La conducción de la Unión Cívica Radical exhortó a sus diputados y senadores nacionales a defender el financiamiento universitario en el Presupuesto 2027 y "votar a favor de las universidades".

La Mesa de conducción del Comité Nacional, en conjunto con legisladores nacionales del radicalismo y el bloque de "Rectores Reformistas", se pronunciaron a favor del proyecto de presupuesto universitario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la defensa de la autonomía.

En el marco de la discusión por el presupuesto para el año próximo, las instituciones de educación superior volvieron a encender las alertas producto de la insuficiencia de recursos que pretende asignar el Poder Ejecutivo.

El CIN elaboró una propuesta que contempla las necesidades de las universidades en materia salarial, funcionamiento, investigación, ciencia y tecnología, extensión, becas e infraestructura. Esto contempla alrededor de 11 billones de pesos, mientras que el proyecto oficial contempla un 34% menos de lo requerido para poder funcionar.

"El Gobierno nacional lleva más de un año en incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Un nuevo fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 determinó la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo con el cual el Gobierno frenó la aplicación de la ley alegando falta de partidas específicas, dando una vez más la razón al CIN y a la UBA", remarcaron mediante un comunicado.

Durante un encuentro que mantuvieron, estuvieron presentes los diputados nacionales radicales Martín Lousteau y Mariela Coletta, que integran el bloque Provincias Unidas, y Karina Banfi, que tiene su monobloque Adelante Buenos Aires; los diputados socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías; y el senador nacional Daniel Kroeneberger, que integra la Mesa de conducción nacional de la UCR. También, los representantes del movimiento estudiantil Joaquín Carvalho y Alexia Robledo, presidente y vicepresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Además, participaron el presidente del CIN, Franco Bertolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Laura Tarabella, rectora de la Universidad Nacional del Litoral; Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown; Raúl Gil, rector de la Universidad Nacional de San Luis; Pablo Farías, rector de la Universidad Nacional de Rosario; Daniel Vega, rector Universidad del Sur; Macarena Forneris, vicerrectora de la Universidad provincial de Ezeiza y Jerónoimo Ainchil, rector de la Universidad de San Antonio de Areco.

"El Poder Ejecutivo sostiene la arbitraria decisión de continuar en incumplimiento de la ley, sentando un precedente gravísimo y lesivo para las instituciones de la democracia. En explícita violación de la división de poderes y en perjuicio del derecho a la educación", sostuvo la UCR.

Y agregó que "esto impacta de manera directa sobre el sistema universitario: hoy en día el retraso salarial es del 30%, mientras que las becas Progresar para los estudiantes se encuentran congeladas desde que asumió la presidencia Javier Milei, como también un deterioro para los fondos de funcionamiento de hospitales universitarios y el desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico nacional".

"El radicalismo denunció de manera sistemática y permanente la situación de profunda crisis en la que se encuentra el sistema universitario argentino y acompañó en cada una de las movilizaciones exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", recordaron desde el Comité.

Y completaron: "Con el espíritu reformista que forma parte de la identidad de la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la Universidad Pública y convocamos a movilizar para la 5ta Marcha Federal Universitaria el próximo jueves 15 de octubre en todo el país". La UCR se concentrará a las 13 en Entre Ríos y Tucumán.

Tal y cómo ocurre cada año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abrió una nueva ronda de presentaciones de ministros por el Presupuesto 2027, en donde representantes de cada área dan a conocer los gastos e inversiones que tienen previstos para el próximo año. El primero en hacerlo fue el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Arengo, quien dio detalles generales sobre el proyecto.

La reunión se desarrolló en el Salón Montevideo de esa Casa, donde el funcionario explicó los principales lineamientos de la iniciativa y aseguró que la norma busca sostener el equilibrio fiscal en el marco de las variables macroeconómicas previstas a nivel nacional.

En ese sentido, Arengo destacó que durante el 2027 se buscará avanzar con varias obras públicas, de forma tal que se dará inicio de la construcción de la Línea F de subterráneos, que conectará distintos barrios de la Ciudad. A su vez se contempla la incorporación de nuevos coches para varias líneas y trabajos de modernización en la red de transporte subterráneo; así como también se prevén mejoras en infraestructura vial, incluyendo la renovación de autopistas, puentes y pasos bajo nivel para mejorar la conectividad y la circulación urbana.

De acuerdo a las palabras del ministro, el proyecto destina una parte significativa de sus recursos a los servicios sociales, con especial prioridad para las áreas de educación, salud y seguridad. En este último caso, se prevén inversiones destinadas al fortalecimiento del equipamiento, la prevención y las herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad pública. Por otra parte, se impulsa una reducción en el Impuesto a las Patentes mediante una baja de alícuotas y la ampliación de beneficios para determinados vehículos, con el objetivo de aliviar la carga tributaria sobre los contribuyentes.

En cuanto a la Ley Arancelaria, se propone digitalizar y simplificar diversos trámites administrativos, incorporando nuevos procedimientos gratuitos en formato digital para facilitar el acceso de los vecinos a los servicios del Estado. Mientras que en materia tributaria, se mantienen los lineamientos generales del impuesto inmobiliario y del ABL, junto con beneficios y exenciones orientados a promover la actividad económica, el desarrollo productivo y la inversión en sectores estratégicos de la Ciudad.

“Estamos convencidos de que una Ciudad atractiva es la que genera oportunidades, donde la gente elige vivir, disfrutar y trabajar. Los grandes cambios y mejoras en la vida de los vecinos solo se logran con políticas responsables y sostenibles, por lo que resulta fundamental el compromiso y la participación de toda la ciudadanía”, cerró Arengo.

Del encuentro participaron el presidente de la Comisión y diputado de Vamos por Más (VxM), Waldo Wolff; la vicepresidenta primera y jefa del bloque Fuerza por Buenos Aires (FxBA), Claudia Neira; el vicepresidente segundo y legislador de La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Pakgojz; y Mariana González, Delfina Velázquez, Francisco Caporiccio, Matías Barroetaveña, Juan Pablo Modarelli, Berenice Iañez, Matías Lammens, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Andrés La Blunda, Federico Mochi(FxBA), Diego Vartavedian, Juan Fernández, Juan Pablo Arenaza, Pilar Ramírez, Solana Pelayo, Marcelo Ernst (LLA), Darío Nieto, Matías López, Sergio Siciliano, Pablo Donati, Laura Alonso, Rocío Figueroa, Silvia Lospennato, Gimena Villafruela (VxM), Manuela Thourte, Francisco Loupias, Fernanda Mollard (UCR), Emmanuel Ferrario, Sebastián Nagata y Guadalupe Tagliaferri (CyD).

Después de que el Gobierno porteño remitiera la iniciativa y que la Legislatura comenzara a analizarla, los diputados de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) lanzaron una web mediante la cuál monitorizarán y debatirán sobre el Presupuesto 2027, en la que compartirán datos de las rondas presupuestarias que se llevarán a cabo en esa Casa e información sobre el proyecto promovido por la gestión de Jorge Macri.

De esta manera, lanzaron www.presupuestoporteño.com.ar, un portal que construimos desde el mencionado bloque. En el mismo, los diputados prometieron que los vecinos podrán encontrar en "un solo sitio los datos del presupuesto 2027 comparado con el vigente 2026, en términos reales".

En este sentido, la jefa de la bancada FxBA, Claudia Neira, explicó que "en el contexto de la discusión del Presupuesto de la Ciudad, desde Fuerza por Buenos Aires presentamos esta web , un monitor en línea con herramientas para el debate" y resaltó que "desde ahí compartiremos información y los datos más relevantes de las rondas presupuestarias".

Es así que los peronistas se anticiparon al inicio de la ronda de ministros -que comenzará este miércoles- y destacaron una serie de datos respecto de la iniciativa. En primer instancia, los diputados remarcaron que "el gasto total propuesto es de $24,1 billones, con una caída de 0,3% real" y aseveraron que "los intereses de la deuda suben 75% real ($592.000 millones)".

"El Instituto de Vivienda cae 17,2% real y acumula −51,5% desde 2023. Los intereses equivalen a 4,75 veces todo su presupuesto", continuaron enumerando y resaltaron que "el transporte cae 13,5%, el mayor recorte por función. Al mismo tiempo, el boleto de subte aumentó 1.494% desde diciembre de 2023, frente a una inflación de 359%".

Además, explicaron que "la salud cae 2,8% real y pierde peso en el presupuesto" y advirtieron que "en 2025 la Ciudad cerró con déficit primario por primera vez en siete años".

"Al primer semestre se ejecutó el 36,7% del presupuesto 2026, y la recaudación cayó 3,1% real", concluyeron los peronistas entre los datos destacados.

Días después de que el texto ingresara a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) analizaron la propuesta enviada por el Gobierno porteño y le pusieron condiciones al alcalde local, Jorge Macri, para acompañar la iniciativa y enumeraron una serie de exigencias que deben darse para que sea posible su aprobación.

La petición del bloque violeta se conoció a través de un video que Pilar Ramírez, jefa de la bancada y mano derecha de Karina Milei, subió a sus redes sociales, en el que se puede ver a sus pares sentados en sus bancas. En el mismo exigen la eliminación de las PASO y una reducción de impuestos financiada con recortes en el gasto.

Además, entre los pedidos figuran una baja del 10% en el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL); exenciones de Patentes para vehículos híbridos y eléctricos y reducciones en Ingresos Brutos.

Para financiar esas medidas, propusieron eliminar distintas dependencias de la Ciudad, entre ellas las direcciones de Política y Estrategia Ambiental, Economía Circular y Mujer, además del Instituto de la Vivienda y la Subsecretaría del Autódromo.

"El presupuesto lo estamos revisando partida por partida, gasto por gasto, porque esa plata no es del Gobierno: es de los porteños. Queremos bajar impuestos de verdad, de manera permanente y sostenible, sin deuda, sin subir otros impuestos, sin trucos contables y sin especulación política”, sostuvo Ramírez.

A la vez que concluyó planteando que "estas son nuestras propuestas y las vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Como lo hicimos cuando éramos tres legisladores y ahora somos 14. A los que se quieran sumar les decimos bienvenidos al cambio que inició Javier Milei.La Argentina ya eligió. Ahora le toca a la Ciudad de Buenos Aires".

Días después de que Jorge Macri remitiera a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Presupuesto 2027, el diputado de Confianza y Desarrollo (CyD) Emmanuel Ferrario analizó el texto que contempla los gastos para el próximo año y advirtió que "es de mantenimiento y muy poco futuro".

En ese sentido, el opositor planteó que "la primera impresión del Presupuesto 2027 que mandó el Gobierno porteño es que es un presupuesto de mantenimiento y muy poco futuro" y adelantó algunos puntos clave para el debate que se viene, entre los cuales destacó que "e l superávit de 1.300 millones de pesos es mínimo, es lo que gasta el Gobierno en 30 minutos".

Además consideró que hay una "baja del gasto de capital (-11%) y aumento fuerte de los intereses de deuda (+76%)" y advirtió que "vivienda sigue siendo un tema pendiente, prácticamente no hay nada para abordar el tema. El IVC recibe el 0,5% del total del presupuesto".

"Transporte y que moverse en CABA sea más fácil, otro pendiente. Cae 12% real su presupuesto. La partida para espacios verdes cae 24% real. Díganle chau a nuevas plazas y al mantenimiento de las que existen. Prioridades desordenadas, como mínimo", sentenció Ferrario.

La presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) y mujer de confianza de Karina Milei, Pilar Ramírez, volvió a diferenciarse del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, a quien acusó de "sobreactuar" para el electorado y criticó con suma dureza su gestión.

En este sentido, la libertaria fijó la postura de su espacio sobre las políticas públicas locales, la calidad de los servicios urbanos y el rol que asumirá su bancada durante el debate presupuestario que definirá la asignación de recursos en la capital.

Respecto de la crisis que atraviesa el Pro de cara a los comicios del próximo año, Ramírez fue contundente: "yo creo que a veces le falta a este Pro ese sello identitario que supo tener hace algunos años. El 'no se inunda más' de Mauricio Macri, el Metrobús, cosas que le han hecho muy bien a la Ciudad de Buenos Aires".  No obstante, sostuvo que "hoy es difícil encontrar eso" y desestimó que la efectividad de una gestión se reduzca a acciones como el desalojo de casi mil propiedades usurpadas.

"A veces sentimos que el orden está un poco sobreactuado", insistió la legisladora en una entrevista televisiva brindada en el canal LN+ a Paulino Rodríguez, en una clara referencia a operativos como Tormenta Negra, el cuál se desarrolló días atrás en 15 barrios populares al mismo tiempo.

Sobre esa misma línea, remarcó la falta de planificación en el tránsito y en las obras públicas. Como ejemplo de parálisis administrativa, la legisladora citó la situación de los servicios de higiene urbana. "El contrato de basura es un contrato que no se renueva hace casi 20 años en la ciudad de Buenos Aires", indicó. Además, sostuvo que la capital debería posicionarse en la conversación mundial como a su criterio lo hizo Neuquén o Nación.

Finalmente, Ramírez concluyó refiriéndose al Presupuesto 2027 que fue remitido a la Legislatura porteña horas atrás. En relación con la postura que adoptará la bancada libertaria, explicó que "estamos para sumar, pero no vamos a dejar de marcar las cosas en las que no coincidimos". En tanto sobre el objetivo del bloque frente al gasto público, la diputada señaló la necesidad de "entender de este presupuesto justamente en qué le cambia la vida a los porteños, en qué se va a gastar la plata" y reafirmó su función legislativa de oposición en la capital.

Luego de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitiera a la Legislatura porteña el proyecto de Presupuesto 2027, los legisladores de Vamos por Más (VxM) ponderaron la iniciativa que  contempla gastos por 24,094 billones de pesos y recursos por 24,095 billones de pesos, y destacaron el "equilibrio" que se buscó desde la gestión de Jorge Macri.

En ese sentido, Laura Alonso (VxM) opinó que "el orden en las cuentas de la Ciudad permite bajar impuestos y hacer obras de infraestructura e hídricas" y resaltó que "tiene una red de salud pública envidiable que sigue creciendo, parques y plazas espectaculares, seguridad a full, un sistema educativo que se moderniza, teatros, centros culturales, museos y bibliotecas, polideportivos y mucho más".

"La Ciudad más linda bien administrada que funciona para todos los que vivimos en ella y para quienes la eligen", destacó la oficialista.

Mientras que Pablo Donati (VxM) sentenció: "equilibrio fiscal, obra pública y menos impuestos para las PYMEs y clase media. Así es como se deben gestionar las cuentas y recursos públicos. Gran trabajo con el Presupuesto 2027 Jorge Macri, Gustavo Arengo y equipos. ¡Felicitaciones!".

Cabe recordar que la iniciativa que combina el objetivo de mantener el equilibrio fiscal con una fuerte apuesta a la obra pública y una serie de alivios tributarios dirigidos a la clase media, las pequeñas y medianas empresas y actividades económicas consideradas estratégicas. Además contempla gastos por 24,094 billones de pesos y recursos por 24,095 billones, lo que arroja un resultado financiero prácticamente equilibrado y un leve superávit. A su vez, el resultado primario previsto asciende a 593 mil millones.

Para elaborar las proyecciones, el Ejecutivo porteño tomó como referencia las variables macroeconómicas incluidas en el presupuesto nacional, estimando para 2027 un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio de 1.847,6 de pesos por dólar al cierre del año.

Uno de los ejes principales del proyecto es la inversión en infraestructura. El gasto de capital representará el 18% del presupuesto total, un nivel superior al promedio histórico de la Ciudad. Dentro de ese rubro sobresale la red de subterráneos, que recibirá una inversión de 917 mil millones, la cifra más elevada de las últimas dos décadas.

Once mil cincuenta kilómetros es la distancia entre Buenos Aires y París y es el recorrido que hizo en avión el líder de La Libertad Avanza (LLA) y presidente Javier Milei, con 13 gobernadores “aliados” o “dialoguistas” desde la óptica oficial para intentar lograr un consenso a fin de pergeñar acuerdos en torno a la sanción del Presupuesto nacional, que ya tiene la polémica del recorte a la discapacidad. Y los votos necesarios para eliminar las elecciones primarias y trabar con ello la interna del PJ, además del objetivo de concretar una reforma política, todas propuestas oficialistas controvertidas.

¿Cómo solucionar temas de tanta trascendencia en París si en la Ciudad de Buenos Aires no se pudieron poner de acuerdo? Es que la forma extravagante de hacer política y tratar de arribar a consensos por parte de Milei obligó al ala “política” libertaria a llevar a los mandatarios en la comitiva presidencial y convertir la Argentina Week parisina en una “rosca” francesa más que en un evento comercial para promocionar exportaciones.

La comitiva es de peso y multicolor: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).

Todos (algunos siempre, otros algunas veces) han aprobado leyes clave para el Gobierno de La Libertad Avanza, o han mandado a ausentarse a sus legisladores para ese fin, pero a veces esa ayuda no ha sido correspondida por la Casa Rosada frente al pedido de auxilio económico, obras públicas y otros reclamos, han señalado varios de los jefes distritales.

Por eso, hay desconfianza mutua. El presidente Milei no se fía de algunos mandatarios y, viceversa; algunos mandatarios dudan de que el jefe de Estado cumpla los acuerdos.

La negociación en París incluye lograr consenso para aprobar el presupuesto nacional, que nuevamente fue enviado por la Casa Rosada al Congreso con fuertes recortes en todas las áreas.

El mismo fue presentado el 15 de septiembre y al conocerse el contenido estalló la polémica porque uno de los recortes quirúrgicos está centrado en el área discapacidad, precisamente cuando los legisladores debaten tratar de dar una solución definitiva de apoyo económico a las personas con discapacidad y porque también es un tópico de mucho interés del Papa León XIV, quien arribará a Argentina en noviembre.

Pero el Ejecutivo, en las personas del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Milei, discrepan y pusieron el grito en cielo porque apoyan el ajuste sin miramientos.

Ahí hay un forcejeo entre Milei, Caputo y el ala “política” del Gabinete Nacional, que sospecha que el Gobierno se encamina a levantar polvareda nuevamente en un área actualmente muy sensible para la sociedad, que apoya el reclamo de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

La titular del bloque de Senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aprovechó ese tironeo para “mojarle la oreja” a la Casa Rosada una vez más (como lo viene haciendo desde el escandalete del exjefe de Gabinete Manuel Adorni) al sostener que el tema no había sido discutido en el seno del Gobierno y que ella creía que ese controvertido tema no iba a poder ser aprobado en el Congreso.

Pero a los gobernadores lo que les interesa negociar son obras para sus provincias, auxilio económico para sus anémicas arcas y que La Libertad Avanza no presente candidatos en sus distritos, para que no les quiten votos y, a cambio, apoyar la candidatura presidencial de Milei y colaborar para sancionar las iniciativas oficiales.

También, cono prenda de cambio, los mandatarios ayudan al Gobierno a eliminar o suspender o modificar las PASO, un pedido especial de la Casa Rosada para impedir que el PJ -conocidas las diferencias irreconciliables entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof- dirima sus diferencias en un comicio interno.

Esos urticantes temas definirán un aspecto económico central -el presupuesto nacional- y otro político, sobre todo si hay PASO en momentos en que parece ser que su eliminación solo le interesa a La Libertad Avanza, y no solo se opone el peronismo, sino también el Pro, la UCR y hasta Patricia Bullrich, debido a la caída de imagen del presidente Milei, mientras ella gana puntos.

La pregunta entonces es si valdrá la pena debatir temas trascendentales a más de 11.000 kilómetros (en el que se consumen entre 65 y 75 toneladas de combustible) y si Milei vendrá con el “bebé” del presupuesto consensuado y las PASO allanadas para entorpecer las internas de sus contrincantes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, remitió este miércoles a la Legislatura de la Ciudad el proyecto de Presupuesto 2027, una iniciativa que combina el objetivo de mantener el equilibrio fiscal con una fuerte apuesta a la obra pública y una serie de alivios tributarios dirigidos a la clase media, las pequeñas y medianas empresas y actividades económicas consideradas estratégicas.

La propuesta contempla gastos por $24,094 billones y recursos por $24,095 billones, lo que arroja un resultado financiero prácticamente equilibrado y un leve superávit. A su vez, el resultado primario previsto asciende a $593.000 millones.

Para elaborar las proyecciones, el Ejecutivo porteño tomó como referencia las variables macroeconómicas incluidas en el presupuesto nacional, estimando para 2027 un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar al cierre del año.

Uno de los ejes principales del proyecto es la inversión en infraestructura. El gasto de capital representará el 18% del presupuesto total, un nivel superior al promedio histórico de la Ciudad. Dentro de ese rubro sobresale la red de subterráneos, que recibirá una inversión de $917.000 millones, la cifra más elevada de las últimas dos décadas.

La principal obra será el inicio de la línea F, un proyecto largamente postergado que comenzará a ejecutarse 25 años después de haberse sancionado la ley que dispuso su construcción. El presupuesto asigna más de $360.000 millones para el comienzo de los trabajos de la futura línea, que conectará Barracas con Plaza Italia mediante 12 estaciones, atravesará ocho barrios y cinco comunas y, según las previsiones oficiales, podrá transportar más de 300.000 pasajeros diarios.

El plan de modernización del sistema de transporte también contempla la incorporación de nuevas formaciones. Durante 2027 comenzará la instalación de coches para las líneas A y C, se sumarán nuevas unidades para la línea B y avanzará la renovación tecnológica de la línea D.

En materia de movilidad urbana, además, el Gobierno prevé concluir obras actualmente en ejecución, entre ellas la renovación integral de la autopista Dellepiane, el Puente Anillo Pampa y el paso bajo nivel de Álvarez Thomas. Otras intervenciones, como los pasos bajo nivel de García Lorca e Irigoyen y la ampliación del Puente Labruna, quedarían terminadas antes de finalizar este año.

En el plano tributario, el proyecto incorpora una de las medidas más destacadas del paquete fiscal: una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Patentes. Según las estimaciones oficiales, cerca de la mitad del padrón automotor porteño, unas 824.000 unidades, pagará menos que en 2026, mientras que otro 40% mantendrá los mismos valores. Además, se reducirá de 25 a 20 años la antigüedad necesaria para quedar exento del tributo, beneficio que alcanzará a unos 152.000 vehículos.

La administración porteña también propone que el Impuesto Inmobiliario continúe ajustándose exclusivamente por inflación. En el caso del ABL, el esquema diferenciará entre propiedades de menor y mayor valuación fiscal. Para las que valen hasta $41,4 millones, equivalentes al 68% del padrón, la actualización será únicamente por inflación. Para el resto, se aplicará además un incremento adicional del 1% mensual.

