mismo sentido, desde Unión por la Patria (UP) pidieron conceder al Club Sportivo Barracas el uso gratuito del espacio bajo la autopista 9 de Julio Sur, entre Iriarte y Río Cuarto, por dos décadas; que el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios (SUTERH) utilice un tramo de la autopista 25 de Mayo, entre San Pedrito y Castañón, por el mismo plazo; y que se le otorgue al Club Atlético Boca Juniors el uso exclusivo y gratuito de aceras y fracciones de veredas en las inmediaciones del estadio, sobre las calles Wenceslao Villafañe y adyacentes.

Por su parte, Confianza Pública (CP) exigió regularizar el uso del predio delimitado por Avenidas Santiago de Compostela, Asturias y Castañares, a favor del Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina.

El Presupuesto 2026

El texto en cuestión estima un presupuesto de 17,3 billones de pesos, el cuál toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: en ese sentido, se calcula un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

De acuerdo a las proyecciones del Gobierno porteño en la Ley de Leyes, la misma tendría un resultado financiero superavitario de seis mil millones de pesos.

En lo que respecta a los gastos en servicios esenciales como educación, salud y promoción y acción social, el Ejecutivo porteño determinó que contemplen la mayor parte de la inversión: el 61,7% del presupuesto, con un crédito de 10,6 billones de pesos.

Uno de los puntos más relevantes de este presupuesto tiene que ver con la obra pública, ya que se contempla el inicio de la construcción de la Línea F de la red de subterráneos. De esta manera, el gasto de capital alcanzará el 20% del presupuesto en 2026, por encima del promedio histórico del 16%. Transporte será la función más relevante, con 5,9% del total, cifra que cuadruplica la inversión de 2023.

En cuanto al avance de dicha línea de subterráneos, el presupuesto contempla 285.164 millones para las primeras etapas de ingeniería, obra civil y equipamiento, que se desarrollarán en cinco años, con un costo total estimado en 1.500 millones de dólares.

En lo que respecta al ABL, el Gobierno porteño informó que el mismo sufrirá algunas modificaciones. Es que según informaron desde la gestión de Macri, el esquema implementado durante el 2025 (inflación + zona geográfica) logró que este tributo que grava el patrimonio recupere progresividad en el sistema tributario. Sin embargo, debido a las diferencias en las valuaciones que convivían entre los distintos barrios se decidió hacer modificaciones.

De esta manera, el impuesto inmobiliario se actualizará sólo por la inflación. En tanto, la tasa del ABL también ajustará por el índice de precios en aquellos inmuebles con una valuación fiscal igual o inferior a 32 millones de pesos; en el caso que el valor fiscal sea superior a ese monto, el mecanismo será inflación más 1% mensual.

En relación a las patentes, se reestructuró el cálculo del impuesto automotor mediante nuevas escalas y alícuotas. Es así que el próximo año continuará aplicándose este sistema, que determina el tributo según la valuación de octubre de 2025. Del total de 1.115.726 vehículos alcanzados, el 92% se ubica en los tres tramos más bajos, con una alícuota máxima del 3,5%.

Finalmente, una de las novedades más relevantes del proyecto es que se busca la exención total o la reducción gradual de la carga tributaria para prestadores de servicios no profesionales inscriptos en el Régimen Simplificado.

Mientras el Congreso de la Nación continúa analizando el Presupuesto 2026, la diputada de Unión por la Patria (UP) María Bielli se refirió a los gastos previstos por el Gobierno de Javier Milei para el próximo año y consideró que “representa un retroceso crítico en relación a los estándares previos”.

En ese sentido, la peronista aseveró que el texto “enviado en septiembre por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación se propone consolidar e institucionalizar el desfinanciamiento educativo. Decimos consolidar porque lo que hizo de hecho el Gobierno de Milei en los ejercicios fiscales 2024 y 2025 ahora buscará ser refrendado por un presupuesto que implica reducir a la mitad en dos años las partidas destinadas al área y avanzar de este modo hacia la virtual prescindencia del Estado Nacional con respecto a la educación en nuestro país. Hablamos de institucionalizar porque esta iniciativa propone derogar de las leyes los artículos que establecen parámetros de financiamiento”.

“La inversión educativa del Estado nacional se ha reducido a mínimos históricos durante el Gobierno de Milei. De aprobarse el proyecto actual, la educación tendrá asignados fondos equivalentes al 0,75% del PIB, la mitad de lo que tenía en 2023 (1,41%). Esta realidad nos lleva a preguntarnos qué tipo de país vamos a tener si la señal que damos desde el mismo presupuesto, la ley de leyes, es que la educación no vale nada”, continuó en diálogo con Infobae.

Fue entonces cuando se preguntó: “¿cómo se fomenta el desarrollo de un país mientras se reduce en un 88% los fondos para la Educación Técnica? Para el 2026 el proyecto propone una reducción del 56% sobre el presupuesto vigente en 2025. La caída es aún mayor con relación al presupuesto ejecutado en 2023: un 88% menos. Además, el proyecto de Ley deroga el artículo nro. 52 de la Ley de Educación Técnico - Profesional que garantiza el financiamiento del Fondo Nacional” y continuó indagando “¿cómo se estimula la formación de los jóvenes si se entregan 1 millón de becas menos? De cada 10 adolescentes, jóvenes y adultos que cobraban la beca Progresar ahora pasarán a ser 4. Por otro lado, el poder adquisitivo de la beca tuvo una pérdida de 40% en los últimos dos años. ¿Cómo se mejoran los aprendizajes si se ajustan los esfuerzos destinados a la formación docente? El Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) registra una caída del 12% entre el presupuesto vigente en 2025 y el proyectado para 2026. Pero la poda de esta partida, desde el inicio del gobierno, es de más del un 70%”.

“¿Cómo se generan condiciones para la enseñanza con los salarios docentes pulverizados? Las remuneraciones docentes son, junto a las del sector público, las que más perdieron en los últimos años. Una parte de esta pérdida se explica por la eliminación del FONID en enero de 2024. Y otra, por el salario mínimo de 500 mil pesos establecido unilateralmente por el Gobierno Nacional que funciona como un ‘ancla’ salarial. Esto explica también por qué no tuvo ejecución el Fondo de Compensación Salarial, ya que ese piso salarial irrisorio no compromete al gobierno nacional a utilizar este Fondo para asistir a las provincias que no lleguen a pagarlo”, siguió Bielli.

Finalmente, y entre otros tantos puntos, la peronista concluyó señalando que “las condiciones edilicias y de equipamiento de las escuelas es otro aspecto sobre el que el gobierno nacional decidió pasar su motosierra. Tanto la creación de nuevas escuelas, como la construcción de edificios para que funcionen instituciones que no tienen uno propio o las obras de ampliación de edificios existentes son acciones de desarrollo de la infraestructura escolar en las que el Estado nacional tuvo históricamente un importante protagonismo”.

En su nuevo rol de ministro del Interior, Diego Santilli, junto al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió a los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y a Manuel Orrego, de San Juan. Los dos mandatarios provinciales adelantaron su apoyo al proyecto de ley de Presupuesto 2026 que será tratado en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.

“No estamos para poner piedras”, pronunció el gobernador de Córdoba al salir de la reunión en Casa Rosada, quien destacó, además, que el Gobierno nacional pasó de “una etapa que era de agravios e insultos a una etapa que de diálogo que nos permita avanzar en los temas importantes”. También sostuvo que ve “con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y generar consensos para mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

El encuentro de este lunes se enmarcó en una serie de reuniones en las que el Gobierno nacional se propuso recibir a diferentes mandatarios. La semana pasada fue el turno del chubutense Ignacio Torres y el catamarqueño Raúl Jalil.

Por su parte, el mandatario sanjuanino reiteró que va a apoyar la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación. La semana pasada cuando el texto fue despachado y el oficialismo logró el dictamen de mayoría, Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo avaló con su firma la redacción elevada por La Libertad Avanza.

El país y nuestra provincia enfrentan juntos desafíos que requieren voluntad compartida. Por eso nos reunimos en la Casa Rosada con el nuevo ministro del Interior, @diegosantilli y al Jefe de Gabinete, @madorni: para darle a San Juan el protagonismo que merece y concretar… pic.twitter.com/67phM6v4FO

— Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) November 10, 2025

“Pudimos hablar de diferentes temas en general, aquellos que tienen que ver con las reformas estructurales que se quieren llevar adelante en la Argentina, estoy hablando de la reforma laboral, la reforma impositiva, y además la reforma integral del Código Penal. Pero además también pudimos tocar distintos temas que tienen que ver con nuestra jurisdicción”, manifestó Orrego al salir de Casa de Gobierno.

En tal sentido, el gobernador de San Juan aseguró que sus representantes en la Cámara de Diputados tendrán la postura de “acompañar el Presupuesto que proponga quien gobierna” y destacó que es necesario contar con uno “como hoja de ruta que marca el camino”. Además de Picón Martínez, a partir del recambio legislativo estará José Martín, quien reemplazará a María de los Ángeles Moreno en el bloque sanjuanino de Producción y Trabajo.

Las reformas del Gobierno nacional

Respecto a las reformas que vendrán incorporadas en el temario de sesiones extraordinarias, Llaryora opinó sobre el proyecto de ley de reforma laboral y consideró que “podemos sacar una modernización del trabajo sentando a los representantes de los sectores PyMEs y del sindicalismo”. Sin embargo, se mostró mesurado y expresó que “no se puede hablar sobre algo que no está presentado”.

De todos modos, el referente de Provincias Unidas habló de “trabajar (en un proyecto) el tema que nos interesa a todos que es que millones de argentinos están trabajando en la informalidad”. En esa línea, propuso “generar las condiciones” para que las empresas PyMEs puedan pasar a los empleados que tienen ‘en negro’ a tener aportes y obras social. Sim embargo, dejó una advertencia: “Si quieren ir por los derechos adquiridos, no cuenten con nosotros”.

El aporte de los representantes del Poder Ejecutivo cordobés en la Cámara de Diputados podría ser determinante en el recinto: serán seis los legisladores de ese espacio a partir del recambio parlamentario de diciembre.

Después de haber alcanzado el dictamen de comisiones, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, planteó un sinfín de críticas al contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Entre varias cuestiones, el santafesino se refirió al ajuste en materia educativa, obras públicas y asignaciones familiares: “A nivel nacional son 9.4 millones de argentinos que ya no van a tener una metodología automática de movilidad de los valores”.

En primera instancia, Martínez señaló que “es malo este (proyecto de ley) presupuesto porque desarma cualquier compromiso del Gobierno nacional con el financiamiento la educación”. Diferenció la postura del peronismo en la reunión del martes pasado y se refirió al financiamiento de las escuelas técnicas “hoy se está subejecutando a menos de un tercio”.

Entrevistado en el streaming Un Grito de Corazón, cuestionó que el dictamen que firmó el oficialismo junto al Pro, el radicalismo e Innovación Federal “no contempla mejoras para los jubilados que dependen de ANSES”. “En cambio nosotros propusimos un 7,2% que no lo dieron en el arranque del gobierno de Javier Milei, más la actualización del bono”.

En otro tramo de la conversación de la cual fue parte Agustín Rossi, el titular del principal bloque opositor agregó que el despacho de La Libertad Avanza “no garantiza el financiamiento para las cajas de jubilaciones que no fueron transferidas, a la Nación”. Explicó, en ese ítem, que “este año el Gobierno transfirió a las 13 cajas de jubilaciones 170 mil millones y nosotros proponemos seis veces eso que es 950 mil millones que es el cálculo de los gobernadores”.

Por otro lado, el legislador santafesino afirmó que “no hay nada de la obra pública”, y comparó: “En el último año del Frente de Todos, nosotros teníamos el 8% del Presupuesto destinado a gasto de capital, a inversiones en obras públicas. Ahora es el 2,3%”. “No existe la obra pública a nivel nacional”, sintetizó.

