“El mismo (Marcelo) Villegas dice: Ya lo hablé con (Julio) Conte Grand. ¡El procurador! ¡El procurador que todavía hoy no renunció; no renunció! ¡No renunció! Salió este video y Conte Grand sigue siendo el procurador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué garantías tenemos los bonaerenses, las bonaerenses, de tener una Justicia no digo seria –no estoy hablando de seriedad, estoy hablando de democracia–, sino democrática?”. De esa manera se expresó el miércoles pasado la senadora nacional Juliana Di Tullio en su intervención durante la sesión sobre Bienes Personales, al pedir el tratamiento sobre tablas de un proyecto de repudio hacia las declaraciones del exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, sobre la intención de crear una Gestapo contra los gremios.

En su intervención, la senadora kirchnerista insistió en cargar contra el procurador general de la provincia de Buenos Aires, al señalar sobre el final de su intervención que no quería inmiscuirse con la tarea de los legisladores provinciales bonaerenses, pero afirmó su postura de que Conte Grand “debería tener un pedido de juicio político urgente. Ese señor parece que no va a renunciar. Hay que llenarlo de juicios políticos, aunque perdamos. Aunque perdamos la votación hay que hacerle juicio político”.

Esa intervención despertó la reacción del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, que salió al cruce de Di Tullio por considerar sus expresiones “desmedidas e injuriantes”.

A juicio de los procuradores y fiscales de todo el país, sus dichos “lesionan en excesiva directo el funcionamiento normal de las instituciones y constituyen una afectación de la sana convivencia institucional y el respeto por la división de poderes”.

El comunicado está suscripto por procuradores y fiscales generales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos , Córdoba, San Luis, La Pampa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reclama “moderación y seriedad, evitando que al emitir pareceres se comprometa, incluso como objetivo único aparente, el honor de funcionarios, en el caso de otras jurisdicciones y poderes”.

Alertaron que semejantes expresiones deben ser enmarcadas en “una serie de sucesos que, en distintos ámbitos provinciales, vienen configurando un ataque a los ministerios públicos, lesionando sensiblemente su autonomía e independencia”.

Y concluyó: “Nuestros consejos ratifican su compromiso democrático, y la ferviente defensa de una imprescindible coexistencia republicana, que presupone la plena autonomía e independencia de los poderes constituidos”.