El proyecto incorpora asimismo una batería de beneficios fiscales destinados a sectores específicos. Hoteles, restaurantes y librerías quedarían exentos del pago del ABL durante el primer semestre de 2027, mientras que se mantendrá la exención para jubilados y pensionados que cumplan determinados requisitos patrimoniales y de ingresos.

Las PyMEs que hayan facturado menos de $461 millones durante 2026 también quedarían liberadas del pago de la Contribución por Publicidad, una medida que, según los cálculos oficiales, alcanzaría a unas 17.500 empresas.

A ello se suma una bonificación del 30% en el cálculo de la Plusvalía Urbana, orientada a estimular nuevas inversiones en construcción, y la continuidad de la exención del Impuesto de Sellos para la adquisición de vivienda única hasta determinados valores.

En paralelo, el Ejecutivo presentó un proyecto de Ley Arancelaria que elimina o reduce el costo de 18 trámites administrativos, especialmente aquellos que puedan realizarse de manera digital, en línea con la estrategia de simplificación burocrática impulsada por la gestión.

En cuanto al destino de los recursos, los servicios sociales volverán a concentrar la mayor parte del presupuesto, absorbiendo el 60,6% del gasto total. Educación encabeza la asignación con $4,738 billones, equivalente al 19,7% del total, seguida por Salud con $3,966 billones y Seguridad con $3,604 billones.

En esta última área se prevén inversiones superiores a los $300.000 millones para patrulleros, equipamiento policial, sistemas de videovigilancia y seguridad digital, uno de los aspectos que el Gobierno porteño considera prioritarios para el próximo ejercicio.

Junto con el Presupuesto 2027, la administración de Jorge Macri también envió a la Legislatura un proyecto de emergencia hídrica por doce meses. La iniciativa busca anticiparse a los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño y contempla mayores recursos para obras pluviales, medidas de prevención y mecanismos de asistencia para eventuales damnificados por fenómenos meteorológicos extremos.

De esta manera, el oficialismo porteño buscará ahora abrir el debate legislativo de una hoja de ruta que apuesta a sostener el equilibrio de las cuentas públicas mientras profundiza la inversión en infraestructura, particularmente en el sistema de transporte subterráneo, y despliega una nueva ronda de alivio tributario para vecinos y empresas.

Legisladores de los interbloques Popular del Senado y de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados se reunieron este martes con ministros de Economía de seis provincias para analizar distintos aspectos del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, y el titular del interbloque UP en Diputados, Germán Martínez. Participaron además los ministros Jorge Ibáñez (Formosa), Pablo López (Buenos Aires), Fabián Blanco (La Rioja), Alejandro Vicente (La Pampa), Jorge Murad (Santiago del Estero) y Alejandro Barrozo (Tierra del Fuego), junto a los senadores Juliana di Tullio, Fernando Salino y María Teresa González, además de una veintena de legisladores nacionales.

La reunión se desarrolló en el salón del interbloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y tuvo como eje el análisis del impacto que tendría el proyecto presupuestario sobre las finanzas provinciales.

Según expresaron los participantes, durante el encuentro se planteó una fuerte preocupación por la política de distribución de recursos aplicada por la administración nacional. Los representantes de UP sostuvieron que existe un "brutal ajuste" sobre las provincias y denunciaron una discriminación en la asignación de fondos hacia aquellas jurisdicciones gobernadas por fuerzas opositoras al Gobierno nacional.

Además del diagnóstico sobre la situación fiscal de las provincias, los asistentes avanzaron en la definición de una estrategia común para el tratamiento parlamentario de la denominada "ley de leyes". En ese marco, acordaron coordinar acciones destinadas a defender los intereses de las provincias y de sus habitantes durante el debate legislativo del Presupuesto 2027.

La reunión se produjo en momentos en que el Congreso comienza a analizar una de las iniciativas más relevantes del año legislativo, que definirá las proyecciones económicas y la distribución de recursos nacionales para el próximo ejercicio.

Mientras se aguarda que la Legislatura de la Ciudad reciba el Presupuesto 2027, la presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires (FxBA), Claudia Neira, fustigó a la gestión de Jorge Macri por la crisis económica que atraviesa el distrito y la acusó de haber utilizado el Fondo Anticíclico, reservado solo para situaciones de extrema necesidad.

En este sentido, la peronista aseguró que "la crisis económica genera una crisis fiscal en la Ciudad que pocas veces vimos los porteños" y remarcó que "el Gobierno de Macri cerró el 2025 con déficit primario. Tuvo que usar el Fondo Anticíclico, y en 2026 la recaudación sigue cayendo pero no por una reducción real de impuestos".

"Lo advertimos en el debate del presupuesto 2026. Hoy el problema es más profundo: a la crisis de la economía real porteña se suma que el sector financiero, que aporta alrededor del 23% de Ingresos Brutos, está frenado por el crédito estancado, las tasas en baja y una mora récord superior al 12%", añadió la legisladora.

A la vez que aseguró que "lo que hizo Javier Milei fue pasarle el déficit a las provincias, y Jorge Macri lo aceptó sin protestar" y resaltó que "a la Ciudad llegan cada vez menos fondos por coparticipación - al caer la recaudación nacional - y no sabemos si se están cobrando los bonos que Macri le aceptó a Luis Caputo por los fondos del traspaso de la seguridad. La deuda de la Nación con la Ciudad, lejos de saldarse, sigue estando".

"En este contexto, la crisis de empleo empuja a miles al monotributo y a la informalidad, y no por emprendedurismo sino por subsistencia. Por eso vamos a insistir en eximir de Ingresos Brutos a todas las categorías del monotributo. Hoy más que nunca", sentenció.

En un esquema inusual de actividad continua, la Cámara alta celebró sesiones las últimas dos semanas, en las que dio curso a varios de los proyectos que el Gobierno de Javier Milei considera clave, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, entre otros reclamados desde el Ejecutivo.

Allí, como es público y notorio, todavía resta dar cuenta de la que es en realidad la iniciativa que más desvela en Casa Rosada: la eliminación de las PASO. A priori, el proyecto sigue generando resistencias en aliados clave, lo que torna complicado llevarlo al recinto, y además, a juzgar por las advertencias que ha hecho la Cámara Nacional Electoral, se achican los tiempos. Recordemos que la CNE ha advertido sobre la necesidad de que los temas electorales se resuelvan en los años pares. Claro que puede haber excepciones, no siempre esas prerrogativas son atendidas. El caso más reciente fue la suspensión de las últimas PASO, que se votó en el Senado el 20 de febrero de 2025. En extraordinarias, sí, pero en año electoral al fin.

En Diputados el panorama de aquí al final del período ordinario tiene un organigrama que contempla fundamentalmente la ley de leyes, prevista con el tiempo suficiente, cuestión de que pueda aprobarse en el Senado dentro del actual período ordinario. Con viento a favor.

Para las próximas semanas, las autoridades de la Cámara baja diagramaron con los bloques aliados y dialoguistas un esquema que contempla por ejemplo algo que ya está en agenda para esta semana: una reunión informativa sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía. La iniciativa, que llegó al Congreso el 17 de septiembre pasado será analizada en comisiones el miércoles próximo, 30 de septiembre. Será a partir del mediodía, en una reunión informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los oficialistas Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

La idea es que esa iniciativa tenga dictamen el martes venidero, 6 de octubre, cuestión de poder llevarla al recinto al día siguiente. A priori, cuando el presidente Javier Milei la anunció por cadena nacional, el 3 de septiembre pasado, dio por sentado que esperaba contar con un acuerdo amplio con la oposición para la aprobación de esa ley: “Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo”, expresó. Y concluyó: “Malvinas es una de esas causas que están por encima de cualquier diferencia política”.

El tema es que si bien no se esperan mayores reparos para lo que son sanciones más severas de las que tenía la ley original sancionada en 2011 -cuestionarán el término “derogación” de la Ley 26.659, en lugar de modificación, pues eso podría hacer caer las sanciones oportunamente dispuestas-, los agregados de ese proyecto son los que albergarán seguramente objeciones. Sucede que el proyecto va más allá del tema Malvinas, pues incorpora un artículo al Código Penal de la Nación que reprime con prisión de 5 a 12 años a quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Ya muchos alertaron que estas medidas pueden ser utilizadas como herramientas de persecución contra la prensa. Incluso contra la sociedad civil, con el argumento de la existencia de “agentes extranjeros”. Para el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el artículo 111 “crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele. El objetivo de Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la Nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros”.

Varios juristas y representantes de ONG han advertido sobre la ilegalidad de la medida, lo que hace presumir una discusión intensa en el Congreso que echa dudas sobre la celeridad de su aprobación.

La intención oficial es, como dijimos, llevar el texto a la sesión del 7 de octubre. Y ese mismo día tratarían el nuevo régimen para Discapacidad, que consiguió un trabajoso dictamen para la semana pasada. Deberán estar para entonces las garantías de que lo acordado vaya a figurar en el Presupuesto 2027, eso sí.

Depende de lo que suceda esta semana con los proyectos sobre endeudamiento, el tema podría sumarse a esa sesión. Y no habría que descartar un rápido tratamiento ese mismo día para el proyecto que vuelve del Senado sobre el Banco Central. A priori, eso no está en el organigrama original y debe recibir también dictamen.

Los tiempos del Presupuesto

Como sea, lo más importante a tratarse de aquí hasta fin de año es la ley de leyes, claro está.

Según pudo saber parlamentario.com, las fechas de reuniones informativas sobre el tema son las siguientes: los días martes 13, miércoles 14, martes 20, miércoles 21 y martes 27 de octubre. La fecha del dictamen debería ser el 28 de octubre, reservándose el miércoles 4 de noviembre para la sesión en la que debería tener media sanción.

De cumplirse ese cronograma, les quedarían tres semanas a los senadores para dar cuenta del tema.

Mientras la Legislatura de la Ciudad aguarda la presentación del Presupuesto 2027, el jefe de Gobierno del distrito capitalino, Jorge Macri, anunció una baja sin precedentes del impuesto a las patentes, de manera tal que seis de cada diez vehículos notará la merma y y el resto va a pagar lo mismo que este año.

Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152 mil autos dejarán de pagar el impuesto ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20. La medida estará incluida en la Ley de Presupuesto que la Ciudad presentará en la Legislatura el miércoles 30 de este mes.

Cabe señalar que actualmente este impuesto tiene un esquema gradual para que cada vehículo pague según lo que vale. A esta modalidad se le sumará una fuerte reducción de alícuotas en todos los tramos.

“Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más”, explicó Macri y aseguró que "podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles”.

A la vez que concluyó remarcando que "la eficiencia del Estado no es una cuestión técnica. Es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos. Porque cada peso que gasta el Estado salió antes del esfuerzo de alguien. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos".

"El presupuesto 2027 es una declaración de principios. Por eso también volvemos a eximir del ABL a hoteles, restaurantes y librerías durante todo el primer semestre. Y eximimos de la Contribución por Publicidad a miles de PyMEs porteñas. También bajamos un 30% la plusvalía, para incentivar la construcción, la inversión y el empleo. Y por eso una vez más presentamos un presupuesto con equilibrio fiscal", sentenció.

Asimismo, aseguraron que la aplicación de todas estas medidas posibilitará: un 50% del parque automotor, 824.000 vehículos, va a pagar menos que este año; el 40%, 654 mil vehículos, pagará exactamente lo mismo que pagó durante 2026; y el 10% restante, 152.000 vehículos, dejará de pagar el impuesto, ya que se amplía el beneficio de la exención por antigüedad, que pasa de 25 a 20 años.