Después de que el Gobierno suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, Martínez indicó que “se sigue desfinanciando a las universidades” y manifestó que “ellos quieren 4,8 billones para las universidades públicas y nosotros proponemos el 7,3 que es lo que estipulan los rectores que se congregan en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”.

También, sostuvo que “perdemos el beneficio de la Zona Fría para los usuarios de gas, algo relativamente nuevo” porque “estamos hablando de más de 200.000 usuarios en la provincia de Santa Fe en 76 localidades, que es casi un millón de personas”, deslizó.

Finalmente, afirmó que “incumple con la Ley de Emergencia en Discapacidad porque la sigue sin financiar y algo no menor, quieren quitarle toda movilidad automática a las Asignaciones Familiares”. “No solamente la AUH, sino a todo el sistema de asignaciones familiares que cobran los trabajadores en relación de dependencia”, añadió.

“A nivel nacional son 9,4 millones de argentinos que ya no van a tener, si prospera el presupuesto del Gobierno, una metodología automática de movilidad de los valores de las asignaciones familiares”, concluyó Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.

Tras los 15 días de rondas presupuestarias donde todos los ministros asistieron a la Legislatura porteña para brindar detalles a los diputados de sus partidas planificadas para el 2026, la comisión de Presupuesto, presidida por la oficialista Paola Michielotto (VxM), continúa avanzando con el tratamiento de los proyectos de Código Fiscal, Ley Impositiva, Ley Arancelaria y Presupuesto General para el próximo año.

Durante el encuentro, donde estuvieron los diputados miembros de la comisión, expuso el titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Germán Krivocapich, y el Director General de Ingresos Públicos, Demian Tujsnaider.

Durante la primera media hora, vecinos y representantes sectoriales expusieron sus inquietudes. Entre ellos, estuvo Adrián Laroca, presidente de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, quien solicitó equiparar la alícuota de establecimientos geriátricos con la del sector salud (1,1%), destacando que en los últimos 15 años el número de geriátricos en CABA se redujo; mientras que Marcela Romano y Adriana Fernández representaron al Parque Cultural Estación Colegiales para solicitar que se especifiquen las partidas presupuestarias para la integración paisajística de 7.000 metros cuadrados de tierras.

Luego de las exposiciones de vecinos, los diputados comenzaron con la reunión e hicieron propuestas y preguntas para el funcionario de la AFIP. Entre ellas estuvieron la propuesta de eliminar el artículo 15 de la Ley Impositiva que grava ahorros, se planteó la preocupación por el gravamen a tenedores de criptomonedas y fondos comunes de inversión, destacando la necesidad de fomentar nuevas formas de ahorro y se solicitó mayor especificación sobre la exención de ABL para instituciones de gestión privada de educación especial.

También se consultó sobre la posible atención presencial en comunas para facilitar el acceso a la moratoria, especialmente para adultos mayores que requieren reconocimiento facial y claves digitales, herramientas virtuales que tal vez no son fáciles para las personas mayores, mientras que los clubes de barrio estuvieron presentes a través de la propuesta de extender beneficios impositivos a clubes de barrio, tanto para propietarios como para inquilinos.

Germán Krivocapich aprovechó para hacer un balance de cómo está funcionando la moratoria que fue aprobada por la Legislatura en septiembre y destacó que desde el inicio del plan (lunes pasado) no se han reportado inconvenientes masivos y que se mantiene un seguimiento diario de las métricas.

Se acordó trabajar en la reglamentación que establezca la exhibición visible de cartelería sobre transparencia fiscal en establecimientos comerciales y la diputada Michielotto anunció que se continuará trabajando para lograr consensos y obtener un despacho de los proyectos con el objetivo de “llevar al recinto un régimen que integre lo planteado por los diferentes bloques”.

El jefe del bloque Coherencia, el diputado Carlos D'Alessandro, confesó sentirse "desilusionado" con La Libertad Avanza por "haber perdido el objetivo del cambio", al tiempo que cuestionó que muchos integrantes del Gobierno ya estuvieron en otras gestiones y, en ese sentido, dijo: "Yo veo un tercer gobierno de la Alianza".

"Estoy desilusionado del espacio. A mí (Javier) Milei no me desilusiona, sí me desilusiona el Gobierno, porque yo veo un tercer gobierno de la Alianza, porque integrantes del gobierno de (Fernando) De la Rúa y de (Mauricio) Macri ahora están como integrantes del gobierno de Milei. Eso me desilusiona, haber perdido el objetivo del cambio y haber puesto gente nueva que busque lo nuevo para Argentina; los que estuvieron buscan exactamente lo mismo", expresó.

En cuanto a la posición del bloque que preside, conformado por cuatro exlibertarios, el puntano señaló que se paran contrarios al oficialismo "cuando sentimos que la relación sociedad-Gobierno se desvía y cuando vemos que lo que prometimos en 2023 no está dentro del encuadramiento que el Gobierno está buscando".

"El Gobierno tuvo un apoyo grande en las elecciones, pero perdió un montón de votos en el camino también", apuntó y observó que hoy día "no hay quien canalice la esperanza del pueblo argentino detrás de sus espaldas", por eso el triunfo del espacio liderado por el presidente. Además, cuestionó que "trazaron una estrategia del miedo, respaldada incluso por el presidente de Estados Unidos".

Por otra parte, en declaraciones radiales, D'Alessandro consideró que "tiene que haber una reforma laboral, pero los argentinos no pueden perder derechos". Recordó que "la Ley de Contrato de Trabajo tiene 50 años" y "el mundo y la empleabilidad ha cambiado". "Sí lo que necesitamos es una reforma sindical", agregó.

En cuanto al presupuesto, el legislador aseguró que debe aprobarse este año y expresó su adhesión al dictamen de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el MID -bloque con el que comparten interbloque-.

"No hicimos un presupuesto con desviación fiscal o como degenerados fiscales", sostuvo y, sobre la inclusión en ese despacho de las tres leyes vetadas e insistidas (discapacidad, Garrahan y universidades), el diputado explicó que se trata de que "el Ejecutivo cumpla con lo que el Poder Legislativo le envió".

Mientras se terminan de redactar las reformas anunciadas, el Gobierno nacional confirmó este miércoles que enviará al Congreso el llamado a sesiones extraordinarias: en principio, serían del 11 al 31 de diciembre con la posibilidad de que el período pueda extenderse. El temario que enviará el Poder Ejecutivo contemplará la modernización laboral, la reforma tributaria y una modificación al Código Penal de la Nación.

Asimismo, también estará el proyecto de ley de Presupuesto 2026, recientemente dictaminado tal como lo presentó Javier Milei el 15 de septiembre pasado, y se espera que sea el tema principal a pesar de que deberá volver a ser despachado si no se lleva al recinto antes del 30 de noviembre. De todos modos, la idea del oficialismo fue siempre demorarlo hasta que se efectivice el recambio legislativo que le permitirá nutrir sus bloques en ambas cámaras.

Según informaron fuentes consultadas, el Gobierno nacional no descarta ampliar el llamado más allá de enero del 2026. A su vez, es una posibilidad real de que sea incorporado al temario el proyecto que impulsa el uso de “dólares del colchón”, anunciado en mayo pasado.

Una vez que se oficialice el llamado, será la tercera vez que la gestión de Javier Milei lo haga: Ni bien asumió en diciembre del 2023, se utilizó la facultad para debatir la primera versión de la Ley de Bases, la cual se truncó el 6 de febrero del 2024 y postergó su aprobación para junio de ese año; en el anterior período, el llamado llegó para finales de enero con la premisa de avanzar sobre la eliminación de las PASO que, tras llegar un consenso con los aliados, resultó siendo una suspensión de las Elecciones Primarias.

Así las cosas, los acuerdos para tratar de acercar las partes que colaboren con La Libertad Avanza para que las iniciativas prosperen en el Poder Legislativo serán encabezadas por Manuel Adorni, en su nuevo rol de jefe de Gabinete; y Diego Santilli, flamante ministro del Interior.

Poco antes de la salida de Guillermo Francos, el Gobierno nacional recibió a 20 representantes provinciales con la intención de abrir el diálogo de cara al período extraordinario. Además de presentar las tres reformas, el Ejecutivo Nacional dejó en claro que está dispuesto a ceder en virtud de sancionar el proyecto de ley de Presupuesto 2026, tras prorrogarlo por dos períodos fiscales.

De todos modos, el Gobierno ya prepara a la nueva tropa libertaria, a quienes recibió durante este martes y miércoles en Balcarce 50, para adentrar en lo que será la nueva composición del Congreso de la Nación a partir de la segunda semana de diciembre.

El oficialismo llegó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda obligado como estaba por el emplazamiento votado a principios de octubre, pero con la intención de evitar que se firmara dictamen. La intención siempre fue postergar el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 hasta que asuma la nueva Cámara. Si la oposición tenía número para emitir dictamen, ahí sí presentarían también uno propio y, en ese caso, era clave contar con la mayoría de firmas que permitiera que el despacho del oficialismo fuera de minoría.

Eso fue lo que terminó pasando, pero con lo justo, pues el dictamen de LLA y sus aliados contó con 20 firmas, el mismo número que el de Unión por la Patria. Así las cosas, el voto del presidente de la comisión Bertie Benegas Lynch terminó desnivelando en favor del oficialismo, conforme establece el artículo 112 del Reglamento de la Cámara baja, que dice: “Si hubiera dos dictámenes con igual número de firmas, el dictamen de la mayoría será el que lleva la firma del presidente de la comisión o de quien presida el pleno de las comisiones”.

¿Habían hecho un poroteo previo que les permitiera llegar confiados a la firma de los dictámenes? “No”, confesó una alta fuente legislativa del oficialismo ante la consulta de parlamentario.com. ¿En serio no sabían si llegaban con las firmas para tener el dictamen de mayoría? “No lo sabíamos; había dudas sobre lo que fueran a hacer los de Encuentro Federal”, admitió el legislador.

Sin embargo, la emisión del dictamen no anticipa un tratamiento inmediato del Presupuesto. Si bien el dictamen ya habilita a que la ley de leyes pueda ser tratada en cualquier momento, el oficialismo no teme que eso suceda la próxima semana. Ni la otra.

La Libertad Avanza se propone dilatar el tratamiento en el recinto hasta el período extraordinario, con la nueva conformación de las cámaras, lo cual implica que haya que emitir un nuevo dictamen, habida cuenta de que los despachos caen al renovarse las cámaras. Así las cosas, en caso de que el proyecto se trate en diciembre, como se propone el Gobierno, deberá constituirse la nueva Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tendrá que emitir el dictamen correspondiente y luego si irá al recinto.

¿No temen que la próxima semana la oposición convoque a sesionar para tratarlo? “No, pero eso lo manejará Martín Menem”, repuso esta encumbrada fuente libertaria.

Sabe el oficialismo que después de la derrota electoral la oposición no hará un intento de sobreactuar la situación para forzar el tratamiento del Presupuesto ya, cuando lo más probable es que en ese caso no tengan quórum. Si un sector de la oposición buscara arrinconar en este tema al Gobierno, ahí sí actuarían seguramente los gobernadores para retirar el número de legisladores necesarios para que no haya sesión. De ahí que nadie piensa vaya a concretarse semejante sesión en el mes de noviembre.

El oficialismo junto a sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se alzó este martes con el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, su tratamiento y debate en el recinto en el tiempo que resta hasta el recambio parlamentario está abierto: hoy por hoy no están los votos para ningún lado y el Gobierno apuesta a patear la discusión para después del 10 de diciembre.

Aunque un sector de la oposición no descarta que puedan “aparecer” las voluntades y, en un consenso entre los que firmaron dictámenes alternativos, avanzar con esta composición (cuestión difícil), el desafío de la Casa Rosada -y del flamante, todavía no asumido, ministro del Interior, Diego Santilli- estará en la negociación con los gobernadores.

