A instancias del emplazamiento aprobado el día anterior, las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda comenzaron a discutir los proyectos sobre el tema, con la intención de dictaminar el 6 de mayo.
arrancó finalmente este miércoles el debate de los temas previsionales en el seno de un plenario de dos comisiones, una de las cuales -Presupuesto y Hacienda- había sido emplazada el día anterior por el pleno de la Cámara baja, para sumarse a Previsión y Seguridad Social para tratar los proyectos relacionados con esta cuestión.
Recordemos que el emplazamiento fue aprobado sobre el final de la reunión de este martes por 125 votos afirmativos, 77 negativos y 9 abstenciones.
Para establecer el eje del debate, tomó la palabra el inicio de la reunión la presidenta de la Comisión de Previsión, cabecera del plenario, la radical Gabriela Brouwer de Koning. En una reunión que se realizó en minoría, la cordobesa planteó dos ejes temarios para debatir.
“El régimen previsional presenta muchísimas dificultades, excepciones, desorden normativo, desigualdades, injusticias, y existe la necesidad de un análisis profundo para dotarlo de mayor equidad, justicia e igualdad”, arrancó Brouwer de Koning, quien precisó que “el mundo hoy atraviesa diferentes dificultades, los empleos se transforman, hay un 40% informalidad, el envejecimiento de la población a tasas europeas, y estos factores inciden en este sistema de gran envergadura que tiene el país”.
La diputada radical destacó la consecuencia de esa gran informalidad imperante, que establece que esas personas no aportan al sistema y no lo financian. Así las cosas, tampoco pueden después acceder a una jubilación digna, por no tener los aportes correspondientes. Por eso dijo que debían buscar una alternativa para atender esa situación.
Destacó la existencia de varios proyectos para incrementar el haber previsional, utilizando una variable que es principalmente el bono. “Esta realidad es la que hoy nos interpela”, sostuvo la presidenta de Previsión, remarcó el compromiso de ese plenario para “generar un debate sincero, responsable, para lograr alternativas y mejores soluciones que sean a largo plazo y puedan ser sostenidas en el tiempo”.
Por último, expresó la predisposición al debate para estas cuatro semanas en las que se abocarán intensamente al tema. Así se acordó escuchar este miércoles a los autores de proyectos, que son 21, y pidió que todos inviten a especialistas que “nos puedan dar luz a lo que estamos abordando, en los próximos dos encuentros”. Reclamó en ese sentido que aporten nombres de personalidades que quieran invitar y recordó que la semana del 6 de mayo la idea es dictaminar, con la esperanza de que después de un trabajo intenso lleguen a esa fecha con “las soluciones consensuadas”.
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Así se resolvió al final de la reunión de la Cámara baja celebrada este martes. La decisión comenzará a implementarse este mismo miércoles, y el martes 6 de mayo debería dictaminarse.
Diputados resolvió este martes emplazar a un plenario de comisiones para que el próximo 6 de mayo emita dictamen sobre distintos proyectos vinculados a la situación previsional. El foco estará puesto en la posible prórroga por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo, una medida resistida por el oficialismo y sus aliados legislativos.
El diputado riojano Ricardo Herrera (UP) hizo el pedido de emplazamiento a Presupuesto y Hacienda, para que se sume a la de Previsión y Seguridad Social este miércoles 9 de abril a las 12. El cronograma es que también se reúna el miércoles 23 de abril a las 14 horas; el martes 29 de abril a las 13 horas y emita dictamen el día martes 6 de mayo a las 13 horas. La votación cosechó 125 votos afirmativos, 77 negativos y 9 abstenciones.
El emplazamiento fue respaldado por legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y la diputada radical Natalia Sarapura.
Entre las propuestas que se pondrán sobre la mesa, figuran proyectos de los diputados oficialistas Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freites, así como de Vanina Biasi (Frente de Izquierda), que proponen extender por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional. En tanto, Gisela Marziotta (UP) presentó una alternativa más ambiciosa que plantea una prórroga de 10 años, aunque los consensos actuales permitirían, en el mejor de los casos, una extensión de solo dos años.
