Tras dar su voto afirmativo al Presupuesto 2026 para su sanción en el Senado, la legisladora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) hizo un extenso descargo en sus redes donde denunció amenazas por parte de “influencer K” y le dejó un duro mensaje al PJ: “Nuestro trabajo era limpiar la imagen del peronismo, pero solo construyen fracasos”, al tiempo que comparó a Néstor Kirchner con su hijo Máximo.

Moisés denunció agresiones a su familia, amenazas a su hija de 17 años en redes sociales y hasta su sobrina de 5 años. “Siempre voy a comprender los malestares y las críticas a mis decisiones, pero éste nivel de violencia y agresiones constantes, no tiene nombre”, repudió.

Hoy insultan a mi papa que con 80 años tiene más militancia que estos pibes.

Agreden a mi familia, amenazaron a mi hija de 17 años en sus redes sociales y hasta a mi sobrina de 5 años insultaron en posteos con sus fotos.

Siempre voy a comprender los malestares y las críticas a… pic.twitter.com/KerajDu5mA

— Carolina Moises (@CarolinaMoises) December 30, 2025

Así, adelantó que denunciará a los “influencers K” que armaron un video donde agreden tanto a su persona como a su padre. “Si quieren mostrar un ‘correctivo’ para que ningún peronista se atreva a pensar, espero que los compañeros tengan el coraje que necesitamos para reconstruir nuestro movimiento”, planteó y apuntó: “Yo no extorsiono compañeros, mucho menos a los gobernadores como hace La Cámpora; yo trabajo con todos los gobernadores peronistas”.

La senadora jujeña respaldó que el Presupuesto Nacional “se tenía que aprobar, porque es mejor tener dos pesos con cincuenta antes que dejarles el camino libre a los libertarios para que hagan lo que quieran con la plata del país, como hicieron estos dos años, que no hubo un solo peso para educación, ni para ciencia, ni para salud”.

En esa línea, pidió que “dejen de mentir, si no se aprobaba tampoco había nada y ni siquiera los gobernadores hubieran podido reprogramar sus deudas, o discutir nuestros recursos coparticipables o exigirle al Gobierno Nacional lo que nos corresponde al interior”. Además, manifestó que de las deudas millonarias en dólares que tienen las provincias muchas fueron “autorizadas durante nuestro gobierno; como la de Jujuy para Cauchari, el Tren Solar, o la construcción de escuelas firmadas por (Eduardo) ‘Wado’ de Pedro”.

Moisés se defendió y expresó: “Lo que nos está pasando a los argentinos es una responsabilidad colectiva, no individual de una senadora. Yo no soy responsable de que votar un Presupuesto sea tan peligroso para la sociedad. Aunque no lo entiendan, el trabajo de un senador es defender los intereses de su provincia, en cambio la tarea de los diputados es buscar lo mejor para la sociedad”.

“Esto es una cuestión de mirarnos al espejo como sociedad y pensar qué hicimos mal para que hoy sea tan complicado aceptar que necesitamos éste Presupuesto”, apuntó y calificó el Presupuesto de “malo, horrible, pobre en recursos e injusto, pero es lo que eligieron para gobernar la Argentina”.

El mensaje para el PJ

La senadora jujeña le dejó un duro mensaje al Partido Justicialista: “Antes de empezar a preocuparse por lo que votamos deberían haberse preocupado hace dos años atrás a qué tipo de personas votaron cuando el 45% de la gente eligió a Milei. Yo NO vote por él”, y preguntó: “¿Dónde estaban todos los que hoy se toman el trabajo de insultarme y atacarme en las redes sociales cuando Milei nos ganó?”.

“Cuando nuestro trabajo estos dos años era limpiar la imagen del peronismo para que la gente vuelva a creer en nosotros, solo construyen fracasos. ¿Ahora el peronismo se convirtió en un mensaje de odio constante ante las cosas que no nos gustan? ¿Decirme traidora, coimera, turra, cerda? ¿En que se transformaron para perseguir así a los compañeros que pensamos diferente?”, planteó.

“Todos los peronistas buscamos lo mismo para una sociedad, trabajo, bienestar y desarrollo colectivo”, describió y volvió a preguntar: “¿Cuándo llegamos al punto en el que, en vez de proteger nuestra ideología y los derechos de los argentinos y argentinas, vulneremos el legado que Perón nos dejó y nos lastimamos más que a nuestros adversarios?”, al tiempo que advirtió: “Mientras ustedes a mí me insultan y me acosan, Milei sigue en Casa Rosada cumpliendo el mandato que le dio la mayoría de la sociedad. Le estamos haciendo el favor de pelearnos entre nosotros siendo más violentos que ellos”.

La senadora aclaró que “las campañas se ganan saliendo a la calle, convenciendo a la gente, ayudando a los que nos necesitan; no atacando desde las redes sociales mucho menos opinando detrás de una pantalla, sin saber nada”, y remarcó que “los kirchneristas en vez de enojarse con la realidad debería servirles para ver nuestros errores, para entender lo que hicimos mal, y volver a ser lo que en algún momento fuimos, un movimiento de vanguardia, que sumaba a todos en vez de restar”.

Además, le reclamó a la presidenta del PJ que “debería haberse sentado con los gobernadores peronistas para escucharlos, defenderlos, representarlos y no tratar a todos como vendidos o traidores”. Así, recordó que el Presupuesto 2019 fue votado por “muchos peronistas con el acompañamiento de todos los gobernadores, senadores y diputados. ¿Dejaron de ser peronistas todos ellos? ¿Los expulsaron del PJ como pretenden hacer ahora con nosotros?”.

Por último, Moisés comparó a Néstor Kirchner con Máximo: “En el 2003 copamos la cancha electoral. Néstor se animó incluso a construir después la ‘transversalidad’, sumando a radicales, socialistas y a la casi totalidad de gobernadores para tener un proyecto realmente inclusivo y federal. A él jamás se le hubiese ocurrido montar una caza de brujas persiguiendo compañeros como hace hoy su hijo. No van a parar hasta convertir el peronismo en una lata de sardinas; ¡pocos, amontonados y sin cabezas!”.

Da la impresión de que en los días que sucedieron entre la complicada aprobación del Presupuesto en Diputados y la sesión del Senado, alguien se puso a pensar con la cabeza fría y ajustó las marcas. Después de la postergación obligada del tratamiento de la reforma laboral, Patricia no podía permitir tener otro dolor de cabeza por errores ajenos a su nuevo ámbito. Entonces se votó “la ley de leyes” como vino desde la Cámara baja y se evitó la tentación de elegir a los miembros de la Auditoría General que corresponden al Senado.

Se le podría decir al Gobierno “¿ves que cuando querés, podés?”. Esto eleva el precio de las acciones de la ex ministra de Seguridad y gana en el comparativo con los aprendices de brujo que operan desde el monotributo. Mejor pájaro en mano que cien volando: es mejor un triunfo moderado que ningún triunfo. Pero a la cultura maximalista de origen del mileísmo le cuesta asimilarlo. Una muestra de eso es el título del libro que el presidente les regaló a sus ministros, “Defender lo indefendible”. En el terreno de la política esa consigna suena absurda, ya que nunca debería exponerse a dar la cara con argumentos absurdos, por muy revolucionarios que sean. “Del ridículo no se vuelve”, frase que profesaron tanto Sarmiento como Perón.

El poder político es algo que se tiene, pero se lo debe usar para ponerlo en valor. Si no, es como una herramienta arrumbada: se oxida, deteriora, entumece. Cada tanto hay que mostrársela a propios y extraños, no solo para recordarles la posesión, sino para que sientan que, en caso de necesidad, será utilizado sin piedad. El sumun de la virtuosidad del líder es que los demás hagan lo que él/ella quiere solo por sugerirlo, sin necesidad de utilizar el arma. Después de haber perdido casi todas las votaciones legislativas del año antes del 10 de diciembre, y pese a haber ganado con contundencia la elección de medio término, al oficialismo le cuesta hacer uso del poder acumulado.

LLA no se podía quedar sin presupuesto por varias razones. En primer lugar, iba a surgir un serio interrogante sobre la gobernabilidad en la segunda parte del mandato, sobre todo teniendo en cuenta el aval electoral del 26-O. Segundo, si hubiese decidido vetarlo porque no era el ideal, se hubiesen complicado las negociaciones a futuro con los moderados para la agenda que viene. Tercero, con la ley en la mano ahora tiene un importante argumento para desactivar conflictos latentes sobre asignaciones presupuestarias en temas delicados: “esto es lo que votó el Congreso, quéjense a ellos”.

De este modo, el Gobierno cierra el año con balance positivo, aunque es una imagen engañosa, ya que la mayor parte del tiempo jugó a la defensiva por errores propios (discurso de Davos, Libra, Garraham, discapacitados, universidades, jubilaciones, fondos para provincias, Andis, Espert y siguen las firmas). La trama de la película hasta la llegada del 7mo. de Caballería americano fue más parecido a una de terror que un canto a la esperanza. Veremos ahora cómo maniobra con el tema laboral, en donde los 43 días entre la postergación y las nuevas extraordinarias en febrero (¿no se podía trabajar en parte de enero?) están dando lugar a la activación del deporte nacional del cabildeo. ¿Es cierto que hubo una entente invisible entre CGT, empresarios rebeldes y gobernadores dialoguistas para ganar tiempo?

Este mileísmo más pragmático en lo político, ¿también podría estar revisando axiomas económicos, luego de aceptar que ahora sí acumularán reservas, relegando el gran objetivo de bajar la inflación? No queda claro. Por un lado, quienes siguen con lupa los movimientos del Banco Central, creen que está habiendo intervención en el mercado de cambios para que no se escape el precio del dólar en un momento estacionalmente caliente del año. Pese a todo, la semana concluyó con el mayor stock de reservas brutas de la era Javo (lo cual es relativo porque las reservas reales siguen siendo largamente negativas).

Toto hizo una importante declaración de independencia económica: dejar de recurrir a Wall Street. Es muy loable, pero la pregunta que se hace el mercado financiero es si no queremos ir porque no nos van a prestar. Por eso, viejo zorro, “el Messi de las finanzas” quiere que se cree el FAL -que no es un fusil, sino el Fondo de Asistencia Laboral- para que se genere un fondo al cual poder meterle bonos del Estado que se refinanciarán al infinito. Recurrir a cajas locales es una “política de Estado” en la Argentina, con transversalidad ideológica, porque a los muchachos de la calle del toro en NYC no será tan fácil reperfilarle los vencimientos (menos con reservas en rojo). Por suerte para el tío de Santiago, post elección se cayó notablemente la compra de verdes por parte de personas físicas (¡vieron que el riesgo kuka existía!).

Como la enorme mayoría ya se desconectó mentalmente de todo lo que no sea fiestas y vacaciones, hay datos que se pasarán muy por alto, pero que esta columna no puede dejar de computar. En octubre el EMAE del INDEC cantó frenazo, o sea que fuimos a votar en un mes recesivo, lo cual no afectó el voto a favor del gobierno (¿no era que la gente votaba con el bolsillo? No hay que repetir lugares comunes sin evidencia empírica). Ese dato y las presunciones de noviembre y diciembre proyectan un cuarto trimestre complicado, donde comercio e industria ya saben que tuvieron caídas el mes pasado.

Mientras seguimos viajando al exterior como nunca en la historia como si fuésemos un país rico, el mercado laboral ha decidido ajustar por precio y calidad -salarios magros e informalidad- en vez de por cantidad (más desempleo como en los ´90), al menos por ahora. Más allá de lo que defina la futura reforma laboral, esta es una dinámica que expresa lo que está privilegiando la sociedad en sus prioridades.

Si la reforma laboral sale del Senado aceptablemente, tarde o temprano habrá un conflicto entre reinas en el tablero libertario. Demasiado protagonismo de la Pato no le convendría a la hermanísima.

En senador jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) fue el encargado de abrir el debate en la sesión de este viernes en la Cámara alta en relación al Presupuesto 2026 que calificó como “un punto de quiebre” para la historia porque “hace décadas no teníamos una norma sin déficit”.

Como miembro informante, resaltó el intento de sancionar un Presupuesto que tenga “una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.

Atauche sostuvo que el Presupuesto “se elaboró de una manera distinta a como se venía haciendo porque en general primero disponían todos los gastos que el Gobierno iba a hacer y luego se veían los recursos y, si no alcanzaban, se procedía a ajustes, pedidos de préstamos y emisión monetaria que generó la debacle inflacionaria”.

El libertario hizo un repaso de cómo recibieron el país con déficit fiscal, inflación de 25,5 puntos mensuales y un Estado “sobredimensionado”, con un 30% de la deuda externa con vencimientos a un día, un riesgo país por encima de los 1.900 puntos, con 41,17% de pobreza y 11,9% de indigencia, entre otras características. Así, comparó que el Gobierno “buscamos el equilibrio fiscal para atacar todas las cuestiones que generaban gasto público innecesario. Bajamos impuestos, tuvimos avances inéditos en el equipamiento para seguridad, pasamos a un superávit de 0,3 puntos del PBI, hemos logrado bajar la deuda y la inflación, entre otras decisiones”.

Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Las estimaciones de la Oficina de Programación económica dan un tipo de cambio de $1.423, inflación esperada del 10%, y un crecimiento económico del 5%”.

En cuanto a los ejes para la formulación de la Ley de Leyes, detalló: “Acompañamiento social sin intermediaciones donde el foco absoluto está en que los argentinos sean más libres de votar, de poder salir a trabajar. Acá está la posibilidad de que los planes sociales sean compatibles con el trabajo que es algo que no se venía haciendo”.

Sobre la Garantía de cobertura señaló que “hay una regla del 95% que es importante en materia de ayuda social donde la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar tienen que cubrir el 95% de la canasta básica y estos objetivos de ayuda social se van a cumplir independientemente de lo que suceda con la cuestión económica del país. Hemos aumentado todo tipo de asignación social para que los sectores más vulnerables se sientan protegidos”.

Al hablar del equipamiento y modernización de la defensa, explicó que es “una política de este Gobierno de poner en valor la defensa y la seguridad. Entender quién es la víctimas y victimarios y darles el valor que le habían quitado a las fuerzas de seguridad que tanto cuidan al país”.

Atauche también se refirió a la desregulación y transformación del Estado el cual definió como “un Estado más moderno, eficaz y eficiente cuyo principio fue el DNU 70/23 y la Ley Bases donde se registraron más de 2.335 normas que fueron derogadas, desreguladas y eficientizadas”.

“Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero. Proyectamos un superávit del 0,3% del PBI que significa que no vamos a tener que pedir préstamos o emitir moneda que se logran con resultado primario de un superávit del 1,5%, un superávit financiero del 0,3%”, precisó y sumó que el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.

En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve, donde un 45% es para la previsión social, jubilaciones y pensiones, 16% para la asistencia social, 11% para salarios del sector público más 9% de intereses de la deuda y queda un margen operativo de 18% que van para subsidios y universidades”.

El libertario hizo un apartado sobre el artículo 12 del Presupuesto en el cual “exigimos que las Universidades Nacionales deberán presentar ante la Secretaría de Políticas la información necesaria para la transferencia de recursos, este artículo se presentó en los presupuestos anteriores y hoy lo volvemos a incluir”.

“2% de gastos de capital, inversión en obra e infraestructura y 6 a 7% queda para el resto de la gestión como emergencias, planes de seguridad, de salud, etc. El 80% del gasto total tiene una cláusula de indexación o de actualización que tiene que acompañar la inflación; el 61% del gasto primario está indexado por ley y 12% del gasto salarial también”, precisó.

El jujeño explicó que estiman un crecimiento de los recursos en unos 0,2 puntos del PBI, en términos nominales un crecimiento del 20,8%. “Los ingresos corrientes aumentan en un 20,7%, los totales en un 20,8%. Los ingresos impositivos serán de 90 billones de pesos un 20,7% de aumento; aportes y contribuciones a la seguridad social 18,4% aumenta”.

“Pretendemos que Argentina crezca y se modernice, que haya seguridad en pasos fronterizos, seguir financiando obras. Este Presupuesto incluye un Régimen de Extinción de obligaciones recíprocas a la cual se suscribieron 18 provincias que, algunas de ellas, aumentaron sus gastos y habla de una falta de compromiso con respecto a ordenar el país y es hora que se pongan a trabajar en bajar el gasto”, planteó.

Al cierre de su alocución, Atauche destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit, no vamos a gastar más de lo que ingresa, vamos a ordenar las cuentas y vamos a asegurar un futuro mejor”, y resumió: “El Presupuesto tiene equilibrio fiscal, superávit financiero, crecimiento económico, eliminación de la emisión monetaria, modernización del equipamiento de seguridad y justicia, desregulación y transformación del Estado, regulación de la carga tributaria, ordenamiento de pasivos con las provincias, gasto social sin intermediaciones; aumento del 21,4% en salud, 11,6% en educación, aumento de becas y programas; aumento en 9,2% en seguridad social, en ciencia y tecnología 4,1%, etc”.

Al no haber habido acuerdo en Labor Parlamentaria, tal cual había sucedido en la Cámara baja la semana anterior, debió resolver el pleno del Cuerpo la forma de votar en particular. Nuevamente el oficialismo reclamó una votación por capítulos, mientras que el peronismo reclamó una votación “artículo por artículo”. Y como el 17 de diciembre, fue el pleno el que resolvió el tema con una votación, favoreciendo lo que pedía La Libertad Avanza, pero generando un airado reclamo del interbloque Popular, con argumentos reglamentarios.

Luego de una tanda de cuestiones de privilegio, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, hizo la moción de realizar -llegado el momento- la votación en particular “capítulo por capítulo”, lo que despertó la reacción de José Mayans, en lo que representó el primer fuerte cruce entre ambos, de los muchos que seguramente vendrán en el futuro.

“No me interrumpa que estoy haciendo uso de la palabra como presidente de bloque. ¡Acostúmbrese! No está en el Ministerio de Seguridad”, reaccionó el formoseño, que aclaró que la resolución que iban a votar debía hacerse antes, y recordó que no habían estado de acuerdo con lo que se planteaba ya en Labor Parlamentaria. “Si quieren apartarse del reglamento tienen que tener dos tercios”.

Ante la consulta de la presidenta de la Cámara, Bullrich optó por no contestar y pidió que se votara el acta de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre pasado. La moción del oficialismo se impuso por 42 votos afirmativos y 29 en contra. A continuación vendría la votación principal: el acta de este viernes, donde quedaría resuelto cómo se votaría en particular.

A continuación, la senadora Anabel Fernández Sagasti objetó con argumentos reglamentarios lo que acababa de decidirse. “La forma en la que quieren tratar el Presupuesto es violatoria del reglamento”, señaló que algo así puede resolverse si hay consensos, cosa que no se alcanzó en Labor Parlamentaria. Invocó los artículos 207 y 171 del reglamento del Senado, advirtiendo que los mismos establecen que el tratamiento de cualquier ley, pero especialmente el Presupuesto, por otorgar financiamiento a las provincias, debe tratarse artículo por artículo.

“Hay varios autores que han escrito libros que nos dan la razón”, enfatizó la senadora mendocina, que invocó en ese sentido a Eduardo Menem, y luego a Julio Pitt Villegas, que habló del tema en su libro “Antecedentes históricos del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación”, que mostró. Ambos sostienen que un tema de esas características debe votarse por artículos. “La regla del reglamento del Senado es que la votación en particular es por artículo, salvo que este Cuerpo decida apartarse del reglamento; entonces necesitamos dos tercios. Es lo que establecen todos los autores, desde Eduardo Menem hasta Pitt Villegas”.

Aclaró Fernández Sagasti que no era de agrado de su bancada “embarrar el tratamiento de la ley de leyes”, cuando han venido protestando los últimos dos años porque eso no hubiera sucedido. “Pero hay algunos senadores como quien les habla que necesitan explicar cuáles son las consecuencias de determinados artículos que serían muy peligrosos no solo para la Nación, sino para las provincias”, agregó, para concluir remarcando que “no tenemos otra cosa que hacer que tratar este presupuesto”, pero insistió que debería hacerse por artículos. “Si varios bloques han decidido que esto no será así, deberán apartarse del reglamento”, cerró Sagasti.

“¿Qué es lo que quieren ocultarle al pueblo argentino? ¿Qué artículo no quieren discutir?”, preguntó por último a José Mayans, para pedir finalmente que se hiciera valer el tiempo reglamentario: 20 minutos por orador y 40 para los jefes de bloques.

La votación arrojó como resultado 39 votos a favor y 33 en contra, tras lo cual volvió a intervenir José Mayans para señalar: “Quiero dejar constancia que no se cumplió con los dos tercios de la votación, por lo tanto sigue rigiendo el reglamento interno y la votación debe ser en general y en particular, de lo contrario es violatorio del reglamento de este Cuerpo”.

Votaron a favor de esa forma de votar los senadores de La Libertad Avanza; los senadores del Pro; parte del bloque UCR; los misioneros del Frente Renovador; Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi, y Camau Espínola y Alejandra Vigo.

En contra se pronunciaron, además de los senadores del interbloque Popular, los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y la neuquina Julieta Corroza.  

En su debut en el recinto de la Cámara alta este viernes en la sesión para tratar el Presupuesto 2026, el rionegrino del bloque Fuerza Patria Martín Soria planteó una cuestión de privilegio contra la exministra de Seguridad de Javier Milei, la actual senadora Patricia Bullrich, por la “maniobra extorsiva” que montó para intentar garantizarse “una narco diputada”, la senadora rionegrina Lorena Villaverde y el “clan Fred Machado”, pudiesen acceder al Honorable Senado de la Nación.

Soria recordó que Bullrich también fue ex ministra de Mauricio Macri, ex presidenta del Pro, ex ministra de Seguridad Social y de Trabajo de Fernando De la Rúa. Así, lamentó que “en este contexto de crisis que atraviesan las familias y las provincias argentinas en este fin de año, mi primera intervención sea una cuestión de privilegio en un tema como este. Pero la gravedad del accionar de esta senadora, verdaderamente hace que me sea imposible dejar pasar por alto esta situación que resultó una maniobra extorsiva y lamentable”.

“Todos conocemos el oscuro y nefasto personaje que era esa diputada y electa senadora Lorena Villaverde”, describió y agregó: “Un personaje que a través de su largo y delictivo prontuario vinculado casi siempre al narcotráfico pudo acceder a este Senado, pero le cerramos las puertas”.

En ese sentido, habló del vínculo entre Villaverde y el “narcotraficante” Fred Machado que fue extraditado de Estados Unidos “luego de cuatro años de protección de esta Corte Suprema, la peor de todas. Y sus antecedentes de narco lavado y narcotráfico, con aviones en el intento de construir empresas para lavar dinero del narco como en Guatemala a través de minas de oro”.

“Hasta los más fieles del Gobierno de Milei se alertaron y se preocuparon por la posibilidad de que esta institución del Estado le abriese las puertas a la narcopolítica en el país a esta mujer”, planteó.

Soria sostuvo que “todos coincidimos acerca de la inhabilidad ética y moral esta diputada rionegrina, pero la exministra montó un operativo de extorsión para rescatar y abrirle las puertas de este Senado, aparte de la familia al clan Machado”.

En esa línea, recordó que el pasado 19 de noviembre cuando se reunía la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar el título de los senadores electos, Bullrich “ingresó a este Senado con dos sobres en manos que contenían dos impugnaciones contra dos senadores del peronismo, en clara respuesta a una impugnación que los apoderados del PJ de Rio Negro habían hecho contra Villaverde. El objetivo de Patricia era claro: propiciar una suerte de muerte cruzada porque querían cargarse a uno de los que destapó este vínculo”.

“Es muy preocupante que el Presidente y su principal alfil, la ministra de Seguridad en su momento, hayan dejado sus labores ejecutivas para el 19 de noviembre y coordinar esta maniobra extorsiva e intentar salvar a una narco senadora electa, pero la gravedad reviste en la falsedad y en el berretismo del que han hecho gala para intentar inhabilitar a dos senadores electos del PJ”, y procedió a leer sendas impugnaciones.

Soria apuntó que “la defensa de la senadora Villaverde y esta sociedad con el clan Machado vino directa de Casa Rosada como un código de la mafia, no se perdona a quien se meten con ellos”. Así, planteó que sustentaron la impugnación en su contra con “supuestos graves y diversas causas judiciales que tramitaron en mi contra”, y contó que tenía 2 causas “bochornosas” que fueron “desestimadas por inexistencia de delito y archivadas hace casi siete años atrás cuando Machado financiaba la campaña de José Luis Espert”.

Día D para el oficialismo. En el Senado, en una sesión que se iniciará a partir del mediodía de este viernes, comenzará a resolverse a esa hora si el Gobierno termina el año en el Congreso con señales muy positivas, o si todo lo que logró revertir a partir del resultado electoral del 26 de octubre termina opacado por una realidad imprevista.

Es que si resulta aprobado el Presupuesto 2026, el Gobierno podrá eclipsar las dudas que surgieron cuando en Diputados le borraron el Capítulo XI, y dará por cerrado este año tan complicado con semblante aliviado. Pero si sucede lo contrario y el proyecto vuelve a Diputados, por más que allí vaya a ser luego ley entre el lunes y martes que viene, todo será diametralmente distinto.

Es que se descuenta que La Libertad Avanza tiene los votos para aprobar en general la ley de leyes. Contribuye en ese sentido que una parte del interbloque Popular votará a favor en esa instancia. Serán al menos cuatro de los cinco integrantes del bloque Convicción General los que se sumarán al oficialismo y los senadores dialoguistas para elevar el número de la aprobación del Presupuesto por encima de los 40 votos.

El tema es que, como suele suceder con ese tipo de proyectos, al iniciarse el tratamiento en particular comenzará otro partido. El problema el Gobierno lo tiene en un artículo en particular en el que algunos senadores del radicalismo han expresado sus reparos: el 30°, que en sus incisos deroga el artículo 9° de la Ley 26.206 de Educación Nacional; como así también los artículos 5°, 6° y 7° de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52° de la Ley 26.058, de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

Allí surgieron las voces de los senadores radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama, que objetaron esas disposiciones y si esa postura se extiende, el oficialismo estará en serios problemas.

Habrá que ver si el oficialismo logra como en Diputados que se vote por capítulos y no por artículos. Si es como en la Cámara baja, el artículo 30° está en el Capítulo II del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2026.

El Gobierno, que vio caer el 17 de diciembre el Capítulo XI, no quiere correr riesgos y por eso terminó aceptando no introducir modificaciones que pudieran compensar en parte lo que pierden con lo que debió resignar en Diputados. Pero no podrá hacer mucho, pues lo que ya no puede es hacer cambios. Y lo que quiere evitar es que modificaciones como la caída del artículo 30° obliguen a volver a reunir a la Cámara baja para cerrar el circuito del tratamiento del Presupuesto. Hasta no habría que descartar que si este viernes se aprobaran modificaciones que redujeran más el proyecto oficial, el Presidente resolviera finalmente vetarlo.

Todo quedó en manos de la presidenta del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich, quien monitorea todo el tiempo la cantidad de apoyos con que cuenta la iniciativa.

Es que un eventual traspié podría tener un efecto dominó con respecto al resto del temario de extraordinarias. Las reformas impulsadas por el Gobierno resultarían amenazadas, como ya sucedió con la laboral, cuyo tratamiento se postergó para febrero ni bien el oficialismo trastabilló en Diputados.

En medio de tensiones en la relación entre el Pro y LLA tras el amparo judicial, que presentó el bloque que conduce Cristian Ritondo, ante la justicia para impugnar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobadas por la Cámara de Diputados, el ministro del interior y referente del partido amarillo, Diego Santilli, opinó al respecto y sostuvo que “la justicia determinará” la inconstitucionalidad o no, pero aclaró que ambos espacios “seguirán trabajando juntos”.

Al ser consultado si la disputa entre el Pro y LLA por el reparto de la AGN y la marcha de la CGT tuvieron incidencia directa en la postergación del tratamiento dela reforma laboral en el Senado, Santillo sostuvo que “ninguno de los dos” influyó, sino que “Patricia (Bullrich) nos había informado que habían ingresado una gran cantidad de audiencias y la decisión de los senadores era hacia trabajar en enero en comisión esos temas”.

“No es un revés lo que pasó en el Congreso. La Argentina no tiene Presupuesto hace tres años, ahora tenemos media sanción, al igual que inocencia fiscal, dictamen de glaciares que piden las provincias, dictamen de modernización laboral. Hay un paso muy importante”, destacó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Respecto de la impugnación que presentó el Pro por las designaciones de la AGN, Santilli planteó: “Primero le quiero agradecer al bloque que ha actuado de manera contundente antes, durante y después de la sesión porque venimos de dos años de acompañar incólume a LLA, no nos hemos corrido nunca, eso habla de un proceso. También a su presidente Cristian Ritondo que mantuvo la posición y ese es el camino, estoy en esa posición que es la correcta que nos planteó la sociedad”.

“Era una realidad y es una potestad del Congreso designar a los auditores de la AGN y cada uno tiene que llevar las discusiones donde se tiene que llevar. Vamos a seguir trabajando juntos. La justicia determinará”, aclaró.

Sobre la postergación del tratamiento de Reforma laboral, explicó: “La reforma es clave porque más del 50% de los trabajadores en el país son informales y tiene cero derechos. La reforma del presidente es no quitarle derechos a ningún trabajador y generarle derechos a quienes no lo tienen”.

“Hay que tener en cuenta que tenemos los períodos de fiestas en el medio, pero llegaron 1200 pedidos de audiencias y ahí Patricia Bullrich tomó la decisión de trabajar en enero para ir saldando todas esas presentaciones y llegar al 10 de febrero con el dictamen y sesionar. Es una medida correcta que va en línea para lograr el objetivo de una modernización laboral para generar trabajo”, explayó.

Presupuesto 2026

Por otro lado, se refirió a la media sanción de la Ley de Leyes: “Lo que el Presidente y el Gobierno sostiene es que nosotros tenemos que tener un equilibrio fiscal que nos ha llevado a bajar la inflación, a crecer. Obviamente queremos crecer a un ritmo más acelerado que es lo que se aspira para este año, y lo que en el Senado se define es tener presupuesto porque hace tres años que Argentina no tiene Presupuesto”.

“El objetivo es tener Presupuesto, Inocencia Fiscal, tener todo el paquete de medidas como modernización laboral que el presidente ha mandado al Congreso para seguir avanzando en el desarrollo, el crecimiento y la generación de trabajo en el país”, expresó.

Sobre el capítulo XI explicó que fue volteado en Diputados, el ministro del Interior apuntó: “La aspiración que tenemos nosotros es mucho más potentes en términos de reformas. De ese capítulo tenían una discusión de dos leyes que venían que venían de ser votadas por dos tercios donde generan un desequilibrio muy importante para el país. Más allá de eso, es un trabajo que hay que llevar hacia adelante”.

“Hay que hacer un trabajo general para ver de qué manera uno puede mejorar excesos en las normas que terminan en un momento donde los meses previos a la elección se juntó como una ola de búsqueda de sancionar leyes para debilitar al Gobierno”, criticó.

Para Santilli: “Esas leyes, muchas de las cuales tuvieron problemas como el exceso, eso se tiene que corregir. Lo analizaremos más adelante, pero en principio el objetivo es el equilibrio fiscal, un mecanismo único para crecer en nuestro país y devolvernos el desarrollo”.

“Este Presupuesto busca crecer, busca generar trabajo, tener equilibrio. Son los tres ejes que lleva para poder salir adelante”, ponderó.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afirmó en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que desde el Gobierno “están dispuestos” a resolver las deudas con las cajas provinciales a través del Régimen de extinción de obligaciones recíprocas planteado en el Presupuesto 2026.

Fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien le consultó por la relación fiscal con las provincias: “¿Se tiene en cuenta las deudas de las cajas provinciales que no han sido transferidas y cuáles son los montos que reconoce el Gobierno Nacional para el conjunto de las cajas transferidas?”.

Presupuesto 2026

Con la sola voluntad de los funcionarios no alcanza. Los números no cierran y este presupuesto está lejos de la realidad.

En primer lugar, el monto previsto es claramente insuficiente para compensar la deuda que el Estado nacional mantiene con las 13 provincias… pic.twitter.com/oT48B83PaN

— Alejandra Vigo (@alevigo) December 19, 2025

“Es parte del proceso de negociación que estamos llevando con cada una de las provincias en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Todas las deudas que les debamos a las provincias estamos dispuestos a ponerlo sobre la mesa. Hemos compensado en algunas provincias con parte de la caja, en otros casos hicimos acuerdos bilaterales como es el caso de Córdoba”, inició su respuesta el funcionario.

En esa línea, explicó: “Nuestro planteo con todas las provincias por todos los juicios que tenemos en la Corte es buscar la solución de fondo, no queremos esquivarle a la cuestión, queremos resolver el tema. En el mientras tanto, hay situaciones diferentes políticas y financieras de las provincias, ya que hay algunas que están dispuestas a seguir en la confrontación, no se quieren sentar a negociar o quieren pretensiones que no estamos dispuestos a convalidar, pero cuando encontramos un punto razonable lo hacemos. Estamos hablando con todas las provincias, el marco de discusión de la deuda es el mismo régimen y lo planteamos en esos términos”.

