El proyecto de financiamiento universitario tiene un costo del 0,14% del PBI para este año

Así se desprende de un informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en la antesala del tratamiento de la media sanción en el Senado.

En la antesala del tratamiento en comisiones -y posteriormente el recinto del Senado- del proyecto de ley sobre financiamiento universitario, la Oficina de Presupuesto del Congreso evaluó el impacto fiscal que tendría la medida para este año y estimó un 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones.

La iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados por 143 votos positivos, 77 negativos y 1 abstención el pasado 15 de agosto propone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudio al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del IPC en 2023, y luego, bimestralmente ajustar el monto resultante por el IPC informado por el INDEC, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

Asimismo, establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1ro. de diciembre de 2023 y hasta que se sancione el proyecto como ley, tomando en cuenta aumentos ya otorgados, y luego una actualización mensual por la inflación informada por el INDEC.

Según el informe de la OPC, para el ejercicio vigente “se estimó un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”. En el detalle, la actualización por IPC anual 2023 para gastos de funcionamiento representa unos $210.742 millones, el 0,04% del PBI.

En tanto, la actualización bimestral por IPC 2024 para gastos de funcionamiento sería de $86.254 millones, el 0,02% del PBI; y la recomposición de salarios de personal docente y no docente se lleva la mayor partida, con $441.600 millones, el 0,08% del PBI.

En el estudio que fue requerido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se señala que “el impacto derivado del artículo 3 del proyecto se estima en $210.742 millones y surge de comparar el presupuesto actualizado ($310.427 millones) con el crédito inicial ($99.685 millones). Por su parte, el impacto del artículo 4 se proyectó en $86.254 millones que resulta de la diferencia entre el impacto final ($296.995 millones) y el impacto del artículo 3”.

En el monto que representa los incrementos para el personal, los salarios de docentes y autoridades costaría $277.187 millones, mientras que los salarios de no docentes $164.413 millones, un total de $441.600 millones.

Respecto al artículo que establece “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”, el organismo de asistencia técnica a los legisladores lo incluyó dentro de los “impactos fiscales no cuantificables”.

“El mismo no especifica a qué becas estudiantiles se refiere ni se establecen parámetros para la actualización de su monto ni la incorporación de becarios, por lo que no es posible estimar el impacto fiscal”, sostuvo la OPC.

Desde el Consejo Interuniversitario manifestaron “satisfacción” por la media sanción

El organismo emitió un comunicado en el que pide por la rápida sanción de la ley en el Senado. “Necesitamos revertir con celeridad la angustiante situación salarial”, aseguraron.

Luego de la media sanción de un proyecto de ley que garantice el financiamiento universitario y recomponga los salarios de docentes y no docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su “satisfacción” y reconocimiento sobre “el responsable trabajo de legisladoras y legisladores que permitió dar este sustancial paso para todo el sistema universitario nacional”.

“Este trabajo legislativo es un enorme reconocimiento a las universidades nacionales y da cuenta de lo que las comunidades universitarias, las representaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles, el CIN y el país todo reclamó a lo largo de todo el año: la necesidad de un sistema universitario fuerte al servicio de la Nación, un presupuesto para funcionar, salarios dignos para una universidad de excelencia y becas dignas para nuestros estudiantes”, señalaron.

Desde el organismo agradecieron a los diputados que “trabajaron responsablemente para aprobar este proyecto, por su apoyo constante al sistema universitario público que da esperanzas en un año muy complejo, por poder otorgar, finalmente, a la universidad pública la jerarquía y centralidad que la Nación requiere y que la sociedad argentina reclamó en la conmovedora manifestación de apoyo en abril de este año”.

“Nos ponemos a disposición de la Honorable Cámara de Senadores y solicitamos el tratamiento urgente para que el proyecto, que adquirió media sanción, se convierta en ley rápidamente”, sostuvieron.

El CIN consideró que se trata de una ley que “otorgará previsibilidad al sistema y resolverá sus problemas”. “Necesitamos revertir con celeridad la angustiante situación salarial que atraviesan docentes y no docentes de las universidades, y recuperar la normalidad en el desarrollo de nuestras actividades, para que la universidad siga aportando a un país que, por sus problemas, necesita mucho de ella”, concluyeron en el comunicado.

Diputados se prepara para una semana desbordada de sesiones

El oficialismo propone insistir con el debate de la reunión frustrada, pero la oposición “dialoguista” ha agregado dos temas que incomodan por demás al Gobierno. Todo concentrado en dos días consecutivos.

Caída la sesión especial pedida por el oficialismo el miércoles 7 de agosto, era de manual que el oficialismo insistiría más temprano que tarde con el mismo temario. Pero antes de que lo hiciera, un sector de la oposición ¿todavía amigable? se adelantó para pedir una sesión especial para tratar tan solo el DNU 656/24 que dispuso el otorgamiento de 100 mil millones de pesos en concepto de gastos reservados para la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado.

Esa sesión fue pedida para el jueves que viene, el 15 de agosto. En rigor, desde Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal) habían adelantado el mismo día de la sesión especial caída que analizaban convocar a una sesión especial para el martes venidero, incluyendo el temario frustrado del 7 de agosto, sumándole el tratamiento del DNU. Eso dijeron en caliente quienes con su ausencia habían abortado sorpresivamente la sesión del miércoles pasado; pero ya más fríos y transcurrida la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo en la que no se pudo forzar el tratamiento del DNU de la discordia, hicieron una jugada más adecuada: convocar a sesionar ni bien se agotaran los plazos legales que tiene un decreto de necesidad y urgencia para ser tratado. Esto es, al día siguiente en el que se cumplieran los diez días de plazo para el tratamiento en la Bicameral de DNU. Ergo, el 15 de agosto.

De ahí la fecha pedida para sesionar, el próximo jueves, a partir de las 10 de la mañana. Algo que extraoficialmente habían sugerido desde Unión por la Patria. Atentos a su condición de “mancha venenosa” para la oposición dialoguista, sugirieron que desde allí pidieran una sesión para tratar el DNU, y cumplido ese trámite ellos colaborarían luego con el quórum. Se verá cuántos terminan sumando, habida cuenta de que esa sesión ha sido pedida por diputados de Encuentro Federal (16 voluntades), la Coalición Cívica (6 diputados) y siete radicales.  Sumando los 99 de UP, con asistencia perfecta, estarían sumando 128 diputados. Y si está la izquierda, se asegura el quórum (¿y los votos?) con creces.

Primereados por Encuentro Federal, el oficialismo y sus aliados del Pro pidieron una sesión especial para el miércoles 14, con el mismo temario del 7 de agosto, más el proyecto que declara a la educación servicio esencial. Una fuente del bloque de Miguel Angel Pichetto confió a parlamentario.com que este martes en la reunión de bloque que tendrán definirán si dan quórum al día siguiente, cosa que no hicieron, como hemos dicho, el miércoles pasado. Y si bien aclaró que no habían hablado aún como bloque, particularmente era de la idea de dar esta vez quórum “ordenando bien la sesión”.

Más allá de eso, el radicalismo, que sí estuvo presente el miércoles pasado –salvo tres excepciones por razones de salud- sorprendió el viernes convocando a una sesión para este mismo miércoles, a las 14, para tratar el tema del presupuesto universitario. Esa es una cuestión que fue muy meneada en la primera parte del año, hasta que el Gobierno se avino a reforzar partidas. En principio, la cuestión quedó pendiente para llevar al recinto, pero el radicalismo aclaraba por lo bajo que el tema sería resuelto definitivamente con el Presupuesto 2025. Como el tema se ha complicado y ya se especula con una nueva marcha universitaria, el bloque UCR resolvió pedir llevar el tema al recinto este miércoles.

El pedido es bien específico: es para las 14 del miércoles 14, “o al término de la sesión especial solicitada por el diputado Alejandro Finocchiaro y otros diputados, en caso de que esta última se extendiera más allá de las 14.00 hs.”.

Fuentes del bloque radical recordaron que ya hicieron saber al oficialismo la necesidad de que se funcione “con sesiones de tablas con todos los temas dictaminados por las comisiones”. “Funcionar en base a sesiones especiales es una irregularidad reglamentaria”, aseguraron.

El tema del financiamiento universitario se trató en comisiones en mayo pasado y hubo cuatro despachos. Anteriormente, cuando todavía no contaban los proyectos con dictamen, el 24 de abril -un día después de la marcha federal a favor de la universidad pública- fracasó por falta de quórum una sesión que había pedido Unión por la Patria para tratar este asunto y la restitución del FONID. Luego hubo otra sesión, el 21 de mayo, pedida por la UCR, donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para discutir los temas educativos.

El radicalismo había solicitado una sesión en julio, pero luego la pasó para agosto. Y ahora efectivamente volvió a pedirla, aunque solo por el tema universidades y no FONID.

Recordemos que el Gobierno acordó en mayo pasado un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento para las universidades. Pero actualmente las universidades se encuentran con paros y ante la posibilidad de no volver a clases en el segundo semestre, producto del atraso salarial del personal docente y no docente. “Hay una crisis profunda por lo salarial que tendrá que ser abordada”, resaltan desde el bloque de la UCR, que al mismo tiempo admiten deberán abrir el diálogo con el resto de los bloques para “alcanzar una mayoría”, dado los distintos dictámenes (el de mayoría es el de UP).

Las mismas fuentes aclararon que el pedido formulado al presidente del Cuerpo, Martín Menem, cubre la posibilidad de que “haya argucias reglamentarias sobre que se superpone y no se puede hacer”. Recordemos que en el pasado reciente, UP había convocado a una sesión especial para el martes 30 de abril, para tratar movilidad jubilatoria, cuando se preveía realizar la sesión de la Ley de Bases el día anterior, con la certeza de que se extendería al día siguiente. Así las cosas, el presidente de la Cámara nunca oficializó la sesión pedida para el martes.

Ahora los radicales piensan que no hay elementos para que las autoridades de la Cámara baja denieguen esa solicitud. Se verá, pero lo cierto es que para la sesión especial que se cayó se hacía un cálculo preliminar de entre 21 y 24 horas de duración. Y ahora a esa sesión se le ha sumado el tema de la esencialidad para las clases, un tema que amerita un debate intenso. Planteadas estas tres sesiones, tal vez el oficialismo juegue al cansancio, estirando lo máximo posible la sesión que ellos convocan.

Se verá.

La UCR también pide una sesión en Diputados, con el financiamiento universitario como único tema

Una puja por el recinto se verá la semana próxima, ante la solicitud de los radicales, la convocatoria del oficialismo y sus aliados del Pro, y el pedido de Encuentro Federal.

Luego de la convocatoria fallida el pasado miércoles 7, en la Cámara de Diputados se presentaron tres pedidos de sesiones diferentes entre el próximo miércoles 14 y jueves 15 de agosto.

Después que el bloque Encuentro Federal solicitara abrir el recinto para tratar el DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para la SIDE; y que el oficialismo hiciera lo propio, junto a sus aliados del Pro, replicando el temario que no se pudo tratar y sumando el proyecto para declarar la educación como servicio esencial, la Unión Cívica Radical presentó otro pedido.

En la solicitud, los radicales llaman a sesionar el miércoles 14 a las 14, “o al término de la sesión especial” que fue pedida por macristas y libertarios a las 11. El temario tiene como único tema el orden del día referido al proyecto sobre financiamiento universitario.

El pedido lleva las firmas de Danya Tavela, Mario Barletta, Carla Carrizo, Melina Giorgi, Rodrigo de Loredo, Fernando Carbajal, Julio Cobos, Pedro Galimberti, Marcela Antola, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Marcela Coli, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning, Gabriela y Martín Tetaz.

Fuentes del bloque radical recordaron que ya hicieron saber al oficialismo la necesidad de que se funcione “con sesiones de tablas con todos los temas dictaminados por las comisiones”. “Funcionar en base a sesiones especiales es una irregularidad reglamentaria”, aseguraron.

El tema del financiamiento universitario se trató en comisiones en mayo pasado y hubo cuatro despachos. Anteriormente, cuando todavía no contaban los proyectos con dictamen, el 24 de abril -un día después de la marcha federal a favor de la universidad pública- fracasó por falta de quórum una sesión que había pedido Unión por la Patria para tratar este asunto y la restitución del FONID. Luego hubo otra sesión, el 21 de mayo, pedida por la UCR, donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para discutir los temas educativos.

