El proyecto lleva la firma de Gerardo Milman, enfrentado con la expresidenta por la causa de intento de magnicidio. “El umbral de 70 años no debe ser utilizado para eludir una condena firme”, dijo.
El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley, junto a su par Marilú Quirós, para modificar el artículo 32 de la Ley 24.660 -de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad-, con el fin de elevar la edad de 70 a 80 años para otorgar la prisión domiciliaria a personas condenadas.
"El umbral de 70 años no debe ser utilizado para eludir una condena firme", consideró el legislador, que impulsa la propuesta tras la efectiva prisión de Cristina Kirchner, con quien está enfrentado por la causa de intento de magnicidio contra la expresidenta.
En los argumentos, el bonaerense señaló que "hay una marcada evolución de la esperanza de vida en la Argentina que fundamenta la modificación del articulado”. En este sentido, agregó: “Hoy el promedio supera los 76 años, siendo considerablemente más alta en ciertos sectores socioeconómicos”.
“Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, dan cuenta que la esperanza de vida al nacer en el país es de 76,6 años para el total de la población, y que en zonas urbanas y especialmente en ciertos estratos sociales, la expectativa de vida supera los 80 años”, apuntó.
Milman ahondó que "está documentado que se han otorgado prisiones domiciliarias, alrededor de un 58% según un informe del Ministerio Público Fiscal del 2021, a mayores de 70 años sin un examen médico independiente. Esto da lugar a percepciones de impunidad, especialmente en casos de delitos de lesa humanidad y corrupción”.
“El mejor ejemplo del mal uso etario, entre varios, es el de la prisión domiciliaria a la que accedió el exgobernador José Alperovich, de 70 años, quien fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, sin una real evaluación de la necesidad del beneficio, pero, además, otorgándosela a un condenado que utilizaba el régimen de visitas higiénicas y/o intimas, según se informó a través de diversos medios de comunicación”, expresó.
El diputado del Pro aseguró que "con este proyecto no se busca restringir derechos humanos ni vulnerar garantías, sino actualizar la legislación penal en función de los parámetros demográficos actuales, priorizando un uso más criterioso, fundado y excepcional de la prisión domiciliaria".
"Con un nuevo umbral de 80 años, preservaríamos el carácter excepcional del beneficio, evitando que sea utilizado por los condenados para eludir el cumplimiento efectivo de la pena”, finalizó.
En un escrito presentado ante el TOF N°2, los legisladores aseguraron que pueden concurrir a la casa de la expresidenta “sin previo aviso ni autorización judicial”.
Diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria realizaron este martes una presentación formal ante el Tribunal Oral Federal N°2, que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, sentencia que fue ratificada por la Cámara de Casación y luego la Corte Suprema.
En el escrito, los legisladores aseguraron que existen “sobrados motivos” por los cuales pueden visitar a la expresidenta, en prisión domiciliaria efectiva desde la semana pasada, “sin previo aviso ni autorización judicial”.
De esta manera, los representantes de UP en el Congreso ratificaron que concurrirán, “en cada oportunidad que sea necesaria”, a reunirse con CFK en su domicilio de calle San José 1111. En el mismo sentido, exigieron que “se respete su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política”.
De acuerdo a la presentación, diputados y senadores mencionaron el “mandato de representación popular” que poseen. “Como legisladores electos, actuamos en representación del pueblo, lo que implica un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública, especialmente cuando involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos. En calidad de representantes del pueblo no necesitamos autorización alguna por parte del Tribunal para tener contacto personal con la expresidenta”, sostuvieron.
Respecto de las “facultades privativas del Poder Legislativo”, señalaron que “la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo la función de representar al pueblo. Las garantías constitucionales (artículos 67 a 69) buscan proteger el libre ejercicio de esta representación, evitando interferencias”.
