En vísperas de una sesión XL, cuáles fueron los antecedentes más extensos

La sesión de la Cámara de Diputados de esta semana se espera marque un récord histórico. Pasando las 24 horas, conseguirá esa marca.

La aprobación de la estatización de YPF, el 3 de mayo de 2012.

La pregunta del millón, de cara al debate del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, gira obviamente en torno al resultado de la votación, o mejor dicho, las votaciones, porque hay numerosos tópicos importantes en torno a los cuales gira esta ley. Pero sin lugar a dudas la otra incógnita no menor es la extensión que tendrá este debate.

Porque si bien se ha reducido el número de artículos del proyecto, se descuenta que la sesión será muy extensa, con un mínimo de horas de debate que muchos fijan en 30 horas, dándose por descontado que ese será el piso de la duración. Recordemos que incluso el presidente de la Cámara, Martín Menem, llegó a sugerir la posibilidad de que pudiera durar 4 días.

Todo indica que esta sesión tendrá una extensión récord. Con cuarto intermedio o sin él. Pero veamos cuál fue la extensión de otras sesiones recordadas por su importancia y -también- duración.

La primera que puede servir para la comparación es la sesión del 19 y 20 de diciembre de 2019, para tratar las emergencias que pidió el por entonces nuevo gobierno de Alberto Fernández. Vale recordar que a esa ley también se la conoció como la “ley ómnibus”. Tuvo una extensión superior a las 19 horas. Comenzó a las 15.05 y terminó a las 10.19 del día siguiente.

El último presupuesto aprobado durante la gestión de Alberto Fernández se votó en la Cámara baja el 26 de octubre de 2022. La sesión duró 19 horas 27 minutos.

Las sesiones en las que se debatió el aborto fueron muy largas también. Más la primera, celebrada el 13 y 14 de junio de 2018, que se extendió casi 24 horas. Más exactamente 23 horas y 19 minutos.

La segunda sesión de Diputados sobre el aborto se celebró en tiempos de Alberto Fernández, el 10 y 11 de diciembre de 2020, y se extendió 21 horas 36 minutos.

Vayamos más lejos en el tiempo. Una sesión muy extensa y que bien podría parecerse a esta de la ley de Bases fue la estatización de YPF. Celebrada los días 2 y 3 de mayo de 2012, arrancó el día 2 a las 15.50, pero tuvo la particularidad de que se pasó a un cuarto intermedio pasada la medianoche, a las 0.06. La sesión se reanudó al día siguiente a las 10.10 de la mañana y se extendió hasta las 22.47. Casi 22 horas en total.

Otro debate muy caliente fue el de la Ley de Medios Audiovisuales. Fue el 16 de septiembre de 2009, pero la sesión no resultó tan extensa: casi 16 horas.

Por último, citemos otra sesión emblemática: la de la estatización de Aerolíneas Argentinas. Fue entre los días 21 y 22 de agosto de 2008. Comenzó la sesión a las 12.29 y se extendió hasta las 2.14 de la madrugada siguiente. Casi 14 horas.

La sesión más larga de la historia hasta ahora fue la posterior a la de las 14 toneladas de tierra, en la que se trató la reforma previsional en tiempos de Mauricio Macri. Fue el 18 de diciembre de 2017 y tuvo cuarto intermedio. La primera parte duró 17 horas 6 minutos, con cuarto intermedio a las 7 y 18 de la mañana y se reanudó el 19 de diciembre a las 17.04, hasta las 4.18. Fueron así 17.06 horas el primer día, 11.14 el segundo. Total, 28 horas 8 minutos.

Las sesiones más extensas 

Fecha Tema Hora de inicio Hora de cierre Total
26/10/22 Presupuesto 2023 13.45 hs. 9.12 hs. 19 horas 27 minutos
11/12/20 Aborto 11.12 hs. 8.48 hs. 21 horas 36 minutos
19/12/2019 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 15.05 hs. 10.19 hs. 19 horas 14 minutos
13/06/18 Aborto 11.22 hs. 10.41 hs. 23 horas 19 minutos
18/12/2017 Reforma previsional 14.12 hs. 7.18 hs.
19/12/17 Reforma previsional 17.04 hs. 4.18 hs. 28 horas 8 minutos
2/05/12 Estatización de YPF 15.50 hs. 0.06 hs.
3/05/12 Estatización de YPF 10.10 hs. 22.47 hs. 21 horas 53 minutos
16/09/09 Ley de Medios 11.23 hs. 3.15 hs. 15 horas 52 minutos
21/08/08 Estatización de Aerolíneas 12.29 hs. 2.14 hs 13 horas 45 minutos

 

 

 

 

 

El programa Compra sin IVA quedó listo para ser tratado en el recinto

Con 26 firmas, la propuesta del Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría, mientras que Juntos por el Cambio promovió uno alternativo. Se debatirá en la próxima sesión de Diputados.

Consiguió dictamen y quedó listo para ser debatido en el recinto de la Cámara baja el proyecto que crea el programa Compra sin IVA, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 22 de septiembre pasado. Desde el oficialismo se anticipó la intención de que el proyecto sea incluido en la próxima sesión de la Cámara baja y dejaron abierta la posibilidad de introducirle modificaciones “para mejorarlo”.

Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría que contiene una serie de correcciones que incluían una fecha de vencimiento para el presente año, a los efectos de no condicionar la política tributaria del próximo gobierno.

Todo sucedió en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunió este miércoles por la mañana y cuyo presidente, Carlos Heller, detalló inicialmente los alcances del programa, precisando cuáles son los beneficiarios que tendría el proyecto, y en qué casos se producen exclusiones.

Planteó cómo se hará el reintegro, cuál es la autoridad de aplicación y dejó abierta la posibilidad para que “de acá a la sesión sigamos trabajando y algunas cosas se resuelvan en el campo de la reglamentación”.

Concluido el detalle de los alcances de la propuesta, Heller sostuvo que el objeto de la propuesta “está claro y tiene que ver con toda una propuesta que intenta compensar el deterioro del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. Recordó que ya había el Gobierno avanzado con un proyecto que alcanzaba a otro sector de la sociedad, como es el alcanzado por el impuesto a las Ganancias, y “en este caso se plantea la devolución para otro segmento que no está alcanzado por aquel beneficio, el sector de menores ingresos”.

En ese sentido aportó un dato clave: al 30 de septiembre ya habían accedido al beneficio 16.008.231 personas, por un monto de 25.300 millones de pesos de devolución. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que el método de devolución aplicado “parece ser el método más indicado, porque permite segmentar y determinar a qué sector se beneficia y sobre qué tipo de bienes se aplica.

“Ha habido otros intentos en que el beneficio ha quedado en los tramos de la  intermediación y no le han llegado al consumidor”, agregó para terminar.

El dictamen de minoría

Al anticipar la presentación de un dictamen alternativo, el diputado nacional de Evolución Radical Alejandro Cacace contó que JxC había estado analizando la propuesta y coincidían en la aplicación de una medida que atendiera la “profunda crisis económica” y los efectos de “la fuerte aceleración inflacionaria en nuestro país y su perjuicio”. Pero más allá de coincidir en la necesidad de hacer una devolución, dijo, hay una serie de cuestiones que les preocupan del texto original.

Habló entonces de la necesidad de compensar la pérdida de  recursos que la aplicación de esta norma provoca. “Lo que termina pasando es que se profundiza la emisión monetaria para financiar el gasto público”, advirtió, por lo que dijo que “nos parece fundamental que haya una restricción sobre la capacidad del Tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y la asistencia del Banco Central”.

“En el dictamen alternativo que estamos proponiendo vamos a incluir un artículo que dice: ‘Se suspenden las disposiciones contenidas en los artículos 20°, adelantos transitorios, y 38°, que el giro de utilidades de la Carta Orgánica del Banco Central y todo mecanismo de financiamiento del Banco Central al Tesoro’. No sigamos financiando el gasto público, demandamos una fuerte contención sobre esa capacidad de financiamiento del gasto del Tesoro. Esto es central dentro de la propuesta que estamos haciendo”, resumió.

En segundo lugar, sostuvo Cacace que en el contexto de emergencia vigente “entendemos que hagamos esta devolución a los sectores postergados”, pero aclaró que desde JxC no creen que sea responsabilidad del actual Gobierno fijar la política tributaria del próximo. El diputado puntano remarcó que el oficialismo había salido “tercero” en las elecciones PASO, “después de haber hecho más de 20 aumentos de impuestos” y que ahora pretendía fijar la política tributaria futura con leyes como esta.

Por eso propuso que “las disposiciones de la presente ley tengan efecto con las compras efectuadas hasta el 9 de diciembre de 2023 inclusive. En el mismo plazo disponemos la suspensión de las disposiciones de la Carta Orgánica a través de las cuales se financia el Tesoro Nacional”.

El tercer punto señalado por Cacace tenía que ver con los beneficiarios. “Nos encontramos con que la curiosidad es que haya personas que no son pobres y están beneficiadas; y que haya personas que son pobres y no están beneficiadas”, señaló, por lo que propuso incluir en el artículo 1° la situación de los informales. Tras remarcar que se pretendía mejorar la propuesta, el legislador de Evolución dijo que en el dictamen alternativo incluían a los trabajadores informales que serían determinados con el mismo criterio con el que el Gobierno los ha ubicado a través del pago de un bono.

“No tiene sentido que hagamos una ley para ayudar a los pobres y no incluyamos a los que sí lo son”, sintetizó.

Cuarto punto. “Cuando se hizo la resolución general 458, el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que ‘vamos a hacer la devolución a cargo del Tesoro y esto no va a afectar a las provincias. Todos los gobernadores se quedaron tranquilos entonces, pero cuando llegó el proyecto no decía nada”. Agregó que luego llegó el i nforme de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estableció un costo fiscal de 1,29 del PBI ya asumido por el Estado y se encontraron con que cambiaba la distribución del impacto fiscal, marcando que el mismo quedaba a cargo de las provincias. Cacace recordó que se lo había preguntado a Carlos Castagneto cuando concurrió a la comisión, y éste le dijo que “lo hacemos por ley para que las provincias paguen su parte”.

“No estamos de acuerdo”, enfatizó el diputado opositor, que reclamó “que se cumpla lo que dijo Massa y que esté a cargo del Tesoro”.

El quinto punto tiene que ver con “las facultades del Ejecutivo”. Sobre el tema, Cacace dijo que “no las compartimos así de amplias” y recordó que “los tributos son responsabilidad de este Congreso: modificarlos, eliminarlos, determinar las alícuotas”.

“Le han impuesto una facultad muy curiosa: fijar la magnitud del reintegro en hasta un 21%. Perfecto, pero cuando dicen ‘hasta’, le dan la facultad al Ejecutivo de que mañana pueda decir del 15%, 10%, 5%, o cero… ¿Vamos a aprobar una ley para que mañana el Ejecutivo diga no hay más ley, se terminó? Esa facultad de ningún modo puede estar. En nuestra propuesta la removemos”, explicó Cacace, que sí se mostró dispuesto a que se amplíen los medios de pago, incluyendo a las billeteras virtuales.

Intervino a continuación el preside Carlos Heller, para hacer una serie de observaciones. Dijo al respecto que ya hay  más de 16 millones de personas que usaron el beneficio “y supongo que es un número que es creciente y es  probable que queden sectores menores que tengamos que corregir y emprolijar, pero está claro el espíritu de este proyecto, que es absolutamente inclusivo”.

Respecto del primer punto, la ampliación del alcance del beneficio, el diputado del Frente de Todos dijo que tratarían de encontrar la manera de resolver el tema, pues “no hay una idea de excluir a ningún sector”.

A continuación, salió al cruce de la advertencia opositora sobre la emisión, vieja discusión en este Congreso sobre el origen de la inflación. Heller llamó a “terminar con un mito” y explicó que “en los primeros ocho meses (del año) la base monetaria cayó un 25,5% en términos reales”, por lo que “de ninguna manera la emisión ha sido generadora de la inflación, ha ido por detrás de la inflación”.

“No es en este caso la emisión monetaria la causa; es en todo caso una consecuencia”, remarcó, agregando que a él le gusta decir que la emisión “no es locomotora, es vagón; la inflación se produce por otros factores, discutámosla. Y los que quieren discutirla son los que generaron problemas como la convertibilidad. Tenemos que discutir por qué aumentan los precios, que aumentan como si fuera un fenómeno meteorológico independiente de la economía real”.

Otros cambios

La diputada del Pro Victoria Morales Gorleri pidió incluir en la norma a niños, niñas y adolescentes, no contemplados en ese proyecto. “Hemos recibido de Juan Facundo Hernández, el defensor adjunto de la Defensoría (del Niña, Niño y Adolescente) un alerta de que no estuvieran incluidos los programas de acompañamiento de jóvenes”, y citó casos como la reparación económica para víctimas de femicidios, entre otros. El dictamen de minoría los incluye.

También habló sobre el tema la diputada Carla Carrizo, que le puso cifras a esos programas, para dejar claro que no incluyen un universo tan amplio, y precisó que el programa SOS alcanza a 3.483 personas; la Ley Brisa a 1.048 y el programa Aunar a 150.

Desde el oficialismo, Itai Hagman aclaró que “es el Congreso el que fija la política tributaria, no el Gobierno”. Y advirtió que si desde la oposición presentaban un dictamen de minoría poniéndole fecha de vencimiento a diciembre de este año con el argumento de que “es un problema que sancionemos una ley que fija un programa para el año que viene. Tengo derecho a interpretar que ‘si ganamos las elecciones, este programa no lo vamos a implementar’… Las leyes no se hacen con fecha de vencimiento”.

El sanjuanino José Luis Gioja señaló por su parte que las provincias van a recaudar más, porque “al lado del IVA viene Ingresos Brutos”, y destacó que “la mejor compensación que tienen las provincias es que haya más justicia social reformando un tributo absolutamente regresivo, haciéndolo más progresivo”, en tanto que Juan Marino sostuvo que ese era un proyecto que debía salir “por unanimidad”, y pudiera establecerse un compromiso que dijera que se mantendría “gobierne quien gobierne”. De paso, manifestó su acuerdo para que se incluyera la propuesta de los beneficios para minos, niñas y adolescentes.

A su turno, Martín Tetaz no dejó pasar la oportunidad de contestarle a Heller sobre la emisión monetaria. Según el economista radical, si eso no tuviera ningún efecto, entonces “eliminemos el IVA directamente y ya está”. Luego advirtió sobre la desmonetización de la economía. “¿Sabe por qué cae la economía? Porque la gente está tratando de protegerse de ese signo monetario que está perdiendo valor. Pregúntele a (el diputado Sergio) Palazzo cómo evolucionaron los depósitos. Lo espoileo: solo 2% en términos nominales, contra una inflación de 12%. Se está hundiendo la demanda de dinero, pero se agrega la demanda de dinero para fines transaccionales”.

Agregó Tetaz que “muchos alquileres ya comienzan a fijarse en dólares” y en ese sentido dijo que “cada transacción que deja de hacerse en pesos y comienza a hacerse en dólares hace que sobren más pesos. Si se empieza a utilizar cada vez más dólares, le van a sobrar más pesos, aunque no los emita. Si la gente empieza a gastar, le van a sobrar, por eso la cuenta que le da”.

Y cerró el tema: “Si no tiene un Banco Central fuerte que retire los pesos, le pasa lo que está pasando ahora, que se acelera la inflación”.

Volviendo al proyecto, Tetaz justificó la intención de ponerle fecha de vencimiento a la ley en el hecho de que a partir del próximo gobierno –y dando por sentado que ese sería Juntos por el Cambio- anticipó que “vamos a cambiar toda la estructura monetaria de la Argentina a partir del 10 de diciembre, y va a estar regido a partir de los criterios que establece la ciencia económica. Y va a estar regido esencialmente porque se rompa lo menos posible la economía. No es bueno utilizar el sistema impositivo para hacer políticas públicas”.

Cerró el debate el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, quien valoró “la decisión política de nuestro Gobierno y nuestro ministro de Economía, instrumentada por la AFIP”. Que se traduce en que más de 16 millones de personas estuvieran teniendo reintegro del IVA. “Y más allá de todos os debates, esa es una cosa para reivindicar”, dijo, resaltando “el impacto no solamente en el bolsillo de los argentinos, sino también en los niveles de movimiento económico y facturación de los negocios que venden esos bienes a los que se aplican esos criterios”.

Con referencia al financiamiento de la ley, recordó que hay un “debate abierto” en torno al Presupuesto 2024 y en ese sentido aclaró que “el ámbito para que podamos profundizar ese debate es la discusión del Presupuesto”.

Mostró también disposición a incorporar determinados colectivos, pero aclaró que había que ver bien cómo instrumentarlo, para no terminar haciendo un artículo 1° amplio e inocuo.

Por último, se refirió al artículo 1°, inciso a, del proyecto, que incluye a “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”. “No hay ninguna negación a jubilados de cajas provinciales no transferidas a la Nación; vamos a pedir que se explicite claramente para que llegue tranquilidad a todos los que nos preguntaron estos días”, concluyó Martínez.

Cerró la reunión Carlos Heller, quien se refirió puntualmente a ese último punto, anunciando que lo incorporarían con un texto que dice: “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, nacional o de cajas provinciales no transferidasa a la Nación en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”.

“Es decir, estamos incorporando, para que no haya dudas, la interpretación del Ejecutivo, que no hacía falta, porque al no haber ninguna mención, estaban incluidos todos, pero ante la existencia de la duda, vamos a cambiar el texto del dictamen y vamos a ponerlo de esta manera”, aceptó Heller.

También mostró disposición a considerar en el transcurso de la semana los planteos referidos a “zona desfavorable”. “Hay razonabilidad en el planteo, vamos a analizar cómo debería redactarse, igual que otras cuestiones, como la de (Carla) Carrizo, y vamos a trabajar en esos temas tratando de consensuar”.

Antes de concluir, el presidente de la comisión destacó la presencia de los 49 integrantes de la comisión, lo que indicaba que la misma había “funcionado a pleno, 100%”, lo que daba cuenta de la importancia del tema.

CFK le dejó a su sucesor el Presupuesto aprobado; Macri le dejó las manos libres a Alberto

Néstor Kirchner, Cristina y Mauricio Macri tuvieron distintas posturas a la hora de decidir los tiempos del tratamiento de la ley de leyes en el Congreso. Veamos qué nos revela la historia.

Sorprendió a propios y extraños el pedido de Javier Milei de este martes al ministro de Economía de postergar la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional 2024, siendo que una ley establece  expresamente la fecha límite en la que el texto debe llegar al Congreso.

El argumento del diputado libertario es que en las elecciones de este año se va a definir un nuevo presidente para los próximos cuatro años y recuerda que él es uno de los candidatos, de hecho el más votado en las PASO.

El pedido libertario causó la inmediata reacción de diputados de Juntos por el Cambio, entre ellos Graciela Ocaña, que concedió que podía pedir una postergación en el tratamiento, mas no incumplir la ley.

La realidad es que no hay antecedentes de que la presentación del proyecto se haya postergado. No oficialmente. Ha sucedido, sí, alguna dilación el 15 de septiembre, pero nunca sucedió que se reconociera y mucho menos se oficializara una postergación.

En la práctica, lo que sucede es que el presidente saliente tiene la potestad de decidir si le ordena al oficialismo de turno avanzar o no con el tratamiento del texto. Por ejemplo, en 2005, cuando no hubo elecciones presidenciales, pero sí elecciones intermedias, Néstor Kirchner decidió esperar a ver el resultado de las mismas, confiado en que el Frente para la Victoria ganaría con amplitud y postergó el tratamiento del proyecto para cuando asumieran los nuevos legisladores. Así las cosas, el Presupuesto 2006 se aprobó el 16 de diciembre de 2005 en Diputados y el 23 de diciembre en el Senado. Si bien contaba con el apoyo de los legisladores peronistas, el santacruceño no se sentía lo suficientemente empoderado y por eso quería antes vencer al duhaldismo, cosa que consiguió en la provincia de Buenos Aires en lo que se recuerda como “la madre de todas las batallas”.

En 2010, el kirchnerismo perdió las elecciones intermedias que había resuelto adelantar, para ver si podía evitar una derrota que al final sucedió. Y atento a que perdería la mayoría legislativa, mandó a votar el Presupuesto 2010 antes del recambio parlamentario. En la Cámara baja se aprobó el 15 de octubre y en el Senado el 12 de noviembre.

En 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner dejaba el poder, la aprobación del Presupuesto 2016 se resolvió en Diputados el 8 de octubre, y en el Senado 20 días después. Esto es, cuando se convirtió en ley ya se sabía que había balotaje, más no quién sería el nuevo presidente.

En el caso de Mauricio Macri, en las elecciones intermedias de 2017 también resolvió aguardar a la nueva conformación legislativa y el Presupuesto 2018 se aprobó el 22 de diciembre de 2017 en la Cámara baja y el 27 de diciembre en la Alta.

Mauricio Macri no hizo con Alberto Fernández lo que Cristina había hecho con él. El entonces ministro de Economía Hernán Lacunza cumplió con la formalidad de mandar al Parlamento el presupuesto el 15 de septiembre, y al día siguiente fue al Congreso a defenderlo. Pero fue una formalidad. Después del resultado de las PASO, lo más probable era que Cambiemos perdiera las elecciones y de común acuerdo se estableció dejarle las manos libres al ganador para avanzar con el proyecto pasadas las elecciones generales.

Hernán Lacunza cumplió con la presentación en tiempo y forma del Presupuesto 2020.

Cuando la victoria del Frente de Todos se concretó, el Gobierno que asumió el 10 de diciembre anunció que se tomaría su tiempo para armar un nuevo proyecto una vez vieran todas las cuentas, luego dijeron que lo harían en el transcurso de la primera parte de 2020, y cuando vino la pandemia ya no se habló más del tema.

El tratamiento más insólito se dio con Alberto Fernández como presidente y Martín Guzmán ministro de Economía, en 2021. Ese Gobierno decidió esperar el desarrollo de las elecciones y aun habiéndolas perdido, aguardó al recambio legislativo.

Casi tres meses después de haber presentado el proyecto de Presupuesto en la Cámara baja, el ministro Martín Guzmán lo defendió el 13 de diciembre en la Cámara de Diputados, en una carrera contra reloj para lograr su aprobación antes de fin de año. El resultado no podía ser peor: fue rechazado en Diputados durante la sesión del 17 de diciembre de 2021, con 121 votos afirmativos, 132 negativos y 1 abstención.

Buscan “evitar la discrecionalidad del Ejecutivo en la presentación del Presupuesto”

Quieren establecer por ley que el proyecto de Presupuesto ingrese a la Legislatura bonaerense de manera alternada en ambas Cámaras.

El senador provincial Marcelo Daletto presentó una iniciativa con el objetivo de que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires de manera alternada ante ambas cámaras.

El legislador opositor lo fundamentó en que “esta era una práctica sana, acorde a nuestros principios republicanos, que los distintos gobiernos venían respetando y, desde que asumió el actual gobierno, no se hace más, ingresando todos los Presupuestos por la misma Cámara”.

“El sistema republicano no sólo tiene que ver con el establecimiento de las instituciones, sino con conductas diarias de respetar sus principios”, sostuvo Daletto tras la presentación del primer proyecto legislativo del año calendario en la Cámara alta bonaerense.

Y señaló que “el sistema republicano tiene como fin el equilibrio de los distintos poderes y funciones del Estado para evitar abusos; y para eso es importante evitar también la discrecionalidad de elegir como Cámara de inicio a aquella que más conviene para el tratamiento de lo que es la ‘Ley de Leyes’”.

Y agregó que “en la provincia tenemos un sistema bicameral y todos los años cada gobernador enviaba el proyecto de Ley de Presupuesto a cada Cámara en forma alternada, y esa buena costumbre republicana se perdió con este gobierno; por eso buscamos con este proyecto recuperarla por medio de la imposición de una ley”.

El Gobierno amplió el Presupuesto 2022 mediante un DNU

Se publicó el decreto este miércoles en el Boletín Oficial. La bicameral encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo no se reunió en todo el año.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el DNU 829/22, por el cual amplía en más de un billón de pesos el Presupuesto Nacional 2022.

El decreto debe ser tratado en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que no se reunió en todo el año, por lo cual hay pendientes numerosos decretos del Ejecutivo. La comisión, presidida por el diputado Marcos Cleri (FdT), solo se encontró para designar autoridades el pasado 30 de junio.

En los considerandos del DNU, el Gobierno fundamentó que “resulta necesario incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año para el personal de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

En ese sentido, argumentó que “se requiere modificar los créditos vigentes de la Auditoría General de la Nación, de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismos actuantes en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, con el fin de afrontar necesidades específicas”.

Por otra parte, “resulta menester reforzar el Presupuesto vigente del Consejo de la Magistratura, organismo actuante en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, con el objeto de afrontar sus necesidades operativas”.

Entre numerosos destinos a los que irán las partidas, se señaló que “es preciso reforzar los créditos vigentes del Servicio Penitenciario Federal, actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de atender la provisión de alimentos destinada a la población penal alojada en establecimientos penitenciarios, gastos de funcionamiento y becas de los y las cadetes de la Escuela Penitenciaria de la Nación”.

En uno de los artículos se establece una suma de $69.802.050.728 destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y retiradas y pensionados y pensionadas de las fuerzas armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.

A su vez, se destina para transferencias a cajas previsionales provinciales de la ANSeS la suma de $72.577.242.261. Y se incrementa en $5.500.000.000 el límite establecido en el Presupuesto destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley N° 27.260 y sus modificaciones, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la ANSeS.

Otro de los artículos prorroga el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País por un importe de $48.000.000.000, “con el objeto de continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado Nacional”.

Piden crear una oficina para evaluar la ejecución presupuestaria de la Ciudad

Se trata de una iniciativa del oficialista Hernán Reyes (VJ) a través de la cual se buscará fomentar la implementación de una oficina “dedicada a la asistencia técnica en la formulación, implementación y seguimiento de leyes con impacto presupuestario”.

En las vísperas del inicio del debate en el recinto del Presupuesto 2023, el legislador de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscará dotar a esa misma Casa con una “Oficina de Ejecución del Presupuesto y Evaluación de las Políticas Públicas”.

De esta manera, dicha oficina se dedicará “a la asistencia técnica en la formulación, implementación y seguimiento de leyes con impacto presupuestario” y ejercerá “sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura, mediante la provisión de información objetiva, imparcial e independiente”.

La mencionada oficina tendrá entre sus principales funciones la realización de “análisis de las estimaciones de ingresos fiscales, plan de gasto, metas físicas y deuda pública respecto del ejercicio siguiente y proyecciones de ingresos en mediano y largo plazo, con el objeto de asesorar a la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria o a requerimiento específico respecto de programas y proyectos por las demás comisiones de la Legislatura de la Ciudad” y elaborará documentos de legislación comparada nacional e internacional respecto de la materia que está siendo analizada.

También realizará “una evaluación de la tasa de retorno respecto de las obras proyectadas en el plan plurianual y aquellas obras contenidas en iniciativas legislativas y/o en la ley de presupuesto en base a los indicadores utilizados por el área competente”; “una evaluación de la pertinencia, costo-beneficio presupuestario, eficacia e impacto de la medida respecto de las iniciativas legislativas, con anterioridad a su sanción y a requerimiento del autor de la iniciativa o el Presidente de la comisión de cabecera del proyecto”; y podrá convocar a reuniones con organizaciones civiles o los sectores afectados por los proyectos de ley que se traten en el Parlamento.

A su vez podrá celebrar convenios de cooperación con organizaciones públicas, en pos de compartir y promover las buenas prácticas en la evaluación de las políticas públicas; entre otros puntos.

Según el texto recientemente presentado, la oficina estará coordinada por un secretario que tendrá un mandato de cinco años, con la posibilidad de ser designado nuevamente por una única vez, y su elección se dará por un concurso de oposición y antecedentes al que podrán presentarse cualquier interesado. Los postulantes tendrán que acreditar experiencia profesional y académica de cinco años en regulación económica, legislativa y/o evaluación de políticas públicas, así como título universitario de grado o posgrado en derecho, economía y/o ciencias sociales.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que en la Legislatura porteña se presenta un proyecto de estas características, de hecho actualmente cuentan con estado parlamentario dos textos similares: uno de la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira y otro del ex legislador radical Leandro Halperín. Además hay otras iniciativas que perdieron vigencia pero que apuntaban al mismo objetivo, las cuales fueron impulsadas por los diputados mandato cumplido Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Hernán Rossi, Hernán Arce y Juan Francisco Nosiglia.

Presupuesto: cómo será el debate en el Senado, que arranca este miércoles

En la Comisión de Presupuesto y Hacienda esperan contar con la visita del ministro de Economía, Sergio Massa. Cuál es la fecha tentativa para el debate en el recinto.

Si bien no ha sido convocada aún oficialmente para tal fin, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzará este miércoles a analizar el proyecto de Presupuesto 2023 que cuenta con media sanción de Diputados.

Según trascendió, la idea es avanzar esta misma semana con el dictamen, de modo tal de dejar listo el proyecto para convertirlo en ley en la tercera semana de noviembre.