El radicalismo había solicitado una sesión en julio, pero luego la pasó para agosto. Y ahora efectivamente volvió a pedirla, aunque solo por el tema universidades y no FONID.

Ante la prórroga del Presupuesto 2023 por parte de la gestión libertaria y la falta de actualización en las partidas, lo que despertó el fuerte reclamo desde las casas de altos estudios, el Gobierno acordó en mayo pasado un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento.

Pero actualmente las universidades se encuentran con paros y ante la posibilidad de no volver a clases en el segundo semestre, producto del atraso salarial del personal docente y no docente. “Hay una crisis profunda por lo salarial que tendrá que ser abordada”, resaltan desde el bloque de la UCR, que al mismo tiempo admiten deberán abrir el diálogo con el resto de los bloques para “alcanzar una mayoría”, dado los distintos dictámenes (el de mayoría es el de UP).

En la nota enviada al presidente del Cuerpo, Martín Menem, los radicales pidieron que la sesión sea a las 14 o al término de la otra pedida para ese día, “para que no haya argucias reglamentarias sobre que se superpone y no se puede hacer”, dijeron.

El debate sobre movilidad jubilatoria podría postergar el de los temas educativos

La primera sesión dependerá de la decisión de UP de dar o no quórum. Desde el radicalismo insisten en no tratar todo en una misma jornada.

Una jornada atípica se espera para este martes en la Cámara baja, donde han sido convocadas dos sesiones especiales. Pero a diferencia de lo que podría esperarse, no se trata esta vez de sesiones contrapuestas entre el oficialismo y la oposición, sino de sendas reuniones pedidas por la oposición.

La duda está planteada en si todos los sectores de la oposición darán o no quórum, y en ese sentido corre con ventaja la primera sesión convocada para las 11 de la mañana.

Esa convocatoria corresponde al bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El temario de esa sesión incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un mismo despacho.

Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP, el de mayoría; otro de la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

La oposición no se pudo poner de acuerdo durante el debate en comisiones. La gran diferencia entre los dos primeros dictámenes radica en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), al que Unión por la Patria no quiere tocar, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme.

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más.

El dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

¿Una sola sesión?

La oposición “dialoguista” da por descontado que conseguirá quórum para la sesión de las 11. “Nosotros lo damos, por supuesto, y también el resto de los convocantes a la sesión”, señaló una fuente radical consultada, en referencia a Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica. Todos ellos, más la izquierda y los santacruceños, suman 71. Por eso, que haya quórum dependerá de que Unión por la Patria baje o no a esa hora.

Ahora bien, si hay quórum y la sesión puede realizarse, ¿qué sucederá con la sesión de las 14, pedida por UP para tratar temas educativos?

El bloque radical ya había dejado claro que querían dedicar este martes a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que pidió después sesionar ese mismo día, para tratar un temario que también incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero además la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya anticiparon que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.

¿No darán quórum en ese caso los radicales, para no quedar haciéndole el juego a UP? La especulación que hacen en el propio partido centenario es que el debate sobre la cuestión previsional se extenderá a lo largo de todo el día, obligando a una postergación de la cuestión educativa.

“No vemos la necesidad de meter todo el mismo día”, explicó una fuente radical consultada.

A propósito de la cuestión educativa, sobre la restitución del FONID cabe consignar que en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

Oficializaron las dos sesiones pedidas por la oposición para el martes

Las autoridades de la Cámara baja confirmaron este viernes sendas sesiones solicitadas por el radicalismo y Unión por la Patria.  

Este martes 4 de junio se dará el hecho curioso de que habrá dos sesiones especiales convocadas por distintos bloques de la oposición. Con temas compartidos, las citaciones han sido confirmadas este viernes por las autoridades de la Cámara baja para las 11 de la mañana y las 14.

En el primero de los casos, la convocatoria es del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. Para las 14, el bloque de Unión por la Patria de Germán Martínez llama a sesionar también por el sistema previsional, pero también por temas educativos: presupuesto universitario y restablecimiento del FONID.

El temario de la sesión pedida por los radicales incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

Salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) la oposición más férrea y la dialoguista no estarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto de la fórmula y la recomposición.

Mientras el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez, con 33 firmas, y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.

El pedido de UP

El bloque radical ya había dejado claro que querían dedicar esa sesión a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que pidió horas después sesionar ese mismo día, para tratar también FONID y presupuesto universitario.

Este viernes se dio curso a ese pedido, oficializándose el llamado a sesionar este martes a las 14, a fin de tratar un temario que incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero también la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Este pedido lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Pblo Carro, Silvana Ginocchio, Máximo Kirchner, Gisela Marziotta, Ariel Rauschenberger y Julia Strada.

Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya dejaron claro que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.

En cuanto a la restitución del FONID, en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

UP pidió otra sesión especial para el martes, sumando la cuestión educativa

Luego de que las autoridades de la Cámara formalizaran la convocatoria para este martes 4 de junio a las 11, el bloque que conduce Germán Martínez solicitó también sesionar ese día, agregando al temario presupuesto universitario y FONID.

Contrariando la postura de la UCR de no agregar temas al debate que esperan realizar el martes que viene sobre la cuestión previsional, el bloque de Unión por la Patria pidió este jueves su propia sesión para ese mismo día, sumando los temas relacionados a la cuestión educativa que obtuvieron dictamen los últimos días.

Más temprano, las autoridades de la Cámara baja habían formalizado la convocatoria a la sesión pedida por el bloque de diputados nacionales del radicalismo para el martes 4 de junio a las 11, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El bloque de Rodrigo de Loredo ya había dejado claro que querían dedicar esa sesión a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, que pidió horas después sesionar ese mismo día, para tratar también FONID y presupuesto universitario.

El temario de la sesión pedida por los radicales incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

Salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) la oposición más férrea y la dialoguistas no estarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto de la fórmula y la recomposición.

Mientras el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez, con 33 firmas, y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.

El pedido de UP

En la tarde del jueves se conoció el pedido de un grupo de diputados de Unión por la Patria para sesionar también el martes 4, pero a las 14, a fin de tratar un temario que incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero también la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Este pedido lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Pblo Carro, Silvana Ginocchio, Máximo Kirchner, Gisela Marziotta, Ariel Rauschenberger y Julia Strada.

Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya dejaron claro que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.

En cuanto a la restitución del FONID, en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

Presupuesto universitario: A pesar de la advertencia de Milei, se firmaron cuatro dictámenes y ya hay fecha de sesión

Los despachos fueron emitidos por UP, el oficialismo con el Pro, la UCR y otros, y el FIT. El titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, anunció que este viernes será oficializada la sesión.

Las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda se reunieron este jueves –tal como se validó en el recinto- para avanzar con los proyectos sobre actualización en el financiamiento universitario. Hubo 4 dictámenes.

Los despachos fueron presentados por Unión por la Patria con 34 firmas (el de mayoría); el de La Libertad Avanza y el Pro con 26; el de la Unión Cívica Radical (en conjunto con Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica) con 21 ; y el del Frente de Izquierda con 2.

El encuentro comenzó con la palabra del titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien anunció que “hoy va haber dictámenes de todos los bloques, porque a todos los espacios nos interesa que la universidad pública esté bien y esté mejor”. Asimismo, apuntó contra la medida gremial docente que se realizó este jueves: “Estamos tratando esto en un día en que muchos millones de chicos no tienen clases y desde 1983 a la fecha, llevamos más de mil paros”.

En su intervención para defender el dictamen de Unión por la Patria, el titular de bloque Germán Martínez anticipó que pedirán ir al recinto el próximo martes 4 de junio a las 15. Esta sesión fue confirmada por Finocchiaro, quien anunció que este viernes será oficializada.

De cara a esa sesión, fuentes del radicalismo aclararon que si el lunes que viene se firma el acuerdo entre el Gobierno y las universidades, “pierde sentido sancionar la ley”.

Si bien el acuerdo con el Gobierno es solo para este año, desde el partido centenario aclararon que para el año que viene la situación quedará aclarada en el Presupuesto 2025. Para el presente año, desde el radicalismo señalan que el presupuesto prorrogado vigente no debe quedar congelado, sino actualizarse por la inflación acumulada. “Si a eso se le da solución el lunes con un monto que conforme a las universidades, tema resuelto por este año”, apuntaron, dejando claro que para el próximo año se discutirá a partir de septiembre con el próximo presupuesto.

En relación a las iniciativas a tratar, la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, aclaró que el texto presentado por el diputado nacional Pablo Carro (UP) sobre promoción de la economía del conocimiento “tiene como comisión cabecera a Comunicaciones e Informática, y por eso vamos a seguir en conversaciones sobre el proyecto que estará a la vista y no al despacho”. El cordobés asintió la moción.

Varios legisladores de diferentes espacios se manifestaron en contra de lo que declaró el presidente Javier Milei el martes pasado -al cabo de la sesión donde se votó el emplazamiento-, respecto de que “cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quiera romper el equilibrio fiscal, romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar”. También, hubo duras críticas contra el Gobierno anterior.

En qué difieren los despachos de UP y la UCR

Tal como lo anunció Germán Martínez, hay muchas similitudes entre el dictamen de mayoría que emitió Unión por la Patria con 34 firmas; y el de la UCR -en conjunto con HCF, CC e IF-, respecto a la actualización del financiamiento universitario. Sin embargo, se diferencian en algunos artículos.

En ambos casos, se propone la actualización de las partidas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2024 y de forma bimestral. Pero en el caso de UP integra a los sectores ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.

Además, desde la bancada kirchnerista le exigen al Poder Ejecutivo restablecer todas las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución, puntualizando sobre las cinco universidades nacionales creadas por ley en 2023.

A diferencia del dictamen de la diputada radical Danya Tavela, UP propone la inmediata actualización de los salarios docentes y no docentes universitarios y el aumento de la cantidad y monto de las becas estudiantiles.

Por su parte, el despacho del radicalismo difiere en esta cuestión ya que en palabras de su impulsora “los aumentos son por paritaria nacional docente para no cambiar las reglas”. Del mismo modo –algo que no está en el dictamen de la oposición más férrea- es la realización de auditorías y su posterior informe al Congreso, pero no en el sentido que propone el Gobierno Nacional, sino para que “quede claro que las universidades no tienen nada que ocultar”.

El debate

En primera instancia, la diputada nacional Romina Del Plá anunció que el Frente de Izquierda irá al recinto con su propio despacho, porque “no solo es la necesidad del incremento en los gastos operativos, sino que insistimos con la declaración de emergencia, un incremento del 300%, mejoras en salarios de docentes, no docentes y becas para estudiantes e insistimos con la actualización de las obras sociales de las universidades”.

De participación sindical activa, Del Plá reivindicó el paro de este jueves en todos sus niveles: “Hoy estamos de paro con la docencia universitaria porque somos víctimas de esta política de ajuste y los docentes están diciéndole al Gobierno Nacional y a los gobernadores que no vamos a admitir que se siga ajustando en la educación pública”.

El monobloquista neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) trajo a colación la situación actual de la Universidad Nacional del Comahue y señaló que “el presupuesto prorrogado del 2023, que fue planificado en 2022, generó un déficit de 211 millones de pesos” en la casa de altos estudios de Neuquén. Cargó, además, contra el presidente por mencionar la posibilidad del veto y cerró: “Los dialoguistas no estamos de ningún lado de la grieta, estamos del lado de las universidades”.

A su turno, el diputado nacional Fabio Quetglas (UCR – Buenos Aires) manifestó que “sin Presupuesto carecemos de un horizonte ético de saber a quién le pedimos y a quién no le pedimos el esfuerzo”, y agregó que “la arbitrariedad presupuestaria está haciendo estragos en un montón de aspectos de la vida pública”.

El jefe de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó las diferencias entre su despacho y el de los radicales (junto a HCF e IF), y amplió que “los artículos 3 y 4 son exactamente los mismos que el 1 y 2 de nuestro dictamen, pero se toman a cuenta de los aumentos que sean incluidas las cinco universidades creadas el año pasado”.