En este sentido, desde el Gobierno porteño recordaron que en diciembre de 2023 un proceso de desregulación y reconversión de las estructuras burocráticas del Estado porteño. Además se redujo la planta administrativa de la administración pública un 15%, equivalente a 8.954 cargos administrativos menos, su punto más bajo en diez años; eliminó 359 cargos gerenciales; disolvió seis fondos y fideicomisos ineficientes y cerró 40 comedores fantasma que representaban un erogación anual de 16 mil millones de pesos.

También se impulsaron las concesiones: ya hay más de 230 activas y 60 en proceso. Todas estas medidas, y otras como el cobro a prepagas y extranjeros en los hospitales, se tradujeron en un excedente financiero que hizo posible avanzar en la baja de impuestos.

El Pro difundió este miércoles un comunicado con fuertes cuestionamientos hacia el Gobierno nacional por el manejo de las políticas de discapacidad, en medio de la controversia generada por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 y luego del acuerdo alcanzado en el plenario de comisiones para avanzar con una propuesta alternativa.

A través de un mensaje publicado en las redes sociales del partido, la fuerza amarilla reivindicó su posición de apoyo crítico respecto de la gestión libertaria y sostuvo que ha acompañado aquellas medidas que considera correctas, pero también ha señalado errores cuando los hubo.

El mensaje fue interpretado en ámbitos partidarios como una señal de búsqueda de cohesión interna en momentos en que el Pro intenta reafirmar su identidad política, acompañando al Gobierno en algunas medidas, pero también diferenciándose en temas sensibles como las políticas vinculadas a la discapacidad.

"El Pro no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos", expresó el comunicado, en una definición que buscó diferenciar al partido tanto de los sectores oficialistas como de la oposición más dura.

La principal objeción estuvo dirigida a la política de discapacidad. Según el texto, el Gobierno cometió errores en el tratamiento del tema y volvió a hacerlo al incorporar en el Presupuesto 2027 modificaciones que, a criterio del partido, debilitan herramientas fundamentales destinadas a garantizar prestaciones y pensiones para las personas con discapacidad.

Desde el Pro sostuvieron que la cuestión debe ser abordada como una política de Estado y reclamaron previsibilidad, responsabilidad y respuestas sostenidas en el tiempo. En ese sentido, remarcaron que la búsqueda del equilibrio fiscal no puede traducirse en un abandono de quienes requieren asistencia y acompañamiento por parte del Estado.

El pronunciamiento se conoció horas después de que el oficialismo aceptara revisar parte de los cambios previstos originalmente y avanzara en un esquema alternativo que mantiene instrumentos clave del sistema de atención a la discapacidad, tras las críticas surgidas desde distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas a la temática.

En el tramo final del comunicado, el partido dejó una advertencia política al oficialismo al señalar que respaldar los cambios promovidos por el Gobierno también implica fijar límites cuando considera que determinadas decisiones afectan principios que considera irrenunciables.

"Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el Pro, es uno de ellos", concluyó el documento difundido por la fuerza política.

Respaldo partidario a Lacunza

El posicionamiento del Pro sobre la cuestión de discapacidad se conoció, además, en medio de movimientos internos de la fuerza. Diversas figuras partidarias informaron en redes sobre un encuentro con presidentes y autoridades partidarias de 15 provincias, junto a legisladores nacionales, concejales y dirigentes de distintos distritos.

La reunión tuvo como eje el análisis de la situación del país y los desafíos políticos y económicos de cara al futuro. En ese marco, destacó la participación del economista Hernán Lacunza, quien expuso su visión sobre el rumbo que debería seguir la Argentina y presentó su proyecto como precandidato del Pro.

Goerling sostuvo que durante el encuentro hubo coincidencias en la necesidad de impulsar una agenda orientada al crecimiento económico, la generación de empleo, el desarrollo productivo y la mejora de los servicios e infraestructura. También remarcó la importancia de reducir trabas burocráticas para favorecer la inversión y el emprendimiento. "Somos un equipo sólido y representativo de todo el país, con ganas de seguir sumando y trabajando para transformar la Argentina", afirmó.

Diputados de Unión por la Patria advirtieron al Fondo Monetario Internacional sobre "inconsistencias, opacidad y discrecionalidad" que consideran contiene el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno. Así lo manifestaron a través de una carta que le enviaron a la directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y el resto del staff.

Firmado por autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del bloque UP, en la misiva los legisladores expresaron su "profunda preocupación" en torno a la iniciativa y alertaron "sobre los graves riesgos institucionales y fiscales que presenta", sobre todo de cara a un año electoral.

"El FMI no sólo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas (como el propio Gobierno lo reconoce). Por tal motivo, el Fondo también es responsable de este Presupuesto 2027", afirmaron los opositores.

En la carta, los diputados señalaron que "sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos, ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de Presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis".

Sobre esta línea, los firmantes hicieron hincapié en tres aspectos principales. El primero de ellos tiene que ver con una "subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI". En este apartado, aseguraron que "el superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI".

"El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en 'plena ejecución', siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive)", explicaron.

Y agregaron que "de verificarse las inversiones y su costo, esta merma de recaudación podría poner en severo riesgo la consolidación del resultado primario propuesto. Además, se considera que la subvaluación del gasto tributario es una práctica reñida con los principios de buena gestión presupuestaria que agrega inseguridad al plan fiscal para el año 2027".

En segundo lugar, se refirieron a la Jurisdicción 91, que "tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al Gobierno". "La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se 'auxilia' (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos", alertaron.

En tercer término, los diputados observaron "un sideral aumento de la inversión financiera neta en 2027 respecto de 2026: se duplica en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Contablemente, significa que el PEN propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas al incremento de 'inversiones financieras temporarias' y/o de 'caja y bancos' y/o de 'otras inversiones financieras'".

En tal sentido, se preguntaron: "¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?".

"Consideramos que los tres puntos reseñados quitan razonabilidad al proyecto de ley de Presupuesto 2027, lo tornan opaco en sus justificaciones e incierto en su ejecución por los márgenes de discrecionalidad que el PEN parece pretender para su administración", aseveraron.

La misiva lleva las firmas de Cristian Andino, Gustavo Bordet, Sergio Casas, Carlos Castagneto, Graciela de la Rosa, Andrea Freites, Itai Hagman, Ana María Ianni, Germán Martínez, Guillermo Michel, Cecilia Moreau, Jorge Mukdise, Claudia Palladino, Paula Penacca, Luciana Potenza, Ariel Rauschenberger, Agustín Rossi, Sabrina Selva, Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin.

El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel volvió a cargar contra la política fiscal del Gobierno nacional y cuestionó con dureza el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. A través de una extensa publicación en la red social X, el legislador presentó un informe titulado “El látigo y la billetera”, en el que sostiene que la iniciativa profundiza el ahogo financiero de las provincias mientras concentra recursos en partidas de distribución discrecional.

Según Michel, las jurisdicciones provinciales resultan perjudicadas por una doble vía. Por un lado, la Nación les transfiere responsabilidades vinculadas al transporte, la educación, la infraestructura y la vivienda sin los fondos necesarios para afrontarlas. Por otro, reduce las transferencias no automáticas, lo que limita aún más la capacidad financiera de los gobiernos subnacionales.

“El presupuesto presentado por el Gobierno nacional sigue transfiriendo obligaciones a las provincias sin asignar los recursos y se guarda fondos en una caja para ‘salvar’ a los gobiernos provinciales que la falta de financiamiento someta”, afirmó el legislador.

Uno de los puntos centrales de su análisis es el crecimiento de la denominada “Jurisdicción 91”, correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro. Michel destacó que esa partida pasa de $5,6 billones a $14,8 billones y advirtió que dentro de ella figura el programa 99, denominado “Otras Asistencias Financieras”, con recursos por $7,7 billones.

Según el diputado, ese programa carece de metas físicas, no está respaldado por un artículo específico del proyecto y tampoco establece criterios de distribución. Por eso interpretó que esos fondos podrán utilizarse para asistir financieramente a provincias con dificultades presupuestarias, otorgando al Poder Ejecutivo una herramienta de negociación política con los gobernadores.

En materia de transporte, Michel puso el foco en la continuidad de las asimetrías entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país. Recordó que el Fondo Compensador para el interior fue eliminado en 2024 y no cuenta con partidas previstas para 2027, pese a que en 2023 había destinado $102.000 millones para sostener unas 14.000 unidades de transporte. En contraste, señaló que el proyecto contempla $762.000 millones para el fideicomiso que subsidia el transporte del AMBA.

También cuestionó la situación de los docentes de las provincias. Remarcó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que en 2023 representó $333.000 millones, continúa sin financiamiento y no figura en el Presupuesto 2027. En cambio, sostuvo que solo permanece el Fondo de Compensación Salarial con una asignación de $14.290 millones, cifra que consideró insuficiente.

El informe también menciona el traspaso de obras y responsabilidades de infraestructura a las provincias y municipios. Entre los ejemplos citados figuran la transferencia de 457 obras públicas, los convenios para que las jurisdicciones provinciales administren rutas nacionales durante veinte años y la disolución o liquidación de organismos y programas como el ENOHSA, Procrear y el Fondo de Vivienda Social. Además, advirtió que la función Vivienda representa apenas el 0,01% del gasto total proyectado.

Michel señaló asimismo que las transferencias de capital a las provincias registran una reducción real del 20% para el próximo ejercicio, lo que, a su juicio, profundiza el desfinanciamiento de los gobiernos locales.

Respecto de la recaudación tributaria, el legislador observó que los impuestos con mayor crecimiento proyectado son el Impuesto a los Combustibles, los derechos de exportación y los derechos de importación. Sin embargo, sostuvo que las provincias reciben una porción limitada de esos recursos debido a que los tributos aduaneros no son coparticipables y solo una parte del gravamen a los combustibles se distribuye entre las jurisdicciones.

En el tramo final de su análisis, Michel insistió en que la expansión de los fondos de libre disponibilidad en manos del Poder Ejecutivo constituye una herramienta de presión política sobre las provincias. “Es la moneda de cambio que el gobierno de La Libertad Avanza se guarda para sus deseos electorales en el año 2027”, concluyó el diputado entrerriano.

El Gobierno nacional inició una negociación contrarreloj para reformular el capítulo sobre discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027, luego de las fuertes críticas que despertó entre legisladores aliados y organizaciones del sector.

La controversia se desató cuando trascendió que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo eliminaba mecanismos vigentes de actualización de prestaciones, modificaba los criterios de acceso a pensiones por discapacidad y habilitaba cambios en el sistema de aranceles que perciben los prestadores. La situación impactó de lleno en las conversaciones que el oficialismo mantenía con el Pro, la UCR y bloques provinciales para impulsar una alternativa a la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.

Frente a ese escenario, en la Casa Rosada comenzaron a diseñar una salida negociada. Según las versiones coincidentes, el oficialismo ya les transmitió a sus aliados que los puntos más cuestionados del proyecto original serán revisados y que el objetivo es llegar a un texto consensuado que permita evitar una derrota parlamentaria.

La estrategia del Gobierno apunta a reemplazar el esquema de emergencia vigente por un marco normativo permanente. La argumentación oficial sostiene que las prórrogas sucesivas de la emergencia generan reglas transitorias y dificultan una planificación de largo plazo, mientras que una ley de fondo permitiría establecer mecanismos estables de financiamiento, control y actualización de prestaciones.