Por lo pronto, oficialmente la Comisión de Presupuesto que conduce el riojano Ricardo Guerra ha sido convocada para este miércoles a las 10, más no por el Presupuesto, sino para participar de un plenario con la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que preside la formoseña María Teresa González, para analizar una serie de proyectos relacionados con los subsidios al transporte público de pasajeros de todo el país. Se pondrán a consideración proyectos de la cordobesa Alejandra Vigo, el sanjuanino José Uñac y el salteño Sergio Leavy.

Fuentes de Presupuesto y Hacienda informaron a parlamentario.com que a las 14 volverán a reunirse solo ellos, en el Salón Azul del Senado, para comenzar a debatir el proyecto de Presupuesto aprobado en Diputados el miércoles pasado. Ha sido convocado para esa reunión el ministro de Economía, Sergio Massa, a fin de brindar un informe ante los senadores, tal cual hizo el 28 de septiembre pasado en la Cámara baja.

No se descarta que puedan asistir otros funcionarios, mas no se espera que se produzca en la Cámara alta el desfile registrado ante la comisión en Diputados.

De hecho, para este jueves 3 de noviembre se espera una segunda reunión a partir de las 14, al cabo de la cual se emitirá el dictamen correspondiente, con lo que el proyecto quedará listo para discutir en el recinto.

Sin embargo esa sesión no será la semana venidera. Fuentes parlamentarias anticiparon a parlamentario.com que la misma tendría lugar el miércoles 16 de noviembre.

Para el debate en el recinto no se esperan mayores novedades. Allí el oficialismo cuenta con aliados suficientes para garantizar la aprobación del proyecto de Presupuesto. Si bien el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, sigue internado y se descuenta que no podrá participar del trabajo legislativo en lo que resta de este período ordinario, el bloque oficialista ha recuperado la presencia del misionero Maurice Closs -también con problemas de salud-, con lo que garantiza 34 senadores sentados en sus bancas. A ellos se sumarán para el quórum la misionera Magdalena Solari Quintana, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, con lo que el oficialismo no tendría problemas para el arranque de la sesión.

Estas mismas voluntades asegurarán la aprobación del proyecto de Presupuesto. En esa votación en general habría que sumar –en caso de replicarse en el Senado el comportamiento de los diputados de cada sector– el apoyo de los 18 radicales, más la cordobesa Alejandra Vigo, en cuyo caso la ley de Presupuesto podría llegar a contar con 55 votos. Aunque nadie puede llegar a asegurar el apoyo completo de toda la bancada radical. Recordemos, sin ir más lejos, que el presidente del interbloque JxC, Alfredo Cornejo, se ha mostrado de acuerdo con Ricardo López Murphy en cuanto a que “tal y como está no debería votarse el Presupuesto”.

Recordemos que el Pro se abstuvo en Diputados, igual que los sanjuaninos de Producción y Trabajo, espacio que lidera el senador Roberto Basualdo. Según pudo saber parlamentario.com, los cuatro senadores de Cambio Federal, el espacio que encabeza el chubutense Nacho Torres, aún no han tomado una decisión.

De qué hablamos cuando hablamos del Presupuesto

Un detalle minucioso elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso para conocer la estructura de la ley de leyes.

Este jueves ingresará por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2023. A propósito de ello y para comprender bien en qué consiste la denominada “ley de leyes”, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un instructivo.

La OPC es un organismo clave del Congreso de la Nación que tiene como misión brindar apoyo técnico a los legisladores con el fin de dotarlos de herramientas técnicas para la labor legislativa, que permitan profundizar la comprensión de temáticas vinculadas al Presupuesto Público.

Fue creada a partir de la sanción de la Ley 27.343, que estableció como objetivo fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales en materia presupuestaria y como uno de los requisitos para ingreso del país a la OCDE.

¿Qué contiene el Presupuesto de la Administración Nacional?

Según detalla la Oficina de Presupuesto del Congreso, el mismo está conformado por los presupuestos de la Administración Central, los organismos descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social.

¿Qué no contiene el Presupuesto?

Los presupuestos de los fondos fiduciarios, de las empresas públicas y sociedades del Estado, universidades nacionales y de otros entes del sector público nacional.

Estructura del proyecto de ley de Presupuesto

El Anexo del Mensaje de Elevación incluye información sobre el contexto económico y global, las proyecciones macroeconómicas, las prioridades de las políticas públicas, la política fiscal y presupuestos de la Administración Nacional, fondos fiduciarios, empresas públicas, sociedades del Estado y otros entes del Sector Público Nacional.

En el Anexo del Mensaje de Elevación se identifican para cada política transversal, los programas o actividades presupuestarias de mayor importancia y el crédito asignado para el año que se presupuesta.

Cada política transversal refleja un área de relevancia dentro de la agenda pública y se compone de todas las acciones presupuestarias vinculadas con ella.

El proyecto de ley contiene el articulado que incluye disposiciones generales, Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Central, y organismos descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

Las planillas anexas al articulado contienen planillas indicadas en el articulado como anexo.

Los fascículos por jurisdicción o entidad incluyen la descripción de programas, metas físicas, cargos de personal, créditos y recursos de cada jurisdicción o entidad.

Existe también un anexo estadístico y ubicación geográfica donde existen cuadros comparativos, estadísticos y geográficos.

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF)

Resume la gestión financiera consolidada del Gobierno, detallando los flujos de ingresos, gastos y financiamiento.

Principales cuentas:

  1. Ingresos corrientes
  2. Gastos Corrientes
  3. Resultado económico (Ahorro o Desahorro)
  4. Recursos de capital
  5. Gastos de capital
  6. Total recursos
  7. Total gastos
  8. Total gastos primarios
  9. Resultado primario
  10. Resultado financiero (superávit o déficit)
  11. Fuentes financieras
  12. Aplicaciones financieras

Surge de relacionar la clasificación económica de los recursos públicos con la clasificación económica de los gastos; permitiendo así determinar los resultados económico primario y financiero y cuyo financiamiento se expresa a través de las fuentes y aplicaciones financieras.

Este esquema permite observar distintos datos. Arriba de la línea: se registran recursos y gastos corrientes y de capital necesarios para el cumplimiento de los objetivos de política fiscal. Debajo de la línea: aquí se registra el financiamiento y las amortizaciones de la deuda pública, y otras operaciones de activos y pasivos financieros.

Resultados

En cuanto al resultado económico, si los ingresos corrientes son superiores a los gastos corrientes, existe ahorro, el que se destina para financiar gastos de capital.

Si los ingresos son menores que los gastos, existe desahorro, que se financia con venta de activos u otro tipo de financiamiento.

Respecto del resultado primario, si los ingresos totales son mayores que los gastos primarios, existe superávit primario que permite financiar en forma total o parcial los intereses de la deuda.

Si los ingresos totales son menores a los gastos primarios, existe déficit primario que requiere financiamiento adicional para atender el pago total de los intereses de la deuda.

Acerca del resultado financiero, si los ingresos totales son mayores que los gastos totales, existe superávit financiero que permite una disminución equivalente del financiamiento.

Si los ingresos totales son inferiores a los gastos totales, existe déficit financiero para lo cual se requiere obtener un mayor financiamiento.

¿Cómo es el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto?

El Poder Ejecutivo envía el Informe de Avance al Congreso de la Nación, antes del 30 de junio del año previo al ejercicio.

El Poder Ejecutivo debe enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, que tendrá tratamiento regular en comisiones de Presupuesto y Hacienda y plenarios de ambas cámaras.

El proyecto de ley debe enviarse antes del 15 de septiembre y ser aprobado antes del 31 de diciembre. Si esto no sucediera, el Poder Ejecutivo prorroga el Presupuesto vigente con ajustes.

La ley tiene vigencia anual y no puede crear ni modificar impuestos, solo prever su recaudación y asignación.

Casaretto advirtió que no aprobar la prórroga de impuestos tendría “una consecuencia gravísima”

El diputado del Frente de Todos se refirió al proyecto del Gobierno que no fue incluido en el temario de la sesión del jueves. “Hace cinco años atrás quien pedía la prórroga era Macri”, recordó.

Luego que en el temario de la sesión del próximo jueves no se incluyera el proyecto enviado por el Gobierno para prorrogar por cinco años seis impuestos nacionales, el diputado oficialista Marcelo Casaretto advirtió que “una decisión de no tratar el tema, o de no aprobarlo, o de limitarlo, tiene una consecuencia gravísima para la Argentina, sobre todo en un contexto de fragilidad”.

Ante la falta de votos que tendría para que la iniciativa avance, el Frente de Todos no se arriesgó a llevarla al debate. Además, desde Juntos por el Cambio tienen un dictamen de minoría que propone modificaciones, sobre todo en Bienes Personales e impuesto al cheque.

En diálogo con Radio Nacional, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apuntó que se trata de “una cuestión de Estado que hace al funcionamiento mismo del Estado Nacional, los provinciales y municipales” ya que “son todos impuestos coparticipables” y “representan un tercio de toda la recaudación de la Argentina”.

“Tenemos que tener paciencia, tenemos que poder convencer, persuadir, e informar para que se vean todas las consecuencias. Porque queda lindo decir ‘bajemos todos los impuestos’, pero en realidad el Estado tiene que tener financiamiento”, remarcó el entrerriano.

Además, Casaretto fustigó que desde JxC “es poco claro lo que piden” porque “unos dicen una cosa, otros dicen otra”. “Los que no tienen anclaje en responsabilidad de gobernar se convierten en librepensadores”, opinó.

Y recordó que “hace cinco años atrás quien pedía la prórroga de los impuestos era Mauricio Macri y su ministro de Economía, y muchos de los diputados que hoy no quieren votar la prórroga, pidieron la prórroga por cinco años en 2017”, en referencia a la reforma tributaria de ese año.

Sobre esa ley, el diputado mencionó que “en el peronismo hubo votos repartidos” porque “los gobernadores peronistas mandaron a votar a favor”. En ese sentido, al ser consultado sobre si en esta ocasión podría pasar lo mismo con los gobernadores radicales, sostuvo: “Debiera pasar, pero bueno, no puedo decir qué va a hacer la oposición”.

“Nosotros queremos sostener el funcionamiento del Estado Nacional, de las provincias y los municipios”, insistió y subrayó que “el plazo vence a fin de año. Estamos en septiembre, no nos cambia mucho si se trata una semana o la otra. Sí nosotros lo hubiésemos querido tratar antes del Presupuesto”.

En alusión a la “ley de leyes”, que ingresará el próximo jueves, el legislador señaló la importancia de saber si se va a “contar con ese tercio de la recaudación nacional o no”. “Entiendo que el Ejecutivo va a incluir (en el Presupuesto) esos recursos como si la ley saliera de acá a diciembre”, dijo.

Piden que en el Presupuesto 2023 se incluyan obras para la Ruta 12

La solicitud corresponde a la diputada Sofía Brambilla, quien reclama especial atención para el tramo comprendido entre el cruce con Saladas y la ciudad de Corrientes.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto a través del cual solicita al Gobierno nacional que los montos de realización de las obras de reparación, repavimentación, ampliación y mejora de la seguridad vial en la Ruta Nacional N°12, en el tramo comprendido entre el cruce con la Ruta Nacional N°118 de Saladas y la ciudad de Corrientes capital, sean incluidos en el Presupuesto 2023.

La legisladora aseguró que el pedido responde “a los reclamos de los intendentes sobre el aumento de accidentes viales, la manifestación de cientos de familias que han perdido seres queridos en siniestros, y una demanda por parte del gobierno provincial en pos de mejorar la seguridad de la circulación en la ruta”, la cual es “una de las vías más importantes del Noreste argentino que, con el paso del tiempo y su deterioro, ha puesto en peligro la vida de los ciudadanos que transitan por la misma”.

“Hace algunos días mantuvimos una reunión en Casa de Gobierno, encabezada por el gobernador Gustavo Valdés, intendentes de toda la zona, legisladores nacionales, representantes de entes nacionales en Corrientes, fuerzas de seguridad y cámaras empresariales donde nos propusimos gestionar todos juntos las obras viales para la Ruta Nacional 12”, reveló la macrista.

“Junto a los diputados nacionales le pedimos al presidente Alberto Fernández que estas obras tan importantes para todos los argentinos sean incluidas, en pos del federalismo, en el próximo Presupuesto Nacional”, concluyó.

El proyecto fue firmado y acompañado por los diputados por Corrientes de JxC Manuel Aguirre, Jorge Vara, Ingrid Jetter, Nancy Sand y Fabián Borda; por el misionero Martín Arjol; y por el formoseño Fernando Carabajal.

Tras un debate caliente, la Ciudad aprobó la ampliación del Presupuesto 2022

Los legisladores autorizaron con 32 votos a favor,21 en contra y 1 abstenciones el pedido del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de incrementar las erogaciones por un total de 178 millones de pesos.

Con un clima caldeado y fuertes críticas hacia el Ejecutivo local, la Legislatura de la Ciudad ratificó con 32 votos positivos, 21 negativos y 1 abstenciones un proyecto que introduce una serie de modificaciones al Presupuesto 2022 a fin de aumentar las erogaciones en un total de 178.552.776 de pesos.

El texto en cuestión fue remitido al Parlamento porteño por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y contó con el acompañamiento de los bloques VJ, PS, RU y UCR-Ev; el rechazo de FdT, LLA y FIT; y la abstención de Consenso Federal.

De esta manera, el Ejecutivo destinará 63.242.903 de pesos para el pago de los salarios de los trabajadores de la Ciudad y dar cumplimiento a los últimos acuerdos salariales. Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, se invertirán 8.292.329 de pesos para la a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el Sistema de Salud, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación, y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.

En cuanto a los servicios no personales, se utilizarán 33.192.620 de pesos para la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, la seguridad privada, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, entre otros.

Por el lado de los bienes de uso, se incluyen 42.373.228 de pesos destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales, viviendas de integración urbana, la puesta en valor de establecimientos educativos, el espacio público y el mantenimiento de la red pluvial.

Asimismo se destinarán 26.473.498 de pesos para la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana; la provisión de alimentos para programas sociales y el subsidio a la educación de gestión privada, para atender el acuerdo paritario del ejercicio; también incluye, el subsidio a los recuperadores urbanos, los subsidios sociales, el subsidio a las instituciones de niñez y adolescencia y el subsidio destinado al Hospital Dr. Juan P. Garrahan.

Finalmente, se prevé la incorporación de activos financieros por 4.978.194 de pesos en concepto aporte de capital a la sociedad del estado Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).

El debate en el recinto

Abrió la ronda de oradores el presidente de la Comisión de Presupuesto y legislador de Vamos Juntos, Claudio Romero, quien remarcó que el expediente en consideración “lleva a pedir una autorización debido a que el presupuesto fue pautado con una inflación del 33% y lo mismo las paritarias”.

Luego de explicar el proyecto, aclaró que “como en otros años anteriores, en el 2022 aparece un comentario recurrente que es que el presupuesto en la Ciudad esta sub ejecutado con respecto al crédito vigente y cuando se analiza la ejecución del primer trimestre, hay que aclarar que esta situación ocurre también, en alguna medida, en el segundo y tercer trimestre que tiene que ver con la técnica presupuestaria, con las reglas de presentación contables  y no con el atraso o problemas en su ejecución cosa que se pude constatar al final del ciclo del año”.

Además, destacó que “estas partidas no se pueden compensar libremente, no se pueden hacer corrimiento de partidas si no es a través de la autorización de esta casa”, y remarcó que “no hay ningún tipo de aumento de alícuota de ningún impuesto y no hay endeudamiento alguno”.

De la vereda de enfrente el legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdés disparó: “Estamos ante un ejemplo más de lo que venimos denunciando hace tiempo y reafirmamos en la visita del jefe de Gabinete: en la Ciudad de Buenos Aires la recaudación no para. Estamos ante un nuevo uso discrecional del aparato del Estado para ser utilizado en una campaña electoral”.

“Una Ciudad donde el 80% de esos recursos viene de la recaudación de los contribuyentes. Se está metiendo la mano en la recaudación de los contribuyentes en un distrito gobernado por una fuerza política que dice no querer crear nuevos impuestos, pero desde que llevan gobernando desde el 2007 han incrementado un 53% la presión tributaria. Hay una sobreestimación del gasto”, acusó Valdés y cerró: “No estamos de acuerdo en que se sigan utilizando estas ampliaciones para gastos discrecionales, gastos en servicios no personales que solo están invertidos en uso de publicidad para financiar la candidatura a presidente de Larreta”.

A su turno, el legislador Gabriel Solano (FIT/PO) adelantó el voto negativo del bloque y expresó: “Escribimos en una política de ajuste que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no podría entenderse en un cuadro más amplio de ajuste que también el Gobierno Nacional está aplicando contra el pueblo argentino de una manera muy notoria, evidente”.

“Los números locales son muy categóricos porque tenemos una ampliación del presupuesto de 18,5%, pero los salarios van en 14,2% es decir que hacia los trabajadores va a haber menos que la ampliación presupuestaria que se da. No es un tema menor”, señaló y remarcó que el proyecto lo que hace es “legalizar una rebaja salarial” y contextualizó con la inflación que “los trabajadores de la Ciudad van a perder 10 puntos de su salario. Es un verdadero robo a los trabajadores”.

En su alocución, Ricardo García Moritán (Republicanos Unidos) apuntó: “Era una obviedad que iban a estimar mal la macro porque de esta manera se financiaban con el sueldo de los propios es una costumbre que tienen, el doble sentido. Si reconocían la verdadera estimación de la inflación con la que nos íbamos a encontrar todos los argentinos también hubieran mentido porque tienen tan poca credibilidad que, si hubieran puesto el 70% que estamos proyectando, hubiera sido del 140% porque nadie les cree”.

“El problema no es solo económico sino político. El principio del fin de credibilidad del presidente arrancó una fecha como hoy un 14 de julio hace dos años empezó la decadencia, empezó un cúmulo de situaciones que demostrar que si hay un gobierno que dice una cosa y hace otra es el kirchnerismo”, recordó y lanzó: “Hace dos años Fabiola Yáñez y Alberto Fernández estaban de joda en la Quinta de Olivos mientras todos los argentinos estaban todos encerrados. Se financiaron con la nuestra y le echan la culpa al sector privado al decir que juegan con el hambre del pueblo, pero el FdT no se acordó del pueblo cuando se vacunaron VIP y cerraron escuelas”.

La Legislatura amplió su presupuesto para llevar a cabo obras edilicias

El dinero será utilizado para mejorar la accesibilidad a la Casa y trabajos edilicios y en ascensores para garantizar la inclusión de personas con discapacidad.

Gracias a una iniciativa impulsada por Emmanuel Ferrario (VJ), los diputados de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron –durante la sesión ordinaria de este jueves- con 41 votos afirmativos un texto mediante el cual se amplió el “Fondo de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, creado por Ley N° 1444 para completar la reparación y puesta en valor del edificio ubicado sobre Perú 160.

De esta manera, los legisladores habilitaron el aumento del Fondo por la suma de  64.320.376 de pesos, disponibles del presupuesto del Parlamento correspondiente al 2021.

En los fundamentos de la iniciativa, Ferrario aseguró que “resulta de vital importancia para la jerarquización de nuestra Legislatura, y la optimización de nuestros recursos -tanto físicos como humanos-, trabajar en una solución integradora a la situación edilicia que tiene esta casa para su funcionamiento” y consideró que esta iniciativa “contribuirá fundamentalmente al fortalecimiento institucional de esta Legislatura, optimizando recursos y generando las condiciones para enaltecer la tarea legislativa, el diálogo político entre los distintos espacios, las distintas temáticas y el buen desempeño de todos los trabajadores”.

Es así que las erogaciones serán utilizadas para llevar a cabo tareas de accesibilidad en accesos y medios de elevación dentro de las cuales se contempla salvar los desniveles en los accesos al Palacio y mejorar los mecanismos de ingreso para personas con movilidad reducida.

También se incluyen trabajos en ascensores, botoneras braille, con relieve y dispositivos auditivos, necesarios para que todas las personas que acceden al edificio puedan llegar sin barreras a todos los rincones del Palacio.

Por pedido del GCBA, la Legislatura debate una millonaria ampliación presupuestaria

Los diputados porteños se reúnen desde las 12 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que, además, se tratara una ampliación de fondos para realizar obras en el Palacio Legislativo y la construcción de un parque lineal en Caballito.

Tal y cómo lo anticipó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12 en el recinto para llevar a cabo una nueva sesión en la que analizará una iniciativa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar el Presupuesto 2022 de gastos y recursos para hacer frente a aumentos salariales, entre otras cuestiones.

De esta manera, la Casa evaluará la posibilidad de ampliarlo por más de 178 millones de pesos, a fin de dar respuestas a los incrementos en los salarios de los empleados; obras y equipamiento en hospitales, escuelas y red pluvial; compensaciones tarifarias de subtes y colectivos urbanos; insumos de los ministerios de Salud, Educación, Justicia y Seguridad, y gastos del Ceamse.

Los fondos se obtendrán de mayor recaudación tributaria y no tributaria, nuevas partidas de coparticipación de recursos federales y desembolsos de fuentes financieras.

Por otro lado, los legisladores también analizarán otro texto que prevé ampliar el “Fondo de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad”, creado por Ley N° 1444 para completar la reparación y puesta en valor del edificio de la Legislatura, con la suma de 64.320.376 de pesos, disponibles del presupuesto del Parlamento correspondiente al 2021.

Finalmente, la Casa pondrá a consideración la propuesta del Gobierno de crear “un corredor verde” en la Av. Honorio Pueyrredón, entre calle Neuquén y Av. Gaona, donde se están realizando trabajos de intervención y remodelación.

La alternativa es que dicha calle de convivencia permita asegurar el ingreso y la salida de vehículos de los frentistas, correos, emergencias, transporte de caudales y servicios públicos importantes, sin afectar la circulación de peatones y ciclistas.

“Topo” Rodríguez salió al cruce de Cerruti por el Presupuesto

Luego que la portavoz de la Presidencia recordara que la oposición no lo votó, el jefe del interbloque Federal le recordó la responsabilidad que tuvo el oficialismo en el tema.

Luego que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunciara este jueves que saldrá por DNU una ampliación presupuestaria, el jefe del interbloque Federal en Diputados, Alejandro “Topo” Rodríguez, le salió al cruce.

Es que durante su habitual conferencia de prensa, la funcionaria recordó que el Gobierno no cuenta con un Presupuesto porque la oposición lo rechazó en diciembre pasado, siendo un hecho que se registra “por primera vez en la historia”.

A través de su Twitter, el legislador bonaerense escribió: “Se olvida @gabicerru que el Frente de Todos hizo todo lo posible para no tener Presupuesto”. Y, por el contrario, le recordó el acompañamiento que sí tuvo el oficialismo en el caso del refinanciamiento de la deuda con el FMI.

“Cuando hubo que evitar un incumplimiento de Argentina con FMI otorgamos el aval legislativo que muchos propios le negaron”, agregó, en referencia a los diputados de La Cámpora que se opusieron al proyecto.

En el mismo mensaje, le enrostró que cuando funcionarios kirchneristas del propio Gobierno “humillan al presidente con mote de ‘Okupa’ y ‘Borracho’, no dice ni mú!!”.

Cerruti anunció que se ampliará el Presupuesto por DNU

Así lo indicó la portavoz de la Presidencia, quien además anticipó que saldrá un decreto con la nueva segmentación de tarifas de los servicios públicos. En el Congreso sigue sin constituirse la Bicameral de Trámite Legislativo.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció este jueves en conferencia de prensa que se emitirá un decreto de necesidad y urgencia de ampliación presupuestaria. “Esto debimos hacerlo porque la oposición, la fuerza de Juntos por el Cambio, rechazó el Presupuesto” 2022, recordó y resaltó que “por primera vez en la historia” se dio ese hecho.

La funcionaria dijo que con ese DNU, que deberá ser tratado por la Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso -aún sin constituir-, “esto se está enmendando”. “En el decreto se fija la nueva distribución de egresos e ingresos”, señaló y expresó que “mantiene las pautas anuales que veníamos trabajando”.

En ese sentido, aseguró que hay “sostenimiento del gasto social” y medidas “para que sigamos en la senda del crecimiento y redistribución de los ingresos”. Al evitar dar cifras macroeconómicas que se proyectan, como por ejemplo de inflación, Cerruti indicó: “Se mantienen las metas acordadas en el programa con el FMI”.

Luego informó que este jueves se publicara en el Boletín Oficial otro decreto, sobre segmentación de tarifas de los servicios de luz y gas “en tres escalas”.

Aquellos ciudadanos que tengan ingresos por tres veces y media encima del costo de la canasta básica -así como también tres propiedades o tres autos-, alrededor de un 10%, pagarán la tarifa plena sin subsidios.

Para personas en situación de vulnerabilidad -familias de menores ingresos, que reciben prestaciones sociales-, se mantendrá la tarifa social y el aumento no podrá ser mayor al 40% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021.

En un sector intermedio ingresarán los usuarios no encuadrados en las otras dos categorías, para quienes el aumento no podrá ser mayor al 80% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021.

Cerruti explicó “no va a haber ningún aumento de tarifas para el 90% aproximadamente de la población en el resto del año”.

Además, adelantó que ante los fuertes reclamos se ampliará el corte de biodiesel para el gasoil, ante la escasez de combustible.

Ley de Salud Mental: Carrizo denunció que “los gobiernos no invierten lo que dice la ley”

La diputada opositora utilizó su cuenta de Twitter para señalar y advertir que “los problemas de Salud Mental son una pandemia silenciosa que el sistema público no puede contener si los gobiernos, como mínimo, no invierten lo que dice la ley”.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical – Ciudad de Buenos Aires) volvió a reclamar por la Ley de Salud Mental que fue sancionada en 2010, durante el primer gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. A través de su cuenta de Twitter la legisladora denunció que “los gobiernos no invierten lo que dice la ley”.

Según la Ley 26.657, en un plazo no mayor a 3 años desde su sanción, el Poder Ejecutivo debía destinar el 10% del gasto total de salud a salud mental, y procurar que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptaran el mismo criterio.

Sin embargo, la legisladora denuncio que “los problemas de Salud Mental son una pandemia silenciosa que el sistema público no puede contener si los gobiernos, como mínimo, no invierten lo que dice la ley”.

“El presupuesto en Salud Mental proyectado para este año era de $9.500 millones, es decir $201 por persona. Si se cumpliera lo que establece la ley, una inversión del 10% del total del presupuesto de Salud, sería de $1.352. Insuficiente pero un avance”, señaló.

Y siguió: “Luego de 2 años de pandemia, el gobierno informó que duplicaría el presupuesto, serían $402 por persona”, y se preguntó: “¿Se está implementando? No lo sabemos”. En ese marco, recordó que “solicitamos en la Comisión de Salud de Diputados que viniera la ministra a informarnos para avanzar con coordinación”.

“¿Alcanza modificar el presupuesto para cumplir con la ley? Sabemos que no. Como toda política -y la ley de Salud Mental no es la excepción- su implementación es un aprendizaje. La peor opción es impedir el debate”, expresó Carrizo y cerró: “Hoy niñas/os y adolescentes no existen en la ley ¿seguir así? No”.

Manzur trabaja en las reasignaciones presupuestarias de este año

Ante la falta de un Presupuesto 2022, el jefe de Gabinete definirá los fondos para cada uno de los ministerios. La semana pasada se reunió con gobernadores.

En el arranque del 2022, y ante la falta de un nuevo Presupuesto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, trabaja en la “reasignación presupuestaria de todos los ministerios”, con el objetivo de que el Gobierno “pueda seguir funcionando”.

Según informó la agencia Télam, el funcionario se aboca desde este lunes en cómo será el reparto de fondos para las distintas áreas de Ejecutivo, luego que el pasado 24 de diciembre se prorrogara por DNU el Presupuesto 2021.

En tanto, la semana pasada Manzur se reunió por este tema con los gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).

El 17 de diciembre, tras una extensa sesión, casi toda la oposición rechazó el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados, en una votación que resultó con 132 votos en contra, 121 a favor y una abstención.

Clara Vega apuntó al oficialismo y a la oposición por la falta de Presupuesto

La legisladora riojana señaló que “sin diálogo y sin acuerdos no podemos progresar en las iniciativas que atienden las necesidades del pueblo argentino”.

La senadora nacional Clara Vega (Interbloque Federal – La Rioja) se refirió a la situación del Presupuesto nacional, el cual fue rechazado por la oposición por lo que manifestó: “Está claro que sin diálogo y sin acuerdos no podemos progresar en las iniciativas que atienden las necesidades del pueblo argentino y apuntan al desarrollo económico nacional”.

“Es lamentable que algunos economistas ‘estrella’ dejaron sin Presupuesto al Gobierno, a cambio de 5 minutos de fama. El vedetismo de la oposición y la falta de timing del oficialismo en minoría no se corresponden con las necesidades de la población que hoy requiere actos de grandeza y el esfuerzo de todos”, cuestionó.

En ese sentido explicó: “Como oposición responsable, considero que el Presupuesto debió volver a Comisión y allí pedir que se modifique. Esa era la oportunidad de sacarnos las dudas, de volver a preguntar, de generar diálogo y obtener la información precisa para lograr los consensos que hacían falta”.