El dictamen del oficialismo y sus aliados y el de Unión por la Patria -principal bloque opositor- reunieron la misma cantidad de firmas: 20. Pero el presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, desempató con firma doble. Así, LLA, que en la previa pujaba porque este martes no se firme nada, se quedó con el dictamen de mayoría con 21 rúbricas, un texto que reproduce sin modificaciones la versión enviada por el Poder Ejecutivo, que sostiene el déficit cero como principal punto.

Al oficialismo lo acompañaron con disidencias sus aliados del Pro, la UCR, Liga del Interior (radicales “peluca”) y otros diputados que responden a sus gobernadores como el misionero Carlos Fernández (Innovación Federal), la salteña Pamela Calletti (Innovación Federal) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo).

Luego siguió el de UP, firmado por todos los integrantes de su bloque en la comisión, 20 en total. El santiagueño Bernardo Herrera, que no estaba en Buenos Aires, fue reemplazado.

El tercer dictamen fue el motorizado por Encuentro Federal, que prevé un superávit un poco menor al proyectado por el del Gobierno, y contó con 6 firmas. A Oscar Agost Carreño e Ignacio García Aresca -quien responde al gobernador cordobés Martín Llaryora- de EF, se sumaron Pablo Juliano y Mariela Coletta, de Democracia para Siempre; y Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID.

Finalmente, el otro despacho de minoría fue el del Frente de Izquierda, suscripto por Christian Castillo.

De los 49 miembros de la comisión no firmaron ningún dictamen Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre, quien estuvo ausente.

Los dictámenes de Unión por la Patria y de Encuentro Federal (y otros) contemplan las leyes vetadas e insistidas: son las emergencias pediátrica y en discapacidad y el financiamiento universitario. En tanto, el de UP también contempla aumentos a los jubilados.

El debate en comisión

La reunión arrancó con la palabra del diputado libertario Julio Moreno Ovalle, quien consideró “importantísimo” contar con un presupuesto, que significa “el plan de gobierno”, al que se debe “respetar”. Recordó las prioridades establecidas por el Gobierno, que son las de tener “equilibrio fiscal sostenido” y “tener claro que con los presupuestos anteriores primero se ubicaban los gastos y después la forma de financiación”. La cual, agregó, era “a través de emisión monetaria, aumento de impuestos, o préstamos, o sea deuda externa”.

“Ahora tenemos equilibrio fiscal, no vamos a tener entonces acceso a ningún préstamo, porque gastamos lo que se recauda”, señaló luego, para remarcar a continuación un dato: “Después de haber unificado los índices de actualizaciones, ese presupuesto tiene un aumento del 5,49% ya con datos actualizados en relación a la inflación”.

Y cerró: “Va a ser un presupuesto superador, que va a tender a la acción social y va a tender a las inversiones para reactivar la economía”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo anticipó que desde su bloque presentarán un dictamen propio de rechazo al Presupuesto del Ejecutivo que “quedó desfasado de la realidad, no resistió unos meses porque el esquema económico que planteaba se fue al tacho y tuvieron que ir a pedir rescate al secretario del Tesoro de Estados Unidos y a su presidente” que plantearon un swap de 20 mil millones de dólares.

“El presupuesto plantea una serie de supuestos que difícilmente se comprueben tanto en la idea de la meta inflacionaria, de crecimiento, como la consolidación de una caída muy importante en las partidas sociales en lo que hace a la educación, cultura y salud donde hay una caída del 3% comparado al 2023 respecto de las universidades públicas, arriba del 48% en la caída de cultura y educación general, una caída de las partidas para los hospitales sostenidos como el Bonaparte y el Posadas, una caída en la atención en políticas de violencia de género que pasó de cien mil personas a 434”, precisó Castillo.

El diputado de izquierda sumó que hubo caídas en políticas de vivienda donde el Estado “ha dicho que no vamos a hacer ninguna vivienda cuando hay una demanda de más de 4 millones de familias en emergencia habitacional”. Así, cuestionó que el Presupuesto consolida una dinámica donde “le damos beneficios a los que más tienen y ninguna solución a las demandas del pueblo”. También, señaló que se aumenta la carga impositiva a 21,7%, cae lo recaudado por bienes personales y cerró con un repudio a la Ley de Leyes y al anuncio de la reforma laboral.

A continuación, el cordobés de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño admitió que tenían expectativa respecto de que el Gobierno emitiera un decreto llamando a extraordinarias, en cuyo caso no hubieran avanzado con el dictamen. “No hemos logrado ver en el Boletín Oficial siquiera eso, por lo que nos vemos obligados a hacer lo que el Cuerpo nos obligó”, señaló el legislador, que recordó que llevamos “dos años sin presupuesto, sin control del Parlamento, y además un ministro de Economía que no viene al Congreso ni a defender este presupuesto, ni cuando es interpelado. Esos antecedentes nos obligan a avanzar con el dictamen”.

En el dictamen alternativo que ya había adelantado oportunamente el diputado Nicolás Massot que presentarían figuran las tres leyes vetadas por el Ejecutivos e insistidas por el Congreso, ya que no ven que figuren en el presupuesto que ha mandado el Gobierno. “Creemos que tienen que formar parte del proyecto”, remarcó.

Agost Carreño anunció que proponen un dictamen que tiene modificaciones sobre el proyecto original del Gobierno, pero que “lo más importante es que no atenta contra la idea del déficit cero. Vamos a discutir prioridades, eso es lo más importante”. Todo esto tiene el objetivo, dijo, de “ordenar no solo el equilibrio fiscal, sino el equilibrio republicano que fue roto el año pasado”.

Agost Carreño insistió en que incorporaron en el dictamen propio las tres leyes desconocidas por el Ejecutivo, como son las de Financiamiento Universitario; Emergencia en Discapacidad y Emergencia Pediátrica. Incluye también un refuerzo presupuestario a la educación superior; una asistencia financiera a FADEA, además de un segundo refuerzo atado a que suba la recaudación del año que viene más del 1%.

“Proponemos regularizar el mercado eléctrico mayorista, sincerando los pasivos que se esconden en CAMESA, para que el dinero que debe el Tesoro lo asuma el Tesoro, y no como pasa ahora que está en los documentos contables” de las empresas del área. Habló también de la protección al patrimonio estratégico nacional, de modo tal que no pase como sucedió con el Regimiento Patricios, y expresó en ese sentido la preocupación por versiones que hablan por ejemplo de la venta de inmuebles en Córdoba para cubrir gasto corriente. Y que en caso de que se venda patrimonio, que el 70% de lo que se obtenga por esas ventas pasen a ser activos del Estado y no gasto corriente.

El diputado Agost Carreño habló también de transparentar los intereses de la deuda pública; en tanto que respecto del empleo público se propone hacer una publicación trimestral y que haya un “tope de cubrimiento de vacantes”, en tanto que sobre el empleo privado, fortalecer el Fondo Nacional de Empleo.

Por último citó cuestiones tales como la continuidad del sistema científico tecnológico; atender la obra pública con relación por ejemplo a rutas puntuales, que prevean un mecanismo sin dañar el déficit fiscal. Asimismo garantizar recursos a las provincias de cajas no transferidas.

Finalmente incorporaron dos cuestiones que tienen que ver con eliminar las cuentas de jerarquización, que es una caja para pagar sobresueldos de funcionarios que tienen los mejores sueldos dentro del Estado.

“Todo esto nos da un número de 0,89% del PBI”, finalizó, aclarando que eso dependía de cómo el gobierno instrumentara la partida de discapacidad.

Por el bloque de Unión por la Patria, el diputado Carlos Heller también informó la presentación de un dictamen de rechazo “total” al Presupuesto “a partir de una cantidad de objeciones conceptuales porque este proyecto que está puesto a considerar avanza en consolidar un modelo de ajuste fiscal, en la idea del Estado ausente”.

Heller lo calificó como “un proyecto que está en las antípodas de las políticas que nosotros entendemos que se necesitan para superar esta situación que vive la Argentina”. Así, comparó: “Nosotros queremos un país diferente, con un Estado presente que atienda las necesidades del pueblo, que intervenga en la asignación de recursos, que cuide las prioridades de la ciencia, salud y educación, que defienda el federalismo y no un proyecto que entrega recursos, decisiones y nos deja a merced de decisiones que se toman fuera del ámbito de los organismos de gestión que establece la Constitución”.

Además, planteó que “el presupuesto no superávit fiscal, sino que lo oculta un déficit fiscal. El proyecto del Presupuesto no tiene en cuenta los intereses de una enorme parte de la deuda que tiene el Estado y no se contabiliza”. A su vez, criticó el cálculo del presupuesto con un dólar de $1300. “Todos los números que plantean están cubiertos solo de entusiasmo”, apuntó. Heller indicó que “es imprescindible que se incluyan las leyes de emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la recomposición del salario docente, la emergencia en salud”.

A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, dejó claro que la Argentina “necesita una ley de presupuesto que dé previsibilidad, para poder tener certeza del piso de financiamiento para universidades, obra pública… Por lo tanto, esta es una gestualidad importante: venimos a dictaminar con la conciencia de que la Argentina necesita una ley de presupuesto”.

Ahora bien, aclaró que no hablan de “cualquier presupuesto”. “Han quedado en claro las falencias que tienen el presupuesto (presentado por el Ejecutivo) en términos generales, sino que nuestro bloque planteó ante los funcionarios que asistieron”, recordó, e hizo hincapié de paso que no concurrió ni el ministro de Economía, ni el titular del Banco Central, ni los principales ministros del Ejecutivo.

“Lo cierto es que en todas esas reuniones fuimos dejando en claro que este proyecto, así como está, no parece darle a la Argentina las herramientas necesarias para alcanzar un camino de recuperación de la actividad económica, y de recuperación de la actividad productiva y de empleo en la Argentina”.

Germán Martínez aclaró que la propuesta que ellos hacen es la de que el Poder Ejecutivo tome el presupuesto y lo reformule, en función de una serie de cuestiones que contemplaban sobre todo los puntos clave que se están eliminando a través del artículo 30.

Aliada de LLA, por el Pro habló Germana Figueroa Casas. “Creemos que hay que sancionar un presupuesto, que la gestión pública tiene que estar ordenada y no manejarse por decisiones administrativas para poder tener un verdadero control parlamentario”, sostuvo y, en esa línea, afirmó que “el Estado necesita esta hoja de ruta que oriente el gasto, las inversiones, a los privados para saber a dónde estamos yendo”.

Tras definir que sancionar el presupuesto es “una señal de madurez institucional”, explicó por qué plantearon disidencias: “Faltaron algunas charlas, algunos análisis de artículos y observaciones, por eso firmamos con disidencia parcial. Hay aspectos que podrían tener revisión, ajustes para mejorar la asignación de recursos, fortalecer el federalismo y la transparencia”.

Desde Democracia para Siempre, el jefe de ese bloque, Pablo Juliano, criticó que “el dictamen del oficialismo está intacto”. Entonces, reflexionó que las conversaciones a las que fue convocada la oposición dialoguista “no movieron la aguja”. “¿Qué nota está tomando el Gobierno de las necesidades?”, se preguntó y agregó: “Nuestro dictamen, obviamente a los ponchazos, trata de contemplar reclamos de las provincias”.

La oposición que sometió a lo largo del año una y otra vez a derrotas legislativas al oficialismo, será puesta a prueba este martes a partir del mediodía, cuando se inicie la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada en el marco de un emplazamiento votado el 8 de octubre pasado. Será la primera vez que la oposición en su conjunto se enfrente a una situación de ese tipo luego de las elecciones del 26 de octubre que el Gobierno ganó con contundencia. Golpeada, la oposición todavía se muestra aturdida y sin poder acordar una estrategia para hacerle frente al Gobierno libertario.

Llega así a esta reunión clave de la comisión presidida por Bertie Benegas Lynch, en la que se propone emitir dictamen tal cual lo establecido en el emplazamiento. Previamente hubo ocho reuniones con diversos funcionarios, la última de las cuales se realizó el jueves pasado, cuando la visita del actual canciller Pablo Quirno.