La moratoria permitía a mujeres de 60 años y hombres de 65 regularizar sus aportes hasta alcanzar las 120 cuotas requeridas para jubilarse. Sin la extensión, la única opción disponible es acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que exige tener 65 años sin importar el género y otorga un haber equivalente al 80% de la jubilación mínima.
También se tratará un proyecto alternativo impulsado por la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal) y el rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal), que propone un sistema de jubilación proporcional en función de los aportes realizados. Esta propuesta, que podría atraer el respaldo de sectores del radicalismo, establece que el haber se calcularía sobre la base de un 1,5% por cada año trabajado (o fracción mayor a seis meses), hasta un tope de 35 años.
Se constituyó una comisión clave para el avance de un esperado proyecto de Ley.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados bonaerense cumplió con su reunión constitutiva y ya encamina el tratamiento de la polémica reforma jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia.
La Cámara de Diputados bonaerense arrancó en estos días con la tanda de reuniones constitutivas de sus 46 comisiones, tarea que estiman seguirá la próxima semana.
Alrededor de unas 22 comisiones que comenzaron a moverse entre el martes pasado y este jueves, la tarea se reanudará el próximo miércoles, pues será feriado el próximo lunes y martes en la legislatura provincial.
no pasó desapercibida ante la atenta mirada del periodismo legislativo la puesta en marcha de la mesa de trabajo que preside el diputado del unibloque 17 de Noviembre, Fabio Britos.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social, que volverá a liderar el chivilcoyano Britos, tiene sus cinco minutos de fama porque allí está el proyecto de Ley de reforma en el régimen jubilatoria de los trabajadores del Banco de la Provincia.
Como se informó oportunamente, la gestión de Axel Kicillof busca derogar una reforma al régimen previsional de los trabajadores del Banco Provincia, sancionada en 2017 durante el mandato de la exgobernadora, María Eugenia Vidal.
Y justamente, el resistido texto de reforma jubilatoria del Bapro tendrá como primera parada la comisión de Previsión y Seguridad Social, que casualmente sufrió un cambio en su estructura minutos de la reunión constitutiva, que causó sorpresa durante el acto protocolar para la puesta en funciones de sus autoridades.
“Luego de la elección de las autoridades, la semana próxima comienza el trabajo de los asesores sobre los expedientes y en 15 días el primer tema que quiero poner sobre la mesa es la reforma del Bapro, para que cada diputado exprese su voluntad”, adelantó el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Fabio Britos, después de la reunión constitutiva.
Ahora, la iniciativa comenzará a ser tratada en la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside Britos y que quedó integrada por tres legisladores del FdT, dos del radicalismo y uno solo del Pro, luego de la partida del diputado, Fernando Rovello.
Con despacho de esta comisión en la Cámara de Diputados bonaerense el peronismo podría aprobar el proyecto de reforma jubilatoria del Bapro, con mayoría simple, es decir con la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes.
“Rovello había manifestado su voluntad de no pertenecer y lo tuvo que resolver Cambiemos. No tengo opinión. Cuando lo convocamos no quiso participar y el bloque decidió enviar en su lugar a Grecco”, confió Britos.
Rovello está relacionado con Cristian Gribaudo que fuera el conductor del IPS durante la gestión de Vidal y hoy es conductor de la bancada de senadores de Juntos; Grecco en cambio responde a radical Carlos Fernández, uno de los candidatos “posible” a ocupar una silla en el directorio del Banco por porte de la oposición, aunque el trámite está demorado.
En definitiva, Fabio Britos es el flamante presidente y la diputada de Juntos Johanna Panebianco, la vicepresidenta. En tanto que Susana Gonzalez, Soledad Alonso y Nicolás Russo, por el FdT también la integran, al igual que las radicales Melisa Grecco y Vanesa Zuccari, del bloque de Juntos.
El oficialismo firmó dictamen sobre el proyecto del Ejecutivo, que se tratará en la próxima sesión. La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el titular del FGS, Lisandro Cleri, expusieron ante el plenario de comisiones.
El proyecto de ley que busca refinanciar la deuda de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modificar el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), recibió dictamen favorable este martes en la Cámara de Diputados.
A pedido de la oposición, el Frente de Todos aceptó modificaciones que fueron acordadas en un cuarto intermedio con la ANSES, aunque Juntos por el Cambio pidió tiempo hasta este miércoles para definir si acompañará con su firma, tras un debate interno.