En cuanto a la situación de las provincias, la legisladora refirió “es cierto que la gente eligió a la mayoría en la Cámara, y eso el kirchnerismo lo sabe, pero también es cierto que muchas provincias se ven seriamente perjudicadas en su progreso ante la falta de presupuesto. La Rioja es un gran ejemplo de ello ya que depende en gran medida de los recursos que le destina Nación”.

Para finalizar, reflexionó: “Estoy de acuerdo con que el Presupuesto no era claro, pero también hay que analizar que las decisiones apresuradas benefician a algunos y perjudican a otros. La sociedad votó con esperanza y hoy se encuentra con más de lo mismo”, y precisó que “solo sacaremos adelante al país siendo racionales y verdaderamente federales, teniendo en cuenta la realidad de cada uno de los argentinos a lo largo y ancho del país”.

“Yo represento al pueblo de La Rioja y mi prioridad es lograr las herramientas necesarias para que nuestra provincia crezca y, a partir de allí, poder mejorar la calidad de vida de todos los riojanos”, concluyó Vega.

Guzmán descartó que vayan a mandar un nuevo presupuesto en marzo

El ministro de Economía salió así al cruce de la posibilidad de solucionar de esa manera el problema generado el viernes pasado con la caída del proyecto.

La Constitución establece que un proyecto rechazado no puede volver a ser tratado durante ese período legislativo. El artículo 81 lo establece. Así es que si el Poder Ejecutivo quisiera tratar otro proyecto de presupuesto, podría enviarlo ya no en extraordinarias, pero sí a partir de marzo, con el nuevo período ordinario.

Eso no sucederá, lo aclaró este domingo el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en diálogo con Radio 10 descartó esa posibilidad. “No va a haber nuevo presupuesto. La oposición desorganizó, pero vamos a organizar. Todos los opositores tienen que ayudar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a bajar la inflación y a crear trabajo. El principal obstáculo (a superar) es conseguir el acuerdo con el FMI”.

Para el funcionario, que estuvo en la Comisión de Presupuesto el lunes  pasado durante 7 horas, lo que sucedió en el recinto de Diputados “fue un hecho político” en cuyo marco “la oposición compitió por quién es más opositor al Gobierno. Ese rumbo es dañino para la Argentina”.

“Diseñamos el mejor presupuesto que se puede diseñar, dentro de las necesidades que se viven en la Argentina. Vamos a transmitir tranquilidad, nosotros tenemos las herramientas que le permiten a la Argentina seguir con la recuperación. No se presentará un nuevo presupuesto en marzo. Ahora se prorrogará el presupuesto 2021. Claramente lo que ocurrió el viernes genera angustia. Lo que estábamos haciendo era ordenar”.

Máximo Kirchner afirmó que los otros poderes tienen bajo acoso al Gobierno

Se refirió así al Poder Judicial, al Legislativo y también al “mediático”. Y le dijo al presidente que “no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios”.

“Creo que tenemos un gran desafío por delante, no sólo quienes tenemos responsabilidades institucionales sino también cada compañero y cada compañera en el distrito”, afirmó este sábado el flamante presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

En su nuevo rol, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados “para nosotros el interior de la provincia de Buenos Aires va a ser central. Vamos a ir distrito por distrito a hablar con cada compañero y compañera. Y no solo con los compañeros y compañeras del justicialismo, sino también con todas las cámaras del comercio, con toda la gente que tiene sus inversiones y desarrollos en el interior de una provincia tan grande y que es el corazón productivo de nuestra patria”.

En el marco de la presentación de autoridades del PJ Bonaerense en la quinta de San Vicente, donde puso en valor la importancia de la tarea en todo el territorio provincial, el nuevo titular partidario dijo: “Les puedo asegurar que la construcción del Frente de Todos fue titánica. Hubo que trabajar y hablar con muchos compañeros y compañeras que no hablábamos hace muchísimo tiempo. Y también con la tranquilidad, en mi caso, de nunca haber dicho nada de nadie salvo de manifestar el disenso político. Nunca acudí a ningún palacio judicial contra ningún compañero ni compañera que hoy integra el Frente de Todos. Siempre tuve una postura absolutamente democrática y mis diferencias y las diferencias en Argentina debemos aprender a saldarlas políticamente y no en el Poder Judicial, porque eso es el peronismo”.

Luego la emprendió contra la oposición al señalar que “cuando el presidente Macri anuncia en un par de segundos, no más de 300 palabras, que nos lleva de vuelta el Fondo Monetario Internacional, para mí no sólo fue una frustración en términos políticos y en términos de que sabía las consecuencias de que eso iba a desatar sobre nuestro pueblo. Sino también fue en términos muy personales”. Recordó el 25 de mayo de 2003, “cuando hubo que hacerse cargo del país, de la desesperanza muchas veces que había en nuestra gente. Y del descreimiento que había en la dirigencia política, estuviera en el partido que estuviera. Y también me acuerdo el laburo que vos, que él, que Julio, que tantos compañeros y compañeras desde el mismo día cero llevaron adelante sin descanso. Sin descanso y eso cuesta después”.

“Es como siempre decimos muchos, que vivir cuesta vida ¿no? Entonces cuando vi que Macri volvía con un desparpajo increíble al Fondo Monetario me acordé mucho de mi viejo y el tiempo que a él le había tocado vivir y de lo que había trabajado para sacar el país adelante y para desendeudarlo”, apuntó.

Agregó que su padre “era intendente de la capital de una provincia pero que parece, tranquilamente podía ser un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. En el momento en el que él fue intendente de la ciudad de Río Gallegos, aquella provincia tenía 30.000, 40.000 habitantes, no como los gigantes que suelen gobernar los amigos ¿no?, con quinientos mil, cuatrocientos, trescientos mil habitantes, sino del interior. Así que el interior  de la provincia de Buenos Aires también tiene un desafío por delante”.

“No sólo se trata de la cantidad de gente que gobernás sino de las ganas que le ponés y de los sueños que tengas para poder proyectarte en el tiempo y animarte a liderar los tiempos que vienen”, señaló Máximo Kirchner.

En el marco de la presentación de autoridades destacó que “para mí es importante la responsabilidad que llevamos para adelante y por delante, creo que el peronismo de la provincia de Buenos Aires es central para el Frente de Todos y que no hay que cerrarlo. No hay que cerrarlo, hay que abrirlo y es el significante más grande”.

En su discurso, Máximo Kirchner sostuvo que “muchos compañeros se han sumado a lo largo y ancho de la provincia para poder encontrar una síntesis superadora y… pongámosle ganas. Es muy difícil la situación pero les puedo asegurar que se puede salir para adelante porque ya lo hicimos una vez. Y el país que queremos construir no es una utopía, los argentinos supimos construir una patria mejor. Tenemos que darnos la oportunidad otra vez de creer en nosotros mismos y lo vamos a sacar adelante cueste lo que cueste”.

Máximo puso también el ojo en la Justicia, al señalar que “yo veía cómo está actuando el Poder Judicial. Hay tres poderes en la Argentina: un Poder Judicial que lo tiene bajo permanente acoso al Gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves, el mismo día otro poder del Estado, el Poder Legislativo le niega el Presupuesto al Presidente. Y hay otro poder más ya saben cuál es también, el cuarto que pareciera ser el primero, el poder mediático que también tiene bajo permanente acoso a Alberto”.

En este sentido agregó que “no es a un hombre, es a las ideas que expresa un hombre y a las ideas que expresamos nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro: quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos. Y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para donde ir y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante”.

Para Vidal el Presupuesto 2022 es “inconsistente” y acusó de que “esconde ajustes”

La exgobernadora bonaerense criticó la Ley de leyes porque “no refleja el inicio de resolver los problemas estructurales que la gente nos reclama”.

En un discurso moderado, la legisladora de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal (CABA) advirtió que financiarán el Presupuesto 2022 con “inflación”, y señaló que el mismo “esconde ajustes”. Además, calificó el texto como “inconsistente”, y le advirtió al oficialismo que “no hay tiempo para parches e improvisación”.

“Presupuestar es mirar para adelante; ni para atrás ni para el costado. Desde el regreso de la democracia, y hoy hubo varias menciones, logramos un consenso que es la estabilidad democrática, pero lamentablemente no logramos la estabilidad macroeconómica para que los argentinos sepan que pueden progresar en base a su esfuerzo”, comenzó su exposición Vidal en su debut legislativo en la Cámara baja.

Siguiendo con el tema de la democracia, la exgobernadora bonaerense recordó que “desde el 83 hasta acá tuvimos un 48% de inflación promedio sin la hiperinflación, tuvimos también un 0,07% de crecimiento de PBI per cápita y está claro que todos compartimos que el crecimiento es la manera de seguir adelante”. “De 39 años, en 32 tuvimos déficit y varios defaults, pero lo que más interpela es que el promedio anual de pobreza fue de 36% afectando más a chicos y a mujeres”, precisó.

“Esta realidad que nos interpela no se resuelve ni con discursos de Twitter, ni con chicanas, ni buscando culpables, ni viendo cómo vana titular los diarios mañana. Tampoco se resuelve con victimización, o tratando un presupuesto de manera exprés en cuatro días que el oficialismo no quiso tratar en tres meses y sin el reconocimiento de la nueva composición de fuerzas de este Congreso”, apuntó la diputada de JxC.

Y continuó que “no se resuelve tapando problemas ni presentando una ley de Presupuesto sobre premisas voluntaristas y difícil de defender, no podemos debatir sobre la inconsistencia. Se resuelve con madurez política, con diálogo real poniendo los problemas sobre la mesa y de cara a la realidad”.

“Hace un mes que la sociedad votó y nos dio un mensaje claro dijo ‘basta de excusas, resuelvan mis problemas y dejen de ocuparse de ustedes’. Lamentablemente estamos perdiendo la oportunidad después de esta primera elección para escuchar y demostrar que escuchamos ese mensaje”, cuestionó Vidal.

En suma, precisó que “es difícil entender para comenzar a debatir un Presupuesto si no conocemos el acuerdo con el Fondo, es evidente que van de la mano y el oficialismo no ha podido decirnos si las proyecciones y lo que prevé este Presupuesto esta contemplado y aprobado en el acuerdo con el Fondo ¿o vamos a estar debatiendo en unas semanas un nuevo acuerdo con el Fondo que haga que este debate haya sido inútil?”.

“Este Presupuesto no refleja el inicio de resolver los problemas estructurales que la gente nos reclama, lejos de eso. Muestra que no los reconoce y no podemos creer que habrá una inflación del 33% si hoy se siguen actualizando paritarias que van a tener una inercia el año que viene”, criticó la legisladora opositora.

En esa línea, preguntó: “¿Cuál es el país del mundo que con esta política baja un 15% de indica de inflación en un año?”, preguntó Vidal y agregó: “Ya el año pasado nos dijeron que iba a haber 29% de inflación y estamos en 45% no creemos que van a financiar el déficit con organismos”.

“Si algo faltaba para definir la inconsistencia son las últimas 24 horas con 56 artículos con miles de millones de pesos que no nos dicen cómo van a financiar. Esta clara la respuesta, lo van a financiar con inflación. Esa inconsistencia recorre todo el Presupuesto y ese financiamiento no podemos votar. Lo malo del presupuesto no solo es lo que dice, sino también lo que no dice. Hay ajustes a los jubilados, al sector privado con facultades para aumentar impuestos, retenciones al campo, combustibles, que no vamos a avalar porque sigue escondiendo un tipo de cambio atrasado que afecta las exportaciones”, cuestionó Vidal.

Por último, advirtió que “no hay tiempo para parches e improvisación. No podemos discutir si no hay verdad, no hay consenso ni camino conjunto sin verdad”, y cerró: “La oposición agotó todos los recursos para debatir el Presupuesto, quiere discutir sobre un Presupuesto serio y espero que esto sea un aprendizaje para todos y para el oficialismo de que la gobernabilidad no se construye con sometimiento sin discusión y premisas falsas”.

Cerruti pidió a los diputados sesionar y sancionar el Presupuesto

“La campaña electoral terminó”, enfatizó en una conferencia de prensa en la que la portavoz reclamó a los legisladores “darle certezas a la población”.

Una señal de la estrechez de votos con que el oficialismo avanza hacia una sesión clave con final incierto la dio este jueves la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, al expresar su esperanza de que el Congreso “sesione y sancione” el proyecto de Presupuesto 2022, y que los diputados “tengan la responsabilidad de darle certezas a la población”.

Lo dijo al principio de la conferencia de prensa que encabezó en Casa de Gobierno. Sin mediar pregunta sobre el tema, la legisladora con mandato cumplido calificó este día como “muy importante”, destacando que lo es “para la Argentina en general”, por cuanto “el Congreso de la Nación debe debatir el Presupuesto. El Presupuesto no es cualquier ley, es una ley que no es del Gobierno, sino de la Nación y de las provincias. No se trata de números, se trata de qué caminos, qué rutas, qué puentes, los gobernadores van a poder llevar adelante en sus provincias. El Presupuesto es la plata para que los jubilados cobren, los trabajadores estatales, los médicos, las enfermeras, los docentes universitarios; el Presupuesto es el lugar donde se definen las certezas que queremos darle a una nación, a sus ciudadanos y ciudadanas en adelante, y también al mundo, sobre cuál es el camino que está llevando adelante la Argentina en un momento en que se encuentra en un proceso de negociación de la deuda externa heredada, pero que queremos llevar adelante un proceso de negociación y acuerdo”.

“Por eso nos parece muy importante que hoy el Congreso de la Nación no solamente sesione, sino también sancione el Presupuesto, y les pedimos a los diputados y a las diputadas que tengan la responsabilidad de darle certezas a la población”, agregó la portavoz, que enfatizó: “La campaña electoral terminó, deberíamos ser también capaces de terminar también con las divisiones, con los discursos”.

Si bien aclaró que entienden como parte del debate parlamentario “las pasiones y los discursos encendidos”, reclamó que “en el momento determinado seamos capaces de sentarnos en las bancas los diputados, las diputadas, para votar, para dar certezas, para llevar tranquilidad a un país, a un pueblo, a los ciudadanos que han pasado dos años de pandemia, que empezamos a salir que empieza a reactivarse la economía, que estamos en un momento virtuoso de crecimiento económico, y tenemos que consolidarlo”.

“Entonces en este día tan importante para todos y para todas, y para el Gobierno y para el Parlamento en su conjunto, lo que hoy queríamos expresarle es la confianza en que hoy el Parlamento sesione, vote el Presupuesto y comience a darnos las certezas al Gobierno nacional, a los gobernadores, pero sobre todo a los ciudadanos de cuál es el camino que vamos a recorrer en adelante para seguir consolidando este momento de crecimiento”, concluyó en el inicio de la reunión con la prensa.

“Necesitamos que se apruebe como primer paso, el siguiente es el Plan Plurianual y el tercero es el acuerdo con el FMI, que también pasará por el Congreso” y por el que “hay una negociación responsable, seria y contundente “, afirmó Cerruti.

Réplica desde la oposición

Desde la conducción del bloque radical, le contestó a Cerrutti el diputado Mario Negri: “La portavoz del Gobierno le exige a la oposición máxima responsabilidad y que votemos el Presupuesto 2022. La máxima responsabilidad la debe tener el propio Gobierno, que debió escuchar a la oposición y rehacer una ley que es pura ficción. Sean sensatos y déjense ayudar”.

Los partidos de Milman

El diputado del Pro tuvo un cruce divertido con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller.

Un cruce de ironías se dio este lunes entre el flamante diputado Gerardo Milman y el presidente de la Comisión de Presupuesto, cuando al intervenir para formularle preguntas al secretario de Hacienda, Raúl Rigo. “No me gustó que le haya ofrecido la candidatura a diputado al secretario Rigo -arrancó diciéndole a Carlos Heller-. Lo puso en un aprieto…”.

– Podría ser un buen diputado, quédese tranquilo –repuso el legislador del Frente de Todos.

– …Porque es un gran técnico, pero le va a costar elegir un partido –continuó Milman.

– Más o menos como usted, más o menos como usted –cerró Heller levantando los brazos.

– Ni hablar de  usted… -replicó Milman, que supo pasar por la UCR y el GEN, aunque ahora es diputado del Pro.

Presupuestos: 15 días es el promedio de aprobación entre una cámara y la otra

Ese es el dato que surge de un estudio hecho en base a las últimas dos décadas. Cuándo se aprobó más tarde; cuándo se demoró menos. Todos los datos.

Por José Angel Di Mauro

Casi tres meses después de haber presentado el proyecto de Presupuesto en la Cámara baja, el ministro Martín Guzmán lo defendió este lunes en la Cámara de Diputados, en una carrera contra reloj para lograr su aprobación antes de fin de año. Lo cual, no es para nada novedoso: suele suceder con administraciones de cualquier tono político. Lo excepcional es que el titular del Palacio de Hacienda haya demorado tanto en presentarse ante los diputados.

Es todo un tema el de los tiempos de aprobación de la ley de leyes. No es obligación que deba estar votado antes del 31 de diciembre -en caso contrario se prolonga el vigente por decreto, hasta que se vote otro, si eso sucede-, pero es lo que se estila. En los últimos años solo una vez sucedió que terminó siendo votado al año siguiente. No hace falta ser muy imaginativo para pensar cuándo pasó eso.

También es absolutamente normal que en los años electorales se postergue su tratamiento para esperar la nueva composición de las cámaras. En otros casos, cuando se presume un resultado adverso, se apura el tratamiento.

Ejemplo reciente del primer caso tenemos el de Cambiemos, cuando la administración de Mauricio Macri decidió en las elecciones intermedias esperar a la nueva conformación parlamentaria, más allá de la certeza de que no iba a modificarse demasiado: seguiría siendo minoría en el Senado y no tendría mayoría en la otra Cámara; pero así y todo la espera a veces es para llevar el proyecto para su tratamiento en otro contexto, más triunfal. De esa manera el Gobierno de Cambiemos hizo aprobar el Presupuesto 2018 sobre las fiestas, pero lo consiguió en apenas 5 días: el 22 de diciembre de 2017 tuvo media sanción y el 27 de diciembre fue ley. Hay que recordar también que algunas variables clave se modificaron sustancialmente al día siguiente, el recordado 28 de diciembre de 2017, pero esa es otra cuestión.

Néstor Kirchner también hizo aprobar el proyecto de presupuesto 2006 una vez asumieron los nuevos legisladores. Si bien contaba con el apoyo de los legisladores peronistas, el santacruceño no se sentía lo suficientemente empoderado y por eso quería antes vencer antes al duhaldismo en la que se denominó “la madre de todas las batallas”. Una vez Cristina Fernández de Kirchner derrotó con amplitud a Hilda “Chiche” Duhalde en las elecciones bonaerenses para senadores, procedieron a avanzar con el tratamiento de la ley de leyes, ya con todos los diputados alineados en función de su propio poder, y no una recomendación externa.

Así, se le dio media sanción el 16 de diciembre de 2005 y se aprobó en vísperas de Nochebuena, el 23 de diciembre: en 7 días se concluyó con el trámite en ambos recintos.

Hubo un tercer caso en los últimos 20 años en que los presupuestos se aprobaron en el medio de las fiestas, o al filo de ellas. Fue cuando el Presupuesto 2003, el último que diseñó Roberto Lavagna para el Gobierno de Eduardo Duhalde. Se aprobó en Diputados el 19 de diciembre de 2002 y se votó en el Senado el 27, 8 días después.

El otro caso en el que el proyecto pasó por los dos recintos en el término de 5 días había sido con el Presupuesto 2002. Pero claro que esas fueron circunstancias excepcionales: se aprobó en Diputados el 1 de marzo de 2002 y se convirtió en ley el 6 de ese mismo mes. Esto es, ya en el mismo año de vigencia del Presupuesto. Es el caso del que habíamos hablado y, claro está, fue después de la crisis de 2001.

En el caso de Alberto Fernández, el presidente actual no hizo votar lo que hubiera sido su primer presupuesto. En el año 2019, el entonces ministro de Economía Hernán Lacunza cumplió con la formalidad de mandar al Parlamento el presupuesto el 15 de septiembre, y al día siguiente fue al Congreso a defenderlo. Pero fue una formalidad. Después del resultado de las PASO, lo más probable era que Cambiemos perdiera las elecciones y de común acuerdo se estableció dejarle las manos libres al ganador para avanzar con el proyecto pasadas las elecciones generales. Cuando la victoria del Frente de Todos se concretó, el Gobierno que asumió el 10 de diciembre anunció que se tomaría su tiempo para armar un nuevo proyecto una vez vieran todas las cuentas, luego dijeron que lo harían en el transcurso de la primera parte de 2020, y cuando vino la pandemia ya no se habló más del tema.

La primera experiencia del gobierno actual en materia presupuestaria fue entonces la del proyecto 2021, que se aprobó en la Cámara baja el 20 de octubre, y se hizo ley el 12 de noviembre, 22 días después.

Cristina Fernández de Kirchner no hizo con su sucesor lo que Macri con Fernández. Por el contrario, cuando fue el turno de tratar el Presupuesto 2016, el Gobierno del Frente para la Victoria procedió a aprobarlo el 8 de octubre de 2015 en Diputados y el 28 de octubre lo aprobó el Senado. Esto es, cuando se convirtió en ley, ya se sabía que había balotaje. Pero está claro que eso no fue destinado especialmente a Macri, pues bien pudo haber estado legislando para Daniel Scioli.

Eso sí, los 27 días que pasaron entre la aprobación en la Cámara baja y el Senado, fueron la segunda marca más extensa. El tiempo más largo entre la aprobación en las dos cámaras el que tuvo que ver con el Presupuesto 2010, que se aprobó en Diputados el 15 de octubre de 2009 y salió del Senado el 12 de noviembre de 2009. Año de elección intermedia -la primera perdida por el kirchnerismo-, ese lapso no tuvo que ver con la realización de los comicios, pues esa vez se adelantó la elección al mes de junio.

El récord para la media sanción se dio con el Presupuesto 2014, que tuvo media sanción el 26 de septiembre de 2013. El Frente para la Victoria venía de otra derrota legislativa, no obstante lo cual tenía número suficiente para imponerse en ambos recintos, y eso fue lo que hizo. Esa vez el proyecto fue ley el 10 de octubre, 14 días más tarde.

El Gobierno actual querría aprobar el proyecto este jueves en Diputados y, de ser posible, el 23 de diciembre en el Senado, o bien el 30. ¿Cuál es el promedio de demora en que es ley el presupuesto desde que recibió la media sanción? 15 días, según el trabajo realizado por parlamentario.com en base a los 20 últimos años.

Los presupuestos desde el año 2000

AñoDiputados Senado      Lapso
Presupuesto 202120/10/202012/11/202022 días
Presupuesto 2020
Presupuesto 201925/10/201814/11/201819 días
Presupuesto 201822/12/201727/12/20175 días
Presupuesto 2017 3/11/201630/11/201627 días
Presupuesto 20168/10/201528/10/201523 días 
Presupuesto 2015 9/10/201430/10/201421 días 
Presupuesto 201426/09/201310/10/201314 días 
Presupuesto 2013 11/10/201223/11/201212 días
Presupuesto 201214/12/201121/12/20117 días   
Presupuesto 2011
Presupuesto 201015/10/200912/11/200928 días  
Presupuesto 2009 16/10/20086/11/200820 días
Presupuesto 2008 22/11/20076/12/200714 días   
Presupuesto 200723/11/200613/12/200620 días  
Presupuesto 2006  16/12/200523/12/20057 días
Presupuesto 20054/11/200424/11/200420 días 
Presupuesto 2004 13/11/200327/11/200314 días
Presupuesto 2003  19/12/200227/12/20028 días 
Presupuesto 2002 1/03/20026/03/20025 días 
Presupuesto 2001 1/12/20007/12/20006 días 

Valdés denunció que el presupuesto en educación y salud fue sub ejecutado

El legislador porteño cuestionó con dureza el informe de ejecución presupuestaria que el GCBA remitió a la Legislatura y alertó acerca de que en el tercer trimestre “vemos que la publicidad se ejecutó un 82%, salud y educación no llegan a la mitad de lo presupuestado”.

Luego de que se conociera el informe de ejecución presupuestaria en el tercer trimestre del 2021 de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés aseguró que el documento “demuestra las prioridades que tiene la gestión del Gobierno porteño: en Publicidad y propaganda se ejecutó un 82%, mientras no llegan a ejecutar la mitad de lo presupuestado en infraestructura hospitalaria (32%) ni en infraestructura escolar (41%)”.

Tras analizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria porteña, Valdés señaló con preocupación que “hace un año venimos denunciando el recorte que sufrieron la Educación y la Salud de la Ciudad en 2021, un año de pandemia. La Salud perdió 9%, la Infraestructura escolar 70%. Todo esto mientras crecía el gasto en publicidad para la campaña electoral de Larreta, Santilli y Vidal”.

También se desprende del informe que hasta el momento el presupuesto cuenta con una ejecución del 25%, cuando debería tener una del 75% teniendo en cuenta una estimación de ejecución por trimestre. Además, en lo que respecta a la partida del área de Publicidad y propaganda, llama la atención la ampliación del crédito vigente: tiene asignado un 20% de aumento con respecto al trimestre anterior.

“La falta de inversión en Educación y Salud por parte del Gobierno porteño implica techos que se caen, insumos que son comprados por cooperadoras, falta de estufas, malas condiciones de higiene ante la indiferencia de un Estado que pone sus recursos en otro lado. Así son las prioridades con las que Larreta y el PRO gobiernan la Ciudad hace 14 años”, señaló.

En tanto en las redes sociales, el legislador del FdT remarcó que “mientras Larreta discute quién ganó las elecciones, llegó el informe de ejecución presupuestaria de la Ciudad mostrando las prioridades de gestión. Al tercer trimestre vemos que la publicidad se ejecutó un 82%, salud y educación no llegan a la mitad de lo presupuestado” y recordó que “hace un año venimos denunciando el recorte que sufrieron la educación y la salud de la ciudad en 2021, un año de pandemia. La salud perdió 9%, la infraestructura escolar 70%. Todo esto mientras crecía el gasto en publicidad para la campaña”.

“Esto implica techos que se caen, insumos que son comprados por cooperadoras, falta de estufas, malas condiciones de higiene ante la indiferencia de un Estado que pone sus recursos en otro lado. Así son las prioridades con que Larreta y el PRO gobiernan la Ciudad hace 14 años”, sentenció.

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Cerruti: “Esperamos que el Presupuesto 2022 sea votado antes de fin de año”

Así lo remarcó la portavoz del Gobierno en el marco de una conferencia de prensa en la que reiteró que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar “el mejor acuerdo posible”.

En el marco de la conferencia de prensa que encabezó este jueves por la mañana, la portavoz de Presidencia Gabriela Cerruti afirmó que el Gobierno espera que el Presupuesto 2022 “sea votado antes de fin de año, como corresponde y como hemos hecho siempre”.

“Nunca hemos trabado un presupuesto; tampoco siendo oposición”, aclaró, recordando que “si alguna vez se trabó un presupuesto en este país fue cuando la actual oposición consiguió los números en el Congreso para dejar al Gobierno sin presupuesto durante un año”.

“Ustedes recordarán bien lo que fue el famoso Grupo A”, continuó, insistiendo en que “nuestro partido político, nuestra fuerza política nunca dejó a un gobierno sin presupuesto”, y tras reiterar que el actual oficialismo nunca dejó a un gobierno sin presupuesto y reiterar que esperan votar el presentado el 15 de septiembre pasado antes de fin de año, destacó que “eso dependerá de los acuerdos y las negociaciones que lleve adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente del bloque, Máximo Kirchner”.

Asimismo señaló respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario, que las mismas continúan, “son permanentes, seguimos trabajando para alcanzar el mejor acuerdo posible y estamos confiados en alcanzarlo porque lo que traemos de Roma es realmente la voz internacional de los países más importantes del mundo, que dicen que hay que solucionar de alguna manera justa la cuestión de la deuda, el tema de los sobrecargos, y hay un pedido explícito de que el FMI vea este tema, y un pedido explícito también de formar un fondo de resiliencia para que los países de renta média puedan alcanzar un fondo de refinanciación”.

Agregó Cerruti que “entendemos que fue muy fuerte y que fue muy escuchada la voz de Argentina en Roma y que eso va a tener consecuencias positivas no solo en el sistema financiero internacional, sino también en el acuerdo que lleguemos, más tarde o más temprano, con el Fondo Monetario Internacional”.

Previamente, la funcionaria había hablado sobre las negociaciones encaradas por el presidente Alberto Fernández en su gira europea de la semana pasada, en la que destacó el pedido hecho al Gobierno respecto de los sobrecargos para que el FMI “piense sobre esa cuestión y sobre la injusticia de ese punto para países como la Argentina que han tomado un nivel de deuda criminal durante el Gobierno de Mauricio Macri, que compromete hoy el futuro de los argentinos y las argentinas, y las corresponsabilidades que existen sobre ese tema. Y la posibilidad de comenzar a discutir acciones ambientales a cambio de deuda”.

“No es momento para estar contentos en ningún sentido, pero sí satisfechos”, dijo respecto del pensamiento oficial con relación a los resultados de la gira, porque “en medio de una crisis global, lo que los gobiernos estamos buscando es tener la mejor salida para esta crisis en un nuevo mundo donde haya más igualdad y derechos para todos y todas”.