Asimismo, agregó que “incluimos un artículo 3 para prever la actualización de las partidas sobre desarrollo de proyectos tecnológicos, científicos y de extensión universitaria”, y se refirió a Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación: “No vamos a darle facultades delegadas a un área que ha demostrado no cumplir con nada”.

Al igual que Llancafilo y la izquierda, cargó contra el presidente Javier Milei: “Estamos en esta situación por el salvaje proceso de ajuste desde el primer día de su gobierno”. Recordó, en esa línea, otros procesos de ajuste y afirmó que los pedidos de auditorías y control “son excusas” para ejecutar la desfinanciación de las casas de altos estudios.

También, destacó la labor de la oposición respecto a este tema y repaso la movilización universitaria del 23 de abril, la posterior sesión sin quórum del 24 y el emplazamiento a comisiones del martes pasado. “Nosotros veníamos planteando esto desde mediados de marzo”, consideró el santafesino.

“La universidad es el resultado de tres grandes aportes, la reforma del 18, la consagración efectiva de la gratuidad y la creación de universidades de cercanía de la República Argentina. Sin eso podría ser esa proyección aspiracional de movilidad social ascendente”, afirmó.

Para cerrar su intervención, el jefe bancada de UP alertó a “tener posturas claras porque nos van a querer meter el financiamiento privado por el costado y la batalla se está dando ahora”, en relación a la redacción los artículos del proyecto, y anunció que “están dadas las condiciones para que tengamos una sesión con quórum y en las próximas horas, nuestro bloque va a pedir para el martes 4 de junio a las 15”.

El titular del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, anunció la firma de un tercer dictamen y cuestionó al que presentaron La Libertad Avanza y el Pro: “Les pedimos que mejoren la redacción del artículo 2 porque es una expresión de deseo en un dictamen”. “Es inadmisible en la práctica parlamentaria, referirse a un acuerdo que todavía no está suscripto con el CIN”, aseveró.

Impulsora del proyecto del radicalismo, la diputada nacional Danya Tavela afirmó que “este es el dictamen que espera el sistema universitario”. Asimismo, sumó: “Quiero que discutamos el artículo 58 porque se necesitan criterios claros, sino el vínculo político de turno hace que la plata no vaya a los estudiantes, sino que se reparte por un criterio partidario”.

A su vez, planteó que “quiero que discutamos criterios objetivos de asignación presupuestaria”, pero advirtió que “no van a encontrar en nuestro dictamen una actualización salarial porque nosotros defendemos la paritaria porque no vamos a cambiar las reglas de juego”.

Al igual que todos los bloques de la oposición, la diputada radical criticó la postura del oficialismo: “Vamos a pedir que se presenten las Auditorías porque las universidades no tienen nada que ocultar y no vamos a permitir que este Gobierno siga avanzando en el ajuste en la educación”.

La vicepresidenta de la comisión, Blanca Inés Osuna, expresó enérgicamente durante el plenario: “No se merece la universidad pública argentina estar en esta situación y nosotros entendemos que es indispensable tener una mirada integral sobre la situación de las Universidades”. Además expresó que “nos comprometemos a que puedan resolverse de la manera más rápida en el recinto y avanzar”.

En representación del oficialismo, el diputado nacional Santiago Pauli (LLA – Tierra del Fuego) deslizó que “es falso que haya diputados que defienden la universidad pública y otros que no la defienden”, y defendió al presidente de la Nación: “Tenemos un gobierno que sí ha aumentado las partidas y ha garantizado el funcionamiento de las universidades”.

En medio de los abucheos de la oposición, el fueguino siguió: “Lo que se está haciendo es desactivar bombas porque hace tiempo hubo un ‘acting’ que se hizo en una universidad donde se apagó la luz e hicieron campaña del miedo con las universidades y no han cerrado”.

“El fantasma del cierre y el arancelamiento no son reales porque hay problemas de larga data”, enfatizó Pauli. “¿En qué se gastó el gobierno anterior la plata? Y sí desde la UBA suspendieron la declaración de emergencia es porque el acuerdo entre CIN y Gobierno suspende aquellos que consideraba que estaban en emergencia”.

En defensa del despacho oficialista, la diputada libertaria Mercedes Llano (Mendoza) explicó que “las universidades han implicado un retroceso en la calidad educativa en relación al aumento del gasto público”.

“La expansión de la inversión no está reflejado en mejoras de la calidad universitaria”, cuestionó Llano, quien afirmó que “es un deber moral de los representantes del pueblo ratificar que los docentes ingresen por concurso”. “Estas reformas quieren poner la universidad al servicio de la sociedad y no de los partidos políticos”, culminó.

Por último, la presidenta de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti, remarcó que el problema central recae en la ausencia de una Ley de Presupuesto para este período y defendió la movilización universitaria del mes pasado: “El pueblo argentino salió sin banderías políticas y todos estamos llamados a defender la universidad pública”.

En tal sentido, afirmó que la universidad “promueve el acceso a la cultura y permite la democratización de las oportunidades que es lo que necesita el país para salir adelante”. Para ello consignó “buscar un criterio objetivo por ley que no dependan de particularidades”.

Del mismo modo, relató la situación de las casas de altos estudios de Salta: “Las universidades consumieron más del 90% de su presupuesto en el primer cuatrimestre”.  “Por eso debemos generar criterios objetivos que puedan ser logrables, que establezcan previsibilidad y pedimos el reconocimiento del IPC del 2023 y el 2024”, concluyó.

Culminadas las exposiciones sobre los cuatro dictámenes emitidos, Finocchiaro, quien estuvo acompañado por José Luis Espert -en su rol de presidente de Presupuesto y Hacienda-, anunció que el martes próximo se tratarán los proyectos para restablecer la vigencia del FONID.

 

Tal como se aprobó en el recinto, se convocó el plenario para dictaminar los proyectos sobre presupuesto universitario

En la reunión plenaria de este jueves, iniciará el debate para tratar siete proyectos sobre la prórroga del FONID, el cual perdió vigencia el 1ero. de enero de este año al no ser renovado por el Poder Ejecutivo tras 26 años.

Tal cual se aprobó en la sesión especial de este martes, las comisiones de Educación, que preside el diputado macrista Alejandro Finocchiaro, y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert, oficializaron la reunión plenaria de este jueves a las 14 para dictaminar los proyectos sobre financiamiento educativo e iniciar el debate sobre el FONID (Fondo de Incentivo Docente).

Luego de la aprobación del emplazamiento pedido por el jefe de bloque radical, Rodrigo de Loredo, en la sesión, las autoridades de las dos comisiones ratificaron el acuerdo hecho en el recinto. La idea es dictaminar este jueves los nueve proyectos sobre actualización presupuestaria y declaración de emergencia educativa hasta el 31 de diciembre del 2024 impulsados por la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de Innovación Federal.

Además, comenzará el debate para restablecer la vigencia del FONID, el cual no fue prorrogado por el Poder Ejecutivo para este período tras 26 años. Respecto a ese tema, hay 7 proyectos de ley presentados por: 3 de UP, de Ariel Rauschenberger, Silvana Ginocchio y Máximo Kirchner; 2 de la UCR, de Danya Tavela y Julio Cobos; uno de Margarita Stolbizer (HCF); y uno de Romina Del Plá (FIT).

Si bien se acordó que el debate por el regreso del Fondo de Incentivo Docente comenzara el martes 28, en la citación de la Secretaría Parlamentaria se anunció que empezaría este jueves tras la firma de los despachos a los textos sobre la movilidad en el presupuesto de las casas de altos estudios.

Los proyectos que las autoridades de estas comisiones se comprometieron a dictaminar son la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá; una actualización presupuestaria de Mónica Litza; y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela.

También, serán tratados los textos sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro; las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo y Julia Strada; la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria; y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

 

Tras intensos cruces, la oposición logró aprobar el emplazamiento de comisiones por el financiamiento universitario y el FONID

La discusión en la Cámara de Diputados se extendió por varias horas. Menem sometió primero a votación el temario, que previsiblemente no obtuvo los dos tercios para tratarse sobre tablas. Tuvieron aval los pedidos con día y hora para apurar ambos temas en Educación y Presupuesto. 

Por Melisa Jofré

Tras varias horas de fuertes cruces entre diputados, la oposición en la Cámara baja logró aprobar este martes el emplazamiento de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para que, con día y hora, apuren los dictámenes de los proyectos relacionados al financiamiento universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. 

En medio de reclamos y discusión por cuestiones reglamentarias, pasadas las 18.30 el presidente del Cuerpo, Martín Menem, sometió a votación el temario con el cual el bloque de la Unión Cívica Radical solicitó la sesión. Ninguno de esos proyectos contaba con dictamen, por lo que -previsiblemente- no se alcanzaron los dos tercios de los presentes para tratarse sobre tablas. La votación resultó con 131 positivos, 101 negativos y 0 abstenciones.

Posteriormente se pasó a votar la moción de pedido de emplazamiento de las comisiones realizadas por el jefe del radicalismo, Rodrigo de Loredo, y el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez. Por un lado, uno se refirió al financiamiento de las universidades, y el otro al FONID, respectivamente. Esto abrió un ida y vuelta con Menem, que planteó que eran dos mociones distintas y por lo tanto tenían que hacerse dos votaciones. Después de insistir, la UCR y UP lograron que se voten en conjunto. 

De esta manera, el emplazamiento dispone que el plenario de Educación y Presupuesto se reúna este jueves a las 14, con “la obligación de emitir dictamen” sobre presupuesto de las universidades nacionales; mientras que en esa misma reunión deberán tratarse las iniciativas sobre el FONID, para dictaminar sobre ésta cuestión el próximo martes 28 de mayo a las 15. Fue aprobado con 152 votos a favor, 81 en contra y 0 abstenciones. 

Positivamente lo hicieron los bloques de Unión por la Patria, UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino.

Mientras que rechazaron La Libertad Avanza y sus aliados del Pro, el MID, los tucumanos de Independencia, Buenos Aires Libre y Creo. Además votaron negativamente Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal -el único de su bancada- y los sanjuaninos de Producción y Trabajo. 

La sesión de este martes estuvo en duda hasta minutos antes; si bien no había sido levantada por sus impulsores, los radicales se congregaron en las oficinas de De Loredo a poco tiempo del inicio y evaluaron qué harían luego que desde el Gobierno nacional llegara el anuncio de que se había acordado con el Consejo Interuniversitario Nacional un aumento del 270% (para gastos de funcionamiento, no de salarios) para todas las universidades, como sucedió antes con la UBA. Un incremento que regirá para este año. 

Pero previamente, el oficialismo ya había intentado frenar la sesión con la convocatoria al plenario de Educación y Presupuesto para este jueves a las 16. Ahora el emplazamiento fue para dos horas antes. Cuando este lunes la Libertad Avanza y sus aliados del Pro movieron esa ficha ya había incluso radicales que sugerían no ir a la sesión, por más que era su propio espacio el que la había pedido. ¿El argumento? No quedar “pegados al kirchnerismo”.

Unión por la Patria ya había avisado que bajaría a dar quórum y que además pediría por el emplazamiento para tratar los proyectos relacionados al FONID. Así fue finalmente. 

A las 14.22 se alcanzó el quórum, con la presencia holgada de 138 legisladores. A los diputados de la UCR y UP se sumaron por la Coalición Cívica cinco de seis de sus integrantes: Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Marcela Campagnoli. 

También dieron el presente los cinco legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Christian Castillo

Por Hacemos Coalición Federal, sólo cuatro diputados estuvieron para el quórum -los demás, como Miguel Pichetto, bajaron luego- y fueron: los cordobeses Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño; y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón

Además, se sentaron en sus bancas para aportar al número Agustín Domingo (Innovación Federal), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). 

La sesión transcurrió durante horas por otros temas: hubo más de una veintena de cuestiones de privilegio, tres homenajes y pedidos de apartamiento del reglamento para tratar repudios contra el secretario de Culto, Francisco Sánchez, lo pidió la massista Cecilia Moreau; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a solicitud de la macrista Silvia Lospennato; y el presidente español, Pedro Sánchez, a propuesta del libertario Nicolás Mayoraz. Sin los dos tercios, ninguno prosperó. 

La sesión había sido pedida por el bloque que conduce Rodrigo de Loredo el viernes pasado.