En una de esas reuniones, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot anticipó la presentación de un dictamen que contemplaba las leyes cuyos vetos fueron rechazados por el Congreso, de modo tal que en lugar de calcularse un superávit del 1,5% del PBI, fuera del 0,9. El legislador bonaerense se encuentra de viaje y esa fue la razón por la que la semana pasada no estuvo en las reuniones desarrolladas en esa comisión. Para este martes tampoco estará, por lo que se anticipa que será reemplazado por otro diputado de esa bancada, el cordobés Oscar Agost Carreño.

La búsqueda de firmar un dictamen se encontrará con la postura oficialista de dilatar del debate hasta el recambio legislativo, cosa que aceptan por lo bajo varios opositores, aunque reclaman garantías explícitas de que el proyecto de Presupuesto será incluido en extraordinarias para su tratamiento y aprobación.

La posición favorable a la emisión de un dictamen prevalece en la oposición más dura que encarnan Unión por la Patria y la izquierda, aunque reconocen que necesitan 25 firmas y no será fácil conseguirlas. Si la oposición las consigue, el oficialismo exhibirá el dictamen correspondiente. Si lo primero no sucede, dejarán que se caiga la reunión y a esperar hasta extraordinarias.

Cabe consignar que la Comisión de Presupuesto cuenta con 7 diputados de La Libertad Avanza; 6 del Pro; 3 de la UCR; uno de Liga del Interior; 2 de Innovación Federal; 2 del MID; y una de Producción y Trabajo. Esos 22 diputados son los diputados que podrían estar alineados con el oficialismo.

Del otro lado están los 20 de Unión por la Patria, Christian Castillo de la izquierda; 2 de Encuentro Federal; 3 de Democracia para Siempre y una de la Coalición Cívica.  27 firmas.

A priori, la oposición tiene las cartas suficientes para imponer las firmas. Lo que habrá que determinar es si realmente están todos los que deben estar este martes.

Ignacio “Nacho” Torres convocó a los diputados nacionales de Chubut, tanto en funciones como electos, para debatir el Presupuesto Nacional 2026. El objetivo es analizar el impacto que tendrá en la provincia y consensuar una postura que defienda los intereses locales en el marco del tratamiento legislativo.

La convocatoria incluye a Ana Clara Romero, Jorge “Loma” Ávila, César Treffinger, Eugenia Alianiello, José Glinski, Maira Frías y Juan Pablo Luque. Junto a ellos, el mandatario revisará el proyecto presentado por el Gobierno Nacional en septiembre, con especial atención a las partidas y previsiones que afectan a Chubut.

Torres remarcó que la intención es “consensuar una posición que beneficie a nuestra provincia, de cara al trabajo y a las modificaciones que el Presupuesto pueda tener en comisión”. Además, destacó que el debate se dará “por encima de cualquier bandería política”, priorizando el bienestar ciudadano.

El gobernador insistió en que “los consensos y la previsibilidad son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de las provincias y, en consecuencia, de la Argentina”. En ese sentido, llamó a fortalecer el diálogo entre los distintos sectores políticos para garantizar una discusión seria y constructiva.

Finalmente, Torres expresó que espera que el Presupuesto 2026 promueva “un esquema federal y productivo”, y que cuente con el compromiso de todo el arco político. La iniciativa busca posicionar a Chubut como un actor activo en la definición de políticas públicas nacionales.

Este martes a las 14.30 en el Anexo de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Pablo López, estará brindando detalles del Presupuesto 2026 ante diputados y senadores.

La idea, en principio, es que el tratamiento sea en conjunto en la Legislatura, por parte de los diputados y senadores, de los tres proyectos que reclama el Poder Ejecutivo sean tratados antes de la renovación parlamentaria, que opera el próximo 10 de diciembre. Aunque también se informó que los proyectos de ley ingresarán por la Cámara baja.

El ministro estará acompañado por los titulares de ambos cuerpos legislativos, Alexis Guerrera y Verónica Magario pero además también estarán los presidentes de sendas comisiones de Presupuesto, el senador Marcelo Feliú y el diputados Juan Pablo De Jesús, todos ellos miembros del oficialismo.

Cabe destacar que además del proyecto de ley de Presupuesto General de gastos y recursos para el 2026 y la correspondiente ley impositiva, la administración Kicillof optó por remitir por separado un proyecto de ley de Financiamiento, donde se solicitan las autorizaciones para contraer nuevos endeudamientos, que según trascendió estaría alcanzando los 1.990 millones de dólares.

Era práctica usual que las solicitudes al Poder Legislativo por parte del Ejecutivo para endeudarse se incluían dentro del articulado del proyecto de ley de Presupuesto; pero este año no será así y se trataría por separado; proyecto de ley que además requiere del acompañamiento de dos tercios de los presentes, en cada una de las Cámaras, para ser sancionado.

Muy pocos legisladores e intendentes opositores estuvieron presentes en la presentación en la gobernación de las iniciativas por lo que se espera una participación mayor ahora en la legislatura de esa parcialidad.

También se estima que habrá una actitud activa de los legisladores oficialista en virtud de encontrar el equilibrio general, al mismo tiempo que el equilibrio interno dentro de ese heterogéneo colectivo que conforma la alianza que gobierna la provincia de Buenos Aires.

En el Salón Dorado de la gobernación provincial hubo buena presencia tanto de legisladores, como de intendentes de la alianza oficialista, y además se entiende como un buen geste del oficialismo que le permita a esta Legislatura demostrar su “buena intención”, luego de no poder encontrar el acuerdo a fines de 2024 para darle el Presupuesto 2025 y que luego ese desencuentro se extendió al proyecto de ley de endeudamiento “corto” que pretendió conseguir la administración Kicillof y que la Legislatura no consideró.

No obstante, todos los legisladores salieron de esa presentación sin mayores detalles de las iniciativas, algo que intentaran ir saldando en esta otra reunión con el ministro que a todas luces aparece como más específica y operativa. Además esperan contar con lo textos completos de los proyectos de ley.

Promediaba la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada a partir de un emplazamiento votado en la última sesión de la Cámara de Diputados, y tomó la palabra el diputado oficialista salteño Julio Moreno Ovalle, secretario de dicha comisión. Él también tenía preguntas para hacer, pero antes dijo que le llamaba “poderosamente la atención que hayan venido a explicar el proceso para que entiendan especialmente los diputados de la oposición, y solo veo en este recinto a dos diputados interesados en las explicaciones que están dando”.

“Así que espero que en la discusión del Presupuesto tengamos la suficiente cordura para explicarles a los señores que puedan eventualmente oponerse al proyecto y el plan de gobierno del presidente Milei, que no han estado presentes en muchísimas discusiones que nosotros hemos convocado y lamentablemente ellos no han aprovechado la presencia de todos los miembros del Poder Ejecutivo”, concluyó.

En efecto, la última reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para escuchar a funcionarios que concurrieron a informar sobre el Presupuesto 2026 contó con una audiencia muy menguada, que fue deshilachándose con el correr de los minutos. Ya había pasado el día anterior, cuando asistieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias y durante la jornada la diputada del Pro Silvana Giudici observó que entre los diputados presentes no estaban particularmente aquellos que habían impulsado el emplazamiento, que establece que el próximo martes se emita dictamen.

Lo cierto es que este jueves, a la octava y última reunión con invitados concurrieron muy pocos diputados, a pesar de asistir nada menos que nuevamente el secretario de Hacienda, y el flamante canciller y exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Toda una curiosidad, siendo que la oposición se queja siempre -y con razón- de la inasistencia de funcionarios a las comisiones.

La senadora provincial respondió al ser interrogada sobre la situación en la que se encuentra la provincia que desde fines de 2022 no considera Presupuesto General y el gobierno discurre entre prórrogas tras prórrogas a la ley de leyes llevando a un punto crítico e inédito desde el comienzo de la continuidad democrática.

En ese sentido, la reconocida y experimentada legisladora dijo que “a mí lo que me parece inteligente, lo que haría yo, sería enviar el presupuesto del año 2026, el endeudamiento, la fiscal impositiva y poner en el mismo plano de discusión todos los temas”.

Con la expresión “todos los temas” por caso la senadora oficialista se refiere a “si va a haber fondo para los municipios, decir cuánto, hablarlo con la oposición adelante, con el gobierno y con el bloque del oficialismo”.

Y aclaró “a veces me asombro de las cosas que dicen sobre nosotros, te juro, parece que fuéramos un equipo tira bomba y no es verdad; nosotros hemos votado, salvo la ley de la empresa de traslados para salud y medicamentos, hemos votado todo lo que mandó el Ejecutivo. Todo, absolutamente todo”.

Luego la legisladora habló de las elecciones próximas pasadas y resaltó la idea que “el peronismo es una concepción nacional, digamos, tiene un discurso nacional, una narrativa nacional a la que no se le puede ofrecer cuestiones locales, digamos”, dijo como para ir entrando en calor de una elíptica crítica al desdoblamiento de las elecciones nacionales de las provinciales, en la provincia.

Y en ese sentido afirmó que “la provincia es nación dependiente, esto es inexorable, dependemos de que nación nos considere como no nos ha considerado estos dos años”.

Y continuó “la verdad que ganar concejales está muy bueno para el territorio, ganar legisladores provinciales está muy bien para la provincia; el problema es que al ser nación dependientes no nos alcanza con discutir el cordón cuneta o la rotonda, nosotros tenemos que discutir las cuestiones nacionales que impactan en la provincia de Buenos Aires”.

“Por ello la concurrencia del poder local, el poder provincial y el poder nacional para mí era tan importante para enfrentar un gobierno de derecha como es este, un gobierno un poquito más atrevido que de derecha, un gobierno exterminador, diría yo”.

Por lo que para la senadora García “una lista nacional, además, tiene que representar justamente esto, la discusión con este gobierno y con este modelo económico, político y social que va a impactar en la provincia de Buenos Aires”.

Y advirtió que “cuando se haga la reforma laboral, esta que ya han anunciado y han enviado el proyecto, o la reforma jubilatoria, comprende a los trabajadores y los jubilados viven en la provincia de Buenos Aires”.

De todas formas, más allá de las criticas solapadas respecto del desdoblamiento, emitidas por la senadora y presidente de la bancada oficialista Teresa García, consideró, en términos generales, la elección legislativa nacional y dijo que “estamos analizando, para mi gusto, equivocadamente una derrota, digamos, con todas sus variantes; cuando en verdad hemos sacado el 40% de los votos de la provincia de Buenos Aires”.

Durante la presentación de Pablo Quirno en la Comisión de Presupuesto y Hacienda hubo varias preguntas referidas al apoyo de Estados Unidos a la administración mileísta, “en momentos como los que fueron estos 3, 4 meses de alta incertidumbre política”, tales las palabras del funcionario, que aclaró que “no hay ninguna condicionalidad con respecto a este apoyo y hay un montón de cuestiones donde se asumen cuestiones, verosimilitudes bastante tiradas de los pelos, porque es inédito para Argentina estar en una situación donde la única condición expresa que ha hecho Estados Unidos es: si la Argentina continúa en este camino de ordenar sus cuentas públicas, si se encuentra con alguna facilidad, puede contar con Estados Unidos para apoyarlos”.

“Y eso fue lo que terminó efectivizándose a través de la serie de declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent y el presidente Donald Trump”, remarcó Quirno.

Con respecto al swap, señaló que “es una cuestión bastante técnica: el acuerdo es entre el Tesoro norteamericano y el Banco Central; está claro que cuando uno está en este tipo de tratativas, todo se hace a derecho, nadie está haciendo nada que no sea dentro de las atribuciones que tenga el Tesoro americano o el Tesoro argentino, o el Banco Central. Todos los pasos necesarios son para cumplir con las leyes actuales”.

El tipo de cambio

Ante consultas de los diputados Itai Hagman, Julia Strada y Christian Castillo referidas a las proyecciones del tipo de cambio, Quirno pidió entender que en el transcurso de la elaboración del Presupuesto anual “se utilizan supuestos que se van refinando a medida que llega el momento de su presentación”.