La operación de la vicepresidenta

Consultada sobre el secretismo que rodeó a esta intervención quirúrgica a la que fue sometida Cristina Fernández de Kirchner este jueves, Gabriela Cerruti dijo que “la política de este Gobierno es que las informaciones sobre temas médicos se hacen a través de partes médicos”, y aclaró que los periodistas “van a tener el parte médico apenas termine la intervención a la vicepresidenta”.

Señaló luego que “anoche ella se comunicó con el presidente Alberto Fernández para contarle de esta situación y por supuesto el presidente le transmitió su afecto, su deseo de pronta recuperación y se puso a su disposición para estar allí donde ella necesite”, e insistió: “Sobre los temas de salud informan los médicos, se va a informar con un parte médico”.

Mientras el de 2022 sigue en stand by, cuándo y cómo se aprobaron los presupuestos en los últimos 20 años

Sigue demorándose el tratamiento de la ley de leyes del próximo año, por lo que vale la pena detallar cuándo fueron aprobados esos proyectos desde el año 2000 a la actualidad.

Lejos está de ser una anomalía que el proyecto de Presupuesto 2022 no haya llegado aún al recinto de la Cámara baja. Por el contrario, ha sido algo muy común a lo largo de los años por ejemplo que los gobiernos aguarden el cambio legislativo para debatir en los recintos ese texto. Lo que sí resulta absolutamente inusual es que aún no haya sido presentado siquiera por los funcionarios de Economía en Diputados.

Habrá quienes agreguen otro dato inédito: que el propio oficialismo anticipe su decisión (repetimos: decisión, no disposición) a modificar el texto elaborado por el Palacio de Hacienda.

En rigor, ese es el dato que justifica la demora en tratar la iniciativa enviada por Martín Guzmán a la Cámara de Diputados, en tiempo y forma el 15 de septiembre pasado, tal cual establece la Ley de Administración Financiera. Se dijo en un primer momento que esta vez serían los funcionarios de rango menor en Economía los que desfilarían ante los diputados, para que recién al final se presentara el titular del Palacio de Hacienda para cumplir con esa formalidad, pero lo cierto es que nada de eso ha sucedido aún.

Días pasados trascendió que finalmente se iniciaría esta misma semana el trámite en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El jueves 28 de octubre, según adelantó Clarín, comenzaría el tratamiento en la comisión que preside Carlos Heller. Y que recién el 19 de noviembre, cinco días después de las elecciones generales, Guzmán cerraría con su presencia el desfile de funcionarios. Fuentes legislativas consultadas por parlamentario.com admitieron que esas fechas se han barajado como alternativas para el eventual inicio del debate, pero no hay confirmación 100%.

Los tiempos de la Ley de Leyes

Según puede verificarse en los archivos de parlamentario.com, lo más usual es que el proyecto de presupuesto reciba media sanción en el mes de octubre. Así resultó el 33% de las veces durante los últimos 20 años. Un 48% se divide en partes iguales entre noviembre y diciembre.

La sanción definitiva se concreta generalmente en el mes de noviembre: 8 veces así resultó desde 2001 al presente. Siete veces eso sucedió en el mes de diciembre.

Y una vez fue en el mes de marzo del año siguiente. No hay que esforzarse mucho en pensar cuándo sucedió eso: en el año 2002.

En los últimos años de las presidencias de Cristina Kirchner el tratamiento del proyecto de presupuesto se agilizó. Al punto tal que en el Presupuesto 2014 llegó a aprobarse el 26 de septiembre de 2013 y fue ley el 10 de octubre venidero. El siguiente, se aprobó en Diputados el 9 de octubre de 2014 y fue ley el 30 de ese mismo mes. Casi con los mismos votos en ambos casos: 134 a favor y 113 en contra en 2013; y 133 votos a favor y 112 en contra el año siguiente, en la Cámara baja. En el Senado, con 40 y 39 votos a favor, y 27 y 22 en contra, respectivamente.

El Presupuesto 2016, que le dejó aprobado el Gobierno de CFK al de Mauricio Macri se votó cuando todavía no se sabía quién sería el futuro presidente: el 8 de octubre de 2015 tuvo media sanción por 137 votos a favor, 80 en contra y una abstención; y el 28 de octubre siguiente fue ley, con 39 votos a favor y 28 en contra en el Senado.

Minoría en ambas cámaras, para el Gobierno de Cambiemos nunca fue un mero trámite ese proceso. El Presupuesto 2017 lo consiguió aprobar el 3 de noviembre de 2016, aunque por amplia mayoría: 177 votos a favor, 58 en contra y 4 abstenciones. El 30 de ese mismo mes fue ley, con la misma proporción en el Senado: 59 votos a favor y 15 en contra y una abstención.

Al año siguiente, el Gobierno de Macri se jugó a dejar el tratamiento de la Ley de Leyes para después de las elecciones; es más, para la nueva composición del Congreso. Y así consiguió reunir nuevamente fuertes mayorías, aunque fuera bien sobre el cierre del año. El Presupuesto 2018 fue aprobado en Diputados el 22 de diciembre de 2017 por 165 votos a favor, 64 en contra y una abstención; y lo convirtió en ley por 52 votos a favor, 15 en contra y una abstención el 27 de diciembre venidero.

Las cosas se le habían complicado el año siguiente a ese Gobierno, pero así y todo logró un apoyo holgado. En la Cámara baja le dio media sanción el 25 de octubre de 2018, con 138 votos a favor, 103 en contra y 7 abstenciones, mientras que en el Senado fue ley el 14 de noviembre, con 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención.

Ese fue el último presupuesto aprobado en los tiempos de Cambiemos. Tras la fuerte derrota en las PASO, Nicolás Dujovne fue desplazado de la cartera de Hacienda y su lugar fue ocupado por Hernán Lacunza, que mandó el proyecto correspondiente el 15 de septiembre, pero solo para cumplir con la ley, pues estaba previsto ya que el futuro Gobierno de Alberto Fernández se ocuparía de elaborar su propio texto. Sin embargo nunca lo hizo y 2020, el año de la pandemia, transcurrió sin presupuesto formal.

El hasta ahora único proyecto de presupuesto aprobado en la gestión de Fernández se votó en Diputados el 29 de octubre de 2020 y tuvo un apoyo de 139 votos, 15 en contra y 90 abstenciones. En el Senado se convirtió en ley el 12 de noviembre, con 45 votos favorables, 2 en contra y 23 abstenciones. Las abstenciones fueron el recurso de Juntos por el Cambio de expresar sus cuestionamientos, mas facilitando la aprobación.

Cuando CFK se quedó sin presupuesto

El kirchnerismo suele recordar cuando gobernó sin presupuesto. Fue en 2010, cuando había perdido la mayoría en ambas cámaras y no podía garantizar la aprobación a libro cerrado que siempre deseó para sus presupuestos. La sesión en la que fracasó definitivamente el tratamiento del Presupuesto 2011 tuvo lugar el 24 de noviembre de 2010. El Grupo A había convocado a una sesión especial para tratar el emplazamiento a comisión del Presupuesto 2011, pero ante la falta de los votos necesarios, desistió y ya no había tiempo para debatirlo, a menos que la presidenta Cristina Kirchner lo incluyera en extraordinarias, cosa que se sabía que no haría.

El radicalismo, el GEN, el socialismo y Proyecto Sur habían pedido de manera formal que la Cámara baja se reuniese en sesión especial ese día para tratar el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el jueves 25 a las 10 de la mañana, a fin de dar tratamiento al Presupuesto 2011. Para que triunfara esa postura de la oposición se necesitaban los votos de los dos tercios de los presentes, según lo establecido en el artículo 106 del reglamento de la Cámara. Al final, ante la imposibilidad de alcanzar ese número, el entonces diputado del GEN Gerardo Milman pidió al inicio de la sesión desestimar el tratamiento del emplazamiento y todos los bloques votaron afirmativamente para sacar el presupuesto del temario. Con esa medida, la oposición intentó dejar en evidencia que el oficialismo no tenía predisposición para debatir la ley de leyes y lograr un consenso para sacar el presupuesto. No obstante lo cual, el kirchnerismo logró instalar la idea de que la oposición había sido la que se había opuesto a la aprobación del presupuesto.

En 2011 Cristina Kirchner arrasó en las elecciones y así fue que su Gobierno aguardó a la nueva composición de las Cámaras y aprobó el 14 de diciembre de 2011 el Presupuesto 2012 por 141 votos a favor y 103 en contra, convirtiéndolo en ley el 21 de diciembre de 2011.

El que logró aprobarlo con lo justo fue Néstor Kirchner  en 2007. Hablamos del Presupuesto 2008, el primero de la gestión de su esposa, que aprobó en la Cámara baja el 22 de noviembre de 2007 con apenas 123 votos a favor y 62 en contra. En el Senado se aprobó el 6 de diciembre, con 37 votos positivos y 13 en contra.

Si bien tenía los votos para aprobar el Presupuesto 2006, Néstor Kirchner esperó en 2005 el recambio legislativo para llevarlo al recinto. Y así fue cuando después de doblegar al duhaldismo en las elecciones bonaerenses, aprobó el proyecto el 16 de diciembre de 2005 por 162 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones. En el Senado lo sacó una semana después, el 23 de diciembre, con 39 votos a favor y 13 en contra.

Este racconto lo iniciamos en el año 200, previo a la crisis del final de la convertibilidad. Fernando de la Rúa sacó el Presupuesto 2001 en aprobaciones sucesivas: el 1 de diciembre de 2000 en Diputados y el 7 de ese mismo mes en el Senado. Ya el año siguiente, tras las elecciones que perdió, el Gobierno de la Alianza se caía en picada.

Obviamente Fernando de la Rúa no logró aprobar el Presupuesto del año 2002, que recién Eduardo Duhalde pudo aprobar por 153 votos a favor y 60 en contra el 1 de marzo de 2002. Se convirtió en ley el 6 de marzo siguiente.

La aprobación del Presupuesto en los últimos 20 años

AñoCámaraFecha
Presupuesto 2021Diputados20/10/2020
Senado12/11/2020
Presupuesto 2020
Presupuesto 2019Diputados25/10/2018
Senado14/11/2018
Presupuesto 2018Diputados22/12/2017
Senado27/12/2017
Presupuesto 2017 Diputados 3/11/2016
Senado30/11/2016
Presupuesto 2016 Diputados 8/10/2015
Senado28/10/2015
Presupuesto 2015 Diputados 9/10/2014
Senado30/10/2014
Presupuesto 2014 Diputados 26/09/2013
Senado10/10/2013
Presupuesto 2013 Diputados 11/10/2012
Senado23/11/2012
Presupuesto 2012 Diputados 14/12/2011
Senado21/12/2011
Presupuesto 2011
Presupuesto 2010 Diputados 15/10/2009
Senado12/11/2009
Presupuesto 2009 Diputados 16/10/2008
Senado6/11/2008
Presupuesto 2008 Diputados 22/11/2007
Senado6/12/2007
Presupuesto 2007 Diputados 23//11/2006
Senado 13/12/2006
Presupuesto 2006 Diputados 16/12/2005
Senado23/12/2005
Presupuesto 2005Diputados4/11/2004
Senado24/11/2004
Presupuesto 2004 Diputados 13/11/2003
Senado27/11/2003
Presupuesto 2003 Diputados 19/12/2002
Senado27/12/2002
Presupuesto 2002 Diputados 1/03/2002
Senado6/03/2002
Presupuesto 2001 Diputados 1/12/2000
Senado7/12/2000

“Ah, pero Macri”, llegó al Senado con fuertes cruces entre el oficialismo y JxC

En el debate por la cuenta de inversión de 2016, el Frente de Todos realizó una extensa crítica del Gobierno del expresidente Mauricio Macri y lo rechazó. Juntos por el Cambio respondió con datos sobre la situación actual económica y social.

En la vuelta a las sesiones presenciales en la Cámara alta ocurrió un hecho inédito al rechazarse la cuenta de inversión de un gobierno democrático por primera vez en la historia.

En un debate caliente, el oficialismo impuso su mayoría en la sesión de este miércoles para votar en contra de la rendición de cuentas del primer año del gobierno Mauricio Macri.

Con 40 votos a favor, 19 votos en contra, el Senado rechazó la Cuenta de Inversión 2016 con el voto afirmativo del oficialismo y la negativa de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

Durante el debate hubo varios cruces y chicanas políticas con un tinte electoralista, pero sin dudas la frase que más retumbó en el hemiciclo del Senado fue “Ah, pero Macri”, ya que el apellido del expresidente fue una constante tanto para criticarlo como para defenderlo.

La senadora tucumana Silvia Elías De Pérez (JxC) fue la que trajo la famosa frase al recinto al señalar que “el oficialismo eligió el ‘Ah, pero Macri’, entonces ahí buscamos la cuenta del 2016”.

“El Gobierno de Cambiemos gobernó con minoría en ambas cámaras, los DNU podrían haber sido objetados, pero nadie lo hizo teniendo mayoría. Entonces, dejaron que el tiempo transcurriera y hoy recién vienen cuando no pueden resolver los problemas de Argentina y no pueden revertir los resultados electores, dicen ‘Ah, pero Macri”, remató.

Así se votó la Cuenta de Inversión 2016. (Foto: Comunicación Senado)

“Estamos en los peores índices económicos desde que comenzó la época democrática. Estamos viendo como rechazan la Cuenta de Inversión de un Gobierno que terminó su mandato hace dos años y en este mismo momento la inflación supera el 50 por ciento que ataca a los que menos quieren, pero vamos a mirar para atrás”, subrayó.

La senadora Elías de Pérez concluyó: “La AGN ha aprobado la Cuenta de Inversión y no hay cosas extrañas que el Congreso de la Nación decida rechazarla y si creen que un nuevo ‘Ah, pero Macri’ los va a salvar se equivocan”.

En el mismo sentido, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (JxC) advirtió que “Macri no tiene fueros y la idea es llevarlo a la justicia, pero no nos preocupa. Como no nos puede ganar con los votos, lo quieren hacer con una denuncia penal”, señaló.

“Este circo que montaron hoy para pegarle a Macri y así restarle votos, les quiero decir que no va a funcionar porque la gente no es tonta y ya se lo demostró el pasado 12 de septiembre. La gran fuerza de Juntos por el Cambio los liquidó en las PASO”, sentenció.

La senadora cordobesa también señaló que “en vez de tratar temas de educación, salud o ver como salimos de la crisis económica, le están pegando a Macri con una cuenta de inversión aprobada por la auditoría técnica”.

En una posición intermedia, el senador de Río Negro Alberto Weretilneck (Juntos por Río Negro) se abstuvo tras remarcar que “es la primera vez en la historia de gobiernos democráticos que se rechaza una cuenta de inversión porque siempre el Congreso rechazó las cuentas de gobiernos militares”.

“Estamos viviendo en este recinto un cambio de paradigma y es un hecho inédito porque ni en las crisis económicas cuando se alteraron los presupuestos fueron rechazadas las cuestas de inversión”, manifestó.

Weretilneck criticó a JxC y también al oficialismo porque “estamos discutiendo de política y no de técnica porque con los mismos argumentos que antes la oposición rechazaba en 2014 hoy se lo quiere aprobar”.

Las críticas a Macri

En el cierre del debate, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans, manifestó que “el primero que dice que el presupuesto del 2016 fue un desastre fue Macri. Con un nuevo plan de Gobierno hizo una gran devaluación, cambio todo el presupuesto que sancionamos nosotros en 2015, se hizo imprevisible el sistema”
Como consecuencia, aseguró que “lo primero que se afecta es el salario mínimo, cuando se fue Cristina (kirchner) era uno de los más altos cubría más del 60 porciento de la canasta; pero cuando Macri se fue con mas de 300 porciento de inflación, el salario cubría solo el 36 por ciento”, detalló el legislador formoseño, que agregó: “Eso deja en claro cuánta gente ingresó a la pobreza. Ese modelo económico fracasó”.

“Hoy se están sufriendo esas consecuencias. La política instalada fue la de la usura, gana el que especula”, precisó Mayans, quien enfatizó: “La historia termina en una deuda atroz, fuga, default, re perfilamiento de deudas, desastre económico que pretenden que arreglemos en un año. No son capaces de evaluar que esas políticas públicas dejaron en la ruina a la Argentina, los ingresos del trabajador”.

Mayans fue previsiblemente muy duro con la gestión anterior. (Foto: Comunicación Senado)

En otra parte de su exposición, acusó que desde Cambiemos “destinaron más del 80 por ciento de inversión pública a la ciudad de Buenos Aires y dejaron a las demás provincias sin nada”, y denunció que “violaron la ley”. Asimismo, señaló que “para el expresidente Macri el Congreso no existía, el Congreso es la ley”, y expresó que el tratamiento de los temas si no pasan por el Congreso “eso termina con la República y se convierte en un Gobierno de facto”.

Por último, el senador formoseño subrayó que “la deuda es impagable por sus irresponsabilidades”, aunque destacó que “con todas las dificultades de la pandemia el salario se está recuperando”. “La política de especulación y fuga es el curro más grande, en el 2016 comenzó y no estamos de acuerdo con eso”, finalizó Mayans.

El oficialismo impuso su mayoría a la hora de votar. (Foto: Comunicación Senado)

“Macri no va a volver”

En el fragor de los debates, con un tono calmo pero fiel a su estilo, el senador neuquino Oscar Parrilli (FdT) fue quien aseguró: “Macri no va a volver”.

“Macri ahora se esconde. Dudo mucho que vuelva, no porque tenga miedo de ir preso, porque sin condena no debe ir preso ningún argentino, sino porque no se anima a comparecer ante un juez”, afirmó en relación a la citación del magistrado Martín Bava, quien lo citó a indagatoria en la causa por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

“Inventó esto de ir a dar clases en el exterior. No va a volver Macri a la Argentina porque va a buscar algún artilugio para no comparecer ante la justicia”, insistió el legislador nacional.

En Comisión

El dictamen de mayoría, que el Frente de Todos emitió en la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas en septiembre pasado, rechaza “la Cuenta de Inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al Ejercicio 2016” y esto es “sin perjuicio de la iniciación y la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el período comprendido”, reza el texto.

La Cuenta de Inversión es la rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo, donde se exponen los resultados físicos y financieros de la gestión realizada por la administración pública. En ese sentido, constituye un documento de relevancia, que debe ser controlado bajo la lupa del Congreso.

Su aprobación o rechazo es el último eslabón del proceso presupuestario, que comienza con la etapa de formulación o elaboración, continúa con la de aprobación -o autorización para gastar-, sigue con la de ejecución y finaliza con la de control, que se materializa necesariamente, en el caso del control externo, con la aprobación de la cuenta de inversión respectiva, previa intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), que es la que emite dictamen en su carácter de “organismo de asistencia técnica del Congreso”.

Sarghini calificó de “inconsistente” el proyecto de Presupuesto 2022

El legislador nacional analizó el texto remitido por el Palacio de Hacienda y advirtió que el mismo “subestima el estancamiento que arrastra nuestra economía”, como así también hizo hincapié en la inflación. Alertó que “no solo habrá más”, sino que además será “necesaria” para el Gobierno, y eso es lo grave.

Palabra autorizada en la materia por haber sido entre otras cosas secretario de Hacienda de la Nación, el diputado nacional Jorge Sarghini criticó duramente el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que todavía no ha comenzado a ser analizado en Diputados.

“Es prácticamente imposible encontrar consistencia en un Presupuesto elaborado sobre la base a un contexto macroeconómico inconsistente. El proyecto del Poder Ejecutivo para el ejercicio 2022 no la tiene”, sentenció el legislador de Consenso Federal, que recordó que “cuando se elabora un Presupuesto, se realiza -en términos nominales-, un cálculo de recursos y un determinado nivel de gasto posible de ser financiado”.

Por lo tanto, consideró “básico contar con una proyección ajustada sobre el comportamiento futuro de las variables determinantes. Las más relevantes son el crecimiento económico, la inflación y el tipo de cambio”.

Sarghini observó que el proyecto enviado a la Cámara de Diputados estima para el año próximo un crecimiento del PBI de 4%, inflación según IPC de 33 %, y dólar a diciembre a 131,1 pesos. Al respecto señaló que “en 2022, aunque luce muy optimista, es posible un crecimiento cercano al 4% dado que si este año se aproxima al 8%, tendrá un arrastre estadístico para el año próximo del orden de 2.5 puntos. Cabe destacar que aun así, el PBI ‘por habitante’ de 2022 sería más bajo que el de 2019”.

“En el mensaje del proyecto queda claro que el Gobierno subestima el estancamiento que arrastra nuestra economía porque lo limita a ‘la crisis macroeconómica 2018/2019’ y a los ‘efectos de la pandemia’”. En ese sentido señaló que “la inflación prevista de 33% está claramente subestimada. Resulta muy difícil esperar una inflación mensual por debajo de 2,5 % con el ajuste de tarifas previsto, la emisión necesaria para financiar parte del déficit fiscal y la inevitable actualización del tipo de cambio no contemplada en el proyecto”. Por eso, advirtió que “la estimación de la inflación es la principal inconsistencia y en consecuencia relativiza los cálculos nominales que presupone”.

A su juicio, el oficialismo “tiene un diagnóstico incompleto respecto a las causas de la inflación. El mensaje explicita esta falencia cuando afirma que la misma obedece al ‘shock de precios internacionales’ y al ‘reacomodamiento de precios relativos’ y al ‘de precios regulados por recuperación económica’”. Para Sarghini, “es tan erróneo el diagnóstico de quienes ven la inflación como un fenómeno exclusivamente monetario, como incompleto el de los que niegan todo vínculo”.

En el mensaje del proyecto queda claro que el Gobierno subestima el estancamiento que arrastra nuestra economía porque lo limita a ‘la crisis macroeconómica 2018/2019’ y a los ‘efectos de la pandemia’”.

Con relación al tipo de cambio proyectado que sugiere el texto elaborado por el equipo de Martín Guzmán, el diputado de Consenso Federal también lo consideró “inconsistente”. A su juicio, “la situación cambiaria habla por sí sola” y agregó: “En el próximo año, ni cumpliéndose la improbable estimación oficial de inflación, será posible sostener una devaluación de solo el 28%, después que este año será de 25% con precios creciendo arriba del 45%”.

Por otra parte, el economista recordó que “hasta ahora el Gobierno -sin éxito- ha venido utilizando como ancla inflacionaria las tarifas y el tipo de cambio, pero por los atajos no se puede ir todo el tiempo. En 2022, la realidad impondrá correcciones”.

Todo podría empeorar si se le incorporan al proyecto las modificaciones que anuncian algún sector del oficialismo”.

“A pesar de lo relativo de los números presupuestarios, si hipotéticamente el déficit fuera el previsto en el proyecto, sería casi imposible sortear las dificultades para financiarlo. Aun bajo el también  hipotético supuesto de lograr lo esperado de las fuentes alternativas (renovación de vencimientos, emisión de deuda en el mercado local y préstamos de organismos internacionales), la magnitud de la emisión que completa las necesidades de financiamiento tiene límites objetivos para poder concretarse. Tanto por las restricciones que impone la carta orgánica del BCRA, como por la insostenible expansión de la deuda remunerada del gobierno para esterilizarla”, observó el exsecretario de Hacienda de la Nación. Para Sarghini, “será necesario, entonces, para cerrar el frente fiscal, recaudar más impuesto inflacionario. Aumento de recaudación nominal y licuación real del gasto. No sólo habrá más inflación, será necesaria. Esto es lo grave”.

Sobre el final, Sarghini sostuvo que “las inconsistencias señaladas -en la macroeconomía y en el Presupuesto- serán una restricción insalvable para alcanzar el perentorio acuerdo con el FMI”. Y advirtió: “Todo podría empeorar si se le incorporan al proyecto las modificaciones que anuncian algún sector del oficialismo”.

Por el contrario, “todo podría mejorar, si después de la elección de noviembre, se da un giro hacia la dirección correcta”, concluyó.

La presentación de Guzmán quedaría para la próxima semana

Si bien el proyecto de Presupuesto 2022 ingresó al Congreso en tiempo y forma, pasan los días y no hay confirmación oficial sobre la presentación formal que debe hacer el ministro de Economía ante los diputados.

Siempre se supo que la presentación del proyecto de Presupuesto 2022 estaría condicionada este año al resultado electoral. Tan pegadas estaban las fechas a partir de la postergación de un mes de las PASO, que era más que previsible que cualquier resultado condicionaría el texto y las circunstancias de la presentación del mismo.

Y un resultado como el que tuvo esta elección en el oficialismo magnificó el impacto sobre el Gobierno, como se verificó a lo largo de los días que sucedieron a la elección. Es así que si bien el texto de la “ley de leyes” entró por Mesa de Entrada de Diputados el 15 de septiembre como establece la Ley de Administración Financiera, sigue en espera conocer la fecha en la que el ministro de Economía se presentará ante los diputados para defenderlo.

Está claro que la crisis político-institucional que estalló la semana pasada derivó a un segundo plano la discusión de este tema que, como sea, es fundamental. Ratificado en su puesto, pese a ser uno de los señalados durante la conflagración pública que expuso los últimos días las diferencias en el seno del oficialismo, se había especulado con que el ministro Martín Guzmán se presentara ante los diputados este jueves. De haber sido así, hubiera sido más o menos como el año pasado cuando el proyecto se presentó el 15 de septiembre y el titular del Palacio de Hacienda lo hizo el 22. Ahora se habla de la semana que viene, según afirmaron a parlamentario.com fuentes consultadas.

Se espera que antes haya una reunión entre el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y los jefes de bancada. Es que oficialistas y opositores deben acordar los detalles del encuentro con el ministro de Economía y la puesta en marcha de la Cámara, que durante la campaña electoral ha estado prácticamente inactiva. De hecho, el Protocolo de Funcionamiento Remoto está vencido desde el 23 de julio y también resta definir cómo será el trabajo de ahora en más. Todo apunta a que la presencialidad casi plena es un hecho. Más aún cuando el Gobierno anunció este martes una liberación importante de restricciones.

Según pudo saber parlamentario.com, el presidente de Diputados se reuniría en los próximos días con los jefes de bloques de Juntos por el Cambio -habría que ver si suman al resto de los espacios- para conversar sobre la reanudación de la actividad y el cronograma de la discusión del Presupuesto.

Desde Juntos por el Cambio estarían dispuestos a comenzar cuanto antes con el tratamiento de la “ley de leyes” y que asistan los funcionarios de la cartera económica, donde además no hubo cambios.

Presupuesto 2022

Según el proyecto enviado desde el Ejecutivo, en el Presupuesto 2022 se prevé un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1. Por otra parte, se aclaró que el plan de gastos y recursos no contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional.

Dentro de las proyecciones para el próximo año se contemplan alzas en el consumo privado del 4,6%, del consumo público del 3,1%, de la inversión del 6,6%, con una mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% para un saldo comercial de US$9.300 millones.

Entre otros puntos, los gastos en infraestructura se incrementan a 2,4% del producto; en salud el 0,65%, en contexto de la pandemia; educación 1,2%; en ciencia y tecnología 0,31%; y el presupuesto de inclusión social activa que llegará 1,22%.

También, en materia de subsidios energéticos se proyecta un gasto sobre producto de 1,5%. Las fuentes del Ministerio de Economía señalaron que la Resolución 46 de incentivo a la producción de gas que dispuso la gestión Cambiemos caduca en 2022 y al haber un Plan Gas con un valor vigente mucho más bajo reducirá automáticamente los subsidios al 1,8% del producto.

Pero, adicionalmente, se buscará llegar a un nivel de subsidios de 1,5% sobre el producto mediante la segmentación de las tarifas que analiza a través de la Secretaría de Energía.

Avanza en la Legislatura porteña el tratamiento de 16 nuevos convenios urbanísticos

Las Comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto recibieron a funcionarios del Gobierno porteño, quienes explicaron los alcances de los mismos.

En el marco de una reunión conjunta entre las Comisiones de Planeamiento Urbano –a cargo de Daniel Del Sol (VJ)- y la de Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)-, funcionarios del Gobierno de la Ciudad expusieron ante la Legislatura porteña el alcance de los 16 convenios urbanísticos que el alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en esa Casa el pasado lunes.

En la reunión estuvo presente el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, quien precisó que  “los convenios urbanísticos son instrumentos de articulación público privada que buscan hacer una ciudad más productiva y más verde, que permita a los ciudadanos desarrollarse”

Al mismo tiempo que indicó que en enero de este año el GCBA lanzó una “convocatoria abierta a convenios urbanísticos, acompañada por un protocolo que, entre otras cosas, estableció el desarrollo de zonas prioritarias y el crecimiento, en calidad y cantidad, de espacios públicos y verdes” y precisó que este tipo de iniciativas propician “la cantidad de suelo absorbente o generación de comercios de cercanía en zonas que lo necesitan”.

Por su parte Alejo Ciliberto, otro funcionario de la mencionada secretaría, informó por su parte que la contraprestación que recibe el Estado a cambio de cambiar las normar urbanísticas de estas parceles es monetaria y, en algunos casos también incluye la cesión de suelo. De esta manera señaló que los convenios en tratamiento habilitan “casi 200 mil metros cuadrados construibles, crearán cerca de seis mil empleos, entre directos e indirectos, y generarán contraprestaciones en favor del Estado por casi 36 millones de dólares a aplicar en obras públicas”.