El oficialismo y sus aliados del Pro cuestionaron en varios tramos la realización de la sesión, al recordar que el plenario ya estaba citado para este jueves. Algo sobre lo que hizo énfasis el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien no ocultó su malestar por el avance de la sesión -que calificó de “ridícula, ignominiosa, desprolija y grave”- y responsabilizó al jefe del bloque radical, a quien acusó de “faltar a su palabra”, ya que según el macrista el viernes se había acordado llevar estos temas directamente al plenario de esta semana. 

“Quién sabe qué culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto”, lanzó y desafió: “Quiero, por su intermedio señor presidente (dirigiéndose a Menem), manifestarle al diputado De Loredo que no sólo tengo honor para mantener mi palabra, sino que tengo coraje y hombría de bien para mantener mis dichos”.

Al responderle, De Loredo expresó: “Esas reuniones nocturnas a las que usted le asigna una relevancia tan trascendente, y además las falsea, no son a las que le damos prioridad”. “Nosotros le damos prioridad a las reuniones de día y con la luz prendida y la palabra en público”, retrucó el cordobés. En su discurso, afirmó que estaban presentes “por una cuestión de tiempo, porque el tiempo está pasando y las soluciones no aparecen”. 

Ante la extensa previa de la votación, el líder de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, se quejó: “Esta tarde nos deja una experiencia lamentable. Esto ha sido interminable y lamentable”. “Tienen que funcionar las comisiones y tiene que haber trabajo de comisiones con dictámenes, porque eso nos permite ordenar el recinto, sino como dijo el diputado (Leopoldo) Moreau, es debate libre”, sostuvo. 

“Nosotros no vamos a avalar con dos tercios el tratamiento del financiamiento universitario. Tiene que haber dictamen de comisión y saber con certeza lo que se va a votar”, insistió y aclaró que desde su bloque no iban a hacer “demagogia barata”. 

Por otro lado, en línea con un reclamo que Germán Martínez había planteado anteriormente, Pichetto le reclamó a Menem que “hay que armar las bicamerales presidente, porque hay organismos del Estado que requieren control”. 

Casi en el cierre, la diputada radical Danya Tavela, referente del ámbito universitario, lamentó el “debate descalificador, lleno de agravios, de aprietes, de amenazas, de códigos que se rompen”. “Hicimos un recorrido conjunto respecto de este tema con todos los espacios políticos que integran esta cámara, a veces con acuerdos, a veces con diferencias, pero siempre tratando de encontrar el equilibrio y respetándonos. Lamentablemente hoy ese nivel de diálogo pareciese que no va a poder sostenerse en el tiempo”, manifestó. 

Además, recordó que “las respuestas las venimos trabajando con el sistema universitario argentino desde hace más de dos meses” porque “hay una clara intención de este Gobierno de desfinanciar la ciencia y la educación”. 

Si bien celebró el anuncio realizado esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, la exsecretaria de Políticas Universitarias aclaró: “Lo que no vamos a celebrar es el intento de dividir al sistema universitario argentino, de cuestionar su legitimidad y de finalmente poner en duda lo que significó la marcha del 23 (de abril)”. 

 

La oposición consiguió quórum para debatir sobre el presupuesto universitario

A las 14.22 arrancó la sesión especial pedida por el radicalismo, y que hasta último momento estuvo en duda, luego del anuncio oficial sobre la cuestión. Pese al mismo, prevaleció en los diputados opositores la decisión de hacerla igual. Las razones.

Gran expectativa había este martes en torno a la realización o no de la sesión especial pedida el viernes pasado para tratar los proyectos de ley sobre actualización presupuestaria en universidades y la declaración de la emergencia educativa, los cuales llegan al recinto sin despacho de comisión.

Es que hasta último momento hubo dudas en torno a la misma, dado que el anuncio hecho antes del mediodía por el vocero presidencial, Manuel Adorni, parecía solucionar la situación.

En efecto, en busca de abortar esa sesión, el Gobierno había anunciado este martes que llegó a un acuerdo con todas las universidades nacionales, que consiste en la concesión de un aumento del 270% para todas las universidades, como sucedió con la UBA. El mismo alcanza los gastos de funcionamiento de esas casas de altos estudios, no así los salarios.

El problema es que recién el lunes se formalizaría dicho acuerdo, contra la intención de los radicales de conocer la resolución antes de decidir si bajar o no la sesión. “Ya ocurrió el viernes que el Gobierno comunicó una decisión que no se materializó. Eso es lo que genera dudas”, apuntó una fuente del radicalismo consultada por periodistas parlamentarios este martes por la mañana.

Finalmente, el radicalismo dejó de lado las dudas respecto de ir a la sesión que ellos mismos habían convocado y decidieron bajar. A las 14.22 se alcanzó el quórum, con la presencia holgada de 138 diputados.

A los diputados de la UCR, que estuvieron reunidos hasta el último minuto en las oficinas de Rodrigo De Loredo, se sumaron -como habían adelantado- los miembros de Unión por la Patria. Además, por la Coalición Cívica bajaron cinco de seis integrantes: Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Marcela Campagnoli

También dieron el presente los cinco legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Christian Castillo

Por Hacemos Coalición Federal, sólo cuatro diputados estuvieron para el quórum -los demás, como Miguel Pichetto, bajaron luego- y fueron: los cordobeses Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño; y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón

Además, se sentaron en sus bancas para aportar al número Agustín Domingo (Innovación Federal), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). 

Expectativa en torno a la sesión sobre el presupuesto universitario

Si bien el Gobierno anunció un acuerdo con todas las universidades por el reclamo presupuestario, el radicalismo supedita la decisión de realizarla a conocer la resolución oficial.

Gran expectativa subsiste en el Congreso de la Nación en torno a la sesión pedida por el radicalismo para tratar el tema del presupuesto universitario. En busca de abortar esa sesión, el Gobierno anunció este martes que llegó a un acuerdo con todas las universidades nacionales, que consiste en la concesión de un aumento del 270% para todas las universidades.

El mismo alcanza los gastos de funcionamiento de esas casas de altos estudios, no así los salarios. Sin embargo el vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que recién este lunes se formalizará dicho acuerdo. En este marco, los radicales esperan conocer la resolución antes de decidir el levantamiento o no de la sesión, por lo que la reunión se mantiene en duda.

Desde el bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo confirmaron a este medio que cuentan con la adhesión de UP, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal para contribuir al quórum, con lo que descuentan que tendrían el número para iniciar la sesión.

En el mientras tanto, mantienen contactos permanentes con los rectores, y valoran que el acuerdo haya sido reconocido públicamente por el Gobierno. Pero mantienen conversaciones con los rectores y autoridades del CIN, dado que la resolución del aumento de los fondos todavía no se conoce.

“Ya ocurrió el viernes que el Gobierno comunicó una decisión que no se materializó. Eso es lo que genera dudas”, apuntó una fuente del radicalismo consultada por periodistas parlamentarios. En este marco, la difusión de la resolución implicaría el logro completo del objetivo por el cual se llamó a la sesión, si la misma implicara un acuerdo similar al establecido con la UBA, que implicaría resolver la cuestión del financiamiento para todas las casas de estudio hasta fin de año.

Beatriz Ávila denuncia que la Universidad de Tucumán “está siendo discriminada”

La senadora tucumana planteó que hay una “discriminación presupuestaria para las universidades del interior del país”, y remarcó que “estos centros de conocimiento también están en emergencia”.

En el marco del reclamo por las partidas presupuestarias para las universidades nacionales, la senadora nacional Beatriz Ávila (PJS – Tucumán) calificó de “injustificable la discriminación” presupuestaria para las universidades del interior del país, en relación a los aportes actualizados para la UBA.

“La decisión sólo puede entenderse en la mirada de quienes creen que el país se termina en la General Paz. Hay 60 universidades argentinas que forman, investigan y trabajan en sus territorios. Estos centros de conocimiento también están en emergencia”, planteó.

Ávila pidió al Gobierno que atienda la demanda de los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional y explicó: “La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) es la sexta con más alumnos del país, pero en términos porcentuales de reparto de fondos ha perdido en relación con el resto del sistema universitario. Es preocupante en un contexto donde la inflación baja, pero sigue siendo alta”.

La parlamentaria tucumana sostuvo que los argentinos valoran sus universidades públicas: “Los recortes no pueden afectar a lo que funciona bien y, además, deben ser equitativos y razonables. No se puede privilegiar a una sola universidad y abandonar al resto”.

Oficializaron la sesión de este martes para tratar presupuesto universitario

El pedido hecho por la bancada radical cuenta con un temario amplio que le garantiza el quórum, no así la mayoría calificada para avanzar con los proyectos que llegan al recinto sin despacho de comisión.

Finalmente fue oficializada la sesión especial de este martes a las 14 que había sido convocada por el bloque radical -en su totalidad- para tratar los proyectos de ley sobre actualización presupuestaria en universidades y la declaración de la emergencia educativa, los cuales llegan al recinto sin despacho de comisión.

El pedido formal había sido elevado por el bloque radical y tiene un temario con proyectos impulsados por la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de la salteña Pamela Calletti (jefa de bloque de Innovación Federal).

Con la intención de frenar la sesión, el oficialismo había convocado a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para continuar el debate el próximo jueves a las 16. Sin embargo, entre varias idas y vueltas de este lunes, los radicales optaron por ir directamente al recinto.

En las primeras horas de este lunes, desde el bloque de Unión por la Patria confirmaron que darán quórum “coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses”. Del mismo modo, anticiparon que pedirán incluir el debate sobre los proyectos que buscan reestablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Según pudo saber parlamentario.com, la confirmación de la sesión especial estaba sujeta al resultado de “una conversación de los rectores de universidades y el Gobierno con el propósito de ver si se encuentra solución a la actualización del presupuesto universitario para este año”. En efecto, esto no fue reparado.

A última hora del viernes, el bloque radical había elevado la convocatoria formal con la firma de sus 34 integrantes en respuesta al comunicado del Ministerio de Capital Humano que informaba que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado”.

En el mencionado comunicado difundido, se indica que como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, “el Gobierno nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país”.

Agregaron, además, que “se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. De esta forma, la asignación mensual que en enero ascendía a $5.926.971.777 se incrementa a $14.224.732.213”.

Para el bloque radical, esto no soluciona el problema, pues el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias.

En tal sentido, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Luego de la multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril, y la posterior sesión trunca, donde la mayor parte de la UCR no acompañó, se estableció una agenda de trabajo en la Comisión de Educación para avanzar con los proyectos presentados por UP, el FIT y el radicalismo. “Están retrasando el dictamen porque no tienen el aval del Gobierno”, había deslizado a este medio

Posterior a la sesión trunca, cuatro fueron las reuniones que se llevaron a cabo en la comisión que preside el macrista Alejandro Finocchiaro. Sin embargo, no hubo señales de dictaminar hasta el pedido de sesión de los radicales, pues este lunes el oficialismo convocó a un plenario de Educación y Presupuesto y Hacienda para desactivar la llegada de los proyectos al recinto. El radicalismo ratificó su idea de sesionar.

El temario con proyectos sin dictamen

Fueron ratificados en el temario de la sesión la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá (FIT); una actualización presupuestaria de Mónica Litza (UP); y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela.

También, figuran un texto sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro (UP); las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP); la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria (UP); y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

Ahora bien, según lo indica el artículo 113 del inciso 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, para que sean aprobados los proyectos que arriban al recinto sin despacho de comisión requieren del voto afirmativo de los dos tercios de los presentes en la sesión. En otras palabras, si asistieran este martes los 257 legisladores, se necesitarán 170 voluntades a favor.

Tal cual informó este medio, ese número solo se podría alcanzar si la totalidad de la oposición más dura y los bloques dialoguistas (Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, los dos de Santa Cruz y el neuquino Osvaldo Llancafilo sumados a los mencionados anteriormente), acompañaran con su voto afirmativo. De todos modos, el número es proporcional a los legisladores presentes en el recinto.

Abad: “Hace falta recomponer el financiamiento universitario de 60 universidades nacionales restantes, no sólo el de la UBA”

El senador radical alertó que la situación presupuestaria de las universidades públicas “es de extrema gravedad”, y también señaló que “es de la urgencia actualizar los salarios de docentes, investigadores y trabajadores no docentes de las Universidades Nacionales”.

