La inquietud fue planteada por la senadora Clara Vega, quien aclaró que se deben garantizar los derechos de los presos, pero también de quienes exigen seguridad y protección.
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Ante las últimas noticias conocidas respecto de personas que deberían estar presas y, por el contrario, cometen delitos en libertad, la diputada Gabriela Burgos denunció “falta de planificación estratégica en materia de políticas públicas concretas”.
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A través de un proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal, Graciela Camaño busca establecer reglas claras que especifiquen en qué casos no podrán concederse esos beneficios.
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