En ese contexto, una de las principales modificaciones en análisis sería mantener la actualización periódica del nomenclador de prestaciones por discapacidad. Sin embargo, el nuevo esquema no sería idéntico al vigente. La propuesta que discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.

Otro de los puntos centrales de la negociación es el acceso a las pensiones no contributivas. El Gobierno insiste en avanzar hacia criterios más restrictivos y reforzar los controles para su otorgamiento. La idea es que el Certificado Único de Discapacidad no implique automáticamente el acceso al beneficio y que se evalúe además el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.

No obstante, fuentes parlamentarias señalan que uno de los reclamos de los bloques dialoguistas ya habría sido aceptado: la posibilidad de compatibilizar las pensiones con el empleo formal. El proyecto original enviado junto con el Presupuesto establecía incompatibilidad absoluta entre ambas situaciones, un punto que generó fuertes objeciones.

Las conversaciones también abarcan la situación de los prestadores de servicios de discapacidad, que reclaman compensaciones por atrasos acumulados durante 2024. Legisladores del Pro y de la UCR vienen exigiendo precisiones sobre la forma en que el Gobierno piensa afrontar esas diferencias y buscan que cualquier acuerdo incorpore mecanismos claros de reconocimiento y pago.

La polémica produjo además tensiones internas dentro del oficialismo. Con Patricia Bullrich a la cabeza, dirigentes que venían participando de las negociaciones parlamentarias quedaron sorprendidos por el contenido final del capítulo incorporado al Presupuesto y se abrieron cuestionamientos sobre la coordinación entre las áreas políticas y económicas del Gobierno.

Pese al conflicto, tanto en la Casa Rosada como entre los bloques aliados aseguran que el diálogo continúa y que la intención es arribar a un dictamen común en los próximos días. La premisa que circula en las conversaciones es que el texto definitivo que obtenga consenso parlamentario deberá reflejarse luego en la redacción final del Presupuesto 2027.

Así, el oficialismo busca cerrar una de las controversias más sensibles que surgieron tras el envío de la ley de leyes al Congreso, en un tema donde hasta sus socios habituales advirtieron que no acompañarán modificaciones que impliquen una reducción de derechos o un deterioro de las prestaciones para las personas con discapacidad.

Con un tema de Lali, la senadora Patricia Bullrich lanzó este viernes un sugestivo video en medio de la polémica por el Presupuesto, más puntualmente por el contenido referido a discapacidad que contiene el proyecto y -según reveló y ratificó- no fue conversado en la Mesa Política del Gobierno que se reunió en Casa Rosada antes del envío del texto.

La pieza audiovisual difundida a través de sus redes sociales no es la primera; ya lo ha hecho con temas de Madonna y Tita Merello, entre otros, pero sí su publicación coincide con unas últimas 72 horas de tensión, debido al cuestionado capítulo de la "ley de leyes" y las declaraciones de la legisladora sobre que no le gusta que la "tomen de tonta".

En el video, grabado durante la sesión que se llevó a cabo este jueves en el Senado, a la jefa de la bancada oficialista se la ve en su despacho, asistida por sus asesores. Al sentarse, busca en su tablet en YouTube la canción "No me importa" de Lali, artista que detesta el Presidente Javier Milei.

"Sé que quisieran poder controlarme", "No voy a cambiar por mucho que ladren", "Sé que todos los pero tienen un porqué", "Nunca fui lo que querían de mí y no me importa, siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra. Y las cosas que me puedan decir ya no me importa", "Acelero y voy, cuando quieran saben dónde estoy", son algunas de las frases que se la ve tarareando a Bullrich, con pícara sonrisa en el final.

El jueves, antes de la sesión, la porteña había revelado en diálogo con radio Rivadavia que en la reunión de la Mesa Política del martes no se habían enterado de las profundas modificaciones en el tema discapacidad que contenía el Presupuesto 2027, lo que desató numerosas críticas de la oposición más dura y cortocircuitos con los aliados.

"Eso es un tema porque, cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, de cómo exactamente van a venir las cosas, eso genera que uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'. 'No, yo no sabía'. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás", expresó.

Pero por la tarde fue más dura y, entrevistada en A24 desde el Senado, ratificó que "nadie dijo nada de esto" y "de golpe viene una bomba atómica". "Yo tengo que ser sincera y decir: a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta", aseveró.

"Yo no quiero acusar a nadie, pero el Presupuesto sale de Economía, lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa", completó.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

Durante una cuestión de privilegio en la sesión de este jueves, el senador del bloque Justicialista Eduardo "Wado" de Pedro calificó al proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Gobierno, como "cobarde, cínico y perverso".

Al hacer referencia a la iniciativa que ingresó el pasado martes por la Cámara de Diputados, el camporista enfatizó que contiene "con cinismo y cobardía, un recorte al sistema universitario nacional". "Seguimos menospreciando a más de dos millones de argentinos que estudian, quieren trabajar y progresar; seguimos menospreciando el esfuerzo de los docentes y no docentes y de un sistema universitario que es esencial", subrayó.

Además, cuestionó que el plan de gastos y recursos diseñado por el Poder Ejecutivo "termina de manera cínica, perversa y cobarde con la emergencia en discapacidad. Leyes que venimos votando y el Gobierno desconoce".

"Nos mandan un Presupuesto cobarde, cínico y perverso. Parece que el presidente de la Nación disfruta con ver sufrir a los más vulnerables", lanzó y habló de que "ya llevamos un recorte de un 40% en áreas de discapacidad".

Al señalar que participó días atrás de la movilización del colectivo de discapacidad, que reclama por la prórroga de la emergencia, el legislador consideró que "el esfuerzo y la garra" de familias, prestadores y pacientes "debería ser ejemplo para el presidente y muchos del Poder Ejecutivo" que "se cagan en esas realidades".

Además, en su intervención, De Pedro habló del abrazo simbólico realizado al hospital Garrahan y el cercano fin de la Ley de Emergencia Pediátrica. "Es cierto que mejoró el salario, pero el Gobierno no cumple con la ley", dijo.

Y reclamó que "mejoren los salarios, que dejen de perseguir a los trabajadores, que compren los insumos, que dejen de hacer negocios". "Están vaciando sectores del Garrahan", denunció y completó: "Déjense de joder, pónganse a gobernar para los que menos tienen".

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confesó que en la reunión de la Mesa Política realizada en Casa Rosada no se les comunicó sobre los cambios en el área de Discapacidad que contendría el Presupuesto 2027, enviado horas después de ese encuentro.

"A mí me sorprendió porque, estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos", reveló este jueves en declaraciones a radio Rivadavia.

La legisladora recordó que "sí se estaba discutiendo ya el tema en Diputados", donde "ya había un intento de discutir estos temas y había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera".

A pesar de que la última reunión de Mesa Política, encabezada por Karina Milei, duró alrededor de tres horas y se abordó el envío del Presupuesto, tras el ingreso del proyecto, las advertencias por parte de la oposición sobre el Capítulo VI y los cambios profundos respecto al sistema de prestaciones en discapacidad y la propia Ley de Emergencia que se encuentra en debate en Diputados tomaron por sorpresa a los propios integrantes del bloque oficialista, quienes prometieron un proyecto "superador", en contradicción con lo que llegó en la "ley de leyes".

"Nosotros somos Cámara revisora en el caso del Presupuesto, así que esperaremos a ver qué llega a senadores para poder saber no tanto qué es lo que se está discutiendo ahora, sino qué llega, porque parece que está bastante peliaguda la discusión", expresó Bullrich.

Ante la insistencia en la pregunta de Ignacio Ortelli sobre si el tema había estado ausente en la reunión de la cúpula del Gobierno, la senadora ratificó: "No nos enteramos. Es la verdad".

"Eso es un tema porque, cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, no se entera de las cosas que van exactamente como van a venir, eso genera... Uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'. 'No, yo no sabía'. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas", completó.

Entre las numerosas modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso figura una reforma del artículo 9° de la Ley 13.478, una norma histórica vinculada al otorgamiento de pensiones no contributivas para personas sin cobertura previsional.

La redacción vigente establece que el Estado "otorgará" una pensión a personas mayores de 60 años que no estén amparadas por un régimen previsional, diferenciando incluso situaciones familiares y definiendo condiciones de acceso.

El nuevo texto elimina ese esquema y dispone que se "faculta" al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a personas sin recursos suficientes, sin cobertura previsional y que sean mayores de 70 años o estén imposibilitadas para trabajar.

Aunque la modificación aparece redactada en pocos párrafos, implica cambios de alcance significativo.

De 60 a 70 años

Uno de los aspectos más evidentes es el aumento de la edad mínima requerida para acceder a la prestación por vejez.

Mientras la ley actual contempla el beneficio para personas mayores de 60 años, el proyecto eleva ese umbral a 70 años.

En términos prácticos, quienes tengan entre 60 y 69 años y no cuenten con una jubilación o pensión dejarían de estar comprendidos por esta disposición.

De una obligación a una facultad

Otro cambio relevante es jurídico. La legislación vigente establece que el Poder Ejecutivo "otorgará" la pensión a quienes reúnan las condiciones previstas por la ley. El proyecto reemplaza esa formulación por la expresión "facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar".

La diferencia no es menor. Mientras la redacción actual configura una obligación estatal frente al cumplimiento de determinados requisitos, el nuevo texto convierte esa atribución en una potestad administrativa del Ejecutivo, otorgándole un margen más amplio para reglamentar y administrar el otorgamiento de los beneficios.

Vuelve el criterio de "imposibilidad para trabajar"

El punto que más controversia genera está relacionado con las personas con discapacidad.

La iniciativa establece que podrán acceder a la prestación quienes estén "imposibilitados para trabajar", según los requisitos que determine la reglamentación.

Para los sectores que cuestionan el proyecto, esta modificación supone un retorno al paradigma de la invalidez laboral, donde la condición para acceder a una pensión vuelve a ser demostrar que la persona no puede trabajar.

La discusión cobra especial relevancia porque la Ley de Emergencia en Discapacidad había incorporado mecanismos para compatibilizar la percepción de una pensión no contributiva con el desempeño de un empleo formal dentro de determinados límites de ingresos.

Bajo esa lógica, una persona con discapacidad podía insertarse laboralmente sin perder automáticamente la prestación estatal.

Los críticos del cambio sostienen que el nuevo artículo reinstala una visión opuesta, ya que el acceso al beneficio vuelve a estar asociado a la incapacidad laboral.

La reforma también traslada a la reglamentación una parte importante de las condiciones de acceso.

La ley actual detalla con mayor precisión quiénes pueden recibir la prestación. En cambio, la propuesta de Presupuesto deja en manos del Poder Ejecutivo la definición de los criterios específicos para determinar cuándo una persona se encuentra imposibilitada para trabajar.

Esto incluye cuestiones como la documentación requerida, las evaluaciones médicas y los parámetros que se utilizarán para acreditar la condición habilitante.

En síntesis, la reforma propuesta por el Gobierno modifica tres pilares del régimen actual: eleva la edad mínima para acceder a la pensión por vejez de 60 a 70 años, sustituye la obligación estatal de otorgar el beneficio por una facultad del Poder Ejecutivo y vuelve a colocar la imposibilidad de trabajar como condición central para acceder a las prestaciones por discapacidad.

En medio del debate sobre la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la oposición en la Cámara de Diputados alertó por lo que se propone en el Presupuesto 2027 -ingresado horas atrás- sobre la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas, la vuelta al modelo de pensiones por invalidez laboral y la derogación de varios artículos de la ley 27.793.

