Con gran concurrencia se celebró una reunión en Diputados, en defensa de la libertad de opinión. Le atribuyeron al procesamiento “un profundo carácter reaccionario”.
Se realizó una masiva audiencia pública en la Cámara de Diputados para repudiar el procesamiento judicial de la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero – FIT-U) y en defensa del derecho a la libertad de expresión.
El encuentro evidenció un amplio respaldo de diversos sectores políticos, sociales y culturales, que manifestaron su rechazo al accionar del fiscal Eduardo Taiano y el juez Daniel Rafecas. La causa fue denunciada como “un intento grave de criminalizar la libertad de expresión y la opinión política”. Durante la audiencia, se subrayó que se trata de “una persecución política inaceptable, orientada a sentar un precedente contra quienes se pronuncian públicamente sobre temas de interés social y político”.
Participaron diputados del Frente de Izquierda, y también hicieron llegar su apoyo y rechazo al procesamiento de Biasi legisladores como Lorena Pokoik, Pablo Carro, Carolina Gaillard y Mónica Macha además de exdiputados como Alicia Castro y Fabio Basteiro.
Se destacó especialmente la presencia de representantes de la comunidad árabe y del pueblo judío. Entre ellos, estuvieron presentes la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas; integrantes de Judíes por Palestina; miembros de la Red Internacional de Judíos Antisionistas (IJAN) de España, Chile y Tucumán; académicos de México y Argentina especializados en estudios sobre Palestina; la organización de Judíos Antiimperialistas; Acción Islámica Argentina; y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Asimismo, expresaron su solidaridad con Biasi el abogado y jurista Roberto Gargarella, diversas organizaciones de derechos humanos como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, destacadas figuras del ámbito cultural, como los actores Carlos Belloso, Nahuel Pérez Biscayart, Norman Briski, y la cantante Julieta Laso.
También referentes sindicales, como Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA, Agustín Lecci de Sipreba y Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica estuvieron presentes.
Por su parte, la diputada Vanina Biasi señaló que “este procesamiento tiene un profundo carácter reaccionario y es un claro avasallamiento a la libertad de expresión y un intento de querer amedrentar a quienes denunciamos el genocidio contra el pueblo palestino banalizando el antisemitismo. Es una causa persecutoria armada por el sionismo por sus aliados: el fiscal Stornelli y la DAIA, quienes apelan a la definición de antisemitismo redactada por la IHRA a medida del Estado de Israel”.
“El procesamiento de Rafecas fue emitido para incidir en el proceso electoral incumpliendo para ellos los propios reglamentos que tenía Rafecas para hacerlo cuando hace 6 meses me tomó declaración indagatoria junto al fiscal Eduardo Taiano, el mismo que no investiga a Milei por la estafa Cripto”.
Para finalizar Biasi enfatizó en que “este procesamiento no nos va a amedrentar, vamos a seguir levantando alto las banderas del pueblo palestino, vamos a seguir defendiendo una Palestina libre, laica, única y con derecho al retorno a sus tierras”.
El encuentro tendrá lugar este viernes, a las 16, en el Anexo de la Cámara baja. La consigna es “en defensa de la libertad de expresión”.
Desde el Partido Obrero convocan a una audiencia pública este viernes, a las 16, en el Anexo de la Cámara de Diputados en apoyo a la legisladora nacional Vanina Biasi, quien fue procesada por sus dichos a través de redes sociales en contra del Estado de Israel.
A través de un comunicado, el PO afirmó que la consigna es “en defensa de la libertad de expresión” y “en rechazo” al procesamiento de la diputada del Frente de Izquierda-Unidad, actualmente también candidata a legisladora porteña.
“La causa fue iniciada por el fiscal (Carlos) Stornelli y promovida por la querella de la DAIA, a raíz de opiniones expresadas en X/Twitter sobre la situación en Palestina. Se trata de un claro caso de persecución política, impulsado por el fiscal (Eduardo) Taiano y el juez (Daniel) Rafecas, que busca amedrentar a quienes alzan su voz en solidaridad con el pueblo palestino”, sostuvieron los convocantes.
Y agregaron que “apoyar al pueblo palestino no es antisemitismo. A Vanina se la acusa injustamente por ejercer su derecho a opinar y solidarizarse con una causa legítima. Reclamamos su desprocesamiento y el fin de esta persecución judicial”.
En la audiencia también se expresará solidaridad con otras causas similares, como las de Alejandro Bodart y Ana Contreras.
La decisión la tomó el juez federal Daniel Rafecas por una serie de posteos a través de X. La diputada del Partido Obrero acusó que la resolución va en contra de la libertad de expresión porque impulsa la censura a la opinión”.
El Juez Federal Daniel Rafecas procesó este lunes a la diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero) acusada de violación a la Ley Antidiscriminatoria 23.592, a raíz de una serie de mensajes canalizados por la red social X.
Según los fundamentos, en el procesamiento se remarcó que Biasi comparaba -en sus posteos-le “asignaba a dicho Estado democrático el rol de genocida, al tiempo que comparaba las resultas del conflicto armado en esa región con el Holocausto”.
A Biasi "no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita", agregó el juez y consideró que la sumatoria de tweets agraviantes hacia la comunidad judía superaban con creces los límites de la libertad de expresión, y que a la acusada no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita.
