Aunque se trate en realidad de un cuarto intermedio, este martes, a partir de las 14, arranca otra sesión en la Cámara de Diputados. En efecto, la votación en general del viernes, pasadas las 18, marcó un pequeño y esforzado triunfo para el oficialismo y sus aliados, mas todavía falta bastante para concluir la faena. Transcurrirá antes el debate en particular, que se presume extenso, y luego el trámite en el Senado, donde al menos los funcionarios deberán concurrir para informar y no son pocos los que descuentan que habrá modificaciones. Si ello sucede -“y sucederá”, garantizó ante este medio este lunes un experimentado legislador “dialoguista”-, deberá volver a Diputados para concluir este extenso proceso.

De cuanta sustancia tenga el proyecto que terminen aprobando dependerá que este haya sido un éxito o un calvario para el Gobierno nacional.

Pero no nos adelantemos, que el eje central de esta duda comenzará a develarse este martes, cuando comiencen a dirimirse los artículos de esta mega ley que terminará siendo una ley muy grande, pero no tan ambiciosa como originalmente fue. Comenzando por la cantidad de artículos, que eran originalmente 664 y quedan ahora 386.

Esta “poda” que tuvo su punto culminante cuando el ministro de Economía Luis Caputo anunció el viernes 26 de enero la eliminación del capítulo fiscal del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, no alcanzó para convencer del todo a quienes el oficialismo necesita para garantizar los votos que permitan completar la media sanción. Es así que se llega a este martes con algunas dudas todavía no subsanadas y que tal vez terminen de resolverse durante el transcurso de la misma sesión.

Una sesión que no necesitará quórum para reanudarse y que tendrá cuestiones de privilegio en su inicio. Una cantidad módica, se presume, que como en las dos reanudaciones anteriores tendrán como eje los incidentes ocurridos enfrente del Palacio Legislativo, donde este martes nuevamente las autoridades dispondrán un gigantesco operativo de seguridad que tendrá como objetivo inicial la aplicación del protocolo antipiquete.

Transcurrida esa primera parte del debate, se abocarán sí finalmente al debate en particular, y a partir de entonces la Cámara baja deberá contar con el quórum necesario para votar. La intención es que las votaciones sean a mano alzada, pero es obvio que en muchos de los artículos se pedirá la votación nominal. Sobre la marcha se decidirá si a medianoche se vota un nuevo cuarto intermedio. Todo indicaría que así será.

Arrancará esa parte del debate con uno de los temas más ríspidos del proyecto, las emergencias y las facultades delegadas. Originalmente eran 11 las emergencias pedidas por el Gobierno: económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social.

De esa cantidad quedan 6: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. No se descarta que a instancias de la oposición también se elimine de esta lista la emergencia de seguridad.

El plazo para las emergencias estaba fijado originalmente hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años. En la negociación se fijó un año para la emergencia, prorrogable por otro, con autorización del Congreso.

Los bloques “dadores de gobernabilidad” continuaron en las últimas horas sus reuniones para determinar de qué manera votarán y exteriorizarán sus planteos, artículo por artículo.

El Pro ya anticipa que mantendrá su alineamiento con La Libertad Avanza. En el caso de los radicales, según pudo saber parlamentario.com, no variaron mucho en las posiciones, pero seguían este lunes esperando novedades de las negociaciones de los gobernadores con la Casa Rosada por la coparticipación del impuesto PAIS. Recordemos que de ese gravamen, el 70% va a Nación, a repartirse entre la ANSeS y el PAMI, y el 30% lo manejan las organizaciones sociales a través el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Los gobernadores piden que ese porcentaje sea para ellos, compensando la pérdida que han sufrido con el impuesto a las Ganancias que era coparticipable. El Gobierno ya anticipó su rechazo, argumentando que se trata de un gravamen a ser eliminado próximamente, y que, si antes se coparticipa, después será muy difícil quitarlo.