También apuntaron que “las inmunidades parlamentarias de los legisladores no son privilegios personales, sino garantías institucionales del Congreso para asegurar la libertad de acción y expresión en el desempeño de sus funciones, sin sufrir actos hostiles de otros poderes del Estado”.
Precisamente sobre la división de poderes, los legisladores consideraron que “impedir o restringir estas visitas sería una invasión a las potestades propias del Poder Legislativo, alterando el principio de división de poderes. Los jueces no deben interferir en facultades privativas de otros poderes”.
📄 • Diputados/as y Senadores/as de Unión por la Patria notificaron a la justicia su derecho a visitar a Cristina Fernández de Kirchner sin restricciones.
— Diputados UP (@Diputados_UxP) June 25, 2025
Además, hablaron de “precedentes y dignidad humana”. “En circunstancias normales cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria o incluso a un establecimiento carcelario sin necesidad de aviso alguno o autorización previa, de hecho, es lo que ocurre habitualmente, pero tratándose de Cristina Fernández de Kirchner a quien le imponen condiciones distintas, estrictas y hasta inconstitucionales se debe garantizar que nuestras visitas no generen mayores restricciones hacia ella (nos amparamos en la práctica de visitas a detenidos en prisión domiciliaria sin autorización previa y en normativas internacionales de derechos humanos como el PIDCP y la CADH)”, subrayaron.
En otro de los argumentos, hicieron hincapié en la “relevancia institucional y política”, al describir que CFK es una “figura política de gran relevancia (expresidenta, presidenta del principal partido opositor, líder política)” y “reviste importancia institucional, política y democrática para su bloque y para el país”. “Limitar nuestro contacto no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina Fernández de Kirchner como una líder política indiscutida”, agregaron.
Finalmente, sumaron: “Como miembros de Unión por la Patria, cuyo partido articulador es el Partido Justicialista (presidido por Cristina Kirchner), las visitas se enmarcan en el rol fundamental de los partidos políticos en el sistema democrático”.
Legisladores radicales se pronunciaron en contra del beneficio para autores de delitos graves y cuestionaron al Gobierno y el titular de la Secretaría de Derechos Humanos.
Diputados nacionales de la UCR se pronunciaron de manera categórica contra el beneficio de la prisión domiciliaria otorgada a condenados por delitos graves, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria.
“Es inconcebible que se otorguen prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad que han cometido delitos graves, como femicidios y violaciones. La pandemia del Covid-19 deja al descubierto la desinversión del Estado en las cárceles argentinas y la Justicia machista”, señaló la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara baja, Roxana Reyes (Santa Cruz).
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Álvaro De Lamadrid (CABA), opinó que es “inconcebible dar prisión domiciliaria a narcotraficantes, asesinos, violadores, secuestradores y femicidas. Si, como asegura Alberto Fernández, el Gobierno no está detrás de las prisiones domiciliarias, debería echar al secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla), quien públicamente las impulsa”.
Por su parte, el diputado Luis Petri (Mendoza) advirtió: “Piense en las víctimas Presidente y piense en uno de los fines de la pena, que es la seguridad de la población. Liberando presos no se lucha contra el coronavirus. ¿Quién va a ser responsable por los delitos que cometan en libertad? ¿Quién se hace cargo? ¿Usted?".
"Los delincuentes condenados por delitos graves deben cumplir la totalidad de las condenas en las cárceles, donde el Estado debe garantizar las condiciones sanitarias para impedir la propagación del coronavirus. No estoy de acuerdo que con la excusa de la pandemia se las desoiga a las víctimas y se desproteja a la sociedad. Hay que garantizar el cumplimiento de las condenas, en especial en aquellos que son condenados con delitos graves”, agregó.
En tanto, la diputada Lorena Matzen (Río Negro) recordó que junto a un grupo de sus pares presentaron un pedido de informes para que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, "ante la evidente liberación de autores de femicidios y/o violaciones, informe si tienen diagramado un programa de acción, y la identificación de estos violentos y que garantice y refuerce la protección a sus víctimas".
