El proyecto consensuado recibió aval en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados.
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De manera unánime, con aval de todos los bloques, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados emitieron dictamen sobre un proyecto de ley que apunta a la prevención del suicidio en niños y adolescentes. El texto reunió 60 firmas a favor.
En el comienzo del encuentro, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (UP), señaló que “el suicidio en niñas, niños y adolescentes es un problema en crecimiento en todo el mundo” y, en ese sentido, consideró que “la Ley de Salud Mental es muy poco amplia en lo referido a la protección de los niños y adolescentes”.
Por su parte, la titular de la Comisión de Familias, Roxana Reyes (UCR), destacó el "gran consenso" alcanzado y apuntó que sobre esta temática "hay un vacío legal en la ley, por lo cual estos proyectos unificados ponen el foco en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes”.
“Desde la Comisión de Familia venimos trabajando desde hace meses para construir un consenso amplio que nos permita avanzar en una ley fundamental. Hoy logramos un paso muy importante: la firma del despacho por unanimidad, con el apoyo de todas las fuerzas políticas”, ponderó.
La santacruceña subrayó que la iniciativa responde a "una problemática urgente, vinculada al aumento de casos de deterioro en la salud mental, consumos problemáticos y suicidio en las infancias y adolescencias".
“Es muy importante visibilizar esta realidad y generar herramientas concretas para prevenir situaciones de riesgo. No podemos mirar para otro lado: necesitamos políticas públicas efectivas, federales y con perspectiva de derechos”, afirmó.
La radical agregó que "este es un paso fundamental para proteger y cuidar a nuestras infancias. Logramos un gran consenso y eso habla de la responsabilidad compartida que tenemos frente a un problema que atraviesa a toda la sociedad”.
“Queremos que este proyecto se convierta en ley lo antes posible. Las familias, las escuelas y nuestros chicos necesitan que el Estado esté presente, preparado y comprometido”, concluyó la diputada.
Por su parte, Marcela Campagnoli (CC), autora de uno de los proyectos, expresó que “es muy grave lo que pasa con el tema de salud mental y de las adicciones”.
“Voy a acompañar, pero en disidencia parcial, porque quiero añadir un artículo para establecer que la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes audite anualmente el funcionamiento de esta ley”, anunció Carla Carrizo (DpS).
Desde el oficialismo, María Fernanda Araujo (LLA) manifestó que aunque tenían ciertas diferencias, estaban "totalmente de acuerdo con el proyecto".
En tanto, Martín Maquieyra (Pro) celebró la unanimidad, al remarcar que “es un tema que necesita visibilizarse porque se trata de una problemática que viven los niños y adolescentes”.
El Plan Nacional de Prevención del Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes tiene como objetivo garantizar la protección integral de la salud mental de los menores en todo el país. La iniciativa establece herramientas operativas, federales y medibles para que el Estado pueda actuar de manera coordinada junto a las jurisdicciones provinciales, los sistemas de salud, las escuelas y las familias. Además, promueve la articulación entre distintos niveles del Estado, organizaciones sociales y el ámbito académico para fortalecer la prevención, la detección temprana y la asistencia.
Entre sus alcances, el programa prevé campañas permanentes de concientización, capacitación para adultos responsables y docentes, la incorporación de contenidos en la currícula escolar, la creación de un registro federal de datos y una línea gratuita disponible las 24 horas para la atención en situaciones de crisis. Estas herramientas permitirán contar con políticas públicas basadas en evidencia y con una mirada integral sobre la salud mental, priorizando el cuidado y la protección de las infancias y adolescencias en todo el país.
Entre las principales medidas que establece la iniciativa se destacan:
La iniciativa contó con la participación de organizaciones sociales, especialistas en salud mental y referentes de distintos sectores políticos, lo que permitió alcanzar un acuerdo transversal y avanzar con una propuesta sólida.
El proyecto quedó ahora en condiciones de ser tratado en el recinto, con el respaldo unánime de todos los bloques políticos representados en ambas comisiones.
La titular de la comisión Roxana Reyes pidió por el plenario junto las demás comisiones. Desde la CC señalaron que en los últimos dos “años hubo 15.807 casos o intentos de quitarse la vida”. La directora de Fundación Empesares afirmó que “el suicidio es la primera causa de muerte violenta en jóvenes de 14 a 23 años”.
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La Comisión de Familias, Niñez y Adolescencias de la Cámara de Diputados dio este martes inicio al debate para un nuevo marco normativo que contemple tratamientos de salud mental en niñas, niños y adolescentes, consumos problemáticos y prevención del suicidio en todas las edades. Especialistas presentes en la primera jornada alertaron sobre el incremento de suicidios en adolescentes en los últimos años.
