El presidente cargó contra la principal oposición y los acusó de “no dar el número” en el Senado para votar el pliego de Daniel Rafecas, con quien dijo que va a comunicarse.
El presidente Alberto Fernández fue consultado este martes sobre el rechazo de la oposición al proyecto para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y apuntó que “no tenemos procurador porque Juntos por el Cambio persiguió a la legítima procuradora que existía”, en referencia a Alejandra Gils Carbó, quien renunció en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Lo que ellos han logrado es manipular y manejar gran parte de la Justicia y no quieren que eso se toque”, cargó el mandatario, y remarcó: “Nosotros no tenemos procurador porque ellos le inventaron una causa a la procuradora, la persiguieron, le amenazaron a sus hijas, un periodista publicó el teléfono de sus hijas para que la gente las llame. Gils Carbó terminó no aguantando más la presión y renunciando”.
Fernández sostuvo que “ahora que queremos nombrar a un procurador, ellos hablan y hablan, pero ellos no dan el número para que podamos votar al candidato nuestro”, en alusión a los dos tercios de los votos que se requieren en el Senado para votar el pliego del candidato.
Entonces, defendió: “Nosotros decimos, ‘como ustedes están impidiendo esto, vamos a nombrar al procurador con la mitad más uno del Senado’, y ahí empieza otra reacción”.
Sobre esas “reacciones”, el presidente consideró que hay una “desesperación de sacar la causa del Correo (Argentino) de la justicia comercial para pasarla a la Ciudad”.
“La misma desesperación que expresa alguien que dice que no tiene derecho a defenderse y que pide asilo en Uruguay (en referencia a Fabián “Pepín” Simón Rodríguez) en una causa donde todavía no ha sido llamado a prestar declaración indagatoria, y si lo llamaran, ese sería su primer acto de defensa”, continuó.
En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado comparó que a Cristina Kirchner “le inventaron 20, 30 causas, y nunca se fue de su casa, y siempre concurrió cada vez que la citaron, y es vicepresidenta de la Nación y sigue yendo a declarar”.
“Pepín Rodríguez Simón hablemos en serio: toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional; usted iba a que le den los fallos que hacían falta; usted operaba mañana, tarde, noche en las causas judiciales. Lo sabíamos los abogados de la matrícula porque estas cosas se saben”, agregó.
Finalmente, Fernández aseguró que se comunicara con Rafecas, quien este lunes advirtió que declinará su postulación si se aprueba la modificación de las mayorías necesarias para su designación. “Lo voy a llamar, yo creo que Daniel se precipita. Es un hombre del Derecho y le debe afectar este manoseo político; claramente a él no le gusta verse involcrado en esto”, expresó.
El Frente de Todos buscará aprobar este viernes en el Senado el proyecto que modifica la Procuración General. Punto por punto, un repaso por el proyecto.
Por Carolina Ramos
El Frente de Todos intentará aprobar este viernes en el Senado el proyecto de ley que flexibiliza los votos para nombrar al procurador general y limita su mandato -hoy perpetuo- a cinco años, mientras sigue congelada la designación del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas.
A continuación, parlamentario.com repasa los puntos principales de la iniciativa:
Es una de las principales modificaciones en discusión. Actualmente, el artículo 11 de la Ley 27.148 establece que el procurador debe ser nombrado con dos tercios del Senado. El proyecto flexibiliza esa mayoría, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48.
Los requisitos para ser procurador se mantienen iguales: ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho años de ejercicio, y reunir las demás calidades para ser senador nacional.
Otro cambio importante es que el procurador no podrá ser postulado ni designado en los años donde se elija presidente y vice.
En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del procurador general, el proyecto establece que la función será ejercida interinamente por un procurador fiscal, que será seleccionado por sorteo público.
El proyecto además indica que en caso de vacancia o licencia prolongada superior a los 30 días, el cargo será ejercido por un procurador fiscal o un fiscal coordinador de distrito elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. A falta de designación interina, intervendrá el procurador fiscal que tenga más antigüedad en ese cargo.
El procurador durará en funciones cinco años, pudiendo ser designado nuevamente por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo y con un nuevo acuerdo del Senado. Al momento de su nombramiento, no podrá superar los 75 años de edad. Estas modificaciones son incorporadas como artículo 62 bis a la norma vigente.
