La comisión que trabaja sobre la nueva movilidad jubilatoria realizó su décima reunión

Con la participación de tres especialistas, la bicameral mixta que preside el diputado Casaretto avanzó en el debate sobre la nueva fórmula previsional.

marcelo casaretto

La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional realizó este lunes su décima reunión virtual con la participación de tres especialistas y avanza en el debate de cara al anteproyecto de ley que deberá proponer al Congreso antes de fin de año.

El encuentro fue presidido por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y a la comisión -integrada por legisladores de las dos principales fuerzas y representantes del Poder Ejecutivo- se incorporaron los senadores Roberto Mirabella (Frente de Todos) y Silvia Elías de Pérez (UCR), en calidad de autoridades de la Comisión de Economía Nacional e Inversión de la Cámara alta.

El primero en exponer fue el economista Marcelo Capello, máster en Economía de la Georgetown University, docente y titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad de Argentina y Latinoamérica (IERAL).

“Para una nueva fórmula de movilidad hay que tener en cuenta que Argentina, durante varias décadas, ha mostrado un bajo crecimiento, una alta volatilidad en ese crecimiento y mucha inflación”, arrancó Capello.

El economista explicó que las variables que suelen utilizarse para las fórmulas jubilatorias son la inflación, los salarios, la recaudación y algunas restricciones para mantener sustentabilidad del sistema o el poder adquisitivo.

Capello sostuvo que se debe tener en cuenta un mecanismo que “maximice la tendencia de las jubilaciones reales a largo plazo, minimice volatilidad y evite caídas muy profundas de los haberes en crisis”.

El especialista analizó las fórmulas de movilidad utilizadas en países de la OCDE y América Latina y concluyó que en 15 países se utiliza el IPC (inflación); en tres se utilizan salarios; en cinco una combinación entre IPC y salarios; y en tres ponen algún tipo de restricciones de sustentabilidad.

“Cuando hay crecimiento, la recaudación previsional crece más que los salarios, y los salarios crecen más que la inflación; en cambio, cuando hay una recesión, esto se da vuelta y lo que más aumenta es la inflación, más que los salarios y la recaudación”, razonó.

En ese marco, consideró que “resulta conveniente una movilidad que mejore (o no empeore) el resultado financiero sin deteriorar los haberes jubilatorios en términos reales”.

“Si la economía argentina crece a futuro, la movilidad por IPC asegurará un poder adquisitivo constante en los haberes y permitirá bajar el déficit financiero genuino del sistema”, opinó, y agregó que “si Argentina continúa con una economía muy volátil en el futuro, la movilidad por IPC minimiza la volatilidad de los haberes reales y evita caídas profundas en las grandes crisis”.

También expusieron Claudia Danani (politóloga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora docente de la UBA y la Universidad Nacional de General Sarmiento) y Sergio Rottenschweiler (economista, doctorando de la UCEMA, investigador y docente universitario).

Los especialistas hicieron una comparación entre las fórmulas aprobadas en las leyes 26.417 (2008) y 27.416 (2017), y evaluaron que la movilidad acumulada en 2019 hubiese sido del 34,5% con la fórmula de 2008, y del 51,1% con la posterior.

En cuanto a los aspectos comunes entre ambas fórmulas, mencionaron la utilización de índices salariales y la presencia de la inflación (primero de forma implícita, y luego explícita), y como diferencia marcaron el tope anual dispuesto en 2008, y los ajustes primero semestrales y luego trimestrales.

Para los expertos, “la utilización de la inflación puede ser negativa desde el punto de vista fiscal si existe inflación con recesión, como en el caso de 2019”, y por otra parte “el ajuste trimestral provoca que los aumentos sean en cuotas”.

Consideraron entonces que los salarios, “por cuestiones históricas, sociales y legales tienen que estar representados en la fórmula”, así como también “variables asociadas a los recursos”.

Finalmente, propusieron “constituir un tope anual para la movilidad que garantice ajuste de los haberes pero sin comprometer la sustentabilidad”, además de fijar un “tope mínimo para garantizar cierta movilidad previsional”.

Se realizó la octava reunión de la comisión de movilidad jubilatoria

Expusieron el economista Oscar Centrangolo y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

claudio moroni marcelo casaretto carlos heller

El economista Oscar Centrángolo y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, expusieron este lunes en una nueva reunión de la comisión bicameral mixta que debe proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que reemplace a la anterior, que se encuentra suspendida por un DNU.

La comisión que preside el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) se reunió por octava vez, de forma telemática, para escuchar a los invitados, que disertaron sobre movilidad previsional y regímenes especiales. 