“Una de las cuestiones que planteamos como forma de cancelar, en el caso que el Estado tenga una deuda neta, es transferir bienes como parte de un acuerdo de compensación. Hay provincias que aceptan eso y otras prefieren el efectivo”, precisó.

Guberman aclaró que “los montos de deuda las define ANSeS de acuerdo a las simulaciones, están trabajando en el 2022 que es el más reciente que tendrían que empezar a analizar. Lo que está plasmado en el Presupuesto es lo que ya se había pautado con las provincias que había que pagar en 2026”.

“Se han firmado acuerdos con Chaco, con Entre Ríos, con La Pampa y con Córdoba. Estamos llevando adelante el régimen de extinción de obligaciones recíprocas donde creemos que esas deudas se tienen que terminar de resolver en ese marco y ese programa que es nuevo en el Presupuesto tiene una suma de dinero alrededor de 900 mil millones de pesos para el 2026”, comentó.

El gobernador Axel Kicillof vetó en forma parcial el Presupuesto sancionado por la Legislatura para el año próximo en un aspecto clave de la transferencia de fondos que le tiene que girar el Ejecutivo para su funcionamiento, lo que desató una fuerte controversia jurídica y política.

Kicillof avanzó con un decreto -2947/2025- que establece observaciones sobre un artículo del presupuesto que cambió el modo en que hasta ahora se giraban los fondos: el Ejecutivo lo hacía a medida que tenía “disponibilidad”, pero con la nueva ley, la sancionada este año, se establecía un “mecanismo automático”.

Desató de esa manera un debate constitucional centrado en es factible que el Ejecutivo disponga el modo en que reparte los fondos con otro Poder del Estado, el Legislativo, al que en principio el artículo 94 de la Constitución bonaerense lo prohíbe.

“La Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo”, indica ese artículo.

Pero el Ejecutivo, en una extensa argumentación legal incluida en el decreto, indicó que la nueva forma de transferencia amenazaba con desarticular el sistema de cuenta única del Tesoro y además generaba un trato diferencial para la Cámara de Diputados respecto de otros poderes del Estado, incluso el Senado.

Más allá de las explicaciones contendidas en el decreto, en la Legislatura circulaba una versión que ligaba la decisión del Ejecutivo a la tensión política interna entre el kicillofismo, el cristinismo y el camporismo, que tienen el poder en Diputados, cuyas presidencias se alternan.

De fondo, la pelea es por el control de un Presupuesto fijado, de acuerdo a la normativa sancionada ahora vetada parcialmente, el presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires es de $ 222.8 mil millones, mientras que el del Senado bonaerense es de $ 156.2 mil millones, que surge del mecanismo legal de otorgarle a la Legislatura que puede fijar su Presupuesto hasta el 0,9 del total provincia, que tiene un presupuesto total de 43 billones de pesos.

Ante este escenario, el Legislativo tiene tres opciones: aceptar los vetos y volver al sistema anterior del reparto de los fondos, judicializar la cuestión -es un camino largo- o insistir con los dos tercios de los votos en el proyecto de Presupuesto que sancionó a principio de mes.

 

El oficialismo junto a sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados se alzó con el dictamen de mayoría (28 firmas) del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que buscará aprobar este mismo miércoles en el recinto, como objetivo central del temario de sesiones extraordinarias. La sesión ya fue convocada para las 14.

A los 20 integrantes de La Libertad Avanza lo acompañaron los miembros del interbloque "Fuerza del Cambio" (Pro-UCR-MID), más los legisladores que representan a cuatro gobernadores afines a Casa Rosada: Catamarca (Raúl Jalil), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua) y San Juan (Marcelo Orrego).

Una porción de éstos firmó en disidencia a raíz de una de las modificaciones incorporadas al texto original: el oficialismo sumó en el artículo 75 la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, que fueron vetadas por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras del Congreso.

Por su parte, el Pro firmó en disidencia -como lo hiciera en noviembre pasado con la composición anterior- por la falta de las partidas destinadas a pagar la deuda por coparticipación de Nación con la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, los dictámenes alternativos de minoría fueron de Unión por la Patria (18 firmas) y el interbloque Unidos (3 firmas).

La reunión que comenzó al mediodía y se extendió hasta las 15, cuando culminó de manera abrupta por orden del presidente de la comisión, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, fue la continuidad de una jornada iniciada poco después de las 10 este martes con una reunión de Legislación Penal, en la que abordaron el proyecto de Inocencia Fiscal.

Abrió el juego el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien expresó su satisfacción por estar debatiendo el Presupuesto, pero más por estar debatiendo “un presupuesto con equilibrio fiscal”, algo que estimó “debería haber pasado en la historia de la Argentina, y eso no viene sucediendo”.

“¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, resaltó el legislador cordobés, que cuestionó el “impuesto encubierto que es la inflación y se lo cobraban a todos los argentinos”. Remarcó que la propuesta oficial “deja atrás la decadencia de la  inflación”, y establece “no gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio”.

A continuación, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quiso saber si habría cambios respecto del dictamen de mayoría alcanzado en noviembre, a lo que Bornoroni contestó afirmativamente, precisando que les  habían hecho circular los cambios a “la mayoría de los bloques”. “Sería bueno que al menos a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, a través de secretaría, nos informen su propuesta de dictamen”, dijo.

Tras ello recordó que ellos ya habían elaborado en noviembre un dictamen propio y que insistirían en que Legislación Penal debería abordar la “regla fiscal”, habida cuenta de que “uno de los títulos contiene cambios significativos al Código Penal”, en alusión al proyecto de Compromiso Nacional de Estabilidad Monetaria y Fiscal, que también pasó a la firma.

“Argentina necesita una ley de Presupuesto”, reconoció el santafesino, que celebró que el oficialismo reconociera ahora que “quieren aparecer serios ante el mundo… No lo demostraron cuando en 2024 y 2025 estuvieron prolongando la validez del último  presupuesto sancionado por ley: el aprobado en 2022, para el ejercicio presupuestario 2023”.

Agregó Martínez que “hoy estamos con una ley presupuestaria que se remonta a una ley aprobada durante nuestro gobierno. Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”.

Para el opositor, la ley impulsada por el Gobierno “no es el presupuesto que necesita Argentina. Y  por eso en nuestro dictamen, así como recomendábamos que el Poder Ejecutivo reformule y lo vuelva a mandar, hoy planteamos que este presupuesto necesita una reformulación integral”.

"¿Qué propuesta tenemos?", se preguntó, para contestarse: “Un dictamen propio para la ley de Presupuesto, un dictamen propio para Inocencia Fiscal, y también un dictamen propio para regla fiscal. Por cada uno vamos a tener una propuesta, como lo venimos haciendo en cada uno de los temas”.

Martínez puntualizó que proponen garantizar todas las leyes aprobadas por el Congreso, vetadas e insistidas en su momento por la oposición: las leyes de Financiamiento Universitaria, la de Emergencia en Discapacidad, y la de Emergencia en Pediatría. Además, continuó: “Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 del mensaje del Poder Ejecutivo, que plantea la derogación de la Ley de Financiamiento Educativo”, defendiendo también la vigencia de la Ley de Educación Técnica, como lo que definió como “el camino creciente plurianual en Ciencia y Tecnología. Insistimos en la necesidad de que exista el Fondo Nacional para la Defensa; queremos continuidad del régimen de Zonas Frías, no solo para la Patagonia, sino para otros distritos que necesitan un régimen diferencial”.

Habló también de mantener la automaticidad en el incremento de las asignaciones familiares, recuperar el porcentaje del incremento que el Gobierno les quitó a los jubilados en el momento del traspaso de una fórmula a la otra, y actualizar el monto fijado en 70 mil pesos. “Los mismos que fijamos con nuestro Gobierno en 2023”, apuntó.

Luego habló de recuperar el FONID y elevar los fondos destinados al sistema universitario a 7,3 billones de pesos, y no mantenerlos en 4,8 como indica el presupuesto. Habló también de recuperar la vigencia de leyes sobre la salud y recuperar la obra pública, para concluir pidiendo “terminar con la discrecionalidad de los ATN. Que llegue a todas las provincias, no solamente a algunas a cambio de votos”.

En nombre de Unidos, Nicolás Massot anticipó también que tal cual habían hecho en noviembre pasado, presentarían un dictamen propio y sería el mismo de entonces, “con unos pocos agregados”.

Massot hizo hincapié en cuestiones macro fiscales y remarcó que en el dictamen de mayoría “no están incorporadas las tres leyes vetadas que entre las tres suman un costo fiscal del 0,16% del producto. Es un costo fiscal menor que lo que componen las tres principales reducciones tributarias de la recién incorporada reforma laboral”.

“El oficialismo deberá explicar por qué esto no implica ser un degenerado fiscal y por qué estamos discutiendo un Presupuesto que no incorpora un impacto del 60% del superávit fiscal que proyectan. ¿Alguien puede explicar qué están votando? La generación fiscal acá no cuenta. Hay para la compra venta de inmuebles, pero no para el Garrahan”, reclamó Massot.

A lo largo del debate, la monobloquista de Defendamos Córdoba Natalia de la Sota consideró que "es imprescindible para garantizar la calidad de vida de nuestros jubilados", quienes "siguen siendo y han sido la variable de ajuste de este modelo económico" que se incorpore una obligación a que "todos los meses, sin excepción, la administración nacional garantice efectivamente la transferencia de los fondos que corresponden a las cajas de jubilaciones" de 13 provincias, entre ellas Córdoba.

Desde UP, el tucumano Pablo Yedlin criticó que "se quieren derogar dos leyes que fueron votadas por ambas cámaras, vetadas e insistidas por ambas cámaras por dos tercios", en relación a discapacidad y universidades. E interpeló a sus pares: "¿Qué van a hacer los diputados que votaron, ellos o sus espacios políticos, a favor? ¿Van a fingir demencia? Con perdón de la gente que tiene demencia". "No podemos permitir que estas leyes se deroguen", afirmó.

Por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño observó que "este Presupuesto tiene programados pagos de la deuda" la cual "es un sometimiento al capital financiero". "Lo único que aumenta son los intereses para el pago de la deuda, en 25%, 30%. Pero vivienda y urbanismo caen 98%; agua potable y alcantarillado 95,6%; promoción y asistencia social 61,4%; ciencia, tecnología e innovación 46%; educación y cultura 45%", precisó y lanzó: "Hay más motosierra en discapacidad, con el escándalo del 3% de las coimas en el medio. ¿Este Gobierno de coimeros va a seguir ajustando en discapacidad? No sé qué se enojan (al oficialismo) si es la verdad".

Además de Bornoroni, por La Libertad Avanza solamente habló después el debutante Adrián Ravier, quien señaló que "Argentina hace medio siglo que no crece, ese es el punto de partida de la propuesta de Javier Milei". Al repasar las crisis de la Argentina, la toma de deuda y el déficit, sostuvo que "necesitamos equilibrio fiscal para evitar este ciclo de crisis permanente que vivimos".

El pampeano, a quien "Bertie" Benegas Lynch presentó como "profe", aseguró que este Presupuesto es "equilibrado y ahora sí puede ser algo valioso". "Si hubiéramos tenido presupuesto en 2024 y este año probablemente hubiera sido letra muerta", admitió, a propósito del proceso del modelo económico implementado.

En respuesta a la oposición, Ravier expresó que la ley para universidades "no tenía fuente de financiamiento"; mientras que con la de Emergencia Pediátrica "se habla de un solo hospital -en alusión al Garrahan- que tiene los mejores salarios y está incorporando tecnología". "El peronismo hizo de la discapacidad una caja política más", agregó sobre los otros puntos cuestionados.

Finalmente, el libertario dijo que "en 2025 la economía está creciendo, en 2026 los analistas proyectan crecimiento y en 2027 también". Y celebró que "9.000 kilómetros de rutas van a ser privatizados. En 2026 vamos a empezar a ver obra privada en las rutas para recuperarlas".

De acuerdo a los supuestos macro, el Presupuesto del Gobierno prevé una expansión del 5% del PBI, una inflación anual proyectada en 10,1% para el año que viene y se estima un tipo de cambio a $1.423 en diciembre de 2026.

Además de incorporar la derogación de leyes insistidas, el texto mantiene los artículos que prevén derogación de legislación vinculada al financiamiento educativo y de ciencia; y el recorte de la Ley de Zonas Frías, retrotrayendo los beneficios en subsidios del gas solamente a la Patagonia.

El Poder Ejecutivo promueve el tratamiento en sesiones extraordinarias del proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca consolidar un marco normativo estricto para evitar desequilibrios presupuestarios y prácticas que comprometan la estabilidad macroeconómica.

La propuesta -enviada al Congreso el pasado 15 de septiembre- establece que el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la sanción de leyes que contemplen déficit. En caso de desvíos durante la ejecución, el jefe de Gabinete estará obligado a adoptar medidas correctivas, notificando al Congreso en un plazo de cinco días.

El proyecto también impone disciplina al Poder Legislativo: toda ley que implique gastos adicionales solo podrá aplicarse cuando las partidas estén incluidas en el presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que la norma garantice financiamiento específico sin afectar el equilibrio fiscal. Además, se incorpora la obligación de presentar un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo para cualquier iniciativa que genere erogaciones o afecte recursos.

En materia monetaria, la ley prohíbe al Poder Ejecutivo solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gasto primario. El incumplimiento de estas disposiciones acarreará responsabilidades administrativas y penales: se crean nuevas figuras en el Código Penal que sancionan con prisión e inhabilitación a funcionarios que autoricen gastos sin respaldo o impulsen emisión irregular de moneda.

La iniciativa también modifica la Ley 24.156 de Administración Financiera, ampliando su alcance a todo el sector público y reforzando la obligación de consolidación presupuestaria. Las disposiciones tendrán carácter de orden público y regirán desde la próxima formulación del presupuesto nacional.

Con esta ley, el Gobierno busca enviar una señal de compromiso con la estabilidad fiscal y monetaria, en un contexto de alta volatilidad económica y negociaciones con organismos internacionales.

El Gobierno del presidente Javier Milei pondrá en funcionamiento este martes el reloj de arena y tiene exactamente poco más de 300 horas para convertir en leyes el presupuesto y tres ambiciosas reformas como son la penal, la tributaria y la laboral, o emular el repertorio de hace dos años cuando prometió lo que ahora se propone sancionar.

Milei y su "jefa", Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, hicieron los deberes entre el triunfante y glorioso 26 de octubre -en que le asestaron un golpe casi mortal al PJ-, e inician los dos últimos años de gestión con un disciplinado gabinete karinista y con la primera minoría en la estratégica Cámara de Diputados.

El marketing de La Libertad Avanza funciona a pleno: hasta con el otrora poderoso asesor estrella, Santiago Caputo, se arreglaron las cuitas con Karina, la custodia de los secretos de la oficina presidencial en la Casa Rosada; y hay un ímpetu reformista como en el albor del Gobierno en 2023.

Enfrente, el peronismo está acorralado y dubitativo: al kirchnerismo sólo le interesa la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (un imposible, porque está condenada judicialmente); al gobernador bonaerense Axel Kicillof, las herramientas para administrar el ahogo económico al que lo somete Milei; La Cámpora, obtener cargos y obstruir al mandatario bonaerense; los gobernadores, conseguir fondos nacionales para poder sobrevivir; y el neoperonista Sergio Massa, aliado impensadamente a La Cámpora, en subsistir como autoridad de la Cámara de Diputados provincial.

El radicalismo, una de las dos fuerzas políticas que dominaron el país desde 1983, con el regreso a la democracia, vive una lenta agonía que parece no tener fin: nadie quiere suceder al presidente saliente, Martín Losteau, porque los gobernadores candidatos -Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo- se sienten más cómodos negociando cara a cara con el Gobierno libertario.

El Pro atraviesa un proceso similar a la UCR: perdió en su bastión, en la Ciudad de Buenos Aires, y sus legisladores se fueron masivamente hacia el bloque de La Libertad Avanza, dejando en ridículo al titular partidario, el expresidente Mauricio Macri, con perfomamce desdibujada, y que luego del 26-O dijo que su fuerza presentará candidato a la Casa Rosada en 2027.

Lo cierto es que con el llamado a sesiones extraordinarias este martes al publicarse en el Boletín Oficial, el Gobierno dará vuelta el reloj de arena y las horas correrán rápido en momentos en que gran parte de la población sufre los embates de una crisis económica soslayada por la tremenda maquinaria propagandística del Gobierno.

La sanción del presupuesto es casi un hecho, salvo que aparezca algún episodio catastrófico, y es una incógnita enorme la discusión sobre la reforma laboral -en la que hubo sectores en pugna dentro del mismo Gobierno y también injerencia de estudios con mucho lobby en LLA- y lo mismo pasa con la modificación impositiva.

Milei salvó la ropa y su gobierno en septiembre ante una nueva corrida cambiaria, cuando la oportuna intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le brindó un apoyo político y económico inédito que le permitió llegar con vida a las elecciones legislativas y triunfar, inesperadamente.

Ahora cuenta con la tropa libertaria karinista unificada como nunca y a un gran número de los gobernadores opositores, incluidos del PJ, dispuestos a una partida de ajedrez con movida inicial de enroque, y con ese núcleo duro se tira de cabeza a intentar hacer en 300 horas -13 días (sin los 4 de las fiestas)- lo que no hizo en dos años (17.000 horas).

Está finalizando el ciclo lectivo 2025. Las escuelas se preparan para despedir a sus egresados y egresadas; las familias reciben carpetas cargadas de trabajos y aprendizajes; maestras, maestros y  profes ordenan materiales, cierran notas y planifican lo que vendrá. En cada una de las más de 60 mil escuelas de nuestro país se repite esta escena cotidiana de compromiso y presencia pedagógica. Allí, donde transitan 11 millones de estudiantes, se pone en acto el  derecho a la Educación que el estado tiene la obligación de garantizar: derecho humano que respalda la Constitución y los tratados internacionales suscriptos por Argentina.

Sin embargo, este cierre de año llega atravesado por un deterioro deliberado y profundo de la política educativa nacional. La ejecución semestral acumulada de la Secretaría de Educación de la Nación muestra una caída de 47,6 puntos reales respecto del mismo período de 2023. Todo ello en el marco de un presupuesto prorrogado, administrado con discrecionalidad y sin debate parlamentario, ya que en 2024 y 2025 el gobierno decidió no tratar el proyecto de presupuesto en el Congreso.

Los últimos dos años estuvieron marcados por la desinversión. Este ajuste extremo tuvo consecuencias directas: incumplimiento de la paritaria nacional docente, cierre de programas como Conectar Igualdad, desaparicion del FONID, cero obras de infraestructura escolar y construcción de jardines de infantes, entre otras. Al mismo tiempo los ingresos  docentes se encuentran en un piso histórico, con salarios equivalentes a valores previos a 2005.

Estas medidas fueron justificadas trasladándole toda la responsabilidad a las provincias  en vista de un supuesto “federalismo”, cuando en realidad significaron incumplimiento de leyes y  fragmentar el sistema educativo nacional, debilitando su capacidad de garantizar igualdad, inclusión y calidad en todo el territorio.

Los golpes más duros recayendo  sobre quienes más necesitan del acompañamiento del estado: las y los jóvenes que buscan sostener su escolaridad o iniciar estudios superiores.

Las becas Progresar, reguladas por la Ley 27.726, sufrieron un recorte dramático: en el cuarto trimestre de 2024 sus recursos disminuyeron 27,3%, se perdieron 500.000 becas en un año, el monto permaneció congelado mientras la inflación crecía 236% interanual; el aumento a $35.000 llegó tarde y fue insuficiente. En 2025 no hubo nuevos incrementos y se redujo nuevamente el universo de becarios. Este ajuste no solo afecta a los bolsillos: afecta proyectos de vida, trayectorias educativas y oportunidades que tardan años —a veces generaciones— en consolidarse.

Las universidades nacionales, donde estudian casi 2.011.498 millones de estudiantes, están en serio riesgo. El gobierno incumple con la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y otras normas vigentes,  mientras el poder judicial mira para otro lado. El presupuesto asignado es insuficiente incluso para cubrir servicios esenciales, mientras que los salarios docentes y no docentes cayeron entre un 25% y un 30%. Más de 10.000 docentes universitarios dejaron sus cargos por falta de condiciones mínimas para sostener su subsistencia. Se trata de profesionales en cuya formación el Estado invirtió y que hoy se ven expulsados por decisiones erráticas.

Un proyecto para retroceder décadas

El Presupuesto 2026 profundiza este rumbo: el Poder Ejecutivo Nacional  propone derogar los artículos que establecen metas de inversión educativa, incluidas las obligaciones de destinar el 6% del PBI a educación y el financiamiento de la Educación Técnico Profesional (artículo 52° de la Ley 26.206). Es decir, este gobierno  renuncia explícitamente a su responsabilidad constitucional.

A esto se suma la circulación —sin autoría clara ni validación oficial— del presunto proyecto “Libertad Educativa”, asociado al Secretario de Educación Carlos Torrendell y al CEO de Techint, Paolo Rocca. Más allá de su indefinición formal, su contenido apunta a borrar responsabilidades legales del estado, y debilitar  a la escuela publica como institución que sostiene comunidad, ciudadanía y democracia.

La defensa de la Ley de Educación Nacional

A fin de avanzar sin límites en ese cometido el gobierno necesita eliminar la Ley de Educación Nacional (26.206). Es necesario recordar que esta ley fue fruto de un debate amplio, federal y democrático impulsado por el presidente Néstor Kirchner. Miles de ciudadanos/as participaron con pasión y compromiso para expresar sus expectativas y definir un horizonte educativo común.

Las apoyaturas y las definiciones que hacen al núcleo “duro” de esta ley son: la concepción de la educación como un bien público, y como un derecho personal y social que el estado debe garantizar; la posibilidad de pensar un ideal de nación integrada, y de concretar efectivamente los principios de igualdad y de justicia y mayor responsabilidad del gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales   respecto de  logros, de sus resultados y de su financiamiento. Este núcleo duro es el que busca destruir el neoliberalismo, y como condición necesaria debilitar a las escuelas y al rol de los docentes. En ese marco se explica el empoderamiento a  las familias o a cualquier particular interesado en beneficiarse con el negocio que puede representar la mercantilización de la educación.  Se empuja al sistema educativo,  una vez resquebrajado,  y a sus actores al abismo de la  desigualdad educativa.

El sistema educativo argentino necesita transformaciones, como toda institución viva. Pero eso sólo  es  sostenible si se legitima   con las leyes vigentes, producto  de consensos democráticos  con  la participación de las escuelas, docentes y estudiantes con sus organizaciones,  las comunidades  y familias, siempre con  un financiamiento adecuado y estable.

El proyecto educativo que la Argentina necesita debe ser soberano, inclusivo y capaz de enfrentar las nuevas realidades tecnológicas, productivas y sociales. Debe sostener y formar a sus docentes. Debe ampliar derechos, no restringirlos.

Por eso, frente al intento del gobierno de dinamitar el sistema educativo público, es urgente levantar la voz y aunar compromiso.  No aceptamos que la Argentina retroceda a tiempos anteriores a la Ley 1420. No se lo merecen los millones de estudiantes y docentes que día a día se esfuerzan, enseñan y aprenden en nuestras instituciones educativas,  ni las familias que sostienen y acompañan ese desafío.

La educación pública argentina es identidad y conquista histórica. La educación publica argentina es también,  la base necesaria  del proyecto de país justo y democrático que nos merecemos,   esa utopía que está en construcción y tensión permanente y a la que no renunciaremos jamás.

Defenderla es defender presente y  futuro común.

Blanca Osuna es diputada nacional de Unión por la Patria

Durante la primera mitad de su mandato, el presidente Javier Milei manejó el Presupuesto Nacional con el nivel más alto de discrecionalidad que un gobierno democrático lo haya administrado desde 1983.

Según estimaciones de nuestro Instituto Consenso Federal, con ese margen de decisión Milei ajustó en 65.000 millones de dólares la ejecución presupuestaria, entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.

Es que, por dos años consecutivos, el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto de 2023 y, en ese lapso, ya aprobó 18 modificaciones presupuestarias, adoptándolas mediante Decisiones Administrativas o través de Decretos de Necesidad y Urgencia.

Ese mecanismo le permitió al ministro Toto Caputo y a la tecnocracia libertaria ajustar todas las partidas presupuestarias en términos reales y desfinanciar groseramente algunos compromisos fundamentales, como es el caso de las transferencias de recursos nacionales a las provincias, las que -sólo en 2024- se redujeron 75,6% en términos reales.

Peor aún, la ejecución de los gastos de capital, principalmente destinados a obras de infraestructura en todo el país, cayó 73,9% en 2024 y, sobre ese histórico derrumbe, ya lleva 32,3% de baja acumulada en lo que va de 2025, siempre en términos reales.

Se trata de datos oficiales, basados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) que administra el propio Poder Ejecutivo Nacional, periódicamente analizado con rigurosidad por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Semejante libertad en el margen de maniobra para ir redibujando un Presupuesto de ajuste casi todos los meses, sin tener que someterse a las decisiones al Congreso, es ya un componente esencial del método de gobierno libertario. No se trata de un "desvío"; es una práctica consolidada.

Que quede bien claro: Milei no ha tenido presupuestos por ley porque no ha querido. En cambio, decidió aprovechar al máximo las concesiones que se autoasignó al prorrogar los presupuestos anuales con que navegó durante la primera mitad de su mandato.

Llegado diciembre, se supone que el Poder Ejecutivo está ahora inclinado a debatir el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado al Congreso, que proyecta un gasto total de 148 billones de pesos, con un superávit fiscal primario anual de 1,5% del PBI.

Se dice que muchos gobernadores ya están decididos a "presionar" o "negociar" la incorporación de recursos para sus provincias. Y sobre la base de ese supuesto escenario, muchos aseguran que el gobierno tendrá que ceder para aprobar la Ley de Presupuesto anual.

La pregunta que cabe es ¿por qué? No hay un solo argumento que indique, con fundamento, por qué razón ahora el Gobierno nacional daría un vuelco esencial y se dispondría a negociar un Presupuesto.

Algunas explicaciones al respecto se han venido ensayando, aunque todas resultan poco sustanciales.

Se ha dicho que el Gobierno nacional necesita negociar con los gobernadores y, por añadidura, acordar un presupuesto, por una cuestión de "gobernabilidad".

Se trata de un razonamiento viejo; caduco. Ese era el escenario hipotético que algunos habían construido antes de la elección legislativa, creyendo que Milei perdería, para terminar ofreciéndose ellos como los "salvadores".

La realidad de hoy es otra. El "salvavidas" que, por ejemplo, imaginaron los creadores de Provincias Unidas, se hundió antes de ser inflado. La Libertad Avanza dejó tercero a Maximiliano Pullaro en Santa Fe y le sacó 14 puntos de ventaja al tándem Schiaretti - Llaryora en Córdoba.

¿Por qué extraña razón ahora los gobernadores de Córdoba y Santa Fe creen que Milei entregará a esas dos provincias los fondos que sistemáticamente les quitó y negó durante dos años? Nadie está dando una respuesta razonable.

También se ha sostenido que el Gobierno tendrá que aprobar un Presupuesto en el Congreso porque así lo estarían exigiendo Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

Ni el último de los inocentes creería que la administración Trump, campeona del dislate institucional, esté seriamente ocupada en empujar al Gobierno argentino a implementar prácticas internas de buen gobierno con calidad institucional, menos aún en materia presupuestaria.

En todo caso, apuntarían a sus intereses relevantes, como las normas sobre patentes o la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, que por algo asoma como un asunto prioritario en el temario que se impuso para el llamado a sesiones extraordinarias.

Y el FMI, se sabe, en asuntos de carácter institucional es preciso y algo ampuloso para reiterar, pero termina siendo concesivo, especialmente cuando se trata de gobiernos adictos a la primacía de las finanzas, como el argentino.

En este contexto, hay que preguntarse: ¿puede Milei volver a prorrogar el Presupuesto Nacional?

Ya se sabe que en términos formales no tendría limitaciones legales para hacerlo.

La Ley de Administración Financiera (N° 24.156) ofrece un hueco. En su artículo 27, la norma establece que "si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior". No el que se aprobó el año anterior, sino "el que estuvo en vigencia".

Eso le permitiría a Milei, decreto mediante, seguir gobernando con el Presupuesto 2023, más las ampliaciones incorporadas hasta el cierre del ejercicio 2025.

Distinto sería si la ley estableciera que "si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, sólo por un ejercicio anual consecutivo regirá el que estuvo en vigencia el año anterior". Pero hasta tanto no se animen a reformarla, la ley dice lo que dice.

Entonces, el interrogante debería ir más allá de lo formal: ¿hay cierta probabilidad de que Milei prefiera prorrogar nuevamente el Presupuesto, en lugar de aprobarlo por ley del Congreso? Sí, la hay.

Milei evaluará cuánto le cuesta la eventual negociación. Si los parámetros presupuestarios y la posición política del gobierno se alteran, entonces no tardarán en reaparecer las acusaciones oficialistas hacia los supuestos "degenerados fiscales", para terminar reprogramando el Presupuesto por decreto, por tercer año consecutivo.

Hay quienes se ilusionan con llevarle al Gobierno alternativas que no pongan en riesgo el superávit, pero quitan y sacan partidas. La inocencia les hace creer que a Milei le da todo lo mismo, con tal de que cierre el número. Pero Milei es un decisor ideológico, no un decisor racional.

El gobierno libertario está cebado. Aprendió a administrar el Presupuesto con decisiones del Ejecutivo, sin el Congreso.

Saben que una nueva prórroga les permitiría ajustar todas las partidas sin excepción, para luego ir actualizándolas por goteo, en los casos que se requiera y en las exactas magnitudes que la política o las necesidades impostergables lo indiquen.

Han experimentado, además, que manejar por el mango la sartén del Presupuesto les permite mantener diálogos y eventuales compromisos bilaterales con cada una de las provincias, desalentando reclamos colectivos o concesiones de carácter general, como las que naturalmente surgirían del tratamiento parlamentario.

Por eso, en contra de todo lo que se dice, se anuncia y se escribe al respecto, no hay que descartar que -una vez más- Milei decida prorrogar por decreto el Presupuesto Nacional.

 

Alejandro "Topo" Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

En medio del recambio legislativo que transita el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional realizó una nueva modificación del Presupuesto que se encuentra prorrogado hace dos años, con el fin de ampliar partidas para salarios, seguridad social y salud, entre otras, a través de un DNU.

Al respecto, el senador libertario Agustín Monteverde –quien juró para asumir su banca el pasado viernes- afirmó que la idea que manejan desde el oficialismo es tener aprobada la Ley de Leyes antes del 30 de diciembre.

“En Diputados tendrá que volver a comisión y con el dictamen y luego el tratamiento en el recinto y aprobado en la Cámara, nos abocamos inmediatamente nosotros. La idea es que el 30 de diciembre tengamos el Presupuesto”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Respecto de la Reforma Laboral sostuvo que “por la magnitud del tema no va a alcanzar el tiempo para tratarlo en febrero. No veo plausible hacer una reforma laboral tan rápido, una parte quedará para febrero, salvo que el Ejecutivo lo pida para volver a la Argentina a la senda de la prosperidad”.

“El país entero clama una modernización laboral porque todo el entramado de normas laborales es vetusto. Es un paso indispensable hacer porque el empleo es raquítico porque uno de los peores negocios que puede hacer una empresa es tomar un empleado”, manifestó.

Por otro lado, en plena crisis industrial y tras el cierre de Whirlpool de su planta de lavarropas en Pilar, que dejó 220 trabajadores despedidos, Monteverde sostuvo que los cuestionamientos a la política comercial son "disparatados" y responsabilizó a las empresas por su "ineficacia productiva".

"Tenemos que seguir trabajando para que la producción argentina sea eficaz. Lograr hacer buenos productos y más bajos precios. Todo lo que tenga que ver el Estado en el costo vamos a seguir trabajando hasta el último día”, planteó y agregó: “Por 20 fabricantes no vamos a postergar a 47 millones que son los que compran lavarropas. Entonces lo que en todo caso tenemos que hacer es facilitarles la vida a los fabricantes de lavarropas, para que puedan hacerlo de mejor manera económica y mejores insumos de calidad para competir con el resto del mundo abiertamente”.

El economista insistió en que la misión del Gobierno es "simplificar la macroeconomía" y que cada sector debe encargarse de su propia competitividad: "En el camino pueden producirse situaciones traumáticas, que generen la migración de empleo de baja calidad, porque evidentemente son ineficientes si no pueden competir con electrodomésticos del resto del mundo".

El legislador también apuntó contra las industrias de indumentaria y electrodomésticos, a las que acusó de haber gozado de "niveles de protección exorbitantes con subsidios odiosos". En ese sentido, cuestionó el polo tecnológico de Tierra del Fuego: "Les sale a los argentinos más caro, sería más barato pagarle los sueldos a todos los que trabajan en la isla".

