En una nota dirigida al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto volvieron a reclamar que se aparte del juicio por YPF al subprocurador del Tesoro Andrés De la Cruz.

Los legisladores recordaron que el pasado 18 de enero ya habían solicitado que el funcionario "se abstuviera de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital, toda vez que, según había trascendido públicamente, dicho funcionario habría sido abogado de la familia Eskenazi, la cual podría ser beneficiaria del resultado de aquel juicio".

Ahora, ante la excusación del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra -sobre quien también son críticos-, alertaron que "el subprocurador deberá reemplazarlo y, por tanto, intervendrá directamente en el caso".

"Frente a los nuevos acontecimientos ocurridos, resulta de suma urgencia reiterarle el pedido realizado el pasado mes de enero y, consecuentemente, solicitarle que requiera al Sr. Subprocurador del Tesoro de la Nación, Dr. Andrés De la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital", señalaron.

López y Oliveto resaltaron que "de acuerdo a lo que ha trascendido públicamente, De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi, por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país. Insistimos: uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino -el Dr. De la Cruz- mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina".

Tras considerar necesaria la intervención de la OA, los cívicos sostuvieron que "es fundamental para la Argentina ejercer una defensa adecuada en aquella causa puesto que, de lo contrario, nuestro Estado será condenado a pagar una enorme suma de dinero, en claro perjuicio de la sociedad argentina que, una vez más, se verá perjudicada por la mala administración y la corrupción de algunos funcionarios públicos y empresarios".

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic presentaron un pedido de acceso a la información pública para solicitarle a Carlos Zannini que explique cuáles fueron las razones por las que la Procuración del Tesoro de la Nación decidió contratar de manera directa al estudio jurídico Sullivan & Cromwell (S&C) LLP para que intervenga en el litigio del fondo Burford Capital Limited contra el Estado Nacional por la estatización de YPF.

“Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o si sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”, sostuvieron.

Los legisladores requieren, también, que se informen las causas judiciales con intervención de la Procuración, o donde intervengan abogados del Estado Nacional que dependan del organismo, en las que se encuentre como demandada Cristina o sus familiares directos.

Además, reclaman que se indique si la Procuración desistió de la acción iniciada por Vialidad Nacional contra la vicepresidenta, si tiene decidido hacerlo, o si dio directivas al cuerpo jurídico del organismo para que abandone la demanda o deje de impulsarla.

“Carlos Zannini siempre fue garante de los intereses de la familia Kirchner y su entorno. Por eso vamos a hacer un control exhaustivo de su gestión para evitar tráfico de influencias y las negociaciones incompatibles bajo el amparo de su rol de abogado del Estado”, aseguraron los diputados.

Y agregaron: “No vamos a permitir que en su rol de procurador renuncie a defender que el dinero robado por la asociación ilícita pueda ser recuperado, o que se salgan con la suya los buitres amigos que litigan contra nuestro país en Nueva York. Una vez más debemos recordar que el vínculo de Zannini con Eskenazi data del año 1995. El articuló la privatización del Banco de Santa Cruz, les regaló el banco que ofició de cueva financiera de los intereses kirchneristas”.

“Las primeras medidas tomadas por Zanini como procurador, no parecen las más convenientes para el conjunto de los argentinos. Por un lado, nombra de manera directa y discrecional a un estudio de abogados para litigar en representación de la Argentina en el caso YPF, un problema creado por ellos mismos durante la década ganada; y por otro, le garantiza impunidad a la vicepresidenta, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado al que debería cuidar”, afirmaron Ferraro, Oliveto, López y Zuvic.