Como sea, si la oposición consigue aprobar una norma en ese sentido, el ministro del Interior ya anticipó que el presidente vetará ese artículo.

Se aguardan también las tratativas respecto del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, donde los gobernadores piden una compensación para armonizar las deudas que hay entre las ANSeS y las Cajas de Jubilaciones locales.

Puntualmente sobre ese punto, parlamentario.com pudo saber que los radicales defienden la existencia del FGS, y están a favor del Capítulo IX del proyecto, denominado Consolidación de Deuda del Sector Público Nacional, pero hay que tener presente que ya se eliminó de lo que llega este martes a la sesión la posibilidad de que el ministro de Economía venda los activos del FGS. La oposición dialoguista reivindica haber alcanzado ese “logro”.

Otra cosa en la que coinciden en el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal es que hubo cosas del paquete fiscal que se eliminaron que debieron haber permanecido en la norma, como el blanqueo y la moratoria, que hubieran votado sin mayor discusión. Este lunes el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó que con la eliminación del paquete fiscal, el Gobierno también postergó a los jubilados y sus ingresos. Y advirtió que “la Coalición Cívica no va a ceder a que el ajuste caiga sobre ellos, vamos a defenderlos”, con lo que anticipó que este martes pedirán en la discusión particular de la ley que se reconsidere la inclusión de una nueva propuesta de fórmula de movilidad jubilatoria mensual por inflación y que se recompongan sus haberes.

“Confiamos en que habrá voluntad mayoritaria para evitar esta injusticia”, expresó el presidente de la CC.

En cuanto a las privatizaciones, buena parte de esa oposición dialoguista está conforme con la nueva redacción, que permite votar en 4 artículos y 4 anexos las empresas sujetas a privatización. Pero los radicales exigen algunos cambios en los artículos que hablan de transparencia y se empodera a la Comisión Bicameral.

Según pudo saberse, hay libertad de acción en este tema, pero fuentes radicales aclararon que ese bloque no sería obstáculo para que estos artículos prosperen en el recinto.

Los incidentes que rodearon el debate en el Congreso y lo que muchos diputados consideran como un accionar de las fuerzas de seguridad “desmedido” enrarecieron el clima de las negociaciones por los artículos del capítulo de seguridad. En el radicalismo hay particular recelo en esta cuestión, al punto tal que, según trascendió, solo unos ocho diputados estarían dispuestos a apoyar lo que pide la ministra Patricia Bullrich. Hay particularmente mucha resistencia a la suba de penas -que mayoritariamente consideran “desproporcionadas” respecto a la organización y participación de y en las movilizaciones. Y también respecto de los artículos referidos a la legítima defensa y la resistencia a la autoridad. La UCR podría ser clave para que Bullrich se quede sin estos instrumentos.

A propósito de la bancada radical, este lunes mantuvo una reunión por Zoom, de la que no participó Facundo Manes, quien fue el viernes uno de los únicos dos miembros de ese bloque en votar en contra en general.

Este lunes el Gobierno nacional oficializó este lunes la intervención de los medios de comunicación públicos por el plazo de un año a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 117/2024. En efecto, se dispuso la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, la agencia de noticias Télam, y el portal Educ.Ar, lo que se suma a la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Al respecto, el interbloque de senadores de Unión por la Patria emitió un comunicado repudiando dicha medida señalando que “esta decisión, expresa un ataque a las potestades del Congreso nacional, a las diversas fuerzas políticas que integran las cámaras y pretende acallar las voces disidentes de la democracia por parte de la casta mediática empresarial”.

Además, indicaron que “esta intervención se produce en el mismo momento en que la Cámara de Diputados tiene en tratamiento la llamada ‘ley ómnibus’, que contempla precisamente un apartado referido a eventuales privatizaciones de empresas públicas entre las que se encuentran los medios del Estado”, y agregaron: “Ello implica una nueva muestra del desprecio que tiene el presidente Milei respecto del trabajo parlamentario”.