La diputada radical Roxana Reyes, autoridad del debate, pidió por la reunión plenaria junto a las otras comisiones que el texto tiene giro: la de Acción Social y Salud Pública que preside Pablo Yedlin; Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, a cargo de Mónica Frade; y Presupuesto y Hacienda al mando del oficialista José Luis Espert para avanzar con el despacho del proyecto de ley.
En simultáneo se daba la reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sobre autores de proyectos, solo expuso Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, quien presentó datos terribles: “Se trata de una ley que lleva 15 años y con sistema de monitoreo implementado en 2022, detectamos que en dos años hubo 15.807 casos o intentos de suicidio”.
En esa línea, sintetizó que “hay 22 intentos por día, sin contar las muertes dudosas”, y pidió por la “la creación de un organismo estatal para prevenir y reducir el riesgo de suicidios; la creación de un registro detallado por edad, género y causalidad; y la incorporación de materias que capaciten a los estudiantes”.
Llegado el turno de los invitados, el primero fue el especialista en Desarrollo Infantil Temprano, Javier Quesada, quien es representante de Unicef Argentina y presentó datos relevados de 190 países: “386 chicos y chicas se suicidaron o intentaron hacerlo”. Alertó, además, que los principales factores de riesgo son “la pobreza, violencia y discriminación”.
Entre otros datos aportados, Quesada añadió que “uno de cada siete adolescentes antes de los 19 años tuvo algún trastorno de salud mental; un 9% relató estar deprimido y un 13% está angustiado entre adolescentes de 13 a 17 años; el 20% presenció situaciones de bullyng y el 11% lo padeció en primera persona; el 70% de 16 a 24 años consumió alcohol en el último año; y más del 20% de los jóvenes entre 13 y 15 años consideró la posibilidad de suicidarse”.
En segundo orden, habló el exdirector nacional de Salud Mental, Luciano Grasso. Primero cuestionó al arco político: “Reclamamos la promoción de la defensa de los derechos de NNyA, pero por otro lado nos encontramos con una desprotección y vulneración de esos derechos consagrados”; Luego, explicó que “no todo padecimiento se debe pensar en términos de patología”.
En el marco de un relato personal, Matias Kornetz, director de Adicciones en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires contó que “mi sueño era ser jugador de fútbol y eso se vio truncado porque crecí en un hogar con papás con patologías psiquiátricas, ambos dos con diagnostico bipolares”.
Luego, relató que le tocó vivir en la calle y aseveró: “Conocí la droga a los 12 años y a los 19 me convertí en policonsumidor”. En tal sentido, el fundador de Prevenir es Amar explicó que “las personas que se quitan la vida no es que quieren morir, es que no quieren seguir viviendo así”.
En representación del Hospital Garrahan, estuvo presente en el debate Alejandra Bordato, jefa del Servicio de Salud Mental, quien relató el caso de una paciente de 14 años con la madre de situación de prisión, el padre de consumo de sustancias: “La atención fue interdisciplinaria, pero llegamos tarde porque casi consuma el suicidio”.
Propuso, entre varios ítems, “darles conocimientos a las escuelas y fortalecer la atención primaria de la salud”. Y luego, manifestó que “vemos que hay pocos factores de salud donde los chicos lo necesitan y el silencio y la ausencia de palabra daña”, en relación a los casos de suicidio.
En otro punto, alertó que “post pandemia hubo un incremento del 20%, donde hay cada vez más niños y niñas con intentos de suicidio”, y aseveró que “se ha incrementado la letalidad del método”. Agregó, para culminar, que detectar en la adolescencia quizás es tarde, hay que detectar desde más temprano”.
Después, Roberto Mato, jefe de Clínica de la Unidad de Adolescencia y Transición, expresó que hay un “deterioro en el tejido social con crecimiento en pobreza infantil; incertidumbre, violencia en los barrios y pérdidas de adultos”. Aseveró, también, que “la soledad reemplazó al diálogo y la pantalla reemplazó al afecto”.
En otro momento, explicó que “no alcanza con derivar a salud mental, necesitamos una mirada intersectorial con políticas activas; y recuperar la escucha y sostener la presencia”. En medio de los relatos profesionales, consideró al crecimiento de la tasa de suicidios en adolescentes es “una realidad cotidiana que enfrentamos”.
Exministro de Salud de la Nación, el diputado nacional Daniel Gollán (UP – Buenos Aires) consideró que “podemos hacer un trabajo de mejorar la ley, pero si no hay más recursos no vamos a poder lograr nada”. Cuestionó que la “Ley de Salud Mental iba a tener un 10% (del financiamiento del presupuesto), pero solo se gira un 2%”.
El doctor Darío Sanguineto y la doctora Nora Leal Marchena, ambos de la AAPI (Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil y Profesionales Afines), señalaron que “cada vez hay menos ofertas desde el punto de vista de especialidades”. Criticaron, también, que hay “una falta de políticas sanitarias que dén recursos para efectuar la formación”.