 "La ineficacia productiva y que no logren estándares de calidad, para eso está la competencia, para justamente lograr los mejores productos a más bajo precio para los consumidores. Siempre vamos a defender a la gente", concluyó el senador, quien además remarcó que el objetivo de la gestión libertaria será reducir impuestos en un país que calificó como un "pandemonium impositivo".

A través del decreto de necesidad y urgencia 849/2025, el Gobierno nacional realizó una nueva modificación del presupuesto que se encuentra prorrogado hace dos años, con el fin de ampliar partidas para salarios, seguridad social y salud, entre otras.

La medida, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, se trata de la primera de este tipo desde que Manuel Adorni es jefe de Gabinete.

En los considerandos del DNU se expresó que “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”.

“Corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”, agregó el Poder Ejecutivo y, en esa línea, advirtió que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.

Al detallar parte del destino de los fondos asignados, el Gobierno precisó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Por otro lado, se dispone readecuar los créditos presupuestarios del Servicio de la Deuda Pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio y de las obligaciones a cargo del Tesoro.

Al mismo tiempo, el decreto autoriza al Ministerio de Economía a “modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), a fin de evaluar el instrumento idóneo para canalizar el financiamiento de las obras de transporte de gas”.

Entre las partidas que se incrementan, se destinan refuerzos a la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos (Ministerio de Seguridad) y al presupuesto para los haberes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.

También se destina un refuerzo del presupuesto para afrontar erogaciones de los hospitales Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, Dr. René Favaloro, “Presidente Néstor Kirchner” y del Bicentenario Esteban Echeverría.

Asimismo, se incrementa el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el fin de atender el pago de pensiones no contributivas; y sube el presupuesto vigente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con destino a la atención de la Prestación Alimentar.

A su vez, se prevén más fondos para atender salarios docentes y no docentes universitarios; para la adquisición de computadoras y para transferencias destinadas a becas del Progresar, a comedores escolares y para la universalización de la jornada extendida.

También se transfieren más partidas para la Secretaría de Trabajo, la ANSeS y el PAMI.

La Comisión Banca de la Mujer, que preside la senadora María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana), se reunió este miércoles en el Auditorio Emar Acosta para analizar el estado de situación de la aplicación de la Ley N° 27.499 “Ley Micaela” que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado y el Presupuesto en materia de políticas de género.

La senadora Duré abrió el encuentro destacando el trabajo de la comisión y la necesidad de que "las políticas de género vuelvan a ser una política de Estado. Hoy tenemos un panel que dará cuenta del estado de situación".

“Hemos tenido dos años en los cuales atravesamos un retroceso en las políticas de género, mujeres y diversidades. Hace dos años tenemos un presidente que nos ha llamado ‘sus enemigas’”, expresó y sumó: “Hay un incumplimiento de la Ley Micaela como otras leyes que estamos pidiendo informes al Ejecutivo”.

“Esta comisión no funcionó durante un año y medio por lo cual no podíamos avanzar, por ende, no teníamos espacio para la discusión. Teníamos proyectos trabados y en la última reunión pudimos tratar más de 100 proyectos”, recordó y resaltó la necesidad de que la comisión “siga funcionando el año que viene porque necesitamos un lugar de discusión”.

A su turno, su par Stefanía Cora (Entre Ríos) agregó: “No debemos permitir ni habilitar los discursos de odio que permean en la sociedad y habilitan a que los tipos crean que nos pueden matar. La ley Micaela nos obliga a tener una formación de saber qué estamos diciendo y haciendo que pueden terminar con la vida de una chica”.

“Los femicidios no una foto, no es algo que le pasa a otra que nos enteramos cuando abrimos un portal de noticias, los femicidios, los crímenes de odio son producto de una sociedad donde tomamos la definición de de-construir y pensar horizontes diferentes”, cerró.

En tanto, la economista Mercedes D’ Alessandro informó que “desde que asumió el presidente Javier Milei no tenemos un presupuesto nacional porque quiere decir que todos los debates en las partidas para atender las cuestiones de género, inserción laboral, educación, etc., se resuelve al boleo. No hay una norma, no hay un registro contable y no hay objetivos”.

“Un presupuesto de género no solo es una herramienta técnica que nos permite ‘etiquetar’ a las partidas que están orientadas a cerrar brechas de desigualdad. El presupuesto que presentó Milei dice que es la más chico de los últimos 30 años y tiene una regla fiscal que establece ‘primero pago deuda, luego existo’. Es un presupuesto de ajuste con dinámica de ajuste hacia adelante. Es un presupuesto que cada vez es más chico y eso buscan desde el Gobierno”, criticó.

D’Alessandro precisó que “cuando hubo un ministerio de Mujeres, tuvimos el presupuesto más grande que tuvieron las políticas contra la violencia de género en el país. Ese presupuesto invertía menos de un dólar por persona en términos de prevención. El gasto es más pequeño”.

Durante el encuentro, también expusieron Néstor "Yuyo" García y Andrea Lescano, padres de Micaela García y representantes de la Fundación Micaela García "La Negra"; Eva Mieri, concejala y presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes; Maby Sosa, integrante de la Agencia Presentes, especializada en periodismo de géneros, diversidad y derechos humanos; y Luci Cavallero, referente del colectivo "Ni Una Menos".

La semana se encamina con una agenda cargada de reuniones en ambas cámaras del Congreso de la Nación, donde en Diputados continuarán con el tratamiento sobre el Presupuesto 2026, mientras que el Senado se reactiva de a poco y debatirá la modificación a la Ley de DNU y retomará el Régimen Penal Tributario, ambos proyectos con media sanción.

Diputados

La jornada en la Cámara baja comenzará este martes con la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de las 12 en el Anexo “C” que, ya agotadas las instancias informativas, el oficialismo se encamina a querer emitir dictamen del Presupuesto 2026 el mismo día.

Una hora más tarde, hará lo propio la Comisión de Mujeres y Diversidad que debatirá la declaración de emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra mujeres y diversidades. Luego, recibirán a referentes de organizaciones de ACIJ, ELA y Fundación Encuentro por la Participación Ciudadana y la Ampliación de Derechos, para la presentación de informes en torno al análisis de las partidas presupuestarias 2026 vinculadas a las políticas de géneros y diversidades.  A su vez, serán recibidas personas del colectivo No Binario para exponer en torno al expediente 5447-D-2025.

A las 16 horas se reunirá la Comisión Investigadora sobre el caso de la Criptomoneda $LIBRA para recibir la declaración testimonial del presidente de la Nación Javier Milei, que a priori se sabe que no asistirá, de María Alicia Rafaele y María Pía Novelli.

La jornada del martes se cerrará con la reunión de la Comisión de Cultura a las 17.30 a la que fueron invitados el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, donde debatirán sobre el mecenazgo para la Participación Cultural. Además, tratarán la creación del programa nacional de capacitación en patrimonio y bienes culturales, la declaración de Monumento Histórico Nacional a la fábrica militar, ubicada en la localidad de Villa María, provincia de Córdoba y Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación a las leyendas, usos, rituales y tradiciones de la confitería y del edificio del Molino.

El miércoles habrá dos reuniones, a las 11 será el turno de la Bicameral de la Defensoría del Pueblo a fin de continuar con el seguimiento de los procesos de selección del Defensor del Pueblo de la Nación y del Procurador Penitenciario. En tanto a las 12 en el Anexo “A” la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano tendrá un encuentro de carácter informativo a la que asistirán, como invitados, representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (A.C.I.J.).

Senado

Por el lado de la Cámara alta, la oposición busca acelerar la sanción de diversos proyectos antes de la nueva composición del Senado en diciembre. Así, la Comisión de Asuntos Constitucionales puso en agenda para este martes a las 14 el debate sobre el proyecto que modifica la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia que viene con media sanción de Diputados. Además, tratarán dos pedidos de informe sobre la eliminación del acceso público a los datos societarios de los proveedores estatales del sistema de compras del Estado.

El miércoles a las 13 horas la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca llevará a cabo una reunión informativa sobre Gestión responsable de envases fitosanitarios: desafíos y oportunidades para una producción sostenible”, a la cual fueron invitados para exponer María Julia Pisanu, directora ejecutiva de CampoLimpio; Juan Manuel Medina, gerente de Institucionales y Comunicación de CampoLimpio; Mariale Álvarez, directora de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Comunicaciones de Syngenta LATAM.

En ese marco, CampoLimpio y Syngenta presentarán los avances y desafíos en la implementación de la Ley 27.279 sobre gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios. Se abordarán los principales retos operativos y normativos, el rol de la industria privada y la importancia de una articulación público-privada hacia una agricultura moderna, circular y ambientalmente responsable.

Por último, a las 15 horas se reunirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para darle continuidad al debate sobre el Régimen Penal Tributario y la actualización de los montos por el delito de evasión.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Ejecutivo, José Rolandi, se hicieron presente en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este miércoles para responder la ronda de preguntas que quedaron pendientes del encuentro del pasado 1ro de octubre.

En esa oportunidad, Guberman se levantó y se fue de la sala luego de que diputados del Frente de Izquierda coló en el debate la noticia de que habían interceptado una flota que iba a Gaza con ayuda humanitaria y apuntaron contra Israel. Los gritos se hicieron dueños del encuentro que generaron malestar en el funcionario que tomó la decisión de retirarse. Solo había alcanzado a preguntar el diputado radical Martín Tetaz.

En esta ocasión, el secretario de Hacienda sostuvo que “la idea es mantener el compromiso asumido por el presidente de la Nación desde diciembre de 2023 con el equilibrio fiscal porque estamos convencidos que ese es el camino ideal para darle las soluciones que los argentinos necesitan y hemos visto validado eso en la elección legislativa”.

“Dentro del equilibrio fiscal, más allá de cumplir con las funciones básica que tiene que cumplir el Estado, estamos dispuestos a escuchar las opciones que podamos recolectar como propuestas que surjan del Congreso”, planteó.

Así, afirmó que “la proyección de crecimiento del PBI es del 5% para el 2026” y que “la reducción del gasto por la estructura política en el presupuesto la caída es del 5% en términos reales en gasto de autoridades superiores. Sigue el ajuste en algunas partidas, por sobre todo en el funcionamiento del Estado. Cae 7,1% en dirección superior ejecutiva, seguimos haciendo ajuste en términos de la estructura política del Estado”.

En cuanto a asistencia social, informó que “cae por un ajuste que se están haciendo en los padrones donde detectamos que hay asignación de planes sociales que no corresponden, por ejemplo, gente con yates estaban cobrando AUH, pensiones por discapacidad, eso se fue ajustando y es el camino correcto que tenemos que hacer para mejorar la cobertura en los programas sociales”.

“Teniendo en cuenta que los objetivos de algunos planes sociales no tienen que ver con un índice de inflación, sino que por ejemplo cubrir una canasta alimentaria y que no necesariamente se mueve con la inflación es tener la capacidad de hace el ajuste que corresponde. El gasto de la AUH y de la Tarjeta Alimentar no puede cubrir menos del 95% de la canasta básica alimentaria”, agregó.

En lo que respecta a obras, Guberman indicó: “Las obras de agua y vivienda son funciones que deben cumplir los gobiernos municipales y provinciales. Les hemos transferido la ejecución de esas obras. Eso debería estar reflejado en los presupuestos provinciales”.

“Las rutas no se detonaron de golpe en el 2024, venían de un proceso largo de deterioro por falta de inversión. Hemos asignado y ejecutado mucho más a través del sistema vial para financiar el mantenimiento de las rutas. Estamos en el proceso de retomar obras que estaban suspendidas antes del 2023. Se va a ejecutar la totalidad en la medida que las obras lo requieran. Hablar de vialidad en Argentina es un problema que trasciende lo económico”, criticó.

Por otro lado, respondió respecto del impuesto a los combustibles y el incremento reiterado del precio en los surtidores: “Aumenta tanto porque estamos normalizando el valor del impuesto a los combustibles que es una suma fija donde la gestión anterior por dos años y medio no se tocó y estuvo congelado. Nosotros estamos yendo a una normalización del impuesto. Estamos subiendo el 1% de lo que es el precio de venta del surtidor de los combustibles cada mes”.

Además, habló de las jubilaciones y pensiones de lo que planteó: “Hay una fórmula de ajuste previsional que ajusta por inflación y eso está contemplado en el presupuesto. El bono es una discrecionalidad del Ejecutivo como el gobierno anterior decidió ir por ese camino de ajuste. El monto será decisión del presidente de otorgarlo. Está previsto mantener el pago del bono, el monto es una decisión que se toma mensualmente”.

Por último, aseguró que pagarán los intereses de la deuda con el FMI con “superávit primario” porque “el equilibrio fiscal es fundamental para construir el equilibrio macroeconómico, es el punto de partida para el esquema que planteamos”.

También intervino el vicejefe de Gabinete del Ejecutivo, José Rolandi, quien explicó que el “gasto tributario del RIGI es cero porque está pensado como un régimen marginalista para materializar inversiones que en los últimos 50 años no ocurrieron en el país, son grandes proyectos y montos altos de inversión de alta maduración que necesitan estabilidad fiscal y legal y es un problema del país en los últimos años y ahuyenta a los inversores”.

“Estamos convencidos que el Estado es un pésimo administrador porque no tiene los incentivos que tiene el sector privado para poder administrar un negocio. En el Estado no hay responsabilidad como Aerolíneas Argentinas que se puso 8 mil millones de dólares para que pueda operar y lo financiaron todos los argentinos, AySA en 2023 déficit operativo de 1.6 billones de pesos una empresa que potabiliza agua”, apuntó.

Rolandi cuestionó: “Milagrosamente estas empresas dejaron de perder plata desde que llegamos. O somos los geniso del management o estas empresas se utilizaban como cajas políticas porque de golpe dejaron de perder plata”.

“El Presupuesto 2023 y los anteriores violaban la restricción presupuestaria es la regla número uno de la economía, o sea planteaba gastos que no había forma de financiar, subestimaba todas las variables del Presupuesto y era chamanismo económico porque no cerraba por ningún lado. Partía de una hipótesis de que ‘tener un poco de inflación no hacía mal’. Queremos un Presupuesto que cumple con la restricción presupuestaria y cumple con el equilibrio fiscal”, cerró.

Consciente de que el sorpresivo triunfo del último domingo le abrió una nueva y definitiva oportunidad, el Gobierno nacional no pierde tiempo y organiza para este jueves una reunión con todos los gobernadores con los que quiere —y sabe que puede— sentarse a negociar. En los cálculos preliminares se estima que serán entre 17 y 18 los mandatarios provinciales que llegarán a Buenos Aires para reunirse con el presidente, quien confesó en estos días que esa actividad no le resulta grata, pero ha tomado conciencia de que debe cumplirla, y lo está haciendo.

Este jueves se sentará en la cabecera de la mesa en la Casa de Gobierno para comenzar a delinear los pasos a seguir tras haber tocado el cielo con las manos.

El Gobierno se dispone ahora a cumplir con los mandamientos que vienen del Norte, que en primer lugar le reclaman ampliar las bases de sustentación política, trazando acuerdos con los gobernadores. Con ellos ya comenzó a hablar y casi todas las invitaciones fueron enviadas. Habrá entonces una foto este jueves, aquella que los gobernadores de Provincias Unidas, por ejemplo, se negaron a tomarse antes del 26 de octubre. Será en circunstancias bien distintas de las que imaginaban, pero a sabiendas de que no hay alternativa. Esa reunión hubiera surgido de cualquier manera, pero está claro que esta manera es mucho más favorable para el Gobierno que si el resultado electoral hubiera sido otro.

Esta vez los incómodos serán los gobernadores que perdieron el domingo, que imaginaban otra relación de fuerzas para esta fecha, pero que tienen como consuelo saber que no son los únicos: prácticamente todos los mandatarios provinciales fueron derrotados en las urnas.

Las autoridades nacionales saben que los gobernadores tienen las llaves para manejar a los legisladores que Javier Milei necesitará para gobernar. Con ellos se hablará de las reformas de segunda generación que el Gobierno considera imperativas: la laboral y la impositiva. La tercera pata de ese “triángulo de hierro” —la reforma previsional— quedaría para un eventual segundo mandato.

El debate será en sesiones extraordinarias, que se confirmó se realizarán este mismo año. No se conocen aún las fechas, pero sí que se trabajará en diciembre y muy probablemente en enero, para aprovechar el envión electoral. Antes que nada, la prioridad será el Presupuesto 2026.

Por el emplazamiento aprobado en la última sesión de Diputados, el próximo martes debería haber dictamen. El Gobierno preferiría debatir el Presupuesto recién después del 10 de diciembre, con la nueva conformación de las cámaras, pero el emplazamiento fue taxativo.

Lo explicó Nicolás Massot en el recinto: “Nosotros no tenemos ni idea de cuál es la voluntad del Poder Ejecutivo —tal vez ellos tampoco lo tengan decidido— respecto de la eventual convocatoria a sesiones extraordinarias. De manera que debemos manejarnos con el cronograma de sesiones ordinarias y prever que el Senado necesita mínimamente tres semanas completas. Durante el proceso de discusión del presupuesto aquí, trataremos de coordinar con los senadores —es algo difícil, pero lo vamos a intentar— para que, si no hay convocatoria a extraordinarias, podamos aprovechar el cronograma actual y tener un presupuesto”.

Esa será la primera presión que ejercerá el Gobierno sobre los gobernadores: cambiar la fecha del dictamen para ganar tiempo de negociación y llevar el debate a extraordinarias. Como la oposición tiene reparos en creer que el Gobierno efectivamente tratará la ley de leyes en ese período, se anticipará un gesto: la publicación del temario de extraordinarias, incluyendo el Presupuesto 2026.

Así las cosas, todo indica que el martes próximo no habrá dictamen y que el debate en el recinto será con la nueva conformación de las cámaras. Eso se confirmará en los próximos días.

Tras el triunfo electoral del oficialismo en las legislativas celebradas este domingo, el Congreso vuelve a reactivarse esta semana con una agenda plagada de reuniones de comisión donde se destaca la de Presupuesto y Hacienda con invitados como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de educación, Carlos Torrendell, entre otros.

La agenda en la Cámara de Diputados arrancará temprano a las 11 de este martes 28 de octubre con la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch, a la cual fue invitada a exponer la ministra de Seguridad.

En tanto, a las 12 en el Anexo “A” hará lo propio la Comisión Especial de Seguimiento e investigación sobre el caso de Fentanilo contaminado, a cargo de la diputada Mónica Fein, que recibirá al Director general de Calidad de Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación y el titular de la Administración nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Carlos C. Malbrán. También recibirán a familiares de víctimas.

A las 15 en la Cámara de Senadores se reunirá en el Salón Illia la Comisión de Educación y Cultura para hacer un análisis del presupuesto educativo junto a gremios docentes, estudiantes, organizaciones, referentes del sistema universitario y especialistas en educación técnica.

En tanto en Diputados, a las 16 la Comisión Investigadora por el caso Criptomoneda $LIBRA volverá a recibir declaraciones testimoniales y determinar nuevas medidas de prueba.

Miércoles 29

La jornada del día miércoles iniciará a las 9 en el Salón Illia con la reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo donde expondrán los preseleccionados para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y Procurador Penitenciario de la Nación.

Una hora más tarde en el Anexo “C” del segundo piso la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja volverá a reunirse para recibir al secretario de Hacienda de la Nación; la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa y el subsecretario de Gestión Administrativa.

A las 11 la Comisión de Discapacidad le dará tratamiento a un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 1 de la Ley 26.279 de Programa nacional de prevención de discapacidades en el recién nacido. También la creación de una protección integral para personas con sorda ceguera, y debatirán sobre la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. A su vez, la derogación de Ley 27.269, dispóngase la elaboración y distribución de una cartilla de derechos de las personas con discapacidad.

La comisión volverá a reunirse a las 13 para escuchar a especialistas y expositores que abordarán el análisis y discusión de las partidas presupuestarias para el año 2026 en materia de discapacidad.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia mantendrá un encuentro a las 13 para tratar un régimen de trato digno al consumidor sobre endeudado, la creación del “Programa de Incentivos de Talles Inclusivos –PRODETI- y la denominación de panadero y panadería artesanal a aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que dedican su actividad a la elaboración y venta de los productos definidos como pan artesanal según el Código Alimentario Nacional.

A las 14.30 Presupuesto y Hacienda recibirá al Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. La jornada se cerrará con la Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior a las 17 en el Salón Azul para debatir sobre la creación de la Subcomisión Técnica de Seguimiento e Información del Sistema de Seguridad Interior.

Jueves 30

La agenda finalizará con tres reuniones en jueves 30, ya que a las 9 se reunirá la Bicameral de la Defensoría del Pueblo para continuar escuchado a los preseleccionados para el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y Procurador Penitenciario de la Nación.

A las 11 la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá al secretario de Finanzas de la Nación que expondrá sobre la Ley de Leyes, mientras que la Comisión de Industria se reunirá a las 11.30 con un carácter informativo donde recibirán a especialistas que expondrán sobre la prórroga de la ley de Energía Renovable.

La Cámara de Diputados se prepara para una semana con debates calientes en las distintas comisiones, ya que entre los platos fuertes de la agenda se encuentra el Presupuesto 2026, la investigación por el caso de fentanilo contaminado y el caso $LIBRA entre otros.

Las reuniones comenzarán temprano este martes a las 11 en el Anexo “C” del 2° piso con un plenario de comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda para dar cumplimiento al emplazamiento realzado el pasado 8 de octubre para emitir dictamen sobre el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

Una hora más tarde, hará lo miso la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado que se reunirá en la sala 6° del Anexo “A” a la cual fueron invitados a exponer el director general de Calidad y Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Vivas; el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Jorge Belluzzo; y representantes de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Mirtha Jaime. También, recibirán a familiares de las víctimas.

A las 13, la Comisión de Presupuesto y Hacienda llevará a cabo su quinta reunión informativa para continuar con el debate del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 que se realizará en el Anexo “C” con la presencia del secretario de desregulación, Alejandro Cacace; y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña.

Finalmente, a las 15 en la Sala 5 del Anexo “A” se reunirá la Comisión Investigadora del caso Criptomonedas $LIBRA con el objetivo de determinar nuevas medidas de prueba.

Por su parte, el miércoles 22 de octubre a las 10 volverá a reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Anexo “C” en cuya ocasión recibirán al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gabriel Cordero; y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.

En tanto, a las 11 la Bicameral de la Defensoría del Pueblo Seguimiento se reunirá en el Salón Arturo Illia para realizar el seguimiento del proceso de selección del Defensor del Pueblo de la Nación y del Procurador Penitenciario de la Nación.

Habida cuenta de que por primera vez en la historia reciente no se sanciona el presupuesto nacional durante dos años consecutivos, la oposición de la Cámara baja apeló a una medida también inédita: votó el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a que debata el tema y llegue a emitir el dictamen correspondiente el día 4 de noviembre próximo.

El debate se dio en el marco de la fuerte controversia que rodeó la figura de quien hasta esta semana era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quien terminó siendo desplazado primero de la candidatura al frente de la lista bonaerense de La Libertad Avanza y luego de la conducción de la citada comisión.

Previo al inicio del debate de este tema la sesión estuvo al borde de caerse. De hecho, el diputado libertario Alvaro Martínez pidió levantar la sesión ya que no había quórum para votar el tratamiento del tema sobre tablas. Ocurrió cerca de las 22.30, y mientras Germán Martínez tomaba asiento presuroso para tomar la palabra, su compañera de bloque Cecilia Moreau le advertía a Martín Menem: “No seas tramposo, no seas tramposo”. “Le voy a pedir que no me falte el respeto”, le replicó el presidente de la Cámara.

“Usted sabe que hay quórum”, le advirtió Martínez, que se quejó porque se había acomodado el horario de la cena a esa hora para especular conque a la hora de votar algo se pudiera caer el quórum. “Tenemos no solamente el quórum, tenemos la cola acá para que nosotros podamos efectivamente el quórum necesario para poder avanzar. Hay que ser honestos en el juego parlamentario”, señaló y chicaneó a los oficialistas que estaban parados al lado de sus bancas diciendo que “son los mismos que durante dos años han dejado a la Argentina sin ley de presupuesto”.

Tras la intervención de Martínez, el oficialista Santiago Santurio la emprendió contra el kirchnerismo, recordando la inflación del 211% que dejó Sergio Massa, o los números “ficticios” de Axel Kicillof. “No había ley de presupuesto, había un dibujo que no respetaban nunca. Ahora nos vienen a dar cátedra de la ley de presupuesto…”. Y lanzó: “Acá hay una irresponsabilidad de tener un gasto excesivo en la Argentina, que no nos tomen el pelo”.

Y cerró advirtiendo que “no vamos a permitir que vengan a romper el déficit fiscal para volver a caer en el aumento de la pobreza y la desigualdad (…) Ahora no nos apuren con la ley de presupuesto, porque nosotros ya comenzamos el debate”.

Desde el Pro, Silvana Giudici aclaró que “el momento para sostener el quórum es cuando se va a votar una moción, una ley, en este caso un emplazamiento… Por lo tanto, la moción de orden (para votar) estaba mal pedida porque recién se iniciaba el tratamiento”. Pero aclaró que “el sostenimiento del quórum depende de los bloques que pidieron la sesión, y a las 10 de la noche se fueron a comer… Déjense de llorar cada vez que se les cae el número diciendo que la culpa es de los bloques que no compartimos esta agenda”.

Finalmente fue Nicolás Massot (Encuentro Federal) el que hizo una moción de emplazamiento para tratar el presupuesto 2026 con seis reuniones informativas y una séptima para el dictamen. Las fechas y horarios previstos fueron las siguientes:

1°) martes 14 de octubre a las 15.00 hs;

2°) miércoles 15 a las 14.00 hs;

3°) martes 21 a las 13.00 hs;

4°) miércoles 22 a las 10.00 hs;

5°) martes 28 a las 11.00 hs;

6°) miércoles 29 a las 10.00 hs;

y la última, para dictaminar, el martes 4 de noviembre a las 12.00 hs.

Por otra parte, Massot aclaró que para no jugar al misterio había un acuerdo para que el nuevo presidente fuera Bertie Benegas Lynch, y correspondía que en la primera sesión fuera ungido y se votaran además todas las invitaciones que  la comisión acordara labrar. Y solicitó por último que se comunicaran con Carlos Guberman y Pablo Quirno para invitarlos para el próximo martes, para poder completar la exposición que la semana anterior quedó trunca.

Silvana Giudici aceptó las fechas, salvo la del dictamen, proponiendo una fecha “mucho más realista”, ya que ponía en duda que pudieran tener dictamen para el 4 de noviembre. Massot le aclaró que un cambio no le competía a él, pues tenía que llevar adelante en todo caso “una serie de conversaciones bien variopintas”. Pero explicó que no tenían idea de si el Gobierno pretendía llamar a extraordinarias, razón por la cual tenían que manejarse con el cronograma de ordinarias. “Y el Senado necesita mínimamente tres semanas completas para trabajar”, explicó, insistiendo entonces con dictaminar el primer martes de noviembre.

Ex senadora nacional, Laura Rodríguez Machado habló desde su experiencia para señalar que todos saben que los senadores que quieren participar del debate asisten a las reuniones de Diputados, por lo que apoyó la propuesta de Giudici de “ser un poco más laxos”. Y advirtió además que “prácticamente Massot está manejando la Comisión de Presupuesto”, por lo que le reclamó una mínima elasticidad.

Massot insistió con esas fechas, ya que especuló con una sesión en Diputados para debatir el presupuesto 2026 el miércoles 12 de noviembre, por lo que el Senado debería estar dictaminando al filo del cierre del tiempo para dictámenes: 18 o 19 de noviembre. “Acá no hay capricho; no tenemos certezas de que el Gobierno quiera tratar el presupuesto”, cerró Massot.

El emplazamiento fue votado y aprobado a mano alzada.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Administración Financiera para establecer la obligación de que el ministro de Economía comparezca personalmente ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso, dentro de un plazo de entre 10 y 30 días hábiles desde la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques —entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot y Mónica Fein— apunta a fortalecer el diálogo institucional y agilizar el proceso de sanción de la llamada “ley de leyes”, que en los últimos años ha sido prorrogada por el Poder Ejecutivo sin pasar por el debate parlamentario.

“Cada vez que fracasa la sanción del presupuesto, el mensaje que damos al mundo es que la Argentina administra los recursos públicos de manera discrecional”, advierte Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.

La propuesta busca recuperar el espíritu republicano de control y colaboración entre poderes, y dotar de previsibilidad al sistema económico argentino, en momentos en que el país intenta atraer inversiones de largo plazo. Según el legislador, la falta de un presupuesto aprobado desalienta a los capitales serios y favorece la especulación financiera.

El proyecto establece que el ministro —o el área que en el futuro lo reemplace— deberá detallar los lineamientos del presupuesto y responder en el acto a las preguntas y observaciones de los legisladores. El objetivo es facilitar la emisión de dictámenes y evitar que el Congreso quede al margen de decisiones clave sobre la asignación de recursos.

La iniciativa toma especial relevancia en el contexto actual, en el que el gobierno nacional ha prorrogado el presupuesto 2023 sin presentar uno nuevo, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y control legislativo.

El presidente Javier Milei participó este martes en Asunción de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y pronunció un discurso cargado de definiciones políticas y económicas. En un foro internacional de la derecha, el mandatario argentino se mostró como referente regional de la “batalla cultural” y, al mismo tiempo, aprovechó para apuntar contra la oposición en el Congreso y blindar el rumbo de su gestión.

“Estamos llenando el Congreso de liberales puros”, lanzó, en referencia a la presencia de diputados y candidatos afines en el Parlamento. Milei reivindicó el envío del Presupuesto 2026, presentado este lunes, al que definió como un “plan basado en el déficit cero y en la reducción del gasto público”, y lo ligó a su idea de que “no hay opción moderada entre el superávit y el déficit”.

El presidente contrastó los resultados de su administración con la “catástrofe heredada” y volvió a mostrar a Paraguay como ejemplo de estabilidad. Defendió la baja de la inflación, la mejora de los salarios y la reducción de la pobreza, aunque admitió que “falta mucho camino por recorrer”.

Milei insistió en que no aceptará negociaciones con la oposición que impliquen diluir su programa de reformas: “Las terceras vías son inconducentes. O hacemos los cambios de fondo o volvemos a caer en el fracaso del pasado”.

Con un tono más ideológico, cerró invocando el “legado de la cultura occidental y la ética judeocristiana” como base de su proyecto, mientras volvió a elogiar a figuras del liberalismo argentino y extranjero.

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vuelva a omitir el envío del Presupuesto Nacional al Congreso, como sucedió con los de 2024 y 2025. “Sería inadmisible que el presidente insista en gobernar sin una hoja de ruta aprobada por el Parlamento”, afirmó.

El legislador recordó que el artículo 75 de la Constitución establece la obligación de presentar el proyecto, y que la Ley de Administración Financiera fija como fecha límite el 15 de septiembre. “Ya tuvo dos excusas distintas para no hacerlo en los años anteriores. Quizás ahora busque una tercera”, ironizó en declaraciones periodísticas.

Martínez también detalló que esta semana se avanzará en Diputados con los emplazamientos a comisiones aprobados recientemente, lo que permitirá fijar fecha y hora para dictaminar sobre iniciativas pendientes. Entre ellas, mencionó el proyecto de ley de Prevención del Alzheimer impulsado por Facundo Manes y otro sobre financiamiento científico y tecnológico.

Además, anticipó que se tratarán modificaciones al impuesto sobre combustibles líquidos y un nuevo esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en respuesta a pedidos de los gobernadores.

En relación a la Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA, Martínez señaló que se buscará redefinir su funcionamiento para superar el bloqueo generado por su conformación actual, atribuida al presidente de la Cámara, Martín Menem.

“El Congreso está intentando reparar una situación institucional anómala: que el país funcione sin Presupuesto”, sostuvo. Y agregó que, de haberse debatido una ley presupuestaria, muchos de los temas que hoy se tratan por separado —como jubilaciones, financiamiento universitario o políticas para personas con discapacidad— ya estarían resueltos.

Para el diputado, la falta de voluntad del presidente Javier Milei para enviar el Presupuesto obliga al Parlamento a abordar cada asunto por separado. “Estamos resolviendo los problemas que él mismo generó”, concluyó.

En un contexto donde el Poder Ejecutivo Nacional ha prorrogado por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023, el diputado nacional Roberto Mirabella presentó un proyecto de ley que apunta a poner fin al uso sistemático de este mecanismo de excepción. Se trata de una reforma profunda al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que regula el procedimiento para reconducir el presupuesto cuando el Congreso no aprueba uno nuevo antes del inicio del ejercicio fiscal.

La iniciativa busca limitar las potestades del Ejecutivo durante la prórroga presupuestaria, introduciendo ajustes obligatorios y condiciones más estrictas. Entre otras medidas, se impide una segunda prórroga consecutiva y se restringe el uso discrecional de partidas, permitiendo solo ampliaciones presupuestarias por situaciones excepcionales o de emergencia debidamente fundadas.