Em tanto, enfatizaron que la intervención en los medios públicos “se suma a un cercenamiento integral de la libertad de expresión manifestada en la desregulación de las comunicaciones que prevé el DNU 70/23, junto con el cierre de la Defensoría del Público y la desaparición del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que financia medios de comunicación sin fines de lucro, que propone también el texto de la ley ómnibus”.

Desde el interbloque denunciaron que la decisión del gobierno de intervenir los medios públicos “está dirigida a generar eventuales privatizaciones destinadas a favorecer a poderosos grupos económicos o producir el cierre de algunas de las empresas que constituyen el entramado mediático del Estado”, y agregaron que “busca dejar sin medios públicos al país y arrasar así con la pluralidad de voces, la federalización de la información y la soberanía informativa, a la vez que intenta atacar, de esa forma, el derecho a la información de la población”.

A su vez, plantearon que así “se pretende centralizar y concentrar aún más la producción y la circulación de la información diaria en todo el territorio nacional. Además, de querer instalar un discurso único en beneficio de los grandes grupos económicos y especulativos, en desmedro de los intereses de las grandes mayorías nacionales”.

“Los medios públicos son aquellos que llegan a los pueblos más recónditos del país con un discurso plural”, destacaron.

Interbloque MEDIOS PUBLICOS (1)

La diputada nacional de Unión por la Patria Agustina Propato asistió al segundo encuentro de la multisectorial Zárate-Campana en rechazo al DNU y la ley ómnibus impulsadas por el Gobierno nacional. Además, fijó su posición de acompañamiento al paro y movilización del sector obrero para este 24 de enero.

Al respecto Propato sostuvo que “esta ley, al igual que el decreto, es una tragedia política para la Argentina. Se trata de un segundo tiempo de Mauricio Macri, reforzado y haciendo negocios sin escrúpulos”.

También analizó que “el plan de (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger, para el que pone la cara Milei, es rifar la Argentina” y rechazó los planteos formulados por diversos funcionarios, que advirtieron que “si no se aprueba la ley, tomarán medidas mucho más drásticas para los laburantes”. Propato indicó que son “amenazas a los trabajadores y todo es una estafa a los grandes sectores que apoyaron a Milei, porque nosotros no esperábamos otra cosa, pero a sus votantes Milei les prometió que esa motosierra no era para ellos y hoy la clase laburante y media está pasándola mal”. En ese sentido enfatizó que “Milei tiene que reaccionar porque lo que está pasando no pronostica buen resultado”.

Sobre la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Propato aseveró que “el silencio del intendente (Marcelo) Matzkin junto a los de sus representantes en el Congreso de la Nación que no levantan la voz en defensa de NA-SA, apunta a que es una demostración de que están co-gobernando con el presidente Milei”. Vale recordar que Propato se dirigió en el plenario de comisiones al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo cuestionándolo por el punto de las privatizaciones.

La legisladora nacional apuntó que con estas medidas el Gobierno “quiere rifar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que es la reserva para nuestros jubilados; quieren derogar la Ley de Tierras, desregular la economía, generar los marcos legales para hacer entrega de nuestros recursos naturales como el litio, los hidrocarburos y el biodiesel a las grandes corporaciones”, concluyó.

El proyecto de “ley ómnibus” que envió este miércoles el presidente de la Nación, Javier Milei, tiene en el Anexo I, el listado de 41 empresas públicas que buscarán ser privatizadas.

Se sabe que el presidente de la Nación, en campaña, anunció que YPF y Aerolíneas Argentinas “pasarían a manos de privados, si el lograba llegar a la presidencia”. El 19 de noviembre Milei derrotó al Massa y era cuestión de tiempo que enviará la iniciativa al Congreso.

El artículo 9 del texto expresa que “facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”.

También, el artículo 37 señala que “a los fines de las privatizaciones (señaladas en el artículo 36), se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”..En conjunto emplean a más de 100.000 pesonas. Casi todas son deficitarias y reciben miles de millones de dólares todos los años para cerrar los balances en equilibrio.