Cabe recordar que los convenios urbanísticos impulsados por Larreta buscan modificar las normas de edificación de 15 parcelas, para habilitar la construcción de edificios de hasta 70 metros de altura.

Las parcelas afectadas por convenios y en las cuales se habilitarán “desarrollos urbanos especiales” están en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas.

Stop para la ayuda económica para el transporte escolar: volvió a comisión en Senado

Por pedido del Frente de Todos, el expediente que convertiría en ley el cambio en el Presupuesto nacional para incluir al AMBA en la ayuda al transporte escolar volvió a comisión. Se votó a mano alzada.

Uno de los efectos de la pandemia de coronavirus es la suspensión de las clases presenciales y con ello la falta de ingresos para el sector del servicio de transporte escolar, que recibió su ayuda el año pasado pero este año la situación es más compleja porque el monto asignado para la asistencia a este rubro fue mal incluida en el Presupuesto nacional, al olvidarse incluir al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por eso, el Ministerio de Transporte y el de Educación pidieron a Diputados que modifique la ley de Presupuesto nacional, lo que avanzó semanas atrás y ahora era el turno en la Cámara alta, pero recibió un freno abrupto e inesperado ya que estaba todo listo para ser sancionado y convertido en ley dicha corrección.

En el inicio de la sesión, el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, pidió una moción de orden para que el expediente 171/21 vuelva a comisión para que tenga “un mejor estudio en la comisión”, a pesar de que ya había cumplido con ese trámite legislativo.

Esto provocó la reacción de la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez, quien manifestó: “Le pedimos al oficialismo que recapacite sobre la situación porque estas minipymes, empresas familiares, están en una situación desesperante porque el año pasado se hizo este fondo de 600 millones de pesos, pero como había sido asignado al Ministerio de Educación nunca se transfirió”.

Y continuó: “Entonces -este año- se lo puso en el Presupuesto nacional y erróneamente figura dentro de los fondos que son para el interior y eso es otro fondo para el transporte del interior que no tiene nada que ver y ya lo discutiremos a la brevedad”.

La senadora tucumana planteó que “es lógico que quieran incluir al AMBA como lo pidió el Ministerio y Diputados lo corrigió, por eso no puede ser que lo demoren y pedimos que no demos más vueltas porque es desesperante la situación de los transportistas y no se puede pagar a nadie”.

Luego de la corta intervención de la legisladora opositora, Mayans mantuvo la moción de orden y se votó a mano alzada, por lo que el proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados volvió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el cordobés Carlos Caserio, con la promesa de Mayans de que “lo van a trabajar”.

Qué dice el proyecto

La modificación al Presupuesto busca garantizar la asistencia a transportistas escolares de la región del AMBA.

Dicha norma establece una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Según la impulsora de esta modificación, la diputada María Luján Rey (Pro), al hablar actualmente solo del “interior del país”, podrían quedar excluidos en el reparto de fondos los transportistas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Proponen incrementar progresivamente en el Presupuesto los recursos destinados a la cultura

El proyecto fue presentado por la senadora oficialista Cristina López Valverde, quien plantea que a 2032 los fondos representen el 1,5% del PBI.

cristina lopez valverde

La senadora nacional Cristina López Valverde (FdT), presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, presentó un proyecto de ley para incrementar de manera sostenida y progresiva la participación de cultura en el Presupuesto Nacional, hasta alcanzar para el año 2032 el 1,5% del Producto Bruto Interno de cada año.

La iniciativa, que tiene como antecedente la ley que el Congreso aprobó recientemente para aumentar los recursos destinados a la ciencia y tecnología, “viene a reafirmar el compromiso de la importancia de financiar la cultura y las industrias culturales como política de Estado”, señaló la legisladora sanjuanina.

De acuerdo a la propuesta, que retoma puntos centrales de las últimas convenciones de la UNESCO, ese incremento tendría como objetivo: promover la federalización de la cultura priorizando las zonas geográficas de menor desarrollo relativo; fomentar el desarrollo de las nuevas industrias culturales creativas que incorporen nuevas tecnologías de la información y la comunicación; propiciar políticas públicas que incluyan a las infancias, juventudes, mujeres y población LGBTI+; y fomentar y divulgar las actividades de los elencos estables, museos e institutos nacionales, entre otros.

También establece que la asignación de recursos para cultura nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior, lo que asegura un aumento sostenido y genera un compromiso más allá del gobierno en gestión.

Al respecto, López Valverde expresó que “la crisis causada por la pandemia de Covid-19 ha tenido repercusiones devastadoras en el sector de la cultura, y en sus trabajadores y trabajadoras”. “No alcanza solo con tomar medidas específicas, hay que trabajar a mediano y largo plazo, pensar a la cultura en el núcleo del desarrollo y comprometernos con su financiamiento y su divulgación”, consideró.

El proyecto, al que tuvo acceso parlamentario.com, establece un aumento escalonado de 0,20% en 2022; 0,34% en 2023; 0,46% en 2024; 0,59% en 2025; 0,71% en 2026; 0,82% en 2027; 0,95% en 2028; 1,09% en 2029; 1,22% en 2030; 1,35% en 2031; y 1,50% en 2032.

Asimismo, se indica que el jefe de Gabinete deberá remitir anualmente “un informe respecto de la ejecución del presupuesto detallado por jurisdicciones y su grado de cumplimiento a las comisiones de Cultura de la Cámara de Diputados, y de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, para su control y seguimiento”.

Tildan de “burla” destinar fondos a la Casa Patria Grande Néstor Kirchner

Un proyecto de la oposición pide un informe sobre el presupuesto que se destinará al funcionamiento de la institución en el organigrama del Estado nacional.

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, presentó este lunes un proyecto para solicitar al Gobierno nacional que informe sobre la incorporación de la denominada “Casa Patria Grande Néstor Kirchner” en la orgánica del Poder Ejecutivo y la funcionalidad del Sistema Nacional de la Administración Pública mediante la firma del Decreto PEN 226/2021.

En la iniciativa, el senador fueguino solicitó que se detalle el costo de instalación de la sede del organismo mencionado y el de funcionamiento a cargo del erario público nacional por fuera de las previsiones presupuestarias para el presente año y en el marco de “la aguda crisis económica que vive el país”.

“En este contexto de crisis económica y social que estamos atravesando, crear un organismo que agrega una carga permanente de salarios a los gastos públicos constituye una irresponsabilidad moral escondida en la maraña de atribuciones que la ley otorga al Poder Ejecutivo Nacional”, dijo Blanco.

En ese sentido, fustigó: “Este tipo de gastos es una burla al pueblo toda vez que esos fondos podrían emplearse para solucionar problemas remanentes en hospitales públicos y, de esa manera evitar más muertes en esta pandemia que está lejos de acabarse”.

Y continuó: “El pueblo merece saber el nivel de salarios que se incorporan a la administración pública nacional en comparación con los de los médicos, enfermeros y el personal de salud del sistema público en general que se encuentran en la trinchera del combate diario arriesgando sus vidas y las de sus familias”.

Blanco concluyó que “si no existen concursos explícitos para todos los cargos que se crean, la organización no será más que un recurso de la facción gobernante para dar sustento a una militancia rentada, con lo cual están consolidando una defraudación moral al pueblo que paga sus impuestos para sostener un aparato superfluo y sesgado”.

Martínez defendió el proyecto de biocombustibles, pero la oposición mantiene las críticas

El secretario de Energía se presentó ante un plenario de comisiones de Diputados. Desde Juntos por el Cambio apuntaron a la visión energética del Gobierno a largo plazo. El debate continuará en los próximos días.

El secretario de Energía, Darío Martínez, defendió este jueves ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción de los biocombustibles, pero la oposición mantuvo sus críticas y el debate continuará en los próximos días.

Martínez expuso en una reunión virtual de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Omar “Chafi” Félix y Carlos Heller, respectivamente.

El funcionario habló de “un muy buen proyecto” que “le da previsibilidad a una actividad que la necesita”, y consideró que “en un esquema de transición energética, los biocombustibles son una actividad importante”.

“Se articula convenientemente la necesidad de desenvolvimiento del sector; su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos; la protección de las pymes y empresas no integradas; y el resguardo del bolsillo de los consumidores, en un proceso de fomento positivo de la actividad, también impulsando la sustitución de importaciones de combustibles líquidos”, explicó.

Al repasar el proyecto artículo por artículo, Martínez confirmó que el corte de biodiesel, a pesar de las críticas de las cámaras empresarias, se bajará al 5% -actualmente es del 10%-, aunque “puede ser aumentado si las condiciones de mercado o la demanda lo aconsejan”.

También detalló que se prevé “un mecanismo para amortiguar en surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible”, para lo cual se otorga la facultad de disminuir “hasta el 3%, para amortiguar el impacto”.

Ese mecanismo, indicó, se aplicará en forma similar para el bioetanol de maíz, cuyo corte se mantendrá en el 12% -igual que en la actualidad-, con un nivel del 6% para la caña de azúcar y del 6% para el maíz.

Por otra parte, Martínez destacó la protección a las pymes y empresas no integradas, que “serán las abastecedoras con un cupo máximo de 50.000 toneladas”, y agregó que “se preserva una distribución equitativa entre las empresas del sector impidiendo la concentración de esos cupos”.

En tanto, “el precio se calculará teniendo en cuenta los costos distintivos de los biocombustibles así como la rentabilidad adecuada para las empresas”.

Otros aspectos del proyecto son la creación de un comité de seguimiento con carácter federal y la sustitución de importaciones de combustibles líquidos, que “puede significar un sendero virtuoso para la actividad”, destacó el secretario de Energía.

“El Gobierno nacional tiene entre sus objetivos el desarrollo del sector de biocombustibles, asociándolo de manera virtuosa al desarrollo nacional”, afirmó Martínez, al señalar que el contexto actual es diferente al de 2006, cuando se sancionó la ley original que ahora se intenta modificar.

Al aportar cifras, precisó que participan activamente en el sector de los biocombustibles más de 40 empresas productoras localizadas en 10 provincias argentinas, que ocupan a más de 32.500 trabajadores de manera directa e indirecta.

Las provincias dedicadas al biodiesel son Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires y La Pampa, mientras que el bioetanol involucra a Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y San Luis, puntualizó el funcionario.

“El impacto en las economías regionales es muy importante”, aseguró, y por otra parte destacó que “de las 28 empresas que producen biodiesel dentro del régimen de promoción, 25 son pymes”.

Asimismo, detalló que anualmente las empresas dentro del régimen de promoción produjeron un total de 1,2 millones de toneladas en 2017; 1,1 millones en 2018; la misma cantidad en 2019; y 0,5 millones en 2020, producto de la parálisis de la actividad por la pandemia.

La oposición, con dudas

Los radicales Fabio Quetglas, Jimena Latorre y José Cano abrieron la ronda de preguntas con fuertes críticas al proyecto. “¿Cuál es la lectura de la Secretaría sobre la transición energética en marcha? Si no sabemos hacia dónde queremos ir en materia energética, los instrumentos van a ser ineficaces”, advirtió Quetglas.

Latorre coincidió en preguntar “cuál es el plan energético en el que se enmarca este proyecto”. “Si seguimos en esta política de parche sobre parche, no vamos a poder tener una política de mediano y largo plazo”, dijo, y tildó a la propuesta del oficialismo de “retrógrada”.

A su vez, Cano recordó que la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una “mirada estratégica de hacia dónde quería ir la Argentina, daba una hoja de ruta”, pero también mostró dudas sobre la visión hacia adelante. “¿Cómo imagina a la Argentina en 2030 en materia energética?”, insistió, al señalar que si ese año la participación del etanol de caña de azúcar sigue siendo del 6%, “no da una proyección de futuro”.

Martínez respondió que “hay que sostener esta transición energética y bajar la huella de carbono”, y añadió que “los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética”, porque “nuestra matriz es en base a gas”.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) consideró que “necesitamos más información para definir un nuevo régimen para poder evaluar esta política pública y tener un diagnóstico completo”. “Para evaluar los escenarios futuros tenemos que contar con datos”, insistió.

Desde el oficialismo, el pampeano Ariel Rauschenberger y el puntano Carlos Ponce pidieron atender más explícitamente en la ley el tema de la distancia al puerto. “En la fijación del precio es necesario el reconocimiento de los costos de transporte” porque eso “afecta la igualdad de oportunidades”, dijo Rauschenberger.

Por el Interbloque Federal, el salteño Andrés Zottos reconoció que para su provincia “y para el norte azucarero, todo lo que pidió el sector se ha cumplido”. “No podemos debatir quién gana o quién pierde porque estamos en un año electoral. Tenemos que buscar los equilibrios necesarios para garantizar inversiones”, enfatizó, y confesó su temor de que el tema se termine judicializando.

Hacia el final, el santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) subrayó que “la baja del corte de biodiesel es un error. Es cierto que en los últimos ocho, nueve, diez años todo el sector no ha producido más allá del 5%, el 7%, pero no se olviden que esos sectores venían de tener los precios congelados, y no se necesitó modificar ley: colocaron a las pymes del biodiesel al borde de la desaparición durante el gobierno anterior”.

La vigencia de la ley

Al inicio del plenario de comisiones, el diputado mendocino Omar De Marchi (Pro) consideró “improcedente” el decreto de prórroga de la ley vigente (el 322/21), publicado el último lunes en el Boletín Oficial.

Según recordó De Marchi, la Ley 26.093 “fue sancionada el 12 de mayo de 2006 y le dada una vigencia de 15 años, por lo tanto vencía el 11 de mayo de 2021, pero le daba una posibilidad al Ejecutivo de tomar una fecha alternativa para la vigencia de 15 años, a partir del primer día del cuarto año de entrada en vigencia, o sea el 1ro de enero de 2010”.

“De tomar esta segunda fecha, la ley debía estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. La ley no da opciones intermedias para sancionar prórrogas”, dijo el legislador.

El presupuesto del Ministerio de Ambiente será 300% mayor que el de 2020

Asimismo, el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) será siete veces más que lo ejecutado en 2020 y 15 veces lo gastado en 2019.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, celebró la ampliación presupuestaria para la cartera a su cargo en aras de robustecer la gestión de la política pública en materia ambiental, como así también, la del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que opera bajo la órbita del organismo.

A través de la Decisión Administrativa 281/2021 —publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán— se produjo una modificación del Presupuesto Nacional 2021 que eleva el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a más de $ 11.330 millones. De este modo, el presupuesto 2021 de la cartera que conduce Cabandié crece más de un 300 % con respecto a lo ejecutado en 2020.

“Con este crecimiento presupuestario el Gobierno nacional del presidente Alberto Fernández reafirma su compromiso con la política ambiental. El presupuesto 2021, el primer presupuesto votado por nuestra gestión, ya tenía un fuerte incremento presupuestario que se potencia con esta ampliación. Estamos hablando de un 300 % más de recursos para el Ministerio”, remarcó Cabandié.

El ministro de Ambiente también celebró que “se consolidan los recursos para el Servicio del Manejo del Fuego con los fondos provenientes del cobro de alícuotas de seguros”, y dijo: “Ampliamos los recursos para obras y acciones en materia de gestión de residuos sólidos urbanos”.

En el primer caso, el SNMF (programa 63 – actividad 46) totaliza con las modificaciones presupuestarias más de $ 3.058 millones. El nuevo presupuesto implica un crecimiento de fondos siete veces superior a lo ejecutado en 2020 ($ 433 millones) y 15 veces lo gastado en 2019 ($ 196 millones).

La mencionada decisión administrativa da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Presupuesto Nacional 2021, incorporando a la partida del Ministerio de Ambiente $ 2.640 millones provenientes de la contribución obligatoria del tres por mil de las primas de seguros que formarán parte del financiamiento del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, según lo establece la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Manejo del Fuego.

“Los fondos provenientes de las primas de seguro se cobrarán todos los años, garantizando los fondos para el sector y brindando previsibilidad para poder planificar el fortalecimiento integral del Servicio del Manejo de Fuego”, indicó el ministro, al tiempo que agregó: “Hace siete meses asumimos la responsabilidad de coordinar el Servicio y en ese tiempo incrementamos siete veces el presupuesto y mejoramos las condiciones laborales de las y los brigadistas con la homologación del convenio colectivo de trabajo sectorial”.

Cabe recordar que el Gobierno nacional, a través del decreto 192/2021, homologó el nuevo convenio que reconoce las particularidades propias de la tarea que llevan a cabo brigadistas que se desempeñan en la Administración de Parques Nacionales y en el SNMF. Además, crea un régimen de carrera específico que reivindica su labor.

Por su parte, también se incrementó la inversión para las obras de gestión integral de residuos sólidos urbanos que se ejecutan con financiamiento externo a través de un crédito BID. “Cuando asumimos la gestión nos encontramos con un crédito subejecutado. En cuatro años el macrismo sólo ejecutó un 20 % del préstamo, mientras que nosotros en poco más de un año comprometimos todos los fondos en obras estructurales como la construcción de centros ambientales y el equipamiento con maquinaria para municipios”, subrayó Cabandié.

El préstamo BID 3249/OC-AR que financia el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos también aumentó $ 1.937 millones, de esta manera, se eleva a un total de $ 2778 millones que la cartera ambiental nacional ejecutará con el objetivo de erradicar basurales a cielo abierto, optimizar la disposición final de los residuos sólidos urbanos y mejorar las condiciones de trabajo de las y los recuperadores urbanos.

Anuario 2020: los debates que pasaron por el Congreso y las leyes que se aprobaron en el año de la pandemia

A pesar de la emergencia sanitaria, el Parlamento no dejó de trabajar y lo hizo hasta último momento. El año legislativo transcurrió con temas consensuados y otros conflictivos, y grandes discusiones en torno a la virtualidad. Hubo vaivenes en la relación entre oficialismo y oposición. Un repaso mes a mes.

Por Carolina Ramos

Enero

El Congreso venía de sancionar, en diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la primera del gobierno de Alberto Fernández, que declaró nueve emergencias en distintas áreas y delegó amplias facultades en el Poder Ejecutivo. Fue la herramienta que le permitió al presidente iniciar su gestión en un marco de excepcionalidad, aun sin haber comenzado la pandemia.

Massa debutó en diciembre como presidente de la Cámara baja.

En su primera sesión del año, el 29 de enero, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda externa y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2019, el pacto entre la Nación y los gobernadores por el cual se suspendieron hasta el 31 de diciembre algunos de los compromisos asumidos en los acuerdos de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos “distorsivos”.

En enero además juró como diputada Gisela Marziotta en reemplazo de Daniel Filmus, quien  asumió como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Febrero

Dos días antes de la apertura de sesiones, el Senado sancionó la denominada “ley de góndolas”, que había permanecido cajoneada tres meses. A pesar del apuro por tratar la norma en el período extraordinario, el Gobierno recién la reglamentó el 15 de diciembre para su entrada en vigencia.

En esa misma sesión, la Cámara alta saldó una deuda de 15 años y aprobó la designación de Marisa Graham como defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación. La abogada recibió aval por 47 votos a favor y 21 en contra, tras un debate donde se coló la cuestión de la legalización del aborto.

Graham juró en el recinto del Senado. (Foto: Comunicación Senado)

Por otra parte, el oficialismo contó con un amplio respaldo de la oposición para sancionar, el 6 de febrero, la ley de sostenibilidad de la deuda externa regida por ley extranjera. Un gesto de apoyo institucional hacia las negociaciones que tenía por delante el ministro de Economía, Martín Guzmán, que días después se presentó ante la Cámara de Diputados. El funcionario asistió a una sesión informativa inédita en el recinto, con características similares a la presentación del jefe de Gabinete.

Pero una de las sesiones más recordadas en Diputados es la que se celebró el 27 de febrero, cuando se desató un escándalo en el recinto por la presencia de Daniel Scioli, avalado como embajador en Brasil. Juntos por el Cambio denunció una maniobra irregular del oficialismo para conseguir el quórum y tratar el proyecto que modificaba los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos, sancionado finalmente el 12 de marzo en el Senado.

En la misma sesión de la polémica prestaron juramento dos nuevas diputadas: Liliana Schwindt, en reemplazo del canciller Felipe Solá; y Adriana Cáceres, en lugar de Guillermo Montenegro, electo intendente de Mar del Plata. Ambas asumieron tras librar sendas batallas en la Justicia por la Ley de Paridad de Género, que en sus casos no se aplicó.

Por otra parte, el Senado avaló las designaciones de los embajadores Rafael Bielsa (Chile), Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Sergio Urribarri (Israel), Carlos Raimundi (OEA) y también de Fernando “Pino” Solanas (Unesco), quien falleció ocho meses después en París.

Marzo

El presidente Fernández inauguró por primera vez el período de sesiones ordinarias, en el marco de una movilización en la Plaza de los Dos Congresos. En un discurso de una hora y veinte, repasó los ejes de su gestión y anunció el envío de varios proyectos, como la reforma judicial -congelada desde septiembre en Diputados-, la legalización del aborto y la creación del Consejo Económico y Social.

El presidente y la vice, en una de las pocas oportunidades donde se los vio juntos. (Foto: Comunicación Senado)

Dos días después de la Asamblea Legislativa se conoció el primer caso de Covid-19 en Argentina y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, marcando un punto de inflexión en la historia del país y el mundo. El presidente decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 19 y el Congreso adhirió a la medida. En un gesto de colaboración, Diputados giró 32.700.000 pesos al sistema de salud, en concepto de subsidios y de pasajes no utilizados por las restricciones en la circulación.

Recién a fin de mes, tras una discusión sobre cómo mantener la actividad durante la emergencia sanitaria, se realizó la primera reunión virtual en la Cámara baja: la Comisión de Educación escuchó al ministro del área, Nicolás Trotta, convocado a raíz de la suspensión de clases presenciales. Fue el puntapié inicial para una seguidilla de reuniones informativas con funcionarios.

En otro orden, el Senado dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas, que nunca fue tratado. El Frente de Todos dejó de lado su tratamiento al no contar con la mayoría de votos necesaria para la designación, y en cambio impulsó, tiempo después, una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La Cámara alta también discutió en comisión, justo antes del inicio de la pandemia, un proyecto de Guillermo Snopek (Frente de Todos) para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que finalmente no prosperó.

Abril

Fue un mes dominado por nuevos cruces entre oficialismo y oposición por la modalidad de funcionamiento de ambas cámaras. El 17 de abril, el presidente mantuvo una videoconferencia con los líderes parlamentarios, que ya habían respaldado el dictado de la cuarentena en una reunión en Casa Rosada.

Fernández recibió a la oposición parlamentaria antes de declarar el aislamiento.

En Diputados, las negociaciones finalmente llegaron a buen puerto y se aprobó en comisión el Protocolo de Funcionamiento Remoto que le permitió al cuerpo, a través de sucesivas prórrogas, funcionar durante todo el año, con algunas modificaciones a medida que se relajó el aislamiento.

En cuanto al Senado, la Corte Suprema rechazó un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner y evitó expedirse sobre la validez de sesiones remotas. El máximo tribunal consideró que la Cámara alta tiene facultad para fijar e interpretar su propio reglamento, y de esa forma dio vía libre al funcionamiento virtual.

Ya se empezaba a hablar, para ese entonces, del denominado “impuesto a la riqueza”, aunque llegaría al Congreso mucho tiempo después.

Mayo

Diputados realizó el 6 de mayo la capacitación obligatoria de género de la Ley Micaela, con la presencia de la ministra de área, Elizabeth Gómez Alcorta. El encuentro se utilizó como simulacro para las sesiones virtuales y arrojó un resultado desalentador por fallas técnicas, sumadas a la falta de experiencia. Por el contrario, las primeras pruebas del Senado fueron exitosas.

Finalmente, el 13 de mayo se concretaron las primeras sesiones virtuales de la historia. El Senado avaló una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia vinculados a la pandemia -entre ellos, la prohibición de despidos y suspensiones- y Diputados aprobó la exención del pago del impuesto a las Ganancias para el personal esencial y la denominada “Ley Silvio”.

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En ambos recintos se colocaron pantallas LED. (Foto: Comunicación Senado)

En esa sesión también juraron como diputados José Luis Patiño, Claudia Bernazza y Lisandro Bormioli, en reemplazo de Elisa Carrió -renunció a su banca-, Daniel Scioli -asumió como embajador en Brasil- y Andrés “Cuervo” Larroque –fue nombrado ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense-.

Ambas cámaras volvieron a sesionar paralelamente el mismo día, el 21 de mayo. El Senado convirtió en ley los dos proyectos aprobados en Diputados y también una nueva regulación para la Cruz Roja, y la Cámara baja avanzó con la receta médica digital y la incorporación de la educación a distancia para casos excepcionales.

La armonía reinante comenzó a quebrarse a fin de mes, cuando el Frente de Todos avanzó con un dictamen de rechazo al DNU firmado por el expresidente Mauricio Macri que transfirió las escuchas telefónicas desde la Procuración General a la Corte Suprema. También hubo chispazos en otra bicameral donde el oficialismo pidió informes sobre la toma de deuda y la fuga de capitales en el gobierno anterior.

El mes cerró con la designación de la periodista Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y una sesión frustrada convocada por Juntos por el Cambio con el fin de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin control parlamentario. A la bancada presidida por Negri le faltaron cinco legisladores para el quórum.

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En el año se realizaron dos sesiones en minoría en Diputados, a pedido de Juntos por el Cambio.

Junio

El Frente de Todos empezó el mes aprobando en el Senado una nueva tanda de DNU, entre ellos el de los “superpoderes” del jefe de Gabinete. También avanzó con la anulación del decreto referido a las escuchas telefónicas. La relación con la oposición, que ya venía algo resentida, empeoró: Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal denunciaron que el bloque de José Mayans se desviaba del acuerdo original de tratar solo temas vinculados a la pandemia.

En ese clima caldeado el Senado volvió a sesionar y, tras la sanción de la ley de educación a distancia, la oposición se desconectó y dejó al oficialismo votando en soledad la ley de alquileres -retomada tras meses de cajoneo- y otro proyecto de Oscar Parrilli que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS).

Una semana después, la Cámara alta recibió por primera vez en el año a Santiago Cafiero, quien brindó su informe de gestión desde el recinto ante las autoridades presentes y la gran mayoría de los senadores conectados desde sus provincias.

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Cafiero concurrió tres veces al Congreso en todo el año. (Foto: Comunicación Senado)

En el Congreso también se coló, con voces a favor y en contra, el tema de la expropiación de Vicentin, anunciada por el presidente y luego descartada. Lo que sí avanzó, aunque a medias, fue la creación de una comisión bicameral para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación. El proyecto, de Oscar Parrilli, fue aprobado en el Senado y nunca más se volvió a hablar de él.

También en junio comenzaron a conocerse los primeros contagios de coronavirus en el mundo de la política. En el caso de Diputados, el sindicalista Walter Correa inauguró el listado, que luego se ampliaría con Carlos Selva, Federico Fagioli, Miguel Bazze y Julio Sahad, entre otros que transitaron la infección sin mayores complicaciones.

Julio

Fernández volvió a escuchar los planteos de la oposición parlamentaria en una nueva videoconferencia, aunque primero dialogó con el Pro y la UCR y luego con el resto de los bloques. La Coalición Cívica no participó de ninguno de los dos encuentros, que sirvieron para aflojar la tensión política justo antes de que el Gobierno anunciara una nueva fase de la cuarentena, con aperturas escalonadas.

Con la pandemia en el centro de la escena, la oposición le trasladó sus inquietudes al presidente.

El 22 de julio, Massa le tomó juramento a Miguel Pichetto como auditor general. El excompañero de fórmula de Macri fue elegido por Juntos por el Cambio para completar hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular de la AGN.

Al día siguiente, el Senado convirtió en ley la Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados de Covid-19, un proyecto de Máximo Kirchner. Y se sancionó otra iniciativa reclamada por la primera dama, Fabiola Yáñez, y otras personalidades, para la atención de la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que no tiene cura y requiere un tratamiento de por vida. También se aprobaron en esa jornada la ley de receta digital y dos proyectos sobre promoción de ingreso a carreras estratégicas y penas para la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual o erótico.

A fin de mes, Cafiero tuvo su debut ante Diputados, donde volvió a defender las medidas tomadas durante la pandemia y habló de un “esfuerzo sin precedentes” desde el Estado. Paralelamente, el Senado sancionaba la ley de teletrabajo sin apoyo de la oposición.

La Cámara baja también avanzó con la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras; y la moratoria impositiva, previsional y aduanera para todos los contribuyentes con deudas vencidas al 31 de julio. Fue tras un debate picante donde Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para el empresario Cristóbal López.

El mes de julio tuvo otros dos datos salientes: Marisa Graham expuso por primera vez ante la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes; y el presidente anunció en Casa Rosada el esperado proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal, más conocido como reforma judicial, aunque luego Cristina Kirchner negó que lo fuera.

Fernández le dio un marco importante a la presentación de la reforma judicial.

Agosto

El mismo día que el Gobierno anunciaba un acuerdo con acreedores, Diputados convirtió en ley por amplia mayoría la reestructuración de la deuda bajo legislación argentina. La Cámara baja también sancionó la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

El 13 de agosto, el Senado avaló la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España y convirtió en ley la moratoria universal, a la vez que dio media sanción a un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia. La Cámara alta sancionó además la ampliación presupuestaria por 1,9 billones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI- para afrontar gastos derivados de la emergencia sanitaria, como los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo).