“Lo que comenzó como una solución extraordinaria se convirtió en una práctica ordinaria y peligrosa para el equilibrio de poderes y el federalismo”, advirtió Mirabella en los fundamentos del proyecto. Su iniciativa intenta evitar que el Ejecutivo utilice la prórroga presupuestaria como vía para gobernar sin consensos parlamentarios, en desmedro del rol constitucional del Congreso y de la equidad en la distribución de recursos.

Ajustes obligatorios y control técnico

El proyecto establece un detalle preciso de cómo debe modificarse el presupuesto prorrogado: se eliminarán recursos no repetibles, ingresos por deuda ya utilizada y gastos sin continuidad, al tiempo que se incorporarán créditos esenciales para salud, educación, ciencia, universidades, obras públicas en curso y transferencias a provincias y municipios.

Además, se incorpora el rol de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que deberá emitir un dictamen técnico no vinculante sobre la razonabilidad de los ajustes aplicados por el Ejecutivo. Ese dictamen se publicará antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal, aportando mayor transparencia y control legislativo.

Para evitar la parálisis institucional, la propuesta estipula que si no se aprueba el presupuesto antes del cierre de sesiones ordinarias, se activarán automáticamente sesiones extraordinarias hasta que se sancione o inicie un nuevo período ordinario. También se adelanta al 15 de agosto la fecha límite para la presentación del proyecto de presupuesto del año siguiente, en los casos en que rija una prórroga.

Cierre parcial del Estado y sanciones a funcionarios

Inspirado en el modelo del “shutdown” estadounidense, el texto prevé que si se cumple un segundo año sin ley de presupuesto, se procederá al cierre de todas las actividades estatales no esenciales —con excepción de servicios sociales, seguridad, deuda y salarios— hasta que el Congreso sancione una nueva ley.

Además, propone una medida drástica: la suspensión del cobro de salarios y retribuciones para legisladores y autoridades superiores del Ejecutivo si no se aprueba el presupuesto tras dos años de reconducción. “La responsabilidad debe tener consecuencias concretas”, argumentó el legislador santafesino.

Para el legislador santafesino, el uso reiterado de la prórroga presupuestaria “alimenta un modus operandi que atenta contra el federalismo”. A su entender, gobernar sin presupuesto aprobado debilita la posición de las provincias y somete su financiamiento al arbitrio del Gobierno Nacional.

“La prórroga presupuestaria debe ser una red de contención institucional, no una estrategia de gestión permanente. Si no defendemos el presupuesto como ley madre de la administración pública, el Congreso queda reducido a una mera escribanía”, concluyó.

Con este proyecto, Mirabella intenta devolverle centralidad al debate parlamentario y recuperar la naturaleza excepcional del mecanismo de prórroga, en una coyuntura política donde el Ejecutivo ha hecho del presupuesto una herramienta de gobierno unilateral.

La decisión está tomada. El Gobierno libertario prorrogará -una vez más- el último Presupuesto Nacional enviado por Sergio Massa y que fuera aprobado por el Congreso el 16 de noviembre de 2022.

Será la tercera vez consecutiva que este Poder Ejecutivo insista con no debatir ni aprobar un Presupuesto nuevo.

Así extendida, la práctica no registra antecedentes para un gobierno democrático desde 1983 y configura una grave anormalidad institucional.

Hasta ahora, la coartada de gobernar con presupuesto viejo ha sido “todo ganancia” para la dupla Javier Milei/Toto Caputo, porque “el ajuste se hace solo y el que quiera recursos tiene que sentarse a negociar”, dicen los libertarios.

Algunos analistas sostienen que ya no podría volver a operar una prórroga porque el Gobierno acordó con el FMI una “nueva Ley de Presupuesto 2026, con déficit cero”.

La realidad es que en su último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Milei se comprometió simplemente a enviar al Congreso un proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

En efecto, en la página 95 del Country Report 25/95, de abril 2025, Argentina se compromete a “presentar al Congreso el proyecto de presupuesto para 2026, de conformidad con la regla de déficit presupuestario general cero. El proyecto de presupuesto contendrá un marco fiscal a mediano plazo, incluyendo un análisis detallado del riesgo fiscal”. La fecha de cumplimento consignada es “septiembre 2025”.

Nada extraordinario. Nada nuevo. El Poder Ejecutivo siempre tiene la obligación legal de finalizar la etapa de “formulación presupuestaria” los 15 de septiembre de cada año y enviar el proyecto al Congreso en esa misma fecha, para que se inicie la fase de “discusión y aprobación”.

De hecho, el año pasado Milei envió el proyecto de Presupuesto 2025 en tiempo y forma, para luego dictar una especie de conferencia política ante los legisladores nacionales ponderando las bondades del Presupuesto con déficit cero.

Sin embargo, decidió no tratarlo jamás y tirarlo a la basura para seguir gobernando con los parámetros presupuestarios del gobierno anterior, que se van actualizando parcialmente mediante Decisiones Administrativas o Decretos de Necesidad y Urgencia.

El año que viene, seguirá así.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Un grupo de diputados opositores desafían una vez más al Gobierno nacional con una nueva ley de Financiamiento Universitario, el cual, fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y presentado en una reunión que organizó la diputada nacional Blanca Osuna en conjunto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC en la que recibieron a autoridades de universidades, sindicatos, docentes y estudiantes.

Según explicó la diputada Osuna durante el encuentro, la idea es pedir el emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en la sesión oficializada para el 4 de junio. De conseguir el quórum y el voto afirmativo, pedirán que el 10 de junio se realice una reunión conjunta de carácter informativa para poder dictaminar el 11 e ir al recinto el 19 de junio.

Durante el 2024, el tema había unido a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado. Sin embargo, el Gobierno vetó la norma que luego fue blindada en el Congreso por el oficialismo gracias al apoyo de aliados con 159 votos afirmativos, 85 negativos y 5 abstenciones el pasado 9 de octubre.

La presentación del proyecto

La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Osuna explicó: “Estamos frente a un gran desafío, frente al conflicto que genera el desfinanciamiento de la educación. Que se contribuya a que efectivamente la toma de conciencia sobre el valor de la educación, sobre el sentido de la democracia, lo que significan los derechos, no se vacíen de contenido, estamos en ese punto y riesgo”.

“Que el cumplimiento y materialización de estas definiciones sobre educación, derechos y democracia, al diluirse en una práctica que trae consecuencias que es el desfinanciamiento, la destrucción de políticas activas, de algún modo, culmine con el descreimiento total por el sentido de la democracia”, alertó.

La entrerriana sostuvo: “Celebremos la política en el marco de lo son, de lo que deben ser las mejores negociaciones para los mejores procesos políticos que deben en beneficiar en este caso a estudiantes, docentes, etc. Una apelación solidaria porque en momentos donde la crueldad y la violencia pretenden imponerse, hay que ratificar un abrazo integral a todo el sistema educativo”.

“El sistema educativo son más que las universidades, vale la pena insistir porque el sistema educativo son las universidades que son punta de lanza y terminan con los niños que recién empiezan la escuela, con maestros mal pagos, con escuelas que se caen, con falta de programas, ese sea el mayor desafío en nuestras manos poder vertebrar toda la potencia posible para darle sentido a las negociaciones y acuerdos con la mayor altura, en contrario a la coacción y aprietes”, planteó.

Osuna explicó que presentaron una solicitud para que la comisión la integren legisladores de distintos bloques porque “ese es el otro valor a destacar, la diversidad de la representación nos da fuerza y lo hemos hecho reclamando ante al presidente de la comisión de Educación y el de Presupuesto y Hacienda que se traten los proyectos que obran en este cuerpo vinculados al financiamiento a la educación superior, por sobre todo a las universidades”.

A su turno, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación, Danya Tavela, comentó que la idea es “poder visibilizar el conflicto por el cual atraviesan las casas de altos estudios y todo el sistema educativo y poder ponerle letra a la falta de presupuesto que nos ocupa por segundo año consecutivo”.

“En el marco de la unidad y el federalismo tenemos una representación amplia del sistema universitario de todo el país y esto nos da fortaleza en el debate y discusión de lo que se viene dentro en el Congreso y la sociedad”, adelantó y cerró: “Hay que hacer unos kilómetros de los principales centros urbanos para desatacar el valor que tiene la universidad dentro de cada sociedad, el impacto que tiene la universidad argentina en casa región y las posibilidades de futuro. Queremos defender al sistema de los ataques que tiene y construir un futuro que se construye con igualdad de oportunidades, justicia y a partir de tener esa herramienta de la posibilidad de acceder a la educación para emprender el camino individual de la vida”.

Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, comentó: “Decidimos armar un proyecto para transmitir al Congreso que, desde la reforma universitaria, el no arancelamiento, la ceración de universidades, que pueda a llegar que tengamos hoy a más de 2 millones de estudiantes, 50 mil son de universidades públicas. Es el Congreso el que crea las universidades, el que interviene, el que financia y audita por eso nos debemos como tal”.

“La educación universitaria es el futuro de nuestro país, por lo tanto, el financiamiento del sistema universitario es pensar qué futuro de país queremos. Es un sistema tan eficiente y eficaz, con calidad de nuestros graduados y que lamentablemente del histórico 0,8%, que siempre esperamos llegar al 1% del PBI, hoy tenemos el 0,45% de esa inversión, esa pérdida del tercio”, detalló.

Alpa indicó: “Este proyecto muestra que la universidad pública argentina, es sistema, está unido para seguir debatiendo y en esa discusión de futuro de qué país queremos. La universidad argentina es pública, es no arancelada y buscando lo que implica un sistema de becas totalmente desactualizado”.

Así, agradeció y recordó la Ley 27.757 del año pasado que fue finalmente vetada por el Gobierno: “Fue una ley que, por el sistema constitucional, luego fue vetada, pero tuvo su aprobación de parte de diputados y senadores con una alta aprobación que es la representación del pueblo argentino a través de los representantes del Congreso”.

“Hoy queremos insistir, pero insistir inclusive con alguna alternativa de fuente de financiamiento”, remarcó y sumó: “Esta propuesta que estamos haciendo es similar en cuanto a que recordemos que se ha perdido el 33% de porcentaje de salario real docente y no docente”.

“Hubo una actualización que implicó poner al día respecto de la inflación del 2023, pero ahora no falta el 118% de la inflación del año pasado que, inclusive, por la forma que se distribuyó este presupuesto prorrogado en los primeros cuatro meses de este año estamos recibiendo las universidades nominalmente un 30% menos nominalmente”, indicó.

En esa línea, señaló que “también está la propuesta de actualización desde aquel momento manteniendo el equilibrio fiscal sin creación de impuestos. Es buscar una forma de asignación directa de los ingresos para que tengan una base para el sistema universitario, que la base del último presupuesto aprobado del 2023. Esa es la propuesta sin tocar absolutamente ni un impuesto ni coparticipación que le corresponde a las provincias”.

“Desde noviembre 2023 hasta enero del 2025 en números redondos con un 180% de inflación, los aumentos salariales fueron del 90% con lo cual hubo una pérdida del 90%, pero los ingresos tributarios aumentaron 210%, o sea, que ahí también es otra fuente de financiamiento que es el ingreso real de los impuestos tributarios sobre el ingreso prorrogado”, explicó.

También comentó que proponen un fondo para las carreras estratégicas, para que haya becas para que haya presupuesto, para esas carreras. “Seguimos trabajando en un sistema universitario público que esté pensando en las políticas de nuestro país. Es un aporte para que podamos tener una ley que asegure lo que dice la constitución respecto de la autonomía y autarquía universitaria”, cerró.

Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario: "Hoy nos acercamos esta propuesta al Congreso con la voluntad, la expectativa de que pueda encontrar eco, tratamiento y aprobación para resolver estos problemas. Para caracterizarlo sintéticamente, es una propuesta, la que hoy presentamos, responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y porque busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria que es el Congreso de la Nación. Es una propuesta razonable porque busca esa solución de fondo sin comprometer fiscalmente el Estado".

"Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad. Los países desarrollados en las sociedades del conocimiento invierten 5 veces más de lo que lo hace en Argentina sin tener un sistema público de educación superior robusto”, comparó.

Bartolacci advirtió: “Es un proyecto urgente porque la situación es realmente grave, es delicada y requiere atención rápida y es un proyecto desde nuestra perspectiva necesario porque vuelve a poner las cosas en su justo lugar. Yo creo mucho que las sociedades son muchas veces más inteligentes que sus dirigencias y fue la sociedad argentina la que conmovedoramente el año pasado todas las veces que hizo falta dijo que no hay en las universidades sin el sistema científico de la nación un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que la Argentina tiene”.

Representante de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carballo, gremio que nuclea a estudiantes del país, indicó: “Tenemos un sistema universitario con carácter federal por eso discutir esto en el Congreso está a tono. Quisiéramos que esta situación con las universidades estuviese resuelta, pero lamentablemente en 2024 nos encontramos con un veto presidencial, luego de que sea aprobada en ambas cámaras. Es una clara postura del gobierno de dónde está puesta la prioridad”.

“Un país que se precie de tal, no puede no invertir en educación si piensa que tiene que estar en la senda del desarrollo. Me pregunto cuál es el modelo de desarrollo que está mirando el Gobierno nacional. Eso nos preocupa”, criticó y sumó: “Hay una situación crítica con las becas universitarias que en muchos lugares se utilizan en cada una de las áreas donde un estudiante tiene que destinar su presupuesto. Hoy hablamos de dos becas nacionales PROGRESAR y Manuel Belgrano congeladas en $35 mil y $81 pesos”.

A días del comienzo de un nuevo período de sesiones ordinarias, el senador nacional Pablo Blanco (UCR) insistió con que "lo que necesita Tierra del Fuego y todas las provincias es que este país tenga un Presupuesto, que quede claramente establecido por ley lo que le corresponde a cada una de las provincias y no que los gobernadores tengan que estar mendigando o transitando los pasillos del Gobierno para que les den lo que corresponde".

"El Gobierno, con un Presupuesto reconducido y actitudes que no se condicen con la legalidad se quedan con recursos de las provincias; ellos tienen superávit fiscal, hablan del equilibrio y déficit cero, pero lo hacen a costa de las provincias", señaló.

Además, el fueguino lamentó que hay "muchos correligionarios míos que, porque aparentemente la sociedad mayoritariamente acompaña al presidente (Javier) Milei aceptan cosas que realmente en los principios y la doctrina de la UCR no deberían aceptar".

Consultado por la frustrada creación de una comisión investigadora del caso $LIBRA, el radical admitió que fracasó la votación "producto de solicitudes que les habían efectuado gobernadores de sus provincias" a un grupo de sus compañeros de bloque. "Eso fue lo que lamentablemente sucedió", expresó.

"Yo creo que el Gobierno debe dar explicaciones de esta situación, que lo único que hace es generar desconfianza. El presidente con esta situación está violando la Ley de Ética Pública", continuó en declaraciones a radio Rivadavia.

Blanco indicó que lo sucedido "no es lo que mejor deja parada a la UCR", partido que debe "discutir internamente y buscar un objetivo común para hacer una propuesta válida a la sociedad", al tiempo de "trabajar más intensamente para que estas cosas no vuelvan a repetirse" porque "no se da la mejor imagen hacia la comunidad".

"Fue un hecho no agradable, porque creo que la transparencia y la institucionalidad son ejes centrales de la UCR, y con este accionar pareciera que no se buscan transparentar las cosas que están sucediendo, a mi criterio perjudiciales al país", agregó.

Respecto de las elecciones legislativas de este año, el senador afirmó que buscará renovar su banca, aunque "veremos cómo la UCR elige sus candidatos, si solamente como UCR, en el marco de alianza y bajo qué mecanismo".

Blanco dijo que cree que desde el Comité Nacional se dejará librada la discusión de la estrategia electoral en cada distrito. Sobre su provincia, sostuvo que "la UCR de Tierra del Fuego está muy distante de lo que pregona La Libertad Avanza".

A nivel nacional, consideró que se debería "armar una alianza con aquellos que coincidamos en el objetivo y en los fundamentos de un proyecto distinto al kirchnerismo, por un lado, y a La Libertad Avanza por otro".

En la antesala a que la Cámara de Diputados de inicio al periodo extraordinario con la convocatoria a un plenario de comisiones para tratar el proyecto de derogación de las PASO del Ejecutivo, desde el bloque de Unión por la Patria adelantaron su ausencia tanto en comisiones como en el recinto si no se trata el Presupuesto 2025.

Así lo confirmó en declaraciones radiales el diputado Eduardo Valdés: “Nosotros no tenemos que bajar al recinto si no hay presupuesto, no tenemos que convalidar los caprichos de (Javier) Milei, que ya asumió de espaldas al Congreso y que por segundo año consecutivo quiere gobernar sin presupuesto para tener absoluta discreción y hacer lo que quiere castigando a quienes resisten a sus políticas”.

En este sentido sostuvo: "Quieren lleva adelante una reforma política para perjudicar a los partidos más chicos, no podemos convalidar eso”, y contó: “Hoy tenemos reunión de bloque y esa es la propuesta que voy a llevar, no participar en el recinto ni en las comisiones hasta que no haya ley de presupuesto”.

Al ser consultado por el proyecto de ficha limpia, el diputado porteño fue crítico con la propuesta: "No puede haber ficha limpia con justicia sucia, esta ley tiene nombre y apellido, busca proscribir a CFK, parece que es una exigencia que pone el Pro para estar en la reforma política. No hay posibilidades de justicia limpia con una justicia que condena a CFK con jueces que públicamente jugaban al paddle con Macri en la quinta de Olivos y fiscales jugaban al futbol en la quinta de Macri, en cualquier lugar del mundo es motivo de excusación absoluta".

Sobre la marcha antifascista y antiracista convocada por el colectivo LGBTQ+ que se llevó a cabo el sábado, Valdes expresó: "El basta de la calle tiene que ser el basta del recinto. El termómetro de la calle está planteando que donde hay una necesidad hay un derecho. Fue una manifestación masiva de todos los colectivos convocados por el colectivo LGBTQ+, estaban los jubilados, personas con discapacidad, trabajadores que están despidiendo en sus trabajos, todos se sintieron convocados en esta marcha porque la crueldad es en todos los ámbitos".

Así, destacó la masividad de la manifestación, donde diversas organizaciones se unieron para exigir derechos y justicia social: "El Gobierno debe escuchar la voz del pueblo y no seguir generando grietas que dividen a la sociedad. La necesidad de una ley de presupuesto es esencial, y hasta que no se presente, no debemos participar en las sesiones".

Sobre el cierre, Valdés realizó una defensa por la política de derechos humanos: "La tendencia del gobierno es de vaciamiento a la política de derechos humanos. La comunidad nacional e internacional va a ponerle el freno al gobierno, simbólicamente lo que significa la ESMA para el mundo es muy fuerte, ha sido declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cuando el presidente de Francia estuvo en Argentina vino a ratificar la política de derechos humanos y pedir justicia en el caso de las monjas francesas, estos países no van a cejar en su reclamo por memoria verdad y justicia, esto va a ser importante en esta pelea que sucede en defensa a la política de DD.HH".

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) publicó un informe por el que detalla el cálculo de recursos de la distribución del presupuesto para el ejercicio 2025. “El resultado financiero se deteriora en $0,44 billones, lo que implica un déficit de $6,56 billones2, equivalente al 7,5% de los ingresos totales”, resaltaron.

A través de la decisión administrativa 3/25 el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aprobó la adecuación de los gastos y recursos del Presupuesto 2023, prorrogado al ejercicio 2025 mediante el decreto 1131/2024. Desde el informe mencionado, advierten que se prevé “una disminución del cálculo de recursos en 1.96 billones de pesos, lo que implica un total de

88,01 billones”.

Asimismo, plantean que habrá una “disminución en las autorizaciones de gasto total en 1.51 billones, que implica un total de 94.57 billones de pesos”. Además, señalan que “el resultado financiero se deteriora en $0,44 billones, lo que implica un déficit de $6,56 billones, equivalente al 7,5% de los ingresos totales”.

“En síntesis, el nivel de ingresos y gastos previstos para 2025 es inferior al que rigió en 2024, lo que pone en evidencia que ineludiblemente habrá ampliaciones en el cálculo de los recursos y también en las autorizaciones de gastos y aplicaciones financieras, que solamente se podrán realizar mediante una ley o un DNU”, ampliaron.

Por último, compararon que “el cálculo de recursos y el nivel de gastos para 2025 es significativamente inferior a lo contemplado en el proyecto de presupuesto 2025 (-22,5% y -18,4% respectivamente), el cual fue presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 15 de septiembre”.

Informe ASAP Distributivo del Presupuesto 2025

Tras la publicación del comunicado del Pro con duras críticas al Gobierno por no incluir en el temario de las sesiones extraordinarias el proyecto de Presupuesto 2025 y en el que se cuestionaba a la Casa Rosada por tener “ falta de vocación de diálogo”, integrantes del bloque amarillo en la Cámara baja salieron a desmarcarse públicamente del espíritu del texto.

Según trascendió, sólo estaban al tanto de la publicación del comunicado Mauricio Macri, quien como jefe del partido dio el aval para su difusión; su principal asesor, el ex secretario de la Presidencia Fernando de Andreis, y su primo y jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Ni los gobernadores como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; ni el propio Cristian Ritondo, jefe de bloque de Diputados, fueron consultados.

El enojo de los gobernadores tiene que ver con que son ellos los que negociaron todo el año, fondos para sus provincias con un Gobierno que administró un presupuesto de prórroga y que retaceó recursos a la mayoría de las administraciones. Aun así, en los últimos meses la relación entre los dos mandatarios del Pro con el Gobierno mejoró, a partir de acuerdos puntuales que se cerraron.

Ritondo es otro de los que se molestó por no haber sido informado y por ser quien representa a los 38 diputados del partido en el Congreso de la Nación, donde se van a debatir los proyectos que mandó el Gobierno para las extraordinarias a partir del 20 de enero. Como jefe de bloque, su peso específico es muy importante, ya que es el puente clave en la negociación con el Gobierno y con el propio Javier Milei, con quien en este último año construyó una relación de amistad.

Dentro del bloque, fue la diputada Silvana Giudici la primera en blanquear su enojo, con un tuit que publicó: "Tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el gasto, nos alejamos de esa meta, no ayudaríamos a cambiar definitivamente el país como propusimos desde el Pro en la última campaña presidencial”.

El déficit cero y la baja de la inflación se lograron a pesar de la obstrucción y el bombardeo de la oposición k y sus aliados NADA dialoguistas. Tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el… https://t.co/pcGrAMnL3d

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) January 13, 2025

El diputado Fernando Iglesias expresó respecto de la decisión del Ejecutivo al armar el temario para extraordinarias que “no es una actitud autoritaria, se mueve dentro de la ley, tiene todo el derecho de hacerlo”.

"En este momento en el cual todo está aún, a pesar de los buenos resultados, agarrado con alfileres, y donde ha sido claro que hay un grupo muy consistente en las dos cámaras que quieren trabar al Gobierno, romper el déficit cero, y me parece una medida que no merece calificarse de autoritaria. Después cada cual puede tener su opinión", agregó.

Tras la oficialización de la convocatoria a sesiones extraordinarias este lunes por parte del Gobierno, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, le reclamó al oficialismo que el proyecto de Presupuesto 2025 “brilla por su ausencia” en el temario que envió y señaló que es “puro electoralismo”.

“Es un despropósito que convocando a extraordinarias con un temario que no tiene nada que ver con la vida cotidiana y las preocupaciones de los argentinos y en ese temario que no esté la ley de leyes para el 2025”, criticó el santafecino en declaraciones radiales.

Martínez planteó que “esto demuestra que el Ejecutivo no quiere Presupuesto porque si la hubiese querido la tendría que mandar a sesiones extraordinarias. Todavía hay algunos que piensan que Milei no tiene Presupuesto porque la oposición no quiere, es lo contrario. Es el oficialismo que no quiere Presupuesto para tener total discrecionalidad a la hora de ejecutar el gasto”.

“Hay que tener una mirada que pueda incorporar fuertemente, no solamente a los otros bloques políticos de Diputados que tienen representación parlamentaria, sino también a las provincias argentinas que han sido notablemente perjudicadas con la ejecución del Presupuesto 2024. Casi 10 puntos de coparticipación en términos reales perdieron respecto a la inflación, no es un tema menor. Han perdido el 76% de las transferencias no automáticas que nación transfería a provincias, es una situación muy crítica”, manifestó.

El jefe de UP expresó: “Esperamos tener diálogo esta semana con los otros bloques parlamentarios para definir el tema, a mi criterio es un despropósito analizar este temario y que no esté la ley de Presupuesto que es la ley más importante que tendría que tener sancionada la Argentina”.

Decreto de Extraordinarias.

Brilla por su ausencia el Presupuesto.

1/ esto confirma: Milei NO QUIERE ley de Presupuesto 2025.

2/ es inconcebible un temario sin "ley de leyes"

3/ el temario es puro electoralismo, sin pensar en los problemas cotidianos de nuestro pueblo. pic.twitter.com/JXznYQyoMk

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 13, 2025

Eliminación de las PASO

Uno de los platos fuertes del temario enviado por el Ejecutivo es la eliminación de las PASO. Al respecto, Martínez afirmó que su espacio: “No hemos hecho una reflexión de conjunto todavía porque desde que se empezó a comentar el tema, más allá de rumores, nunca hubo instancia real donde uno pudiera saber qué quería hacer el oficialismo y poder dar un debate puertas adentro. Fueron rumores, nunca nada materializado”.

“Tenemos que tener contacto para saber cuáles son las intenciones del oficialismo y ver cuál es el eje del debate. ¿Es un tema que el Gobierno quiere impulsar para mejorar el sistema electoral o tenerlo solamente para herramienta para condicionamiento político de otros espacios? Eso tenemos que hablar y tendremos varias reuniones de bloque”, cerró.

A la hora de alzar la copa para darle la bienvenida a 2025, no hay ninguna duda de que los Milei deben haber pensado más en el año que dejaban que en lo que viene, que -optimistas- imaginan venturoso. Un 2024 que, por mérito propio y sobre todo la anuencia de sus votantes, que mantuvieron el aval brindado en el balotaje, resultó absolutamente positivo y seguramente más favorable de lo imaginado.

Resulta clave en ese sentido la reacción de una sociedad que acompañó mayoritariamente un ajuste que el presidente se empeña en presentar como “el más grande de la historia de la humanidad”, y que se asienta sin duda en el principal logro de esta administración, que es precisamente la gran promesa de la campaña de Milei: bajar la inflación. Con un costo muy alto, sin duda, se alcanzó en una magnitud que aún no es suficiente -la inflación mensual de la Argentina es la que los países “normales” tienen en todo un año-, pero que pocos esperaban se consiguiera en esa dimensión en tan corto plazo.

Ese es el principal activo de esta administración, cuyo desafío será profundizar la baja y especialmente mejorar el poder adquisitivo. En un año en el que el Gobierno tendrá a su favor que todos los números serán favorables dadas las circunstancias del profundo ajuste aplicado a lo largo del año que se fue. Nada mejor para encarar un año electoral que el Gobierno afronta con el desafío de ir a contramano de todos sus antecesores, pues sin emisión no derramará plata en la calle para activar la cadena de la felicidad, ni habrá obra pública por parte de Nación, que seguirá profundizando el ajuste en las áreas que lo necesiten o sigan tolerando.

Se verá a lo largo del año, pues no hay una hoja de ruta para anticipar lo que vaya a suceder, ya que el Gobierno ha decidido por segundo año consecutivo no tener presupuesto. En efecto, el lunes se publicó en el Boletín Oficial la prórroga del Presupuesto 2023, elaborado entonces por Sergio Massa. Con esa medida, se concretó otro hecho inédito para este gobierno que no deja de marcar récords: por primera vez una administración reconducirá un presupuesto pasado dos veces consecutivas. Habrá que ver si, tras las elecciones de medio término y la nueva configuración que tendrán los bloques oficialistas en el Congreso, el Gobierno cumple esta vez en llevar al recinto el proyecto que envíe el próximo 15 de septiembre, más allá de que pase lo que pase en las elecciones de este año no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras.

Sí contará con mejores números que los actuales, pues no expone ningún senador y solo 7 de sus 39 diputados. Esto es, le vaya como le vaya en estas elecciones, será todo ganancia para el oficialismo. Vayamos a números concretos. Si el oficialismo repitiera para el Senado la gran elección que hizo el año pasado, llegaría a tener apenas 13 senadores: menos que los que tenía Cambiemos cuando llegó al gobierno en 2015 (15). ¿Y en Diputados? Si consiguiera hacer una elección arrolladora, similar a la que hizo Cristina Kirchner en 2011, por ejemplo, con números más similares a una elección presidencial que a una legislativa, donde el electorado se diversifica más y el oficialismo de turno carece del efecto arrastre que le da poner toda la carne en el asador, se alzaría con 75 diputados y llegaría a tener una bancada propia de 114. Ergo, le faltarían 15 para tener quórum propio.

Convengamos que esa es una cantidad muy difícil de conseguir, pero vale el dato. Sobre todo porque aun teniendo un resultado inferior, el efecto simbólico que tiene un resultado victorioso hace que la oposición menos dura se avenga a apoyar las propuestas oficiales, como sucedió este año en función del resultado del balotaje.

Si bien el Gobierno no puede quejarse de su primer año en el Congreso, es más la sensación de éxito con la que cerró el año legislativo que el efecto práctico que tuvo. Los números hablan por sí solos: este año se aprobaron 44 leyes, la cifra más baja para un primer año de gestión de las últimas cuatro presidencias. Un número incrementado por la cantidad de acuerdos internacionales pendientes aprobados.

El oficialismo no aprobó ninguna de las “leyes anticasta” que el presidente anunció el 1 de marzo. Y de los 26 proyectos de ley enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo, solo 3 fueron aprobados: la Ley de Bases y el paquete fiscal, que llevaron la atención exclusiva del primer semestre, y la modificación del Registro de Datos Genéticos. La oposición impuso la aprobación de dos muy relevantes, movilidad jubilatoria y financiamiento universitario, pero el presidente las vetó y luego logró sostener ese veto en el Parlamento.

De hecho, arquero como fue en su juventud, Javier Milei parece haber celebrado más los goles que su gobierno evitó que los pocos que pudo concretar. Esa fue la recriminación que le hizo en el recinto Miguel Angel Pichetto: en lugar de buscar conformar una nueva mayoría, conformarse con haber consolidado el tercio necesario para poder conservar su capacidad de veto. Lejos de aceptar el consejo, el presidente terminó poniendo a Pichetto del lado de “los malos”, y llegó a tildarlo de “ignorante” y “miserable”, entre otros calificativos no menos gruesos.

Está en la naturaleza de Milei ser tan drástico. Ya lo confirmó en diálogo con el Gordo Dan, cuando se diferenció de los perros, a los que consideró “superiores espiritualmente” respecto de él, ya que mientras los canes aman de manera incondicional, “yo no olvido ni perdono a los que me han hecho daño, a todos los que me han ensuciado, calumniado, injuriado en todos estos años: los recuerdo a cada uno de ellos”, dijo con sinceridad absoluta.

Es ahí donde la ligan Pichetto, o Ricardo López Murphy, alguien que puede dar fiel prueba del rencor extremo de Milei. Que se corroboró también esta última semana con Jorge Lanata, cuya muerte se produjo el lunes pasado, sin que el presidente le dedicara el más mínimo comentario, pese a tratarse de uno de los periodistas más determinantes de la Argentina contemporánea. Pesó en la actitud presidencial el hecho de que Lanata lo hubiese denunciado penalmente por haberlo calificado de “ensobrado”. Causa que, dicho sea de paso, quedó en manos del juez Ariel Lijo, a quien Milei propuso para integrar la Corte.

El presidente guardó silencio sobre el deceso de Lanata, y cuando el periodista de espectáculos Ángel De Brito le mandó un mensaje para consultarlo sobre el tema, la que contestó fue, con un audio enviado a través del celular del presidente, Amalia “Yuyito” González, quien aclaró que su pareja “solo responde sobre asuntos ligados a su gestión”.

Milei no tuvo el gesto que sí exhibió en cambio su amigo Donald Trump, al que verá pronto cuando asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos, y que ante la muerte del expresidente demócrata Jimmy Carter publicó en las redes un mensaje de condolencias a su familia ante “este difícil momento”, en el que si bien aclaró que “discrepábamos políticamente”, resaltó que el fallecido “amaba profundamente a su país” y que su dedicación merecía “nuestro respeto”.