El senador nacional Maximiliano Abad (UCR) hizo referencia sobre el financiamiento a las universidades y apuntó: “Hace falta recomponer el financiamiento universitario de 60 universidades nacionales restantes, no sólo el de la UBA”.

“La actualización en un 270% del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 % para Hospitales de la Universidad de Buenos es un dato alentador, pero insuficiente para dar respuesta a los reclamos de todo el sistema público universitario”, señaló el bonaerense.

Además, agregó que “para garantizar el financiamiento universitario, hace falta recomponer el de las 60 universidades nacionales restantes, no sólo el de la Universidad de Buenos Aires”.

Abad alertó: “Cómo lo anticipamos en febrero de este año, la situación presupuestaria de las universidades públicas de la Argentina es de extrema gravedad ya que, al no haberse sancionado una Ley de Presupuesto, las casas de estudio están funcionando con partidas presupuestarias compuestas por fondos con los valores del año 2023, esto es, sin la correspondiente actualización presupuestaria por inflación”.

El radical también consideró que “es de la urgencia por actualizar los salarios de docentes, investigadores y trabajadores no docentes de las universidades nacionales”, y afirmó: “Cómo bien lo expresó el Consejo Interuniversitario Nacional, el sistema público universitario es uno solo y necesita de un financiamiento adecuado, que incluya el presupuesto básico para su funcionamiento y también la actualización de los salarios y de los fondos para ciencia e investigación. Invertir en educación Superior no es un gasto, es una decisión de apuntalar el desarrollo y la perspectiva de crecimiento de nuestro país”.

Torrendell aseguró que el presupuesto universitario “se está aumentando, no de la forma deseada, pero sí posible”

Para el secretario de Educación, comparar la situación actual con la anterior gestión es “una cierta injusticia”. Insistió que el Gobierno busca “sanear la economía”, pero afirmó que seguirán “ampliando los salarios y los gastos de funcionamiento”. 

Foto: HCDN

A casi un mes de la marcha federal que movilizó a una multitud en defensa de universidad pública, y en el marco del debate de proyectos de ley sobre el financiamiento de la educación superior, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, asistió este martes a la comisión homónima de la Cámara de Diputados. 

“Estamos progresivamente aumentando el presupuesto, por supuesto no de la forma deseada, pero sí de la forma posible y responsable”, aseguró sobre las partidas destinadas a las universidades nacionales, luego del reclamo que se dio por los fondos que se encontraban congelados en el arranque de las clases. 

Cabe recordar que, un día antes de la marcha, el Ministerio de Capital Humano informó -mediante un comunicado- que había establecido un “cronograma de pagos” con el Consejo Interuniversitario Nacional y que había depositado el “100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales”. También indicó que dicho depósito incluyó un aumento del 70% de las transferencias, por un total de $10.075.851.995.

Ese incremento fue el que destacó este martes el funcionario, quien además consideró que “la comparación permanente que se hace con el año pasado tiene una cierta injusticia”. “Es más sencillo distribuir recursos en un contexto de emisión monetaria fuerte que en un contexto de restricción, porque se quiere sanear la economía”, lanzó. 

Torrendell aseveró que “aunque los recursos puedan escasear, proporcionalmente la apuesta por la educación resulta simbólica y efectivamente consistente”. “Entiendan que llevamos cinco meses de un Gobierno que está enfrentando de forma novedosa toda esta situación”, agregó. 

En ese sentido, insistió: “La educación para nosotros es vital y el presupuesto universitario también. Se plantea que parecería que esto no es así, a partir de comparaciones con las situaciones previas. Y no podemos comparar lisa y llanamente la situación actual con la anterior, como si eso demostrara una minusvaloración del presupuesto universitario, en un contexto de crisis económico relevante, en donde se quiere hacer un tratamiento de las cuentas públicas ordenado”. 

Durante su exposición inicial, el secretario de Educación señaló que “lógicamente hay un pedido de previsibilidad, que es razonable y entendible” por parte de la comunidad universitaria; y reveló que cuando asumieron en diciembre había “una deuda de 360 millones de pesos de los dos meses y medio previos” con el sector, que pudieron pagar “rápidamente”. Sin embargo, todavía “hay otras deudas que abordar en el sistema educativo”. 

“Entiendo el anhelo de previsibilidad, pero también es complejo”, dijo y habló de un cambio de paradigma sobre el financiamiento de la educación, “que pase más de la lógica de distribuir recursos a una lógica centrada en lo que podríamos llamar una eficiencia integral, que contemple dos dimensiones”, propuso. En esa línea, explicó que debe financiarse de manera que “los recursos vayan a los que menos tienen” y además “distribuir los recursos para que efectivamente los alumnos aprendan, que haya una mejora en los aprendizajes”. “Argentina lleva muchas veces esta lógica de repartir recursos y no de vincularlos con un direccionamiento inteligente”, sumó. 

Sobre la cuestión salarial, el funcionario reconoció que “evidentemente hay una pérdida en relación a la inflación de los salarios del mundo educativo y docente”. “Hemos estado convocando a paritarias y, aunque no se pudo acordar, hemos otorgado aumentos durante estos meses. La idea es seguir ampliándolo, de manera de ir mejorando paulatinamente la situación salarial”. 

Torrendell apuntó que “el aumento de 70% de los gastos de funcionamiento” a las universidades “ ya se ha abonado” y anunció: “El mes que viene, sobre los gastos de funcionamiento de mayo, también va a haber un segundo aporte”. Este nuevo aumento no lo especificó, como tampoco los fondos que se enviarán a las casas de altos estudios que tienen hospitales. Más tarde, los diputados Daniel Arroyo (UP), Danya Tavela (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) le pidieron que envíe el detalle de esas partidas.

A su vez, prometió que se fortalecerán los programas de ciencia y técnica y se continuará con las becas doctorales. “Nuestra idea es, en diálogo con (el Ministerio de) Economía, por lo menos iniciar las obras que se puedan, priorizar las de educación y con las universidades que están con obras más avanzadas”, expresó sobre la cuestión infraestructura. 

“El presupuesto reconducido del 2023 a 2024 es de 1,4 billones. Con lo que se ha aumentado hasta ahora, si se congelara todo, ya este año el gasto con las universidades llega a 2,5 billones. Nosotros vamos a seguir ampliando los salarios y los gastos de funcionamiento”, aseguró. También informó que cualquier universidad que requiera de recursos extra para el pago de tarifas de energía o seguridad, podrá pedir ayuda para afrontarlo y “eso va a ser abonado”.  

Al momento de las preguntas, el diputado Ferraro manifestó: “Creo que usted entiende de lo que estamos hablando, quizás también la ministra de Capital Humano, a quien no conozco. Pero acá los que no están entendiendo y hay que hacerles entender, con un fuerte tirón de orejas, son dos funcionarios: el jefe de Gabinete, el señor (Nicolás) Posse, y el ministro de Economía, (Luis) Caputo”. 

Para el cívico hay que determinar “de qué manera salimos del látigo y billetera por parte del ministro de Economía y del jefe de Gabinete” y “el Gobierno nacional nos marca una previsibilidad y un camino de cómo va a ser el financiamiento universitario en estos siete meses que quedan del año”. 

“Para que la inversión sea correcta no es solo distribuir recursos”, sostuvo Torrendell, que no detalló números y dijo que el trabajo hacia el presupuesto del año próximo “comienza en breve” y se llevarán adelante, para ellos, reuniones con el CIN. 

Uno de los temas que surgió fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que la gestión de Javier Milei decidió no prorrogar. El radical Julio Cobos recordó que “el FONID surgió en un gobierno que es admirado por el actual presidente, de hecho hoy se ha inaugurado un busto en homenaje al presidente Carlos Menem”, señaló en referencia al acto que hubo este martes en Casa Rosada. Y mencionó a continuación que eso se hizo “de manera de compensar la descentralización que se hizo hacia las provincias, en materia de funciones y operaciones; pero que no fue oportunamente acompañado por sus recursos”. 

Torrendell afirmó que no hubo un ajuste sobre los fondos que estaban previstos para el FONID, porque no se han quitado a la Secretaría de Educación, sino que se los va a “redireccionar a la mejora de los aprendizajes” como en alfabetización. Indicó que la ley de 1998 “no instaló para siempre” a este Fondo. “El FONID surge para compensar el problema del salario docente, por las diferencias de salarios provinciales, pero eso se resolvió con la Ley de Financiamiento Educativo de 2006”, consideró, avalando así la decisión. Y agregó que la idea del Gobierno es “ordenar las economías nacional y provinciales, para que las provincias se hagan cargo de lo salarial”. 

Al consultarle la diputada radical Danya Tavela qué opina sobre los proyectos que están en debate y que buscan establecer un régimen de financiamiento universitario -ella es autora de uno-, el secretario de Educación precisó que el año pasado el presupuesto para universidades tuvo un esquema de “ 90% a salarios, 5% para gastos de funcionamiento y otro 5% en todo lo que fue programas”. Torrendell recomendó no establecer porcentajes fijos, haciendo un esquema inflexible, sino “debatir con los rectores” qué es lo que conviene. 

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Roxana Monzón le preguntó al funcionario por la resolución del mes de febrero mediante la cual “la ministra (Sandra Pettovello) dispuso parar con el funcionamiento de universidades que se habían creado a fines de 2023: Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. ¿En qué situación se encuentra esa revisión?”. 

“Sobre Delta y Pilar hubo dos cautelares; la situación de la de Madres de Plaza de Mayo es bastante compleja, porque tiene asambleas impugnadas, no tenemos autoridades hoy constituidas; en el caso de Ezeiza es provincial y por un convenio tiene que ser trasladada a Nación. La de Río Tercero se me escapa en qué situación está. En la resolución se planteó una revisión del proceso previo a la ley. Esas universidades son leyes, la idea es verificar el estado en el que están, continuar en los casos que se pueda y si hay alguna dificultad la traeremos aquí”, contestó. 

En la reunión, que se extendió por más de tres horas, también expusieron rectores de universidades; el director del Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), Marcelo Melo; y la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, quien aseveró que “a todos los ministros nos afecta que el Ministerio haya devenido en Secretaría de Educación”. 

“El sistema educativo argentino en estos cinco meses del gobierno de Javier Milei está sufriendo un cruel desfinanciamiento”, denunció, y reclamó que se traten “urgentemente” los proyectos de ley presentados sobre la continuidad del FONID. 

La funcionaria provincial sostuvo que “hay una desinversión en materia educativa que pone en riesgo la garantía de derechos y la ampliación de oportunidades”. “La falta de definiciones respecto de la continuidad de programas nacionales nos quita toda posibilidad de previsibilidad y nos introduce en un escenario de incertidumbre”, añadió. 

Hacia el final, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, resaltó que “las dos palabras que más resonaron fueron previsibilidad y urgencia”. “No da para más este debate, el intento de patearlo para adelante es un proceso de dilación inaceptable”, enfatizó y exigió tener una fecha de dictamen. Más adelante, el socialista Esteban Paulón propuso que se dictamine el 21 de mayo. Sin embargo, el presidente de la comisión, Alejandro Finocchiaro, cerró la segunda reunión informativa sin precisar cuándo será el próximo encuentro. “Se avisará por Secretaría”, finalizó. 

Foto: HCDN

 

Diputados recibirá al secretario de Educación para debatir sobre presupuesto universitario

Con la reunión citada para este martes a las 13, será el tercer encuentro desde la histórica marcha universitaria. Hay malestar de la oposición por no haber fecha establecida para dictaminar.

Presidida por el macrista Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires), la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se vuelve a reunir este martes 14 de mayo a las 13 en un tercer encuentro informativo, que tendrá como expositor invitado al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

El funcionario asistirá a la Sala Anexo “C” para ampliar el debate sobre el régimen de financiamiento de universidades nacionales, la modificación la Ley de Educación Superior y la declaración de emergencia presupuestaria de la educación superior de gestión pública hasta el 31 de diciembre.

Desde la primera reunión del 2 de mayo, la oposición (Unión por la Patria y el Frente de Izquierda) exige avanzar con los dictámenes para llevar todos los proyectos al recinto en una próxima sesión. Las autoridades habían dejado abierta la posibilidad de avanzar con las firmas cerca del 16 de mayo. Sin embargo, la fecha nunca fue confirmada.