En tanto, se mantiene la estabilidad en el cargo para los procuradores fiscales, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales, los fiscales generales y fiscales de la Procuración General. Será “mientras dure su buena conducta” y también hasta los 75 años. Si estos funcionarios cumplen la edad límite y desean permanecer en el cargo, deberán ser nombrados nuevamente, y esa designación será por dos años -la ley actual establece cinco años-, con la posibilidad de nuevas prórrogas.
Todas estas disposiciones regirán también para el Ministerio Público de la Defensa.
El procurador solo podrá ser removido, según el proyecto, por “razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”. El proceso podrá iniciarse por dos vías: decisión fundada del Poder Ejecutivo comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquier diputado.
En ambos casos, para la acusación ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara baja -129 diputados-. Luego, el Senado se encargará del juicio, y finalmente, para la remoción se requerirán los dos tercios -48 votos-, como en la actualidad.
Una vez que el Senado reciba la acusación por parte de Diputados, podrá suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta -37 senadores-. Si transcurren 180 días corridos sin que el Senado resuelva sobre la acusación, el procurador podrá volver al cargo y se archivarán las actuaciones.
Los demás magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento. La composición de este tribunal se modifica en el proyecto, quedando de la siguiente manera: un vocal en representación del Poder Ejecutivo, tres por la comisión bicameral, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado de la matrícula federal, y un fiscal con no menos de 10 años de antigüedad electo por sorteo público. Todos ellos durarán dos años en funciones. El dato saliente es que el presidente del tribunal será uno de los representantes de la bicameral.
El proyecto dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la bicameral.
La ley actual establece 17 “faltas graves”, como por ejemplo el abandono del trabajo en forma prolongada o reiterada y sin justificación; el incumplimiento reiterado de las tareas o funciones asignadas; o el incumplimiento infundado de instrucciones generales. A ese listado se agrega una falta más, la de “requerir tareas o funciones de investigación criminal o como auxiliar de la Justicia a cualquier agente o a los organismos de Inteligencia”.
También se regula la integración del Consejo Evaluador: lo compondrán fiscales elegidos por sorteo público, que deberán expedirse con una opinión no vinculante en un plazo de 30 días corridos.
El listado de Procuradurías Especializadas sufre algunos cambios. Se mantienen las de Investigaciones Administrativas; Defensa de la Constitución; Crímenes contra la Humanidad; Criminalidad Económica y Lavado de Activos; Narcocriminalidad; Trata y Explotación de Personas; y Violencia Institucional. Pero se elimina la de Extinción de Dominio –creada en 2019- y se agregan dos nuevas: las de Recursos de la Seguridad Social, y contra las Violencias de Género.
Si el procurador decide crear nuevas Procuradurías Especializadas, previamente deberá remitir a la bicameral un proyecto de resolución, y la comisión podrá emitir un informe no vinculante con sus sugerencias, en un plazo no mayor a 30 días. Lo mismo se dispone para la creación de nuevas Direcciones Generales -en este caso se mantiene el listado actual, de 11 direcciones-.
La ley actual establece que, al inaugurarse el período de sesiones ordinarias, el procurador debe remitir a la bicameral un informe de gestión. Pero el proyecto en debate agrega que, además, el jefe de los fiscales deberá defender ese informe ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara.
Se modifica por completo el artículo 39 de la ley, señalando que los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el equivalente al 0,95% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A esa alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional, para el inciso 4, bienes de uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el Ministerio Público Fiscal.
El Banco Nación transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de acuerdo con el porcentaje antes mencionado.
El proyecto dispone que los concursos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Ministerio Público serán iniciados ante un tribunal convocado por el procurador general dentro de los 30 días de producida la vacante. El plazo de sustanciación del concurso hasta la elevación de la terna de los postulantes seleccionados no podrá superar los 120 días hábiles.
Se mantiene la prueba escrita, y en el caso de la prueba oral y pública, se agrega que deberá ser registrada en soporte de imagen y sonido, y ser difundida públicamente.
Asimismo, se modifica la integración del tribunal del concurso: con la nueva ley estará compuesto -además del procurador general- por un fiscal seleccionado por sorteo público, dos juristas invitados y un integrante de la bicameral. En la norma actual, son tres fiscales, solo un jurista invitado, y la bicameral no tiene representación.