Convengamos que es preferible el silencio a mensajes como el que el día de la muerte de Lanata escribió el usuario @MileiEmperador, que se presenta como John, y que se atribuye al asesor presidencial “todoterreno” Santiago Caputo: “Lanata construyó el relato oficial sobre la década del 90 y nos legó toda una generación de periodistas pelotudos que creen que ser zurdos es ser inteligentes. No alcanzaron sus últimos años de antikirchnerista para reparar ese daño. Que Dios se apiade de su alma”. Nunca el joven Caputo salió a desmentir a quienes le adjudican la propiedad de esa cuenta, que suele atender con dureza a quienes osan enfrentarse al presidente Milei, como es el caso del senador formoseño Francisco Paoltroni, al que el citado John dedicó este mensaje contemporizador, antes que lo echaran del bloque del Senado por expresar su rechazo a la candidatura de Lijo para la Corte: “El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir”.

Lanata construyó el relato oficial sobre la década del 90 y nos legó toda una generación de periodistas pelotudos que creen que ser zurdos es ser inteligentes. No alcanzaron sus últimos años de antikirchnerista para reparar ese daño. Que Dios se apiade de su alma.

— John (@MileiEmperador) December 30, 2024

Tampoco se pronunciaron sobre la muerte de Lanata los kirchneristas, ni mucho menos su líder, Cristina Fernández. Previsible, en ambos casos. Aunque no deje de llamar la atención, por una cuestión de humanidad. Más llamativo es el silencio que guardan frente a situaciones como el secuestro del gendarme Nahuel Gallo por parte del régimen chavista en Venezuela. El Gobierno argentino apeló esta semana a la Corte Penal Internacional, habida cuenta de que no hay muchos caminos para recorrer ante la inflexibilidad de la dictadura de Nicolás Maduro. 

En ese contexto Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Edmundo González Urrutia, a quien el Gobierno argentino reconoce como amplio vencedor de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Nunca mejor elegido el escenario para ese encuentro que bien podría haberse realizado en la quinta presidencial de Olivos, habida cuenta de ser un día sábado. Pues al cabo del encuentro, el presidente argentino invitó al venezolano a asomarse al balcón para saludar a la masiva multitud de venezolanos congregada en Plaza de Mayo, con lo que el visitante tuvo un conmovedor estímulo para el difícil camino que tendrá que recorrer en las próximas semanas.

Si bien no ha podido avanzar el Gobierno en el tema que más parecía interesarle para el período de extraordinarias que nunca alcanzó a convocar, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistió este lunes en bregar por la eliminación de las PASO. Invocando razones de gastos: estas elecciones intermedias, dijo, tendrán un costo estimado de más de 500 millones de dólares.

Si se eliminan, agregó, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. “Es decir, estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares”, apuntó en la red social X.

Salió a contestarle el diputado radical del bloque Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, quien le dijo al jefe de Gabinete: “Como no tenemos presupuesto, no sabemos para qué querés ahorrar. Según los antecedentes, será para aumentarle el sueldo a Adorni y que siga nombrando ñoquis, o darle la plata a la SIDE para pagar sobresueldos en negro conforme vieja costumbre del menemismo?”, se preguntó.

En su exposición inicial ante el Senado, el jefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo que el compromiso del Gobierno es “trabajar incansablemente para que el Estado deje de ser un escollo para el sector privado y se transforme en el generador de las condiciones que impulsen su desarrollo en absoluta libertad”.

En la única referencia que hizo al Presupuesto nacional que por estos días parece frenado en el Congreso, Francos sostuvo que “aspiramos a contar con un Presupuesto que blinde el equilibrio fiscal, que lo convierta en innegociable”.

“Vamos hacia un esquema de déficit cero y de emisión cero en un año electoral. Hecho inédito, producto de nuestras convicciones y la comprensión mayoritaria de la sociedad argentina”.

Afirmó que “entre 2020 y 2023, las jubilaciones cayeron hasta un 45% en términos reales. Este sistema injusto y quebrado afectó especialmente a quienes aportaron toda su vida. Con los aumentos mensuales según el IPC, por el contrario, logramos recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido, aunque somos conscientes de lo mucho que falta. Nuestro compromiso es que los jubilados no pierdan contra la inflación, y lo estamos logrando”.

En ese sentido sostuvo que “no hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio si no es a través de una ecuación positiva entre trabajadores formales del sector privado y jubilados. Y esto se logra con equilibrio fiscal, estabilidad sostenida en el tiempo, generación genuina de empleos e inversión. Pero también con leyes laborales acordes con las necesidades del mercado que permitan generar esos puestos de trabajo registrados. Por eso, en estos últimos meses avanzamos con la regulación del capítulo laboral de la Ley Bases”.

“También debemos dar una discusión profunda sobre el sistema tributario argentino. Avanzamos con el cierre de la AFIP y su reconversión en ARCA, un organismo con estructura más simple, menos costosa y menos burocrática”, agregó.

Quienes de manera más airada reaccionaron el martes ante la suspensión del tratamiento del Presupuesto, fueron sin lugar a dudas los gobernadores. A ellos les impacta fuertemente la posibilidad de que una vez más no haya presupuesto y el Gobierno opte por el camino de reconducir el de 2023, elaborado allá  por 2022...

Por eso la reunión de este miércoles entre los gobernadores de Juntos por el Cambio y los titulares de los bloques dialoguistas, con quienes analizaron la situación, ante el freno impuesto a las negociaciones. La reunión fue por zoom, y allí se estableció que los gobernadores les pedirán al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, una mesa de negociación para acordar lo que haya que acordar con la ley de leyes y que la misma se trate en extraordinarias.

La discusión está planteada en torno a la eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, que los gobernadores piden sean coparticipadas.

Hay discusión en torno al financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas de acuerdo con los pactos fiscales. El Gobierno quiere mantener los $254 millones que ya les ha asignado.

Otro eje de discusión es el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal 2017.

También se discute en torno a la reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la ex AFIP, más el reclamo por los ATN  no distribuidos.

Por supuesto, la obra pública es otro de los puntos más discutidos. Al respecto se reclama que los traspasos pautados con el Gobierno se incluyan dentro del Presupuesto 2025.

Según confiaron a este medio fuentes oficiales, los cinco pedidos de los gobernadores representan la friolera de 3.700 millones de dólares. También señalaron que el Gobierno no está en condiciones de ceder ante semejante reclamo, máxime teniendo en cuenta que esta administración perderá 10 mil millones de pesos por el impuesto PAIS, que se termina.

Como contrapartida, le señalan a los gobernadores que si hay un crecimiento del 5% el próximo año (y hay quienes estiman que va a ser más alto), la coparticipación subirá de 40 mil millones de dólares a 57 mil millones.

En su carácter de integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago, junto al presidente de su bancada, Juan Manuel López, le mandaron una nota al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, para reclamar el tratamiento del Presupuesto 2025 en extraordinarias.

Se basan en expresiones del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, quien ha manifestado que “no está previsto que se convoque a sesiones extraordinarias”, que no tiene urgencia para que el Presupuesto sea aprobado y que "sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación lo apruebe, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del presupuesto actual".

En la nota elevada por los legisladores de la Coalición Cívica, advierten que frente a dichas declaraciones, que a su juicio evidencian “una falta de interés de parte del Poder Ejecutivo de promover la aprobación del proyecto de presupuesto” y, dado que este miércoles 20 de noviembre finaliza el plazo reglamentario para que las comisiones puedan emitir dictámenes en el Congreso de la Nación, consideran necesario solicitar fijar una fecha —antes del vencimiento del referido plazo— a fin de que la Comisión de Presupuesto se reúna y dictamine sobre el proyecto de presupuesto para el año 2025. De modo tal que así puedan tratarlo en el recinto.

“Las declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros son un indicio para pensar que el Poder Ejecutivo y los legisladores del bloque oficialista podrían no tener interés en tratarlo, sino que, por el contrario, preferirían prorrogar el presupuesto para el período 2023. Así, tendrían discrecionalidad en el gasto y, consiguientemente, estarían sujetos a un menor control, debilitando la posibilidad de auditar la gestión y evaluar sus resultados”, advierten los diputados de la CC.

Ellos refieren también que el hecho de que la Ley N° 24.156 establezca que “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior” implica que la prórroga debe ser una excepcionalidad basada en impedimentos reales y no en especulaciones políticas del partido de gobierno. Consecuentemente, dado que el presupuesto para el período 2023 ya fue prorrogado en una oportunidad —es decir, para el período 2024—, admitir una prórroga automática, sin siquiera darle tratamiento en el Congreso, puede configurar una maniobra en fraude a la citada ley”.

Para Oliveto y López, dicha situación “generaría inseguridad jurídica y un posible conflicto entre poderes. Reiteramos: la prórroga del presupuesto debe ser la excepción, y no la regla”.

Esas son las razones por las que reclaman a Espert que determine una fecha para convocar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara a fin de dictaminar el proyecto de presupuesto para el periodo 2025. “Dicha situación contribuirá a mejorar la calidad institucional de nuestro país”, puntualizan los legisladores.

La diputada Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista/FIT Unidad) acaba de presentar un proyecto de ley bajo el título: “No al Presupuesto 2025 de Milei”.

“Postulamos un plan económico alternativo de emergencia, obrero y popular, para erradicar la pobreza, la desigualdad social, la dependencia y el sometimiento del país a las multinacionales y al FMI”, señaló la diputada de izquierda.

Schlotthauer explicó que “el Presupuesto 2025 de Milei acelera la motosierra con más robo a las y jubilados, a las universidades, a la educación y salud pública, a Ciencia y Tecnología y otros sectores vitales. Con más tarifazos, más entrega y menos soberanía. El Gobierno dice que no hay plata, pero esta semana pagó 800 millones de dólares de la estafa de la deuda externa y sigue beneficiando a los grandes capitalistas, a Marcos Galperín, a las mineras, petroleras, a los bancos y al FMI”.

Schlotthauer finalizó: “Milei miente. Plata hay. Hay que dejar de pagar ya la usurera deuda externa y volcar esos fondos a aumentar los salarios y jubilaciones y los presupuestos sociales. Miente Milei cuando dice que se le cobran muchos impuestos a los empresarios cuando son eximidos permanentemente y son los que evaden. Hay que imponer un fuerte impuesto a los grandes empresarios, bancos y multinacionales porque los únicos que pagan son los trabajadores y el pueblo. Hay que recuperar las empresas privatizadas estatizándolas y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Por eso rechazamos el presupuesto de Milei con la complicidad de los gobernadores y presentamos nuestro propio proyecto desde Izquierda Socialista con la salida de fondo del Frente de Izquierda Unidad”.

El presidente Javier Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, pusieron en marcha un Plan Combo para coronar el primer año de gestión.

La idea combina condimentos de autobloqueo institucional con autocracia.

Asentados en el analgésico macroeconómico que monitorea Toto Caputo y en la dispersión política opositora, el dúo del poder trabaja para re-prorrogar el Presupuesto 2023 (con las nueve modificaciones presupuestarias ya incorporadas en 2024) y designar por decreto jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos cometidos requieren una condición: que el Congreso de la Nación entre en receso. Y en eso andan.

Este jueves debería haber funcionado la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

A último momento, el funcionario libertario se excusó “por problemas de agenda” y la reunión se canceló sin fecha, “hasta nuevo aviso”. La Comisión de Presupuesto lleva catorce días sin reunirse por el proyecto de Presupuesto 2025.

El proyecto de Presupuesto ingresó al Congreso a mediados de septiembre. Dos meses después, avanzó en carreta, apenas unos pocos metros y sin discusiones de fondo.

El Ejecutivo quiere llegar al fin del año legislativo, que cierra el 30 de noviembre y podría estirarse hasta el 10 de diciembre por una “prórroga de ordinarias”, sin avances significativos en el tratamiento del Presupuesto Nacional.

Sería la excusa perfecta para aplicar el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, a partir del 1 de enero de 2025. El texto legal no deja dudas: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”.

Para designar jueces de la Corte por decreto, el Gobierno ya echó a rodar los fundamentos: “ya lo hizo Macri”, o “no es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes y demore sus fallos”.

Y lo más importante: la designación de los jueces “en comisión” y por decreto, “es una alternativa que se ha usado en período de receso del Congreso”.

Por todos esos motivos, el Plan Combo, que apunta a fisurar la institucionalidad republicana, exige que diputados y senadores no sean convocados a sesiones extraordinarias durante el verano. Que terminen a principios de diciembre y vuelvan recién en marzo.

Ese sería el momento para actuar. En las fiestas de fin de año y a principios de 2025.

Es la misma fórmula que hace unos días reveló el filósofo mayor del cinismo libertario, cuando explicó el ajuste brutal: “Nosotros, en primer lugar teníamos claro que, por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto” (Javier Milei dixit).

 

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El jefe de bloque de la Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto en el Senado, Ezequiel Atauche, resaltó que “hemos visto, en los últimos días, que las proyecciones del FMI indican que la economía argentina se recuperará un 5% en 2025 y que habrá una sustancial desaceleración de la inflación. Desde la asunción de Javier Milei, se han implementado ajustes importantes que no son suficientes, pero que en tan sólo 10 meses empiezan a encaminar el rumbo que los argentinos eligieron el año pasado”.

En momentos en que se está trabajando el proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso Nacional, el senador por Jujuy señaló que “estos datos no indican que la economía estará solucionada y, de hecho, si no profundizamos las reformas hacia una mayor apertura del mercado y la reducción del peso estatal cualquier crecimiento será insostenible. Argentina ha vivido crisis cíclicas por mucho tiempo, y la única manera de romper este patrón es mediante un cambio radical en la concepción misma del rol del Estado”.

“Un Estado sobredimensionado que asfixia a la sociedad con impuestos, regulaciones y un gasto público descontrolado, no ayuda a alcanzar las metas y ni a preservar el déficit cero”.

Atauche destacó el plan económico del presidente y recordó que “la solución no está en gastar más, sino en gastar mejor y en reducir la intervención estatal. El plan del gobierno de Javier Milei es claro: hay que desmontar el aparato burocrático, eliminar los privilegios del Estado y liberar el potencial de los individuos y las empresas para que puedan competir en un mercado abierto, sin las trabas que hoy asfixian nuestra productividad”.

“Sabemos que la recuperación del consumo es fundamental, pero debe basarse en una verdadera reactivación del empleo privado y la inversión, no en parches temporales que dependen de la política monetaria o de un crecimiento desbalanceado en sectores específicos. El rol del Estado debe ser mínimo, y la economía tiene que funcionar en base a las fuerzas del mercado, no a la intervención estatal”, agregó el senador.

“En resumen, si bien partimos de un buen indicador, no podemos conformarnos sólo con la proyección de crecimiento para 2025. Si seguimos sin hacer los cambios profundos que Argentina necesita, esta recuperación será solo un respiro antes de la próxima crisis. Debemos impulsar una agenda de reformas que libere a los argentinos de la carga estatal y permita que la verdadera creatividad y productividad de nuestra gente impulse el crecimiento real y sostenido. Solo así podremos romper con el ciclo de crisis y dependencia que ha caracterizado nuestra economía por tanto tiempo”, concluyó Atauche.

Tras casi un mes de trabajo ininterrumpido, la Comisión de Presupuesto, a cargo de la oficialista Paola Michielotto (VxM), finalizó las rondas de ministros en la que los funcionarios explicaban el alcance de los gastos proyectados en cada cartera en el Presupuesto 2025.

En esta última jornada de exposición estuvo presente el jefe de Gabinete, Javier Salas Bulacio; el administrador de AGIP, Germán Krivocapich; la subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores; y la subsecretaria de gestión operativa, Claudia Jaime; entre otros miembros del equipo.

De esta manera, Salas Bulacio señaló que “el compromiso es desarrollar una gestión ágil y eficiente, sosteniendo y profundizando la sustentabilidad de las cuentas públicas”.

Para el desarrollo de proyectos de inversión, manifestó que se acordaron préstamos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para obras viales, así como también con el Banco Interamericano de Desarrollo para la adquisición de equipos de diagnóstico por imágenes y la implementación de la Historia Clínica Electrónica. También aseguró que se planteó una estrategia de manejo de pasivos orientada a renovar los vencimientos de la deuda, extender los plazos existentes, y minimizar los costos y riesgos asociados, para fortalecer la sostenibilidad financiera de la Ciudad.

En materia de recaudación, la Administración Gubernamental de Ingresos públicos anticipó que se trabajará para rediseñar los impuestos patrimoniales con el fin de ir eliminando distorsiones y poder mejorar la progresividad tributaria. Asimismo, aseguró que proponen la expansión de uso de un sistema de compras electrónicas, a través de la implementación de nuevas tecnologías para mejorar los procesos licitatorios y en el uso de los convenios marco. Y anticipó que se impulsará un sistema de revisión de las redeterminaciones de las contrataciones adjudicadas para optimizar su ejecución.

Asimismo, anticipó que la AGIP mejorará la atención de contribuyentes para fortalecer la cultura tributaria con acciones que eleven el cumplimiento voluntario de las obligaciones, y reducir la evasión. Para ello realizarán la actualización del nuevo portal del Contribuyente con el objetivo de mejorar la experiencia de los vecinos al momento de hacer trámites y consultas.

El presupuesto proyectado para el próximo año será de 213.430 millones de pesos. “Desde el ministerio trabajamos todos los días para asegurar la eficiente utilización de los recursos aportados por los vecinos de la Ciudad”, sostuvo Salas Bulacio.

Cabe recordar que durante más de 20 días, expusieron la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo. También autoridades del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Magistratura y la Procuración General. Le siguieron la Sindicatura General, Jefatura de Gabinete de ministros, el Ministerio de Salud, de Justicia, de Seguridad, de Cultura, el de Infraestructura, de Desarrollo Humano, Espacio Público y de Educación. A lo largo de las jornadas, también asistieron las empresas estatales, entes autárquicos y organismos descentralizados de gestión como Autopistas Urbanas SA, Subterráneos de Buenos Aires SE, el Teatro Colón, la Corporación Buenos Aires Sur y el Instituto de la Vivienda.

 

El inicio del mes de noviembre activó una suerte de cuenta regresiva en ambas cámaras. El 30 de este mes concluye el período ordinario y todas las señales indican que el Poder Ejecutivo no piensa prorrogarlo. Lo que quede, en ese caso, será para las sesiones extraordinarias. ¿Habrá sesiones extraordinarias? Esa es la pregunta que muchos se hacen por estos días y no hay demasiadas dudas al respecto.

A poco de cumplirse 11 meses en la gestión, el Gobierno de Javier Milei ya ha dado sobradas muestras de mantenerse a salvo de lo que pueda hacerle el Congreso, más allá de su minoría extrema en ambas cámaras. Ahora, con el año parlamentario cerca de concluir, lo que necesita es acotar daños, y esto es evitar que la oposición lo afecte aprobando temas que no quiere. Por eso, nada indica que vaya a tener intenciones el Gobierno de extender el período ordinario: nada de lo que necesita y quiera aprobar está pendiente.

Ni siquiera el Presupuesto, pues ya ha transparentado oportunamente que no es una aprobación que los desvele. Está claro que nada mejor para un Gobierno que manejarse con un presupuesto prorrogado, aunque nunca sucedió hasta el presente que eso pasara dos años consecutivos.

Como sea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró en la semana que su aprobación implicaría que “el arco político en general entendió que no se puede vivir gastando más de lo que se tiene”. Además -y más importante-, sería una señal hacia el exterior. O mejor dicho: su no aprobación sería un dato negativo para los mercados. De ahí la importancia de que el Presupuesto salga.

Atento a ese dato, la intención de la oposición en general -aliados y dialoguistas- es aprobar el Presupuesto, para evitar la discrecionalidad con la que el Gobierno pudo manejarse a lo largo de 2024. Más allá de las quejas y cambios sugeridos, lo votarán.

Según confiaron altas fuentes oficiales a este medio, la intención de La Libertad Avanza es tratar el proyecto en el recinto de Diputados el miércoles 20, o bien durante esa semana. Luego será el turno del Senado, donde lo más probable es que se trate en extraordinarias, que serían convocadas solo para ese tema.

El oficialismo tratará de hacer en Diputados una sesión más en el transcurso de noviembre. Debería ser la semana previa al tratamiento del Presupuesto. El objetivo oficial es llevar al recinto dos temas de suma importancia como son la privatización de Aerolíneas Argentinas, cuyo dictamen se apuró la semana pasada, y ficha limpia. Primero, debería asegurarse contar con el número necesario para aprobar la venta de la aerolínea de bandera, y eso está por verse.

La otra preocupación del Gobierno es la anunciada intención de la oposición de forzar el tratamiento de la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia. Más allá de que el presidente Milei ya anticipó que si sale esa ley, la vetará, el oficialismo intentará por todos los medios estirar los tiempos y que no se trate en el recinto al menos este año. Corre a su favor que Aerolíneas y ficha limpia serían dos temas demasiado potentes como para agregarle uno más, de semejante envergadura. Especulan con que la oposición necesitaría una mayoría especial que les costaría conseguir. Se verá.

A propósito de ficha limpia, ese proyecto tiene dictamen desde el 17 de septiembre y ya debería haber pasado por el recinto, pero el tema quedó fuera de la sesión celebrada el 2 de octubre pasado.

Para ese día se había especulado con incluir el proyecto que impide las candidaturas de aquellos dirigentes condenados en segunda instancia, pero finalmente esa sesión se circunscribió a Boleta Única de Papel, la ley antimafias, tenencia de armas y la emergencia en Córdoba. Se argumentó entonces que incluir ficha limpia hubiera alargado demasiado el debate. Como no son habituales esos “pruritos”, quedó claro para muchos que no había demasiado interés oficial en avanzar con ese proyecto. No en ese momento al menos.

No hay ninguna duda de que el Gobierno aspira a que Cristina Kirchner monopolice la centralidad en el espacio opositor. Y tenerla como candidata en las próximas elecciones sería la mejor noticia para La Libertad Avanza. Ya de por sí, Javier Milei celebra que ella vaya a presidir el principal partido opositor, como ya se ha resuelto por vía judicial. Asumirá el 17 de noviembre, justo el día en el que la Cámara de Casación confirmaría su condena. Así las cosas, tener la ley de ficha limpia aprobada sería un impedimento formal para que la expresidenta fuera candidata. De ahí que la oposición dialoguista tenga fundadas sospechas de que no hay intención de que esa ley salga.

De todos modos, el oficialismo no puede darse el lujo de frenar una norma como esa, que reclaman especialmente sus socios del Pro. Aprobada la media sanción a mediados de noviembre, no habría tiempo material para su tratamiento en el Senado. Y es uso y costumbre que no se aprueben leyes que tengan incidencia electoral en años de elecciones. De ahí que la sanción definitiva quedaría para 2026. Con otra composición de ese cuerpo, dicho sea de paso.

En el Senado, no hay demasiados temas pendientes. La ley Nicolás, que si no se aprueba este año perderá estado parlamentario (Dato: el oficialismo no firmó el dictamen suscripto el pasado 16 de octubre). Están también las medias sanciones recientemente aprobadas en Diputados: antimafias y regularización de armas.

Nada urgente en un ámbito donde el oficialismo tiene más preocupación por tener las puertas del recinto cerradas que abiertas. Pasa que está probado que allí la oposición más hostil cuenta con mayor poder de fuego, y entre otras cosas tendría en la mira el decreto 846/24, que habilita a canjear títulos de deuda en cualquier moneda, sin los requisitos estipulados y obviando al Congreso de la Nación. De hecho, los senadores opositores intentaron sin éxito forzar una sesión la semana pasada.

Salvo la informativa a la que asistirá el jefe de Gabinete, prevista para fin de mes, no sería de extrañar que la única sesión que fueran a tener sea la del presupuesto. En la cual podrían dar ingreso para su tratamiento a los 150 pliegos judiciales que el Ejecutivo se apresta a enviar al Senado. La aprobación de los mismos podría darse en todo caso también en extraordinarias.

En el marco de su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni coincidió con los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto de que el Gobierno puede gobernar sin tener un presupuesto aprobado, pero aclaró que “queremos gobernar con presupuesto, porque además, para nosotros este presupuesto es muy relevante en varios aspectos, y la regla del equilibrio fiscal para nosotros es fundamental”.

“Pero además, la vamos a cumplir igual”, dijo, para el caso de que no se apruebe finalmente la ley de leyes. Pero remarcó que el hecho de que esa premisa esté en el presupuesto “implica que el arco político en general entendió que no se puede vivir gastando más de lo que se tiene. Más allá de que siempre vas a tener esos personajes vestidos de rojo que van a rechazar todo”.

Adorni admitió también que “lo que dijo el jefe de Gabinete es correcto; yo lo he dicho también acá: podemos gobernar sin presupuesto; nos permitiría mantener nuestra columna vertebral, que es el equilibrio fiscal”. “Pero apelamos finalmente a que el presupuesto se apruebe”. Y ante las dudas de su interlocutor respecto de que el proyecto vaya a avanzar, respondió con ironía: “No sé qué marca de bola de cristal usás. Si vos tenés razón, y espero que te equivoques, se gobernará igual con equilibrio fiscal. Pero la verdad es que estamos todos con muchas ganas de contar con el Presupuesto 2025, siempre con la premisa de respetar el equilibrio fiscal”.

¿Jueces de la Corte por decreto?

También fue consultado el vocero respecto de una publicación en el medio DiarioAr, según la cual el Gobierno tendría la intención de designar por decreto, durante el verano, a los aspirantes a integrar la Corte Suprema cuyos pliegos enviados por el Ejecutivo están frenados en el Senado.

“No, no hay ninguna definición con respecto a eso. Para nada. No está ni evaluado, ni se conversó en las reuniones”, aclaró Manuel Adorni.

Los modos del Gobierno siguen siendo un tema… Lejos de circunscribirse al estilo presidencial, van extendiéndose entre los funcionarios, que descuentan que mérito al adaptarse y adoptar el estilo verborrágico de su líder.

En su presentación ante el Coloquio de IDEA, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, destrató a la oposición diciendo que “el 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros”.

Dos días después, el presidente visitó por primera vez ese ámbito empresarial en esa condición y si bien estuvo más bien moderado, cuando un periodista de C5N le preguntó por la reforma de la ley que reglamenta los DNU y si la iba a vetar si se aprobaba, él dijo que sí: “Obviamente”, porque en el fondo “están tratando de hacer un golpe de Estado; cambiar las reglas de juego a mitad de camino. ¿A vos te parece que es normal eso?”. Y sobre las protestas universitarias, les recomendó a los estudiantes que “no se dejen engañar por los delincuentes. Yo no voy a cerrar la universidad pública, no la vamos a arancelar, pero lo que no voy a permitir es a los chorros que viven de robarle la plata a los alumnos”.

Caputo siente que hoy tiene el respaldo del que no gozó en su primer paso por la función pública, con Mauricio Macri. Tampoco en tiempos de Cambiemos quería ir al Congreso, donde la oposición lo esperaba agazapada por la toma de deuda, pero el presidente de entonces le ordenó que fuera. Y le fue más o menos bien hasta que la entonces diputada Gabriela Cerruti recibió un papelito suyocon un mensaje y se armó un escándalo.

Desde entonces, no quiere ir más al Congreso, a pesar de que es uso y costumbre que los ministros de Economía presenten personalmente la ley de leyes. No es obligación, eso sí. Y el presidente Milei quiso sacarle presión presentándose él en persona en el recinto de Diputados el 15 de septiembre. Para la oposición no es lo mismo; el presidente hizo un stand up, sin responder preguntas, que es lo que debería hacer Caputo si concurriera. Que no lo hará, a pesar de que hay en curso un proyecto con dictamen para citarlo. No pasará de ahí: así como cuando citaron a la ministra Sandra Pettovello, Caputo no irá. La oposición lo sabe, e insiste igual para que al menos no le salga gratis la rebeldía.

Para justificarse, el ministro de Economía ha dicho que no piensa “prestarse a un show” en el Congreso. Curiosa manera de relacionarse con otro poder, cuya función constitucional es esa: interpelar al oficialismo, mientras no se infrinjan las reglas.

Los funcionarios cercanos al presidente justifican sus modos diciendo que esa es su forma de ser y no la va a cambiar. Está claro que ellos están convencidos de que eso le sigue redituando ante los propios, pero difícilmente le reporte beneficios semejante accionar en los mercados, o en aquellos que se espera inviertan en el país. ¿Qué tipo de inversor llegaría convencido si el propio presidente está agitando la posibilidad un golpe de Estado?

Con todo, no parece que los modos vayan a desvelar hoy al Gobierno: el riesgo país siguió bajando la última semana y el maltrato del Toto Caputo a la oposición fue coronado por un fuerte aplauso de su auditorio empresarial.

Así y todo, no significa que tengan razón. Esta última semana se entregó el Premio Nobel de Economía y Javier Milei no estuvo nominado, más allá de las expectativas que él mismo abrió en ese sentido (entiéndase la ironía). Por el contrario, los tres académicos que se hicieron acreedores a la distinción 2024 esta última semana lo recibieron “por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad”.

Los trabajos premiados demuestran que para la generación de riqueza no bastan los indicadores económicos o los recursos naturales. Éstos deben estar acompañados de instituciones sólidas para permitir que las inversiones tengan el adecuado clima de negocios y contribuyan así al desarrollo individual y social, explicó a propósito de esta distinción Alfredo Vítolo, presidente de Fores, una asociación civil destinada al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, asistencia técnica y capacitación.

El Gobierno se muestra despreocupado frente al conflicto universitario. En lo más alto del poder consideran que lo peor en ese sentido ya pasó y que la continuidad de las tomas terminará perjudicando a quienes las promueven. Por eso mantiene a su ejército de trolls activo en la materia y a la prensa amiga agitando permanentemente en contra de esa protesta. Algunos sostienen que no debiera tomarla a la ligera: las protestas estudiantiles tienen un componente especial; se sabe cómo empiezan y no cómo terminan.

Vencida en el recinto, la oposición amigable busca ahora modificar el presupuesto destinado al sector, pero no es cosa sencilla. El Gobierno se ha sentado sobre la plata y aclara que cualquier desvío de recursos debe salir de algún lado. No será fácil esa discusión en el Congreso.

Un Congreso donde el Gobierno siente que las últimas batallas ganadas lo han fortalecido enormemente en un lugar donde es infinitamente débil. El tercio y fracción que ha conseguido en dos oportunidades consecutivas para mantener vetos, le ha dado tranquilidad, aunque los números son demasiado ajustados y las lealtades volátiles. Igual, el presidente está tan confiado que ya promete los vetos para todo lo que lo moleste.

El que anticipó sobre la reglamentación de los DNU tiene que ver con un debate que arrancó la última semana, previo emplazamiento alcanzado en el recinto. Se trata de un tema que le quema los papeles a más de uno. Al kirchnerismo, que es autor y defensor de la norma desde que en 2006 la impuso la propia Cristina Kirchner como senadora, y casi 20 años después busca avanzar en sentido contrario. Y al Pro, que tiene iniciativas propias para cambiar el sistema y que ahora se ve interpelado defendiendo exactamente lo contrario. A modo de chicana, la oposición presenta entre los proyectos de cambios uno de Patricia Bullrich y hasta hay de Silvia Lospennato, a quien se la vio durante el plenario del martes pasado -en su condición de presidenta de Peticiones, Poderes y Reglamento- incómoda y sin intervenir durante el debate.

La reglamentación que comenzó a tratarse en comisiones, y que debería tener dictamen en dos semanas establece un cambio sustancial en el sistema vigente. Recordemos que los Decretos de Necesidad y Urgencia conservan su validez en la actualidad mientras no hayan sido rechazados en las dos cámaras. Y no hay plazos para su tratamiento, más allá de algunos que sí existen pero tampoco se cumplen.

Entre los cambios que se pondrán a consideración está el de que los DNU tengan un vencimiento para el caso de no ser tratados en el recinto. Y que deberían ser aprobados en ambas cámaras para mantener su vigencia. Cambios sustanciales e inesperados para un gobierno como el de Javier Milei, que erróneamente considera esa herramienta como clave, y ha cimentado parte de su gestión en el mega DNU 70/23, que fue rechazado en el Senado, pero que la oposición dialoguista protege en Diputados, al coincidir con buena parte del mismo y estimar que su caída sería un duro golpe para la actual gestión.

Esa oposición dialoguista tiene entre sus pilares al inoxidable Miguel Pichetto, de quien la semana pasada destacamos el discurso que expresó durante el debate por el veto. Allí le reprochaba al Gobierno no haber construido una mayoría parlamentaria institucional, y mantener “una apuesta a la confrontación”. Y también le endilgó estar haciendo un ajuste “al estilo de Martínez de Hoz”. Milei no le perdonó sobre todo eso último y ante la consulta del periodista Antonio Laje, dijo que Pichetto “es aliado del ‘partido del Estado’, es un tipo que siempre vivió del Estado, es un tipo que fue el que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, el que usó los artilugios institucionales para protegerla a Cristina y es el mismo que se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada cuando tiraban las banderas de Néstor y Cristina”. Y fue más allá: lo describió como “un ser inconsistente e incoherente” que, “de estar con el kirchnerismo, se fue con Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras”.

Semejante artillería utilizada contra el jefe de uno de los bloques clave para este gobierno lleva a pensar que el oficialismo ya debe pensar que con las leyes que tiene le alcanza; que si no le aprueban el Presupuesto, tanto mejor, y que con el poder de vetar todo lo que la oposición imponga le es suficiente.