En otra instancia, la trabajadora social y especialista en Ciencias Sociales y Salud, Graciela Touze, propuso “cambiar el enfoque adultocéntrico”, y lamentó la “falta de abordaje específico hasta no estar en situación de crisis”. Mencionó, tras un relevación de datos, que “los adolescentes destacaron posturas punitivistas y discriminatorias a las personas que consumen sustancias, especialmente cuando son jóvenes y pobres, y un abuso policial y otras formas de violencia contra adolescentes”.
Como respuesta a las autoras de proyectos, la directora de Fundación Empesares, Cintya Castañeda, afirmó que “el suicidio es la primera causa de muerte violenta en jóvenes de 14 a 23 años”. Señaló, además, que “en 2023 se suicidaron 4.197 personas” y que “993 tenían de 10 a 24 años”. “No se está haciendo nada”, aseveró la licenciada en Psicología.
De forma explícita, Castañeda ejemplificó: “Un caso de suicidio afecta hasta 135 personas y de manera profunda, si yo me suicido, ustedes no se olvidan más de mí”. Después, sugirió que “para mí, la solución es cambiar la ley porque veo madres que están desesperadas pidiendo la ayuda y hay que enseñar a pedir ayuda”.
En el cierre de su intervención, explicó que dentro de la iniciativa “tiene que ser muy integral el enfoque y que salga de la escuela; organizar desde abajo con grandes campañas de prevención, educación en los colegios; y se tienen que financiar programas desde el Estado”. Estuvo acompañada por Carolina Omelyaniuk, integrante de la Fundación Empesares.
Estuvieron presentes en el debate, también, la jueza y consejera de la Magistratura, María Alejandra Provítola; el médico especialista en Pediatría y Adolescencia, Fernando Zingman; y la doctora en Ciencias Penales, licenciada en Psicología y referente de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, María Lourdes Molina.
Será en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se llevará a cabo este lunes, desde las 17, en el Salón Azul.
La senadora nacional Gabriela Valenzuela (UCR), junto al Observatorio de Derechos Humanos del Senado, organizan una jornada de concientización en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se realizará este lunes desde las 17, en el Salón Azul.
El evento contará con un primer panel conformado por especialistas y académicos que estudian la problemática, entre ellos, Liliana Gónzalez, directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos; Claudio Grecco, psicólogo cognitivo conductual especialista en neurociencias y adicciones; María Rosario Patti, psicóloga especialista en evaluaciones psicológicas; y Geraldine Peronace, médica psiquiatra y magíster en Asistencia y Prevención de Conductas Adictivas.
En lo que respecta al segundo panel, participarán senadores que han trabajado la temática en el ámbito legislativo: Daniel Kroneberger (UCR-La Pampa), Beatriz Ávila (Justicia Social-Tucumán) y el senador mandato cumplido Mario Fiad.
A su vez se reconocerá con diplomas de honor del Senado a dos organizaciones comprometidas con la prevención del suicidio en el país, Fundación Hechos de la Iglesia Casa de Dios, conocidos como “Los Ángeles del Puente”, y Fundación Manos Unidas por la paz.
Según datos de UNICEF, que datan de 2019, en los últimos 30 años se triplicaron los casos de suicidios en adolescentes en Argentina.
A más de seis años de su sanción -en abril de 2015-, el Gobierno nacional reglamentó este viernes, a través del decreto 603/21 publicado en el Boletín Oficial, la Ley Nacional N° 27.130 de Prevención del Suicidio, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
En los considerandos de la medida se recordó que esta norma declaró "de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina, la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio".
Entre sus objetivos, la ley establece "el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio; el desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población; el desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos y la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación".
En lo que a asistencia se refiere, la norma dispone que "quien padeció ideaciones y/o conductas suicidas tiene derecho a ser atendido en el marco de las políticas de salud; debiendo priorizarse la asistencia de los niños, las niñas y adolescentes, destacando que la atención, en todos los casos, deberá ser a través de un equipo interdisciplinario, conformado en los términos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657".
Además, indica que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, así como todos aquellos agentes que brinden servicios médicos, asistenciales a sus afiliados y afiliadas, independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan realizado un intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de quienes hayan consumado el acto de suicidio; debiendo estas prestaciones comprender la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud.
Según datos de 2019 aportados por la OMS, cada año cerca de 800.000 personas mueren por suicidio, siendo la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años; estimándose que por cada adulto que se suicidó, hay otras 20 personas que lo intentaron.
En tanto, estadísticas de UNICEF, publicadas también en 2019, señalan que en Argentina los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años, cifra que ascendió a 12,7 cada 100.000 adolescentes entre los 15 y los 19 años, y hoy constituye la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años.