Con la norma vigente, los fiscales pueden requerir informes a organismos nacionales, provinciales y municipales, tanto públicos como privados, como así también citar a personas prestar declaración. El proyecto incorpora un agregado, indicando que “en ningún caso” los fiscales podrán requerir “tareas o funciones de investigación criminal” a los organismos de Inteligencia. Esa conducta será considerada causal de remoción.
En el artículo dedicado a los “principios funcionales” del Ministerio Público Fiscal -entre los que figuran los principios de unidad de actuación, orientación a la víctima, respeto por los derechos humanos y otros-, se añaden dos nuevos principios que deberán respetarse: los de perspectiva de género y federalismo.
El dictamen quedó listo el viernes pasado y por consiguiente será debatido el viernes 27 de noviembre. Prevé la designación del procurador general por mayoría simple.
Contrarreloj, el oficialismo apuró el último día hábil de la semana pasada el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley del Ministerio Público, con el obvio objetivo de llevarlo al recinto antes del final del período ordinario. Fue al cabo de varias reuniones que contaron con exposiciones de invitados que analizaron las reformas sugeridas a dicha norma, mientras paralelamente iba redactándose el proyecto que el Frente de Todos terminó presentando el viernes pasado a través de la senadora santafesina María de los Angeles Sacnun.
Para respetar los siete días de emitido el dictamen, la sesión deberá realizarse entonces el viernes que viene, antes del cierre de sesiones ordinarios previsto para el lunes 30 de noviembre. Presidido por Cristina Fernández de Kirchner, el Senado venía sesionando todas las semanas hasta que la que pasó alteró esa seguidilla que se extendió durante tres semanas consecutivas.
El dictamen de mayoría que será puesto a consideración se realizó en base a los proyectos presentados por Lucila Crexell, Martín Guzmán y Alberto Weretilneck, como así también se tuvo en cuenta uno que en tiempos de Cambiemos impulsaron los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.
El proyecto plantea que en ningún caso los integrantes del Ministerio Público Fiscal pueden requerir tareas o funciones de investigación criminal a los organismos de inteligencia, como así también introduce la perspectiva de género para promover la diversidad en las fiscalías.
El detalle principal figura en el artículo 11 de la Ley 27.148, que establece que a partir de su sanción los procuradores van a ser designados por mayoría absoluta de los miembros del Senado. Se establece que las designaciones no se realicen en años en los que se elija presidente.
El proyecto elimina el carácter vitalicio del cargo de procurador general de la Nación, y establece la vigencia de su mandato como 5 años, con posibilidad de una reelección. Gozarán de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad.
En cuanto a los traslados que no pueden ser realizados sin la conformidad cuando fueran realizados fuera de sus provincias, y se le da participación a la Bicameral para que opine respecto de esos traslados, cuestión de que no sean arbitrarios o amañados.
En cuanto a los mecanismos de remoción, se plantea que el Poder Ejecutivo comunique a la Cámara de Diputados y esta con la mayoría de los 2/3 de sus miembros pueda iniciar el proceso y a solicitud también de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con la aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado, por el voto de los 2/3 de sus miembros. Se mantiene entonces esa mayoría agravada para el caso de su remoción.
En cuanto a las causas de remoción, señaló que la cuestión del “mal desempeño” es amplio, pero tiene que existir la facultad de defensa, las garantías constitucionales, que se pueda defender aquel que esté sometido a una posible remoción y que pueda aportar pruebas en ese ámbito.
El senador kirchnerista dijo que “primero” hay que debatir la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y luego elegir al nuevo jefe de los fiscales. Recordó que esperan para los próximos días la propuesta del consejo de asesores del Poder Ejecutivo.
Tras haber votado la semana pasada en el recinto la negativa para retirar los proyectos de los senadores Martín Lousteau y Lucila Crexell sobre la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el kirchnerismo continúa a paso firme con su objetivo de avanzar sobre el procurador general interino, Eduardo Casal.
El oficialismo ratificó este lunes, a través del senador kirchnerista Martín Doñate, su intención de modificar la mayoría que se necesita para designar al jefe de los fiscales. En el marco del debate sobre la duración del cargo, el rionegrino señaló: “Si es a plazo, no posible que sea por dos tercios”.
“Hace 20 años que estamos tratando de encontrar acuerdo de los dos tercios para un Defensor del Pueblo; cada tres o cuatro años conseguir acuerdos de dos tercios para un cargo que es a plazo… ¿Sabe dónde vamos a terminar? Vamos a terminar legislando los interinatos, las vacancias, porque va a ser complejo conseguir los dos tercios”, sostuvo en diálogo con radio La Red.