Lo mismo pasa con la UCR cuyo bloque podría romperse esta semana. A LLA lo entusiasma la idea.

No es exactamente lo que se supone esperan en el FMI, ni mucho menos esos inversores de los que hablábamos. A los que tampoco debe tranquilizar demasiado una fractura expuesta en la mismísima fórmula presidencial, con una vicepresidenta haciendo una visita de Estado en Europa, con agenda propia y potente. Y de yapa un encuentro sorprendente con Isabel Perón, a quien homenajeó con un busto en el Senado elaborado en el más estricto secreto. Mensajes enigmáticos que en el Gobierno interpretaron dirigidos a una parte del peronismo nacionalista que la mira con cierta simpatía. La coincidencia con los libertarios es que también ellos se desviven haciendo gestos hacia el peronismo.

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) cuestionó la idea del Gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas: “Está pidiendo autorización para privatizar empresas sin tener la más remota idea de cuál es el plan que van a seguir”, y afirmó que van a insistir desde su bloque con el presupuesto a universidades y el aumento a jubilados del 8%.

“El tema del aumento del presupuesto universitario es un poco más corto y directo. Se está esperando que el presidente, tal como anunció, la vete. Eso no sabemos cuándo va a ocurrir, y tiene que ser esta semana porque se le vence el plazo, pero no sabemos y ahí obviamente la intención es insistir como se hizo con jubilados, aprovechando la ocasión del Presupuesto”, explicó Massot.

El bonaerense manifestó: “Acá se ha dicho con malicia que no había una discusión respecto de los fondos necesarios para financiar el aumento a universidades y el aumento a jubilados sin comprometer el déficit, lo cual es totalmente falso”.

“Desde diciembre, cuando la Ley Bases fue enviada por primera vez, le marcamos al presidente que había una gran inequidad en el planteo fiscal que compartíamos y es la crítica principal que le sigo haciendo. Al presidente le falta un plan distributivo que no tiene para nada que ver con un apartamiento, al menos de nuestro bloque, respecto del compromiso del déficit fiscal o del equilibrio fiscal que es totalmente firme”, planteó en diálogo por Radio Rivadavia.

En esa línea, Massot cuestionó que “la reducción prácticamente a cero del impuesto a los bienes personales, impuesto que yo no voté por una cuestión de principio y por la cuestión de conflicto de interés. Es difícil cuando tenes que encarar un plan de ajuste tan significativo y donde tenés que cuidar particularidades de la sociedad argentina, que se diferenciaron del resto de Latinoamérica siempre en términos de su fisionomía, de clases, generar un daño que no sabemos si se va a poder reparar en el futuro. Esa baja, por ejemplo, podría haber financiado sin problema universidades y jubilados”.

Al respecto, se vio optimista de contar con los votos para rechazar el veto sobre universidades: “Sí yo creo que están los votos. Para jubilados el Gobierno incorporó en la ley de Presupuesto de vuelta al tema porque nos pide que le ratifiquemos el DNU”.

“Nosotros vamos a insistir en una versión, obviamente diferente, en al menos incorporar el 8% retroactivo para jubilados indicando el financiamiento que tiene, en gran medida que ver, con lo que mi ley no hizo que fue discutir el gasto tributario y los regímenes especiales de tantos sectores. Si sumas universidades y jubilados estás hablando de 0.9 del producto el gasto tributario, llega a tres y medio”, adelantó.

Al ser consultado por el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas, el diputado de Encuentro Federal indicó: “Privatizaciones las que hemos sancionado hace tres meses es que estamos usando una ley del 92’ que no te especifica en ningún momento qué es lo que vos vas a hacer con la empresa en cuestión, de qué manera la vas a privatizar”.

“Quedó claro cuando vino el vicejefe de Gabinete y el secretario de Transporte la semana pasada el Congreso, ellos están pidiendo autorizaciones a trocha y moche para privatizar empresas sin tener la más remota idea de cuál es el plan que van a seguir”, criticó.

“Nos lo dijeron en la cara, no tienen ni idea si es que van a vender las acciones en su totalidad, si quieren sumar socios privados de la empresa. Tampoco están seguros si lo quieren licitar, si lo quieren hacer como una compulsa de precios o si quieren hacer una venta directa”, cuestionó.

Así, sumó: “Lo que nos piden en función de la ley de los 90’ es que demos un cheque en blanco para avanzar con las privatizaciones de la manera en que queramos en cada empresa sin más controles del Congreso y sin ningún tipo de información”, y recordó: “En ocasión de la Ley Bases nosotros hicimos todo lo posible para modificar la ley del 92’. Nos fue muy costoso y lo único que pudimos incorporar fueron algunas instancias de información en una Bicameral que es crucial en este proceso y no está constituida, a pesar de que el Gobierno tiene hace más de 3 meses que tiene 9 privatizaciones autorizadas”.

“Realmente lo que nosotros vemos de parte del Gobierno es que no hay ninguna voluntad de cristalizar y de transparentar estos procesos y no hay ninguna voluntad al final de discutir pragmáticamente empresa por empresa”, apuntó Massot y explicó: “Es un proceso larguísimo y cualquier persona interesado en una compañía lo primero que te va a pedir es que la empresa está en orden y eso se llama gestión. Hay que gestionar, hay que ordenar una empresa que tiene activos que se quieren transaccionar y estamos años luz de que el gobierno lo haga”.

Por último, aseguró no haber visto el discurso que brindó el presidente de la Nación en Parque Lezama: “No vi el discurso, solo algunos recortes en Twitter que es lo que generalmente uno hace. No vi ninguna novedad”, y cerró: “Los que movilizaron todos los micros son gente que no tuvieron fiado en el resto de los partidos políticos y, en muchos casos, es lo peor de la política y eso es lo que movilizó con el presidente que dice que está en contra de la casta, pero los tuvo al lado. Yo creo que hay una serie de contradicciones que se está volviendo insoportable”.

Mientras el Gobierno se llamó a sosiego tras escuchar los dichos del papa Francisco del viernes pasado, diversas figuras del oficialismo sí se ocuparon de responderle al Santo Padre. Y entre los más severos se lo escuchó al diputado nacional José Luis Espert, quien este lunes continuó expresándose respecto de las observaciones muy críticas que Francisco hizo sobre el Gobierno de Javier Milei.

Entrevistado por CNN Radio Argentina, Espert sostuvo que “los dichos del papa Francisco son políticos”, y agregó que “debería dedicarse menos a la política y más a lo espiritual”.

Y finalizó: “Si yo fuera el Papa, estaría más preocupado por la pérdida de feligreses que la Argentina”.

Consultado sobre el Presupuesto 2025, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dijo que el presentado por el Palacio de Hacienda “es una gran innovación comparado a los otros que hemos tenido”.

“El déficit cero se va a lograr sin subas de impuestos”, comentó Espert, en tanto que dijo que “a partir del primero de enero se termina el Impuesto PAIS”.

Y aclaró: “La prioridad es pagar la deuda para que haya capital en la Argentina”.

Con relación al cepo cambiario, el diputado de La Libertad Avanza recordó que “la flexibilización del cepo está ocurriendo ahora” y dijo que “lo que queda es eliminar el cepo de manera gradual”.

“Si tenemos un desembolso del FMI, liberamos el cepo antes”, advirtió, y sostuvo que “acumular reservas netas es la clave para terminar con el cepo”.

Consultado sobre los dichos del exviceministro de Economía de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, que dijo que sería muy difícil pensar en que no vaya a haber una devaluación a la salida del cepo, Espert lo tildó de “fracasado”, y replicó que “nos dejó un país incendiado”.

Y añadió: “Rubinstein debería tener un poquito más de cuidado antes de opinar”

Mónica Schlotthauer, diputada nacional por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, explicó los motivos por los que no concurrirá este domingo al Congreso cuando hable Javier Milei lo mismo que todo el Frente de Izquierda Unidad. “Ya lo conocemos a Milei. Va al Congreso a exponer el presupuesto 2025 de brutal ajuste para generar más pobreza, saqueo y entrega al FMI y a los grandes empresarios y multinacionales. No lo vamos a avalar con nuestra presencia, que vayan sus amigos”.

Schlotthauer agregó una nota de color: “Milei tiene bastantes problemas. Hasta Karina Milei le pidió a Susana Giménez que no inaugure su ciclo de programas este domingo a la misma hora de su discurso”.

Schlotthauer finalizó adelantando que “Milei va a reiterar que recorta las jubilaciones y a las universidades diciendo que “no hay plata”. Es un mentiroso. Plata hay. Pero la destina a pagar la fraudulenta deuda externa, mientras les rebaja impuestos a los ricos, a las multinacionales del saqueo con el RIGI y ya usó parte de los 100 mil millones que le dio a la SIDE. No vamos el domingo y llamamos a seguir batallando contra la motosierra de Milei. Que se vaya la represora Patricia Bullrich. Y por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda que solo desde el Frente de Izquierda postulamos”.

La diputada nacional Margarita Stolbizer presentó el proyecto, que había anticipado, para derogar el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional dispone la asignación adicional al Presupuesto General de la Administración Nacional de la suma de 100 mil millones de pesos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado.

La legisladora de Hacemos Coalición Federal había anticipado en su red social la presentación de dicha iniciativa en la que apunta contra el Gobierno de Javier Milei que tiene “la pretensión personal de imponer una personalidad avasallante y extralimitada en el ejercicio del poder”.

El Jefe de Gabinete debe asistir al Congreso una vez x mes a dar Informe, dice la Constitución.
8 meses de gobierno y en Diputados no aparece.
Siguen gobernando x DNU, abuso de poder y violando las leyes.
Asignar fondos reservados y para inteligencia, son atribuciones exclusivas… pic.twitter.com/S6bc7AS7fX

— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) July 24, 2024

Stolbizer alertó que “estamos frente a una degradación altamente preocupante del funcionamiento de las instituciones”, y sumó: “El abuso en el dictado de normas que se encuentran prohibidas o cuyo uso debería ser absolutamente extraordinario, instalan la idea de un estado de excepción convalidado a sola firma del Presidente de la Nación”.

Además, cita el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que advierte: “Cabe señalar que el dictado de este Decreto de Necesidad y Urgencia (que tiene fuerza de ley) tiene origen en las disposiciones del artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.

3903-D-2024

En medio de la ola de críticas hacia el Gobierno nacional por destinar al presupuesto general de la administración nacional 100 mil millones de pesos d a la Secretaría de Inteligencia De Estado (SIDE) para fortalecer el sistema de inteligencia nacional, una diputada de la oposición adelantó que presentará un proyecto para derogar ese DNU.

Se trata de la diputada Margarita Stolbizer del bloque Hacemos Coalición Federal que calificó al Gobierno de “hipócrita” porque “firman DNU 656/24 que asigna 100 mil millones de pesos a la SIDE /AFI o como se llame un área de inteligencia que lo menos que tiene es eso”.

A través de un posteo en su red social “X” la titular del Partido GEN apuntó: “Además de no cumplir con la obligación de enviar al Congreso las reformas de presupuesto y asignación de recursos, se trata de FONDOS RESERVADOS, o sea gastaran eso quien sabe quién y en qué. Nada bueno seguro y menos sin información ni control”.

En esa línea, cuestionó: “Entre otras cosas, es inmoral. Los costos lo siguen pagando jubilados y trabajadores para que otros sigan de fiesta con la plata del estado”, y sostuvo que es un “doble discurso. Doble moral”.

“No cumplen normas Constitucionales para asignar partidas y se burlan de nosotros mientras alimentan castas y mafias”, criticó y adelantó: “Voy a presentar proyecto para derogar o rechazar ese DNU. Pero también se necesita reacción social para frenar esta locura”, sin dar precisiones de cuándo impulsará dicha iniciativa.

En medio de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y a la espera que en Diputados se aboquen en el recinto por los temas educativos en el mes de agosto, el diputado nacional Pablo Carro (UP – Córdoba) presentó un proyecto para actualizar las partidas del Presupuesto de los servicios de radio y tv de la Universidad Nacional de Córdoba.

La iniciativa contó con el respaldo de diputados coterráneos de diferentes bloques: Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Juan Fernando Brügge (HCF), Soledad Carrizo (UCR), Natalia de la Sota (HCF), y Gabriela Estévez (UP).

El proyecto dispone una ampliación de la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto Nacional del ejercicio 2024 destinada a cubrir los gastos corrientes de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT UNC), en virtud de la desactualización presupuestaria y la situación de emergencia que atraviesa los referidos multimedios público. “El Poder Ejecutivo Nacional destinará a los SRT UNC $ 2.651.024.000 como Transferencias Corrientes del Tesoro Nacional”, establece.

Presenté un proyecto acompañado por las y los diputados @gabiestevezok, @juanfbrugge , @MSoleCarrizo, @NataliaDLSok y @GabrielaBrouwer para actualizar el presupuesto de los SRT a partir de la inflación acumulada del 271,5% (Jun 23 - jun 24). 👇 pic.twitter.com/4HWELlWB06

— Pablo Carro (@PabloCarroOk) July 19, 2024

“Los SRT constituyen el principal grupo de medios públicos del interior de Argentina, con una audiencia distribuida en seis provincias, e históricamente han formado parte de las políticas públicas de comunicación como referentes universitarios en la materia”, fundamentó y precisó: “Ya finalizando el año 2023, las y los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba comenzaron a alertarnos de una situación de profunda inestabilidad”.

Carro recordó que “el 27 de febrero del corriente año el Consejo Superior de la UNC aprobó un plan para ‘adecuar, reconvertir y reorganizar la estructura y funcionamiento de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) a los efectos de su continuidad y sostenibilidad’. A principios de julio de 2024, según nos informan fuentes sindicales del sector, más de 60 trabajadores/as adhirieron al primer programa de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.

P L Ley Carro y otros ampliacion presupuesto SRT Córdoba

Las sucesivas ampliaciones y reasignaciones presupuestarias aplicadas por el Gobierno nacional tienen sólo tres ganadores: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Servicio de la Deuda Pública.

Salvo la Cancillería, todos los ministerios siguen brutalmente ajustados. La cartera de Salud sufre “el ajuste después del ajuste”; y Capital Humano se “descapitaliza” aceleradamente.

Está claro que la administración presupuestaria no constituye un instrumento neutro. Es una herramienta esencial de política pública al servicio de una estrategia.

En diciembre del año pasado, el presidente Javier Milei congeló gastos de la administración nacional prorrogando, para 2024, el mismo Presupuesto de 2023. Lo hizo mediante el Decreto 88/2023, publicado el 27 de diciembre.

Siempre en el marco de un severo ajuste, en los meses sucesivos la administración se vio forzada a conceder varias ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. La última se aprobó mediante la Decisión Administrativa 284/2024, publicada el 9 de mayo en el Boletín Oficial.

Tomando como fuente un cuadro de datos publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, basado -a su vez- en indicadores del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), puede concluirse que:

- Sólo uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional tuvo, en lo que va del año, actualizaciones presupuestarias por encima de una inflación acumulada que al cerrar el mes de marzo fue de 51,5% y cuando se conozca el IPC de abril estaría superando el 60%. Se trata del Ministerio de Relaciones Exteriores, que había comenzado el año con un crédito presupuestario de 188.315 millones de pesos pero, con las sucesivas ampliaciones aprobadas, creció 86% en cuatro meses, llegando a 350.670 millones de pesos en mayo.

- Por fuera del Poder Ejecutivo, Milei se ocupó de que los recursos asignados al Poder Judicial, que crecieron 71% entre enero y mayo, también le ganaran a la inflación, al pasar de los 530.348 millones iniciales a los actuales 907.545 millones de pesos.

- El tercer ítem que más creció porcentualmente en la asignación presupuestaria fue el destinado al Servicio de la Deuda Pública, que aumentó 60%, empatando virtualmente con la evolución general de los precios de la economía. Había iniciado el año con 4,5 billones de pesos (equivalentes a unos 5.026 millones de dólares) y en mayo ya tiene asignados 7,2 billones de pesos (aproximadamente 8.042 millones de dólares).

En cambio, los recursos presupuestarios destinados al Ministerio de Salud ya perdieron 50 puntos porcentuales contra la inflación, en la medida que las actualizaciones de fondos para esa cartera sólo ascienden al 11%. En el caso del Ministerio de Capital Humano (que incluye todas las áreas de política social y de trabajo), la pérdida hasta mayo fue de no menos de 22 puntos porcentuales contra la inflación acumulada.

Las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias hablan por ellas mismas. Revelan lo que Milei y Toto Caputo callan; o iluminan la verdad cuando las sombras quieren taparla.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un escrito al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para solicitar una sesión especial con fecha del próximo miércoles 24 de abril y así tratar la modificación del Presupuesto con una actualización dirigida a las partidas para universidades nacionales.

El día después de la marcha nacional de las universidades públicas para este martes 23 de abril, la oposición pretende debatir el tema en el recinto. El último miércoles, organizaciones estudiantiles debatieron con legisladores de UP, el FIT, la UCR y HCF, donde ampliaron la cuestión. 

En el encuentro reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

El temario inicia con el pedido de tratamiento de la iniciativa de Romina del Plá para declarar la emergencia presupuestaria de las obras sociales de universidades nacionales; y otro de Mónica Litza con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.

Se incluyó, también, el proyecto del diputado nacional Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

También, están incluidos los pedidos de declaración de emergencia presupuestaria del sistema universtiario impulsados por Christian Castillo (FIT-U) y Julia Strada (UP).

Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 para el este período a través del DNU 88/2023 a pocos días de asumir en el Gobierno Nacional. El tratamiento de la Ley de Leyes para este año quedó suspendida acuerdo mediante entre el libertario y Sergio Massa, exmnistro de Economía, en el marco de las elecciones presidenciales.

En esa línea, buscan llevar al recinto el reclamo de la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde la oposición han explicado anteriormente que al prorrogarse el Presupuesto 2023, "se autoimpone la continuidad del FONID".

Creado en 1998 y revalidado período tras período, para este año el Gobierno Nacional decidió no continuar con la prórroga, por lo que perdió vigencia el 1ero. de enero del 2024 tras casi 25 años de validez .

El temario propone tratar varias iniciativas de UP, el FIT, el radicalismo y uno de Margarita Stolbizer  donde exigen reestablecer la vigencia del FONID desde el 1ero. de enero de 2024 y su prórroga por 1, 2, 4 y 5 años. Todos los proyectos se presentaron en el inicio del año.

Por otro lado, están incluidos en el temario que pretenden llevar al recinto los diferentes dictámenes avalados esta semana por la Comisión de Previsión y Seguridad Social respecto a la modificación de la fórmula previsional.

Los 5 textos fueron presentados por las bancadas de Unión por la Patria (13 firmas), el bloque de la UCR junto a Hacemos Cambio Federal (7 firmas), y el Frente de Izquierda (una firma). En tanto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza, junto al Pro, habían presentado un dictamen en defensa del DNU 274/2024 (otorgó aumento por decreto a las jubilaciones).

El pedido para sesionar lleva la firma de 24 diputados de UP. Entre otros, están las del jefe de bloque Germán Martínez, la vicepresidenta primera Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Mónica Macha, Máximo Kirchner y Carlos Heller.

📄 • El bloque de UP solicita #SesiónEspecial para el próximo miércoles 24 de abril, a las 11.

El financiamiento de las Universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las Jubilaciones no pueden esperar.

Tratamiento URGENTE en el recinto.

📎 Se adjunta pedido. pic.twitter.com/23kyCfpclK

— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 19, 2024

La pregunta del millón, de cara al debate del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, gira obviamente en torno al resultado de la votación, o mejor dicho, las votaciones, porque hay numerosos tópicos importantes en torno a los cuales gira esta ley. Pero sin lugar a dudas la otra incógnita no menor es la extensión que tendrá este debate.

Porque si bien se ha reducido el número de artículos del proyecto, se descuenta que la sesión será muy extensa, con un mínimo de horas de debate que muchos fijan en 30 horas, dándose por descontado que ese será el piso de la duración. Recordemos que incluso el presidente de la Cámara, Martín Menem, llegó a sugerir la posibilidad de que pudiera durar 4 días.

Todo indica que esta sesión tendrá una extensión récord. Con cuarto intermedio o sin él. Pero veamos cuál fue la extensión de otras sesiones recordadas por su importancia y -también- duración.

La primera que puede servir para la comparación es la sesión del 19 y 20 de diciembre de 2019, para tratar las emergencias que pidió el por entonces nuevo gobierno de Alberto Fernández. Vale recordar que a esa ley también se la conoció como la “ley ómnibus”. Tuvo una extensión superior a las 19 horas. Comenzó a las 15.05 y terminó a las 10.19 del día siguiente.

El último presupuesto aprobado durante la gestión de Alberto Fernández se votó en la Cámara baja el 26 de octubre de 2022. La sesión duró 19 horas 27 minutos.

Las sesiones en las que se debatió el aborto fueron muy largas también. Más la primera, celebrada el 13 y 14 de junio de 2018, que se extendió casi 24 horas. Más exactamente 23 horas y 19 minutos.

La segunda sesión de Diputados sobre el aborto se celebró en tiempos de Alberto Fernández, el 10 y 11 de diciembre de 2020, y se extendió 21 horas 36 minutos.

Vayamos más lejos en el tiempo. Una sesión muy extensa y que bien podría parecerse a esta de la ley de Bases fue la estatización de YPF. Celebrada los días 2 y 3 de mayo de 2012, arrancó el día 2 a las 15.50, pero tuvo la particularidad de que se pasó a un cuarto intermedio pasada la medianoche, a las 0.06. La sesión se reanudó al día siguiente a las 10.10 de la mañana y se extendió hasta las 22.47. Casi 22 horas en total.

Otro debate muy caliente fue el de la Ley de Medios Audiovisuales. Fue el 16 de septiembre de 2009, pero la sesión no resultó tan extensa: casi 16 horas.

Por último, citemos otra sesión emblemática: la de la estatización de Aerolíneas Argentinas. Fue entre los días 21 y 22 de agosto de 2008. Comenzó la sesión a las 12.29 y se extendió hasta las 2.14 de la madrugada siguiente. Casi 14 horas.

La sesión más larga de la historia hasta ahora fue la posterior a la de las 14 toneladas de tierra, en la que se trató la reforma previsional en tiempos de Mauricio Macri. Fue el 18 de diciembre de 2017 y tuvo cuarto intermedio. La primera parte duró 17 horas 6 minutos, con cuarto intermedio a las 7 y 18 de la mañana y se reanudó el 19 de diciembre a las 17.04, hasta las 4.18. Fueron así 17.06 horas el primer día, 11.14 el segundo. Total, 28 horas 8 minutos.

Las sesiones más extensas 

Fecha	Tema	Hora de inicio	Hora de cierre	Total
26/10/22	Presupuesto 2023	13.45 hs.	9.12 hs.	19 horas 27 minutos
11/12/20	Aborto	11.12 hs.	8.48 hs.	21 horas 36 minutos
19/12/2019	Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva	15.05 hs.	10.19 hs.	19 horas 14 minutos
13/06/18	Aborto	11.22 hs.	10.41 hs.	23 horas 19 minutos
18/12/2017	Reforma previsional	14.12 hs.	7.18 hs.
19/12/17	Reforma previsional	17.04 hs.	4.18 hs.	28 horas 8 minutos
2/05/12	Estatización de YPF	15.50 hs.	0.06 hs.
3/05/12	Estatización de YPF	10.10 hs.	22.47 hs.	21 horas 53 minutos
16/09/09	Ley de Medios	11.23 hs.	3.15 hs.	15 horas 52 minutos
21/08/08	Estatización de Aerolíneas	12.29 hs.	2.14 hs	13 horas 45 minutos

 

 

 

 

 

Consiguió dictamen y quedó listo para ser debatido en el recinto de la Cámara baja el proyecto que crea el programa Compra sin IVA, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 22 de septiembre pasado. Desde el oficialismo se anticipó la intención de que el proyecto sea incluido en la próxima sesión de la Cámara baja y dejaron abierta la posibilidad de introducirle modificaciones “para mejorarlo”.

Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría que contiene una serie de correcciones que incluían una fecha de vencimiento para el presente año, a los efectos de no condicionar la política tributaria del próximo gobierno.

Todo sucedió en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunió este miércoles por la mañana y cuyo presidente, Carlos Heller, detalló inicialmente los alcances del programa, precisando cuáles son los beneficiarios que tendría el proyecto, y en qué casos se producen exclusiones.

Planteó cómo se hará el reintegro, cuál es la autoridad de aplicación y dejó abierta la posibilidad para que “de acá a la sesión sigamos trabajando y algunas cosas se resuelvan en el campo de la reglamentación”.

Concluido el detalle de los alcances de la propuesta, Heller sostuvo que el objeto de la propuesta “está claro y tiene que ver con toda una propuesta que intenta compensar el deterioro del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. Recordó que ya había el Gobierno avanzado con un proyecto que alcanzaba a otro sector de la sociedad, como es el alcanzado por el impuesto a las Ganancias, y “en este caso se plantea la devolución para otro segmento que no está alcanzado por aquel beneficio, el sector de menores ingresos”.

En ese sentido aportó un dato clave: al 30 de septiembre ya habían accedido al beneficio 16.008.231 personas, por un monto de 25.300 millones de pesos de devolución. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que el método de devolución aplicado “parece ser el método más indicado, porque permite segmentar y determinar a qué sector se beneficia y sobre qué tipo de bienes se aplica.

“Ha habido otros intentos en que el beneficio ha quedado en los tramos de la  intermediación y no le han llegado al consumidor”, agregó para terminar.

El dictamen de minoría

Al anticipar la presentación de un dictamen alternativo, el diputado nacional de Evolución Radical Alejandro Cacace contó que JxC había estado analizando la propuesta y coincidían en la aplicación de una medida que atendiera la “profunda crisis económica” y los efectos de “la fuerte aceleración inflacionaria en nuestro país y su perjuicio”. Pero más allá de coincidir en la necesidad de hacer una devolución, dijo, hay una serie de cuestiones que les preocupan del texto original.

Habló entonces de la necesidad de compensar la pérdida de  recursos que la aplicación de esta norma provoca. “Lo que termina pasando es que se profundiza la emisión monetaria para financiar el gasto público”, advirtió, por lo que dijo que “nos parece fundamental que haya una restricción sobre la capacidad del Tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y la asistencia del Banco Central”.

“En el dictamen alternativo que estamos proponiendo vamos a incluir un artículo que dice: ‘Se suspenden las disposiciones contenidas en los artículos 20°, adelantos transitorios, y 38°, que el giro de utilidades de la Carta Orgánica del Banco Central y todo mecanismo de financiamiento del Banco Central al Tesoro’. No sigamos financiando el gasto público, demandamos una fuerte contención sobre esa capacidad de financiamiento del gasto del Tesoro. Esto es central dentro de la propuesta que estamos haciendo”, resumió.

En segundo lugar, sostuvo Cacace que en el contexto de emergencia vigente “entendemos que hagamos esta devolución a los sectores postergados”, pero aclaró que desde JxC no creen que sea responsabilidad del actual Gobierno fijar la política tributaria del próximo. El diputado puntano remarcó que el oficialismo había salido “tercero” en las elecciones PASO, “después de haber hecho más de 20 aumentos de impuestos” y que ahora pretendía fijar la política tributaria futura con leyes como esta.

Por eso propuso que “las disposiciones de la presente ley tengan efecto con las compras efectuadas hasta el 9 de diciembre de 2023 inclusive. En el mismo plazo disponemos la suspensión de las disposiciones de la Carta Orgánica a través de las cuales se financia el Tesoro Nacional”.

El tercer punto señalado por Cacace tenía que ver con los beneficiarios. “Nos encontramos con que la curiosidad es que haya personas que no son pobres y están beneficiadas; y que haya personas que son pobres y no están beneficiadas”, señaló, por lo que propuso incluir en el artículo 1° la situación de los informales. Tras remarcar que se pretendía mejorar la propuesta, el legislador de Evolución dijo que en el dictamen alternativo incluían a los trabajadores informales que serían determinados con el mismo criterio con el que el Gobierno los ha ubicado a través del pago de un bono.

“No tiene sentido que hagamos una ley para ayudar a los pobres y no incluyamos a los que sí lo son”, sintetizó.

Cuarto punto. “Cuando se hizo la resolución general 458, el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que ‘vamos a hacer la devolución a cargo del Tesoro y esto no va a afectar a las provincias. Todos los gobernadores se quedaron tranquilos entonces, pero cuando llegó el proyecto no decía nada”. Agregó que luego llegó el i nforme de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estableció un costo fiscal de 1,29 del PBI ya asumido por el Estado y se encontraron con que cambiaba la distribución del impacto fiscal, marcando que el mismo quedaba a cargo de las provincias. Cacace recordó que se lo había preguntado a Carlos Castagneto cuando concurrió a la comisión, y éste le dijo que “lo hacemos por ley para que las provincias paguen su parte”.

“No estamos de acuerdo”, enfatizó el diputado opositor, que reclamó “que se cumpla lo que dijo Massa y que esté a cargo del Tesoro”.

El quinto punto tiene que ver con “las facultades del Ejecutivo”. Sobre el tema, Cacace dijo que “no las compartimos así de amplias” y recordó que “los tributos son responsabilidad de este Congreso: modificarlos, eliminarlos, determinar las alícuotas”.

“Le han impuesto una facultad muy curiosa: fijar la magnitud del reintegro en hasta un 21%. Perfecto, pero cuando dicen ‘hasta’, le dan la facultad al Ejecutivo de que mañana pueda decir del 15%, 10%, 5%, o cero… ¿Vamos a aprobar una ley para que mañana el Ejecutivo diga no hay más ley, se terminó? Esa facultad de ningún modo puede estar. En nuestra propuesta la removemos”, explicó Cacace, que sí se mostró dispuesto a que se amplíen los medios de pago, incluyendo a las billeteras virtuales.

Intervino a continuación el preside Carlos Heller, para hacer una serie de observaciones. Dijo al respecto que ya hay  más de 16 millones de personas que usaron el beneficio “y supongo que es un número que es creciente y es  probable que queden sectores menores que tengamos que corregir y emprolijar, pero está claro el espíritu de este proyecto, que es absolutamente inclusivo”.

Respecto del primer punto, la ampliación del alcance del beneficio, el diputado del Frente de Todos dijo que tratarían de encontrar la manera de resolver el tema, pues “no hay una idea de excluir a ningún sector”.

A continuación, salió al cruce de la advertencia opositora sobre la emisión, vieja discusión en este Congreso sobre el origen de la inflación. Heller llamó a “terminar con un mito” y explicó que “en los primeros ocho meses (del año) la base monetaria cayó un 25,5% en términos reales”, por lo que “de ninguna manera la emisión ha sido generadora de la inflación, ha ido por detrás de la inflación”.

“No es en este caso la emisión monetaria la causa; es en todo caso una consecuencia”, remarcó, agregando que a él le gusta decir que la emisión “no es locomotora, es vagón; la inflación se produce por otros factores, discutámosla. Y los que quieren discutirla son los que generaron problemas como la convertibilidad. Tenemos que discutir por qué aumentan los precios, que aumentan como si fuera un fenómeno meteorológico independiente de la economía real”.

Otros cambios

La diputada del Pro Victoria Morales Gorleri pidió incluir en la norma a niños, niñas y adolescentes, no contemplados en ese proyecto. “Hemos recibido de Juan Facundo Hernández, el defensor adjunto de la Defensoría (del Niña, Niño y Adolescente) un alerta de que no estuvieran incluidos los programas de acompañamiento de jóvenes”, y citó casos como la reparación económica para víctimas de femicidios, entre otros. El dictamen de minoría los incluye.

También habló sobre el tema la diputada Carla Carrizo, que le puso cifras a esos programas, para dejar claro que no incluyen un universo tan amplio, y precisó que el programa SOS alcanza a 3.483 personas; la Ley Brisa a 1.048 y el programa Aunar a 150.

Desde el oficialismo, Itai Hagman aclaró que “es el Congreso el que fija la política tributaria, no el Gobierno”. Y advirtió que si desde la oposición presentaban un dictamen de minoría poniéndole fecha de vencimiento a diciembre de este año con el argumento de que “es un problema que sancionemos una ley que fija un programa para el año que viene. Tengo derecho a interpretar que ‘si ganamos las elecciones, este programa no lo vamos a implementar’… Las leyes no se hacen con fecha de vencimiento”.

El sanjuanino José Luis Gioja señaló por su parte que las provincias van a recaudar más, porque “al lado del IVA viene Ingresos Brutos”, y destacó que “la mejor compensación que tienen las provincias es que haya más justicia social reformando un tributo absolutamente regresivo, haciéndolo más progresivo”, en tanto que Juan Marino sostuvo que ese era un proyecto que debía salir “por unanimidad”, y pudiera establecerse un compromiso que dijera que se mantendría “gobierne quien gobierne”. De paso, manifestó su acuerdo para que se incluyera la propuesta de los beneficios para minos, niñas y adolescentes.

