Por María José Lubertino. La presidenta de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos explora los resultados de adoptar políticas de Estado con perspectiva de género.
Uno de los ejes de la gestión del presidente Alberto Fernández donde se está dejando huella y donde se recoge la historia de aportes del movimiento de mujeres, feminista y LGTTBI es el que transversaliza las políticas de géneros. Esto es reconocido por oficialistas y opositoras, pero también por organismos internacionales, como por ejemplo cuando Naciones Unidas ubica a la Argentina entre los países del mundo que mejor incorporaron la perspectiva de género en el abordaje de la pandemia del Covid-19.
No se trata sólo de la creación del Ministerio o de un área de Género en el Ministerio de Economía o de gestos como la designación de feministas en todos los ministerios o de personas trans en funciones de relevancia, sino de políticas concretas como ponerse al frente el propio Presidente de los cursos de la Ley Micaela para capacitar a funcionarios, asumir la temática de los cuidados como una política de Estado, la paridad de género a la hora de constituir asociaciones civiles, o el cupo laboral trans en el empleo público.
Ahora un nuevo hito trascendente es la creación del programa interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Economía de la Nación para promover la incorporación del enfoque de géneros y diversidad en el diseño, ejecución y evaluación presupuestaria a nivel nacional.
El presupuesto con perspectiva de género es un concepto que comenzó a tener relevancia en los años 80 del siglo pasado, con Australia como país pionero en su aplicación. La metodología de la Unión Europea establece que el presupuesto de género debe ser aplicado a todos los niveles de ingresos y gastos del presupuesto. Así en el Reino Unido, Sudáfrica, algunos países de Europa como España y Austria, y otros de América Latina fueron sumándose experiencias. Hoy 15 de los 34 países de la OCDE tienen alguna medida para incentivar los presupuestos con perspectiva de género.
Rosario, desde el 2002 lleva adelante el Programa Presupuesto Participativo con participación ciudadana, rendición de cuentas y perspectiva de género como pilares. En 2003 como Diputada Nacional presenté un proyecto de ley en el Congreso de la Nación al respecto y durante los años 2006 – 2010 volvimos a proponer debates sobre el tema desde el INADI.
En el 2017 hasta el FMI se ocupó del tema. Con motivo de la Reunión del G7 en Italia de aquel año hasta Christine Lagarde habló de ellos diciendo que “las estrategias de género a largo plazo deben involucrar todos los aspectos del proceso presupuestario”. Paralelamente en Argentina recién en 2017 el entonces Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) coordinó una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete y en 2018 incorporó como parte del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2018-2020 una iniciativa de inclusión de la perspectiva de género en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional. Se identificaron 23 actividades presupuestarias vinculadas a esta temática y la Oficina de Presupuesto del
Congreso (OPC), a finales del 2018 introdujo en su agenda de trabajo el análisis de presupuesto con perspectiva de género.
En la Ciudad de Buenos Aires desde 2018 se hace un seguimiento de género del presupuesto y en 2019 se aprobó la Ley 6170 de Presupuesto con Perspectiva de Género.
El actual Gobierno nacional será el primero en concretar el Presupuesto 2021 con esta perspectiva gracias a este programa interministerial, y fue la diputada Carolina Moisés (FdT Jujuy) quien presentó una iniciativa en este sentido para que se plasme en una ley. La perspectiva de género se efectivizará a partir del uso de los instrumentos, como el etiquetado de los programas, proyectos y actividades, siempre que incluya acciones dirigidas a las mujeres y/o a promover la igualdad entre los géneros. Hay que aplicarlo a las llamadas “partidas duras”, a las grandes partidas de gasto presupuestario como pueden ser infraestructuras. Suponemos que se irá evolucionando y todo ello permitirá achicar las brechas de género.
La gran expectativa del movimiento feminista es cerrar este año parlamentario con el tratamiento y sanción del proyecto de ley de Aborto legal, seguro y gratuito. Confiamos en que ello ocurra, porque el presidente es un hombre de palabra y se comprometió a enviar un proyecto del Ejecutivo al iniciar el año parlamentario. Las cabezas de ambas cámaras y varias presidencias de los bloques apoyan la iniciativa y tienen la capacidad de generar consensos, porque además hay un activo espacio transversal de legisladoras/es de todos los bloques cada vez más comprometidos/as con nuestra causa y porque además estamos las mujeres atentas y movilizadas para que esto suceda. ¡Será Ley!