En el arranque de la reunión informativa de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, emplazadas para tal fin y con el mandato de dictaminar dentro de una semana, las críticas de la oposición y también de los invitados presentes se sintieron fuerte.

Es que mientras el oficialismo parlamentario planteó la promesa de presentar un proyecto “superador” que garantice de forma permanente la asistencia a este sector vulnerable de la población, el proyecto de Presupuesto 2027 que fue remitido por el Gobierno avanza con cambios de fondo que se contradicen con eso.

Autor de la iniciativa que prevé la prórroga por un año de la emergencia dispuesta por la Ley 27.793 (vetada por Javier Milei, insistida por el Congreso y judicializada), el diputado de Unión por la Patria Juan Marino señaló que el capítulo VI del Presupuesto “genera un nuevo contexto a esta discusión” ya que se “propone destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad, y de conjunto desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad”.

“Nosotros veníamos a discutir esto, se hablaba incluso de alcanzar un dictamen con unanimidad; incluso algunos diputados del oficialismo venían planteando que iban a proponer un dictamen superador… y nos encontramos con este Presupuesto 2027 que explícitamente deroga numerosos artículos de la ley”, enfatizó.

El bonaerense agregó que entre los artículos que se derogan figura el estudio de costos para la movilidad, que consideró muy importante para los prestadores, citando que hoy el arancel está en 900 pesos por kilómetro, y el estudio que ellos hacen da un concepto de 1.600 pesos, un 80% más alto.

“Vuelven para atrás todo el sistema de pensiones; vuelven a un esquema de invalidez laboral”, remarcó, alertando sobre “una destrucción del sistema tal cual existe”, lo que lleva a profesionales de la salud y terapistas a no poder seguir asistiendo a las personas con discapacidad, que “quedan libradas a su propia suerte, y el que tenga plata va a poder pagar y el otro no”.

Por ese motivo, Marino solicitó el retiro del capítulo VI del Presupuesto e hizo votos por poder avanzar hacia un dictamen para la prórroga de la emergencia.

Desde La Libertad Avanza, que quedó en un plano incómodo, recogió el guante Silvana Giudici, quien arrancó destacando que los funcionarios del área “explicaron muy bien los aspectos de la ley que está cumplida, desde la ejecución presupuestaria hasta la reglamentación del COFEDIS (Consejo Federal de Discapacidad). Esa reglamentación claramente es a favor de los discapacitados”.

Además, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista dijo que hay “un cronograma que se viene cumpliendo en el pago de compensaciones y la efectiva prestación de cada una de las pensiones”.

“Este bloque mantiene la disposición para lograr un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelva estos beneficios permanentes”, aseveró y lanzó: “Hay división de poderes en nuestro país, nosotros creemos que este Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar después el Presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones”.

Giudici llamó a “seguir trabajando en un dictamen, si se puede de unidad, para atender las necesidades de la población con discapacidad de manera permanente”. Intención que tenían desde LLA para seducir a los aliados y frenar la propuesta de la oposición más dura, aunque lo previsto en el Presupuesto generó un nuevo cortocircuito. También desconcierto entre los propios legisladores del oficialismo.

Avanzada la reunión, Eduardo Valdés denunció: “Están destruyendo fundamentalmente el nomenclador, que es el respeto a la universalidad de las políticas de discapacidad”. “Aprovechemos el Presupuesto y resolvamos las emergencias de las personas de carne y hueso de este país. Si los funcionarios encargados del área no resuelven los problemas de las personas con discapacidad, los resolveremos los diputados”, anticipó el diputado de UP.

Por su parte, el jefe del bloque Argentina Federal, el misionero, Oscar Herrera Ahuad, observó que lo propuesto en el Presupuesto “sentencia a la discapacidad a la desaparición de los derechos de las personas con discapacidad”. Y reclamó: “Hagamos un dictamen unificado derogando eso y que el dictamen que saque esta comisión sea para sostener la emergencia”.

También desde LLA, otra bullrichista, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, pidió ratificó que el bloque está “está trabajando -y convoco a los que se quieran sumar- por un concepto superador de lo que son y han sido siempre las emergencias en Argentina”.

“A nosotros nos gustan que los derechos queden instalados de manera permanente en la normativa que este Congreso aprueba, no nos gustan las emergencias que año a año se tienen que ir renovando”, dijo y llamó a “un consenso plural” y pidió “no utilizar nuevamente en materia política este tema”. “Así que convocados todos a trabajar en una ley superadora de la emergencia”, completó.

Representantes del colectivo, a favor de la emergencia

Al exponer ante el plenario, Isabel Dora Soria, directora General de Discapacidad de Salta, subrayó que “cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de protección social, de acceso a salud y de subsistencia familiar” y “a nivel nacional la situación es alarmante”. Al pedir por la prórroga de la emergencia, aclaró: “No para perpetuar una emergencia, sino para garantizar derechos, sostener las respuestas que ya existen, fortalecer lo que todavía falta y construir en ese tiempo un sistema federal de discapacidad que pueda sostenerse más allá de la emergencia”.

A su turno, Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones e integrante del COFEDIS, expresó: “Venimos a que se prorrogue la ley y se implemente de manera efectiva, pero hoy nos encontramos con un escenario del Presupuesto 2027, donde una vez más nos encontramos con artículos que avasallan derechos de las personas con discapacidad”.

“Como representante del Consejo Federal jamás hemos votado ni apoyado ninguna medida de la SENADIS en contra de las personas con discapacidad. ¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo haya pensado en hacer este tipo de modificación sin haber convocado al Consejo Federal? Este año nos han convocado solo dos veces”, se quejó.

En tanto, Iván Gabriel Poggio, director General de Discapacidad de La Pampa, dijo: “Estamos a favor que se prorrogue la emergencia, pero no tiene sentido que después la Ley de Presupuesto venga a borrar con el codo lo que se escribió con la mano”. Y pidió, en ese sentido, que se elimine el capítulo XI del Presupuesto.

Daniel Mazzuso, transportista en representación de UTBA, señaló que “en el gobierno anterior ya veníamos diciendo que el nomenclador era un desastre” porque “no había aumentos”, pero “hoy está peor; hoy nos encontramos con un valor recontra atrasado”. “900 pesos el kilómetro es inviable, y desregular y que sea a libre albedrío va a ser una locura también, porque no pueden establecer las obras sociales lo que quieren”, advirtió.

Patricio Carrillo, de la Asociación Todos Juntos de Jujuy, manifestó que “cuando encaramos esta discusión desde una postura de costos, lo que hacemos es perder de vista que hay una persona atrás y que una persona es una integralidad, no solamente un parámetro médico”.

Ante la alerta de que “se va a empezar a abarrotar el sistema de salud” si no se prevén ciertas situaciones, Carrillo pidió “certidumbre y no que nos desayunemos con un Presupuesto que tira abajo una ley que estamos intentando que se prorrogue”.

En cuanto a la Ley 27.793, Leandro Damián Ator, de la Asociación Civil Colectivo 3 de diciembre, afirmó que “la ley se está incumpliendo en tres puntos: desfinanciamiento de la Secretaría de Discapacidad; ínfima actualización de los aranceles de los prestadores y fortalecimiento del sistema no cumplido”.

Entre la veintena de oradores, Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, enfatizó: “El artículo 39 del Presupuesto pretende desregular el nomenclador, que se creó para garantizar la universalidad y un mismo derecho en todo el país. Si sacan los valores universales y cada jurisdicción fija un arancel, están federalizando la desigualdad. Esto viola el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. “No necesitamos que desregulen, necesitamos que hagan políticas en serio”, añadió.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo presenta un discurso favorable al sistema científico y tecnológico, con reiteradas referencias a la innovación, la transferencia de conocimiento y el aporte de la ciencia al desarrollo económico. Sin embargo, una lectura más detenida de los anexos muestra que el énfasis oficial está puesto principalmente en la vinculación con el sector productivo y la aplicación de resultados, más que en una expansión explícita del sistema científico.

La relación del Gobierno con el área científica ha sido desde el inicio de la gestión por lo menos conflictiva con buena parte de la comunidad científica, cuestionando esta administración estructuras del sistema de investigación y aplicando fuertes restricciones presupuestarias. En ese contexto, los anexos del Presupuesto exhiben una narrativa orientada a destacar el papel de la ciencia como herramienta para resolver problemas concretos, aumentar la productividad y atender demandas del sector privado y del Estado.

El capítulo dedicado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) señala que el organismo continuará desarrollando actividades científicas y tecnológicas en todas las áreas del conocimiento y en todo el territorio nacional. Asimismo, sostiene que la política institucional para 2027 buscará fortalecer el sistema científico-tecnológico mediante la aplicación de los resultados de investigación a problemas de impacto económico, social y ambiental.

Uno de los aspectos más destacados del documento es la importancia asignada a la transferencia tecnológica. El programa de Desarrollo de Políticas de Vinculación Tecnológica y Social plantea como objetivo identificar oportunidades para que la ciencia aporte soluciones a necesidades del sector público, privado y del tercer sector, además de promover la protección de la propiedad intelectual generada por investigadores del organismo.

Las metas presupuestarias previstas para ese programa reflejan esa orientación. Para 2027 se proyectan 180 casos de asesoramiento técnico, 1.006 trámites vinculados con propiedad intelectual, 75 proyectos de desarrollo tecnológico y social aprobados, 360 proyectos en ejecución y 17.500 servicios tecnológicos de alto nivel. También se prevén campañas de relevamiento geológico, geofísico y biológico en el marco de iniciativas de investigación estratégica.

El presupuesto contempla además la continuidad de Pampa Azul, iniciativa enfocada en la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva vinculada al mar argentino y al Atlántico Sur. El documento la presenta como una política estratégica destinada a generar conocimiento científico para respaldar decisiones públicas y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos marítimos.

En cuanto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), los anexos resaltan el papel del organismo en la política nuclear nacional y en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la energía, la medicina y la industria. Entre los objetivos previstos para 2027 figuran el fortalecimiento de las capacidades nacionales en enriquecimiento de uranio, el avance en tecnologías de enriquecimiento por láser y centrifugación, el desarrollo de combustibles nucleares, la producción de radioisótopos y la ampliación de infraestructura destinada a investigación y aplicaciones tecnológicas.

También se incluyen metas relacionadas con la transición energética y el desarrollo de innovaciones asociadas al uso de radiaciones en medicina, agricultura e industria. En ese sentido, la CNEA aparece en el proyecto como uno de los organismos científicos estratégicos que el Gobierno prevé sostener dentro de las áreas consideradas prioritarias para el desarrollo tecnológico.

No obstante, del análisis de las descripciones presupuestarias surge una característica común tanto para el Conicet como para la CNEA: el foco está puesto en la obtención de resultados aplicables, la transferencia de tecnología y los vínculos con sectores productivos. Los textos no hacen referencia al reclamo actual y candente del sector: la expansión de planteles científicos, el fortalecimiento de las carreras de investigación o la ampliación de programas de financiamiento para ciencia básica, asuntos que suelen ocupar un lugar central en los reclamos de universidades e investigadores.

No obstante, del análisis de las descripciones presupuestarias surge una característica común tanto para el Conicet como para la CNEA: el foco está puesto en la obtención de resultados aplicables, la transferencia de tecnología y los vínculos con sectores productivos. Los textos hacen menos referencia a la expansión de planteles científicos, al fortalecimiento de las carreras de investigación o a la ampliación de programas de financiamiento para ciencia básica, asuntos que suelen ocupar un lugar central en los reclamos de universidades e investigadores.