“Lo novedoso es que, a contrario sensum de lo que ocurrió en el pasado, que usaban diferentes parámetros para que la nominalidad el gasto suba y pudieran repartir más plata, nosotros hemos incorporado que si las presunciones son equivocadas, eso redundará en un exceso del superávit primario, o una reducción”, aclaró. Eso significará, agregó, “ajustar las cuentas fiscales de manera que se puedan reducir impuestos”.

Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el flamante canciller Pablo Quirno, quien fue hasta hace una semana el secretario de Finanzas, defendió este jueves la gestión de la deuda en lo que va del gobierno de Javier Milei.

"Argentina no tiene un problema de cantidad de deuda, sino de credibilidad y de acceso a mercado", afirmó y destacó que en los últimos 21 meses "se limpiaron los 61 millones de dólares equivalentes que teníamos en el Banco Central y se capitalizó el Banco Central en reservas con el programa con el FMI firmado en abril de 2025", un programa "absolutamente inédito".

En ese sentido, recordó que el país "tuvo 23 programas con el Fondo y no cumplió absolutamente ninguno". "Nosotros obtuvimos financiamiento del FMI para capitalizar al Banco Central", insistió.

Al cargar contra la gestión de Alberto Fernández -exhibiendo incluso en su presentación una foto del expresidente-, Quirno cuestionó que "la reestructuración que se hizo la vendieron como virtuosa" pero "ocultando fundamentalmente lo que eran los vencimientos que iban a ocurrir una vez que el gobierno terminara". En esa línea, dijo que el gobierno anterior lo que hizo fue "patear la pelota para adelante en cuanto a los vencimientos".

"Al comienzo de la gestión del presidente Milei teníamos un nivel de deuda de aproximadamente 485 millones de dólares", detalló y señaló: "Es importante tener un desglose bien identificado porque dado la historia de déficit que Argentina ha tenido, los diferentes gobiernos han utilizado un financiamiento monetario que no está expresado por lo general en la contabilidad de la deuda bruta del Tesoro".

Sobre esto, indicó que "la deuda del Tesoro en noviembre de 2023 ascendía a 266 mil millones de dólares", más "la deuda en pesos de 158 mil millones de pesos, eso termina siendo la deuda bruta". A su vez, "la deuda que el Tesoro le genera al Banco Central en pasivos no remunerados; ese número a finales de noviembre de 2023 ascendía a 67 mil millones de dólares".

El exintegrante del equipo económico comandado por Luis Caputo, subrayó que "al momento del arribo al gobierno del presidente Javier Milei, el 30% de la deuda consolidada, 66 mil millones de dólares, tenía vencimiento a un día y el 90% de la deuda total en pesos estaba indexada. El Tesoro no tenía acceso a financiamiento genuino".

"La deuda del Tesoro en el periodo noviembre 2023-agosto 2025 se redujo en casi 50 mil millones de dólares", resaltó el funcionario y aseguró que "la deuda se ha estado estirando sus plazos, que eso es algo muy favorable para las cuentas del Tesoro, y también se ha desindexado considerablemente".

Quirno aseveró que "la deuda siempre y en todo lugar es hija del déficit fiscal; sin déficit fiscal no hay incremento de deuda posible". Y, a continuación, criticó el "increíble aumento de deuda que ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner", con un incremento "cuatro veces más" que en el gobierno de Mauricio Macri.

"Teniendo superávit fiscal, la deuda no solo comienza a reducirse en términos totales, sino que empieza a reducirse producto del crecimiento del PBI y su peso en relación con éste", explicó el funcionario.

Sobre los intereses de pasivos remunerados, el exsecretario de Finanzas detalló que alcanzaban el 10,2% del producto a noviembre de 2023, lo que "nos ponía a Argentina al borde de su crisis más grande de la historia". "Fue la convicción del presidente Milei y el mandato que le dio al equipo económico, lo que permitió desarmar esas diferentes bombas que nos habían dejado, apelando a la ortodoxia macroeconómica, a la reducción récord de un déficit fiscal que llegaba a 5 puntos del producto a nivel del Tesoro y a 10 puntos del producto a nivel del Banco Central", sostuvo.

En su exposición inicial, el ahora canciller reiteró que "Argentina tiene una batalla de credibilidad muy grande dado los desmanejos que han ocurrido a nivel de déficit fiscal, lo que ha llevado a que Argentina todavía no tenga acceso a los mercados internacionales". Por eso, para el Gobierno "es principal prioridad recuperar la credibilidad de Argentina" y "honrar las obligaciones es una parte muy importante" para esto.

"El superávit fiscal solamente se ocupa de cubrir los pagos de intereses, los pagos de capital no pueden ser cubiertos por el superávit primario, y como tal el Tesoro está obligado a comprar dólares para hacer frente a esas obligaciones", apuntó.

En otro pasaje, señaló que "la deuda consolidada neta con privados más organismos internacionales pasó de un 56,6% del PBI en noviembre de 2023 a 42% en agosto de 2025; y la deuda consolidada neta con privados en pesos de un 21,8% a 12,1% del PBI".

"Gracias a los resultados ocurridos el domingo pasado (en las elecciones) el valor de mercado de nuestros activos ha subido significativamente", ponderó.

En 2026 el Gobierno nacional prevé aumentar un 23% los recursos para la función “Educación y Cultura”: destinará 6,8 billones de pesos a precios de 2025, según el proyecto de Presupuesto 2026. La cifra supondría un crecimiento real de entre 4,4% y 8% con respecto a 2025, dependiendo de si se considera la inflación anual estimada en el proyecto de ley (13,8%), o la calculada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA (17,8%).

Los datos surgen del informe “Presupuesto educativo nacional 2026”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP - UBA CONICET), María Sol Alzú y Martín Nistal. El documento analiza el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, teniendo en cuenta el presupuesto de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y también los gastos destinados a la función “Educación y Cultura” (que corresponden en un 80% a la Secretaría, pero abarcan también recursos de otros ministerios como Defensa e Infraestructura).

De acuerdo con lo previsto en el proyecto de Presupuesto 2026, la función Educación y Cultura recibirá más recursos que en 2025, pero su participación en el PIB sigue por debajo del 1%. La inversión nacional en educación pasó de un máximo de 1,59% del PIB en 2015 a una reducción sostenida en los años siguientes: fue de 0,86% en 2024, y las estimaciones para 2025 (0,73%) y 2026 (0,75%) confirman la tendencia descendente. El proyecto oficial prevé derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exige destinar al menos el 6% del PIB a educación (sumando los aportes de Nación y provincias). Esa meta se cumplió sólo en el año 2015.

La inversión nacional representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público; el restante 75% corresponde a las provincias. A partir del análisis de la evolución de los salarios docentes que pagan las provincias, se estima que también su inversión ha bajado drásticamente en los últimos dos años. Esta estimación no puede confirmarse debido a la ausencia de datos públicos, pero indicaría que la baja no es sólo propiciada por el gobierno nacional sino también por los provinciales.

La evolución del gasto educativo nacional (medido en pesos constantes de 2025) muestra una etapa de estabilidad entre 2013 y 2017, seguida de una caída sostenida desde 2018 hasta 2020, una recuperación parcial entre 2021 y 2023, y una nueva contracción en 2024 y 2025. La recomposición prevista para 2026 –que depende del cumplimiento de los supuestos asumidos por el Poder Ejecutivo Nacional– configuraría un comienzo de recuperación frente al ajuste acumulado en los años anteriores, señalan los autores.

Santiago Bulat, economista y consultor, indica que es una “gran noticia que tras el ajuste de shock inicial que se hizo en el gasto en general, empiece una etapa de priorizar los lugares en los cuales se pondrá el foco para volver a robustecer, pero siempre sigue siendo más importante el cómo qué el cuánto. Es decir, qué funcionalidad tendrán esos recursos y su impacto final. Si bien el porcentaje de gasto ha ido variando, los resultados en materia educativa vienen declinando hace años como lo muestran las Pruebas Aprender. El foco debe estar en articular Nación con Provincias, porque los problemas educativos empiezan desde las edades más tempranas”.

Por su parte, Javier Curcio, coautor del informe, afirma: “La programación presupuestaria realizada por el Ejecutivo nacional para 2026 sugiere el inicio de una posible reversión del profundo ajuste que caracterizó al sector educativo durante los últimos años. Es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación con la legitimidad que otorga la aprobación parlamentaria. Reglas claras, previsibilidad y un acuerdo federal que reinstalen el compromiso del país con la educación y la ciencia, sosteniendo el financiamiento adecuado, efectivo y sostenible”.

Según las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación será una de las cuatro áreas del Estado con mayor incremento de fondos en 2026: sus recursos variarán un 17,9% con respecto a 2025, lo que equivale a un crecimiento real de 3,6% (según la inflación del proyecto de ley) y de 0,1% con la inflación del REM. Solo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (78,9%), Obligaciones a cargo del Tesoro (30,6%) y el resto de las áreas del Ministerio de Capital Humano (20,1%) tendrán aumentos mayores.

“El presupuesto 2026 refleja una dinámica de transición en las finanzas públicas. El desafío es pasar de un ajuste del gasto rudimentario a un equilibrio sostenible y de calidad. La prioridad es mantener el equilibrio fiscal y mejorar resultados. En ese sentido, es positivo eliminar el piso de inversión en educación. No solo porque no se cumplió, sino porque distraen la atención de las cuestiones importantes que son los déficits de gestión”, afirma Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Las universidades siguen siendo el principal destino del financiamiento educativo nacional. Dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación, el programa de “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 77% del total (con una caída de 2,1 puntos con respecto a 2025), seguido por el “Plan Nacional de Alfabetización” con 9,2% (3,1 puntos más que en 2025) y “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” con 5,8% (0,5 puntos más que en 2025). En total, el gasto destinado a programas de educación obligatoria y superior no universitaria alcanza el 14,6% del presupuesto de la Secretaría de Educación, mientras que casi 8 de cada 10 pesos (77%) son para el nivel universitario y el restante 8,4% para el rubro “otros gastos”. La porción del presupuesto destinado al sector universitario es más grande de lo que fue históricamente.

“El Presupuesto 2026 muestra una clara opción política por la educación al colocar a la Secretaría en el cuarto lugar entre las jurisdicciones con mayor incremento positivo”, remarca el ex diputado Eduardo Amadeo. Además, asegura que “la nueva situación política brinda una enorme oportunidad para producir cambios estructurales consensuados, que reviertan la carencia de capacidades que sufren millones de argentinos. Y en esa discusión , se podrá incluir a una Universidad que -más allá de declaraciones políticas- debe ser una herramienta de equidad.”

En 2026, los recursos del Plan Nacional de Alfabetización estarán destinados centralmente a la ampliación de la jornada extendida: esa política recibirá el 82,1% de los fondos. Esto refleja un cambio en las prioridades del plan, que mantiene sus líneas de formación docente, producción de materiales y articulación federal, pero avanza hacia una fase de extensión del tiempo escolar como componente del plan de alfabetización, según analizan los autores del informe.

“Luego del financiamiento universitario, el segundo programa en importancia de la Secretaría de Educación será el Plan Nacional de Alfabetización, que se concentrará en actividades tendientes a extender la jornada escolar, pero sin atender la capacitación docente. Por otro lado, la caída muy fuerte de la inversión en infraestructura y equipamiento (-63% en términos nominales) profundiza las desigualdades educativas y potencia las escasas posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde con los umbrales de ciudadanía del siglo XXI para amplios sectores sociales”, sostiene Jorge Lo Cascio, economista y docente.

Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA, entiende que “el informe expone la consolidación del desfinanciamiento educativo que se dio en 2024 y 2025. De este modo, el Estado nacional restringe su rol a un magro sustento económico de las universidades nacionales y deserta del sostenimiento de la mayoría de los programas para la educación básica en aspectos tales como la infraestructura y el equipamiento escolar, la formación docente, la innovación tecnológica o la provisión de computadoras”.