A su turno, Martín Tetaz no dejó pasar la oportunidad de contestarle a Heller sobre la emisión monetaria. Según el economista radical, si eso no tuviera ningún efecto, entonces “eliminemos el IVA directamente y ya está”. Luego advirtió sobre la desmonetización de la economía. “¿Sabe por qué cae la economía? Porque la gente está tratando de protegerse de ese signo monetario que está perdiendo valor. Pregúntele a (el diputado Sergio) Palazzo cómo evolucionaron los depósitos. Lo espoileo: solo 2% en términos nominales, contra una inflación de 12%. Se está hundiendo la demanda de dinero, pero se agrega la demanda de dinero para fines transaccionales”.

Agregó Tetaz que “muchos alquileres ya comienzan a fijarse en dólares” y en ese sentido dijo que “cada transacción que deja de hacerse en pesos y comienza a hacerse en dólares hace que sobren más pesos. Si se empieza a utilizar cada vez más dólares, le van a sobrar más pesos, aunque no los emita. Si la gente empieza a gastar, le van a sobrar, por eso la cuenta que le da”.

Y cerró el tema: “Si no tiene un Banco Central fuerte que retire los pesos, le pasa lo que está pasando ahora, que se acelera la inflación”.

Volviendo al proyecto, Tetaz justificó la intención de ponerle fecha de vencimiento a la ley en el hecho de que a partir del próximo gobierno –y dando por sentado que ese sería Juntos por el Cambio- anticipó que “vamos a cambiar toda la estructura monetaria de la Argentina a partir del 10 de diciembre, y va a estar regido a partir de los criterios que establece la ciencia económica. Y va a estar regido esencialmente porque se rompa lo menos posible la economía. No es bueno utilizar el sistema impositivo para hacer políticas públicas”.

Cerró el debate el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, quien valoró “la decisión política de nuestro Gobierno y nuestro ministro de Economía, instrumentada por la AFIP”. Que se traduce en que más de 16 millones de personas estuvieran teniendo reintegro del IVA. “Y más allá de todos os debates, esa es una cosa para reivindicar”, dijo, resaltando “el impacto no solamente en el bolsillo de los argentinos, sino también en los niveles de movimiento económico y facturación de los negocios que venden esos bienes a los que se aplican esos criterios”.

Con referencia al financiamiento de la ley, recordó que hay un “debate abierto” en torno al Presupuesto 2024 y en ese sentido aclaró que “el ámbito para que podamos profundizar ese debate es la discusión del Presupuesto”.

Mostró también disposición a incorporar determinados colectivos, pero aclaró que había que ver bien cómo instrumentarlo, para no terminar haciendo un artículo 1° amplio e inocuo.

Por último, se refirió al artículo 1°, inciso a, del proyecto, que incluye a “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”. “No hay ninguna negación a jubilados de cajas provinciales no transferidas a la Nación; vamos a pedir que se explicite claramente para que llegue tranquilidad a todos los que nos preguntaron estos días”, concluyó Martínez.

Cerró la reunión Carlos Heller, quien se refirió puntualmente a ese último punto, anunciando que lo incorporarían con un texto que dice: “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, nacional o de cajas provinciales no transferidasa a la Nación en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”.

“Es decir, estamos incorporando, para que no haya dudas, la interpretación del Ejecutivo, que no hacía falta, porque al no haber ninguna mención, estaban incluidos todos, pero ante la existencia de la duda, vamos a cambiar el texto del dictamen y vamos a ponerlo de esta manera”, aceptó Heller.

También mostró disposición a considerar en el transcurso de la semana los planteos referidos a “zona desfavorable”. “Hay razonabilidad en el planteo, vamos a analizar cómo debería redactarse, igual que otras cuestiones, como la de (Carla) Carrizo, y vamos a trabajar en esos temas tratando de consensuar”.

Antes de concluir, el presidente de la comisión destacó la presencia de los 49 integrantes de la comisión, lo que indicaba que la misma había “funcionado a pleno, 100%”, lo que daba cuenta de la importancia del tema.

Sorprendió a propios y extraños el pedido de Javier Milei de este martes al ministro de Economía de postergar la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional 2024, siendo que una ley establece  expresamente la fecha límite en la que el texto debe llegar al Congreso.

El argumento del diputado libertario es que en las elecciones de este año se va a definir un nuevo presidente para los próximos cuatro años y recuerda que él es uno de los candidatos, de hecho el más votado en las PASO.

El pedido libertario causó la inmediata reacción de diputados de Juntos por el Cambio, entre ellos Graciela Ocaña, que concedió que podía pedir una postergación en el tratamiento, mas no incumplir la ley.

La realidad es que no hay antecedentes de que la presentación del proyecto se haya postergado. No oficialmente. Ha sucedido, sí, alguna dilación el 15 de septiembre, pero nunca sucedió que se reconociera y mucho menos se oficializara una postergación.

En la práctica, lo que sucede es que el presidente saliente tiene la potestad de decidir si le ordena al oficialismo de turno avanzar o no con el tratamiento del texto. Por ejemplo, en 2005, cuando no hubo elecciones presidenciales, pero sí elecciones intermedias, Néstor Kirchner decidió esperar a ver el resultado de las mismas, confiado en que el Frente para la Victoria ganaría con amplitud y postergó el tratamiento del proyecto para cuando asumieran los nuevos legisladores. Así las cosas, el Presupuesto 2006 se aprobó el 16 de diciembre de 2005 en Diputados y el 23 de diciembre en el Senado. Si bien contaba con el apoyo de los legisladores peronistas, el santacruceño no se sentía lo suficientemente empoderado y por eso quería antes vencer al duhaldismo, cosa que consiguió en la provincia de Buenos Aires en lo que se recuerda como “la madre de todas las batallas”.

En 2010, el kirchnerismo perdió las elecciones intermedias que había resuelto adelantar, para ver si podía evitar una derrota que al final sucedió. Y atento a que perdería la mayoría legislativa, mandó a votar el Presupuesto 2010 antes del recambio parlamentario. En la Cámara baja se aprobó el 15 de octubre y en el Senado el 12 de noviembre.

En 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner dejaba el poder, la aprobación del Presupuesto 2016 se resolvió en Diputados el 8 de octubre, y en el Senado 20 días después. Esto es, cuando se convirtió en ley ya se sabía que había balotaje, más no quién sería el nuevo presidente.

En el caso de Mauricio Macri, en las elecciones intermedias de 2017 también resolvió aguardar a la nueva conformación legislativa y el Presupuesto 2018 se aprobó el 22 de diciembre de 2017 en la Cámara baja y el 27 de diciembre en la Alta.

Mauricio Macri no hizo con Alberto Fernández lo que Cristina había hecho con él. El entonces ministro de Economía Hernán Lacunza cumplió con la formalidad de mandar al Parlamento el presupuesto el 15 de septiembre, y al día siguiente fue al Congreso a defenderlo. Pero fue una formalidad. Después del resultado de las PASO, lo más probable era que Cambiemos perdiera las elecciones y de común acuerdo se estableció dejarle las manos libres al ganador para avanzar con el proyecto pasadas las elecciones generales.

Cuando la victoria del Frente de Todos se concretó, el Gobierno que asumió el 10 de diciembre anunció que se tomaría su tiempo para armar un nuevo proyecto una vez vieran todas las cuentas, luego dijeron que lo harían en el transcurso de la primera parte de 2020, y cuando vino la pandemia ya no se habló más del tema.

El tratamiento más insólito se dio con Alberto Fernández como presidente y Martín Guzmán ministro de Economía, en 2021. Ese Gobierno decidió esperar el desarrollo de las elecciones y aun habiéndolas perdido, aguardó al recambio legislativo.

Casi tres meses después de haber presentado el proyecto de Presupuesto en la Cámara baja, el ministro Martín Guzmán lo defendió el 13 de diciembre en la Cámara de Diputados, en una carrera contra reloj para lograr su aprobación antes de fin de año. El resultado no podía ser peor: fue rechazado en Diputados durante la sesión del 17 de diciembre de 2021, con 121 votos afirmativos, 132 negativos y 1 abstención.

El senador provincial Marcelo Daletto presentó una iniciativa con el objetivo de que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires de manera alternada ante ambas cámaras.

El legislador opositor lo fundamentó en que “esta era una práctica sana, acorde a nuestros principios republicanos, que los distintos gobiernos venían respetando y, desde que asumió el actual gobierno, no se hace más, ingresando todos los Presupuestos por la misma Cámara”.

“El sistema republicano no sólo tiene que ver con el establecimiento de las instituciones, sino con conductas diarias de respetar sus principios”, sostuvo Daletto tras la presentación del primer proyecto legislativo del año calendario en la Cámara alta bonaerense.

Y señaló que “el sistema republicano tiene como fin el equilibrio de los distintos poderes y funciones del Estado para evitar abusos; y para eso es importante evitar también la discrecionalidad de elegir como Cámara de inicio a aquella que más conviene para el tratamiento de lo que es la ‘Ley de Leyes’”.

Y agregó que “en la provincia tenemos un sistema bicameral y todos los años cada gobernador enviaba el proyecto de Ley de Presupuesto a cada Cámara en forma alternada, y esa buena costumbre republicana se perdió con este gobierno; por eso buscamos con este proyecto recuperarla por medio de la imposición de una ley”.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el DNU 829/22, por el cual amplía en más de un billón de pesos el Presupuesto Nacional 2022.

El decreto debe ser tratado en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que no se reunió en todo el año, por lo cual hay pendientes numerosos decretos del Ejecutivo. La comisión, presidida por el diputado Marcos Cleri (FdT), solo se encontró para designar autoridades el pasado 30 de junio.

En los considerandos del DNU, el Gobierno fundamentó que "resulta necesario incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año para el personal de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional".

En ese sentido, argumentó que "se requiere modificar los créditos vigentes de la Auditoría General de la Nación, de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismos actuantes en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, con el fin de afrontar necesidades específicas".

Por otra parte, "resulta menester reforzar el Presupuesto vigente del Consejo de la Magistratura, organismo actuante en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, con el objeto de afrontar sus necesidades operativas".

Entre numerosos destinos a los que irán las partidas, se señaló que "es preciso reforzar los créditos vigentes del Servicio Penitenciario Federal, actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de atender la provisión de alimentos destinada a la población penal alojada en establecimientos penitenciarios, gastos de funcionamiento y becas de los y las cadetes de la Escuela Penitenciaria de la Nación".

En uno de los artículos se establece una suma de $69.802.050.728 destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y retiradas y pensionados y pensionadas de las fuerzas armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.

A su vez, se destina para transferencias a cajas previsionales provinciales de la ANSeS la suma de $72.577.242.261. Y se incrementa en $5.500.000.000 el límite establecido en el Presupuesto destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley N° 27.260 y sus modificaciones, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la ANSeS.

Otro de los artículos prorroga el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País por un importe de $48.000.000.000, "con el objeto de continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado Nacional".

En las vísperas del inicio del debate en el recinto del Presupuesto 2023, el legislador de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscará dotar a esa misma Casa con una “Oficina de Ejecución del Presupuesto y Evaluación de las Políticas Públicas”.

De esta manera, dicha oficina se dedicará “a la asistencia técnica en la formulación, implementación y seguimiento de leyes con impacto presupuestario” y ejercerá “sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura, mediante la provisión de información objetiva, imparcial e independiente”.

La mencionada oficina tendrá entre sus principales funciones la realización de “análisis de las estimaciones de ingresos fiscales, plan de gasto, metas físicas y deuda pública respecto del ejercicio siguiente y proyecciones de ingresos en mediano y largo plazo, con el objeto de asesorar a la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria o a requerimiento específico respecto de programas y proyectos por las demás comisiones de la Legislatura de la Ciudad” y elaborará documentos de legislación comparada nacional e internacional respecto de la materia que está siendo analizada.

También realizará “una evaluación de la tasa de retorno respecto de las obras proyectadas en el plan plurianual y aquellas obras contenidas en iniciativas legislativas y/o en la ley de presupuesto en base a los indicadores utilizados por el área competente”; “una evaluación de la pertinencia, costo-beneficio presupuestario, eficacia e impacto de la medida respecto de las iniciativas legislativas, con anterioridad a su sanción y a requerimiento del autor de la iniciativa o el Presidente de la comisión de cabecera del proyecto”; y podrá convocar a reuniones con organizaciones civiles o los sectores afectados por los proyectos de ley que se traten en el Parlamento.

A su vez podrá celebrar convenios de cooperación con organizaciones públicas, en pos de compartir y promover las buenas prácticas en la evaluación de las políticas públicas; entre otros puntos.

Según el texto recientemente presentado, la oficina estará coordinada por un secretario que tendrá un mandato de cinco años, con la posibilidad de ser designado nuevamente por una única vez, y su elección se dará por un concurso de oposición y antecedentes al que podrán presentarse cualquier interesado. Los postulantes tendrán que acreditar experiencia profesional y académica de cinco años en regulación económica, legislativa y/o evaluación de políticas públicas, así como título universitario de grado o posgrado en derecho, economía y/o ciencias sociales.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que en la Legislatura porteña se presenta un proyecto de estas características, de hecho actualmente cuentan con estado parlamentario dos textos similares: uno de la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira y otro del ex legislador radical Leandro Halperín. Además hay otras iniciativas que perdieron vigencia pero que apuntaban al mismo objetivo, las cuales fueron impulsadas por los diputados mandato cumplido Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Hernán Rossi, Hernán Arce y Juan Francisco Nosiglia.

Si bien no ha sido convocada aún oficialmente para tal fin, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzará este miércoles a analizar el proyecto de Presupuesto 2023 que cuenta con media sanción de Diputados.

Según trascendió, la idea es avanzar esta misma semana con el dictamen, de modo tal de dejar listo el proyecto para convertirlo en ley en la tercera semana de noviembre.

Por lo pronto, oficialmente la Comisión de Presupuesto que conduce el riojano Ricardo Guerra ha sido convocada para este miércoles a las 10, más no por el Presupuesto, sino para participar de un plenario con la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que preside la formoseña María Teresa González, para analizar una serie de proyectos relacionados con los subsidios al transporte público de pasajeros de todo el país. Se pondrán a consideración proyectos de la cordobesa Alejandra Vigo, el sanjuanino José Uñac y el salteño Sergio Leavy.

Fuentes de Presupuesto y Hacienda informaron a parlamentario.com que a las 14 volverán a reunirse solo ellos, en el Salón Azul del Senado, para comenzar a debatir el proyecto de Presupuesto aprobado en Diputados el miércoles pasado. Ha sido convocado para esa reunión el ministro de Economía, Sergio Massa, a fin de brindar un informe ante los senadores, tal cual hizo el 28 de septiembre pasado en la Cámara baja.

No se descarta que puedan asistir otros funcionarios, mas no se espera que se produzca en la Cámara alta el desfile registrado ante la comisión en Diputados.

De hecho, para este jueves 3 de noviembre se espera una segunda reunión a partir de las 14, al cabo de la cual se emitirá el dictamen correspondiente, con lo que el proyecto quedará listo para discutir en el recinto.

Sin embargo esa sesión no será la semana venidera. Fuentes parlamentarias anticiparon a parlamentario.com que la misma tendría lugar el miércoles 16 de noviembre.

Para el debate en el recinto no se esperan mayores novedades. Allí el oficialismo cuenta con aliados suficientes para garantizar la aprobación del proyecto de Presupuesto. Si bien el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, sigue internado y se descuenta que no podrá participar del trabajo legislativo en lo que resta de este período ordinario, el bloque oficialista ha recuperado la presencia del misionero Maurice Closs -también con problemas de salud-, con lo que garantiza 34 senadores sentados en sus bancas. A ellos se sumarán para el quórum la misionera Magdalena Solari Quintana, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, con lo que el oficialismo no tendría problemas para el arranque de la sesión.

Estas mismas voluntades asegurarán la aprobación del proyecto de Presupuesto. En esa votación en general habría que sumar -en caso de replicarse en el Senado el comportamiento de los diputados de cada sector- el apoyo de los 18 radicales, más la cordobesa Alejandra Vigo, en cuyo caso la ley de Presupuesto podría llegar a contar con 55 votos. Aunque nadie puede llegar a asegurar el apoyo completo de toda la bancada radical. Recordemos, sin ir más lejos, que el presidente del interbloque JxC, Alfredo Cornejo, se ha mostrado de acuerdo con Ricardo López Murphy en cuanto a que “tal y como está no debería votarse el Presupuesto”.

Recordemos que el Pro se abstuvo en Diputados, igual que los sanjuaninos de Producción y Trabajo, espacio que lidera el senador Roberto Basualdo. Según pudo saber parlamentario.com, los cuatro senadores de Cambio Federal, el espacio que encabeza el chubutense Nacho Torres, aún no han tomado una decisión.

Este jueves ingresará por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2023. A propósito de ello y para comprender bien en qué consiste la denominada “ley de leyes”, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un instructivo.

La OPC es un organismo clave del Congreso de la Nación que tiene como misión brindar apoyo técnico a los legisladores con el fin de dotarlos de herramientas técnicas para la labor legislativa, que permitan profundizar la comprensión de temáticas vinculadas al Presupuesto Público.

Fue creada a partir de la sanción de la Ley 27.343, que estableció como objetivo fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales en materia presupuestaria y como uno de los requisitos para ingreso del país a la OCDE.

¿Qué contiene el Presupuesto de la Administración Nacional?

Según detalla la Oficina de Presupuesto del Congreso, el mismo está conformado por los presupuestos de la Administración Central, los organismos descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social.

¿Qué no contiene el Presupuesto?

Los presupuestos de los fondos fiduciarios, de las empresas públicas y sociedades del Estado, universidades nacionales y de otros entes del sector público nacional.

Estructura del proyecto de ley de Presupuesto

El Anexo del Mensaje de Elevación incluye información sobre el contexto económico y global, las proyecciones macroeconómicas, las prioridades de las políticas públicas, la política fiscal y presupuestos de la Administración Nacional, fondos fiduciarios, empresas públicas, sociedades del Estado y otros entes del Sector Público Nacional.

En el Anexo del Mensaje de Elevación se identifican para cada política transversal, los programas o actividades presupuestarias de mayor importancia y el crédito asignado para el año que se presupuesta.

Cada política transversal refleja un área de relevancia dentro de la agenda pública y se compone de todas las acciones presupuestarias vinculadas con ella.

El proyecto de ley contiene el articulado que incluye disposiciones generales, Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Central, y organismos descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

Las planillas anexas al articulado contienen planillas indicadas en el articulado como anexo.

Los fascículos por jurisdicción o entidad incluyen la descripción de programas, metas físicas, cargos de personal, créditos y recursos de cada jurisdicción o entidad.

Existe también un anexo estadístico y ubicación geográfica donde existen cuadros comparativos, estadísticos y geográficos.

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF)

Resume la gestión financiera consolidada del Gobierno, detallando los flujos de ingresos, gastos y financiamiento.

Principales cuentas:

1. Ingresos corrientes
2. Gastos Corrientes
3. Resultado económico (Ahorro o Desahorro)
4. Recursos de capital
5. Gastos de capital
6. Total recursos
7. Total gastos
8. Total gastos primarios
9. Resultado primario
10. Resultado financiero (superávit o déficit)
11. Fuentes financieras
12. Aplicaciones financieras

Surge de relacionar la clasificación económica de los recursos públicos con la clasificación económica de los gastos; permitiendo así determinar los resultados económico primario y financiero y cuyo financiamiento se expresa a través de las fuentes y aplicaciones financieras.

Este esquema permite observar distintos datos. Arriba de la línea: se registran recursos y gastos corrientes y de capital necesarios para el cumplimiento de los objetivos de política fiscal. Debajo de la línea: aquí se registra el financiamiento y las amortizaciones de la deuda pública, y otras operaciones de activos y pasivos financieros.

Resultados

En cuanto al resultado económico, si los ingresos corrientes son superiores a los gastos corrientes, existe ahorro, el que se destina para financiar gastos de capital.

Si los ingresos son menores que los gastos, existe desahorro, que se financia con venta de activos u otro tipo de financiamiento.

Respecto del resultado primario, si los ingresos totales son mayores que los gastos primarios, existe superávit primario que permite financiar en forma total o parcial los intereses de la deuda.

Si los ingresos totales son menores a los gastos primarios, existe déficit primario que requiere financiamiento adicional para atender el pago total de los intereses de la deuda.

Acerca del resultado financiero, si los ingresos totales son mayores que los gastos totales, existe superávit financiero que permite una disminución equivalente del financiamiento.

Si los ingresos totales son inferiores a los gastos totales, existe déficit financiero para lo cual se requiere obtener un mayor financiamiento.

¿Cómo es el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto?

El Poder Ejecutivo envía el Informe de Avance al Congreso de la Nación, antes del 30 de junio del año previo al ejercicio.

El Poder Ejecutivo debe enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, que tendrá tratamiento regular en comisiones de Presupuesto y Hacienda y plenarios de ambas cámaras.

El proyecto de ley debe enviarse antes del 15 de septiembre y ser aprobado antes del 31 de diciembre. Si esto no sucediera, el Poder Ejecutivo prorroga el Presupuesto vigente con ajustes.

La ley tiene vigencia anual y no puede crear ni modificar impuestos, solo prever su recaudación y asignación.

Luego que en el temario de la sesión del próximo jueves no se incluyera el proyecto enviado por el Gobierno para prorrogar por cinco años seis impuestos nacionales, el diputado oficialista Marcelo Casaretto advirtió que "una decisión de no tratar el tema, o de no aprobarlo, o de limitarlo, tiene una consecuencia gravísima para la Argentina, sobre todo en un contexto de fragilidad".

Ante la falta de votos que tendría para que la iniciativa avance, el Frente de Todos no se arriesgó a llevarla al debate. Además, desde Juntos por el Cambio tienen un dictamen de minoría que propone modificaciones, sobre todo en Bienes Personales e impuesto al cheque.

En diálogo con Radio Nacional, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apuntó que se trata de "una cuestión de Estado que hace al funcionamiento mismo del Estado Nacional, los provinciales y municipales" ya que "son todos impuestos coparticipables" y "representan un tercio de toda la recaudación de la Argentina".

"Tenemos que tener paciencia, tenemos que poder convencer, persuadir, e informar para que se vean todas las consecuencias. Porque queda lindo decir 'bajemos todos los impuestos', pero en realidad el Estado tiene que tener financiamiento", remarcó el entrerriano.

Además, Casaretto fustigó que desde JxC "es poco claro lo que piden" porque "unos dicen una cosa, otros dicen otra". "Los que no tienen anclaje en responsabilidad de gobernar se convierten en librepensadores", opinó.

Y recordó que "hace cinco años atrás quien pedía la prórroga de los impuestos era Mauricio Macri y su ministro de Economía, y muchos de los diputados que hoy no quieren votar la prórroga, pidieron la prórroga por cinco años en 2017", en referencia a la reforma tributaria de ese año.

Sobre esa ley, el diputado mencionó que "en el peronismo hubo votos repartidos" porque "los gobernadores peronistas mandaron a votar a favor". En ese sentido, al ser consultado sobre si en esta ocasión podría pasar lo mismo con los gobernadores radicales, sostuvo: "Debiera pasar, pero bueno, no puedo decir qué va a hacer la oposición".

"Nosotros queremos sostener el funcionamiento del Estado Nacional, de las provincias y los municipios", insistió y subrayó que "el plazo vence a fin de año. Estamos en septiembre, no nos cambia mucho si se trata una semana o la otra. Sí nosotros lo hubiésemos querido tratar antes del Presupuesto".

En alusión a la "ley de leyes", que ingresará el próximo jueves, el legislador señaló la importancia de saber si se va a "contar con ese tercio de la recaudación nacional o no". "Entiendo que el Ejecutivo va a incluir (en el Presupuesto) esos recursos como si la ley saliera de acá a diciembre", dijo.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto a través del cual solicita al Gobierno nacional que los montos de realización de las obras de reparación, repavimentación, ampliación y mejora de la seguridad vial en la Ruta Nacional N°12, en el tramo comprendido entre el cruce con la Ruta Nacional N°118 de Saladas y la ciudad de Corrientes capital, sean incluidos en el Presupuesto 2023.

La legisladora aseguró que el pedido responde "a los reclamos de los intendentes sobre el aumento de accidentes viales, la manifestación de cientos de familias que han perdido seres queridos en siniestros, y una demanda por parte del gobierno provincial en pos de mejorar la seguridad de la circulación en la ruta", la cual es "una de las vías más importantes del Noreste argentino que, con el paso del tiempo y su deterioro, ha puesto en peligro la vida de los ciudadanos que transitan por la misma".

“Hace algunos días mantuvimos una reunión en Casa de Gobierno, encabezada por el gobernador Gustavo Valdés, intendentes de toda la zona, legisladores nacionales, representantes de entes nacionales en Corrientes, fuerzas de seguridad y cámaras empresariales donde nos propusimos gestionar todos juntos las obras viales para la Ruta Nacional 12”, reveló la macrista.

"Junto a los diputados nacionales le pedimos al presidente Alberto Fernández que estas obras tan importantes para todos los argentinos sean incluidas, en pos del federalismo, en el próximo Presupuesto Nacional”, concluyó.

El proyecto fue firmado y acompañado por los diputados por Corrientes de JxC Manuel Aguirre, Jorge Vara, Ingrid Jetter, Nancy Sand y Fabián Borda; por el misionero Martín Arjol; y por el formoseño Fernando Carabajal.

Con un clima caldeado y fuertes críticas hacia el Ejecutivo local, la Legislatura de la Ciudad ratificó con 32 votos positivos, 21 negativos y 1 abstenciones un proyecto que introduce una serie de modificaciones al Presupuesto 2022 a fin de aumentar las erogaciones en un total de 178.552.776 de pesos.

El texto en cuestión fue remitido al Parlamento porteño por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y contó con el acompañamiento de los bloques VJ, PS, RU y UCR-Ev; el rechazo de FdT, LLA y FIT; y la abstención de Consenso Federal.

De esta manera, el Ejecutivo destinará 63.242.903 de pesos para el pago de los salarios de los trabajadores de la Ciudad y dar cumplimiento a los últimos acuerdos salariales. Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, se invertirán 8.292.329 de pesos para la a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el Sistema de Salud, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación, y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.

En cuanto a los servicios no personales, se utilizarán 33.192.620 de pesos para la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, la seguridad privada, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, entre otros.

Por el lado de los bienes de uso, se incluyen 42.373.228 de pesos destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales, viviendas de integración urbana, la puesta en valor de establecimientos educativos, el espacio público y el mantenimiento de la red pluvial.

Asimismo se destinarán 26.473.498 de pesos para la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana; la provisión de alimentos para programas sociales y el subsidio a la educación de gestión privada, para atender el acuerdo paritario del ejercicio; también incluye, el subsidio a los recuperadores urbanos, los subsidios sociales, el subsidio a las instituciones de niñez y adolescencia y el subsidio destinado al Hospital Dr. Juan P. Garrahan.

Finalmente, se prevé la incorporación de activos financieros por 4.978.194 de pesos en concepto aporte de capital a la sociedad del estado Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).

El debate en el recinto

Abrió la ronda de oradores el presidente de la Comisión de Presupuesto y legislador de Vamos Juntos, Claudio Romero, quien remarcó que el expediente en consideración “lleva a pedir una autorización debido a que el presupuesto fue pautado con una inflación del 33% y lo mismo las paritarias”.

Luego de explicar el proyecto, aclaró que “como en otros años anteriores, en el 2022 aparece un comentario recurrente que es que el presupuesto en la Ciudad esta sub ejecutado con respecto al crédito vigente y cuando se analiza la ejecución del primer trimestre, hay que aclarar que esta situación ocurre también, en alguna medida, en el segundo y tercer trimestre que tiene que ver con la técnica presupuestaria, con las reglas de presentación contables  y no con el atraso o problemas en su ejecución cosa que se pude constatar al final del ciclo del año”.

Además, destacó que “estas partidas no se pueden compensar libremente, no se pueden hacer corrimiento de partidas si no es a través de la autorización de esta casa”, y remarcó que “no hay ningún tipo de aumento de alícuota de ningún impuesto y no hay endeudamiento alguno”.

De la vereda de enfrente el legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdés disparó: “Estamos ante un ejemplo más de lo que venimos denunciando hace tiempo y reafirmamos en la visita del jefe de Gabinete: en la Ciudad de Buenos Aires la recaudación no para. Estamos ante un nuevo uso discrecional del aparato del Estado para ser utilizado en una campaña electoral”.

“Una Ciudad donde el 80% de esos recursos viene de la recaudación de los contribuyentes. Se está metiendo la mano en la recaudación de los contribuyentes en un distrito gobernado por una fuerza política que dice no querer crear nuevos impuestos, pero desde que llevan gobernando desde el 2007 han incrementado un 53% la presión tributaria. Hay una sobreestimación del gasto”, acusó Valdés y cerró: “No estamos de acuerdo en que se sigan utilizando estas ampliaciones para gastos discrecionales, gastos en servicios no personales que solo están invertidos en uso de publicidad para financiar la candidatura a presidente de Larreta”.

A su turno, el legislador Gabriel Solano (FIT/PO) adelantó el voto negativo del bloque y expresó: “Escribimos en una política de ajuste que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no podría entenderse en un cuadro más amplio de ajuste que también el Gobierno Nacional está aplicando contra el pueblo argentino de una manera muy notoria, evidente”.

“Los números locales son muy categóricos porque tenemos una ampliación del presupuesto de 18,5%, pero los salarios van en 14,2% es decir que hacia los trabajadores va a haber menos que la ampliación presupuestaria que se da. No es un tema menor”, señaló y remarcó que el proyecto lo que hace es “legalizar una rebaja salarial” y contextualizó con la inflación que “los trabajadores de la Ciudad van a perder 10 puntos de su salario. Es un verdadero robo a los trabajadores”.

En su alocución, Ricardo García Moritán (Republicanos Unidos) apuntó: “Era una obviedad que iban a estimar mal la macro porque de esta manera se financiaban con el sueldo de los propios es una costumbre que tienen, el doble sentido. Si reconocían la verdadera estimación de la inflación con la que nos íbamos a encontrar todos los argentinos también hubieran mentido porque tienen tan poca credibilidad que, si hubieran puesto el 70% que estamos proyectando, hubiera sido del 140% porque nadie les cree”.

“El problema no es solo económico sino político. El principio del fin de credibilidad del presidente arrancó una fecha como hoy un 14 de julio hace dos años empezó la decadencia, empezó un cúmulo de situaciones que demostrar que si hay un gobierno que dice una cosa y hace otra es el kirchnerismo”, recordó y lanzó: “Hace dos años Fabiola Yáñez y Alberto Fernández estaban de joda en la Quinta de Olivos mientras todos los argentinos estaban todos encerrados. Se financiaron con la nuestra y le echan la culpa al sector privado al decir que juegan con el hambre del pueblo, pero el FdT no se acordó del pueblo cuando se vacunaron VIP y cerraron escuelas”.

Gracias a una iniciativa impulsada por Emmanuel Ferrario (VJ), los diputados de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron –durante la sesión ordinaria de este jueves- con 41 votos afirmativos un texto mediante el cual se amplió el “Fondo de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, creado por Ley N° 1444 para completar la reparación y puesta en valor del edificio ubicado sobre Perú 160.

De esta manera, los legisladores habilitaron el aumento del Fondo por la suma de  64.320.376 de pesos, disponibles del presupuesto del Parlamento correspondiente al 2021.

En los fundamentos de la iniciativa, Ferrario aseguró que “resulta de vital importancia para la jerarquización de nuestra Legislatura, y la optimización de nuestros recursos -tanto físicos como humanos-, trabajar en una solución integradora a la situación edilicia que tiene esta casa para su funcionamiento” y consideró que esta iniciativa “contribuirá fundamentalmente al fortalecimiento institucional de esta Legislatura, optimizando recursos y generando las condiciones para enaltecer la tarea legislativa, el diálogo político entre los distintos espacios, las distintas temáticas y el buen desempeño de todos los trabajadores”.

Es así que las erogaciones serán utilizadas para llevar a cabo tareas de accesibilidad en accesos y medios de elevación dentro de las cuales se contempla salvar los desniveles en los accesos al Palacio y mejorar los mecanismos de ingreso para personas con movilidad reducida.

También se incluyen trabajos en ascensores, botoneras braille, con relieve y dispositivos auditivos, necesarios para que todas las personas que acceden al edificio puedan llegar sin barreras a todos los rincones del Palacio.

Tal y cómo lo anticipó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12 en el recinto para llevar a cabo una nueva sesión en la que analizará una iniciativa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar el Presupuesto 2022 de gastos y recursos para hacer frente a aumentos salariales, entre otras cuestiones.

De esta manera, la Casa evaluará la posibilidad de ampliarlo por más de 178 millones de pesos, a fin de dar respuestas a los incrementos en los salarios de los empleados; obras y equipamiento en hospitales, escuelas y red pluvial; compensaciones tarifarias de subtes y colectivos urbanos; insumos de los ministerios de Salud, Educación, Justicia y Seguridad, y gastos del Ceamse.

