Diputados nacionales de la UCR se pronunciaron de manera categórica contra el beneficio de la prisión domiciliaria otorgada a condenados por delitos graves, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria.

“Es inconcebible que se otorguen prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad que han cometido delitos graves, como femicidios y violaciones. La pandemia del Covid-19 deja al descubierto la desinversión del Estado en las cárceles argentinas y la Justicia machista”, señaló la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara baja, Roxana Reyes (Santa Cruz).

El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Álvaro De Lamadrid (CABA), opinó que es “inconcebible dar prisión domiciliaria a narcotraficantes, asesinos, violadores, secuestradores y femicidas. Si, como asegura Alberto Fernández, el Gobierno no está detrás de las prisiones domiciliarias, debería echar al secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla), quien públicamente las impulsa”.

Por su parte, el diputado Luis Petri (Mendoza) advirtió: “Piense en las víctimas Presidente y piense en uno de los fines de la pena, que es la seguridad de la población. Liberando presos no se lucha contra el coronavirus. ¿Quién va a ser responsable por los delitos que cometan en libertad? ¿Quién se hace cargo? ¿Usted?”.

“Los delincuentes condenados por delitos graves deben cumplir la totalidad de las condenas en las cárceles, donde el Estado debe garantizar las condiciones sanitarias para impedir la propagación del coronavirus. No estoy de acuerdo que con la excusa de la pandemia se las desoiga a las víctimas y se desproteja a la sociedad. Hay que garantizar el cumplimiento de las condenas, en especial en aquellos que son condenados con delitos graves”, agregó.

En tanto, la diputada Lorena Matzen (Río Negro) recordó que junto a un grupo de sus pares presentaron un pedido de informes para que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, “ante la evidente liberación de autores de femicidios y/o violaciones, informe si tienen diagramado un programa de acción, y la identificación de estos violentos y que garantice y refuerce la protección a sus víctimas”.

“También solicitamos el número efectivo de procesados y condenados que acceden al beneficio de domiciliaria y la aclaración sobre el tipo de delitos cometidos, así como las medidas y protocolos de seguridad, adoptados por Covid-19, en el Servicio Penitenciario Federal”, añadió.

La legisladora consideró que “es lamentable que, en este contexto de pandemia, y crisis económica sumemos más angustia. Se deben tomar otros recaudos para garantizar salud de detenidos, pero no abrir las puertas de las cárceles y habilitar la impunidad”.

El diputado Ricardo Buryaile (Formosa) preguntó: ¿Cuando la Secretaría de Derechos Humanos pidió la liberación de Martín Báez, el hijo de Lázaro, en qué grupo de riesgo lo consideró? Nos quieren tomar por tontos”.

La diputada Ximena García (Santa Fe) insistió en que “el Poder Judicial debe atenerse al imperio de la ley; su poder se funda y se limita en las normas, no en la voluntad de las personas. Reafirmamos la independencia de poderes, piedra angular de nuestro sistema republicano de gobierno e instamos también a buscar alternativas que no generen una desprotección de las víctimas y de la sociedad en su conjunto”.

La Banca de la Mujer, comisión que preside la senadora Norma Durango, advirtió este miércoles que las personas privadas de su libertad por delitos contra mujeres deben cumplir su condena en la cárcel, luego de que el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense Víctor Violini dispusiera la prisión domiciliaria para los detenidos por delitos leves y en riesgo de contraer el Covid-19.

En un comunicado, la comisión advirtió que “las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios”, y advirtió: “De ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres”.

A continuación, el comunicado completo:

Como senadoras nacionales integrantes de la Comisión Banca de la Mujer del H. Senado de la Nación, y ante los hechos de público conocimiento, por los cuales se podrían estar adoptando medidas alternativas a la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios, como la prisión domiciliaria, manifestamos nuestra profunda preocupación por los riesgos que podría implicar para las víctimas, la libertad de personas detenidas o condenadas por delitos contra la integridad sexual o hechos de violencia contra las mujeres. En particular, nos referimos al acercamiento o contacto de los agresores con sus víctimas.

Sabemos que los ámbitos carcelarios ofrecen dificultades a la eficacia de las medidas de distanciamiento con que el gobierno viene intentando retrasar los niveles de contagio por Covid-19, y nos pronunciamos por el reconocimiento al derecho a la salud de las personas privadas de libertad, pero en estos difíciles y complejos momentos que estamos atravesando, en los que el aislamiento social, preventivo y obligatorio profundiza y recrudece la violencia por razones de género, es que los esfuerzos tienen que estar también concentrados en garantizar el acceso a la Justicia y a la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Atento a la gravedad de sus actos, las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres, deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios. Éstos deben cumplir con lo establecido en nuestra Constitución Nacional en su artículo 18, debiendo ser sanas y limpias. Claro está que la pandemia que transcurre debido al virus Covid-19 puede dificultar ese mandamiento, por lo que debemos extremar los cuidados sanitarios para evitar contagios, pero nunca desamparar a la sociedad ni a las víctimas, devolviendo a las calles a quienes cometieron delitos que vulneran las autonomías de las mujeres, sin haber finalizado previamente su condena.

Este escenario judicial, además de suponer un peligro para la sociedad, conllevaría una verdadera vulneración de los derechos de todas las mujeres frente a la cual debemos actuar de inmediato. La violación, el abuso sexual, el femicidio y el maltrato son fenómenos que afectan a mujeres y niñas especialmente y de ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres.

En el marco del absoluto respeto a su independencia, exhortamos al Poder Judicial a que se encamine en el mismo sentido.