Así, el Presupuesto 2027 exhibe una visión de la ciencia alineada con la lógica general del programa económico del Gobierno: una estructura científica orientada a la innovación productiva, la generación de soluciones tecnológicas y la contribución al crecimiento económico. La discusión legislativa permitirá determinar si los recursos asignados alcanzan para sostener esos objetivos y si las proyecciones oficiales resultan compatibles con las demandas que desde hace meses plantean distintos sectores del sistema científico nacional.

Mientras continúa la discusión parlamentaria sobre la situación de las personas con discapacidad, y justo el día en el que arranca el debate de la prórroga de la emergencia en discapacidad, según el emplazamiento votado la semana pasada, legisladores de la oposición lanzaron duras críticas contra el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno nacional, al que acusan de intentar desmantelar aspectos centrales de esa norma.

Uno de los primeros en denunciar el contenido de la iniciativa fue el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien afirmó que “La Libertad Avanza no se detiene en su crueldad hacia las personas con discapacidad” y acusó al oficialismo de intentar “colar” modificaciones sustanciales en la normativa vigente aprovechando la discusión presupuestaria.

Según explicó Ferraro, el proyecto propone derogar artículos considerados fundamentales de la Ley 27.793. Entre ellos, el que define a la persona con discapacidad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el que garantiza a los beneficiarios de la pensión no contributiva la cobertura de salud y las prestaciones de la Ley 24.901; el que establece la conversión automática de pensiones preexistentes al nuevo régimen; y el que fija criterios uniformes para los aranceles de las prestaciones básicas.

El legislador cuestionó especialmente los cambios previstos para el sistema de prestaciones, al sostener que el Gobierno elimina el criterio de arancel único para obras sociales, prepagas y el Estado, reemplazándolo por un esquema en el que cada financiador podrá definir los valores que abonará. A su juicio, esto generará mayor incertidumbre para prestadores y beneficiarios y profundizará la crisis que atraviesa el sector.

En la misma línea se expresó el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria), quien calificó de “grave” el contenido del Presupuesto 2027 y aseguró que la propuesta representa “un desmantelamiento” de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Marino sostuvo que el proyecto implica un retroceso al modelo de “invalidez laboral”, alejándose del enfoque de derechos humanos consagrado por la Convención Internacional. Según señaló, también elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal directa para acceder a una pensión, dejando los requisitos de acceso sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Otro de los puntos cuestionados por el diputado es la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal. De acuerdo con su interpretación, la iniciativa extinguiría el beneficio para quienes accedan a un trabajo registrado o se inscriban como monotributistas, eliminando mecanismos que actualmente facilitan la reinserción laboral de las personas con discapacidad.

Asimismo, Marino advirtió sobre cambios en el nomenclador de prestaciones básicas, entre ellos la eliminación de los aranceles unificados y el reemplazo de mecanismos automáticos de actualización por esquemas que dependerían de decisiones administrativas. También denunció que se deroga la garantía legal de cobertura de salud para los titulares de pensiones y que se elimina el traspaso automático de beneficios otorgados con anterioridad.

Para el legislador de Unión por la Patria, además, la incorporación de estas modificaciones dentro de la ley de Presupuesto sería jurídicamente cuestionable. En ese sentido, argumentó que la iniciativa podría contradecir disposiciones de la Ley de Administración Financiera y los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos establecidos por la Constitución Nacional.

Las críticas de Ferraro y Marino se suman a los reclamos que desde hace meses realizan organizaciones, prestadores y familiares de personas con discapacidad, quienes vienen advirtiendo sobre el deterioro del sistema de atención y reclamando una actualización de los recursos destinados al sector.

La presentación del presupuesto correspondiente al último año de este mandato de Javier Milei estuvo alejado de la pompa que acompañó las dos anteriores presentaciones que hizo el presidente de la Nación en persona, la primera vez haciéndose presente en el Congreso de la Nación, y la segunda a través de un discurso grabado en la Casa de Gobierno. En ambas oportunidades sus mensajes fueron difundidos a través de la cadena nacional. Sin embargo esta vez no hubo discurso presidencial, ni mucho menos visita a la Cámara de Diputados: a media tarde se difundieron detalles del contenido que tendría la ley de leyes elaborada por el equipo económico, y a las 22.04, según pudo saber parlamentario.com, fue firmado por las autoridades correspondientes y casi una hora después comenzó a circular el texto.

El proyecto de presupuesto lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Diego César Santilli y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo. El mensaje tiene 23 fojas y 76 artículos, mientras que los anexos 3.442 páginas.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 apoyado en un escenario de fuerte crecimiento económico, continuidad del proceso de desinflación y recuperación del poder adquisitivo de los ingresos.

Según los supuestos macroeconómicos incluidos en el mensaje presupuestario, el Gobierno estima para 2027 una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, impulsada principalmente por el crecimiento de la inversión y del comercio exterior.

Dentro de ese escenario, la inversión registraría una suba del 9,2%, mientras que las exportaciones aumentarían 8,5% y las importaciones 8,2%. A nivel sectorial, la industria crecería 4,4%, el comercio 5,1% y los sectores productores de bienes 5,3%.

En materia de precios, el Presupuesto prevé que el proceso de desaceleración inflacionaria continúe durante el próximo año. La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 se ubicaría en el 18%.

Esta propuesta sobre gastos y recursos proyecta tener un equilibrio fiscal ya que contempla un superávit primario de 1,3 por ciento del PBI, por debajo de la estimación para este año.

En cuanto al tipo de cambio, el escenario oficial contempla un dólar promedio de $1.731,5 durante 2027. Asimismo, se prevé que el tipo de cambio nominal alcance los $1.847,6 en diciembre, lo que implicaría un incremento del 15,5% respecto del cierre previsto para 2026.

Las cantidades exportadas de bienes y servicios se suponen con un incremento de 8,5% en 2027, manteniendo un crecimiento sostenido en 2028-2029, mientras que el volumen importado también continúa en alza, acompañando la expansión económica. El valor exportado de bienes y servicios aumenta 7,4% y el valor importado 9,8% en 2027, resultando en un superávit comercial de USD 15.560 millones, que se sostiene en los años siguientes.

El proyecto presupuestario sostiene además que la economía continuará apoyándose en el equilibrio fiscal como ancla principal del programa económico. El mensaje oficial señala que la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la expansión de la inversión privada constituyen las bases para sostener el crecimiento durante los próximos años.

En términos fiscales, el articulado del proyecto prevé para 2027 un resultado financiero superavitario de 3,3 billones de pesos. Asimismo, estima gastos totales de la Administración Nacional por 202,1 billones de pesos y recursos por 202,3 billones, manteniendo la estrategia oficial de equilibrio de las cuentas públicas como eje de la política económica.

Del total de las erogaciones presupuestadas, 150,9 billones de pesos estarán destinados a servicios sociales, mientras que 18,6 billones se asignarán al pago de la deuda pública. Los servicios económicos concentrarán partidas por 13,1 billones y las áreas de administración gubernamental, defensa y seguridad reunirán en conjunto cerca de 19,5 billones de pesos.

El proyecto también contempla una amplia autorización para operaciones de financiamiento. Las fuentes de financiamiento previstas ascienden a 325,3 billones de pesos, de los cuales 324 billones corresponden a endeudamiento público e incremento de otros pasivos.

Entre las partidas específicas se destacan 7,35 billones de pesos para universidades nacionales, 503.325 millones para transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación y 1,36 billones para el pago de deudas previsionales reconocidas judicial o administrativamente.

El texto incluye además modificaciones de fondo en materia previsional y de discapacidad. Entre otras medidas, propone derogar artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y modificar el régimen de prestaciones básicas para personas con discapacidad, aspectos que ya comenzaron a generar cuestionamientos de sectores de la oposición y organizaciones vinculadas al área.

El Gobierno nacional dio a conocer este martes los principales lineamientos que incluirá el proyecto de Presupuesto 2027, cuya remisión a la Cámara de Diputados está prevista para las próximas horas. La iniciativa ratifica el rumbo económico trazado por la administración de Javier Milei, con eje en el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de la actividad económica.

Entre las principales variables macroeconómicas contempladas para el próximo año, el Ministerio de Economía proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% medida de diciembre a diciembre y una mejora del 25,4% en los salarios promedio.

El escenario elaborado por el Palacio de Hacienda también prevé que el tipo de cambio mayorista alcance los $1.847,6 al cierre de 2027, mientras que el promedio anual se ubicaría en $1.728. Desde el Gobierno aclararon que esa cifra surge de aplicar la inflación proyectada al valor actual de la divisa y no de una estimación específica sobre la evolución cambiaria.

En materia fiscal, el Presupuesto volverá a plantear un resultado positivo para las cuentas públicas. De cumplirse las previsiones oficiales, la Argentina completaría cuatro ejercicios consecutivos con superávit financiero, un hecho que la administración libertaria destaca como inédito fuera de situaciones de default.

Las proyecciones también muestran una expectativa de incremento de la inversión del 9,2%, una expansión del consumo privado del 3,4% y una leve mejora del consumo público, del 0,6%.

En el frente externo, el Ejecutivo estima exportaciones de bienes y servicios por casi 134.000 millones de dólares e importaciones por algo más de 118.000 millones, lo que dejaría un saldo comercial positivo superior a los 15.000 millones de dólares.

Las previsiones oficiales son, en algunos casos, más optimistas que las elaboradas por consultoras privadas y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Mientras el Gobierno proyecta un crecimiento del 4% para 2027, las estimaciones privadas se ubican por debajo de ese nivel, al igual que sucede con algunas variables vinculadas a la inflación y al tipo de cambio.

El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en la Cámara baja, donde deberá ser analizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda antes de llegar al recinto. Como ocurre cada año, la discusión de la denominada “ley de leyes” se perfila como uno de los debates centrales de la agenda parlamentaria.

No hay que tomar en serio el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 que presentará el gobierno el 15 de septiembre.

El motivo es simple: el propio presidente Javier Milei y el ministro Toto Caputo no consideran que el Presupuesto sea  un instrumento central de la política económica. Además, no creen que deba cumplirse.

En 2024 y 2025, el gobierno decidió (sí, decidió) no tener presupuesto anual y prorrogó -en ambos ejercicios- el Presupuesto 2023.

A fines de 2025, el Congreso aprobó el Presupuesto 2026 que proyectó un crecimiento de 5% del PBI en 2026.

Sin embargo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, publicado el 4 de septiembre, estimó un crecimiento anual de 2,1% del PBI, casi 60% por debajo del anunciado en el Presupuesto.

Según ese Presupuesto 2026, el Índice de Precios al Consumidor anual no iba a superar el 10,1%, pero la realidad es que la inflación acumulada entre enero y agosto ya llega a 21,3%; la interanual de agosto alcanzó 33,5% y la proyección acumulada anual casi triplica a la prevista en el Presupuesto.

Mediante las decisiones administrativas 20/2026 y 26/2026, más los Decretos de Necesidad y Urgencia 594/2026 y 867/2026, el gobierno le quitó recursos originalmente previstos en el Presupuesto a las bibliotecas populares; al cuidado del ambiente; al deporte federado; a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer; a la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles; a la compra de productos farmacéuticos y medicinales, dentro del programa de “Acceso a Medicamentos”; al sostenimiento de acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida; al diseño y construcción de satélites; a los Bomberos; a Ciencia y Técnica; a la infraestructura hidráulica en todo el país; a las obras en rutas y al mantenimiento vial, entre otras finalidades.