A continuación las 41 empresas públicas -sujetas a modificación- que buscarán ser privatizadas:  Administración General de Puerto SE, Aerolíneas Argentinas SA, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA, Agua y Saneamientos Argentinos SA, Banco de la Nación Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior SA, Casa de Moneda SE, Contenidos Públicos SE, Corredores Viales SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina SE, Dioxitek SA, Educ.AR SE, Empresa Argentina de Navegación Aérea SE, Energía Argentina SA, Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” SA, Fabricaciones Militares SE, Ferrocarriles Argentinos SE, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA, Intercargo SAU, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios SA, Nucleoeléctrica Argentina SA, Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, Polo Tecnológico Constituyentes SA, Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA, Radio y Televisión Argentina SE, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba SA, Talleres Navales Dársena Norte SACI y N, Télam SE, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, Belgrano Cargas y Logística SA, Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE, Operadora Ferroviaria SE, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), YPF SA.

 

El experto abogado en ciencias jurídicas Rodolfo Barra, conocido por haber sido, entre otros cargos, ministro de Justicia del expresidente Carlos Menem y luego integrante de la Corte Suprema de Justicia, asumirá como procurador del Tesoro de la Nación del presidente Javier Milei. 

“No importa que tenga 75 años y esté excedido en cinco para asumir ese cargo, de acuerdo a la ley. Se la modificará”, aseguraron a Parlamentario fuentes de La Libertad Avanza (LLA).

Es que Barra le aportará al Gobierno de Milei nada menos que el armazón jurídico de las privatizaciones que planea hacer LLA y que ineludiblemente deben pasar el filtro del Congreso, donde el nuevo espacio oficialista no tiene los votos necesarios, especialmente en el Senado, con claro predominio peronista.

Barra -y Roberto Dromi– lo hicieron ya durante la era Menem, en cuyo período se privatizaron la mayoría de las empresas públicas, especialmente de energía, telecomunicaciones, transporte y construcción. 

Los portavoces consultados por este medio dijeron: “Sólo habrá dos excepciones a la ley, la de Barra, y la de Karina Milei, quien actualmente por ser hermana del presidente no podría asumir la Secretaría General de la Presidencia. Pero eso se corregirá exclusivamente para ella, pero para nadie más”, aclararon.

En cuanto al caso de Barra, se considera “fundamental” su ingreso a la Procuración del Tesoro de la Nación, porque se trata de brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional y organismos dependientes en temas clave.

Según la Ley 18.777, que regla ese cargo, la persona designada debe tener una edad no menor a los 30, ni mayor a los 70 años. El artículo 2 precisa: “El Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de setenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”. 

Al conocerse la designación de Barra, se lo cuestionó por su pasado filonazi, pero él señaló que lo que se le reprocha sucedió durante un tiempo breve de su juventud.

El diputado Germán Martínez, jefe del bloque Frente de Todos, que dejará en los próximos días el rol del oficialismo y pasará a ser oposición bajo el sello de Unión por la Patria, advirtió sobre la posibilidad de que el nuevo presidente envíe al Congreso “una ley de superpoderes con delegación de facultades, como en algún momento tuvo (Roberto) Dromi en el arranque del gobierno de (Carlos) Menem y pudo hacer cualquier cosa”. 

Consultado sobre las privatizaciones de las que ya habló el líder de La Libertad Avanza, y que requieren de la intervención del Parlamento, el santafesino señaló que “también puede intentar otros caminos que son complejos y fácilmente judicializables”, como la vía del decreto. 

“¿Cómo hago yo que defiendo la Aerolínea de bandera para ser el que le da los votos a Milei para que la pueda desguazar? ¿Cómo hacemos, no solamente nosotros, sino también los radicales que votamos la recuperación de YPF, para votar liberarse de acciones para que pueda ser privatizada?”, enfatizó sobre su postura en contra. 