En nombre del Poder Ejecutivo, estuvieron presentes Luis Bulit Goñi y Miguel Baelo del Ministerio de Trabajo; Roberto Arias del Ministerio de Economía; la jefa de Asesores de la ANSES; y la secretaria técnica de la comisión, Adriana Micale.

Por el Frente de Todos participaron los diputados Casaretto, Hilda Aguirre y Carlos Heller, y el senador Daniel Lovera; y por Juntos por el Cambio estuvieron los senadores María Belén Tapia (vicepresidenta) y Esteban Bullrich, y los diputados Alejandro Cacace y Luis Pastori.

En la próxima reunión, prevista para el lunes 13, expondrán Leonardo Eric Calcagno -doctor en Economía, y sobrino de quien fuera legislador y embajador, Eric Calcagno- y el economista Eduardo Levy Yeyati.

Se reúne este lunes la comisión mixta a cargo de elaborar una nueva fórmula jubilatoria

El encuentro virtual se realizará a partir de las 16. Definirán un cronograma de trabajo sobre la participación de expositores. La semana pasada, el Gobierno envió el proyecto que extiende hasta diciembre los aumentos a través de decreto.

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Se reunirá este lunes a las 16 la comisión mixta, integrada por legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, a cargo de elaborar una nueva fórmula jubilatoria, que fue suspendida en diciembre pasado mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Durante la videoconferencia -el cuarto encuentro-, el grupo de trabajo, presidido por el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), definirá un cronograma sobre la participación de expositores.

La semana pasada el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga hasta diciembre el plazo para elaborar una nueva fórmula -que vencía en junio-, por lo tanto, también continuarán hasta fin de año los aumentos de jubilaciones por decreto.

La oposición rechaza que los incrementos se sigan otorgando de esta manera, ya que advirtieron sobre la discrecionalidad y aseguraron que, a través del índice suspendido, los jubilados hubieran percibido una suma mayor en sus beneficios.

Con estas facultades, el Ejecutivo otorgó en marzo una suma fija de 1.500 pesos, más una suma extra del 2,3%, que en el caso de las jubilaciones mínimas significó un aumento del 13%, mientras en junio el aumento será del 6,2%.

La comisión que analiza la nueva fórmula previsional acordó pedir informes y citar a especialistas

La comisión mixta se reunió este lunes, luego de haber prorrogado el plazo de trabajo hasta diciembre. Se incorporó Fernanda Raverta.

La comisión mixta que debe elaborar una nueva fórmula previsional se reunió este lunes y acordó requerir  informes a organismos públicos y convocar a especialistas, luego de haber prorrogado la semana pasada el plazo original para proponer el nuevo cálculo de las jubilaciones.

En la reunión, realizada de manera virtual, se aprobó por unanimidad el reglamento de la comisión y una metodología de trabajo para que, previo a cada encuentro, los temas sean abordados por los asesores técnicos de los integrantes.

Participaron los diputados Marcelo Casaretto (presidente), Carlos Heller, Hilda Aguirre, Luciano Laspina, Alejandro Cacace y Luis Pastori; los senadores Belén Tapia, Carlos Caserio, Daniel Lovera y Esteban Bullrich; los secretarios de Políticas Tributarias, Roberto Arias, y de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo.

En la reunión pasada, el oficialismo impuso su mayoría y, por ocho votos contra cuatro de Juntos por el Cambio, se aprobó un dictamen para solicitar la prórroga, hasta el 31 de diciembre, del plazo para elaborar la nueva fórmula previsional.

La decisión se tomó “en atención a la situación de crisis que diera lugar a la sanción de la Ley 27.541, que se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19,  y en tanto ello torna imposible contar con elementos, índices o indicadores técnicos adecuados para llevar adelante el cometido”.

Juntos por el Cambio insistió en rechazar esta medida. “Debe recobrar vigencia la ley de movilidad hasta tanto se sancione una nueva, pero no es esta la voluntad del oficialismo, que ha solicitado el PEN y al Congreso que se continúe con la suspensión de la movilidad por seis meses más”, advirtió Cacace.

“En los próximos días seguramente veremos el envío de un proyecto de ley al Congreso para prorrogar la emergencia por 180 días o el dictado del DNU en el mismo sentido, todo esto antes del 20 de junio que es la fecha en que expira el plazo de trabajo para la comisión”, agregó el radical.

A pesar de las críticas, el oficialismo avaló este lunes el acta de la última reunión y convalidó así el dictamen.

Por otra parte, se incorporó a la comisión la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y se acordó requerir informes al organismo sobre la situación de los distintos regímenes especiales, para poder evaluar su sustentabilidad financiera.