Fuentes parlamentarias señalaron que el presidente de la comisión Finocchiaro “no va a convocar para dictaminar hasta no tener algún ok gubernamental”.

De esta manera, esta tercera reunión (la segunda informativa) solo tendrá exposiciones entre funcionarios, invitados y diputados. Cabe recordar que todos estos temas fueron llevados al recinto al día siguiente de la histórica marcha universitaria del 23 de abril, pero la misma se cayó por falta de quórum.

Autoridades, profesores y estudiantes expusieron ante Diputados sobre financiamiento universitario

Varias intervenciones alertaron por el atraso en el salario de los docentes de la educación superior y las actividades que merman en función de la falta de recursos. La semana próxima asistirá el secretario de Educación, Carlos Torrendell. 

Foto: HCDN

Durante una reunión informativa de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, autoridades de universidades, profesores y estudiantes expusieron sobre su preocupación por el retraso presupuestario y el financiamiento del sector, tema que comenzó a tratarse la semana pasada. 

El próximo martes 14 de mayo asistirá el secretario de Educación, Carlos Torrendell, según informó el presidente de la comisión, el macrista Alejandro Finocchiaro. En el cierre, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna reclamó que “nos aboquemos lo más urgentemente posible a tener una reunión plenaria con Presupuesto y Hacienda. Es crucial lograr dictamen en base a los proyectos presentados”. 

Primera invitada en hablar, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, consideró que “la discusión entre el tema del financiamiento universitario y el FONID no son dos temas separados. En Argentina durante muchísimos años hemos peleado por el financiamiento educativo, que incluye a las universidades y a las escuelas”. En ese sentido, dijo que todos los niveles “forman parte de un mismo plexo normativo” y “la Ley de Financiamiento Educativo prevé fondos para ambos sistemas”. 

“Estamos en una situación crítica, donde no sólo se dejó de pagar el FONID, sino que el Estado Nacional dejó de enviar los fondos para los comedores y copa de leche, refuerzo nutricional a las provincias”, denunció y alertó también que “se dejaron de enviar los fondos para construcción de escuelas”. 

Alesso habló de “consecuencias dramáticas para la educación pública”. “Quieren maestros de Finlandia pero con sueldos de Nigeria”, cuestionó y remarcó: “La Cámara de Diputados debe velar por las leyes que aquí se votaron”. 

Sonia Alesso

A su turno, Lucía Ortega, doctora en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, valoró que con la marcha del pasado 23 de abril quedó demostrado que la educación pública, gratuita y de calidad “no está puesta en cuestión, ese es un principio que la sociedad planteó que es fundamental para nuestro desarrollo y futuro”. 

“Es necesario que haya financiamiento para todos los gastos que necesitan las universidades. Con una inflación de 300% anual, un presupuesto congelado significa que solamente alcanza para uno de cada cuatro pesos que alcanzaba el año pasado”, resaltó. 

Ortega aclaró que “hay que tener en cuenta que viene un desfinanciamiento de hace varios años” sobre el sector, pero “el salario docente desde noviembre del año pasado hasta acá cayó cerca de un 30%”. “Con el retraso que hay se necesitaría un aumento del 54% para poder tener el poder adquisitivo de noviembre pasado”, precisó. 

Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C Paz, relató que desde el cambio de gobierno se fueron “perdiendo sucesivamente distintas acciones, proyectos y actividades que teníamos y que de a poco van mermando en las universidades”, como por ejemplo la suspensión de proyectos de infraestructura y de las transferencias para la compra de equipamiento para proyectos de ciencia y tecnología. 

“En el sistema universitario hay gran preocupación y una gran angustia, los organismos de doble dependencia, investigadores e investigadoras, están viendo que las líneas de trabajo se están cayendo”, expresó e informó que “el crédito vigente cae para el grueso de los organismos de ciencia y tecnología en el orden del 30% real, siendo el INTI e INTA los que menos descienden y siendo las universidades nacionales las más afectadas, con una caída del 84% real respecto de 2023”. 

Kusinsky agregó: “El escenario que estamos atravesando está poniendo en juego el desarrollo de la ciencia y tecnología, no solo para este momento, sino para el futuro”. 

Por su parte, Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de las Universidades, opinó que “hay un antes y un después desde la marcha del 23” de abril, porque el reclamo de la comunidad universitaria se convirtió “en un reclamo de todos los argentinos”. “Los docentes universitarios, igual que los no docentes, perdimos en cuatro meses del gobierno de (Javier) Milei más del 50% de nuestros salarios frente a la inflación y esta es la pérdida salarial más grande de la historia”, dijo.  

Norberto Heyaca, de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN, enfatizó que “el pueblo pidió universidad pública” y en un mensaje a los legisladores manifestó: “De ustedes depende que esa universidad tenga presupuesto y a partir de eso tenga certezas, objetivos, motivación y futuro. Tengo la esperanza que puedan llevar adelante un buen proyecto”. 

Alejandro Finocchiaro (Foto: HCDN)

Entre los oradores, Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sostuvo que “las universidades estamos atravesando un ajuste presupuestario que no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente. Si suponemos que en abril la inflación va a ser del 9%, los gastos de funcionamiento en términos interanuales se van a ver reducidos un 60%”. 

Pinazo indicó que Argentina es el país de la región con más alta matrícula universitaria, sin embargo “en términos de PBI gasta menos en educación superior que Brasil, Chile y Uruguay”. 

“La universidad pública gasta alrededor de una cuarta parte de lo que el Estado deja de recaudar en exenciones impositivas”, señaló y comparó que el año pasado el gasto universitario fue de “alrededor de 80 mil millones de dólares y solo una empresa, Mercado Libre, recibió exenciones impositivas por más de 100 mil millones de dólares”. 

Ileana Celotto, secretaria general Asociación Gremial Docente de la UBA, denunció: “Las universidades estamos sufriendo una brutal asfixia presupuestaria, al momento solo se ejecutó el 70% sobre el funcionamiento, que representa un 8 o 9% del total del presupuesto. Se ejecutó el 22 de abril, un día antes de la marcha universitaria, como para que nos nieguen que el manejo de los fondos hacia la educación superior no tiene por este Gobierno un objetivo político”. 

“El 90, 92% restante del presupuesto, la mayoría, que se destina a salarios, no hay sobre eso ninguna novedad, no hubo ningún aporte presupuestario”, afirmó y lamentó que “desde hace añares el presupuesto universitario está siendo ajustado; evidentemente todos los gobiernos lo vienen ejecutando”. 

Al hacer hincapié en el salario docente, Celotto contó que “un ayudante de primera, a cargo de alumnos, con título universitario y muchas veces también de posgrado, de dedicación semiexclusiva, lo que equivale a la carga horaria de un maestro de jornada simple, tiene un salario en abril de 247.025,16 pesos”. “La mayoría de nuestra docencia universitaria está por debajo de la línea de la pobreza”, advirtió. 

Al comienzo de la reunión se llevó a cabo la elección de la secretaria segunda, donde fue designada la diputada libertaria María Celeste Ponce

 

Sin fecha para dictaminar, pero con un cronograma de trabajo, Diputados comenzó a debatir el presupuesto universitario

Se acordó hacer tres reuniones: dos informativas y una entre diputados. El 16 de mayo podría haber dictamen. Desde la oposición pidieron la presencia del secretario de políticas universitarias. También reclamaron a José Luis Espert que convoque a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para un plenario.

La Comisión de Educación de Diputados, presidida por el bonaerense Alejandro Finocchiaro (Pro), se reunió este jueves para comenzar a darle tratamiento a distintos proyectos relacionados con la emergencia en el financiamiento universitario.

El encuentro, que se llevó a cabo en la Sala 4 del Anexo, fue convocado a raíz de la masiva marcha en defensa de la educación pública y el funcionamiento de las universidades nacionales y luego que un grupo de diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pidieran “con carácter urgente” analizar el tema.

A la hora de fijar una hoja de ruta, Maximiliano Ferraro en nombre del bloque HCF propuso realizar dos reuniones de carácter informativas -la primera de ellas con la presencia del subsecretario de políticas universitarias y la segunda con decanos, docentes, etc.- y una tercera reunión entre diputados para consensuar y dictaminar. Además, le solicitó al libertario Santiago Santurio que “intervenga” y le solicite al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, un plenario.

Por su parte, por el Frente de Izquierda Romina Del Pla pidió “darle urgencia y no dilatar” el tema y planteó realizar un solo encuentro informativo y dictaminar, a fin de “tratar FONID la misma semana”.

En tanto el bloque Unión por la Patria planteó que es “necesario un cronograma porque la Confederación de trabajadores de la educación solicitaron tenerlos en cuenta para tratar el incentivo docente”, por lo que propusieron llevar a cabo dos reuniones y la última dictaminar, posiblemente el 16 de mayo.

Finocchiaro recogió las sugerencias y expresó: “Es urgente resolver lo del financiamiento universitario, pero también se proponen fórmulas para asignación de ese presupuesto. Pero no vaya a ser cosa que por apurarnos y votar algo rápido terminemos arrepintiéndonos como pasó con la Ley de alquileres”.

Así, comunicó: “Vamos a hacer una informativa el 7 de mayo, otra el 14 de mayo y ahí vemos si pasamos a una de diputados y si estamos para dictaminar. Veamos si para el 16 podemos dictaminar”, y agregó: “Sobre FONID estoy armando el temario para la próxima reunión de asesores”.

Antes de pasar a considerar el temario, la comisión se abocó a completar las autoridades que integran la misma. Para la primera secretaría fue designada la correntina Nancy Sand (UP), la segunda secretaría fue para Romina del Plá (PO/FIT-U). Para la tercera secretaría iba a ser postulada la libertaria cordobesa María Celeste Ponce, pero renunció a la integración de la comisión, por lo que el cargo sigue vacante.

Luego de que por secretaría se le diera lectura a los proyectos que se pondrán en consideración, Finocchiaro aclaró que hay dos expedientes -uno de Del Plá y otro de Mónica Litza (UP)- relacionados con el tema que “no se encuentran ene el temario debido a que no tienen giro a Educación, sino a otras comisiones y no se pueden tratar hasta que esas comisiones le den tratamiento”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman inició su intervención al afirmar que “no podemos tratar estos expedientes como si no pasara nada”, y remarcó que desde su bloque “somos los más interesados en tratar esto”.

Recordó, además, la sesión llevada a cabo esta semana: “El martes cambió algo con la aprobación de la ley Bases y la reforma fiscal. Se decidió que el ajuste recaiga sobre los jubilados y los trabajadores”. “No queremos que el presupuesto educativo sea a costas de dejar a los pibes sin trabajo y o con trabajo, pero sin derechos”, señaló.

“Venimos de una movilización histórica (en referencia a la marcha universitaria del 23 de abril) porque la universidad no es una isla y en la Argentina desde 1918 se ha demostrado que la universidad es una gran caja de resonancia de lo que pasa”, enfatizó Bregman.

A continuación, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) celebró la convocatoria y apuntó contra el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert: “Ojalá corriéramos con la misma suerte con respecto al presidente de la Comisión de Presupuesto, que sigue con su práctica demostrando ser que es el presidente de una comisión de un bloque parlamentario y no de todos los diputados de la nación que integramos la Cámara”.

Luego reivindicó la “magnífica marcha federal universitaria que se dio a lo largo y ancho del país. Fue una de las más importantes y significativas en estos años de democracia”.

Ferraro destacó el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que coinciden con los datos que brindó la Oficina de Presupuesto del Congreso y al respecto señaló: “La decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023 coloca al sistema de educación superior frente a una situación económica más que crítica y eso lo podemos ver con datos del primer cuatrimestre donde ya en este período vemos que el devengado que tienen la mayoría de las universidades está entre el 95 y el 123%”.

Lo que nos quieren transmitir desde el Ministerio de Capital Humano, el propio subsecretario de políticas universitarias, está claro que se evidencia esta crisis económica que está viviendo el nivel superior en cada universidad”, cuestionó y agregó: “Estos datos estamos evidenciando que estamos en los niveles más bajos en relación a lo que fue el año 1997. Si para 2024 tomamos el Presupuesto asignado al Programa de Desarrollo de Educación Superior estamos en un 72% más bajo comparado con respecto al año anterior”.