El titular de la Comisión Bicameral del Ministerio Público cargó nuevamente contra Casal, al afirmar que “ha sido parte del engranaje de la persecución judicial” y “se ha transformado en un militante radicalizado de Cambiemos y de Mauricio Macri”.
Al diferenciarlo de Alejandra Gils Carbó, procuradora durante el kirchnerismo, el legislador dijo que “sufrió operaciones que fueron nefastas ella y su familia”, durante el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, en tanto los cuestionamientos contra Casal son “una tarea de trabajo institucional que no tiene que ver con ataques personales”, expresó.
En tanto, en declaraciones a radio El Destape, Doñate remarcó que los proyectos para modificar el Ministerio Público “son de la oposición”. Asimismo, señaló que están a la espera de la propuesta que enviará el Consejo Consultivo de juristas que asesoran al Poder Ejecutivo, quienes “se pusieron como plazo el 18 de noviembre” para la presentación de un anteproyecto.
De vuelta sobre Casal, el senador recordó: “Estamos tratando varias denuncias en su contra y estamos evaluando la legalidad de sus actuaciones y su condición como procurador interino”. “Quizás dentro de algunos días tengamos una novedad”, deslizó.
Y subrayó que “antes de discutir el pliego de un posible procurador es imprescindible terminar de discutir la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, para luego definir el perfil del procurador”. El pliego de Daniel Rafecas, quien anticipó que renunciaría a la postulación en caso de que se lo quiera designar sin los dos tercios, todavía está congelado.
“Esperamos antes de fin de año tener media sanción de un buen proyecto”, completó Doñate.
Luego de que trascendiera cierto fastidio del juez federal con la reforma judicial y la situación de Eduardo Casal, el postulante a procurador aclaró que sigue en carrera.
Una información periodística difundida ayer daba al juez federal Daniel Rafecas declinando su postulación a procurador general de la Nación, para el caso de que el Frente de Todos intente avanzar con un mecanismo contrario al que prevé la ley, es decir, sin el voto de los dos tercios del Senado.
Sin embargo con el correr de la jornada, el magistrado salió al cruce de esa versión, reafirmando sus aspiraciones a ocupar el cargo para el que el presidente Alberto Fernández lo propuso. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó: “La pandemia demoró el tratamiento del pliego pero sigo firme en mi aspiración de acceder al cargo, preparándome cada día para estar a la altura de ese desafío”.
Según publicó este jueves el portal Infobae, el magistrado le habría confesado a sus colaboradores más cercanos que “en estas condiciones, no cuenten conmigo, yo no acepto que se elija al procurador con mayoría simple, modificando el formato tradicional de elección”.
“Prefiero ir a la votación y no conseguir los dos tercios antes que perder mi dignidad”, sentenció, tras versiones que indican que el oficialismo podría imponer cambios para avanzar con su designación.
Precisamente en referencia a ese punto parece haber escrito Rafecas en su Instagram: “Confío además en que la Comisión de expertos que está trabajando en recomendaciones en el área de Justicia va a mantener la exigencia de que todo candidato a procurador sea avalado con mayoría especial de dos tercios en el Senado de la Nación”.
Según la nota de Infobae, el juez habría criticado el proyecto de reforma judicial, al sostener que “atrasa 50 años”. “Yo creo que sería más útil avanzar rápidamente hacia el sistema acusatorio, que funcionó muy bien en las provincias donde se hicieron las primeras pruebas, y terminó convenciendo incluso a quienes planteaban algunas resistencias”, se le adjudica haber dicho.
El consejo asesor que impulsará pautas para reformar el sistema judicial analizó el tema este fin de semana, incluyendo cambiar la necesidad de contar con los dos tercios en el Senado.
Un tema en el cual el Gobierno ha quedado empantanado es la designación del procurador general de la Nación. Para el mismo, Alberto Fernández impulsa al actual juez federal Daniel Rafecas y su pliego ya ingresó al Senado y está a la espera de su tratamiento. Pero al respecto, la oposición ya ha adelantado su rechazo.
Con los miembros de Juntos por el Cambio haciendo punta y los aliados con que cuenta en la Cámara alta ya ha quedado establecido que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para designar al elegido por el Poder Ejecutivo, razón por la cual el tema ha quedado en stand by.