Asimismo, Cacace y Laspina propusieron convocar a representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), CIPPEC, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Bulit Goñi expresó el apoyo del Poder Ejecutivo y finalmente se acordó elaborar un listado de invitados propuestos por oficialismo y oposición, para comenzar con la ronda de exposiciones.

El Ejecutivo busca continuar con los aumentos jubilatorios por decreto

Lo transmitió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a legisladores del oficialismo y oposición durante la reunión constitutiva de la comisión que debe elaborar una nueva fórmula previsional.

Por Carolina Ramos

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó este lunes a legisladores del oficialismo y la oposición la intención del Poder Ejecutivo de prorrogar la facultad que hoy tiene por ley para otorgar los próximos aumentos jubilatorios por la vía de decretos, hasta tanto se acuerde una nueva fórmula previsional.

La cuestión se discutió durante la reunión constitutiva de la comisión mixta que debe proponer al Congreso una fórmula jubilatoria que reemplace a la anterior, que fue suspendida en marzo con la Ley de Emergencia Pública por un lapso que vence a fines de junio.

En el encuentro, que fue de carácter virtual, Moroni informó sobre el plan para prorrogar la vigencia de los artículos 55 y 56 de la norma, que le cedieron al Ejecutivo la facultad de decretar los aumentos trimestralmente hasta que se sancione una nueva fórmula.

De esta manera, en los próximos días, el Gobierno evaluará la vía legal -ya sea a través de un proyecto de ley o de un DNU- para extender la vigencia de esa medida.

El primer aumento por decreto se  otorgó en el mes de marzo -fue del 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos- y habrá un nuevo incremento en junio, que será del 6,12% para todos los jubilados, según informó Moroni, también este lunes, en una conferencia de prensa junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

Si bien Juntos por el Cambio se opuso a que los aumentos se sigan dictando por decreto, los representantes del oficialismo plantearon en la reunión las dificultades para elaborar una nueva fórmula en un contexto donde todas las variables económicas sufrieron un desajuste como producto de la pandemia del Covid-19.

Además de Moroni, participaron del encuentro los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y de Política Tributaria, Roberto Arias.

En representación de la Cámara de Diputados, tomaron parte los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro) por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR) por la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Se sumó el titular de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, Luis Pastori (UCR).

Por el Senado, integraron la comisión los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), y de Trabajo y Previsión, Daniel Lovera (Frente de Todos); y los vicepresidentes Esteban Bullrich (Pro) y María Belén Tapia (UCR).

Por la vieja fórmula

Al cabo de la reunión de comisión, diputados y senadores de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado donde señalaron que, si continuara vigente la fórmula aprobada en 2017 y ahora suspendida, “en junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones”, y no del 6,12%.

“La movilidad jubilatoria es un derecho constitucional, establecido en el histórico artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Nuestra ley suprema establece que los derechos constitucionales son reglamentados por ley. Sin embargo, el oficialismo dispuso mediante la Ley de Emergencia 27.541 la suspensión de la fórmula de movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley 24.241 y ordenó que los aumentos a las jubilaciones se realizaran discrecionalmente por decreto del Poder Ejecutivo”, repasaron los legisladores.

En ese sentido, consideraron que “esto va a contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha establecido que debe haber un índice de movilidad fijado por el Congreso”.

Desde Juntos por el Cambio explicaron que “la fórmula de movilidad que se ha suspendido no ha sido derogada y actualmente no hay ningún otra pauta de movilidad fijada por ley para garantizar el derecho establecido en el artículo 14 bis. Por ello, el vencimiento de los 180 días de suspensión implica que la fórmula de movilidad sancionada en 2017 debe recobrar vigencia al transcurrir ese plazo, y hasta que se sancione una nueva ley de movilidad”.

“Más grave es aún que con el aumento dado por decreto en marzo, todos los jubilados que cobraban por arriba de 16.200 pesos vieron disminuido el aumento que les hubiera correspondido por ley. En junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones, pero el Gobierno discrecionalmente y en perjuicio de los jubilados ya ha anunciado un aumento del 6%”, lamentaron.

Por último, concluyeron: “Estamos dispuestos a una discusión que realmente garantice el derecho a la movilidad de los haberes de los jubilados y que sea fijada por el Congreso, por eso hoy concurrimos a la constitución de la comisión especial creada por la ley 27.541, pese a haber sido convocada con cinco meses de retraso y cuando el plazo para la evaluación y confección de una nueva fórmula está por vencerse.  Hasta tanto el Congreso sancione una nueva fórmula, sostenemos que debe regir la fórmula vigente votada en 2017”.