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, el legislador observó que “Milei volvió al eje discursivo con el cual ganó la primaria y que trató después de ocultar en la campaña. Ratificó el decálogo liberal que en algún momento expuso”. 

Respecto al Congreso, Martínez insistió: “Nuestro rol es de oposición. Vamos a ser coherentes con lo que le propusimos a los argentinos para que voten a Unión por la Patria”.  “El primero que tiene que ir a buscar los marcos de alianza para tener los apoyos necesarios para llevar adelante su plan de gobierno es el propio presidente”, aclaró. 

El diputado recordó que durante esta gestión, la oposición “no solamente no dio quórum, sino que votaron en contra de toda la ley” de Solidaridad Social, enviada por Alberto Fernández en el comienzo de su gobierno. E incluso, Cecilia Moreau actualmente “es presidenta por una extensión de su mandato, porque ni siquiera se quisieron sentar a revalidarla” en la última sesión preparatoria. 

“Nosotros planteábamos la necesidad de un gobierno de unidad nacional que tenía que ver también con construir en el Congreso una mayoría transversal que le permita dar solidez a los temas que necesitaba el Ejecutivo”, recordó. 

Y agregó: “Nosotros vamos a estar parados representando a aquellos que nos votaron. A nosotros nos eligió el 37% en la primera vuelta y a los diputados de Milei no los eligieron el 55% que sacó el domingo, los eligió el 30% que votó en la elección general”. 

Sobre la danza de nombres de quién sería el nuevo presidente de la Cámara baja, Martínez expresó sobre Florencio Randazzo y Miguel Pichetto que “son dos casos que hace tiempo ya no tienen nada que ver con nosotros, ellos serán los que tengan que dar cuenta”. “(Cristian) Ritondo sí ya viene siendo presidente del Pro, es uno de los principales referentes del Pro”, sumó. 

El diputado nacional Hugo Yasky (FdT) afirmó que, de cara al nuevo gobierno, “muchas de las medidas que signifiquen terminar con leyes existentes o tomar medidas que impliquen el patrimonio nacional tienen que pasar por el Parlamento”.

En relación a la privatización de YPF, y otras empresas públicas, de la cual ya habló el presidente electo Javier Milei, apuntó que esto “responde a una determinación que es querer someter a la Argentina al saqueo de las pocas cosas que le quedan como parte del patrimonio nacional. Es entregar una herramienta fenomenal para financiar la posibilidad de desarrollo del país”.

“Sería un retroceso enorme para la Argentina y sería el indicio de que hay un gobierno dispuesto a saquear a la Argentina”, advirtió en declaraciones a radio Splendid, al tiempo que comparó estas propuestas con “las políticas llevadas adelante por (Carlos) Menem y (Mauricio) Macri“.

Además, destacó que Vaca Muerta “es una oportunidad para la Argentina” y opinó que privatizarla sería “convertirla en una oportunidad de negocios para las empresas multinacionales”.

También se refirió a “la apertura indiscriminada de la economía”, y dijo que “ya vivimos esa historia y espero que aquellos que forman parte del mundo de las PyMEs levanten su voz”. “Eso va a generar una ola de despidos y es lo peor que nos puede pasar”, expresó el secretario general de la CTA de los Trabajadores.

Otro de los temas de los que opinó fue sobre una eventual derogación de la Ley de Alquileres, lo que representaría “entregar a 10 millones de personas, ponerlas bajo las leyes que según ellos va a dictar el mercado y van a terminar pagando en dólares. Es una locura y debemos tratar de impedir que suceda en el Parlamento”.

Tras el último discurso de Cristina Kirchner, el oficialismo busca instalar el debate sobre la privatización de empresas del Estado, lo que se tradujo incluso en un proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner.

“No hay manera de pensar que una empresa estratégica como Aerolíneas Argentinas vuelva a estar en manos privadas”, expresó este jueves la diputada camporista Paula Penacca.