En una ardua jornada de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron sobre el proyecto de presupuesto general para el ejercicio fiscal del 2026. Con la tensión generada entre los presentes, el funcionario que supervisa la gestión de la educación superior señaló que “es mentira que nosotros le recortamos los fondos a las universidades”.

Lejos de mostrarse dócil ante la mirada de los vocales de Unión por la Patria, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, Álvarez anunció que el gasto que el Gobierno nacional destinará a las casas de los altos estudios “va a llegar a los 4.8 billones de pesos representando un 14% del presupuesto proyectado en 2025 que va a cubrir todas las necesidades para funcionar”. En tal sentido, relató: “Tuve una charla con un dirigente sindical y le dije que los aumentos a los salarios van a salir de los ingresos impositivos que son de los que vamos a sacar posibles aumentos y no imprimiendo moneda”.

Sin ningún tipo de tapujo, relató, en tono irónico, que “la primera buena noticia que les traigo es que no se cerró ninguna universidad”; luego, mencionó que “el presidente del CIN estaba preocupado por la renuncia de profesores, pero les voy a contar que el sistema tiene 298.000 docentes, cuando comenzamos la gestión había 296.000 y el índice de rotación es del 2,3%”. “Por lo tanto, no hay éxodo de docentes en una crisis total”, manifestó.

El subsecretario de Políticas Universitarias afirmó que “es mentira que nosotros le recortamos los fondos a las universidades”.

También, manifestó que “se ha aprobado la incorporación del 100% de las demandas que tenían hace mucho tiempo, muchas gestiones de las universidades nacionales para completar los cargos no docentes”. “Se han aprobado todas las actualizaciones de planta no docente, por lo tanto, no hay ningún ajuste con despidos como la 'campaña sistemática del miedo' había instalado en su momento”, mencionó el funcionario del Ministerio de Capital Humano.

Confirmó, también, la insistencia de la gestión del Gobierno en “fortalecer carreras con vínculos al capital humano como la ingeniería del petróleo y el desarrollo de la Inteligencia Artificial”. Luego, habló de los episodios que suelen hacerse virales en redes sociales dentro de las facultades: “Vamos a seguir la postura para evitar la persecución política en los claustros universitarios porque no importa del partido que sea y la ideología que sea, voy a estar defendiéndolos si una autoridad o alguien ejerce una violencia política sobre ellos”.

Finalmente, el funcionario de gestión universitaria explicó que “hemos reorganizado el SIU para tener unificadas todas las estadísticas educativas”, y se tomó las molestias de reiterar lo que consideró como una “permanente campaña del miedo desestabilizadora, que estos dos meses fueron lo más terrible que vi en mi vida”. Cerró, en ese punto, que “el objetivo es generar graduados manteniendo la calidad que nuestro sistema universitario tiene y que el índice verdadero sea el de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) para medir la calidad de una universidad”.

Qué dijo de la Ley de Financiamiento Universitario

Al momento de las preguntas, los bloques de la oposición fueron por la ley insistida por el Congreso que el Gobierno nacional promulgó, pero suspendió la aplicación: la Ley de Financiamiento Universitario. Ante los cuestionamientos, Alejandro Álvarez respondió: “Nosotros no íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una ley que no tuviera perfectamente claro cuál era su fuente de financiamiento”.

Trajo a colación la Ley 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional y recordó que en el artículo 5 de esa “vieja” ley establece que las nuevas normas “deberán prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

“No tenemos respaldo legal para financiar esa ley y, ni ustedes ni nosotros quisieran ser acusados de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos”, cargó Alejandro Álvarez quien parangonó -en tono irónico, una vez más- con una de las leyes de la física: “Por más que el Parlamento vote por la derogación de la ‘Ley de Gravedad’, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”.

La exposición de Torrendell

Con uno tono menos confrontativo, Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, afirmó que la iniciativa plantea “un aumento del 17,6% que, con la inflación proyectada del 10%, muestra un aumento de casi 7 puntos”. Tuvo tiempo, además, de recordar una frase de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa del 2012: “Parte de este problema que estamos tratando de superar, se explica por algo que ocurrió en el Congreso cuando la expresidenta dijo que ‘los docentes trabajan 4 horas sobre 8 horas con vacaciones de tres meses’”.

En otro tramo, anunció que el plan en educación busca “fortalecer alfabetización en escuelas primarias y las familias en la etapa de adolescencia”. En tal sentido, sostuvo que “el efecto de la libertad es el camino a una justicia verdadera y humanista”, y cuestionó que en otros períodos anteriores “creció el gasto público y al mismo nivel el gasto educativo porque se apostó por una política centralizada y discursiva”.

Carlos Torrendell afirmó que el Presupuesto 2026 prevé “un aumento del 17,6%" en el gasto educativo.

Luego, presentó los objetivos que el Gobierno nacional tiene en materia educativa en este proyecto de ley de Presupuesto 2026: “Tener el protagonismo de la sociedad y de los agentes educativos, no solo de las escuelas; una política educativa participativa y federal con responsabilidad primaria de las provincias; entender (pedagógicamente) a la riqueza; una política centrada en la mejora del aprendizaje que supere esa visión no concentrada; la profesionalización de los actores educativos; una gestión fuerte a través de datos y concepto de gasto inteligente; y una mirada de humanismo educativo”.

Por último, presentó los principales programas que el Poder Ejecutivo buscará llevar adelante: el plan nacional de alfabetización; plan nacional relacionado a la matemática; el programa argentino de innovación de la inteligencia artificial; la potenciación de trayectorias educativas; el programa de renovación de las escuelas secundarias; la renovación curricular que agrega la educación financiera; el mejoramiento de la articulación del mercado laboral; y la creación del sistema evaluación de la formación docente.

En un nuevo turno de debate del Presupuesto 2026 durante este miércoles en la Cámara de Diputados, funcionarios del Ministerio de Defensa explicaron el destino de las partidas destinadas para el área. “Se consolida una política de defensa moderna, federal y soberana”, afirmó Luciana Carrasco, jefe de Gabinete de la cartera a cargo de Luis Petri -diputado electo-.

“Esta gestión trabaja de manera responsable y eficiente a la hora de defender la libertad”, expresó la funcionaria, quien ponderó que estos dos años se trabajó en “recuperar las capacidades del sistema de defensa de la Nación”.

En esa línea, dijo que la “misión” ordenada por el presidente Javier Milei de “devolver a lo más alto a las Fuerzas Amadas, es una de las tareas más prestigiosas y desafiantes que tuvimos” y “Luis Petri ha cumplido con esa misión”. “Hoy las Fuerzas Armadas han sido reivindicadas y ocupan el lugar que la política nunca debió quitarle”, dijo.

Carrasco habló de que “estos dos años hubo hechos concretos de reconstrucción”. “En diciembre de 2023 encontramos un sistema de defensa que existía más en los papeles que en la realidad, después de décadas de desinversión, desmantelamiento y de una gestión marcada por el uso político de los recursos y el descontrol, el resultado fue un Estado sin capacidad de defensa real”, observó.

“Estamos reconstruyendo desde los cimientos un sistema de defensa moderno, profesional y eficiente” lo cual “va a llevar tiempo y trabajo”, subrayó, pero defendió que “cada peso que hoy se invierte en defensa vuelve multiplicado, vuelve en profesionalismo, tecnología, en empleo calificado y soberanía”.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa señaló que el presupuesto asignado “no pide más de lo que el país puede, pero tampoco menos de lo que la Nación necesita”. “Cada adquisición a la que nos comprometemos es con la responsabilidad no solo de ver de qué partida se saca la plata, sino de ver conscientemente que se va a poder pagar”, continuó.

Tras enumerar y detallar el equipamiento adquirido para las distintas fuerzas, Carrasco se refirió a los ejercicios militares combinados, que “fortalecen la inserción internacional de la Argentina como actor cooperativo en el sistema de seguridad global. Durante esta gestión se fortaleció la interoperabilidad con fuerzas democráticas occidentales”.

“Nuestro compromiso con el adiestramiento ha sido concreto. De 8 ejercicios planificados en 2023 pasamos a 15 en 2024 y proyectamos terminan este año habiendo realizado 21 ejercicios”, apuntó y, por otra parte, añadió que “durante el último año las Fuerzas Armadas llevaron adelante 67 operaciones de protección civil, de las cuales 26 fueron de ayuda a la comunidad y 41 fueron misiones de ayuda humanitaria”.

La funcionaria aseguró que el presupuesto se basa en los pilares de “presencia soberana efectiva en todo el territorio, capacidad operativa real y sostenida de las fuerzas, innovación y autonomía estratégica a través del FONDEF”.

“El presupuesto total proyectado para el Ministerio de Defensa supera los 6 mil millones de pesos, consolidando un crecimiento real aproximadamente del 14% respecto 2025”, precisó y reveló que usará en “la expansión del FONDEF destinado a equipamiento y renovación y la recuperación del gasto operativo real”.

En el cierre de su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carrasco sostuvo que “el presupuesto 2026 consolida una política de defensa moderna, federal y soberana, con equilibrio entre inversión, funcionamiento y desarrollo tecnológico. Cada peso invertido refuerza un mensaje político claro: cada peso invertido no es un gasto, es una inversión en soberanía, libertad y futuro”.

Al momento de las preguntas, entre numerosas requisitorias, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, la consultó por una carta de Emilio Magnaghi, vicepresidente de la Fábrica Argentina de Aviones, donde se advierte que FAdeA “atraviesa una crisis estructural sin antecedente, producto de una falta de contratos con el Ministerio de Defensa y de los cambios de criterio en la contratación propuestos por la Jefatura de Gabinete”. “La situación de FAdeA puede definirse como terminal”, advirtió el santafesino.

“FAdeA venía acostumbrada a hacer las cosas de un modo que entendimos que no eran correctas. La transparencia y la eficiencia en cada uno de los contratos es prioridad”, planteó la funcionaria y lanzó: “Si está con problemas económicos no puede pretender que sean los contratos de Defensa la que la salven como estaba acostumbrada siempre, puede trabajar para un montón de lugares”.

En esa línea, dijo: “Aunque tardemos, a las cosas las vamos a hacer bien, y aunque me estén presionando, las vamos a hacer bien. Me hago cargo que fui yo que dije ‘así no se van a firmar’. Los corregimos (a los contratos) y los vamos a firmar de vuelta porque tenían errores”.

Tras una consulta de la diputada de la izquierda Vilma Ripoll sobre la autorización del ingreso de tropas de EE.UU. por decreto, la jefa de Gabinete de Defensa argumentó que “hubo un tema burocrático, por eso terminó saliendo por decreto”.

En tanto, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli, al igual que otros de sus pares, preguntó por el déficit de IOSFA y “¿cómo van a trabajar para sanearla?”. “IOSFA nos ocupa y es un tema muy complejo. Es algo que todos quisiéramos que funcione de la mejor manera posible, y no está pasando, tiene problemas, no lo vamos a negar. Ahora, siempre tuvo problemas”, manifestó la funcionaria, que llamó a “trabajar todos juntos y no chicanearnos”.

“Es un problema que en algún momento nos tenemos que sentar a conversar”, insistió, pero aclaró que “estos últimos seis meses la obra social no aumentó su déficit y eso es algo muy importante, estabilizamos la deuda”.

Cuando se aproximaba el horario previsto para recibir a los funcionarios del área de educación, la reunión se levantó y Carrasco se comprometió a enviar más respuestas por escrito.

También asistieron a brindar detalles Marcelo Rozas Garay, secretario de Estrategia y Asuntos Militares; y Facundo Fernández Langostena, subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa.

Especialistas, docentes y sindicalistas expusieron este martes ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado, presidida por Eduardo "Wado" de Pedro (UP), donde se analizaron las partidas destinadas a educación en el Presupuesto 2026 y se advirtió la drástica caída en los fondos destinados a este área. Sobre esto, se remarcó que la inversión proyectada está por está debajo de un punto del PBI.