El debate se dio en un plenario virtual de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que contó con la participación de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el responsable del FGS, Lisandro Cleri.
Al inicio de la presentación, Raverta explicó que este proyecto viene a traer “soluciones” sobre cinco “problemas”: el financiamiento de la Reparación Histórica; los préstamos con las provincias; las inversiones productivas del FGS; la regularización de los créditos ANSES; y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS.
La funcionaria recordó que el programa de Reparación Histórica, sancionado durante la gestión anterior, “se iba a pagar con el dinero que se incorporara a partir del blanqueo de capitales”, mientras que “la segunda fuente de financiamiento iba a ser los activos del FGS”.
Lo que se busca, explicó Lisandro Cleri, es “cambiar el orden de estos pagos”, es decir, “poner a la Reparación Histórica en igualdad con el resto de los programas”, con una financiación a través de recursos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) en primer lugar, “y en caso de que haya un déficit transitorio, pasaría a cubrirlo el FGS”.
Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000” jubilados que adhirieron a ese programa, y que ahora recibirán el beneficio “a partir del Ministerio de Economía, del Tesoro, para que podamos resolver esa obligación sin afectar una garantía para el 100% de los jubilados” como es el FGS.
“Volvemos a la idea de que el FGS le pertenece a la totalidad de los jubilados”, puntualizó la directora ejecutiva de la ANSES.
El diputado radical Alejandro Cacace planteó dudas respecto al cambio en la modalidad de financiamiento de la Reparación Histórica, ante la posibilidad de que “una vez agotadas las partidas” del Presupuesto, los pagos corran riesgo.
Por eso, Cacace pidió a los funcionarios que garanticen que “se van a pagar integralmente los beneficios más allá de los límites que pueda imponer una partida presupuestaria”.
En el mismo sentido, Graciela Camaño (Consenso Federal) advirtió que “sabiendo que tenemos una manta muy corta, debemos tener un claro mensaje respecto a que bajo ningún punto de vista la Reparación Histórica va a estar atada a los recursos del Presupuesto. Es lo mínimo que podemos hacer para que el sistema tenga algún viso de credibilidad para nuestros jubilados, a los cuales cada vez que hay un problema económico les manoteamos sus fondos”.
Ante este planteo, el oficialismo aceptó modificar la redacción del artículo 2, agregando que el programa de Reparación Histórica “será cubierto en su totalidad” con las partidas presupuestarias “sin poder fijarse límites a los pagos”.
Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que “el proyecto es superador en materia de protección del FGS”, pero sugirió modificaciones en materia de créditos de ANSES “en defensa de los consumidores”.
El proyecto también establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.
Así, se establece que el Ministerio de Economía y la ANSES “deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera”.
Sobre este punto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) preguntó “en qué medida estos recursos del SIPA se ven afectados por la pérdida de recaudación por la caída actividad económica, y en qué medida a causa de las propias medidas del Poder Ejecutivo”, como “la reducción del pago de contribuciones patronales de las grandes empresas”.
Al responder, Cleri aclaró: “No vamos a cubrir la asistencia por decisiones o políticas del Estado, sino por todo aquello que haya impactado por el Covid”.
De todos modos, para no dejar lugar a dudas, el Frente de Todos incorporó un párrafo al artículo 4, indicando que “a los efectos de determinar este impacto, se considerarán los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la recaudación de los recursos tributarios que forman parte de los ingresos de la ANSES”.
En cuanto a la deuda de las provincias con la ANSES -a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis-, Raverta señaló que “es un año muy particular y para las provincias es muy difícil cumplir esa obligación que tienen para con el FGS, por eso proponemos una forma nueva de financiar esa deuda”.
El proyecto, en su artículo 8 -que también fue mejorado a pedido de la oposición- establece que “en un plazo de ocho meses se pueda rediscutir provincia por provincia la deuda”, informó Raverta.
En tanto, Heller aclaró: “Algunos interpretan que los ocho meses son el plazo para pagar. Los ocho meses son un plazo para negociar con las provincias y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consistirá en la emisión de un bono de largo plazo en las condiciones que se acuerden”.