En ese sentido, apuntó que “el modelo de la oposición es un modelo en el que piensan las privatizaciones con la excusa de que le permiten ahorrar plata al Estado. Pero después concesionan servicios a empresas que les roban al Estado y le roban a la gente, como hizo (Horacio Rodríguez) Lareta en CABA con el servicio de acarreo”.

“El proyecto de ley que presentó el diputado Máximo Kirchner es muy importante. Plantea un resguardo más para proteger a una empresa estratégica para nuestro país como es Aerolíneas Argentinas. Si la oposición quiere volver a privatizar la empresa, ahora tiene que pasar por el Congreso, y se requiere una mayoría agravada”, destacó en declaraciones a FM Nacional Folklórica.

Además, la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista defendió que “hoy Aerolíneas Argentinas es una empresa pujante, que crece. Hoy Aerolíneas transporta, desde el momento en el que se estatizó, más del doble de los pasajeros que transportaba en ese momento. Reduce su déficit año a año, y hoy utiliza dinero del Tesoro presupuestado para el año pasado”.  

“Cualquier decisión política que incide tan fuertemente en un modelo país, es importante que se debata en el Congreso. Nosotros ya lo dijimos con la toma de la deuda externa que (Mauricio) Macri hizo entre gallos y medianoche”, agregó.

Por impulso de diputados oficialistas y sin la presencia de legisladores de la oposición, comenzó este martes el tratamiento en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de dos proyectos que proponen una indemnización a trabajadores afectados por las privatizaciones en los años 90.

En el inicio, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, resaltó la presencia de “luchadores históricos” en pos de lo que definió como “un derecho que les fue negado hace 30 años”. Recordó además que este debate se da en vísperas del 7 de julio, día en el que se conmemora lo que se conoció como La Noche de las Corbatas, en la que desaparecieron abogados laboralistas.

“Para todos y cada uno de los que provenimos del mundo del trabajo, dar comienzo a esta reunión informativa es no solamente una obligación moral, sino también política y con la democracia argentina”, señaló Siley.

Los proyectos puestos a consideración corresponden a los diputados Hugo Yasky, Juan Marino, Romina del Plá, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Vanesa Siley y Victoria Tolosa Paz, entre otros, y comprenden reconocimientos para indemnizar a exagentes o sus derechohabientes de Gas del Estado que no se acogieron a los Programas de Propiedad Participada; los de SEGBA; los de Agua y Energía Eléctrica, y los de Petroquímica General Mosconi.

Y antes de iniciarse la exposición de los invitados, representantes de todas las empresas citadas, Siley contó que habían mandado los proyectos, a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la Oficina de Presupuesto del Congreso, para que hicieran una estimación institucional del costo de esas iniciativas.

Asimismo, Siley puso como antecedentes que en años pasados fueron aprobadas leyes para beneficiar a los trabajadores de Somisa, de Altos Hornos Zapla y de YPF, e hizo hincapié en los autores de esas iniciativas: Elisa Carca (Coalición Cívica), Miguel Giubergia (UCR) y Roberto Feletti (FdT). “Diversos bloques fueron los que en otros momentos históricos impulsaron estas iniciativas”, enfatizó Vanesa Siley, para agregar que “si la coherencia histórica se mantiene firme, no habría por qué no seguir con esa lógica”.

En primer lugar y en representación de los extrabajadores de la empresa Agua y Energía de San Nicolás, Dardo Jara señaló que “esta historia empezó allá por el 93. Las privatizaciones perjudicaron a nuestra ciudad, como al país en general”. Recordó que pasó el tiempo y el decreto que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó en beneficio del reclamo por las PPP de los trabajadores de la exSomisa.

“Nosotros tuvimos la oportunidad en 2015, cuando se aprobó en Diputados”, recordó también, aclarando que no llegó a tratarse en el Senado con el gobierno siguiente, de Cambiemos, por lo que p erdió estado parlamentario. “Luego hubo varias iniciativas en Diputados y el Senado”, señaló, haciendo referencia a que “fueron quedando muchos compañeros en el camino. Por ellos y por nosotros les pedimos que hagan lo imposible para que este proyecto se apruebe”.