La reunión, que se llevó a cabo en el Salón Illia, fue un día antes que en la Cámara de Diputados se presente el secretario de Educación, Carlos Torrendell, para defender el proyecto del Gobierno.

La legisladora porteña María Bielli, integrante también del Colectivo Imaginar y Transformar, enfatizó que la iniciativa "se propone consolidar e institucionalizar la reducción a la mitad de los recursos que el Estado invierte en educación". Señaló que en 2024 y 2025, "sin la sanción del presupuesto, hubo una reducción significativa del presupuesto destinado a educación que se consolida con este proyecto".

En ese sentido, hizo alusión al artículo 30 del texto enviado por el PEN, donde se plantea la derogación de artículos de leyes que establecen parámetros de financiamiento de la educación.

"Para la educación obligatoria la reducción supera al 70% en estos dos años de gobierno de Javier Milei", afirmó, mientras que habló de un 30% menos para las universidades, un 56% para la educación técnica, un 12% para la formación docente y un 81% para becas estudiantiles. Por el contrario, dijo que "la única partida con incremento es el plan de alfabetización, con un 57%".

A su turno, Leandro Bottinelli, sociólogo e investigador en educación, estadísticas y políticas educativas, precisó que dentro del presupuesto, un 5,2% corresponde a lo proyectado para educación, cuando en 2023 esa cifra fue de 7,25%. "Una pérdida de dos puntos porcentuales de la educación en el presupuesto, que es una de las más significativas en muy poco tiempo, casi un punto por año", subrayó.

Y agregó: "Pero más significativo es la relación con el PBI. Se espera que el año que viene lo que se destina a la jurisdicción de educación represente el 0,75% del PBI. Hace dos años, en 2023, esa relación era de 1,41%".

"Los docentes venimos sufriendo un deterioro constante de nuestro salario y las condiciones laborales, viéndose claramente afectada la calidad educativa en su conjunto. La ausencia de la paritaria nacional marcó un retroceso en la docencia", expresó Patricia Rodríguez, secretaria gremial de SADOP, quien cuestionó la "política de ajuste, con un Gobierno que ha decidido sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo, al costo de dejar a los trabajadores afuera, desfinanciando el Estado e incumpliendo derechos conquistados".

Por su parte, Laura Penacca, excordinadora de Conectar Igualdad, apuntó que este programa "hoy es absolutamente inexistente y en el proyecto de Presupuesto 2026 tiene una inversión de 0 pesos". Recordó que el expresidente Mauricio Macri lo dio de baja en 2018, luego volvió con la gestión de Alberto Fernández, pero "en este Gobierno nos encontramos con una situación aún más grave, que tiene que ver con dejar de financiar al 100% el programa".

"Desde el inicio de este Gobierno no se ha distribuido ninguna computadora, ningún dispositivo, en ningún nivel del sistema educativo", dijo y detalló que en 2023 hubo un devengado de 500 mil millones, pero "en el vigente 2025 y en 2026 es cero".

Sin embargo, Penacca alertó que se está "pagando una cifra exorbitante de más de 80 millones de dólares a una empresa para renovar las licencias de internet de todas las escuelas; es absolutamente sospechoso el valor que se está pagando y ese dinero podría estar destinado a equipar a las escuelas".

Eduardo "Wado" de Pedro, presidente de la comisión

Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, resaltó que "la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional fueron dos leyes que generaron amplísimos consensos en la política argentina. Las políticas de Estado son de largo plazo; la educación no se resuelve en un mandato presidencial".

"Este proyecto de Presupuesto 2026 deroga las garantías de financiamiento de la educación, la educación técnica profesional y de la ciencia y tecnología", aseguró e indicó que la más alta inversión en educación fue en 2015, con un 1,66% del PBI, mientras que ahora esa cifra es de 0,68%. Además, hay una reducción del 70% del presupuesto educativo respecto a 2023.

Alesso remarcó que "la situación es grave y hay que advertirla a tiempo". En su exposición, manifestó que se prevé un 0% de aumento para los jardines de infantes, hay un millón de chicos sin becas escolares y "el drama con el que nos vamos a encontrar en poco tiempo: no hay docentes en las escuelas".

"Es una hipocresía hablar de calidad educativa diciendo que les van a pagar a los maestros 500 mil pesos. Se les tendría que caer la cara de vergüenza", criticó y advirtió que "vienen por la escuela y la universidad pública, el objetivo es la privatización". "¿Dónde está la plata que era para educación? Fue a parar para pagar intereses de la deuda externa", añadió.

Más adelante, Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes, aseveró que "sin educación no hay cultura" y dijo que "si no tenemos financiamiento ni partidas es indefectible que la calidad universitaria cae y estamos en un momento límite y crítico. Los docentes se van porque, a veces, su salario no les alcanza ni para pagarse los viáticos, lo que se traduce en una falta de respeto a las políticas de Estado y a los consensos".

Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), mencionó que hubo gobiernos que invirtieron más o menos en educación y ciencia y que años anteriores se discutía en todo caso el reparto de ese presupuesto para los distintos niveles o programas, pero "lo que pasa ahora es que no hay una política, por eso pasa todo lo que pasa. No es una política de ajuste, es de destrucción", afirmó.

Además participaron Gerardo Marchesini, director de la Escuela Preuniversitaria de Formación Profesional de la Universidad Nacional de Hurlingham; Víctor Volman y Martín Nistal del Observatorio de Argentinos por la Educación; Carlos Defeo, secretario general de CONADU; y Walter Merkis, secretario general de FATUN.

A dos días de haber sido oficializado su regreso al Congreso de la Nación, a partir de la votación que ganó con amplitud en la Ciudad de Buenos Aires para llegar al Senado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja para hablar del Presupuesto 2026 para su área. Entró en medio de aplausos a las 11.21, para hacer un racconto de su gestión en el que agradeció puntualmente al Congreso por las leyes aprobadas en materia de seguridad. Citó puntualmente las leyes Antimafia y de Reiterancia, y pidió puntualmente a las provincias que adhieran al Registro Genético. Citó también el proyecto sobre legítima defensa que ya tiene dictamen, igual que el Régimen Penal Juvenil: “Pedimos por favor si se pueden poner en el temario, porque son muy importantes”, reclamó, y en el caso de la baja de edad de imputabilidad dijo que “hay un dictamen de mayoría que intenta trabjar para que los menores no entren en el delito”.

“Está para dictaminar la ley antibarras, que para nosotros es muy importante”, agregó, citando el caso de los gravísimos incidentes registrados durante el partido entre Independiente y la U de Chile. “Fue un descontrol, necesitamos esa ley antibarras”, expresó Bullrich.

En la parte inicial de su exposición, la ministra sostuvo que “la seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar en cada rincón del país”, y aseguró que “demostramos que cuando hay decisión política, se termina la tibieza y se obra con decisión los resultados llegan”.

“Vinimos a cambiar de raíz una lógica que durante años dejó crecer el delito -continuó-. No es un camino ni fácil, ni cómodo: el camino de decisiones firmes, de poner orden a años de abandono, de complicidades y silencios”. Y remarcó que “el que las hace las paga no es un lema de campaña; fue, es y seguirá siendo un principio de gobierno. Marca el límite entre la impunidad y la ley, entre el delito y el ciudadano honesto. Sin seguridad no hay libertad, y nuestro lema es ‘una Argentina cada vez más libre’”.

Según la ministra, “el orden volvió, están hoy en retroceso los delincuentes y cada día estamos mejor. Es el resultado de una decisión política que no se negocia”.

Bullrich habló de “un Estado que gastaba sin planificar e invertir sin medir su significado. Cada peso tiene un destino claro; rediseñamos toda la estructura presupuestaria del ministerio”.

Hizo hincapié en los planes implementados durante su gestión, como el Bandera en Rosario; el Güemes en la Frontera Norte; el Paraná en la Hidrovía, y el Plan Guaçurarí en la frontera de Misiones con Brasil, garantizan la presencia del Estado en todo el territorio nacional y las fronteras más calientes”.

Señaló Patricia Bullrich que el equipamiento promedio por cada miembro de cada fuerza de seguridad era de 277 dólares entre 2020 y 2023, y se pasó en esta gestión a 590 dólares por agente. “Una enorme inversión en los miembros de la fuerza de seguridad y su equipamiento. Este no es un dato menor, refleja una decisión política de fondo”.

“Hace apenas unos años, el presupuesto que recibimos y fue incrementado apenas alcanzaba para comprar chalecos antibalas. Hoy las fuerzas cuentan con equipamiento completo, moderno y operativo -continuó-. A principios de esta gestión incorporamos al Servicio Penitenciario Federal bajo la órbita del ministerio, sumando 15. Mil nuevos efectivos. Este cambio fortaleció la estructura del sistema federal y significó un esfuerzo complementario”.

Advirtió además que el armamento del Servicio Penitenciario Federal era de 1950. Al respecto, señaló que entre 2024 y 2025 se produjeron avances inéditos en equipamiento, con 512 equipos nuevos; incorporaron camionetas urbanas, furgones, 171 motos de distinta cilindrada; recuperaron un 20% de la flota y se fijaron una meta para 2026 del 50% de la flota.

Bullrich dijo que durante su gestión se adquirieron 18.554 armas, entre pistolas 9 mm y escopetas calibre 12.76, reemplazando equipamiento que en algunos casos tenía más de 50 años de antigüedad. Como ejemplo, señaló: “Las hemos querido vender y nos las compran los museos. Para que se den una idea…”.

En cuanto a la capacidad aérea, afirmó que “estábamos en cero. La Gendarmería no tenía un solo avión”, y destacó la incorporación de dos aeronaves Pilatus Aircraft de la Armada, además de algunos aviones caza. También se recuperaron cuatro helicópteros, aunque admitió que “son muchos, pero es poco”. En Prefectura, además de sumar unidades, quintuplicaron la cantidad de drones, con 69 nuevos vehículos no tripulados que permiten un alcance de entre 2.000 y 3.000 metros en zonas de frontera, lo que implica que “tenemos un control mucho más allá de la vista de los gendarmes”.

Tras destacar las leyes aprobadas durante esta gestión, Bullrich mencionó la incorporación de equipos antidrones de última generación y un sistema fijo en el penal de Ezeiza, donde también se instalaron inhibidores de señal celular. Consideró esta medida “decisiva”, al afirmar que “rompimos la cadena de mando del delito desde las cárceles, uno de los problemas más graves que enfrentaba el servicio federal, para garantizar que las cárceles no sean un negocio criminal”.

Según la ministra, “hoy la tecnología ya no es un cuello de botella; es una herramienta para perseguir al crimen organizado, a los delincuentes de máxima peligrosidad y para controlar las rutas que son competencia de las fuerzas federales”. Remarcó que “lo que antes teníamos que controlar in situ, ahora lo vemos desde un comando de control donde se monitorea todo lo que hacen los miembros en el terreno”.

“Con planificación y coraje hemos dado vuelta la idea de que no se le podía ganar al narcotráfico”, afirmó, y aseguró que lograron una reducción de homicidios del 58,7% respecto de 2023, y del 67,8% en las zonas donde operan las fuerzas federales.

Resaltó el trabajo conjunto con la Justicia federal y con el Gobierno de la provincia de Santa Fe: “Es bueno decirlo, porque cuando se trabaja en equipo, los resultados llegan”. El presupuesto destinado a esa área es de 20 millones de dólares, que consideró “bastante bajo”, teniendo en cuenta que con ese monto se cubren partidas de combustible, viáticos y salarios del personal. “Son 20 millones al año, más el presupuesto de Santa Fe, con lo que hemos pasado de una ciudad tomada a una ciudad donde la gente vive en paz. Cuando el Estado se organiza, el crimen retrocede”, sostuvo.

Bullrich destacó que lograron reducir los homicidios dolosos: “Hemos salvado vidas”, dijo, y precisó que la tasa de homicidios dolosos era de 4,4 en 2023; bajó a 3,8 en 2024, y este año se está reduciendo un 13,5% adicional, lo que permitirá una nueva baja en la tasa.

