La diputada cordobesa Gabriela Estévez presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, financiera y productiva del sector de alimentos lácteos en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2028. Según la propuesta, serían beneficiados los productores tamberos que generen hasta 5.000 litros diarios considerados micro y pequeños en los contemplado en la Ley 25.300.

También, pretende crear un registro único de productores tamberos beneficiarios (RUPTB) de inscripción obligatoria para todas las personas físicas y jurídicas que pretendan acceder a los beneficios en caso de que esta ley prospere en las dos cámaras. Además, el trámite será ágil y de fácil acceso, y la información consignada estará protegida por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales en Argentina.

Sobre el panorama actual del sector, la diputada de Unión por la Patria señaló que “el sector lácteo ha sido históricamente vulnerable a factores externos como la volatilidad de los mercados internacionales, las políticas macroeconómicas nacionales y las condiciones climáticas adversas”. “A esto se suma una cadena de valor con tensiones en la distribución de la rentabilidad, donde el productor primario, eslabón fundamental, a menudo se ve imposibilitado de cubrir sus costos de producción y obtener márgenes razonables”, planteó.

Respecto a los beneficios fiscales propuestos en la iniciativa, están mencionadas la suspensión de anticipos para que los productores que adhieran al registro mencionado tengan suspendida la exigibilidad de los pagos de los anticipos del impuesto a las ganancias y del impuesto a los bienes personales; y la exención del Impuesto al Crédito y al Débito de forma total con las cuentas directamente vinculadas a la actividad tambera.

Asimismo, el proyecto de ley establece que los productores registrados en el RUPTB tendrán exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para invertir en tecnología, infraestructura predial y genética. Del mismo, podrán gozar de esa exención para inversiones en equipamiento y obras de infraestructura directamente vinculadas a la producción láctea y que su instalación requiera, compra de hembras destinadas a la producción de leche e inversiones genéticas.

Por otra parte, la iniciativa propone un mecanismo de devolución ágil de los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos y plazos que establezca la reglamentación.

En última instancia, el proyecto de ley de Gabriela Estévez propone la creación a través del Banco de la Nación Argentina y otras entidades bancarias públicas y privadas con líneas de fomento, una línea de créditos bonificada especial destinada a capital de trabajo, recomposición productiva y refinanciación de deudas existentes.

La idea es que sean con tasas de interés subsidiadas y plazos de repago extendidos, con opciones de cuotas ajustables a la producción, y serán dirigidas a adquisición de tecnología; proyectos de eficiencia energética y energías renovables; y programas de mejora de la sanidad y el bienestar animal.

Por último, el texto propone un plan de acción urgente para la infraestructura vial lechera elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional en coordinación con las provincias y autoridades locales. También, exige un plan de acción urgente para la mejora y mantenimiento de los caminos rurales, accesos a los tambos en las principales cuencas lecheras, destinando fondos específicos; y dar prioridad a las zonas con mayor impacto en la producción y el transporte.

A este proyecto de ley de Gabriel Estévez, lo acompañan otros diputados nacionales de Unión por la Patria: Pablo Carro, Florencia Carignano, Constanza Alonso, Magalí Mastaler, Matías Molle, Leila Chaher, Luciana Potenza y María Luisa Chomiak.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados analizó este martes un proyecto de ley para prevenir y reducir el impacto en el ambiente de los residuos derivados de la producción láctea.

Se trata de un proyecto de ley que busca implementar sistemas de tratamiento y uso agronómico de estiércol y los purines de tambo. Al respecto, el titular de la comisión, el radical Atilio Benedetti, argumentó que “es un tema muy importante para ampliarlo a otras enmiendas orgánicas, sobre todo en un país como el nuestro que está necesitando a gritos que nos ocupemos de la salud de nuestros suelos”.

“Estamos utilizando la sexta parte de kilos por hectárea de los fertilizantes que utiliza el agro brasilero y después nos preguntamos por qué mejoran sus rendimientos”, comparó.

El autor del proyecto, Rogelio Iparraguirre (UP), explicó que “el efecto contaminante que genera el vertido de los purines del estiércol de tambo luego de las tareas de lavado”.

La iniciativa de ley fue motivada por el “uso poco racional del agua” y “las recientes exigencias de la Unión Europea respecto a la obligación de tener tratamientos de afluentes”. “Estamos pisando el límite, junio de 2025 es la última fecha que han puesto para adquirir productos y subproductos de tambo de los países que los proveen”, advirtió.

“En nuestro país el sector del tambo vive con la soga al cuello. Necesita de una política pública de Estado y eso nos llevó a construir este proyecto de ley. Hoy el 93% de los tambos en la Argentina no tiene sistema de tratamiento de purines”, aclaró.

En este sentido, el diputado Iparraguirre explicó que el texto “copia algunos de los beneficios fiscales del RIDA (Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial)”, con el objetivo de promover los sistemas de tratamientos en los tambos. “Este proyecto le va a cambiar la cara a la producción argentina en el mundo, con un sello de calidad ambiental para la industria láctea”, agregó.

A su turno, el cordobés Carlos Gutiérrez se quejó de que se estuviera cerrando el año legislativo “sin tener novedades ni definiciones sobre temas fundamentales para el campo argentino”. Por eso planteó que está muy bien haber dado la discusión sobre el RIDA, biocombustibles, o las retenciones. “Lo que no está bien es que cerremos el año sin ninguna novedad al respecto. Las promesas, esta vez del presidente Milei, otra vez no se cumplen. En los últimos años, la función del campo parece haberse limitado a ser financista de los problemas argentinos”.

“Defendemos siempre el equilibrio fiscal, pero esto no impide poner fin a discriminaciones que por años viene sufriendo el sector”, concluyó.

Durante la reunión, Iparraguirre también explicó los alcances de un pedido de informes sobre el financiamiento en el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), de autoría del diputado Luis Basterra.

Sobre esta temática, el titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería manifestó la “preocupación por el financiamiento del INTA que obviamente afecta a su funcionamiento”. “Más allá de que entendemos que hay que hacer ajustes en el Estado, quiero recordar que el INTA es un organismo que tiene muchísimos años, que ha sido trascendente para la transferencia de tecnología y que sigue siendo trascendente”, argumentó Benedetti.

En otro orden temático, la comisión abordó un proyecto de resolución del diputado Francisco Morchio (Encuentro Federal), donde solicita informes al Poder Ejecutivo sobre la entrada en vigencia de un sistema de trazabilidad individual electrónico para la ganadería.

“No estoy en contra de poner un chip a la ganadería argentina, sí estoy cuestionando el momento, el por qué y las formas”, dijo Morchio.

Morchio también se refirió a su proyecto de declaración para “expresar preocupación por la aplicación sistemática y estricta de la baja del registro de establecimientos rurales inscriptos como proveedores de ganado para faena de exportación con destino a la Unión Europea por parte del Estado Nacional, a través del SENASA”.

Por su parte, la diputada Nancy Sand defendió su iniciativa para declarar de interés la conmemoración del 90° Aniversario del laboratorio de Fitopatología regional de Bella Vista, en la provincia de Corrientes.