Además, Rafecas le trabó embargo por $ 10 millones. De confirmarse esta decisión, Biasi enfrentará un juicio oral y público por estos sucesos.
Estas " manifestaciones que tuvieron por posible objeto la Justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas...”, sostuvo en la denuncia.
Las manifestaciones vertidas por Biasi tuvieron relación con la liberación de la niña Emily Hand, quien se encontraba cautiva en manos de la organización Hamás.
El procesamiento tuvo en cuenta seis posteos de la diputada realizados durante esa jornada y se dictó sin prisión preventiva por el delito de “incitación a la discriminación”.
Con la resolución del juez Rafecas en boca de todos, la diputada nacional Vanina Biasi señaló que “va en contra de la libertad de expresión porque impulsa la censura a la opinión”. Agregó, además, que “fue emitido para incidir en el proceso electoral, incumpliendo para ello los propios tiempos reglamentarios que tenía Rafecas para hacerlo cuando hace casi 6 meses me tomó declaración indagatoria junto al fiscal Eduardo Taiano (el mismo que no investiga a Milei por la estafa cripto)”.
“A pesar del burdo intento de Rafecas y Taiano, usaré esta censura y esta obvia persecución política que estoy viviendo para difundir con más fuerza las ideas que las motivaron. El poder criminal de Israel en argentina no logrará acallarme y junto a los millones que en todo el mundo alzan su voz seguiré llamándolo como corresponde, genocidio, exterminio, supremacismo y racismo”, enfatizó Biasi.
En tal sentido, anunció que “apelaremos sin desconocer la influencia poderosa que estos sectores tienen dentro del estado argentino”, y cargó: “Estas definiciones son hoy abrazadas por la Corte Penal Internacional, la ONU, por Amnistía Internacional y por millones en todo el mundo que están viendo a la ejecución de un genocidio a través de las redes sociales”.
Este caso, conocido como "Vuelos canillitas", es un desprendimiento de la causa de los cuadernos que inició el juez Claudio Bonadío, ya fallecido. En la causa también había sido imputado el senador Oscar Parrilli.
La Cámara Federal de Casación anuló este jueves el procesamiento contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa en la que había sido procesada por el juez Claudio Bonadío -ya fallecido- por el supuesto uso irregular de la flota presidencial para el traslado de muebles hacia la provincia de Santa Cruz, y le ordenó que se dicte un nuevo fallo.
El máximo tribunal penal hizo lugar a un planteo de la defensa de la expresidenta por la presunta falta de imparcialidad del juez Bonadío, que fue quien formuló la denuncia, se quedó con la investigación en lugar de promover el sorteo de otro magistrado para el trámite, y finalmente dispuso el procesamiento.
La resolución anulada, conocida como “Vuelos canillitas”, había sido emitida por la Cámara Federal porteña cuando decidió rechazar un planteo de la defensa de la exmandataria que reclamaba la nulidad de lo actuado por Bonadío, dado que el fallecido magistrado había obrado como denunciante (al extraer testimonios de la causa de los cuadernos) y luego como instructor de la causa.
En la causa también había sido imputado el senador Oscar Parrilli, quien acompañó la recusación contra Bonadío y los cuestionamientos por su actuación como denunciante y juez de su propia denuncia.
"La pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal", señala el fallo, firmado por los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques.
La Cámara Federal había rechazado los planteos contra el origen y la instrucción de la causa, al tiempo que confirmó parcialmente el procesamiento contra la vicepresidenta.
La Casación consideró que "las circunstancias reseñadas dan cuenta, por un lado, del fundado temor de parcialidad respecto del entonces magistrado actuante, impedido desde siempre de haber intervenido en este expediente".
Además, el fallo evaluó que ante los argumentos de la expresidenta y de Parrilli "se omitió dar adecuado tratamiento a la nulidad planteada en torno a la presunta afectación de la garantía del juez natural y de imparcialidad, motivada en la circunstancia de que la presente investigación estuviera a cargo del mismo juez que dispuso la extracción de testimonios que dio origen al proceso".
El tercer juez del tribunal, Guillermo Yacobucci, se inclinó por rechazar el planteo de la vicepresidenta porque "no se dirige contra una sentencia definitiva".
En noviembre de 2019, los jueces de la Sala 1 Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi habían confirmado de manera parcial el procesamiento que pesaba sobre la expresidenta por el uso de la flota presidencial: le dictaron la falta de mérito por haberla utilizado para transportar diarios e informes de prensa, pero le confirmaron el procesamiento por el supuesto traslado de muebles.
En el mismo fallo, aunque en este caso por mayoría y no por unanimidad, los jueces del tribunal de apelaciones decretaron la falta de mérito para el senador Parrilli.
Tanto la expresidenta como su exfuncionario habían sido procesados por el fallecido Bonadío, acusados de haber cometido el delito de "peculado", dado que el magistrado los responsabilizó por "haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos cuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades".
"Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera senadora nacional o presidenta, en tanto que Oscar Parrilli era secretario general de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20", sostenía la acusación en su contra.
También habían sido acusados de "haber usado y/o el haber ordenado el uso del avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles, ropa de blanco y u otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad del Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner".
La causa de los "Vuelos canillitas" es uno de los procesos por los cuales el fallecido Bonadío había sometido a la expresidenta a una maratón de ocho declaraciones indagatorias el 25 de febrero de 2019.