En cambio, por fuera de la voluntad expresada por el Congreso cuando se votó la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo amplió partidas presupuestarias para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), lo que incluyó aumento para “gastos reservados”. En los primeros ocho meses del año, mediante decisiones discrecionales, Milei aumentó 82% el presupuesto original asignado para la SIDE por parte del Congreso.

No hay que tomar en serio el Presupuesto 2027. En los hechos, es lo que viene demostrando el gobierno.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

La Oficina del Presidente de la República Argentina informó este lunes que Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el desarrollo de la Base Naval Integrada figure entre las prioridades del proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el próximo 15 de septiembre.

Según el comunicado difundido por la Casa Rosada, la medida apunta a fortalecer la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos, junto con otros proyectos estratégicos que formarán parte de la planificación presupuestaria para el próximo ejercicio.

El Gobierno sostuvo que la decisión se enmarca en una política destinada a reforzar las capacidades del Estado para la defensa del territorio nacional, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses estratégicos del país.

En el mismo documento, la administración nacional anunció que el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentará una denuncia penal contra las compañías Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de alcanzar a accionistas y directivos vinculados a esas firmas.

La presentación judicial se fundamenta en la presunta realización de actividades de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias otorgadas por el Reino Unido, situación que el Gobierno considera incompatible con las disposiciones de la Ley 26.659.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 7, 2026

Asimismo, la denuncia alcanzará a directores, gerentes, síndicos, administradores, representantes y otras personas que eventualmente hubieran participado de los hechos investigados.

Desde la Oficina del Presidente señalaron que estas acciones buscan proteger los recursos naturales argentinos y reafirmar los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El comunicado concluye reafirmando que el Estado nacional continuará promoviendo todas las herramientas jurídicas e institucionales a su alcance para impedir actividades que considere contrarias a los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.

Finalmente, el presidente Javier Milei no concurrirá el próximo 15 de septiembre al Congreso de la Nación para presentar personalmente el proyecto de Presupuesto 2027, tal como había trascendido durante el fin de semana.

La información pudo ser confirmada este martes por parlamentario.com a través de fuentes oficiales, que descartaron de plano la posibilidad de una exposición presidencial en el recinto de la Cámara de Diputados.

Según pudo saberse, incluso dentro del Gobierno sostienen que esa alternativa nunca estuvo realmente en consideración, lo que alimenta las sospechas de que el Poder Ejecutivo volverá a utilizar el mismo formato empleado el año pasado: un mensaje grabado desde la Casa Rosada para anunciar el envío del proyecto presupuestario al Congreso.

De todos modos, esa modalidad tampoco fue confirmada oficialmente hasta el momento. A casi un mes de la fecha límite establecida por ley para la presentación del Presupuesto, en el oficialismo prefieren mantener reserva sobre los detalles de la presentación.

La versión sobre una eventual presencia de Milei en la Cámara baja había cobrado fuerza durante los últimos días y motivó publicaciones periodísticas que daban por hecho el regreso del mandatario al Congreso para defender los principales lineamientos de la denominada “ley de leyes”.

Sin embargo, las aclaraciones realizadas este martes desde fuentes gubernamentales modifican ese escenario y dejan sin efecto la posibilidad de una sesión especial con la presencia del Presidente en el recinto.

Tiene sentido: algunas fuentes consultadas por este medio aclararon que “no tendría ningún sentido” que el presidente Milei se expusiera de esa manera en el recinto de Diputados, un escenario que podría transformarse en decididamente adverso, más allá del crecimiento numérico del oficialismo en ambas cámaras.

Sí lo hizo el Presidente el 15 de septiembre de 2024, cuando anunció el Presupuesto 2025, que al final no terminó tratando el Parlamento.

El 15 de septiembre constituye la fecha límite para la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional ante el Parlamento. Como ocurre cada año, la iniciativa abrirá una compleja discusión política y fiscal en la que volverán a tener un papel central los gobernadores y las provincias, en un contexto en el que el oficialismo necesitará construir acuerdos para avanzar con la aprobación de la norma.

De confirmarse el esquema utilizado en 2025 para presentar el Presupuesto 2026, Milei realizaría un mensaje audiovisual desde la sede del Poder Ejecutivo, desde donde expondría los principales objetivos económicos y fiscales de su administración para el año siguiente. Por ahora, no obstante, en el Gobierno evitan dar definiciones concluyentes y recuerdan que aún resta casi un mes para la fecha prevista.

El presidente Javier Milei regresará al Congreso el próximo 15 de septiembre para presentar personalmente el proyecto de Presupuesto 2027. Será la segunda vez que lo haga desde que llegó a la Casa Rosada, luego de haber encabezado la exposición del Presupuesto 2025 en el recinto de la Cámara de Diputados.

La fecha coincide con el plazo legal que tiene el Poder Ejecutivo para remitir la iniciativa al Parlamento y marcará el retorno del mandatario a una escena que considera estratégica para defender los lineamientos centrales de su programa económico. En Balcarce 50 entienden que la presentación presidencial refuerza políticamente el mensaje de equilibrio fiscal que el Gobierno busca consolidar de cara al próximo año.

A diferencia de lo ocurrido en septiembre de 2025, cuando el proyecto presupuestario fue presentado mediante un mensaje grabado y difundido por cadena nacional desde la Casa Rosada, esta vez Milei volverá a ocupar un lugar central en el recinto. En el oficialismo destacan que su perfil de economista y su experiencia como exdiputado convierten al Presidente en el principal expositor de la estrategia económica libertaria.

El objetivo del Gobierno no se limita a la presentación formal del proyecto. La administración nacional pretende que el Presupuesto quede sancionado antes de que el calendario electoral de 2027 absorba la agenda política. Lograr la aprobación de la ley presupuestaria también permitiría evitar una nueva prórroga de partidas y mostrar capacidad de gestión parlamentaria.

La discusión, sin embargo, volverá a abrir una compleja negociación con los gobernadores. Como ocurrió con anteriores debates presupuestarios, los mandatarios provinciales y los legisladores que les responden tendrán un papel determinante a la hora de reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras.

Entre los temas que podrían aparecer en la negociación figuran la distribución de recursos, las transferencias a las provincias y las partidas destinadas a infraestructura y obras públicas. El oficialismo necesitará construir entendimientos con distintos sectores de la oposición dialoguista para avanzar con la iniciativa.

La pulseada presupuestaria coincidirá además con otro frente de negociación abierto por la Casa Rosada: la reforma electoral y el futuro de las PASO. El Gobierno busca reunir apoyos para avanzar con modificaciones al sistema electoral y considera que el debate del Presupuesto puede transformarse en un ámbito clave para ordenar acuerdos con aliados y gobernadores.

En ese contexto, el proyecto para 2027 aparece como mucho más que un cálculo de ingresos y gastos. Para la administración libertaria será una prueba de fortaleza política y una instancia decisiva para medir su capacidad de construir consensos en el Congreso antes de ingresar de lleno en la disputa electoral del próximo año.

El Gobierno remitió al Congreso el Informe de Avance sobre la elaboración del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027, documento que adelanta los principales lineamientos que contendrá el proyecto de ley que deberá ingresar al Parlamento antes del 15 de septiembre.

El texto, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ratifica que la administración de Javier Milei mantendrá como eje central de su política económica el equilibrio fiscal, al tiempo que proyecta una continuidad del proceso de crecimiento económico iniciado tras la estabilización macroeconómica impulsada desde diciembre de 2023.

Según el informe, el Presupuesto 2027 tendrá metas orientadas a “preservar el orden de las cuentas públicas”, mantener el superávit fiscal y profundizar las reformas destinadas a reducir regulaciones, bajar impuestos y recuperar el acceso al financiamiento.

En materia macroeconómica, el Palacio de Hacienda sostiene que entre 2027 y 2029 continuará la normalización de la economía, con un crecimiento del Producto Interno Bruto sustentado en una mayor inversión, la recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo. También prevé una desaceleración significativa de la inflación, una mejora de los salarios reales y del ingreso de los hogares, así como una reducción del desempleo.

El documento agrega que los indicadores sociales mostrarían una evolución favorable, con una disminución gradual de la pobreza y la indigencia y una mejora en la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini.

Respecto de la obra pública, el informe confirma que continuará vigente una política de fuerte selección y priorización de proyectos. Los criterios definidos por el Gobierno privilegian las obras ya iniciadas y, entre los nuevos emprendimientos, aquellas que generen empleo, impulsen exportaciones, mejoren la balanza energética, promuevan el desarrollo tecnológico o cuenten con financiamiento externo.

En línea con la estrategia de ajuste y racionalización del gasto, Economía destacó que la demanda de inversión pública para 2027 asciende a 1.765 proyectos por un total de $10,2 billones, una cifra inferior a los 2.014 proyectos registrados en 2026 y muy por debajo de los 4.496 contabilizados para 2025.

El informe también incluye un balance de la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses de 2026. Al 31 de mayo, la Administración Nacional registró un superávit primario de $8,4 billones, equivalente al 0,7% del PBI, y un resultado financiero positivo de $2,66 billones. Los ingresos totalizaron $59 billones y los gastos $56,4 billones.

Entre las erogaciones se destacó el peso de los servicios sociales, que representaron el 73,9% del gasto ejecutado. Dentro de ese rubro sobresalen las partidas destinadas a seguridad social, educación, salud y asistencia social.

Por último, el trabajo señala que el Gobierno continuará promoviendo el saneamiento fiscal de las provincias y la reducción de la litigiosidad entre la Nación y las jurisdicciones subnacionales. En ese sentido, informó que veinte provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya adhirieron al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, mientras que siete jurisdicciones suscribieron acuerdos específicos para avanzar en la compensación de deudas.

El Ministerio de Economía puso en marcha formalmente el proceso de elaboración del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2027, al establecer el cronograma de trabajo y los mecanismos de coordinación que regirán la confección del proyecto que deberá ser remitido al Congreso de la Nación en los plazos legales.

La medida quedó oficializada a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, en la que también se dispuso la formulación del Presupuesto Plurianual para el período 2027-2029, una herramienta orientada a proyectar las principales variables macroeconómicas y fiscales del Sector Público Nacional en el mediano plazo.

Según establece la normativa, el Poder Ejecutivo deberá cumplir con lo dispuesto por la ley de Administración Financiera, que fija como fecha límite el 15 de septiembre del año previo para la presentación del proyecto de presupuesto ante la Cámara de Diputados. En ese marco, el Ministerio de Economía definió un esquema de tareas, responsables y plazos para garantizar la elaboración y exposición de la información que acompañará el mensaje de elevación al Congreso.

Para coordinar el proceso, la resolución constituye formalmente el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Este equipo estará integrado por funcionarios de distintas áreas y será el encargado de articular el trabajo con las jurisdicciones y organismos del Estado.

El GAEP tendrá a su cargo solicitar y procesar la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los planes y políticas públicas, definir prioridades de gasto e inversión y proyectar el escenario macroeconómico que servirá de base para el presupuesto del año próximo y el esquema plurianual.

Desde Economía señalaron que la planificación detallada de las actividades y la coordinación entre múltiples actores resulta indispensable para asegurar la coherencia del enfoque macroeconómico y fiscal, tal como exigen las leyes vigentes y el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

La resolución faculta además a la Subsecretaría de Presupuesto a realizar ajustes en el cronograma en función del avance de los trabajos, con el objetivo de garantizar que el proyecto sea elaborado y elevado en tiempo y forma al Congreso, dando así inicio a la discusión parlamentaria de una de las principales herramientas de política económica del Gobierno.