En representación de los extrabajadores de Segba, Jorge Daniel Galatti cargó contra el proceso privatizador de los 90, que “dejó tremendas consecuencias, con la bandera de remate al capital público. Fue un plan sistemático de desguace que casi no quedó nada del Estado”, cuyas consecuencias a su juicio fueron “cientos de miles de trabajadores caían en la desocupación y empresas con rentas extraordinarias en dólares que luego se fugaban al exterior”.

Galatti hizo referencia crítica a la Ley de Reforma del Estado del 89 y la de Flexibilización Laboral del 91, que “continuaron el proceso”. Y agregó: “Vimos crecer la desocupación del país de una manera inédita; vimos la ruina de nuestras familias, la ruptura de lazos sociales; vimos partir a nuestros compañeros y compañeras en situaciones dramáticas. Lo único que se agrandó fueron las ganancias de las casas matrices de las empresas”.

Por otra parte contó que en el Senado, a través de la senadora Silvina García Larraburu avanza otro proyecto que va en el mismo sentido, y aseguró que lo que piden no representará erogación de dinero para el Estado, porque los proyectos de ley prevén pago con bonos. Pero recordó que los trabajadores de Zapla “tuvieron que esperar 10 años después de sancionada la ley para comenzar a cobrar los bonos”.

A su turno Héctor Jorge Barba, de Encotel, se quejó porque “fuimos marginados de todo este programa PPP que ha desaparecido. Teníamos el 14% de participación en la empresa y nunca se nos dio nada”. Aseguró también que entre los extrabajadores de esa empresa hubo “suicidios por depresión” que atribuyó a no haber podido cobra lo que les correspondía. “Lo que queremos es la posibilidad de que estos proyectos sean tratados en la Cámara, porque creo que es justicia, porque fuimos y seguimpos siendo marginados”.

Concluyó coincidiendo con Galatti: “Sabemos la situación del país, aceptamos el pago con bonos de consolidación de deuda, ese es un paso importante para lograr esto. Estamos dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias”.

A continuación habló Jorge Imperiali, de Petroquímica General Mosconi, quien dio un discurso muy combativo, en el que hizo referencia a “años de reclamo de este derecho vulnerado. 30 años; algún día quizá computen para el pago del resarcimiento los años de lucha”.

“Queremos que los diputados y diputadas abran la puerta de la esperanza, pero no puede haber esperanza si no se paga la deuda interna con los trabajadores que luchamos contra el neoliberalismo”, dijo, para advertir a continuación que “no vamos a aceptar que nos digan que no hay plata… Si hay plata para el Fondo, tiene que haber plata para los argentinos que defendemos la Nación. No venimos a mendigar nada, solamente a pedir una reparación de un hecho trágico que  pasó en la Argentina y del cual fue culpable el Congreso”.

Recordó entonces cuando Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por el silencio ante las “atrocidades” del Proceso, y lanzó: “Algún día quiero que los diputados pidan perdón por haber sancionado la Ley de Reforma del Estado”.

En un discurso muy político, habló de dos modelos que se debatirán en las próximas elecciones. Habló del ajuste que proponen algunos para volver a despedir trabajadores, y se encolumnó en defensa del Gasoducto Néstor Kirchner, del litio, “vamos a defender lo que la patria demande, y necesitamos grandeza absoluta”. Advirtió que lo harán “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Necesitamos legisladores de esa talla y confiamos que lo van a hacer”.

Por último, Jorge Peinador, de Gas del Estado, mandó un mensaje electoral, al señalar que muchos les dan felicitaciones por su lucha. “No me sirven de nada las felicitaciones”, dijo, y pidió “que no nos voten en contra. Y a los diputados, la política de los 90 nos llevó a este desastre. La política nos llevó a esto, les pido por favor que reivindiquen nuestro reclamo y por favor que no nos fallen”.