La reforma judicial fue aprobada el 28 de agosto con 40 votos a favor y 26 en contra, tras dos semanas de tratamiento en comisiones con la participación de funcionarios y especialistas y un fuerte debate en el recinto. El texto tuvo idas y vueltas y a último momento sufrió numerosos cambios que hicieron estallar a la oposición, entre ellos la creación de nuevos juzgados y cámaras federales. Parrilli tuvo que dar marcha atrás con una polémica cláusula que obligaba a los jueces a denunciar presiones de los “poderes mediáticos”.

Parrilli se convirtió en el portavoz de Cristina en el Senado (Foto: Comunicación Senado)

En la misma sesión, se renovó hasta el 31 de diciembre la licencia del tucumano José Alperovich, investigado por presunto abuso sexual.

Septiembre

El primer día del mes se vivió otra de las jornadas parlamentarias más calientes del año: Juntos por el Cambio congregó a la mayoría de sus diputados en Buenos Aires para sesionar presencialmente a pesar de la continuidad de la pandemia, mientras que el Frente de Todos y otros espacios de la oposición pretendían continuar con el funcionamiento virtual. Las negociaciones en Labor Parlamentaria se extendieron por siete horas y finalmente no hubo acuerdo: el interbloque conducido por Negri anunció que impugnaría la sesión por la supuesta invalidez del protocolo, que fue renovado sin su aval. Más de 90 diputados de ese espacio coparon el recinto y denunciaron que el quórum fue irregular. La discusión llevó otras seis horas de duros cruces. Finalmente, durante la madrugada, se aprobaron los dos proyectos del temario: el aumento de multas por pesca ilegal y la ley de reactivación del turismo.

sesion diputados 1 septiembre 2020
Durante seis horas, Juntos por el Cambio advirtió sobre la invalidez de la sesión. (Foto: HCDN)

En el Senado, el Frente de Todos convalidó el DNU 690/20, por el cual se declaró como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. También se aprobó el decreto que dejó sin efecto la intervención de Vicentin.

La Cámara presidida por Cristina anuló en otra sesión los controvertidos traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante el gobierno anterior. Los pliegos impulsados por el macrismo fueron rechazados por unanimidad, ya que la oposición se había retirado, esgrimiendo argumentos reglamentarios contra una nueva prórroga del protocolo virtual. A principios de noviembre, la Corte puso fin al entuerto y dispuso que los jueces permanezcan en los cargos a los que habían sido trasladados hasta que se realice el concurso para designar a los ocupantes definitivos.

Tal como indica la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Fernández. El ministro Guzmán expuso los lineamientos el día 22 en el Salón de Pasos Perdidos, donde definió al proyecto como un “puente” hacia la estabilidad económica post-pandemia.

Guzmán defendió el Presupuesto 2021 y a las siguientes reuniones asistieron ministros y secretarios.

El 24 de septiembre asumió como diputado el neuquino Guillermo Carnaghi en reemplazo de Darío Martínez, designado como secretario de Energía. Aquella sesión tenía como tema principal el proyecto de protección de los activos del Fondo de Garantía De Sustentabilidad (FGS), pero un escándalo inesperado pasó a ocupar el primer plano: un diputado del Frente de Todos, el salteño Juan Ameri, fue sorprendido en una escena erótica con su pareja en plena sesión virtual, y tras haber sido suspendido de inmediato por Massa, finalmente ofreció su renuncia.

En esa misma sesión, Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú sobre medioambiente. Otro proyecto sobre prohibición de ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales también estaba listo para ser aprobado, pero cambios de último momento impulsados por Fernanda Vallejos provocaron su regreso a comisiones. La iniciativa volvió a recibir dictamen, pero no llegó al recinto.

En otro orden, obtuvo luz verde en el Senado la creación del Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas.

Tras el escándalo, Juan Ameri presentó su renuncia bajo presión, cerca de la medianoche.

Octubre

En su primera sesión del mes, el Senado introdujo cambios al proyecto de economía del conocimiento, que volvió a Diputados. También dio media sanción al recorte de la coparticipación de la Ciudad, en función de los gastos por el traspaso de la Policía Federal.

Juntos por el Cambio, que rechazó ese proyecto, además sufrió otro revés: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 1 rechazó el amparo presentado por el interbloque para declarar la invalidez de la sesión del 1 de septiembre en Diputados. Un fallo que convalidó el funcionamiento virtual de la Cámara, tal como había sucedido en el Senado meses atrás.

El 7 de septiembre, Diputados aprobó una resolución de repudio a la conducta del salteño Ameri y juró su reemplazante, Alcira Figueroa. Luego se aprobó el proyecto que fijó condiciones en los contratos para la adquisición de vacunas contra el Covid, y se sancionaron tres leyes: la prórroga de la emergencia citrícola en ocho provincias; la regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología; y el régimen de economía del conocimiento, con las modificaciones impuestas en el Senado.

Pablo Yedlin encabezó el debate sobre las vacunas como titular de la Comisión de Salud.

El mismo día, Cafiero volvió al Senado para brindar su tercer informe del año. La Cámara alta también aprobó, en otras sesiones, el etiquetado frontal de alimentos; la equidad de género en los medios de comunicación; la regulación de la “telesalud”; y una iniciativa sobre cuidados paliativos. Además, recibió aval el pliego de Roberto Carlés como embajador en Italia.

Otro hecho destacado fue la presentación de Miriam Lewin ante la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. La funcionaria defendió ante los legisladores la creación del Observatorio NODIO contra las fake news.

Lewin destacó la puesta en marcha de la Defensoría del Público pero la criticaron por NODIO.

También recibió dictamen un polémico proyecto de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) con el fin de crear una bicameral para el tratamiento de un nuevo Código de Defensa del Consumidor.

El 28 de octubre, Diputados sesionó por primera vez con mayoría presencial desde el inicio de la pandemia, gracias a un acuerdo entre los bloques. Tras un debate de 17 horas, se aprobó el Presupuesto 2021 con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones -de Juntos por el Cambio-. El mes cerró con la sanción, en el Senado, del proyecto para proteger los activos del FGS, habilitando paralelamente a las provincias a renegociar sus deudas con la ANSeS.

Más allá de la agenda parlamentaria, ambas Cámaras aprobaron sendas resoluciones para prohibir a legisladores nacionales que compren dólares para atesoramiento.

Tampoco faltaron los movimientos políticos: el riojano Felipe Álvarez abandonó Juntos por el Cambio y conformó un bloque de dos junto al santacruceño Antonio Carambia. Días después, la tucumana Beatriz Ávila conformó un bloque unipersonal. Con ella y Carambia, el interbloque presidido por Ramón pasó de ocho a seis integrantes.

Noviembre

El candidato del Ejecutivo para completar la Cámara Nacional Electoral (CNE), Daniel Bejas, recibió el visto bueno en el Senado con los votos del oficialismo y el rechazo de buena parte de la oposición. En la misma sesión avanzaron otros proyectos acordados, entre ellos beneficios laborales y previsionales para trabajadores y contratistas de viñas, y una corrección sobre el pago del aguinaldo a empleadas domésticas.

En Diputados comenzaron a tratarse, por impulso de Juntos por el Cambio, los proyectos de “ficha limpia”, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos.

El 11 de noviembre, el interbloque comandado por Negri intentó sesionar para tratar diversos proyectos de su agenda -como la emergencia educativa y un protocolo nacional de circulación-, pero solo reunió 85 diputados presentes. Massa declaró fracasada la sesión y comenzó otra donde se votaron la declaración de 24 capitales alternas; la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la acreditación inmediata de los pagos con tarjeta de débito para comerciantes; una iniciativa contra la deserción escolar; y una campaña contra el grooming.

El mes de noviembre también estuvo marcado por un suceso inédito: en el Senado se descubrió que al proyecto de Presupuesto le faltaban planillas y tuvo que volver a Diputados para su sanción definitiva, el 17 de noviembre. Ese día también se aprobó el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, un tema del que se habló durante meses pero recién ingresó a la agenda parlamentaria hacia fin de año. El proyecto, que creó un gravamen por única vez sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, fue convertido en ley el 4 de diciembre.

Carlos Heller fue uno de los protagonistas del año con el tratamiento de las leyes económicas. (Foto: HCDN)

Mientras Diputados trataba el aporte solidario, el presidente anunció, tras meses de incertidumbre y presión por parte del movimiento feminista, el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. El debate empezó al poco tiempo en las cuatro comisiones intervinientes con la participación de alrededor de 70 expositores, entre funcionarios y especialistas, muchos de los cuales ya habían desfilado por el Congreso en 2018.

A diferencia del Senado, donde el oficialismo no tuvo inconvenientes en extender el funcionamiento virtual hasta marzo, en Diputados Juntos por el Cambio opuso mayor resistencia: en una sesión caldeada, legisladores de ese espacio denunciaron una convocatoria irregular y pidieron un sinfín de cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. La razón que se escondía detrás de esa maniobra era la de dilatar el tratamiento del proyecto sobre la coparticipación porteña, que finalmente fue aprobado, aunque con cambios.

Otro de los temas picantes del mes fue la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El oficialismo logró aprobar el proyecto en el Senado con toda la oposición en contra, tras una serie de reuniones informativas en comisiones y en medio de un intento indisimulado por desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, a través de distintas acciones en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. El Frente de Todos eligió tomar ese camino en lugar de avanzar con el pliego de Rafecas, que no reunía los dos tercios necesarios. Por ese motivo se estableció que el procurador podrá nombrarse con mayoría absoluta -la mitad más uno- y que su mandato ya no será vitalicio sino que durará cinco años. El debate continuará en sesiones extraordinarias.

El oficialismo se dedicó a recabar documentos y testimonios contra Casal. (Foto: Comunicación Senado)

La agenda medioambiental también estuvo presente: se sancionó la “Ley Yolanda” de capacitación a funcionarios de los tres poderes del Estado, así como la modificación de la Ley del Manejo del Fuego, y recibió dictamen favorable en Diputados la ley de humedales, aunque no llegó al recinto.

Finalmente, la muerte de Diego Maradona tuvo su eco en el Congreso: el Senado realizó una sesión exclusiva de homenaje y en Diputados también se recordó al ídolo futbolístico.

Diciembre

El último mes del año arrancó con la ratificación de Massa como presidente de Diputados y la renovación de las restantes autoridades, a excepción del vicepresidente primero, Álvaro González, que fue reemplazado por otro hombre del Pro, Omar De Marchi.

Horas después de la sesión preparatoria, se firmó el dictamen a favor de la legalización del aborto, en un plenario de comisiones que se realizó en el recinto para respetar el distanciamiento social. El texto del Ejecutivo recibió cambios y se trató al día siguiente, en un clima de expectativa por el voto de alrededor de una veintena de indefinidos. El debate, más calmo que el de 2018, duró 20 horas y media y fue seguido de cerca por varios funcionarios del Gobierno que se acercaron al Congreso para respaldar la ley. El final fue todo festejo “verde”: el proyecto se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, con una movilización en las calles a pesar de la pandemia. Acto seguido, recibió aval el “Programa de los Mil Días”, que establece distintas medidas de asistencia para acompañar a las mujeres con embarazos deseados y a sus hijos durante la primera infancia.

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Abrazos y atuendos verdes fueron la imagen final de una nueva jornada histórica. (Foto: HCDN)

Mientras se desarrollaba en Diputados esa jornada histórica, el Senado sesionó en un segundo plano, aunque con un proyecto no menos importante: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que reemplaza a la que rigió en la gestión anterior y que combina recaudación de la ANSeS y variación salarial, sin contemplar la inflación.

En la última semana del año, el 29 de diciembre fue un “supermartes” en el que se invirtieron los debates en ambas cámaras: el Senado debatió el tema del aborto, mientras en Diputados el oficialismo convertía en ley la nueva fórmula jubilatoria. Fue en el marco de un debate de 10 horas, que concluyó con la aprobación por 132 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención.

El momento en el que se aprobó la nueva fórmula jubilatoria. (Foto: HCDN)

El debate sobre el aborto duró 12 horas y concluyó poco después de las 4 de la madrugada con la histórica aprobación por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. A continuación, en un breve debate se convirtió en ley el Plan de los Mil Días, iniciativa complementaria de la ley de IVE impulsada también por el Ejecutivo para acompañar el embarazo y la crianza de niños y niñas hasta los tres años.

El histórico momento en el que se convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Foto: Comunicación Senado)

Ingrid Jetter cuestionó un veto parcial del Ejecutivo al Presupuesto 2021

La diputada correntina cuestionó que se dejara sin efecto el artículo 123, que contempla la autorización de zonas aduaneras y extensión de zonas francas de gran relevancia para el desarrollo de la provincia de Corrientes y el Litoral argentino.

La diputada nacional Ingrid Jetter presentó un proyecto de declaración sobre la Ley 27.591, donde expresa formalmente su rechazo a la observación del artículo 123 de dicha Ley de Presupuesto realizada sobre el Decreto de Promulgación parcial N° 990/2020 del Poder Ejecutivo el 14 de diciembre último. El artículo 123 sancionado por el Congreso contempla la autorización de la constitución de zonas aduaneras especiales y la extensión de zonas francas en ciudades fronterizas de relevancia para el desarrollo económico, propulsando el comercio y subsanando con ello las asimetrías de crecimiento verificadas en el Litoral argentino.

En la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó el Presupuesto, Jetter votó afirmativamente considerando que se pudo incorporar varios puntos estudiados y promovidos por la legisladora luego de varias reuniones de trabajo junto a colaboradores y sus pares en el Congreso, como la continuidad de obras para la provincia de Corrientes iniciadas durante su gestión al frente de Vialidad Nacional y otros beneficios que acompañarán a la recuperación de la región en general.

La constitución de zonas francas (Ley 24.331, Art.1 inc. A) en el Litoral argentino, que claramente cumple con la condición de ubicación geográfica, es una deuda pendiente de larga data. Prueba de ello, son las evidentes dificultades de crecimiento de su PBG y su participación estable dentro del producto nacional, sin aumentos a lo largo del tiempo, sostiene la diputada de Juntos por el Cambio.

Para que se entienda el verdadero sentido del reclamo, hay que tener presente que el desarrollo de zonas francas apunta a diseñar un sistema tributario eficiente, la definición correcta dada de acuerdo a la Ley 24.331. Y por ello no implica o significa que se constituyen para el beneficio de unos pocos importadores, sino que para devenir como aquella área que promueva y propicie las relaciones bilaterales de comercio exterior, agrega Jetter.

“Presentamos este proyecto para que el presidente Alberto Fernández deje sin efecto su veto al artículo 123 de la Ley de Presupuesto. Ese artículo que fue consensuado con todos los Gobernadores y Diputados de las provincias fronterizas, preveía la creación de zonas francas en las ciudades que tienen comercios binacional con otros países. Obviamente Corrientes es una de las beneficiadas, por eso nuestro absoluto rechazo. Nosotros siempre vamos a estar del lado de la libertad de comercio, de la baja de impuestos, apoyando a nuestros productores, a nuestros comerciantes, si los liberamos de las cargas impositivas, veremos más progreso”, expresó Ingrid Jetter.

Luego manifestó: “Nosotros seguiremos insistiendo, esperamos que el presidente reconsidere su veto, desde la Cámara vamos a seguir trabajando para lograr estas zonas francas en la provincia de Corrientes, en las otras provincias del litoral y sobre todo en las ciudades que tienen comercio bilateral con Brasil, Paraguay y Uruguay”.

El Presupuesto 2021 vuelve a Diputados por un error inesperado y se retrasa su sanción

El Senado aprobó el proyecto, pero regresa a la Cámara de origen porque faltó incorporar planillas que contenían obras en todo el país. El oficialismo aclaró que no se hará ninguna modificación y el secretario de Hacienda le envió una nota a Massa pidiéndole “subsanar el yerro”.

Por un error, el Senado devolvió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Alberto Fernández.

El motivo es que, según advirtió el oficialismo, en el texto que recibió el Senado para su tratamiento faltaban planillas con el detalle de numerosas obras financiadas por el Estado Nacional.

El proyecto del Poder Ejecutivo recibió 45 votos a favor, del Frente de Todos y los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones); dos en contra, del puntano Claudio Poggi y el salteño Juan Carlos Romero; y 23 abstenciones de Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), primer orador del debate, explicó que las planillas anexas “son parte integrante del proyecto” que elaboró el Ministerio de Economía.

En ese sentido, el cordobés señaló que en la cartera que conduce Martín Guzmán el Presupuesto “se hizo como corresponde” y se cargó en la página web oficial del Ministerio, donde incluso se pueden consultar las planillas, las que a su vez fueron parte del análisis que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Pero Caserio afirmó que esas hojas “no ingresaron en el texto de la ley” aprobado por la Cámara de Diputados y “por más que estén en un formato digital, deben ser incorporadas”.

“Nuestro bloque no va a hacer ninguna modificación, ni va a agregar ninguna obra de ningún tipo. No va a haber ningún cambio del Presupuesto que viene de Diputados”, garantizó el oficialista, y pidió a la Cámara baja realizar “una breve sesión para ratificar este Presupuesto”.

Con la vuelta del proyecto a Diputados, la sanción de la “ley de leyes” se retrasará al menos una semana más, lo que significa un tropiezo para el Gobierno en plena visita de la delegación del FMI.

Precisamente, la comitiva de tres integrantes se reunirá este viernes con Sergio Massa, titular de Diputados. El encuentro estaba pactado de antemano y se realizará a las 11 en el Salón de Honor de la Cámara baja.

La nota de Rigo a Massa

Presente en el recinto, Caserio leyó la nota que el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, le envió Massa el 4 de noviembre para solicitarle “la posibilidad de subsanar un error material observado en la planilla anexa al artículo 11 del proyecto de ley”.

“Se ha detectado que el formato del archivo digital PDF remitido originalmente mediante el sistema GDE presenta errores tales como la ausencia de totales completos, saltos de página, ‘cortes de datos’ y omisión de obras”, advirtió Rigo.

De todos modos, aclaró que esta corrección “no implica modificación alguna en la asignación presupuestaria de gastos de capital”.

Finalmente, el funcionario insistió en que se trató de una “omisión involuntaria originada en un fallo por la operación remota del sistema GDE” y le pidió a Massa que “subsane ese yerro” incorporando la planilla completa anexa al artículo 11.

El debate

Al defender el Presupuesto, Caserio afirmó que “vamos a estar bien en 2021 y vamos a estar mejor cada año que pase”.

El titular de la Comisión de Presupuesto remarcó que “la pandemia fue crisis para todos”, pero valoró la inversión del 7,7% del PBI en asistencia a los sectores más vulnerables, con programas como el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), no previstos ya para el año próximo.

Para el senador, el Presupuesto refleja los objetivos del Gobierno para “consolidar la protección social de los sectores más vulnerables; impulsar la recuperación económica, que sea robusta, previsible y suficiente; construir un camino de desarrollo sustentable; y asegurar la generación sostenida del empleo, porque creemos que es la mejor justicia social”.

Foto: Comunicación Senado

“No hay estabilidad económica sin recuperación de la actividad“, enfatizó el oficialista, y dijo que “el único modo de salir es creciendo, no se sale achicando ni castigando a la gente”. Tras calificar al proyecto como “prudente”, aseveró que “en 2021 va a haber un importante aumento de la recaudación”, estimado en un 48% para el primer semestre.

En su discurso de más de media hora, el cordobés apuntó que si bien el déficit rondará el 6%, producto de la caída de este año, “lo vamos a ir achicando”.

Por el contrario, Martín Lousteau (UCR-Evolución) cuestionó la “baja calidad” del debate del Presupuesto y criticó la inclusión de nuevos impuestos en el proyecto que vino en revisión.

“Hay artículos que se incorporaron en Diputados que merecen una discusión aparte, no que en la discusión presupuestaria creemos tributos nuevos”, dijo, y enumeró: “Se subieron tasas de fiscalización, se subieron cargos sobre primas de seguros, se bajaron alícuotas para algunos de débitos y créditos, se eximió a esos mismos actores de pagos de aranceles, se subieron impuestos internos, se hicieron de manera diferencial impuestos al juego y hasta se creó un área aduanera especial”.

Para Lousteau, “muchas de estas cosas no son razonables. Como mínimo, la discusión merece una mejor calidad. No sé si esas cosas las revisarán cuándo vuelva a Diputados, pero habría una enorme oportunidad”.

Alertó en ese sentido que “hay planillas que faltan, fe de erratas, y eso es la consecuencia de un mal proceso presupuestario. De hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que en el paso por Diputados, se aumentaron los gastos en 260.564 millones de pesos y se agregaron tres artículos para el Plan Gas, que se estima son 1.300 millones de dólares, es decir que en el paso por Diputados se agregaron 400.000 millones de pesos de gastos sin decir de dónde salen”.

“Lo único que dicen es que el jefe de Gabinete reasignará partidas, entonces lo que sancionamos es que le estamos pidiendo al jefe de Gabinete es que haga una tarea de magia, que genere 400.000 millones de pesos reasignando partidas”, ironizó.

A su turno, el oficialista Daniel Lovera salió con los tapones de punta contra la gestión de Mauricio Macri: “Podemos pensar distinto, podemos tener diferentes proyectos de país, pero sorprende la imprudencia, la insensatez, la asombrosa impunidad con la que se expresan algunos que fueron gobierno hasta hace pocos meses y que nos dejaron un país devastado”.

El titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social advirtió que “el mejor equipo de los últimos 50 años nos hablaba de ‘pobreza cero’, prometía una lluvia de inversiones, y lo que hicieron fue arrasar el país, generaron la peor crisis de la historia, y no fueron variables externas las que hundieron a la Argentina, fue ese equipo el que arrasó el país”.

Lovera insistió: “Fueron absolutamente incapaces para gobernar, y como si esto no les alcanzara destruyeron en cuatro años el salario real en Argentina, que a fines de 2015 era de 590 dólares y a diciembre de 2019 llegó a 260 dólares aproximadamente. Por eso hay que tener memoria”.

El pampeano señaló además que “tomaron deuda sin pasar por el Congreso, y estamos hablando de los defensores de la República, que ahora están preocupados por nuestros jubilados y criticando al Gobierno desde el primer día, un Gobierno que está trabajando para recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados”.

Foto: Comunicación Senado

Desde el Pro, Esteban Bullrich cuestionó la falta de “escucha” y “diálogo” por parte del Frente de Todos y consideró que “el Gobierno se está encerrando y se está enfrentando solo a los problemas”, al poner como ejemplo no solo el Presupuesto sino también la elaboración de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Al coincidir con varios puntos expuestos por Lousteau sobre las “inconsistencias” del proyecto, el legislador apuntó que “cuando uno hace el cálculo de cuánta emisión necesita este Gobierno, es de un 45%. Sin embargo, proyectamos una inflación del 29%”.

Además, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda criticó la incorporación de “muchos artículos por casi 400.000 millones de pesos”, motivo por el cual varios diputados de Juntos por el Cambio “en masa votaron en contra”.

“Falta el diálogo, faltan distintas visiones, el Gobierno se está encerrando y quiere resolver los problemas en soledad”, insistió y opinó que uno de los “problemas” de la iniciativa y “de la construcción de políticas públicas que está llevando este Gobierno” es el de “ver a la política, la sociedad y la economía en términos de conflicto”.

A su turno, el misionero Humberto Schiavoni afirmó que el proyecto le genera a la oposición “más dudas que certezas, por sus inconsistencias, porque por más que se las niegue, son objetivas”. También criticó que “no contenga medidas para morigerar los efectos de la pandemia y asistir a los sectores más castigados”, como el turismo.

Sin embargo, el jefe del bloque Pro adelantó su voto positivo a la creación de un régimen aduanero especial de frontera para su provincia, en la cual “el 90% de las fronteras son con países limítrofes”, los que “tienen ventajas estructurales que van mucho más allá del tipo de cambio con los cuales es imposible competir si no tenemos algunas de las posibilidades que tienen tanto Brasil como Paraguay”.

Asimismo, se expresó a favor de artículo 103, que “le da automaticidad a los fondos del Fondo Especial del Tabaco”, pero anunció su voto en contra de ciertos “artículos que se tratan de gabelas y privilegios puestos a última hora en la Cámara de Diputados que contradicen los principios de equidad y transparencia”.

Muy crítica, la radical Silvia Elías de Pérez opinó que el Presupuesto “tiene mucho olor a humo”. “Siento que el presidente Fernández permanentemente nos ha acostumbrado ya a que nos dice una cosa y después hace otra. Pero hay una cosa en la que no nos ha mentido, él ha contestado en varias oportunidades que descreía de los planes económicos, que él no tenía un plan”, señaló.

“Estoy convencida que no lo tiene, y cuando veo este Presupuesto le puedo garantizar que no lo tiene”, enfatizó la tucumana, que acusó también al Poder Ejecutivo de construir “un puente endeble” porque “no hay nadie que se anime a venir a invertir en Argentina con el grado de incertidumbre que están generando”. Además, agregó que el proyecto “aumenta la presión tributaria” y “nuestras pymes, nuestros comerciantes, nuestros productores no pueden más”.

Por su parte, Alfredo Luenzo (Frente de Todos) opinó que “no es solamente un Presupuesto, es un proyecto de país”, y aseguró que “a pesar de los momentos difíciles que estamos atravesando hemos marcado un rumbo”.

El chubutense cuestionó los “pronósticos agoreros que en realidad parecen estar mucho más ligados desde la oposición al deseo que a diagnósticos reales”, y fue enfático en remarcar que el Frente de Todos es “la continuidad de un proyecto político que ya ha dado sobradas muestras que aquello que nosotros plasmamos en el Presupuesto es lo que después ocurre en la realidad, incluso a pesar de las circunstancias adversas de este marco difícil que estamos atravesando en la Argentina y en el mundo”.

Desde el oficialismo, el bonaerense Jorge Taiana compartió lo dicho por varios de sus pares al recordar que en diciembre del año pasado “se recibió un país quebrado, endeudado, en default y emergencia”, a lo que se le sumó la pandemia, por la que “estamos ante una crisis mundial que es inédita y cuyas consecuencias todavía desconocemos”.

El senador reconoció que el Presupuesto es “de emergencia” y “no va a cumplir todas nuestras expectativas”. Pese a destacar la duplicación de la inversión para la provincia de Buenos Aires, reiteró que “no es el Presupuesto deseado”, pero auguró: “Vamos crecer más (del 5,5%), va a haber más recuperación económica, va a haber más recursos y vamos a comenzar a salir del pozo”.

Apoyado en gráficos que compartió en pantalla, el kirchnerista Oscar Parrilli cargó sobre los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires a través del Presupuesto Nacional, y pidió “comenzar a discutir los gastos” para ir hacia “algo más equitativo”. “Si queremos en serio comenzar a construir una sociedad más justa, más equilibrada, considero que tenemos que empezar a corregir esta situación”, lanzó.

En los cierres, el salteño Juan Carlos Romero argumentó su voto en contra al considerar que el Presupuesto “tiene un sesgo general demasiado estatista”, y fustigó a la Cámara de Diputados por la creación de nuevos impuestos. “Ni este Presupuesto, ni la concepción de quienes gobiernan tienen la visión de una estabilidad macroeconómica, creen que el Estado todo lo puede y eso no es así”, opinó.

En tanto, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que el Presupuesto es “de ajuste” y cuestionó la gestión de Alberto Fernández a casi un año de su asunción. “Es bueno reconocer que ha habido una mala gestión. La prolongación de la cuarentena fue un error. También hubo mala gestión porque se estableció una falsa confrontación entre economía y salud. Y en esa mala gestión tampoco se advirtió, mientras perdíamos meses en discutir la agenda de las personas, que debemos discutir la agenda de la institucionalidad”, expresó el radical.

Con numerosas críticas al gobierno de Cambiemos, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, disparó: “Tenemos una oposición despiadada, salvaje, que no está dispuesta a ayudar en nada”. “Este es un Presupuesto que tiene una visión federal, que no discrimina y que busca encauzar realmente al país en el crecimiento”, defendió y pronosticó que “una vez que tengamos la vacuna va a haber un efecto rebote, va a estar la economía a pleno funcionando”.

Datos del Presupuesto 2021

El Presupuesto prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.

También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.

El financiamiento del déficit provendrá en un 40% de la deuda pública, y en un 60% del Banco Central (emisión monetaria).

La inversión en infraestructura se duplicará, pasando del 1,1% en 2019 al 2,2% en 2021, lo que significa 835.000 millones de pesos.

Un dato relevante del proyecto enviado por el Ejecutivo es que, dado que supone que la pandemia finalizará en el corto plazo,  no contempla el IFE ni el ATP. De hecho, el propio Guzmán informó este jueves que el Gobierno no pagará la cuarta edición del IFE.

En la comparación 2020-2021, el gasto en infraestructura crecerá del 1,1% al 2,2%; en educación y conectividad pasará del 1,1% al 1,3%; en salud pública, del 0,3% al 0,5%; y en innovación y desarrollo, del 0,2% al 0,5%; mientras que en intereses de deuda el gasto bajará del 3,4% al 1,5%.