En este marco es que semanas atrás surgió la versión de que el oficialismo podría tener un atajo que consistiría en cambiar la Ley de Ministerio Público. Por eso la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado se lo preguntó directamente a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, al presentarse ante el plenario de senadores que analiza la reforma judicial. Ante la pregunta puntual de si evaluaban una jugada de ese tipo, la ministra respondió lacónicamente “no”.
“Celebro que así sea”, señaló a parlamentario.com el diputado del Pro Pablo Tonelli al ser consultado al respecto, y luego de admitir que un cambio de reglas por la vía de una ley que podría ser sancionada por mayoría simple era legalmente viable.
En este marco surgió un camino paralelo que es el impulsado por un sector del kirchnerismo en el Senado y que consiste en forzar el desplazamiento del actual procurador general, Eduardo Casal, quien ejerce de manera interina desde que a fines de 2017 Alejandra Gils Carbó renunció al cargo. El kirchnerismo duro impulsó una serie de pedidos de juicio político contra Casal, a la espera de horadar su figura y conseguir su desplazamiento, por esa vía o bien a través de una renuncia. Y en ese caso, la idea sería que asumiera Víctor Abramovich, ubicado en el segundo lugar de la línea sucesoria de ese organismo, y quien contaría con el beneplácito del Instituto Patria. Más aún que el propio Rafecas.
En este marco es que apareció una tercera vía. Fue en el marco de la primera reunión realizada por el consejo asesor creado por el presidente de la Nación con la intención de elaborar una serie de sugerencias para reformar el actual sistema judicial, más allá de lo que establece el proyecto del Ejecutivo que ya está analizando el Senado. En su primera reunión, realizada este fin de semana, el consejo analizó una de las alternativas propuestas a partir de su creación: la manera como debe ser designado el procurador general y su mandato, actualmente fijado hasta los 75 años de edad.
En este último caso se establecería un período temporal de siete años, de modo tal que trascienda una gestión de gobierno. Es una idea que ya se barajó en tiempos de Cambiemos y que encontró escollos dentro del propio oficialismo que impidieron el debate de una ley en ese sentido.
Pero también está el tema de la designación, que -como dijimos- hoy establece la necesidad de contar con los dos tercios de los presentes en el Senado. Según escribió el periodista Hernán Cappiello en La Nación, la comisión comenzó a analizar la posibilidad de que la elección de procurador general se haga por mayoría simple. Como la de cualquier juez.
Esa sería una posibilidad absolutamente viable para el oficialismo, que tiene una mayoría holgada en esa Cámara y por lo tanto sortearía el impedimento que ha puesto a la designación de Rafecas en un callejón sin salida. Pero el propio juez federal ha adelantado, según cuenta el artículo, que en caso de producirse una modificación de esas características no estaría dispuesto a asumir, considerando que implicaría “un retroceso institucional”. Esa mayoría agravada, piensa el magistrado, “hace a la independencia que debe tener el procurador del poder político”.
La posibilidad de dar curso a esa modificación encontró resistencias en el propio consejo asesor. Según se indicó, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez y Raúl Gustavo Ferreyra fueron algunos de los que adelantaron su desacuerdo con ese punto.
La funcionaria judicial se presentará para exponer en torno a las presiones que denuncia haber recibido de parte del procurador Eduardo Casal.
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador kirchnerista Martín Doñate, vuelve a reunirse este miércoles a partir de las 14, con el fin de continuar debatiendo las denuncias contra el procurador general de la Nación, Gabriela Boquín.
Es así que se espera entonces la presencia de la fiscal Gabriela Boquin, miembro de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El pedido fue realizado el lunes pasado por la diputada Vanesa Siley y el diputado Christian Ritondo.
Expondrán también como invitados Hernán Mirasole, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil Nace un Derecho, quien también presentó un pedido de juicio político contra el procurador Casal por la creación supuestamente irregular de una secretaría dedicada al análisis de temas vinculados con el terrorismo, como así también Gastón F. Carrere y Rodolfo Parisi en calidad de Presidente y miembro de ADEJUDD, respectivamente, quien también presentó un pedido de juicio político contra el mismo funcionario judicial.
Continuará también exponiendo la doctora Natalia Salvo a los efectos de responder preguntas de los integrantes de la Comisión.