Al referirse al homicidio de mujeres, aclaró que no contaban con datos que permitieran diferenciar con precisión los femicidios, pero informó que en 2024 hubo 313 mujeres asesinadas sobre un total de 1.600 homicidios, lo que representa una tasa del 1,3%. En lo que va del año, se registraron 126 casos, por lo que estimó que la tasa bajará al 1%, “la más baja de la historia argentina”. Atribuyó esa mejora a la planificación, y explicó que el 90% de los homicidios intencionales ocurren en el 10% de los municipios del país, lo que permitió una “presencia inteligente” con el lanzamiento del plan territorial 90/10. Anticipó además el envío al Congreso de un proyecto de ley contra la violencia de género, violencia relacionada e intrafamiliar, para profundizar la lucha contra la violencia en el ámbito familiar y hacia las mujeres.

En otro tramo de su exposición, la ministra dijo que están retomando el control de las fronteras, y destacó que este fin de semana hubo muchas personas que no pudieron votar con doble documento en zonas limítrofes. Informó también que están solicitando al Congreso la aprobación de un proyecto para legalizar la actividad comercial inmigratoria en las fronteras. “Las provincias necesitan ese ordenamiento para tener un monotributo específico y legalizar esas tareas”, explicó.

Bullrich detalló que se incautaron más de 2 millones de artículos del hogar; más de 121 mil autopartes; un millón y medio de cigarrillos; 3.500.000 prendas de indumentaria, y 65 mil kilos de sustancias ilegales en la frontera, cifra que consideró récord.

Aseguró que desde el área de Seguridad se contribuyó a la seguridad productiva, que estaba amenazada: “Hoy podemos decir que las rutas no se bloquean, que las fábricas no son tomadas y que hay seguridad en las vías de comunicación y la logística”. Durante este año, destacó que a través del protocolo antibloqueo realizaron 116 intervenciones en distintos sectores productivos, garantizando la continuidad y la seguridad jurídica de quienes trabajan. También se llevaron a cabo 726 procedimientos en el marco del Operativo Cosecha Segura, y se recuperaron 140 toneladas de granos robados en las colas de los puertos.

Además, dijo que se logró reducir en un 85% los robos de carga en movimiento o detenida. En el marco del Plan Estaciones Seguras se realizaron 3.693 procedimientos, con 105 mil personas controladas y 6.715 aprehendidos, la mayoría con pedido de captura, en estaciones de trenes y metrobuses.

En otro pasaje, se refirió a las cárceles, que consideró “un centro criminal; todos los presos con teléfono”. Criticó la liberación masiva de detenidos durante la pandemia, y afirmó: “Terminamos con esa desidia y esa violencia; el Estado recuperó el control de las cárceles”. Mencionó el Plan Ocio Cero, que eliminó el pago de un salario mínimo a todos los presos: “Ahora solo cobra el que trabaja. Se terminó la desigualdad entre los presos y los ciudadanos”, dijo, y adelantó que están trabajando en una norma que obligue a todos los detenidos a desarrollar actividades laborales.

“Nos falta que este Congreso cambie la Ley Cafiero, para que los presos de la Ciudad pasen a esa jurisdicción”, reclamó. Explicó que actualmente el Estado nacional paga por 5.500 presos que deberían estar bajo responsabilidad de la Ciudad, como ocurre en el resto de las jurisdicciones.

“Hoy presentamos el Presupuesto 2026, que convalida el camino del orden: un presupuesto total de 7,8 billones de pesos, que no es un punto de llegada, sino un paso más en una tarea colectiva que reconoce el esfuerzo de todos los argentinos”, señaló sobre el final. En la lucha contra el narcotráfico, destacó que se prevé un incremento del 84% en las partidas. Agradeció al Congreso por las leyes aprobadas y pidió acompañamiento: “Faltan recursos, sí, pero tenemos los que el país puede brindar”.

En sintonía con lo que viene siendo el período ordinario 2025, un sector de la oposición tiene preparado un dictamen alternativo del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Si bien este texto contemplará el superávit fiscal, la principal diferencia con la propuesta del Gobierno nacional recae en el número del mismo y agrega la incorporación de las tres leyes insistidas por el Congreso en las últimas semanas: las emergencias en Discapacidad y en Pediatría, y el Financiamiento Universitario.

A pesar de que el oficialismo presentó al “cuadrado del zinc” para encabezar los acuerdos que conduzcan a un consenso que llegue airoso al recinto, fuentes parlamentarias de la oposición dialoguista no están convencidas de que La Libertad Avanza vaya a ceder espacio para introducir modificaciones a la redacción que debe ser despachada el próximo martes 4 de noviembre, fecha fijada en el emplazamiento aprobado en la Cámara de Diputados.

“Ellos proponen un 1,5% de superávit fiscal y nosotros proponemos un 0,9, pero integrando al Presupuesto 2026 la Ley de Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan, la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario”, reveló a parlamentario.com uno de los principales interesados en que la administración nacional para el ejercicio del próximo año cuente con la ley de leyes tras dos prórrogas sucesivas.

Del mismo modo, los vocalistas de la oposición que buscan que la iniciativa prospere sintetizaron a este despacho como “un proyecto que tiene superávit fiscal, pero cumpliendo la ley”. Así las cosas, este dictamen alternativo es planeado para ser llevado a una sesión especial en la Cámara baja en la semana del 11 al 13 de noviembre.

Respecto a la reunión del lunes pasado que encabezó Carlos Guberman, secretario de Hacienda, varios de los legisladores presentes coincidieron en que el funcionario se mostró “inflexible” e, incluso, evitó pronunciarse más allá del período ordinario. Sin embargo, fuentes de la oposición comentaron a este medio que “el Congreso, inevitablemente, va a abrir extraordinarias, porque si no se quedan solos con la recesión económica y el fracaso de la Argentina ‘necesita un culpable’”.

En esa línea, el funcionario del Palacio de Hacienda se habría negado a ceder la baja en el número del superávit fiscal del 0,9 planteado por la oposición dialoguista, ya que el Ejecutivo pretende destinarlo al pago de intereses de la deuda.

Lo cierto es que propios y extraños imaginan que seguirán negociando mientras se avanza con las informativas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que por lo pronto ya tiene una cita post-elecciones del domingo: el próximo miércoles 29 de noviembre en presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el titular de la Secretaría de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En el marco de las jornadas de exposiciones que se vienen desarrollando en la Legislatura porteña, la comisión de Presupuesto, a cargo de Paola Michielotto (VxM), recibió al ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, presentó el detalle de la planificación presupuestaria de su cartera de gestión para el Presupuesto 2026.

Al comenzar la exposición, tras agradecer la oportunidad de su visita a la Legislatura, el ministro hizo algunas referencias a los lineamientos que se trabajaron durante los dos años de gestión. “Estamos convencidos de que lo más valioso que tiene la ciudad son las personas, su familia, su comunidad”, afirmó y sostuvo que el trabajo en el ministerio que conduce se basa en tres pilares: dar una atención sensible en la emergencia, promover y desarrollar las capacidades de las personas y construir comunidad por su valor en la ciudad.

En relación con las personas en situación de calle, destacó que el año pasado se lanzó el Programa Red de Atención, con una mirada creativa, de innovación, de aprendizaje, con la participación de reuniones con los legisladores, con las organizaciones sociales, para cambiar el paradigma y el modelo. Y agregó que entre 2019 y 2024, las personas en situación de calle se triplicaron en la ciudad, sobre todo, después de la pandemia, con padecimientos en la salud mental y las adicciones.

Respecto a la inversión realizada en el programa Red de Atención, informó que durante 2025 “aumentamos los móviles, de 43 a 65 camionetas” y que se incorporaron a la flota una “30 motos” que son utilizadas “en lugares donde la congestión de tránsito hace que las camionetas tarden más”. Además, el funcionario explicó que se recibieron 800 llamados promedio por día en el 108 y en el canal de Boti y destacó que “hay un equipo de caminantes que trabajan de manera coordinada con este sistema en lugares de mayor circulación”, sostuvo. Todo este paquete sirvió para que aumente en un 45 por ciento las intervenciones entre los años 2024 y 2025.

Otro tema que el funcionario detalló es la reconversión y transformación profunda de todo el sistema de paradores, “donde capacitamos el equipo profesional en la mirada de eficiencia y celeridad. Hay 2 bases de operaciones, una en Constitución y otra en Chacarita, la que nos permitió reducir en un 55 por ciento el tiempo de respuesta en todo el corredor este-oeste”.

Sobre estos centros, Mraida detalló que “hoy, hay 384 chicos y adolescentes alojados junto con sus familias en los centros de inclusión social, sosteniendo de forma regular la escolaridad” y contó que “hay 1100 familias que luego de haber pasado por los paradores egresaron positivamente. Hoy han retomado su proyecto de vida, los padres con trabajo y los chicos en la escuela”.

Salud mental fue otro tema contenido en la presentación de la cartera social, sobre el cual el ministro detalló que el año pasado se impulsó un protocolo de atención para de manera inmediata derivar a la persona con profesionales del sistema de salud mental, a psiquiatras, con móviles especialmente equipado y con una mirada recientemente creada.

Ante los diputados de la Ciudad, el funcionario instó a discutir la Ley de Salud Mental y detalló que hay más de 250 mil personas que son atendidas por el sistema de cobertura alimentaria, en comedores, en los grupos, en los beneficiarios de ciudadanía porteña, como parte de la Red de Atención.

Respecto al 2026, anunció que se proyecta impulsar el programa de Alquiler Social, de Alquiler Colectivo, de EcoHouses, como herramientas complementarias al programa Subsidio 690.

En relación a la política de primera infancia, el ministro señaló que se proyecta un plan integral de transversal a todo el gobierno, que asegure la cobertura y los estándares de calidad para 155 mil niños de 0 a 5 años.

Según el funcionario, otra mirada de Desarrollo Humano tiene que ver con las políticas de integración socio urbano y para ello destacó el impulso que tuvo el proyecto de la traza de la EXAU3. “En el primer año de gestión se terminaron las primeras 45 vivienda del sector 5 y estamos en el inicio de obra del sector 4” afirmó, tras lo cual presentó las características principales del proyecto, entre las cuales estaba la condición de autofinanciable y sostenible en el tiempo a partir del sistema de subasta pública.

En otro pasaje de la presentación, sostuvo que “hubo 44 mil porteños que accedieron al crédito en foco para primera vivienda” y agregó que “hay más de 10 barrios con obras de infraestructura social”, donde se puso como ejemplo La Boca, barrio donde según los datos del Desarrollo Humano y Hábitat, se ha alcanzado a más de 160 unidades funcionales.

Respecto a las personas mayores, el ministro explicó que se trabaja en un plan con tres dimensiones: pensar en el desarrollo económico de las personas y cómo viven en esta ciudad; mejorar el sistema de cobertura social para los más vulnerables; y, enfrentar la soledad que atraviesan muchas de las personas mayores generando espacios de encuentro. Para ello, destacó el programa de Escucha Activa, con la Línea 147, donde hubo más de 30 mil llamados según sus datos y en los 30 centros de día “atendemos a más de 1700 personas mayores que realizan actividades recreativas, ofertas de cursos y puentes de ofertas laborales” afirmó. También detalló que “ampliamos la Red de Centros de Jubilados, pasamos de 100 a 200” y anunció que para 2026, “se promueve la Red de Voluntariado Intergeneracional, con más de 12 mil voluntarios que promuevan el cuidado y que las personas mayores encuentren su propósito”.

“Todos los temas de política social se realizan discutiendo, bancando las opiniones incómodas, pero vale la pena todo el proceso deliberativo, sobre todo, los trabajados con el Cuerpo Legislativo de la Legislatura, en la búsqueda del presente y el futuro, en el marco de una mejor convivencia y un mejor futuro”, resumió Mraida, quien cerró su exposición atendiendo consultas de los diputados y respondiendo preguntas.