"También solicitamos el número efectivo de procesados y condenados que acceden al beneficio de domiciliaria y la aclaración sobre el tipo de delitos cometidos, así como las medidas y protocolos de seguridad, adoptados por Covid-19, en el Servicio Penitenciario Federal", añadió.
La legisladora consideró que “es lamentable que, en este contexto de pandemia, y crisis económica sumemos más angustia. Se deben tomar otros recaudos para garantizar salud de detenidos, pero no abrir las puertas de las cárceles y habilitar la impunidad”.
El diputado Ricardo Buryaile (Formosa) preguntó: ¿Cuando la Secretaría de Derechos Humanos pidió la liberación de Martín Báez, el hijo de Lázaro, en qué grupo de riesgo lo consideró? Nos quieren tomar por tontos".
La diputada Ximena García (Santa Fe) insistió en que “el Poder Judicial debe atenerse al imperio de la ley; su poder se funda y se limita en las normas, no en la voluntad de las personas. Reafirmamos la independencia de poderes, piedra angular de nuestro sistema republicano de gobierno e instamos también a buscar alternativas que no generen una desprotección de las víctimas y de la sociedad en su conjunto”.
En un comunicado, la comisión que preside Norma Durango se pronunció sobre la liberación de personas privadas de su libertad por el riesgo de contagio del Covid-19.
La Banca de la Mujer, comisión que preside la senadora Norma Durango, advirtió este miércoles que las personas privadas de su libertad por delitos contra mujeres deben cumplir su condena en la cárcel, luego de que el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense Víctor Violini dispusiera la prisión domiciliaria para los detenidos por delitos leves y en riesgo de contraer el Covid-19.
En un comunicado, la comisión advirtió que “las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios”, y advirtió: “De ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres”.
A continuación, el comunicado completo:
Como senadoras nacionales integrantes de la Comisión Banca de la Mujer del H. Senado de la Nación, y ante los hechos de público conocimiento, por los cuales se podrían estar adoptando medidas alternativas a la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios, como la prisión domiciliaria, manifestamos nuestra profunda preocupación por los riesgos que podría implicar para las víctimas, la libertad de personas detenidas o condenadas por delitos contra la integridad sexual o hechos de violencia contra las mujeres. En particular, nos referimos al acercamiento o contacto de los agresores con sus víctimas.
Sabemos que los ámbitos carcelarios ofrecen dificultades a la eficacia de las medidas de distanciamiento con que el gobierno viene intentando retrasar los niveles de contagio por Covid-19, y nos pronunciamos por el reconocimiento al derecho a la salud de las personas privadas de libertad, pero en estos difíciles y complejos momentos que estamos atravesando, en los que el aislamiento social, preventivo y obligatorio profundiza y recrudece la violencia por razones de género, es que los esfuerzos tienen que estar también concentrados en garantizar el acceso a la Justicia y a la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas.
Atento a la gravedad de sus actos, las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres, deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios. Éstos deben cumplir con lo establecido en nuestra Constitución Nacional en su artículo 18, debiendo ser sanas y limpias. Claro está que la pandemia que transcurre debido al virus Covid-19 puede dificultar ese mandamiento, por lo que debemos extremar los cuidados sanitarios para evitar contagios, pero nunca desamparar a la sociedad ni a las víctimas, devolviendo a las calles a quienes cometieron delitos que vulneran las autonomías de las mujeres, sin haber finalizado previamente su condena.
Este escenario judicial, además de suponer un peligro para la sociedad, conllevaría una verdadera vulneración de los derechos de todas las mujeres frente a la cual debemos actuar de inmediato. La violación, el abuso sexual, el femicidio y el maltrato son fenómenos que afectan a mujeres y niñas especialmente y de ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres.
En el marco del absoluto respeto a su independencia, exhortamos al Poder Judicial a que se encamine en el mismo sentido.