Los fondos se obtendrán de mayor recaudación tributaria y no tributaria, nuevas partidas de coparticipación de recursos federales y desembolsos de fuentes financieras.

Por otro lado, los legisladores también analizarán otro texto que prevé ampliar el “Fondo de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad”, creado por Ley N° 1444 para completar la reparación y puesta en valor del edificio de la Legislatura, con la suma de 64.320.376 de pesos, disponibles del presupuesto del Parlamento correspondiente al 2021.

Finalmente, la Casa pondrá a consideración la propuesta del Gobierno de crear “un corredor verde” en la Av. Honorio Pueyrredón, entre calle Neuquén y Av. Gaona, donde se están realizando trabajos de intervención y remodelación.

La alternativa es que dicha calle de convivencia permita asegurar el ingreso y la salida de vehículos de los frentistas, correos, emergencias, transporte de caudales y servicios públicos importantes, sin afectar la circulación de peatones y ciclistas.

Luego que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunciara este jueves que saldrá por DNU una ampliación presupuestaria, el jefe del interbloque Federal en Diputados, Alejandro "Topo" Rodríguez, le salió al cruce.

Es que durante su habitual conferencia de prensa, la funcionaria recordó que el Gobierno no cuenta con un Presupuesto porque la oposición lo rechazó en diciembre pasado, siendo un hecho que se registra "por primera vez en la historia".

A través de su Twitter, el legislador bonaerense escribió: "Se olvida @gabicerru que el Frente de Todos hizo todo lo posible para no tener Presupuesto". Y, por el contrario, le recordó el acompañamiento que sí tuvo el oficialismo en el caso del refinanciamiento de la deuda con el FMI.

"Cuando hubo que evitar un incumplimiento de Argentina con FMI otorgamos el aval legislativo que muchos propios le negaron", agregó, en referencia a los diputados de La Cámpora que se opusieron al proyecto.

En el mismo mensaje, le enrostró que cuando funcionarios kirchneristas del propio Gobierno "humillan al presidente con mote de 'Okupa' y 'Borracho', no dice ni mú!!".

Se olvida @gabicerru que el FDT hizo todo lo posible para no tener Presupuesto; que cuando hubo que evitar un incumplimiento de 🇦🇷 con FMI otorgamos el aval legislativo que muchos propios le negaron. Cuando humillan al presidente con mote de "Okupa" y "Borracho", no dice ni mú!! https://t.co/4xtlRmgiqK

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) June 16, 2022

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció este jueves en conferencia de prensa que se emitirá un decreto de necesidad y urgencia de ampliación presupuestaria. "Esto debimos hacerlo porque la oposición, la fuerza de Juntos por el Cambio, rechazó el Presupuesto" 2022, recordó y resaltó que "por primera vez en la historia" se dio ese hecho.

La funcionaria dijo que con ese DNU, que deberá ser tratado por la Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso -aún sin constituir-, "esto se está enmendando". "En el decreto se fija la nueva distribución de egresos e ingresos", señaló y expresó que "mantiene las pautas anuales que veníamos trabajando".

En ese sentido, aseguró que hay "sostenimiento del gasto social" y medidas "para que sigamos en la senda del crecimiento y redistribución de los ingresos". Al evitar dar cifras macroeconómicas que se proyectan, como por ejemplo de inflación, Cerruti indicó: "Se mantienen las metas acordadas en el programa con el FMI".

Luego informó que este jueves se publicara en el Boletín Oficial otro decreto, sobre segmentación de tarifas de los servicios de luz y gas "en tres escalas".

Aquellos ciudadanos que tengan ingresos por tres veces y media encima del costo de la canasta básica -así como también tres propiedades o tres autos-, alrededor de un 10%, pagarán la tarifa plena sin subsidios.

Para personas en situación de vulnerabilidad -familias de menores ingresos, que reciben prestaciones sociales-, se mantendrá la tarifa social y el aumento no podrá ser mayor al 40% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021.

En un sector intermedio ingresarán los usuarios no encuadrados en las otras dos categorías, para quienes el aumento no podrá ser mayor al 80% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021.

Cerruti explicó "no va a haber ningún aumento de tarifas para el 90% aproximadamente de la población en el resto del año".

Además, adelantó que ante los fuertes reclamos se ampliará el corte de biodiesel para el gasoil, ante la escasez de combustible.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical – Ciudad de Buenos Aires) volvió a reclamar por la Ley de Salud Mental que fue sancionada en 2010, durante el primer gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. A través de su cuenta de Twitter la legisladora denunció que “los gobiernos no invierten lo que dice la ley”.

Según la Ley 26.657, en un plazo no mayor a 3 años desde su sanción, el Poder Ejecutivo debía destinar el 10% del gasto total de salud a salud mental, y procurar que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptaran el mismo criterio.

Sin embargo, la legisladora denuncio que “los problemas de Salud Mental son una pandemia silenciosa que el sistema público no puede contener si los gobiernos, como mínimo, no invierten lo que dice la ley”.

Chano, Pettinato y cientos de personas merecen más que titulares esporádicos. Los problemas de Salud Mental son una pandemia silenciosa que el sistema público no puede contener si los gobiernos, como mínimo, no invierten lo que dice la ley. Abro hilo (1/4) https://t.co/6LHXwLz71T

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) May 26, 2022

“El presupuesto en Salud Mental proyectado para este año era de $9.500 millones, es decir $201 por persona. Si se cumpliera lo que establece la ley, una inversión del 10% del total del presupuesto de Salud, sería de $1.352. Insuficiente pero un avance”, señaló.

Y siguió: “Luego de 2 años de pandemia, el gobierno informó que duplicaría el presupuesto, serían $402 por persona”, y se preguntó: “¿Se está implementando? No lo sabemos”. En ese marco, recordó que “solicitamos en la Comisión de Salud de Diputados que viniera la ministra a informarnos para avanzar con coordinación”.

“¿Alcanza modificar el presupuesto para cumplir con la ley? Sabemos que no. Como toda política -y la ley de Salud Mental no es la excepción- su implementación es un aprendizaje. La peor opción es impedir el debate”, expresó Carrizo y cerró: “Hoy niñas/os y adolescentes no existen en la ley ¿seguir así? No”.

En el arranque del 2022, y ante la falta de un nuevo Presupuesto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, trabaja en la "reasignación presupuestaria de todos los ministerios", con el objetivo de que el Gobierno "pueda seguir funcionando".

Según informó la agencia Télam, el funcionario se aboca desde este lunes en cómo será el reparto de fondos para las distintas áreas de Ejecutivo, luego que el pasado 24 de diciembre se prorrogara por DNU el Presupuesto 2021.

En tanto, la semana pasada Manzur se reunió por este tema con los gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).

El 17 de diciembre, tras una extensa sesión, casi toda la oposición rechazó el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados, en una votación que resultó con 132 votos en contra, 121 a favor y una abstención.

La senadora nacional Clara Vega (Interbloque Federal – La Rioja) se refirió a la situación del Presupuesto nacional, el cual fue rechazado por la oposición por lo que manifestó: “Está claro que sin diálogo y sin acuerdos no podemos progresar en las iniciativas que atienden las necesidades del pueblo argentino y apuntan al desarrollo económico nacional”.

“Es lamentable que algunos economistas ‘estrella’ dejaron sin Presupuesto al Gobierno, a cambio de 5 minutos de fama. El vedetismo de la oposición y la falta de timing del oficialismo en minoría no se corresponden con las necesidades de la población que hoy requiere actos de grandeza y el esfuerzo de todos”, cuestionó.

En ese sentido explicó: “Como oposición responsable, considero que el Presupuesto debió volver a Comisión y allí pedir que se modifique. Esa era la oportunidad de sacarnos las dudas, de volver a preguntar, de generar diálogo y obtener la información precisa para lograr los consensos que hacían falta”.

En cuanto a la situación de las provincias, la legisladora refirió “es cierto que la gente eligió a la mayoría en la Cámara, y eso el kirchnerismo lo sabe, pero también es cierto que muchas provincias se ven seriamente perjudicadas en su progreso ante la falta de presupuesto. La Rioja es un gran ejemplo de ello ya que depende en gran medida de los recursos que le destina Nación”.

Para finalizar, reflexionó: “Estoy de acuerdo con que el Presupuesto no era claro, pero también hay que analizar que las decisiones apresuradas benefician a algunos y perjudican a otros. La sociedad votó con esperanza y hoy se encuentra con más de lo mismo”, y precisó que “solo sacaremos adelante al país siendo racionales y verdaderamente federales, teniendo en cuenta la realidad de cada uno de los argentinos a lo largo y ancho del país”.

“Yo represento al pueblo de La Rioja y mi prioridad es lograr las herramientas necesarias para que nuestra provincia crezca y, a partir de allí, poder mejorar la calidad de vida de todos los riojanos”, concluyó Vega.

La Constitución establece que un proyecto rechazado no puede volver a ser tratado durante ese período legislativo. El artículo 81 lo establece. Así es que si el Poder Ejecutivo quisiera tratar otro proyecto de presupuesto, podría enviarlo ya no en extraordinarias, pero sí a partir de marzo, con el nuevo período ordinario.

Eso no sucederá, lo aclaró este domingo el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en diálogo con Radio 10 descartó esa posibilidad. “No va a haber nuevo presupuesto. La oposición desorganizó, pero vamos a organizar. Todos los opositores tienen que ayudar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a bajar la inflación y a crear trabajo. El principal obstáculo (a superar) es conseguir el acuerdo con el FMI”.

Para el funcionario, que estuvo en la Comisión de Presupuesto el lunes  pasado durante 7 horas, lo que sucedió en el recinto de Diputados “fue un hecho político” en cuyo marco “la oposición compitió por quién es más opositor al Gobierno. Ese rumbo es dañino para la Argentina”.

“Diseñamos el mejor presupuesto que se puede diseñar, dentro de las necesidades que se viven en la Argentina. Vamos a transmitir tranquilidad, nosotros tenemos las herramientas que le permiten a la Argentina seguir con la recuperación. No se presentará un nuevo presupuesto en marzo. Ahora se prorrogará el presupuesto 2021. Claramente lo que ocurrió el viernes genera angustia. Lo que estábamos haciendo era ordenar”.

"Creo que tenemos un gran desafío por delante, no sólo quienes tenemos responsabilidades institucionales sino también cada compañero y cada compañera en el distrito", afirmó este sábado el flamante presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

En su nuevo rol, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados "para nosotros el interior de la provincia de Buenos Aires va a ser central. Vamos a ir distrito por distrito a hablar con cada compañero y compañera. Y no solo con los compañeros y compañeras del justicialismo, sino también con todas las cámaras del comercio, con toda la gente que tiene sus inversiones y desarrollos en el interior de una provincia tan grande y que es el corazón productivo de nuestra patria".

En el marco de la presentación de autoridades del PJ Bonaerense en la quinta de San Vicente, donde puso en valor la importancia de la tarea en todo el territorio provincial, el nuevo titular partidario dijo: "Les puedo asegurar que la construcción del Frente de Todos fue titánica. Hubo que trabajar y hablar con muchos compañeros y compañeras que no hablábamos hace muchísimo tiempo. Y también con la tranquilidad, en mi caso, de nunca haber dicho nada de nadie salvo de manifestar el disenso político. Nunca acudí a ningún palacio judicial contra ningún compañero ni compañera que hoy integra el Frente de Todos. Siempre tuve una postura absolutamente democrática y mis diferencias y las diferencias en Argentina debemos aprender a saldarlas políticamente y no en el Poder Judicial, porque eso es el peronismo".

Luego la emprendió contra la oposición al señalar que “cuando el presidente Macri anuncia en un par de segundos, no más de 300 palabras, que nos lleva de vuelta el Fondo Monetario Internacional, para mí no sólo fue una frustración en términos políticos y en términos de que sabía las consecuencias de que eso iba a desatar sobre nuestro pueblo. Sino también fue en términos muy personales”. Recordó el 25 de mayo de 2003, “cuando hubo que hacerse cargo del país, de la desesperanza muchas veces que había en nuestra gente. Y del descreimiento que había en la dirigencia política, estuviera en el partido que estuviera. Y también me acuerdo el laburo que vos, que él, que Julio, que tantos compañeros y compañeras desde el mismo día cero llevaron adelante sin descanso. Sin descanso y eso cuesta después".

"Es como siempre decimos muchos, que vivir cuesta vida ¿no? Entonces cuando vi que Macri volvía con un desparpajo increíble al Fondo Monetario me acordé mucho de mi viejo y el tiempo que a él le había tocado vivir y de lo que había trabajado para sacar el país adelante y para desendeudarlo", apuntó.

Agregó que su padre “era intendente de la capital de una provincia pero que parece, tranquilamente podía ser un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. En el momento en el que él fue intendente de la ciudad de Río Gallegos, aquella provincia tenía 30.000, 40.000 habitantes, no como los gigantes que suelen gobernar los amigos ¿no?, con quinientos mil, cuatrocientos, trescientos mil habitantes, sino del interior. Así que el interior  de la provincia de Buenos Aires también tiene un desafío por delante".

"No sólo se trata de la cantidad de gente que gobernás sino de las ganas que le ponés y de los sueños que tengas para poder proyectarte en el tiempo y animarte a liderar los tiempos que vienen", señaló Máximo Kirchner.

En el marco de la presentación de autoridades destacó que "para mí es importante la responsabilidad que llevamos para adelante y por delante, creo que el peronismo de la provincia de Buenos Aires es central para el Frente de Todos y que no hay que cerrarlo. No hay que cerrarlo, hay que abrirlo y es el significante más grande".

En su discurso, Máximo Kirchner sostuvo que “muchos compañeros se han sumado a lo largo y ancho de la provincia para poder encontrar una síntesis superadora y… pongámosle ganas. Es muy difícil la situación pero les puedo asegurar que se puede salir para adelante porque ya lo hicimos una vez. Y el país que queremos construir no es una utopía, los argentinos supimos construir una patria mejor. Tenemos que darnos la oportunidad otra vez de creer en nosotros mismos y lo vamos a sacar adelante cueste lo que cueste".

Máximo puso también el ojo en la Justicia, al señalar que “yo veía cómo está actuando el Poder Judicial. Hay tres poderes en la Argentina: un Poder Judicial que lo tiene bajo permanente acoso al Gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves, el mismo día otro poder del Estado, el Poder Legislativo le niega el Presupuesto al Presidente. Y hay otro poder más ya saben cuál es también, el cuarto que pareciera ser el primero, el poder mediático que también tiene bajo permanente acoso a Alberto".

En este sentido agregó que "no es a un hombre, es a las ideas que expresa un hombre y a las ideas que expresamos nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro: quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos. Y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para donde ir y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante".

En un discurso moderado, la legisladora de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal (CABA) advirtió que financiarán el Presupuesto 2022 con “inflación”, y señaló que el mismo “esconde ajustes”. Además, calificó el texto como “inconsistente”, y le advirtió al oficialismo que “no hay tiempo para parches e improvisación”.

“Presupuestar es mirar para adelante; ni para atrás ni para el costado. Desde el regreso de la democracia, y hoy hubo varias menciones, logramos un consenso que es la estabilidad democrática, pero lamentablemente no logramos la estabilidad macroeconómica para que los argentinos sepan que pueden progresar en base a su esfuerzo”, comenzó su exposición Vidal en su debut legislativo en la Cámara baja.

Siguiendo con el tema de la democracia, la exgobernadora bonaerense recordó que “desde el 83 hasta acá tuvimos un 48% de inflación promedio sin la hiperinflación, tuvimos también un 0,07% de crecimiento de PBI per cápita y está claro que todos compartimos que el crecimiento es la manera de seguir adelante”. “De 39 años, en 32 tuvimos déficit y varios defaults, pero lo que más interpela es que el promedio anual de pobreza fue de 36% afectando más a chicos y a mujeres”, precisó.

“Esta realidad que nos interpela no se resuelve ni con discursos de Twitter, ni con chicanas, ni buscando culpables, ni viendo cómo vana titular los diarios mañana. Tampoco se resuelve con victimización, o tratando un presupuesto de manera exprés en cuatro días que el oficialismo no quiso tratar en tres meses y sin el reconocimiento de la nueva composición de fuerzas de este Congreso”, apuntó la diputada de JxC.

Y continuó que “no se resuelve tapando problemas ni presentando una ley de Presupuesto sobre premisas voluntaristas y difícil de defender, no podemos debatir sobre la inconsistencia. Se resuelve con madurez política, con diálogo real poniendo los problemas sobre la mesa y de cara a la realidad”.

“Hace un mes que la sociedad votó y nos dio un mensaje claro dijo ‘basta de excusas, resuelvan mis problemas y dejen de ocuparse de ustedes’. Lamentablemente estamos perdiendo la oportunidad después de esta primera elección para escuchar y demostrar que escuchamos ese mensaje”, cuestionó Vidal.

En suma, precisó que “es difícil entender para comenzar a debatir un Presupuesto si no conocemos el acuerdo con el Fondo, es evidente que van de la mano y el oficialismo no ha podido decirnos si las proyecciones y lo que prevé este Presupuesto esta contemplado y aprobado en el acuerdo con el Fondo ¿o vamos a estar debatiendo en unas semanas un nuevo acuerdo con el Fondo que haga que este debate haya sido inútil?”.

“Este Presupuesto no refleja el inicio de resolver los problemas estructurales que la gente nos reclama, lejos de eso. Muestra que no los reconoce y no podemos creer que habrá una inflación del 33% si hoy se siguen actualizando paritarias que van a tener una inercia el año que viene”, criticó la legisladora opositora.

En esa línea, preguntó: “¿Cuál es el país del mundo que con esta política baja un 15% de indica de inflación en un año?”, preguntó Vidal y agregó: “Ya el año pasado nos dijeron que iba a haber 29% de inflación y estamos en 45% no creemos que van a financiar el déficit con organismos”.

“Si algo faltaba para definir la inconsistencia son las últimas 24 horas con 56 artículos con miles de millones de pesos que no nos dicen cómo van a financiar. Esta clara la respuesta, lo van a financiar con inflación. Esa inconsistencia recorre todo el Presupuesto y ese financiamiento no podemos votar. Lo malo del presupuesto no solo es lo que dice, sino también lo que no dice. Hay ajustes a los jubilados, al sector privado con facultades para aumentar impuestos, retenciones al campo, combustibles, que no vamos a avalar porque sigue escondiendo un tipo de cambio atrasado que afecta las exportaciones”, cuestionó Vidal.

Por último, advirtió que “no hay tiempo para parches e improvisación. No podemos discutir si no hay verdad, no hay consenso ni camino conjunto sin verdad”, y cerró: “La oposición agotó todos los recursos para debatir el Presupuesto, quiere discutir sobre un Presupuesto serio y espero que esto sea un aprendizaje para todos y para el oficialismo de que la gobernabilidad no se construye con sometimiento sin discusión y premisas falsas”.

Una señal de la estrechez de votos con que el oficialismo avanza hacia una sesión clave con final incierto la dio este jueves la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, al expresar su esperanza de que el Congreso “sesione y sancione” el proyecto de Presupuesto 2022, y que los diputados “tengan la responsabilidad de darle certezas a la población”.

Lo dijo al principio de la conferencia de prensa que encabezó en Casa de Gobierno. Sin mediar pregunta sobre el tema, la legisladora con mandato cumplido calificó este día como “muy importante”, destacando que lo es “para la Argentina en general”, por cuanto “el Congreso de la Nación debe debatir el Presupuesto. El Presupuesto no es cualquier ley, es una ley que no es del Gobierno, sino de la Nación y de las provincias. No se trata de números, se trata de qué caminos, qué rutas, qué puentes, los gobernadores van a poder llevar adelante en sus provincias. El Presupuesto es la plata para que los jubilados cobren, los trabajadores estatales, los médicos, las enfermeras, los docentes universitarios; el Presupuesto es el lugar donde se definen las certezas que queremos darle a una nación, a sus ciudadanos y ciudadanas en adelante, y también al mundo, sobre cuál es el camino que está llevando adelante la Argentina en un momento en que se encuentra en un proceso de negociación de la deuda externa heredada, pero que queremos llevar adelante un proceso de negociación y acuerdo”.

“Por eso nos parece muy importante que hoy el Congreso de la Nación no solamente sesione, sino también sancione el Presupuesto, y les pedimos a los diputados y a las diputadas que tengan la responsabilidad de darle certezas a la población”, agregó la portavoz, que enfatizó: “La campaña electoral terminó, deberíamos ser también capaces de terminar también con las divisiones, con los discursos”.

Si bien aclaró que entienden como parte del debate parlamentario “las pasiones y los discursos encendidos”, reclamó que “en el momento determinado seamos capaces de sentarnos en las bancas los diputados, las diputadas, para votar, para dar certezas, para llevar tranquilidad a un país, a un pueblo, a los ciudadanos que han pasado dos años de pandemia, que empezamos a salir que empieza a reactivarse la economía, que estamos en un momento virtuoso de crecimiento económico, y tenemos que consolidarlo”.

“Entonces en este día tan importante para todos y para todas, y para el Gobierno y para el Parlamento en su conjunto, lo que hoy queríamos expresarle es la confianza en que hoy el Parlamento sesione, vote el Presupuesto y comience a darnos las certezas al Gobierno nacional, a los gobernadores, pero sobre todo a los ciudadanos de cuál es el camino que vamos a recorrer en adelante para seguir consolidando este momento de crecimiento”, concluyó en el inicio de la reunión con la prensa.

“Necesitamos que se apruebe como primer paso, el siguiente es el Plan Plurianual y el tercero es el acuerdo con el FMI, que también pasará por el Congreso” y por el que “hay una negociación responsable, seria y contundente “, afirmó Cerruti.

Réplica desde la oposición

Desde la conducción del bloque radical, le contestó a Cerrutti el diputado Mario Negri: “La portavoz del Gobierno le exige a la oposición máxima responsabilidad y que votemos el Presupuesto 2022. La máxima responsabilidad la debe tener el propio Gobierno, que debió escuchar a la oposición y rehacer una ley que es pura ficción. Sean sensatos y déjense ayudar”.

La portavoz del Gobierno le exige a la oposición máxima responsabilidad y que votemos el Presupuesto 2022.
La máxima responsabilidad la debe tener el propio Gobierno, que debió escuchar a la oposición y rehacer una ley que es pura ficción. Sean sensatos y déjense ayudar.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 16, 2021

Un cruce de ironías se dio este lunes entre el flamante diputado Gerardo Milman y el presidente de la Comisión de Presupuesto, cuando al intervenir para formularle preguntas al secretario de Hacienda, Raúl Rigo. “No me gustó que le haya ofrecido la candidatura a diputado al secretario Rigo -arrancó diciéndole a Carlos Heller-. Lo puso en un aprieto…”.

- Podría ser un buen diputado, quédese tranquilo –repuso el legislador del Frente de Todos.

- …Porque es un gran técnico, pero le va a costar elegir un partido –continuó Milman.

- Más o menos como usted, más o menos como usted –cerró Heller levantando los brazos.

- Ni hablar de  usted… -replicó Milman, que supo pasar por la UCR y el GEN, aunque ahora es diputado del Pro.

Por José Angel Di Mauro

Casi tres meses después de haber presentado el proyecto de Presupuesto en la Cámara baja, el ministro Martín Guzmán lo defendió este lunes en la Cámara de Diputados, en una carrera contra reloj para lograr su aprobación antes de fin de año. Lo cual, no es para nada novedoso: suele suceder con administraciones de cualquier tono político. Lo excepcional es que el titular del Palacio de Hacienda haya demorado tanto en presentarse ante los diputados.

Es todo un tema el de los tiempos de aprobación de la ley de leyes. No es obligación que deba estar votado antes del 31 de diciembre -en caso contrario se prolonga el vigente por decreto, hasta que se vote otro, si eso sucede-, pero es lo que se estila. En los últimos años solo una vez sucedió que terminó siendo votado al año siguiente. No hace falta ser muy imaginativo para pensar cuándo pasó eso.

También es absolutamente normal que en los años electorales se postergue su tratamiento para esperar la nueva composición de las cámaras. En otros casos, cuando se presume un resultado adverso, se apura el tratamiento.

Ejemplo reciente del primer caso tenemos el de Cambiemos, cuando la administración de Mauricio Macri decidió en las elecciones intermedias esperar a la nueva conformación parlamentaria, más allá de la certeza de que no iba a modificarse demasiado: seguiría siendo minoría en el Senado y no tendría mayoría en la otra Cámara; pero así y todo la espera a veces es para llevar el proyecto para su tratamiento en otro contexto, más triunfal. De esa manera el Gobierno de Cambiemos hizo aprobar el Presupuesto 2018 sobre las fiestas, pero lo consiguió en apenas 5 días: el 22 de diciembre de 2017 tuvo media sanción y el 27 de diciembre fue ley. Hay que recordar también que algunas variables clave se modificaron sustancialmente al día siguiente, el recordado 28 de diciembre de 2017, pero esa es otra cuestión.

Néstor Kirchner también hizo aprobar el proyecto de presupuesto 2006 una vez asumieron los nuevos legisladores. Si bien contaba con el apoyo de los legisladores peronistas, el santacruceño no se sentía lo suficientemente empoderado y por eso quería antes vencer antes al duhaldismo en la que se denominó “la madre de todas las batallas”. Una vez Cristina Fernández de Kirchner derrotó con amplitud a Hilda “Chiche” Duhalde en las elecciones bonaerenses para senadores, procedieron a avanzar con el tratamiento de la ley de leyes, ya con todos los diputados alineados en función de su propio poder, y no una recomendación externa.

Así, se le dio media sanción el 16 de diciembre de 2005 y se aprobó en vísperas de Nochebuena, el 23 de diciembre: en 7 días se concluyó con el trámite en ambos recintos.

Hubo un tercer caso en los últimos 20 años en que los presupuestos se aprobaron en el medio de las fiestas, o al filo de ellas. Fue cuando el Presupuesto 2003, el último que diseñó Roberto Lavagna para el Gobierno de Eduardo Duhalde. Se aprobó en Diputados el 19 de diciembre de 2002 y se votó en el Senado el 27, 8 días después.

El otro caso en el que el proyecto pasó por los dos recintos en el término de 5 días había sido con el Presupuesto 2002. Pero claro que esas fueron circunstancias excepcionales: se aprobó en Diputados el 1 de marzo de 2002 y se convirtió en ley el 6 de ese mismo mes. Esto es, ya en el mismo año de vigencia del Presupuesto. Es el caso del que habíamos hablado y, claro está, fue después de la crisis de 2001.

En el caso de Alberto Fernández, el presidente actual no hizo votar lo que hubiera sido su primer presupuesto. En el año 2019, el entonces ministro de Economía Hernán Lacunza cumplió con la formalidad de mandar al Parlamento el presupuesto el 15 de septiembre, y al día siguiente fue al Congreso a defenderlo. Pero fue una formalidad. Después del resultado de las PASO, lo más probable era que Cambiemos perdiera las elecciones y de común acuerdo se estableció dejarle las manos libres al ganador para avanzar con el proyecto pasadas las elecciones generales. Cuando la victoria del Frente de Todos se concretó, el Gobierno que asumió el 10 de diciembre anunció que se tomaría su tiempo para armar un nuevo proyecto una vez vieran todas las cuentas, luego dijeron que lo harían en el transcurso de la primera parte de 2020, y cuando vino la pandemia ya no se habló más del tema.

La primera experiencia del gobierno actual en materia presupuestaria fue entonces la del proyecto 2021, que se aprobó en la Cámara baja el 20 de octubre, y se hizo ley el 12 de noviembre, 22 días después.

Cristina Fernández de Kirchner no hizo con su sucesor lo que Macri con Fernández. Por el contrario, cuando fue el turno de tratar el Presupuesto 2016, el Gobierno del Frente para la Victoria procedió a aprobarlo el 8 de octubre de 2015 en Diputados y el 28 de octubre lo aprobó el Senado. Esto es, cuando se convirtió en ley, ya se sabía que había balotaje. Pero está claro que eso no fue destinado especialmente a Macri, pues bien pudo haber estado legislando para Daniel Scioli.

Eso sí, los 27 días que pasaron entre la aprobación en la Cámara baja y el Senado, fueron la segunda marca más extensa. El tiempo más largo entre la aprobación en las dos cámaras el que tuvo que ver con el Presupuesto 2010, que se aprobó en Diputados el 15 de octubre de 2009 y salió del Senado el 12 de noviembre de 2009. Año de elección intermedia -la primera perdida por el kirchnerismo-, ese lapso no tuvo que ver con la realización de los comicios, pues esa vez se adelantó la elección al mes de junio.

El récord para la media sanción se dio con el Presupuesto 2014, que tuvo media sanción el 26 de septiembre de 2013. El Frente para la Victoria venía de otra derrota legislativa, no obstante lo cual tenía número suficiente para imponerse en ambos recintos, y eso fue lo que hizo. Esa vez el proyecto fue ley el 10 de octubre, 14 días más tarde.

El Gobierno actual querría aprobar el proyecto este jueves en Diputados y, de ser posible, el 23 de diciembre en el Senado, o bien el 30. ¿Cuál es el promedio de demora en que es ley el presupuesto desde que recibió la media sanción? 15 días, según el trabajo realizado por parlamentario.com en base a los 20 últimos años.

Los presupuestos desde el año 2000

Año	Diputados	Senado	Lapso
Presupuesto 2021	20/10/2020	12/11/2020	22 días
Presupuesto 2020	---	---
Presupuesto 2019	25/10/2018	14/11/2018	19 días
Presupuesto 2018	22/12/2017	27/12/2017	5 días
Presupuesto 2017	3/11/2016	30/11/2016	27 días
Presupuesto 2016	8/10/2015	28/10/2015	23 días
Presupuesto 2015	9/10/2014	30/10/2014	21 días
Presupuesto 2014	26/09/2013	10/10/2013	14 días
Presupuesto 2013	11/10/2012	23/11/2012	12 días
Presupuesto 2012	14/12/2011	21/12/2011	7 días
Presupuesto 2011	---	---
Presupuesto 2010	15/10/2009	12/11/2009	28 días
Presupuesto 2009	16/10/2008	6/11/2008	20 días
Presupuesto 2008	22/11/2007	6/12/2007	14 días
Presupuesto 2007	23/11/2006	13/12/2006	20 días
Presupuesto 2006	16/12/2005	23/12/2005	7 días
Presupuesto 2005	4/11/2004	24/11/2004	20 días
Presupuesto 2004	13/11/2003	27/11/2003	14 días
Presupuesto 2003	19/12/2002	27/12/2002	8 días
Presupuesto 2002	1/03/2002	6/03/2002	5 días
Presupuesto 2001	1/12/2000	7/12/2000	6 días

Luego de que se conociera el informe de ejecución presupuestaria en el tercer trimestre del 2021 de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés aseguró que el documento “demuestra las prioridades que tiene la gestión del Gobierno porteño: en Publicidad y propaganda se ejecutó un 82%, mientras no llegan a ejecutar la mitad de lo presupuestado en infraestructura hospitalaria (32%) ni en infraestructura escolar (41%)”.

Tras analizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria porteña, Valdés señaló con preocupación que “hace un año venimos denunciando el recorte que sufrieron la Educación y la Salud de la Ciudad en 2021, un año de pandemia. La Salud perdió 9%, la Infraestructura escolar 70%. Todo esto mientras crecía el gasto en publicidad para la campaña electoral de Larreta, Santilli y Vidal”.

También se desprende del informe que hasta el momento el presupuesto cuenta con una ejecución del 25%, cuando debería tener una del 75% teniendo en cuenta una estimación de ejecución por trimestre. Además, en lo que respecta a la partida del área de Publicidad y propaganda, llama la atención la ampliación del crédito vigente: tiene asignado un 20% de aumento con respecto al trimestre anterior.

“La falta de inversión en Educación y Salud por parte del Gobierno porteño implica techos que se caen, insumos que son comprados por cooperadoras, falta de estufas, malas condiciones de higiene ante la indiferencia de un Estado que pone sus recursos en otro lado. Así son las prioridades con las que Larreta y el PRO gobiernan la Ciudad hace 14 años”, señaló.

En tanto en las redes sociales, el legislador del FdT remarcó que “mientras Larreta discute quién ganó las elecciones, llegó el informe de ejecución presupuestaria de la Ciudad mostrando las prioridades de gestión. Al tercer trimestre vemos que la publicidad se ejecutó un 82%, salud y educación no llegan a la mitad de lo presupuestado” y recordó que “hace un año venimos denunciando el recorte que sufrieron la educación y la salud de la ciudad en 2021, un año de pandemia. La salud perdió 9%, la infraestructura escolar 70%. Todo esto mientras crecía el gasto en publicidad para la campaña”.

“Esto implica techos que se caen, insumos que son comprados por cooperadoras, falta de estufas, malas condiciones de higiene ante la indiferencia de un Estado que pone sus recursos en otro lado. Así son las prioridades con que Larreta y el PRO gobiernan la Ciudad hace 14 años”, sentenció.

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