El organismo, presidido por Juan Manuel Irrazábal, expuso ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo. Advirtió sobre la necesidad de modificar la política criminal del Estado.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó este martes ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo su informe anual sobre la situación de personas privadas de la libertad, en el que advirtió que “es indispensable realizar una modificación integral de la política criminal del Estado”.
De la reunión virtual participaron, además de legisladores, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori.
“Este informe refleja un gran esfuerzo que venimos realizando los comisionados del CNPT no solo en el marco de la pandemia, sino antes de ella, en distintas provincias y lugares de encierro que hemos recorrido, tratando de cumplir con el rol que nos impone la ley de nuestra creación: ser el pilar del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura”, destacó el exsenador Juan Manuel Irrazábal, titular del organismo.
El documento analiza la situación de las personas privadas de su libertad en el país y el cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia, en el período comprendido entre mayo de 2019 y el mismo mes de este año.
Irrazábal puso de relieve que la “superpoblación” y el “hacinamiento” que evidencian las cárceles del país hacen “imposible la reinserción y la resocialización”, y destacó el trabajo de ese organismo para “para lograr que todas las provincias tengan conformados los comités locales para llegar a todos los lugares de encierro y prevenir malos tratos”.
Según el relevamiento presentado ante los diputados y senadores, “la cantidad de personas privadas de la libertad está en constante crecimiento desde hace más de una década, con su consecuente impacto en la sobrepoblación y hacinamiento”.
Esa situación se tradujo en “un fuerte incremento de la utilización de comisarías y otras dependencias policiales para la detención prolongada de personas en violación de los más elementales principios y estándares internacionales sobre la utilización de la coerción estatal”.
Asimismo, el informe concluyó que “las penas efectivamente impuestas a las personas condenadas no hacen más que crecer año a año, lo que asociado a las restricciones normativas y prácticas al régimen de progresividad de las penas y el continuo abuso de la prisión preventiva, redunda en definitiva en una cada vez mayor expansión del sistema penal”.
Al término de la presentación, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, felicitó al CNPT y afirmó que el documento será estudiado por esa cartera. “Compartimos la mirada y estamos en el mismo camino”, destacó.
A su turno, el diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que “el informe impacta, nos pone frente a una realidad, descorre una especie de velo de lo que sucede en los lugares de encierro”.
Según el informe, de las 23 jurisdicciones provinciales sólo cinco no registraron sobrepoblación, de acuerdo a sus propias definiciones de cupo carcelario, mientras que ocho provincias registran porcentajes superiores al total nacional (25%): San Juan (108%), La Rioja (55%), Jujuy (51%), Buenos Aires (44%), Salta (42%), San Luis (35%), La Pampa (34%) y Misiones (27%).
Además, el Comité refrendó las conclusiones que expuso en su informe anual 2019 sobre “colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres cis y trans, niños, niñas y adolescentes, y personas con padecimientos mentales”, y lamentó que “no se hayan registrado avances sobre la vulneración especialmente diferenciada de sus derechos”.
El CNPT está integrado, además de Irrazábal, por Rocío Alconada Alfonsín y María Laura Leguizamón, designadas a propuesta del Senado, y Diana Conti y Alex Ziegler por la Cámara de Diputados.
También está conformado por el secretario ejecutivo, Alan Iud; Josefina Ignacio, Diego Lavado y Gustavo Palmieri, referentes de organizaciones no gubernamentales; Alejandro Armoa y Ricardo Nioi, representantes de los mecanismos locales; y Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación.