Se destinarán casi 95.000 millones de pesos al financiamiento de la producción, a través de diferentes herramientas, y se asignarán otros 115.000 millones a la asistencia alimentaria y 113.000 millones al plan Potenciar trabajo, donde se unificaron todos los planes sociales.

Se destinarán 65.000 millones de pesos en subsidios al transporte automotor de pasajeros del AMBA y 20.500 millones para las provincias del interior, un monto que originalmente era de 13.500 millones pero se amplió en Diputados.

Otro agregado negociado en la Cámara baja es que las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras serán mensuales y automáticas.

En cuanto a impuestos, se modifica el impuesto a las apuestas y juegos de azar aumentando la alícuota del 2% al 5%, con atenuantes para sujetos con inversiones genuinas y agravantes para aquellos radicados en paraísos fiscales; y se crea un régimen aduanero especial de frontera para toda la provincia de Misiones.

Se retrasa la sanción del Presupuesto: vuelve a Diputados porque al proyecto girado le faltan planillas

En paralelo a la visita de una misión del FMI, la Cámara alta trata el proyecto de ley de gastos y recursos para el año próximo, el primero del presidente Fernández. El ministro Guzmán, presente en el recinto.

En un hecho insólito, el Presupuesto 2021 volverá a la Cámara de Diputados en segunda revisión, dado que al proyecto que fue girado desde el cuerpo que preside Sergio Massa le faltan planillas.

Así lo confirmó, al abrir la sesión de este jueves, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos).

Como consecuencia, la sanción del proyecto se retrasará una semana más, lo que significa un tropiezo para el Gobierno en plena visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La sesión inició minutos después de las 14 y el debate se extenderá por alrededor de seis horas, con 35 oradores anotados para hablar sobre el Presupuesto, que es el único punto del temario.

La discusión tiene como marco la visita de una comitiva del FMI, integrada por la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozak; el jefe de la misión del FMI para Argentina, Luis Cubeddu y el representante residente del organismo en Argentina, Trevor Alleyne.

Los delegados de la entidad monetaria ya se reunieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán -presente en la sesión del Senado desde uno de los palcos-, y este viernes mantendrán un encuentro con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, entre otras actividades pautadas.

El Presupuesto para el año próximo  prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.

También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.

El financiamiento del déficit provendrá en un 40% de la deuda pública, y en un 60% del Banco Central (emisión monetaria).

La inversión en infraestructura se duplicará, pasando del 1,1% en 2019 al 2,2% en 2021, lo que significa 835.000 millones de pesos.

Un dato relevante del proyecto enviado por el Ejecutivo es que no contempla dos medidas de asistencia económica creadas a partir de la pandemia: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

De hecho, este jueves el ministro Guzmán confirmó que el Gobierno no pagará el cuarto IFE del año, que beneficiaba a unas nueve millones de personas de bajos ingresos.

“El IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía. Implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un ‘IFE 4’ porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país”, aseguró.

Arranca en el Senado el debate del Presupuesto

Será a partir de este martes, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía y de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

comision de presupuesto senado carlos caserio

Con la intención de debatir en el recinto el Presupuesto 2021 en el transcurso de este mes, se inicia este martes la discusión del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el jueves pasado.

El arranque del debate será este martes a las 16.30, en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el cordobés Carlos Caserio.

Se espera la presencia de representantes de Ministerio de Economía. Según trascendió estarán por vía remota los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; y de Política Económica, Haroldo Montagu.

También se anticipa la presencia de directores de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso), aunque eso sería en una próxima reunión.

El texto presentado por el Poder Ejecutivo, que recibió numerosas modificaciones durante el debate en Diputados, proyecta para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.

Ingrid Jetter: “Lo importante es que hicimos escuchar la voz de Corrientes”

La diputada nacional de Juntos por el Cambio detalló una serie de proyectos propios que fueron incluidos dentro de las obras previstas por el proyecto de Presupuesto.

Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación tratará el Presupuesto 2021, en el que la diputada nacional Ingrid Jetter destacó haber logrado la incorporación de varias de las obras propuestas en sucesivos proyectos presentados en la Cámara baja.

Del análisis realizado por la diputada nacional Ingrid Jetter y su equipo, del proyecto de Presupuesto enviado a la Cámara de Diputados, surgió la necesidad de presentar varias peticiones e insistir en la inclusión de obras de infraestructura vial que se encontraban proyectadas en base a los requerimientos y necesidades de municipios de la provincia de Corrientes. “Algunas obras no estaban incluidas y la mayoría que solicitamos se han incorporado, en ese sentido estamos bastante conformes. Nosotros participamos de todas las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, seguimos muy de cerca este tema, aprovechamos sobre todo cuando vinieron funcionarios del Ministerio de Economía y, en otro encuentro, los funcionarios del Ministerio de Obras. Cuando vino el Ministro de Obras Públicas Katopodis le hicimos el planteo verbalmente y luego lo elevamos por escrito”, expresó la diputada Ingrid Jetter.

El trabajo realizado por la diputada nacional Ingrid Jetter referido al seguimiento e incorporación de obras al Presupuesto 2021 es el siguiente: proyecto de resolución (Expte. 0024-D-2020) requiriendo al Poder Ejecutivo Nacional la inclusión del financiamiento necesario en la elaboración del presupuesto nacional para el llamado a licitación de la obra del Segundo Puente conexión física entre las ciudades de Resistencia (Chaco) y Corrientes (Corrientes), siendo que el proyecto ejecutivo de la misma se encuentra en su etapa final.

Proyecto de resolución (Expte. 5062-D-2020) solicitando la inclusión en el Presupuesto 2021 la realización de obras de infraestructura correspondientes a zonas de camino de Rutas Nacionales pertenecientes a localidades del interior de la provincia de Corrientes. Estas obras cuentan con sus respectivos proyectos de obra, fruto del trabajo realizado, junto a su equipo, en la Gerencia Ejecutiva de la Región NEA de Vialidad Nacional, cargo que ocupó entre 2016-2019. Entre las obras solicitadas está la Construcción de Rotonda y obras complementarias de acceso a la Ciudad de Curuzú Cuatía sobre la ruta Nacional 119; la finalización de Autovía RN Nº117 y adecuación de colectoras en acceso a la Ciudad de Paso de los Libres; la finalización de obras y habilitación del puente sobre nivel de Intersección de la RN 14 y la RN 119; la construcción de Colectoras y obras viales complementarias de acceso al Parque Industrial de Mocoretá Provincia de Corrientes sobre RN Nº 14; la construcción de colectoras y adecuaciones viales complementarias de acceso al Parque Industrial de Goya sobre la RN Nº 12; construcción de Bicisendas de desplazamiento por la zona industrial y fabril de Gobernador Virasoro sobre la RN Nº 14; construcción de un Nuevo puente sobre el Aº Santa María sobre Ruta Nacional Nº1 y construcción de refugios, garitas y respectivas rampas de desaceleración sobre la RN Nº 118.

Proyecto de ley (Expte. 5069-D-2020) declarando de interés nacional la obra interprovincial Puente Goya-Lavalle / Reconquista-Avellaneda conexión física entre las ciudades de Reconquista (Santa Fe) y Goya (Corrientes).

Luego, en nota dirigida al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, remitiéndole el listado de Obras de Infraestructura prioritarias para la Provincia de Corrientes de manera que pudieran introducirse en la planificación del Presupuesto 2021 para su inmediata ejecución. Jetter sostuvo que “dentro de ellos cabe destacar que existen tres obras de gran envergadura que son una reivindicación histórica con el desarrollo merecido del Norte Argentino y de mi provincia en particular. Tanto la realización del “2º Puente Resistencia –Corrientes” como el “Puente Goya –Reconquista” responden a la imperiosa necesidad de dar respuesta a las crecientes comunicaciones, comercio y el progresivo potencial productivo regional; como así también la integración de toda la Mesopotamia a las regiones centrales del país. Por otro lado, la “Planta de Tratamiento de Afluentes Cloacales de la Ciudad de Corrientes” producirá un impacto positivo en las condiciones sanitarias de más de trescientos mil correntinos a la vez que contribuirá a mejorar las condiciones ambientales de la vía navegable más importante de la Argentina”

“Lo importante fue hacer escuchar la voz de Corrientes en las cosas que la provincia necesita, consideré muy significativo el acompañamiento y la vinculación con el gobernador Gustavo Valdés, con los ministros del Gobierno de la provincia y los intendentes para saber qué necesitan y qué están planificando. En qué necesitan realmente un apoyo nacional y ese trabajo valió la pena. Es fundamental el trabajo de los siete diputados nacionales de la provincia, tenemos que estar ahí, controlar, gestionar y asegurarnos que todo lo que se incluyó en el Presupuesto se cumpla para Corrientes”, declaró Ingrid Jetter.

Firmarán el dictamen del Presupuesto en Diputados

A pedido de la oposición, se pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 15. Juntos por el Cambio advirtió que se agregaron más de 40 artículos que “nunca estuvieron en debate”. El bloque “schiarettista” pide más fondos para subsidios al transporte.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos pospuso para este viernes a las 15 la firma del dictamen del Presupuesto 2021, luego de que, según advirtieron los diputados Luciano Laspina (Pro) y Luis Pastori (UCR), el oficialismo incorporara más de 40 artículos que “nunca estuvieron en debate”.

Carlos Heller aceptó pasar a un cuarto intermedio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para darle tiempo a los bloques de analizar los cambios introducidos, algunos de los cuales el oficialista explicó en la reunión de este jueves.

“Este dictamen plantea más de 40 nuevos artículos con una gran cantidad de temas, modificaciones y agregados que hacen que sea difícil avanzar hoy mismo”, se quejó Laspina, mientras que Pastori señaló que “la mayoría de los temas que se proponen nunca estuvieron en debate”.

El radical aclaró que el pedido de postergar el dictamen “no necesariamente obedece a la búsqueda de consensos”, sino a “la posibilidad de entender qué es lo que estamos votando”.

En efecto, el proyecto original del Poder Ejecutivo contenía 93 artículos, mientras que el dictamen que pasará a la firma tiene 135, es decir, 42 nuevos artículos.

Los agregados apuntan a financiar la Ley de Economía del Conocimiento, la del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), entre otros.

Carlos Fernández (Frente de Todos) cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio y aseguró que las modificaciones “no cambian la esencia del Presupuesto”, a la vez que afirmó que “algunas de las cuestiones se pueden solucionar administrativamente”.

Pero las críticas también llegaron desde el bloque “schiarettista”: el cordobés Paulo Cassinerio cuestionó que los subsidios al transporte automotor de pasajeros del interior del país sigan siendo de 20.500 millones de pesos y no 30.000 millones, como había solicitado en la reunión pasada.

El monto original para el interior era de 13.500 millones de pesos y el Ejecutivo había aceptado sumar 7.000 millones más, pero el bloque Córdoba Federal consideró que el aumento sigue siendo insuficiente y reclamó “redireccionar al menos el 10% de los recursos que se destinan al AMBA”.

Cassinerio advirtió sobre el carácter “inequitativo y antifederal del reparto de esos recursos”. “Esto no es un capricho. Se van a volver a desencadenar nuevos conflictos, como el de mi ciudad, Córdoba, donde hubo 20 días de paro”, avisó.

Hacia el final debate, Heller ratificó que la intención del Frente de Todos es darle media sanción al Presupuesto la semana próxima, y explicó que el “apuro” tiene que ver con “cerrar el Presupuesto antes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, como demostración de que fue un Presupuesto elaborado por la Argentina”.

“Tenemos los votos para dar dictamen. Lo posponemos para dar la posibilidad de darle a todos más tiempo para analizarlo”, aclaró el legislador.

Los cambios anunciados por Heller

Al inicio de la reunión virtual, Heller destacó el trabajo mancomunado con el Poder Ejecutivo para contemplar varios pedidos de la oposición, sobre todo en materia de obra pública.

“Somos conscientes de que no hemos atendido todo lo que se pidió, pero seamos conscientes del esfuerzo que se está haciendo”, pidió Heller, y advirtió que “todo lo que no se hizo en cuatro años no se puede hacer en un ejercicio”.

El diputado destacó que la incorporación de obras pedidas desde distintas provincias fue posible gracias a “la exitosa negociación de la deuda externa”, que permitió duplicar la inversión de capital, llevándola del 1,1% al 2,2% del PBI.

Una de las principales modificaciones fue un agregado en el artículo 87, estableciendo un régimen especial de créditos para las distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2020 no tengan deudas o tengan deudas “a niveles razonables” con CAMMESA y/o mercado el eléctrico mayorista.

Esos créditos serán equivalentes a cinco veces la factura media mensual del año 2020, y las autoridades provinciales podrán destinarlo a beneficios a consumidores y usuarios de energía eléctrica, a la cancelación automática de obligaciones de pago con CAMMESA, o a inversiones en obras de infraestructura en energía eléctrica.

También se modificó el artículo 104, con el fin de automatizar las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras; y el artículo 130, autorizando al jefe de Gabinete a asignar partidas para financiar el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

Respecto del Fondo Especial del tabaco, el misionero Héctor Bárbaro (Frente de Todos) destacó la “decisión política del Gobierno” de que “de una vez por todas se solucione este problema que hace 19 años vienen reclamando las provincias tabacaleras”.

En otro orden, Heller aclaró -ante el planteo de algunos diputados de la oposición- que el proyecto de Presupuesto no refleja la actualización salarial en las partidas de organismos como el INTA, el CONICET y universidades públicas.

“Lo que existe es una reserva global del 35,6% para atender los mayores egresos que surjan, cuyo pago está a cargo de la Administración Pública Nacional”, aclaró el presidente de la comisión.

Massa visitó a Guzmán en el Palacio de Hacienda

El presidente de la Cámara de Diputados retribuyó la visita que días pasado le hizo el ministro de Economía al Congreso. Los temas que trataron.

En vísperas del inicio del tratamiento de la ley de leyes en el Congreso de la Nación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, almorzaron este viernes en el Palacio de Hacienda. Según pudo saberse, durante el almuerzo se charló de la importancia del Presupuesto para ordenar a la economía y a la política económica en general y para transitar el camino de restaurar la confianza de la gente.

“Para construir confianza es central lo que se muestra en el Presupuesto: números reales”, expresó Massa.

Según voceros consultados, Martín Guzmán le agradeció a Massa el trabajo que viene haciendo en el Congreso y la importancia de ordenar en conjunto el trabajo. “Es importante el consenso y la unidad por eso era tan importante contestar las preguntas de los legisladores. Escuchar y dialogar. El Presupuesto tiene las respuestas”, señaló, palabras más, palabras menos, el ministro.

Por su parte, Sergio Massa elogió el Presupuesto. Destacó el “equilibrio” entre los objetivos y resaltó el hecho de que “apunta a recuperar la economía”. Massa dijo que “vamos a salir de esto y es el camino. Es un presupuesto que va a ayudar a la Argentina a salir de donde está”.

Propuesta de financiamiento de las universidades nacionales

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para acompañar el debate del Presupuesto nacional.

uba facultad de derecho

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, José Riccardo, presentaron un proyecto de resolución donde solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que al formular el Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el año 2021, incorpore la suma de trescientos dieciocho mil ochocientos noventa y seis millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos veinticinco pesos para financiar salarios, gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.

Para la elaboración del proyecto el legislador de Juntos por el Cambio tomó en cuenta la necesaria actualización de los gastos, por la erosión sobre el poder adquisitivo de los salarios que producirá la inflación de acumulada del año 2020, y para atender la recomposición salarial, “más que merecida” por el esfuerzo realizado durante a pandemia Covid-19, no solo por realizar su tarea docente.

Riccardo asegura que los docentes mantuvieron el dictado de clases de manera virtual, tomando las evaluaciones correspondientes, produciendo nuevos materiales de estudio y debiendo adaptar sus presentaciones. Sus investigadores han aportado descubrimientos y desarrollos tecnológicos que sirvieron para transcurrir este largo período de contagios, con sus serias consecuencias. Los extensionistas han estado allí donde se los necesitó, haciendo un aporte polifacético, que generó nuevas significaciones para esta función.

También destacan los legisladores la necesidad de realizar inversiones en la conectividad del sistema, dado el extraordinario impacto de la pandemia en las actividades académicas que implican millones de alumnos conectados, por lo cual han propuesto la incorporación de un fondo de casi cuatrocientos millones de pesos. Además, en el mismo proyecto marcan la importancia de reforzar el financiamiento de las actividades de extensión de las universidades dado el rol social que demanda su participación, para mitigar los efectos de la pandemia en las regiones que cada uno está inserto.

Finalmente, en los fundamentos del proyecto brindan la explicación de la incorporación de refuerzos con la esperanza de que se vuelva a tener un presupuesto distribuido en su mayor parte por Universidad y que les posibilite ejercer plenamente su autonomía.

Acompañaron con la firma el proyecto los diputados Rubén Manzi, Adriana Ruarte, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Jorge Enriquez, Lorena Matzen, Mario Arce, Ximena García, Lidia Ascárate, Fabio Quetglas, Mario Pastori, Álvaro De Lamadrid, Miguel Bazze, Gustavo Menna, Claudia Najul, María Luján Rey, José Cano, Estela Regidor, Pablo Torello, Héctor Stefani, Gonzalo Del Cerro, Julio Sahad y Gabriela Lena.

Recibió dictamen en Diputados el proyecto para defender los activos del FGS

El oficialismo firmó dictamen sobre el proyecto del Ejecutivo, que se tratará en la próxima sesión. La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el titular del FGS, Lisandro Cleri, expusieron ante el plenario de comisiones.

El proyecto de ley que busca refinanciar la deuda de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modificar el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), recibió dictamen favorable este martes en la Cámara de Diputados.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos aceptó modificaciones que fueron acordadas en un cuarto intermedio con la ANSES, aunque Juntos por el Cambio pidió tiempo hasta este miércoles para definir si acompañará con su firma, tras un debate interno.

El debate se dio en un plenario virtual de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que contó con la participación de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el responsable del FGS, Lisandro Cleri.

Al inicio de la presentación, Raverta explicó que este proyecto viene a traer “soluciones” sobre cinco “problemas”: el financiamiento de la Reparación Histórica; los préstamos con las provincias; las inversiones productivas del FGS; la regularización de los créditos ANSES; y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS.

La funcionaria recordó que el programa de Reparación Histórica, sancionado durante la gestión anterior, “se iba a pagar con el dinero que se incorporara a partir del blanqueo de capitales”, mientras que “la segunda fuente de financiamiento iba a ser los activos del FGS”.

Lo que se busca, explicó Lisandro Cleri, es “cambiar el orden de estos pagos”, es decir, “poner a la Reparación Histórica en igualdad con el resto de los programas”, con una financiación a través de recursos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) en primer lugar, “y en caso de que haya un déficit transitorio, pasaría a cubrirlo el FGS”.

Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000” jubilados que adhirieron a ese programa, y que ahora recibirán el beneficio “a partir del Ministerio de Economía, del Tesoro, para que podamos resolver esa obligación sin afectar una garantía para el 100% de los jubilados” como es el FGS.

“Volvemos a la idea de que el FGS le pertenece a la totalidad de los jubilados”, puntualizó la directora ejecutiva de la ANSES.

El diputado radical Alejandro Cacace planteó dudas respecto al cambio en la modalidad de financiamiento de la Reparación Histórica, ante la posibilidad de que “una vez agotadas las partidas” del Presupuesto, los pagos corran riesgo.

Por eso, Cacace pidió a los funcionarios que garanticen que “se van a pagar integralmente los beneficios más allá de los límites que pueda imponer una partida presupuestaria”.

En el mismo sentido, Graciela Camaño (Consenso Federal) advirtió que “sabiendo que tenemos una manta muy corta, debemos tener un claro mensaje respecto a que bajo ningún punto de vista la Reparación Histórica va a estar atada a los recursos del Presupuesto. Es lo mínimo que podemos hacer para que el sistema tenga algún viso de credibilidad para nuestros jubilados, a los cuales cada vez que hay un problema económico les manoteamos sus fondos”.

Ante este planteo, el oficialismo aceptó modificar la redacción del artículo 2, agregando que el programa de Reparación Histórica “será cubierto en su totalidad” con las partidas presupuestarias “sin poder fijarse límites a los pagos”.

Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que “el proyecto es superador en materia de protección del FGS”, pero sugirió modificaciones en materia de créditos de ANSES “en defensa de los consumidores”.

El proyecto también establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

Así, se establece que el Ministerio de Economía y la ANSES “deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera”.

Sobre este punto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) preguntó “en qué medida estos recursos del SIPA se ven afectados por la pérdida de recaudación por la caída actividad económica, y en qué medida a causa de las propias medidas del Poder Ejecutivo”, como “la reducción del pago de contribuciones patronales de las grandes empresas”.

Al responder, Cleri aclaró: “No vamos a cubrir la asistencia por decisiones o políticas del Estado, sino por todo aquello que haya impactado por el Covid”.

De todos modos, para no dejar lugar a dudas, el Frente de Todos incorporó un párrafo al artículo 4, indicando que “a los efectos de determinar este impacto, se considerarán los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la recaudación de los recursos tributarios que forman parte de los ingresos de la ANSES”.

En cuanto a la deuda de las provincias con la ANSES -a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis-, Raverta señaló que “es un año muy particular y para las provincias es muy difícil cumplir esa obligación que tienen para con el FGS, por eso proponemos una forma nueva de financiar esa deuda”.

El proyecto, en su artículo 8 -que también fue mejorado a pedido de la oposición- establece que “en un plazo de ocho meses se pueda rediscutir provincia por provincia la deuda”, informó Raverta.

En tanto, Heller aclaró: “Algunos interpretan que los ocho meses son el plazo para pagar. Los ocho meses son un plazo para negociar con las provincias y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consistirá en la emisión de un bono de largo plazo en las condiciones que se acuerden”.

Es ley la ampliación presupuestaria para afrontar gastos de la emergencia sanitaria

El proyecto fue sancionado en el Senado por unanimidad. Los gastos se ampliarán en casi 1,9 billones de pesos. La oposición acompañó en general pero criticó aspectos puntuales.

La ampliación presupuestaria por casi 1,9 billones de pesos para afrontar gastos de la emergencia sanitaria fue convertida en ley este jueves en el Senado por 67 votos afirmativos y solo uno negativo, del salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal).

Fue tras un debate donde la oposición cuestionó dos aspectos del proyecto del Poder Ejecutivo, sobre el monto destinado a universidades y la posibilidad de dolarizar deuda en pesos. Con esas objeciones, Juntos por el Cambio rechazó tres artículos, el 7, 8 y 17.

La flamante ley amplía los gastos totales en 1.859.583 millones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI.

Del total de gastos, el 80% corresponde a prestaciones de la seguridad social; subsidios energéticos y de transporte; los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.

En el caso del IFE y el ATP, medidas implementadas por el Gobierno para paliar el impacto de la pandemia, se destinarán 90.000 y 80.000 millones de pesos, respectivamente.

Foto: Comunicación Senado

Desde Juntos por el Cambio, Martín Lousteau advirtió que el artículo que habilita la dolarización de la deuda en pesos “va a permitir que fondos que invirtieron en Argentina en pesos, tratando de aprovechar las tasas de interés o la estabilidad, o supuesta estabilidad del tipo de cambio, accedan de manera privilegiada a bonos en dólares”.

“Le vamos a permitir a los fondos Templeton y PIMCO canjear al tipo de cambio oficial, una gran diferencia varios millones de dólares van a hacer estos fondos gracias a esta cláusula y naturalmente esto puede ser parte de la renegociación de la deuda”, explicó el senador de UCR-Evolución.

En respuesta, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, aclaró que se trata “simplemente de una cuestión de ordenamiento aprovechando que se ha terminado el canje de la deuda. En estas circunstancias se impone la necesidad de diseñar una medida que permita sanear la composición de los participantes del mercado de deuda pública en pesos, propiciando la salida ordenada de estos inversores externos con comportamientos disruptivos”.

A su vez, el oficialista Oscar Parrilli explicó que “los 1.500 millones de dólares que se pasan de pesos a dólares son el remanente de más de 12.000 millones de dólares que ingresaron en su momento producto del arreglo con los holdouts y la lluvia de inversiones, que en realidad eran inversiones puramente especulativas, que venían en pesos, tenían un alto rendimiento de interés en pesos, se transformaban en dólares y luego se llevaban rentabilidad en dólar excedente, producto de una política equivocada del anterior gobierno de la liberalización total y la ausencia de controles de capitales”.

En cuanto a las universidades, Lousteau cuestionó que recibirán con la ampliación presupuestaria 197.000 millones de pesos, “esto es, 17.500 millones de pesos menos en funcionamiento que lo que reclamaba el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en agosto del año pasado con el gobierno anterior”.

“Insisto: están 17.500 millones de pesos abajo de lo que pedía el año pasado, mientras le damos miles de millones de pesos a Templeton y PIMCO. Esto es muy importante cuando tenemos hospitales y laboratorios universitarios en la lucha con el Covid”, alertó el senador.

Caserio le respondió que “el incremento a las universidades supera el 35%, superior a la inflación, cosa que creo que en el gobierno de Mauricio Macri nunca se hizo, y lo estamos haciendo en un momento de emergencia. No hay que olvidarse que el Presupuesto para el año que viene va a venir el 15 de septiembre, y superada la crisis que nos dejaron y la crisis de la pandemia, seguramente vamos a encaminarnos hacia un Presupuesto más ordenado”.

El jefe del bloque oficialista, José Mayans, retomó el tema al cierre del debate y apuntó al Presupuesto 2019, que fue sancionado durante la gestión anterior y es el que rige actualmente y que se amplía con esta ley.

Mayans recordó que en ese Presupuesto se preveía “una inflación del 23%” que “terminó en un 57%”, por lo que “hubo un error muy grueso de cálculo”, y a su vez se proyectaba un crecimiento del 2,8% del PBI y “cayó brutalmente”, y finalmente se calculaba un dólar a 40 pesos, algo que “se cayó a pedazos”.

“En un Presupuesto que tiene este tipo de diferencias, esto es algo que hace increíble a un equipo económico y hace imposible la creación de cualquier programa económico”, consideró el formoseño, y señaló que ahora “es muy importante salvar la situación del año 2020 y luego ver la forma de conseguir achicar el déficit que tenemos”.

Según el senador, “hay que determinar cuánto se va a destinar para el Presupuesto de la deuda. El trabajo es llevar a la Argentina a un esquema de deuda sostenible y resuelto esto buscar la forma de equilibrar las cuentas del sector público”.

Entre otros aspectos destacados de la ampliación presupuestaria, se incorporaron 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.

Además, se contemplan asignaciones al Ministerio de Educación por 1.500 millones de pesos para la iniciativa “Volver a la Escuela”, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas; y 215,5 millones al Ministerio de Salud, para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia, entre otras partidas.

Se viene la renta básica universal para nueve millones de personas

Por José Angel Di Mauro Alberto Fernández contó con un activo que ningún presidente tuvo: cuatro meses antes de asumir sabía que ganaba las elecciones. La magnitud del triunfo en las PASO hacía indescontable la diferencia y el mérito de Mauricio Macri fue hacer un papel decoroso en las elecciones de octubre, dejando como legado […]

Por José Angel Di Mauro

Alberto Fernández contó con un activo que ningún presidente tuvo: cuatro meses antes de asumir sabía que ganaba las elecciones. La magnitud del triunfo en las PASO hacía indescontable la diferencia y el mérito de Mauricio Macri fue hacer un papel decoroso en las elecciones de octubre, dejando como legado una distancia menor entre oficialismo y oposición, que hoy se refleja en un Congreso más parejo.

A pesar de la certeza citada, el futuro presidente declinó la posibilidad de influir en el proyecto de presupuesto que se envió al Congreso el 15 de septiembre de 2019. Redactarlo fue una formalidad con la que cumplieron las autoridades económicas de entonces, pero Cambiemos ya no hizo ningún intento por discutirlo siquiera en comisión. Como suele suceder en esos casos, el debate fue postergado a la espera de la nueva composición del Congreso. Aunque el nuevo gobierno prescindió de darlo. La nueva administración le bajó el pulgar a la ley de leyes, que dijo redactaría recién en el transcurso del 2020.

Se puede gobernar sin presupuesto. Es hasta más cómodo en ocasiones, pues el jefe de Gabinete solo tiene que redireccionar partidas. Por eso el reproche perenne que suele hacer el kirchnerismo respecto de que en 2011 “nos dejaron sin presupuesto” es ficticio: lo que no tenía entonces el Frente para la Victoria era mayoría en ambas cámaras y por eso el texto que surgiese iría contra sus deseos, razón por la cual decidieron prescindir de lo que sería un corset. Así y todo, el dato sirvió para el relato posterior y aún hoy rinde: en su último discurso de cierre en Diputados, Máximo Kirchner usó esa referencia para tratar de rebatir una referencia que acababa de hacer Mario Negri, respecto de que “ustedes tienen hoy una mejor oposición que la que tuvimos nosotros”.

El Presidente ha dicho que no cree en los planes, y habrá que ver si termina reconsiderando esa declaración, como ya ha hecho con otras. Pero lo cierto es que el presupuesto debería ser tenido en cuenta como la madre de todos los planes. Y este gobierno prescindió del mismo, aunque con un argumento irrebatible: no podía redactar uno sin saber antes qué pasaría con la deuda.