El diputado de la CC-ARI planteó: “Si observamos que la ejecución del primer trimestre refleja una clara reducción del 34% con respecto al año anterior y la caída interanual de las partidas presupuestarias para el sistema de educación superior fue más pronunciada con respecto a lo que se ha dado en otros rubros vinculados al gasto público nacional”.

“Nosotros en esa comisión nos tenemos que dar una clara y precisa hoja de ruta en cómo vamos a trabajar cada expediente”, manifestó y destacó el proyecto de la diputada Danya Tavela que “trata de poder enfrentar la situación del contexto de urgencia actual pero una discusión más de fondo la política de educación superior. También es relevante para poder resolver los alarmantes datos el proyecto de la diputada Pamela Calletti y en el proyecto del diputado Pablo Carro y Hagman hay una buena resolución de cómo agarrar el índice de precios al consumidor con respecto a los gastos de funcionamiento”.

Al finalizar su exposición el diputado Ferraro señaló que esta situación que vive el sistema universitario público es consecuencia del acuerdo entre Sergio Massa y Javier Milei para no aprobar por ley el presupuesto 2024 y así poder prorrogar el de 2023 y licuar con la inflación esos recursos asignados. “Está la crisis y la situación en lo que tenemos devengados en el primer cuatrimestre y esto requiere urgentemente una ampliación presupuestaria para lo que es inciso 1 gasto de personal docente y no docente y gasto de funcionamiento”, cerró.

Así, propuso que en la próxima reunión se invite al subsecretario de políticas universitarias Alejandro Álvarez para que “venga a rendir cuentas y explique cuál es la política de financiamiento”. “Tenemos que volver a invitar a los rectores, la federación universitaria, gremios docentes. Hay que realizar tres o cuatro jornadas de trabajo para atender la urgencia”, propuso.

La vicepresidenta de la comisión Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) apuntó contra la gestión presidencial de Javier Milei: “El origen de la desfinanciación de la universidad pública argentina tiene que ver con un modelo de país que apunta al enriquecimiento de un sector vinculado a las finanzas y a la especulación y un empobrecimiento de lo público y los trabajadores”.

De este modo, elaboró un pedido especial respecto al tratamiento para restablecer el Fondo de Incentivo Docente (Fonid): “Junto al Fondo de Compensación Salarial son productos de la lucha docente”.

“Estamos pidiendo que haya agilidad en el tratamiento de este tema (presupuesto universitario) para resolver cuanto antes con un dictamen”, sostuvo, y añadió: “Insistimos que resuelto este tema se incorporen los proyectos del Fonid”.

Su compañero de bancada, Daniel Arroyo coincidió en que “es clave tratar el financiamiento de las universidades públicas” porque “el Gobierno está trabajando con el presupuesto 2023 prorrogado. Un presupuesto que se presentó en 2022 y se suponía que iba a haber un 60% de inflación, hubo 211%”.

“Es imposible que una universidad pública funcione de esa manera. El presupuesto para las universidades se ha terminado porque hay un desfasaje entre lo asignado y la inflación”, alertó el bonaerense y sumó: “Hace falta un cambio estructural profundo en la educación en general, pero no va a ser posible en la práctica ir cada 15 días a discutir al Ministerio de Economía para ver cuánto les transfiere a las universidades, no es posible que funcione de esta manera el sistema”.

Arroyo afirmó que “ya hubo un recorte del 70% y las universidades ya no tienen planta. Tenemos en serio dictaminar rápidamente porque no hay mucho por debatir porque es evidente que están faltando recursos, que todo está desfasado y que un sistema no tiene forma de ir consiguiendo presupuesto”.

Tenemos que acelerar, tenemos que dictaminar cuanto antes. Suena razonable tomar el IPC, pero no podemos estar de reunión en reunión debatiendo porque las universidades necesitan tener claridad. Va lo mismo con el FONID, y con las provincias. Todo es grave”, insistió. En el mismo sentido se pronunció Hugo Yasky de “dictaminar ya” porque “estamos frente a una situación de colapso”.

La quinta expositora fue la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-U) quien pidió en lo posible de culminar la reunión con un dictamen y se refirió al Fonid: “Esa reducción impacta en salarios que ya son magros e impacta en la calidad educativa”.

A su turno, el neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) indicó que en su provincia el 85% de la educación es pública con lo cual “es de suma importancia este debate y lo que pasa en la Universidad del Comahue”, y lamentó: “Un presupuesto prorrogado lastima y hiere a la educación pública”.

Así, alarmó que “el retraso en función del proceso inflacionario hace que nuestra universidad tenga ejecutado prácticamente el presupuesto que tiene estimado para este año y va a tener un serio problema a partir del mes que viene si es que no le damos celeridad al tratamiento de actualización del presupuesto universitario y una cláusula gatillo que rápidamente produzca una actualización del mismo que genere no tener a volver el problema que tenemos”.

“Es un error del presidente no reconocer esta situación”, cuestionó y también apuntó contra la gestión anterior que “congeló el envío de recursos actualizados a las universidades. Tenemos cuantificados 120 mil millones de pesos tenemos de déficit en infraestructura escolar. Un país sin educación no tiene futuro, pero tiene que ser una educación de calidad que garantice los días de clases”.

El diputado nacional Christian Castillo (FIT-U), en sintonía con lo planteado desde su bloque, reafirmó que “es imperioso dictaminar cuanto antes”. Asimismo, manifestó que “la macha con 1.200.000 de personas puso en evidencia que no se puede seguir postergando el tratamiento del presupuesto universitario”.

Del mismo modo, recordó a la sesión fallida del miércoles 24 de abril que pretendía tratar estos proyectos y apuntó contra el presidente de bancada radical: “Muchos de los que fueron a la marcha universitaria no vinieron a sesionar. (Rodrigo) de Loredo vení y dá quórum”.

Por otro lado, se refirió a la cuestión de los salarios docentes y amplió que “la salida tiene que ser integral de la actualización salarial”. “hablan de auditoría y van a darse que falta plata, no que sobra, por eso instó a que se dictamine”, concluyó Castillo.

La diputada radical Danya Tavela fue al principio de la cuestión y recordó el acuerdo entre Sergio Massa y Milei en 2023: “Tenemos que tener en cuenta que el problema comienza por un acuerdo preelectoral entre los candidatos sobre no discutir el Presupuesto 2024”.

Asimismo, consideró que “las 60 universidades no pueden estar yendo cada mes a resolver la financiación porque la expresión de la marcha fue ‘encuentren la solución’”. Se diferenció, por otro lado, de la oposición más dura y afirmó que “instó que nos demos el espacio de diálogo y escucha sin salir corriendo”.

En su intervención, el socialista Esteban Paulon (Santa Fe) preguntó: “¿Cuál es la política educativa que pretende el gobierno?”. “Este presupuesto 2023 es parte de otra de las políticas de Estado que es la subestimación de la inflación”, cuestionó.

El santafecino se refirió a las condiciones en las que se atraviesa el proceso de educación obligatoria que “son centrales, por lo tanto, cuando discutimos presupuesto universitario, salarios, partidas para investigación, tenemos que poder garantizar un tránsito razonable y con recursos correspondientes en todos los tramos”.

“En estos cuatro meses este Gobierno ha sub ejecutado muchas partidas. Aprovechó la licuadora y motosierra”, apuntó y comparó: “Los ATN crecieron un 177% ahí la licuadora anduvo en velocidad uno, pero con la educación y en términos nominales las transferencias a las provincias en concepto de educación cayeron el 80%”.

Paulon alertó que “las Becas Progresar, váuchers educativos y el subsidio para educación privada no aparecen por ningún lado, no se otorgan y esto impacta en tramos de la educación”. “Hay dos programas nada más del Gobierno nacional en educación que han logrado superar el 10% de ejecución el de Hora Extra. Algunos se interrumpieron completamente como el de comedores escolares, el de cooperadoras, políticas edilicias”, precisó y cerró: “Vemos un desfinanciamiento parejito en la educación obligatoria que no puede tener otra contraparte que el consecuente desfinanciamiento universitaria”.

“Tenemos la responsabilidad de recuperar la potestad presupuestaria del Congreso y modificar y corregir este aspecto de la política pública que intenta impulsar por vía de la ausencia con un presupuesto Javier Milei”, y ratificó el pedido por incorporar al temario el FONID y solicitó que el plan de trabajo y debate sea “preciso”, al tiempo que solicitó que la Comisión de Presupuesto se acople a una reunión conjunta para “dar una respuesta urgente y evitar el inminente cierre de las universidades”.

La jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti, relató que se reunió con autoridades de la Universidad de Salta y aseveró que en marzo “tuvieron presupuesto por 90 millones y la factura de luz fue de 58”. “Las universidades están sin aire porque la situación es crítica”, remarcó.

Del mismo modo, sostuvo que “Salta ha reclamado ante la Corte Suprema la reemisión del FONID. Entendemos que es importante”, y coincidió con lo propuesto por Tavela en relación a estos debates: “Que no sean más de dos reuniones informativas”.

En primera instancia, el jefe de bancada de UP, Germán Martínez, recordó que el tratamiento del Presupuesto 2024 no fue “un pacto político”, sino que explicó que se definiría a partir del resultado del balotaje entre Massa y el actual presidente. “No se hizo lo del 2015 que se aprobó un presupuesto y luego hubo otro presidente”, remarcó.

Asimismo, planteó: “La última renovación del FONID la hizo Alberto Fernández a través de un DNU porque no le habían aprobado el Presupuesto, Milei podría haber hecho lo mismo, pero no lo hizo”.

Con relación a este debate, el santafesino sostuvo que “todos estamos de acuerdo que se requiere previsibilidad en el presupuesto universitario”, pero enfatizó que “lo que hay que hacer es poner fecha de las cosas que nos permita tener un horizonte de sesión”.

En esa línea, planteó que “el jueves 16 tendríamos que estar dictaminando”, y sugirió que “la clave es que la ampliación de este presupuesto la discuta el Congreso”. En el cierre, cargó contra el titular de Presupuesto y Hacienda: “Que (José Luis) Espert no pedaleé estos temas porque son muy sensibles”.

Por el lado radical, también habló el mendocino Julio Cobos que, sin ser miembro de la comisión, presentó un proyecto sobre la restitución de FONID, destacó el consenso entre los diputados del cual “puede constituir un punto de inflexión en la relación que tenemos que tener todos para resolver los temas”.

“En los sucesivos gobiernos siempre ha sido la manera de construir los presupuestos subestimando partidas para, luego, otorgar con cierta discrecionalidad el incremento de la partida que puede poner el jefe de Gabinete, pero no contar con un presupuesto claro agrava aún más estos problemas. Se merece un gran debate esto”, expresó y pidió fijar una fecha razonable para convocar invitados.

Del lado del oficialismo, fue Santiago Santurio (Buenos Aires) quien habló y señaló que “el problema (del financiamiento educativo) es por la inflación descontrolada que tenemos en la Argentina, sobre todo en el 2023 y que recién ahora muestra signos de que esto está cambiando”.

También indicó que “las políticas tienen que tener verdadero impacto porque venimos con una crisis educativa muy grande donde decrecimos en alfabetización”, y defendió las medidas del Ministerio de Capital Humano: “Hubo aumentos del 60% y el 70% en mayo para el financiamiento educativo que desde septiembre del 2022 los fondos estaban congelados”.

A una semana de la marcha, la Comisión de Educación abordará el tema del financiamiento universitario

La reunión está citada para este jueves a las 15. En la última sesión de la Cámara baja, Alejandro Finocchiaro aseguró que propondrá un cronograma de trabajo sobre éste y otros asuntos.

A una semana de la masiva marcha en defensa de la educación pública y el funcionamiento de las universidades nacionales, la Comisión de Educación de Diputados debatirá este jueves sobre el tema, en una reunión que fue convocada para las 15 en la Sala 4 del Anexo de la Cámara baja.

El encuentro fue citado luego que un grupo de diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pidieran “con carácter urgente” dar tratamiento en la comisión a distintos proyectos relacionados con la emergencia en el financiamiento universitario.