Por impulso de diputados oficialistas, se tratarán este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dos proyectos que proponen una indemnización a trabajadores afectados por las privatizaciones en los años ’90. La reunión será a las 15 en la Sala 1 del Anexo, previo a un plenario que habrá para debatir sobre licencias laborales.

Una de las iniciativas, presentada por Hugo Yasky (FdT), busca reconocer “una indemnización económica a los exagentes de la Empresa Gas del Estado que no se hayan acogido al Programa de Propiedad Participada”.

“Toda vez que los Programas de Propiedad Participada de las sociedades anónimas continuadoras de Gas del Estado S.E. se articularon con los mismos vicios que se presentaron en el PPP de YPF -puestos al descubierto por la Corte Suprema-, y por las quejas que nos han hecho llegar y el número de causas judiciales que hemos podido relevar, el impacto en el caso de Gas del Estado S.E. fue significativamente menor que en YPF, sin perjuicio de lo cual no me cabe dudas que igualmente es responsabilidad del Estado Nacional, a través de este Congreso de la Nación, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente Programa de Propiedad Participada de la sociedad continuadora a la que fueron transferidos, resultaron injustamente excluidos por haber cesado su relación de dependencia en el período que se extendió desde el día 17 de julio de 1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo general de transferencia”, sostuvo en los fundamentos el diputado.

El otro proyecto, impulsado por Juan Marino (FdT), propone establecer “una indemnización a favor de los y las exagentes de la exEmpresa de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.) o sus derechohabientes que se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992”.

“Las gestiones de los Programas de Propiedad Participada fueron diversas. En la mayoría de los casos terminaron en conflictivos procesos judiciales, tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones de participar, o para indemnizar los daños por los respectivos incumplimientos. En el marasmo de juicios, también abundaron diversas interpretaciones sobre plazos de prescripciones y causales de caducidad que, en definitiva, consumaron la violación al derecho a la propiedad participada de los exagentes de las empresas participadas y particularmente de los de SEGBA”, señaló Marino en su iniciativa.

A través de un comunicado, el colectivo de trabajadores damnificados recordó que a lo largo de estos años han impulsado “diferentes iniciativas legislativas” para “resarcir a los trabajadores que no cobraron lo que la ley indicaba”.

“Como tantas veces hemos movilizado al Congreso reclamando por el tratamiento de las leyes, en esta oportunidad celebramos y apoyamos este gran paso que retoma el debate y la discusión por las leyes de reparación”, agregaron. En tanto, este martes se congregarán en las puertas del Anexo de la Cámara baja.

Con una bengala de humo blanco en la mano, el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) realizó una denuncia frente a las oficinas de la Mutual 23 de diciembre en Tandil, la empresa encargada de reemplazar las prestaciones del IOMA en el municipio.

“Se traspasó un servicio sin licitación y con absoluta discrecionalidad. El IOMA no es una caja política, es una obra social que debe ser administrada con transparencia. Lo que sucede en Tandil es de una irregularidad absoluta e inaceptable. Hay que devolverle la autonomía al IOMA y garantizar la libertad de elección de todos sus afiliados”, declaró Tetaz.

El economista está realizando una gira por las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires para presentar sus propuestas de transformación. Comenzó en La Plata hablando de seguridad, siguió en Mar del Plata junto a Danya Tavela hablando de educación y estuvo hace diez días en Bahía Blanca explicando la necesidad de “liberar” al IOMA y mejorar el acceso a la salud pública de calidad.

La última denuncia generó tanto revuelo en redes sociales que Tetaz terminó yendo a conocer de primera mano la situación del IOMA en Tandil donde la gestión fue tercerizada. “Le estamos pidiendo al gobernador Kicillof que haga público el convenio y que explique por qué a los médicos IOMA les paga $800 pesos la consulta y a la de 23 de diciembre más de $2.700”, aseguró.