Ahora lo sabe, pues tras ocho meses de complicadas negociaciones acaba de lograr un acuerdo que tuvo un nivel de respaldo inédito. Empresarios, economistas, el sindicalismo, la oposición y hasta los movimientos sociales expresaron su beneplácito. De preguntarse muchos cuál sería el destino de Martín Guzmán tras el final de las negociaciones, el ministro pasó a ser considerado como el más poderoso. Con todo, los mercados suelen ser impredecibles, sino que le pregunten al macrismo. El día del anuncio bajó el dólar, volaron las acciones… Pero al día siguiente volvieron las dudas.

El arreglo en sí mismo apaga tempestades que hubieran sobrevenido si a una crisis sin precedentes se le agregaba un condicionamiento letal: hubiera sido la tormenta perfecta. Hoy se han sentado las bases para comenzar el despegue, o bien reiniciar el círculo. Habrá que demostrar que esto no es más que una postergación en los pagos, que deberá asumir el próximo gobierno a partir de 2025.

Por lo pronto, se necesita crecer, pues no se podrá pagar la deuda si eso no sucede, por más que hayamos renegociado. Y está demostrado que para la Argentina esa empresa se ha tornado imposible en la última década. El país dejó de crecer en 2011, pues no es suficiente que lo haya hecho desde entonces en todos los años impares (electorales), menos 2019. Crecer es un verbo que debe sostenerse, de lo contrario lo que se gana un año se pierde el siguiente, explican los economistas. Habrá que ver cuál es el destino de los recursos ahorrados en el pago de la deuda, aunque resta ahora la negociación con el FMI, que tendrá sus exigencias.

Está claro que una buena parte de los recursos del Estado están siendo consumidos por la crisis sanitaria que enfrenta el país desde marzo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aportan un dato ilustrativo de la magnitud de dinero que han debido redireccionar: la suma que se destina desde esa cartera a alimentos ha pasado de 15 mil millones a 60 mil. Nada que un presupuesto pudiera haber previsto el año pasado para el presente, dicho sea de paso. Porque esta crisis ha revelado datos imprevisibles, como determinó el alcance del IFE. En el gobierno admiten que cuando pensaron en ese recurso para capear las consecuencias de la cuarentena imaginaron que entre 2 y 2,5 millones de inscriptos… y hubo 9 millones.

Hoy esa cifra es la que en el gobierno toman como base para la “renta básica universal” que piensan poner en marcha antes de fin de año, según confió Hernán Torres Guerrero, subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria de Desarrollo Social. Es una masa gigantesca de subsidios con los que el Estado planea arrancar el próximo año (electoral, digamos de paso). “Esa cantidad de beneficiarios va a ir bajando en la medida que la gente empiece a conseguir trabajo y la maquinaria de producción empiece a caminar”, precisa el funcionario de la cartera que conduce Daniel Arroyo.

Imposible predecir también cuándo será eso, cuando el pico aún no ha llegado y, por el contrario, las cifras meten miedo. En breve llegaremos a 10 mil contagios diarios, siendo aún los testeos muy bajos. Peor, la cantidad de muertos por día, que ya se han estacionado por arriba del centenar, podría superar los 200.

Consecuencia de la cuarentena más larga del mundo, las autoridades han tomado nota de que es imposible volver a los inicios de la misma, cuando el cierre era estricto. Quedó comprobado con la insubordinación de hecho que se dio cuando comerciantes de Once decidieron levantar sus persianas, desafiando la prohibición oficial. Desoídos, los inspectores dejaron de labrar actas y la autorización fue “de hecho”. Se sabe de abogados que están preparando acciones judiciales contra las autoridades de la Ciudad por “habilitar” actividades prohibidas por los DNU vigentes, atribuyéndoles las consecuencias de lo que pueda suceder.

En breve llegaremos a 10 mil contagios diarios, siendo aún los testeos muy bajos.

Es parte de la pirotecnia que le destina el kirchnerismo al jefe de Gobierno porteño, a la que sorpresivamente se sumó el Presidente en la semana al hablar de las camas que ocupan los jubilados porteños en la Provincia. Por ahora no es fuego cruzado, pues Horacio Rodríguez Larreta no contesta los ataques, aunque ha mandado a sus voceros a replicar de manera moderada. Pero tomó nota de que volvían las embestidas de parte del ala K del gobierno cuando la vicepresidencia deslizó una crítica a través de Twitter afirmando que “para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales”. Lo peor es que Cristina estaba retuiteando un mensaje de Wado de Pedro: “Después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la Policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte”.

Encumbrado dirigente de La Cámpora, pero reconocido como moderado, llamó la atención semejante declaración de parte del ministro del Interior, que no ha tenido similar reacción ante hechos de violencia institucional como se han dado en provincias gobernadas por el oficialismo durante esta pandemia.

Mientras tanto, avanza en el Senado el debate de la reforma judicial y, paralelamente, el juicio político contra el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. “Interino”, como resalta cada texto del oficialismo en el que se habla de él, en el marco de la fuerte embestida para conseguir su desplazamiento. Si bien la Constitución establece que la institución del juicio político alcanza al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, la Ley Orgánica del Ministerio Público solo habilita esa vía para desplazar al procurador.

Una movida casi testimonial, pues necesitarían los 2/3 que el oficialismo hoy no tiene en ninguna de las dos cámaras; pero tendiente a erosionarlo de modo tal de que termine renunciando. Circuló estos días como hipótesis la posibilidad de que el oficialismo modificara por mayoría simple la Ley Orgánica del Ministerio Público para ponerle fin al mandato de Casal de un modo más viable, y por eso se lo preguntó a la ministra Marcela Losardo la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado. Fue durante la exposición que hizo la titular de la cartera de Justicia sobre la reforma judicial el lunes pasado: la senadora cordobesa le pidió que respondiera por sí o por no si pensaban hacer algo así. Sin explayarse, la ministra respondió negativamente. Será un antecedente por si terminan haciendo lo contrario.

El oficialismo da marcha atrás con el IVA del 10,5% a la leche

Tras una reunión por videoconferencia, el ministro Martín Guzmán y el bloque de diputados del Frente de Todos acordaron dejar esa discusión para más adelante. La reforma había sido criticada por la oposición.

La suba del IVA al 10,5% para la leche común, que había despertado críticas de la oposición, finalmente será eliminada del proyecto de ley de ampliación presupuestaria que recibió dictamen favorable el jueves pasado y se tratará este martes en sesión de la Cámara de Diputados.

Tras una reunión por videoconferencia, el ministro de Economía, Martín Guzmán y el bloque de diputados del Frente de Todos acordaron dejar para más adelante la discusión sobre esa reforma, como así también la rebaja del IVA del 21% al 10,5% para le leche aditivada.

“Acordamos eliminar del Presupuesto la modificación al IVA en relación a lácteos. Las medidas impositivas se tratarán en otras normas”, informó el diputado Marcelo Casaretto, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En el mismo sentido, Itai Hagman, también integrante de esa comisión, confirmó: “Acordamos dejar las discusiones vinculadas a cuestiones tributarias a un debate profundo que se dará con el próximo Presupuesto. Una reforma tributaria integral que la argentina necesita hace mucho tiempo. La medida puntual del IVA y la leche quedará para ese momento”.

Si bien el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, había negado que el IVA del 10,5% sobre la leche tenga un impacto en el precio del producto, desde la oposición reclamaban no avanzar con esa modificación, y finalmente el Frente de Todos cedió.

La decisión se tomó en una reunión virtual donde Guzmán explicó a los legisladores del bloque presidido por Máximo Kirchner los alcances del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda externa bajo legislación argentina, que obtendría dictamen este mismo lunes en un plenario de comisiones.

El secretario de Hacienda defendió en Diputados la ampliación presupuestaria

Raúl Rigo dio detalles del proyecto oficial y precisó que amplía los gastos totales en casi 1,9 billones de pesos. Destacó que se destinaron casi 690.000 millones para atender la pandemia.

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, detalló este martes en qué consiste la ampliación presupuestaria propuesta por el Poder Ejecutivo y sostuvo que este proyecto de ley “pone de manifiesto la importancia del rol del Estado Nacional y de las políticas públicas que está implementando para paliar los efectos de la crisis económica preexistente y de la pandemia”.

Rigo expuso en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller (Frente de Todos), de cara a la firma del dictamen, que podría ser este mismo miércoles.

El proyecto del Ejecutivo amplía los gastos totales en 1.859.583 millones de pesos

El funcionario explicó que el Presupuesto Nacional está en un nivel de ejecución “elevado”, y “dada la necesidad de continuar con algunas de las políticas” aplicadas en el primer semestre, “es necesario ampliar” la ley de gastos y recursos, ya que de prosperar esta ampliación, el nivel de ejecución al 30 de junio estaría “más próximo a una ejecución estacional”.

Rigo puntualizó en ese sentido que el nivel de ejecución presupuestaria actual total es del 57,1%, y si se amplía el Presupuesto este indicador bajará al 42,8%, sumando Administración Gubernamental, Servicios de Defensa y Seguridad, Servicios Sociales, Servicios Económicos y Deuda Pública.

El secretario de Hacienda precisó que el proyecto amplía los gastos totales en 1.859.583 millones de pesos, de los cuales el 80% (alrededor de 1,5 billones) se originan principalmente en las prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte, para poder mantener estables las tarifas); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH, en ese orden.

El funcionario agregó que si se sanciona la ley de ampliación, el incremento de recursos (corrientes y de capital) será del 17,2%, y el de los gastos será del 33,6%. A su vez, habrá un crecimiento del 53,9% en las transferencias corrientes y del 41,6% en los gastos de capital.

Rigo defendió la decisión de prorrogar el Presupuesto 2019, al sostener que “en un contexto de altísima incertidumbre” por la emergencia sanitaria “se hacía muy difícil plantear un escenario macroeconómico verosímil a partir del cual formular una ley de Presupuesto sostenible para el año 2020”.

Para atender la pandemia, se destinaron refuerzos presupuestarios por casi 690.000 millones de pesos

Tras señalar la caída interanual en la mayoría de los sectores de la economía, detalló que hasta el 31 de junio se destinaron casi 690.000 millones de pesos en refuerzos presupuestarios para atender los distintos programas implementados por el Gobierno, como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) y el FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo).

Además, destacó que la pérdida de recaudación de origen nacional fue de 160.000 millones de pesos, y fue compensada por distintas asignaciones financieras a las provincias, entre ellas los más de 48.000 millones de pesos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional).

Por su parte, el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makón, resaltó que hay un solo antecedente de una ampliación presupuestaria enviada al Congreso, la Ley 26.175, aprobada el 29 de noviembre de 2006.

“Es una ampliación muy grande, incluye partidas de diversa naturaleza y por lo tanto requiere un tratamiento en profundidad”, dijo, y lamentó que la OPC aun no tuvo tiempo de elaborar un informe sobre la iniciativa oficial, que fue remitida al Parlamento el viernes.

El oficialismo buscará el dictamen de los proyectos de moratoria y ampliación presupuestaria

Ambos temas se tratarán este martes a las 11 en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Habría sesión especial el miércoles.

comision presupuesto carlos heller proyecto moratoria

El oficialismo buscará firmar este martes en la Cámara de Diputados el dictamen favorable sobre el proyecto de ley de moratoria universal, y también buscará avanzar con una ampliación presupuestaria para atender la pandemia del Covid-19.

Ambos temas serán abordados en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (Frente de Todos), a partir de las 11, y podrían ser tratados en sesión especial este mismo miércoles.

La moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo apunta a incorporar tanto a empresas como a personas humanas que quedaron afuera de la moratoria vigente, pudiendo incluir deudas contraídas hasta el mes de junio.

Los deudores podrán adherir el régimen hasta el mes de octubre y pagarán la primera cuota a mediados de noviembre, con diferentes planes de pago según el tipo de deuda. Según cálculos de la AFIP, la deuda total alcanzada es de 534.000 millones de pesos.

Durante el debate de la semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal advirtieron sobre la posibilidad de incorporar a la moratoria a empresas en quiebra, en procesos iniciados con anterioridad a la pandemia.

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la inclusión de los impuestos al juego y a la Transferencia de Combustible (ITC), motivo por el cual Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para la firma OIL Combustibles, de Cristóbal López y Fabián De Souza.

A raíz de estos y otros cuestionamientos, el Frente de Todos decidió postergar una semana el dictamen y abrió un período de consultas y negociación cuyos resultados se conocerán en la reunión de este martes.   

El otro proyecto a tratar en la comisión es la readecuación de los recursos y gastos del Presupuesto vigente -que es una prórroga de la ley de 2019-, en el contexto de la emergencia sanitaria.

Según el proyecto enviado este viernes, los recursos totales -corrientes y de capital- aumentarán un 17,2%, mientras que los gastos totales tendrán un incremento del 33,6% respecto del Presupuesto vigente.

Por otra parte, como complemento a la moratoria, la oposición puja para avanzar este martes con un proyecto consensuado de modificación de la Ley de Concursos y Quiebras, para brindar mecanismos excepcionales a las pymes.

Puntos destacados de la ampliación presupuestaria

ANSES: Se destinarán 90.000 millones de pesos para cubrir el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y otros 80.000 millones para el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

Ministerio de Desarrollo Productivo: Tendrá un incremento de 1.625 millones de pesos con destino al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), para brindar líneas de financiamiento a empresas, MiPyMEs, cooperativas e instituciones de investigación y desarrollo que contribuyan a la emergencia sanitaria.

Ministerio de Educación: Se contemplan asignaciones por 1.500 millones de pesos en el marco de la iniciativa Volver a la Escuela, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Se refuerza la necesidad de crédito en la Prestación por Desempleo en 5.000 millones de pesos. Adicionalmente, se prevén créditos por 250 millones para brindar ayudas económicas destinadas a trabajadores de actividades afectadas por la emergencia sanitaria, las medidas de aislamiento y distanciamiento vigentes.

Ministerio de Salud: Se contemplan asignaciones para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia por 215,5 millones de pesos.

Poder Legislativo Nacional: Se propician incrementos por 210 millones de pesos destinados a la Dirección de Ayuda Social (DAS), la obra social del personal legislativo.

Comienza en el Senado el debate sobre la deuda bajo ley local

La Comisión de Presupuesto analizará con autoridades el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para negociar la deuda en las mismas condiciones que aquella que se encuentra bajo legislación extranjera.

El proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación local, que propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera, comenzará a ser debatido este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

El texto, enviado por el Poder Ejecutivo el jueves pasado, será tratado en la comisión que preside Carlos Caserio (Frente de Todos) con la participación de funcionarios, en una reunión informativa virtual convocada para las 14.

Del encuentro participarán Diego Bastourre, secretario de Finanzas de la Nación; Ramiro Tossi, subsecretario de Financiamiento; y Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Directorio del FMI.

El viernes pasado, tras el ingreso del proyecto, representantes del bloque oficialista, que preside José Mayans, mantuvieron un contacto vía Zoom con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien explicó detalles de la iniciativa.

El proyecto consta de ocho artículos y una serie de anexos en los que se detallan las características de los bonos a ser elegidos, y establece además que los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.

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El Ejecutivo manda al Congreso esta semana una ampliación del Presupuesto

Así lo anticipó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien precisó que el proyecto incorporará las medidas sanitarias y ayudas sociales y para empresas implementadas como consecuencia de la pandemia.

Santiago Cafiero

En lo que representa un gesto de parte del Gobierno para con la oposición acordado ya en el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo enviará esta semana un proyecto de ley que amplía la prórroga del Presupuesto 2019. De tal manera, en lugar de hacerlo por la vía del decreto, como podría a partir del DNU que amplió oportunamente las facultades del jefe de Gabinete, el Gobierno procederá a permitirle al Parlamento debatir la ampliación de recursos presupuestarios para lo que resta del año.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien al ser entrevistado por la Televisión Pública señaló que esa ampliación “incorporará todas las medidas de cuidado de la salud y de ayuda a la gente y las empresas” devenidas por la pandemia de coronavirus, y de cara a lo que definió como “la etapa de la recuperación económica” que es la que viene ahora, según señaló.

Cafiero anticipó que “vamos a estar enviando esta semana al Congreso la ampliación de la prórroga del Presupuesto 2019 para terminar este año, y allí se incorporarán las políticas de cuidado de la salud y de ayuda como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y a las empresas con los créditos blandos y moratorias que estamos implementando”.

En ese marco, Cafiero confirmó que “no habrá presupuesto 2020 porque el que estaba elaborado por el anterior Gobierno estaba mal hecho o con los valores distorsionados porque lo hicieron antes de que reperfilaran los vencimientos de deuda”.

En otro orden, el jefe de Gabinete señaló que “la ley de Moratoria que se está tratando en el Congreso es una de las medidas de recuperación que enviamos para que se debata porque son herramientas necesarias para recuperar la producción y el empleo”.

“En este país la economía también mata”, advirtió Negri

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados pidió al Gobierno comenzar a “pensar en la post-pandemia”. Además, enfatizó la necesidad del funcionamiento pleno de las instituciones y expresó su preocupación por el parate en la Justicia.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, advirtió que “en este país la economía también mata” y pidió al Gobierno que comience a “pensar en la post-pandemia”.

Además, el radical consideró que, aunque hay que “seguir trabajando fuertemente en la lucha” contra el coronavirus, es necesario “encontrar rápido la recuperación plena de las instituciones”.

En ese sentido, el legislador expresó su preocupación por el parate de la Justicia a más de 80 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Nunca existió una feria judicial como la que estamos viviendo ahora”, enfatizó.

También señaló que hay “causas graves”, que incluso involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y “están totalmente paradas”.

“No es que nosotros seamos inflexibles, es la responsabilidad republicana la que obliga a todos que la democracia funcione en plenitud y tenemos que garantizarlo entre todos”, sostuvo el cordobés en diálogo con radio La Red.

Negri volvió a cuestionar el DNU por el cual se facultó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a reasignar partidas presupuestarias -en el marco de la emergencia por Covid-19- sin control parlamentario. “Es un exceso de atribuciones, de regresar 13 años atrás, sacar las facultades del Congreso”, dijo.

Y continuó: “En la época de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) se gobernó en emergencia todo el tiempo. Eso significa, más que un tema económico, llevarse las facultades del Congreso, la capacidad de control, no saber a dónde van las partidas”.

Asimismo, el presidente de la bancada opositora cuestionó que no haya proyecto de Presupuesto 2020 y recordó que “hasta en el 2002, en plena crisis, hubo Presupuesto. Es una muy mala señal en un contexto de enorme incertidumbre”.

Consultado sobre la causa de presunto espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri a políticos, periodistas, dirigentes y sindicalistas, el diputado aclaró que él no fue citado y lo que conoce es “nada más que información periodística”.

“Desde los ’90 han existido pozos negros y muy oscuros en relación a los servicios de inteligencia”, señaló y agregó que “durante la época del kirchnerismo ocurría lo mismo”.

“La política tiene una asignatura de trabajar en serio sobre eso y echar luz”, resaltó, al tiempo que reiteró que no tiene “detalles judiciales” sobre la causa abierta a raíz de la denuncia realizada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, pero manifestó: “Por supuesto cualquier ilegalidad la repudio, no la acompaño”.

Ante la falta de Presupuesto, proponen un financiamiento extraordinario para las Universidades Nacionales

El diputado radical José Luis Riccardo presentó un proyecto de ley que solicita al Ejecutivo disponer una suma de 216 mil millones de pesos para 57 casas de altos estudios de todo el país.

Ante la falta del Presupuesto 2020, el diputado nacional José Luis Riccardo (UCR) presentó un proyecto de ley que propone establecer un financiamiento extraordinario a 57 Universidades Nacionales, por el monto de 216 mil millones de pesos.

La iniciativa, acompañada por 40 legisladores del interbloque Juntos por el Cambio, indica que la suma se distribuirá “de forma excepcional y sobre la base de los recursos necesarios previstos por el sistema universitario” para “financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales” de las instituciones.

El puntano resaltó que, a partir de declaraciones recientes de los funcionarios del Gobierno, “el Poder Ejecutivo Nacional no enviaría al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para este año”.

“La llamada ‘madre de todas las leyes’ no existiría para el año 2020, y tampoco las proyecciones de gastos ni diseño presupuestario del Estado argentino del nuevo Gobierno del Frente de Todos”, agregó.

Por eso, el legislador solicitó junto a sus pares que “se fije un crédito que permita el funcionamiento del sistema universitario y resuelva la preocupante sub-ejecución que se está produciendo en las Universidades por la falta de actualización de su presupuesto”.

En los argumentos de la iniciativa, se remarcó que “las Universidades hoy disponen de las mismas partidas presupuestarias del año 2019. Si se mantuvieran las cifras de entonces -lo que representó un 41,69% más que en 2018-, la pérdida real promedio sería abismal. Equivaldría a un ajuste que volvería insostenible el ejercicio de las tareas fundamentales de cualquier universidad, que en la presente coyuntura han encontrado la manera de mantenerse activas”.

“Esto se ve agravado porque las sumas que se transfiere para pagar salarios son calculadas sobre la planta de 2018, lo que deja sin considerar el incremento producido por las nuevas ofertas académicas, ya comprometidas, y que debieron implementarse”, se añadió.

Desde Juntos por el Cambio alertan por los “superpoderes” otorgados a Santiago Cafiero

Legisladores de la oposición reclamaron por la decisión del Gobierno de suspender el tope que tiene el jefe de Gabinete para la reasignación de partidas.

santiago cafiero

Legisladores del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados alertaron por los “superpoderes” otorgados Santiago Cafiero, a través del DNU 457/20 que se publicó este lunes y en el cual, además de ampliar el gasto público, se suspendió por este año el tope del 5% para las reestructuraciones presupuestarias que puede hacer el jefe de Gabinete.

Con el argumento “dotar de flexibilidad” al presupuesto “para la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” por el coronavirus, el Gobierno dejó sin efecto lo establecido en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, mediante el artículo 4 del reciente decreto.

Ante esto, el jefe del interbloque opositor en Diputados, el radical Mario Negri, expresó: “El art. 4to del DNU 457/20 del Pte. @alferdez cercena definitivamente cualquier facultad del Congreso de la Nación en materia presupuestaria. Sin límites puede disponer de las reasignaciones presupuestarias sin ninguna autorización. A todo esto seguimos sin presupuesto”.

“Digamos la verdad. El Congreso Nacional se ha convertido en una institución que funciona con carácter de excepción, en materia penal y tributaria. El abuso de los DNU lo aniquiló. Es casi lo que la realeza a las monarquías constitucionales. Una formalidad”, bramó el macrista Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

Por su parte, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, enfatizó que “la emergencia no puede ser excusa para permitir la suma del poder público, otorgar plenos poderes, neutralizar las instituciones y avanzar contra los valores republicanos que nuestra Constitución sostiene y defiende”.

“En un contexto donde el Congreso aún no ha podido sesionar, el decreto de necesidad y urgencia N°457/2020 que da al Jefe de Gabinete la posibilidad de modificar el presupuesto sin limitación alguna es un atropello a las facultades del Poder Legislativo”, agregó.

En tanto, el radical Alejandro Cacace manifestó: “El Gobierno directamente suspendió ayer por decreto la Ley de Administración Financiera para todo 2020 y se arrogó superpoderes presupuestarios ilimitados. Además de no tener el país presupuesto 2020, asume ahora el Presidente las facultades del Congreso”.

“El mismo gobierno que acusa a la oposición de hacer política por Twitter es el que tiene clausurado el Congreso desde hace meses y ahora intenta quitarle una de sus principales funciones: el manejo del Presupuesto. Basta!”, exclamó Fernando Iglesias (Pro), mientras que su par Waldo Wolff (Pro) consideró que “el menosprecio que tiene el presidente por el sistema republicano es sustantivo. Meta decreto. El modelo ‘Puebla'”.

También a través de las redes, el radical Gustavo Menna analizó que “el DNU 457 vuelve a los superpoderes. El Congreso aprueba la ley de presupuesto pero ahora el Jefe de Gabinete cambia las partidas a su antojo. Se desnaturaliza el programa constitucional según el cual el Poder Legislativo aprueba anualmente el presupuesto de gastos”.

“El DNU 457 lleva la delegación al Jefe de Gabinete al 100% del presupuesto, que es el esquema que había impuesto el kirchnerismo en 2006. Es decir, no hay más ley de presupuesto porque apruebe lo que apruebe el Congreso, el Jefe de Gabinete puede cambiar todas las partidas”, señaló.

Y completó que “es una decisión que le arrebata una de las principales competencias al Congreso. Por algo al presupuesto se le llama “ley de leyes”. El destino de las erogaciones pasa a manos de un funcionario que ni siquiera cumple con el informe mensual impuesto por la Constitución”.

Mediante un comunicado, la radical Gabriela Lena advirtió que el Gobierno “quiere anular el Congreso y ejercer el poder sin control”.

Diputada radical advierte que el Gobierno “quiere anular el Congreso y ejercer el poder sin control”

Así lo consideró Gabriela Lena, presidenta de la Comisión de Comercio, al referirse al DNU por el cual el Ejecutivo nacional volvió a modificar el Presupuesto.

gabriela lena

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR) señaló que “la situación institucional es delicada, gravísima e incomprensible”, al referirse al Decreto de Necesidad y Urgencia 457/2020 que modifica el Presupuesto Nacional.

“La emergencia da responsabilidades pero no da derecho a hacer lo que uno quiere. Es intolerante que a casi dos meses de iniciada esta situación el Congreso no funcione y que, como si esto fuera poco, el Poder Ejecutivo Nacional pretenda quitar por Decreto de Necesidad y Urgencia lo que es competencia de los legisladores”, cuestionó la legisladora.

Además, la presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara baja sostuvo que “ninguna de las decisiones que se toman son inocentes” y opinó que hay “un plan estratégico para anular el Congreso y silenciar, de esta manera, las expresiones críticas de la oposición”.

“Los argentinos nos eligieron a los legisladores para defender sus derechos en el Congreso, pero con el Congreso clausurado y las decisiones concentradas en el Ejecutivo Nacional se están cometiendo arbitrariedades y nos impiden ejercer la representación para la que fuimos electos. Hoy, más del 50% de los argentinos que eligieron alternativas políticas no oficialistas, no tienen una voz que los defienda de los atropellos que se están cometiendo”, expresó la entrerriana.

Además, la diputada alertó que “no se puede modificar el Presupuesto Nacional 2020, por la simple razón que el presupuesto nunca fue presentado ni aprobado. Lo que aún está vigente es el Presupuesto 2019, aprobado por el Gobierno anterior”.

“Hoy, la administración de (Alberto) Fernández, a cinco meses de haber asumido, no posee un proyecto de presupuesto propio que haya sido aprobado y esto es gravísimo, porque no sabemos cuáles son las prioridades en materia de gastos, inversiones y orientación de las políticas públicas que busca llevar adelante el Ejecutivo Nacional”, explicó.

Y continuó diciendo que “la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional -N°24.156- estipula en su artículo 37 que corresponden al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.

“Sin embargo, estas facultades, propias de la función legislativa, ahora pretenden ser cercenadas por un DNU que en su artículo 4 suspende durante el ejercicio 2020 la aplicación de los límites a las reestructuraciones presupuestarias que puede disponer el jefe de Gabinete de Ministros. Para que se entienda claramente, el artículo 4 autoriza al jefe de Gabinete a realizar reestructuraciones presupuestarias dentro del monto total aprobado y estas reestructuraciones no podrán superar un límite fijado por la ley. Eso es lo que ahora, justamente, se pretende suprimir y por lo tanto se pretende actuar sin control parlamentario, lo que deja abierta la posibilidad para la comisión de ilícitos, irregularidades y arbitrariedades”, concluyó Lena.

A través de un DNU, el Poder Ejecutivo amplió el Presupuesto

El Gobierno modificó partidas para destinar recursos a diversas áreas, relacionadas con las medidas que se tomaron en el marco de la cuarentena.

El Gobierno nacional volvió a modificar una vez más las partidas del Presupuesto vigente, con el fin de destinar recursos a distintas áreas, en el marco de las medidas que se tomaron durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

En los considerandos de la norma se argumentó que “el Poder Ejecutivo Nacional desplegó medidas de protección económica y social con el objetivo de morigerar la caída en el nivel de actividad económica, proteger la viabilidad de las empresas y el empleo y, por lo tanto, el ingreso de las familias”.

En ese sentido, se mencionó el subsidio extraordinario a jubilados y pensionados, el Ingreso Familiar de Emergencia, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y el seguro por desempleo, entre otros.

En el DNU 457/2020, el Gobierno expresó que “resulta necesario incrementar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo para incorporar los aportes directos en favor del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr)”.

También justifica el incremento de partidas para el Ministerio de Salud, “destinadas a la atención de las acciones realizadas en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19”, incluyendo la asignación de un bono extraordinario para los profesionales de la salud.

Además, aumenta los recursos para el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores -para asistencia a los argentinos varados en el exterior- y el Ministerio de Defensa, entre otras áreas.

Por otra parte, en el decreto se habilita al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero a “transferir los fondos reservados que excedan a los necesarios” para el normal funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “para su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales, educativas y de salud que resultan estratégicas para abordar la emergencia social y sanitaria”.