La reunión fue convocada además luego de una sesión fallida, impulsada por Unión por la Patria, para abordar la cuestión en el recinto. Desde este bloque, su jefe, Germán Martínez, intentó este martes sin éxito emplazar a la comisión para que debata además sobre un conjunto de iniciativas que plantean la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Al recoger el guante, el presidente de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, aseguró durante la última sesión que este jueves propondría un cronograma de trabajo para el tratamiento del presupuesto universitario y otros asuntos. Entre ellos mencionó un proyecto anhelado desde hace tiempo por el Pro: el que declara a la educación como servicio esencial.

El pasado 23 de abril, una multitud marchó hacia Plaza de Mayo en reclamo de la actualización presupuestaria para el funcionamiento de las universidades nacionales. Horas antes, el Ministerio de Capital Humano aseguró -mediante un comunicado- que había establecido un “cronograma de pagos” con el Consejo Interuniversitario Nacional y que había depositado el “100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales”. También indicó que dicho depósito incluyó un aumento del 70% de las transferencias, por un total de $10.075.851.995.

 

Martínez pidió el emplazamiento a comisión por el tema universidades, FONID y jubilaciones, pero Menem desestimó el pedido

El jefe del bloque UP hizo una moción de emplazamiento en los términos del artículo 106 del reglamento interno, pero el presidente de la Cámara le planteó que “el emplazamiento no es una moción de orden” y que el tema en cuestión “no está entre los temas solicitados de la sesión”.

En medio de la sesión especial de la Cámara de Diputados de carácter “maratónica”, el jefe del bloque UP, el santafecino Germán Martínez, solicitó que se vote una moción de emplazamiento a comisiones por el tema del financiamiento de universidades, FONID y jubilaciones, pero el pedido fue desestimado por el titular de la Cámara, Martín Menem.

Martínez se basó en los términos del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara para que “podamos avanzar en el emplazamiento a las comisiones que tienen giro alrededor de tres proyectos que venimos insistiendo hace un tiempo. El tema del financiamiento a las universidades, el FONID y la movilidad jubilatoria”.

“En uso de la facultad que tiene este Cuerpo es que solicito que se emplace a las comisiones de Educación y de Presupuesto”, planteó y procedió a leer la cantidad de proyectos sobre universidades, FONID y movilidad. Respecto de este último, señaló: “Sobre la movilidad de los haberes jubilatorios destacamos que ya se avanzó en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, falta aún el tratamiento en la Comisión de Presupuesto”.

A continuación, Martínez explicó un cronograma tentativo para que se vote: “Próximo día jueves está convocada la comisión de educación en una reunión informativa respecto al tema universidades y han incorporado a solicitud de los bloques algunos expedientes. Pedimos que el martes 7 de mayo a las 12 horas la Comisión de Educación realice una reunión informativa sobre el FONID, el miércoles 8 a las 12 que la Comisión de Presupuesto realice una informativa sobre la movilidad de los haberes jubilatorios, el martes 14 de la otra semana a las 14 la Comisión de Educación firme dictamen por universidades y FONID y el jueves 16 a las 12 horas la Comisión de Presupuesto para firmar dictamen de haberes jubilatorios y a las 16 para firma de dictamen de FONID y universidades”.

En contraposición, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Espert, expresó que “la moción que plantea Martínez es abstracta porque ya está citada a reunión de comisión para el miércoles 8 de mayor a las 16. Así que no hay ninguna necesidad de ningún emplazamiento en esta Cámara por el día de hoy”.

Martínez recogió el guante y le aclaró que lo que están proponiendo es un cronograma de trabajo que va “desde la informativa al momento del dictamen”. “No es la primera vez que se hace en la Cámara y ha permitido, en los casos donde había demoras en convocatorias, que se pueda avanzar al respecto. Hay fecha de inicio y finalización de los tratamientos”, planteó.

Luego, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) le consultó a Martínez si también emplazó a la Comisión de Educación y agregó que “habíamos llegado que convocaba para este jueves para tratar expedientes relativos solamente a financiamiento universitario, ningún otro tema. Los demás temas los podemos ir tratando a medida que avanzamos en comisión porque el jueves voy a plantear un cronograma de trabajo para tratar financiamiento universitario”.

Por su parte Espert volvió a tomar la palabra y le aclaró que hasta tanto no tengan los dictámenes de la evaluación del costo fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre las mejoras en movilidad jubilatoria de los cuatro dictámenes la Comisión de Presupuesto “no se va a mover, no veo la necesidad de adelantar nada porque ya hay una convocatoria”.

El diputado neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) remarcó que “no se puede desfinanciar la universidad pública, fue un error que cometió el Gobierno. Estamos de acuerdo en que el presupuesto universitario se pueda actualizar por IPC, pero no nos vamos a prestar a ese juego político partidario de algunos que pretendieron utilizar la marcha de miles de argentinos en beneficio de la educación pública tratando de sacar una ventaja política”.

La radical Danya Tavela planteó: “Si queremos avanzar en la solución del tema, hay que respetar las reglas de juego pautadas”, por lo que explicó que en las reuniones informativas tienen previsto avanzar y convocar a autoridades del Ejecutivo porque “al tema del presupuesto universitario hay que tratarlo en serio, no es un arrebato que podemos resolver en cinco minutos en una votación exprés. Espero tener un dictamen de consenso, transversal, inter partidario, que nos involucre a todos”.

La entrerriana Blanca Osuna “no es un tema que surgió de un día para el otro. La iniciativa de tener una sesión para poder en definitiva definir días y horarios para que la comisión convocara. Nos preocupa que se enfoque el tema teniendo tanto el financiamiento como el FONID para tener una mirad integran del sistema. Hay más de 20 proyectos presentados de ambos temas”.

En tanto, la diputada de izquierda Romina Del Plá alertó que los temas planteados son “de enorme urgencia” y que “no pueden ser sometidos a una demora eterna. Nos parece que el cronograma presentado es más acelerado y acertado”.

Finocchiaro insistió en que “en el reglamento de la Cámara quien pone el temario es el presiente consensuando con las demás fuerzas políticas. La realidad es que se vino trabajando, convocamos a los rectores, a los estudiantes. Después de la marcha hablamos con distintos sectores y acordamos hacer una convocatoria para tratar solamente financiamiento universitario. Por supuesto que quedan temas por tratar y los vamos a ir trabajando, pero al acuerdo que llegamos consensuadamente fue que este jueves se trataba financiamiento universitario”.

“El kirchnerismo tiene que acostumbrarse es que hay una nueva realidad y que el consenso no lo necesita siempre para ser mayoría”, remató.

De forma breve, el diputado Hugo Yasky (UP) alertó que “en las provincias hay una cantidad de conflictos planteados por la rebaja salarial docente, estamos pidiendo que los temas se traten y no se cajoneen y si hay acuerdos que sean con todos”.

Sin embargo, a fin de apurar los trámites del tratamiento del paquete fiscal, Martín Menem le aclaró al jefe del bloque UP: “el emplazamiento no es una moción de orden del artículo 127 que son las únicas que desplazan cualquier tema en cuestión y este tema no está entre los solicitados para la sesión, no está habilitado”.

Senadores de la UCR, el Pro y provinciales piden sesionar para incrementar el presupuesto a las universidades

En la semana la marcha histórica y la sesión trunca de UP en la Cámara baja, un grupo de senadores propuso debatir en el recinto la elevación de la inversión pública en 5,8 billones para este período.

24 horas después de la fallida sesión que pidió Unión por la Patria en Diputados para tratar el incremento a las partidas presupuestarias universitarias, un grupo de senadores nacionales del radicalismo, el Pro y Unidad Federal le presentó un escrito a Victoria Villarruel, titular de la Cámara alta, para “tratar con urgencia” el tema en una sesión el próximo martes 30 de abril a las 14.

La puja entre el Gobierno y los rectores por las partidas presupuestarias tuvo su epicentro esta semana con la marcha universitaria del 23 de abril que movilizó a casi un millón de estudiantes y docentes desde la Plaza de los dos Congreso hasta la Plaza de Mayo.

Buscando aprovechar el impulso, la oposición de la Cámara de Diputados buscó llevar el debate al recinto, pero al no lograr el quórum necesario, el presidente del Cuerpo, Martín Menem, dio por caída la sesión.

En la misma línea, el temario detallado en el texto pide tratar la declaración de emergencia del sistema universitario nacional en ejercicio presupuestario 2024 y establecer mecanismos de financiamiento del mismo. También, propone el tratamiento de la elevación de la inversión pública en 5,8 billones para este período.

En tercera instancia, exigen debatir en el recinto del Senado un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032.

Firmaron el escrito los senadores nacionales: Maximiliano Abad, Martín Lousteau, Daniel Kroneberger, Flavio Fama, Pablo Blanco y Eduadro Vischi, de la Unión Cívica Radical; Guadalupe Tagliaferri, del Pro; y la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal.

NOTA EN DESARROLLO

Se oficializó la sesión pedida por UP para debatir sobre financiamiento universitario, FONID y jubilaciones

Fue citada para este miércoles a las 11, un día después de la marcha federal en defensa de las universidades públicas. El quórum dependerá de los bloques dialoguistas.

La sesión solicitada por Unión por la Patria para debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y fórmula de movilidad jubilatoria fue oficializada este lunes. La convocatoria es para el miércoles, a las 11, un día después de la marcha federal a favor de las universidades públicas, que se anticipa masiva.

“Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto”, desafió a sus pares Germán Martínez, jefe de la bancada peronista/kirchnerista que cuenta con 99 miembros.

El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.

Al número de 129 para lograr el quórum, habrá que mirar con especial atención qué hacen algunos diputados de los llamados bloques dialoguistas. Por lo pronto, se sabe que hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que podrían sumar.

Dentro de HCF, la cordobesa Natalia De la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Estaban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. La estrategia sería en tal caso pujar por un emplazamiento de comisiones para que, con fecha y hora, se den esos correspondientes debates.

Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.

En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina Del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.

A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina Del Plá (FIT).

El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.

La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

Apoyo radical desde Río Negro al proyecto de Danya Tavela sobre presupuesto universitario 

“No podemos quedarnos callados mientras intentan destruir la educación pública”, advirtió la jefa de la UCR en la Legislatura rionegrina, Lorena Matzen. 

Encabezados por Lorena Matzen, el bloque de legisladores de Río Negro de la UCR manifestó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan las universidades nacionales. “Las instituciones educativas hoy reciben un tercio de los fondos que necesitan para funcionar. El Gobierno nacional decidió congelar el presupuesto del año 2023 sin tener en cuenta la inflación interanual de más del 250% y sin considerar los brutales aumentos en las tarifas de todos los servicios. Además, ante los reclamos de los rectores, el Gobierno adelantó que no enviará fondos adicionales”, señalaron. 

Matzen, exdiputada nacional, subrayó que “las universidades atraviesan un ahogo financiero que hace imposible afrontar el ciclo lectivo 2024. Ya se han suspendido proyectos de extensión e investigación y peligra el normal dictado de clases”. “El propio presidente (Javier) Milei ha expresado su repudio a la educación pública. Esta situación ya ha pasado de las frases altisonantes en las redes sociales a una premeditada acción de desfinanciamiento que pone en quiebre a la educación pública superior”, advirtió. 

La presidenta del bloque radical en la Legislatura rionegrina apuntó que “esta situación impacta de lleno en el funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, que hoy reúnen a unos 98 mil estudiantes. La comunidad universitaria está movilizada y temen que se suspendan las clases si esta situación continúa”. 

“Se anunció un aumento del 70% pero es necesario aclarar que es sobre el 3,5% del total del presupuesto 2023 y que sólo está destinado a cubrir gastos operativos menores. El aumento no contempla los salarios docentes y no docentes”, explicó Matzen.

Además, enfatizó: “No podemos quedarnos callados mientras intentan destruir la educación pública. Debemos acompañar las iniciativas que la defiendan. Por esto presentamos un proyecto de comunicación para apoyar el proyecto de ley de la diputada nacional Danya Tavela, del bloque de la UCR. Plantea declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y propone establecer un mecanismo de asignación de recursos y gastos en el marco del presupuesto 2024”. 

El proyecto de Tavela, acompañado por sus pares radicales y diputados de otros bloques, impulsa un esquema que contempla un 85% para gastos de salarios y un 15% para gastos generales y de funcionamiento. Además, prevé una actualización bimestral atada al IPC y a la variación promedio de las tarifas de los servicios públicos.